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Roberto Augusto Serrato ValdésDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTEDIEGO ALEJANDRO PEDRAZA SANDOVAL, ALFONSO VELASCO REYES Y OSCAR BLANDÓN GARIBELLO, Y CARLOS JESÚS QUINTAÑA MUÑOZfalse28/02/2020Decreto 1479 de 2014Identificadores10030228416true1344075original30200957Identificadores

Fecha Providencia

28/02/2020

Fecha de notificación

28/02/2020

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Roberto Augusto Serrato Valdés

Norma demandada:  Decreto 1479 de 2014

Demandante:  DIEGO ALEJANDRO PEDRAZA SANDOVAL, ALFONSO VELASCO REYES Y OSCAR BLANDÓN GARIBELLO, Y CARLOS JESÚS QUINTAÑA MUÑOZ

Demandado:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE


Bogotá 28 de febrero de 2020

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Expedientes: 11001-03-24-000-2018-00346-00 y 11001-03-24-000-2018- 00200-00 -ACUMULADOS

Actor: DIEGO ALEJANDRO PEDRAZA SANDOVAL, ALFONSO VELASCO REYES Y OSCAR BLANDÓN GARIBELLO, Y CARLOS JESÚS QUINTAÑA MUÑOZ

Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE

Tema: NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA EXPRESIÓN ACUSADA DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 1479 DE 2014, POR NO ESTAR DEMOSTRADO EL EXCESO EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA Ni LA VIOLACIÓN DE NORMAS SUPERIORES INVOCADAS - ACCEDE A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 1479 DE 2014, POR VIOLAR LA RESERVA LEGAL EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO ADMINITRATIVO SANCIONATORIO Y, POR ENDE, INCURRIR EN EXCESO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA

SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del artículo 8 (parcial) y del parágrafo del artículo 9” del Decreto 1479 del 5 de agosto de 2014, “Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte.

1. ANTECEDENTES

1.1. Sea lo primero advertir que, mediante auto de 17 de octubre de 20191, este Despacho oficiosamente dispuso acumular los expedientes con número de radicación 11001-03-24-000-2018-00346-00 y 11001-03-24-000-2018-00200-00, por considerar que se configuran los supuestos de que trata el artículo 148 del

Código General del Proceso y, en tal sentido, ordenó que los citados expedientes se tramitarían en una misma cuerda procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 y subsiguientes de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA (en adelante CPACA).

1.2. Las demandas

1.2.1. Expediente 11001-03-24-000-2018-00346-00

Los ciudadanos Diego Alejandro Pedraza Sandoval, Alfonso Velasco Reyes y Oscar Blandón Garibello, actuando en nombre propio e invocando el ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, acudieron a esta Corporación con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del artículo 8 (parcial) y del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014.

Lo anterior, por cuanto, en lo que hacer referencia al artículo 8 (parcial) del Decreto 1479 de 2014, los actores consideran que dicha disposición representa un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en razón a «[...] que incluye hipótesis nuevas a las consagradas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 para ordenar la suspensión preventiva de la habilitación [...]».

Ahora bien, en relación con el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014, la parte actora señala que el Gobierno Nacional — Presidente de la República y el Ministro de Transporte — se excedieron en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por cuanto violaron el principio de reserva de ley en materia sancionatoria, al establecer la duración o el tiempo de sanción administrativa consistente en la suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo al

tránsito por el término de 6 meses y hasta por 24 meses, cuando incurran en las causales establecidas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Al respecto, anotan que «[...] el sentido del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014 es el de fijar un quantum, término de duración de la sanción de suspensión de la habilitación, que puede ir de 6 meses y extenderse hasta por 24 meses. Siendo la fijación de dicha duración la que se está acusando por vulnerar normas superiores, tales como, el artículo 19 de la ley 702 de 2013 por exceder el ejercicio de la potestad reglamentaria (numeral 11 del artículo 189 C.P.), principio de legalidad y reserva de ley en materia de derecho administrativo sancionatorio, los cuales tienen sustento en los artículos 6 y 29 de la Constitución Política de Colombia [...]»* (subrayas y negrillas fuera de texto).

1.2.2. Expediente 11001-03.24-000-2018-00200-00

El ciudadano Carlos Jesús Quintana Muñoz, actuando en nombre propio e invocando el ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA, acudió ante esta Corporación con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del artículo 8% y del parágrafo del artículo 9 o del Decreto 1479 de 2014, por considerar que el Gobierno Nacional, mediante el citado acto administrativo, se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

El accionante consideró que el Gobierno Nacional al reglamentar la suspensión preventiva de la habilitación de los organismos de tránsito y de apoyo, se incluyeron o nuevas causales de suspensión y cancelación de dicha habilitación, distintas a las consagradas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 y que, además, se fijó un término para imponer la sanción de suspensión de la habilitación.

A este último respecto, el accionante adujo que «[...] con la expedición del Decreto 1479 de 2014, reglamentario de la Ley 1702 de 2013, se extralimitaron en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, al modificar el numeral 19 de artículo 19 de la citada ley, en una violación del ordenamiento constitucional [...] por cuanto introdujo en ella alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador, esto es, la aplicación de la suspensión de la habilitación por un término mínimo de 6 meses y hasta por 24

meses [...]» y complementa su dicho manifestando que «[...] La aplicación de esta sanción, lleva a los organismos de apoyo al tránsito a la quiebra total, que no solo afecta la economía, sino también el desempleo derivado de dicha decisión; [...]»* (subrayas y negrillas insertas en el texto original)

Para efectos de examinar las pretensiones de la demanda de la referencia, el Despacho consideró que el medio de control adecuado no era el de nulidad por inconstitucionalidad, como erróneamente lo afirmó la parte actora y, por tanto, admitió la demanda, interpretándola como de nulidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del mismo Código.

1.3. Solicitudes de suspensión provisional

1.3.1. Expediente 11001-03-24-000-2018-00346-00

Los ciudadanos demandantes, en cuaderno separado”, presentaron solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del artículo 8 (parcial) y del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014, por considerar que con ocasión de su expedición, fueron violadas disposiciones de superior jerarquía, invocadas en la demanda.

En tal sentido exponen, de una parte, que en el artículo 8 (parcial) ejusdem, se incurrió en un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno Nacional, al incluir hipótesis nuevas para ordenar la suspensión preventiva de la habilitación, distintas a las consagradas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Es así como argumentan lo siguiente:

«[...] En efecto, el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 frente a la suspensión preventiva establece que se podrá ordenar "cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo ofrezca riesgo a los usuarios o pueda facilitar la

supresión o alteración del material probatorio para la investigación". Es decir, las hipótesis que el legislador fija para su procedencia son las siguientes:

(i) Cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo ofrezca riesgo a los usuarios.

(ii) Cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo pueda facilitar la supresión del material probatorio para la investigación.

(ii) Cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo puede facilitar la alteración del material probatorio para la investigación.

Por su parte, el artículo 8 (parcial) del Decreto 1479 de 2014 establece:

«Artículo 8”. Suspensión preventiva. En ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, la Superintendencia de Puertos y Transporte podrá ordenar la suspensión preventiva de la habilitación de un organismo de apoyo al tránsito, hasta por el término de seis (6) meses, prorrogables por otro periodo igual, cuando se establezca que el servicio o la continuidad del mismo pueden verse alterados: cuando se ponga en riesgo a los usuarios, o cuando se pueda afectar o poner en riesgo el material probatorio para las actuaciones en curso.

En todo caso, será el Ministerio de Transporte la entidad competente para expedir el acto administrativo por medio del cual se dé cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia».

Es decir, que el citado artículo frente a la suspensión preventiva consagra las siguientes hipótesis para ordenarla:

(i) Cuando se establezca que el servicio pueda verse alterado.

(ii) Cuando se establezca que la continuidad del servicio pueda verse alterado.

(iv) Cuando se pueda afectar o poner en riesgo el material probatorio para las actuaciones en curso.

Como se observa, el artículo 8 (parcial) del Decreto 1479 de 2014 fija nuevas hipótesis para la procedencia de la suspensión preventiva, ya que, mientras el legislador en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 impone que efectivamente se haya producido la alteración del servicio y que su continuación ofrezca riesgo para los

usuarios, el precepto demandado consagra una posibilidad al señalar que “el servicio pueda verse alterado". El legislador frente al riesgo que los usuarios corren por la continuidad del servicio, así como ante la posibilidad de presentarse la supresión o la alteración del material probatorio para la investigación, siempre exige que el análisis de estos eventos se haga al verificarse en primera medida que en realidad se haya producido la alteración del servicio. Sin embargo, el precepto acusado en primer lugar desnaturaliza tal exigencia al modificar su alcance habida cuenta que elimina la constatación de la alteración al introducir la posibilidad de verse alterado, y en segundo lugar porque suprime la exigencia de verificarse en todos esos eventos como primera medida la ocurrencia de la alteración del servicio, mostrándose de esa manera un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

[...] la norma reglamentaria” no puede invadir la órbita de competencia del legislador, modificando la ley o incluyendo aspectos no regulados [...]».

En lo atinente al parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014, los actores señalan que dicha disposición se ocupa de fijar un quantum, término o duración de

la sanción de suspensión de la habilitación, que puede durar hasta 6 meses y extenderse hasta por 24 meses. Los reproches los fundamentan en que la fijación de la duración de la suspensión, vulnera normas superiores tales como, el «[...]

artículo 19 de la ley 1702 de 2013 en cuanto excede el ejercicio de la potestad reglamentaria (numeral 11 del articulo 189 C.P), principio de legalidad y reserva de ley en materia de derecho administrativo sancionatorio, los cuales tienen sustento en los artículos 6 y 29 de la Constitución Política de Colombia [...]».[9]

En la misma línea de argumentación, los actores sostienen que en el citado parágrafo del articulo 9, se incurre en exceso en los limites de la potestad reglamentaria, por cuanto el Gobierno Nacional «[...] reguló un tema que le está reservado al legislador, como lo es la fijación del término, duración o cuantía de las sanciones administrativas [...]».[10]

Explican, además, que dicho acto administrativo se expidió para reglamentar el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, norma que establece, entre otros temas, los siguientes: las causales de suspensión y cancelación de la habilitación de organismos de apoyo al tránsito; la posibilidad de ordenarse la suspensión preventiva de la habilitación cuando se presenten dichas causales y cuando se haya producido alteración del servicio y la continuidad del mismo ofrezca riesgo a los usuarios; o que dicha habilitación pueda facilitar la supresión o alteración del material probatorio para la investigación. Sin embargo, que advierten que el citado artículo 19, guardó silencio en relación con el quantum de la sanción o mejor con la duración de la suspensión de la habilitación.

Aducen, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado[11] y de la Corte Constitucional[12], que «[...] el único que tiene competencia para determinar el término de duración o cuantía de las sanciones administrativas es el Congreso de la República, representando el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014 un exceso en los limites de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno Nacional: Presidente de la República y Ministerio de Transporte, por cuanto reguló un tema que le está reservado al

legislador, como lo es la fijación del término, duración o cuantía de las sanciones administrativas [...]».

1.3.2. Expediente 11001-03-24-000-2018-00200-00

El ciudadano demandante, en cuaderno separado, presentó solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del artículo 8 y del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte, para lo cual procedió a confrontar los textos de la norma enjuiciada con las normas presuntamente violadas para concluir que «[...] el Ejecutivo invadió de manera irregular la órbita del Legislativo, al modificar de manera radical y ostensible el espíritu y propósito original en la expedición de la ley 1702 de diciembre 27 de 2013 [...]».

Lo anterior, en tanto le otorgó a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la facultad para actuar de manera discrecional y lesiva en desarrollo de su función de vigilancia y control, al hacer más gravosas las sanciones a los organismos de apoyo en cuanto a la suspensión de la habilitación para funcionar, sin atender la graduación de las faltas conforme el artículo 50 de la ley 1437 de 2011, es decir, no en función de la gravedad de la falta cometida, sino con base en el período de tiempo, partiendo de un mínimo de seis meses y hasta veinticuatro meses.

De otra parte, señaló que proceder de esta manera, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, afectaría los derechos fundamentales de los integrantes de los organismos de apoyo, específicamente, del derecho al trabajo, pues la suspensión mínima de seis meses es equivalente en la práctica al cierre definitivo del establecimiento por desequilibrio económico, lo que obliga de hecho a liquidar al personal que labora en dichos organismos, pues es imposible soportar la carga laboral y administrativa sin ningún ingreso.

El 18 de enero de la misma anualidad, el representante legal del Centro de Enseñanza Automovilística Occidente coadyuvó la demanda presentada, y, en

especial, la solicitud de medida cautelar en relación con la urgencia de decretarla, habida cuenta que «[...] lo que era una amenaza, ya se convirtió en realidad a raíz del pronunciamiento mediante Resolución No 44865 de diciembre 21 de 2018 por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes, al fallar en recurso de alzada investigación administrativa [...]» auto administrativo que resolvió una investigación administrativa en contra de dicho centro de enseñanza automovilística.

Igualmente, en la misma fecha, la representante legal del Centro de Enseñanza Automovilística Santiago de Cali S.A.S. coadyuvó, en los mismos términos, la demanda y la solicitud de medida cautelar presentadas, ante la expedición de la Resolución No. 044727 de 12 de diciembre de 2018, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes, en la que se falló una investigación administrativa que dispuso imponer una sanción en contra de dicho centro de enseñanza automovilística.

Seguidamente, el 24 de diciembre de 2018, el representante legal del establecimiento de la Escuela Nacional de Conducción coadyuvó la demanda y la solicitud de medida cautelar presentadas, teniendo en cuenta la expedición de la Resolución No. 044882 de diciembre 24 de 2018, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes, mediante la cual se le impuso a dicho centro una sanción de suspensión de seis meses de la habilitación y su desconexión de la plataforma RUNT.

Se advierte, además, que mediante escrito allegado a este Despacho el 30 de enero de 2019, allegado a este Despacho, el actor dio “alcance probatorio” a la solicitud de medida cautelar presentada, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de ratificar la necesidad de decretarla, teniendo en cuenta la situación de indefensión en que se encuentran los organismos de apoyo y de tránsito habilitados por el Ministerio de Transporte ante la Superintendencia de Transporte.

El alcance probatorio hace alusión a la sentencia de primera instancia N 013 de enero 28 de 2019, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución

de Sentencias de Cali [14], que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta

por el Centro de Enseñanza Automovilistica Occidente, mediante la cual se Poo pretendía el amparo al perjuicio irremediable que presentaba el cierre de la citada academia por orden de la Superintendencia.

La adición de la solicitud de medida cautelar, el actor la fundamentó en los siguientes términos: «[...] La imposición de la sanción de suspensión por seis meses de la habilitación y su desconexión de la plataforma RUNT, no permite ningún tipo de actividades en el establecimiento u Organismo de Apoyo al Tránsito, por lo que se hace imperioso el despido masivo del personal administrativo y de instructores de la Escuela de Enseñanza, pues es imposible sostener la carga laboral sin poder generar ingresos por sus servicios.

Ante un perjuicio irremediable de despido masivo de los trabajadores del Organismo de Apoyo, no se entiende el motivo del fallo pues deja al vaivén de una decisión administrativa la situación de un conglomerado de familias a nivel nacional, pues la información que me asiste es que son más de cien (100) Organismos de Apoyo los que se verán afectados.

Efectivamente los Organismos de apoyo harán uso de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa para reclamar sus derechos y perjuicios, sin embargo, es claro que esta vía no es inmediata y entre la admisión y decisión de fondo, puede transcurrir un 1 periodo de tiempo incluso superior al de la sanción de suspensión, por lo que podría ser un fallo inocuo frente a la situación de los Organismos de Apoyo, que si bien es cierto podrían reclamar alguna reparación directa, esto no resuelve el grave perjuicio causado a los trabajadores [...]».

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

El Despacho ordenó correr traslado de las solicitudes de suspensión provisional al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio de Ministerio de Transporte, para que, en el término de (5) días, se pronunciaran sobre dicha solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Y CPACA.

11.1. La réplica del Ministerio de Transporte dentro del expediente 11001-03-24-000-2018-00346-00

1.1.1. Efectuada la notificación a las partes de esta decisión, el Ministerio de Transporte, a través de escrito presentado por apoderada judicial”, se opuso a que se concediera la medida cautelar solicitada, y luego de hacer referencia a las disposiciones que regulan el decreto de las medidas cautelares ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, señaló que el actor omitió indicar cuáles son las normas infringidas por el artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 0 de 2014, como tampoco expresó el concepto de violación, ni el perjuicio irremediable que se causaría de denegarse la suspensión provisional solicitada; y dichas omisiones dificultan el ejercicio del derecho de defensa de entidad demandada.

11.1.2. En lo concerniente a la facultad reglamentaria, explicó que no se presenta ningún exceso habida cuenta que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1702 de 2013, expidió el Decreto 1479 de 2014, autorizándole a la Superintendencia de Transporte, en el artículo 8, la posibilidad de ordenar dicha medida de suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito, por el término de 6 meses, y en el parágrafo del artículo 9, indicó que la suspensión de la habilitación podría ser de 6 a 24 meses, graduable con base en los criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011.

111.3. Con base en lo anteriormente expuesto, la apoderada judicial señaló lo siguiente:

«[...] De la normatividad anterior, se puede colegir que en la expedición del Decreto 1479 de 2014 el Gobierno Nacional no excede la facultad reglamentaria que la Constitución y la ley le otorgan, en razón a que la intención del ejecutivo estuvo dirigida a establecer un término para la suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito, ya que la ley en forma general y de manera abstracta había contemplado la sanción pero no había detallado el plazo de la misma, por lo que era necesario para su aplicación práctica establecer un término que oscilara entre un mínimo y un máximo, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011. En este caso, el reglamento no cambió de manera alguna la

naturaleza de las causales de suspensión de la habilitación de los organismo de apoyo al tránsito contenidas en la ley 1702 de 2013, sólo estipulo un plazo para que dicha suspensión no se tornara de manera indefinida.

El actor confunde de alguna manera, la legalidad del artículo 8 y del Parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de agosto 5 de 2014, que es en si la norma acusada de nulidad, con la imposición de las sanciones que efectúa la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte) a los organismos de apoyo al tránsito, en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 19 de la ley 1702 de 2013 y de sus funciones de inspección, vigilancia y control, que la faculta para iniciar y llevar hasta su culminación Un procedimiento sancionatorio propio, previsto en el Capítulo ll del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre la entidad vigilante y los sujetos vigilados.

La Superintendencia de Transporte es una entidad autónoma, con personería jurídica, y administrativamente independiente y con poder sancionatorio frente a las faltas cometidas por los organismos de apoyo al tránsito, en desarrollo de su facultad preventiva, en consecuencia, la sanción de suspensión tiene ese carácter preventivo, hasta tanto el organismo de apoyo al tránsito que resultare sancionado, tome las medidas correctivas y de saneamiento correspondientes [...]»[18].

II.2. En esta etapa procesal, el Departamento de la Presidencia de la República guardó silencio.

II.3. La réplica del Ministerio de Transporte dentro del expediente 11001-03-24-000-2018-00200-00

II.3.1. Efectuada la notificación a las partes de esta decisión [19], el Ministerio de Transporte, a través de escrito presentado por apoderado judicial, se opuso al decreto de la medida cautelar solicitada, con base en los siguientes argumentos:

II.3.1.1. La apoderada judicial del Ministerio señaló que el actor no indicó en forma precisa las normas legales contrariadas por el artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014, como tampoco expresó el concepto de violación, ni el perjuicio irremediable que se causaría de denegarse la suspensión provisional solicitada, o que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, hechos que dificultan ejercer el derecho de defensa de la entidad demandada.

II.3.1.2. En lo atinente a la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Código Nacional de

Tránsito y el Decreto 087 de 2011 (que reglamenta la estructura del Ministerio de Transporte), explicó que el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 establece las faltas que generan suspensión y cancelación de la habilitación de organismos de apoyo y de tránsito, y en su artículo 22, le otorga un plazo de 6 meses al Ejecutivo para para expedir los actos administrativos requeridos para la reglamentación de la ley, y en virtud de lo anterior, se profirió el Decreto 1479 de 2014.

II.3.1.3. Adujo que en el artículo 8 de este último decreto se establece que la Superintendencia de Transporte podrá ordenar la suspensión preventiva de la 9 habilitación de los organismos de apoyo y de tránsito por el término de 6 meses; y en el parágrafo del artículo 9% se estableció que dicha medida procederá por el término de 6 meses y hasta 24 meses, sanción graduable con base en los criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011.

II.3.1.4. Al igual que en el expediente 11001-03-24-000-2018-00346-00, el Ministerio de Transporte en su respuesta a la medida cautelar, adujo lo siguiente:

[...] Vista la normatividad anterior, se puede colegir que en la expedición del Decreto 1479 de 2014, el Gobierno Nacional no excede la facultad reglamentaria que la Constitución y la ley le otorga, en razón a que la intención del ejecutivo estuvo dirigida a establecer un término para la suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito, ya que la ley en forma general y de manera abstracta había a contemplado la sanción pero no había detallado el plazo de la misma, por lo que era necesario para su aplicación práctica establecer un término que oscilara entre un mínimo y un máximo, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011. En este caso, el reglamento no cambió de manera alguna la naturaleza de las causales de suspensión de la habilitación de los organismo de apoyo al tránsito contenidas en la ley 1702 de 2013, sólo estipulo un plazo para que dicha suspensión no se tornara de manera indefinida.

El actor confunde de alguna manera, la legalidad del artículo 8 y del Parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de agosto 5 de 2014, que es en sí la norma acusada de nulidad en este caso, con la imposición de las sanciones que efectúa la Superintendencia de Puertos y Transporte a los organismos de apoyo al tránsito, en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 19 de la ley 1702 de 2013 y de sus funciones de inspección, vigilancia y control, que la faculta para iniciar y llevar hasta su culminación un procedimiento sancionatorio propio, previsto en el Capítulo II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre la entidad vigilante y los sujetos vigilados. Así las cosas, la Superintendencia de Puertos y Transporte es una entidad autónoma, con personería jurídica, administrativamente independiente, y con poder sancionatorio frente a las faltas cometidas por los organismos de apoyo al tránsito, en desarrollo de su facultad preventiva, en consecuencia, la sanción de suspensión tiene ese carácter preventivo,

exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida (subrayas y negrillas fuera de texto) [...]».

IV.4. En conclusión, en lo que guarda relación con el reparo frente a la expresión contenida en el artículo 8 del Decreto 1479 de 2014, el Despacho considera que las partes actoras de los dos expedientes en examen, no cumplieron con la carga argumentativa y probatoria que lleve a concluir al Despacho, la necesidad e inminencia de decretar la medida cautelar de suspensión provisional de la expresión acusada. Lo anterior, por cuanto no se advierte de entrada: (i) la verosimilitud del derecho invocado o la llamada "apariencia de buen derecho” (fumus boni iuris) en las solicitudes incoadas, lo cual se traduciría, en últimas, en las probabilidades de éxito de la pretensiones formuladas; y en la (ii) la demostración de la existencia de un riesgo por la demora en el trámite procesal hasta que se adopte una decisión definitiva (periculum in mora).

V.5. En segundo lugar y en relación con la suspensión provisional del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014, se dispondrá la medida cautelar solicitada en razón a que, en esta etapa inicial de la controversia, el Despacho encuentra que el Gobierno Nacional infringió el principio de reserva legal y, por tanto, se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al expedir una disposición propia de un procedimiento administrativo sancionatorio, relacionado con el tiempo de duración mínimo (6 meses) y máximo (24 meses) de la medida de suspensión preventiva de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito.

Por último, la Sala Unitaria precisa que no obstante el anterior pronunciamiento, la sanción de suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo al tránsito de que trata el mismo artículo 9% del Decreto 1479, continúa vigente, pues tal correctivo tiene origen legal y debe aplicarse conforme a lo establecido en el Capítulo lll del CPACA, incluyendo, en cuanto a la graduación de la sanción, los criterios que resulten aplicables del artículo 50 de la misma codificación. Tal sanción será procedente si se logra establecer, por parte de la Superintendencia de Transporte, la ocurrencia de las causales establecidas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Sección Primera de Sala de lo Contencioso Administrativo,

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la 9 expresión acusada contenida en la parte final del artículo 8* del Decreto 1479 de 5 de agosto de 2014 "Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 y se dictan otras disposiciones", acto administrativo expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos jurídicos del parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 5 de agosto de 2014 "Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, acto administrativo expedido por la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta las precisiones (artículo 230, numeral 2 del CPACA) y consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: Efectuar las anotaciones secretariales de rigor.

Notifiquese y cúmplase,

Roberto Augusto Serrato Valdés

Consejero de Estado

1.Folio 181. Cuaderno No.1 Expediente 2018-00200-00

2. Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos

Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:

1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos.

c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos [...)”.

3 Folio 16. Cuaderno No. 1. Proceso ordinario.

4. Folio 2. Cuaderno medida cautelar.

5 Folio 4. Cuaderno medida cautelar.

6 Ibidem.

7 Folios 5 a 9. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Radicación número 11001-03-26-000-2001-00037-01 (20691).

9 Folio 2. Solicitud de medida cautelar.

10 Ibidem.

11 Consejo de Estado, Sentencia de 28 de agosto de 2014, radicación 25000-23-24-0000-2008-00369-01. Consejero Ponente, Guillermo Vargas Ayala.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-406 de 2004.

13 Folios 20 a 27. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar.

14 Anexa a folios 84 a 93. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar.

15 Folio 12. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar. Expediente 2018-00346-00 y Folio 29. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar. Expediente 2018-00200-00.

16 Folios 13 a 19. Cuaderno número 1. Solicitud de medida cautelar.

17 Folios 21 a 24. Cuaderno número 1. Solicitud de medida cautelar.

18 Folio 23. Cuaderno medida cautelar.

19 Folios 30 a 34. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar.

20 Folios 94 a 97. Cuaderno número 1. Solicitud de Medida Cautelar.