SENTENCIA 11001032600020130011400 de 2020

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030039839SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001032600020130011400202006/07/2020SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032600020130011400__2020_06/07/2020300398522020CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N TERCERA SUBSECCI�N B CONSEJERO PONENTE: RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogot� D.C., seis (06) de julio de dos mil veinte (2020). Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD (SENTENCIA) Radicaci�n: 11001-03-26-000-2013-00114-00 (48183) Demandante: JAIME GABRIEL MOVIL BRITO Demandado: NACI�N - MINISTERIO DE MINAS Y ENERG�A Y AGENCIA NACIONAL MINERA Temas: Medio de control de nulidad promovido contra (i) el art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013, que se refiere al rechazo de la propuesta del contrato de concesi�n; (ii) el art�culo 7� de la Resoluci�n 299 del 27 de septiembre de 2012, expedida por la Agencia Nacional de Miner�a, que regul� la presentaci�n de propuestas de contrato de concesi�n, autorizaciones temporales y solicitudes de legalizaci�n de miner�a tradicional a trav�s de medios electr�nicos; (iii) el art�culo 6� de la Resoluci�n 391 del 11 de junio de 2013, concerniente a los lineamientos para la utilizaci�n del sistema de radicaci�n de propuestas de contrato de concesi�n. La extensi�n de los efectos del control de legalidad sobre el Decreto 1073 de 2015. Los contornos de la potestad reglamentaria en Colombia y su car�cter difuso. Los l�mites y condiciones de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica. El marco constitucional y legal de la potestad reglamentaria en materia minera, un asunto sometido a reserva legal. Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la reserva legal de las causales de rechazo de las propuestas de concesi�n minera. An�lisis normativo de los enunciados demandados y caso concreto. SENTENCIA Procede la Sala a decidir la acci�n de nulidad interpuesta contra el art�culo 2� del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Minas y Energ�a1, el art�culo 7� de la Resoluci�n n.� 299 del 27 de septiembre de 2012 y el art�culo 6� de la Resoluci�n n.� 391 del 11 de junio de 2013, expedidas por el Presidente de la Agencia Nacional Minera. S�NTESIS DEL CASO El Gobierno Nacional expidi� el Decreto 935 de 2013 con el fin de reglamentar los art�culos 271, 273 y 274 del C�digo minero relativos a la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos. Dentro de las disposiciones reglamentarias, dispuso que una vez presentada la propuesta de contrato de concesi�n, si se incurriere en omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n en el t�rmino fijado para remitirlos, se rechazar�a de plano la propuesta. A su vez, la Resoluci�n 299 de 2012 dispuso un plazo de tres (3) d�as h�biles, contados a partir de la presentaci�n de la oferta de contrato de concesi�n minera v�a internet, para entregar f�sicamente ante la respectiva autoridad minera, los documentos exigidos en el art. 271 del C�digo minero que sirven de soporte a la propuesta y que constituyen requisitos legalmente exigidos para la misma. Finalmente, la Resoluci�n 391 de 2013 advirti� que si dentro de los tres (3) d�as siguientes a la radicaci�n de la propuesta, no se presenta la documentaci�n soporte se aplicar�a la causal de rechazo establecida expresamente en el art�culo 271 del C�digo minero. Espec�ficamente, la parte actora demand� estas disposiciones referidas a la causal de rechazo y a los (3) tres d�as h�biles.

Demandado: �NACI�N - MINISTERIO DE MINAS Y ENERG�A Y AGENCIA NACIONAL MINERA

Temas: Medio de control de nulidad promovido contra (i) el art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013, que se refiere al rechazo de la propuesta del contrato de concesi�n; (ii) el art�culo 7� de la Resoluci�n 299 del 27 de septiembre de 2012, expedida por la Agencia Nacional de Miner�a, que regul� la presentaci�n de propuestas de contrato de concesi�n, autorizaciones temporales y solicitudes de legalizaci�n de miner�a tradicional a trav�s de medios electr�nicos; (iii) el art�culo 6� de la Resoluci�n 391 del 11 de junio de 2013, concerniente a los lineamientos para la utilizaci�n del sistema de radicaci�n de propuestas de contrato de concesi�n.

La extensi�n de los efectos del control de legalidad sobre el Decreto 1073 de 2015. Los contornos de la potestad reglamentaria en Colombia y su car�cter difuso. Los l�mites y condiciones de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica. El marco constitucional y legal de la potestad reglamentaria en materia minera, un asunto sometido a reserva legal. Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la reserva legal de las causales de rechazo de las propuestas de concesi�n minera. An�lisis normativo de los enunciados demandados y caso concreto.

Procede la Sala a decidir la acci�n de nulidad interpuesta contra el art�culo 2� del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Minas y Energ�a1, el art�culo 7� de la Resoluci�n n.� 299 del 27 de septiembre de 2012 y el art�culo 6� de la Resoluci�n n.� 391 del 11 de junio de 2013, expedidas por el Presidente de la Agencia Nacional Minera.

El Gobierno Nacional expidi� el Decreto 935 de 2013 con el fin de reglamentar los art�culos 271, 273 y 274 del C�digo minero relativos a la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos. Dentro de las disposiciones reglamentarias, dispuso que una vez presentada la propuesta de contrato de concesi�n, si se incurriere en omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n en el t�rmino fijado para remitirlos, se rechazar�a de plano la propuesta.

A su vez, la Resoluci�n 299 de 2012 dispuso un plazo de tres (3) d�as h�biles, contados a partir de la presentaci�n de la oferta de contrato de concesi�n minera v�a internet, para entregar f�sicamente ante la respectiva autoridad minera, los documentos exigidos en el art. 271 del C�digo minero que sirven de soporte a la propuesta y que constituyen requisitos legalmente exigidos para la misma.

Finalmente, la Resoluci�n 391 de 2013 advirti� que si dentro de los tres (3) d�as siguientes a la radicaci�n de la propuesta, no se presenta la documentaci�n soporte se aplicar�a la causal de rechazo establecida expresamente en el art�culo 271 del C�digo minero.

Espec�ficamente, la parte actora demand� estas disposiciones referidas a la causal de rechazo y a los (3) tres d�as h�biles.

1.1. En escrito del 2 de agosto de 20132, el ciudadano Jaime Gabriel M�vil Brito, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo �CPACA�, solicit� se declarara la nulidad del art�culo 2� del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Minas y Energ�a3; el art�culo 7� de la Resoluci�n n.� 299 del 27 de septiembre de 20124 y el art�culo 6� de la Resoluci�n n.� 391 del 11 de junio de 20135, expedidas por el Presidente de la Agencia Nacional Minera, disposiciones normativas cuyo tenor literal es como sigue:

Decreto 935 de 2013. art�culo 2�. Una vez presentada la propuesta de contrato de concesi�n, la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n en el t�rmino fijado para remitirlos, dar� lugar al rechazo de plano de la propuesta.

Resoluci�n 299 de 2012, art�culo 7�. Presentaci�n documentos soporte ante la autoridad minera. Los documentos que soportan las propuestas de Contrato de Concesi�n y las autorizaciones Temporales presentadas por Internet, deber�n radicarse ante la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n v�a web.

El env�o de la documentaci�n soporte de la solicitud puede hacerse por correo certificado o por mensajer�a especializada dentro del t�rmino establecido anteriormente, sin embargo dichos documentos deber�n ser recepcionados y radicados por la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles que trata el inciso anterior.

El plazo para la presentaci�n de los documentos soporte de las solicitudes de legalizaci�n de miner�a tradicional, es el establecido en el Decreto n�mero 2715 del 2010 o en la norma que lo modifique.

Resoluci�n 391 de 2013, art�culo 6�. Para verificar el cumplimiento del t�rmino para presentar la informaci�n de soporte de la propuesta, se tendr� en cuenta la fecha de radicaci�n ante la Agencia Nacional de Miner�a (ANM), o la fecha de env�o por correo certificado a la misma. Si dentro de los tres (3) d�as siguientes a la radicaci�n de la propuesta, no se presenta la documentaci�n soporte, seg�n lo establecido en el procedimiento de la Resoluci�n n�mero 0299 de 2012, se aplicar� la causal de rechazo

1.2. Mediante auto de 14 de febrero de 2014 el Despacho: (i) admiti� la demanda6; (ii) orden� su notificaci�n personal a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado7 y al Ministerio P�blico8; (iii) concedi� el t�rmino de traslado establecido en la ley para su contestaci�n.

1.3. Como en escrito separado los ciudadanos solicitaron la pr�ctica de la medida cautelar de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de las normas demandadas, en auto de 21 de febrero de 2014 se corri� traslado a las demandadas (fls. 22 y 23, cuaderno de medidas cautelares), oportunidad en la cual la Naci�n � Ministerio de Minas y Energ�a y Agencia Nacional de Miner�a manifestaron su oposici�n a la medida solicitada (fls. 26 a 43, cuaderno de medidas cautelares).

1.3.1. En pronunciamiento del 1� de marzo de 2016 el Magistrado Ponente no accedi� a la medida cautelar de suspensi�n provisional de efectos de las normas demandadas (fls. 52 a 59, cuaderno de medidas cautelares).

1.4. Noticiado el auto admisorio de la demanda a la Naci�n � Ministerio de Minas y Energ�a y a la Agencia Nacional de Miner�a, contestaron la demanda en memoriales del 5 de noviembre de 2015 y 27 de enero de 2016 en los que se opusieron a la prosperidad de las pretensiones (fls 28-51, c.p).

1.5. El 9 de marzo de 2018 se celebr� audiencia inicial donde se agot� todo el objeto de la misma (fl. 72, c.p).

1.6. En auto del 14 de diciembre de 2018, se dispuso que no era necesaria la celebraci�n de la audiencia de alegaciones y lectura de fallo, de que trata el art�culo 182 del CPACA, y se corri� traslado a las partes por el t�rmino com�n de diez (10) d�as para que las partes presentaran por escrito sus respectivos alegatos de conclusi�n (fl. 103, c.1).

1.7. Agotada la etapa de alegaciones la Sala procedi� a dictar sentencia en el asunto.

2. Como fundamento de las nulidades solicitadas se invocaron respecto de los art�culos 2� del decreto 935 de 2013; 7� de la resoluci�n 299 de 2012; y 6� de la resoluci�n 391 de 2013 las causales de falta de competencia y violaci�n a la ley.

2.1. En cuanto a la violaci�n a la ley, luego de transcribir el art�culo 274 de la Ley 685 de 2001 sobre las causales de rechazo de la propuesta de contrato de concesi�n, los demandantes argumentaron que el art�culo 2� del Decreto 935 de 2013 agreg� una causal adicional a la propuesta de contrato de concesi�n que no se encontraba inicialmente prevista en la Ley 685 de 2001 consistente en la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271, raz�n por la cual, a juicio del actor, se introdujo un supuesto de hecho que no fue contemplado por el legislador, situaci�n que resultar�a violatoria de la norma minera. Expres�, adem�s, que no es procedente �vincular al administrado en un proceso de selecci�n como concesionario minero con sujeci�n a normas de car�cter administrativo afectas (sic) de nulidad contraria lo dispuesto en los art�culos 2, 4, 6, 29, 84, 113, 122, 150, 189.11, 209 de la Constituci�n Pol�tica; 4, 274 y 271 de la Ley 685 de 2001; y 12 de la Ley 153 de 1887�.

2.2. En cuanto a la falta de competencia, el demandante aleg� dos argumentos: (i) que la facultad legislativa de adicionar a la ley le fue conferida al Congreso de la Rep�blica y, en casos excepcionales, al Presidente de la Rep�blica; y (ii) que el Decreto 935 de 2013 adicion� una nueva causal de rechazo de propuesta de concesi�n que no fue prevista por el legislador.

2.3. A continuaci�n se desarrollar� detalladamente cada uno de los cargos de nulidad anteriormente formulados en contra de las disposiciones demandadas.

3.1. Luego de trazar un horizonte sobre las competencias de las que est� investido el Presidente de la Rep�blica, particularmente, en materia reglamentaria, el demandante precis� que este �ltimo, como suprema autoridad administrativa, cuando expidi� el Decreto 935 de 2013, en especial a la vista del art�culo 2�, excedi� la facultad reglamentaria y contrari� la norma de car�cter superior, pues modific� el art�culo 274 de la Ley 685 al incorporar una causal adicional de rechazo a las propuestas de contrato de concesi�n consistente en que �la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n en el t�rmino fijado para remitirlos, dar� lugar al rechazo de plano de la propuesta�.

3.2. Respecto a este nuevo requisito afirm� que el art�culo 4� de la Ley 685 de 2001 advirti� que: �Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que se�ala expresamente este C�digo para la presentaci�n, el tr�mite y resoluci�n de los negocios mineros en su tr�mite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, ser�n los �nicos exigibles a los interesados (�) De conformidad con el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica, ninguna autoridad podr� establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedici�n, perfeccionamiento y ejercicio del t�tulo minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental�.

3.3. Hizo �nfasis en que el Decreto 935 de 2013 transgredi� el art�culo 4� de la Ley 685 de 20019 y el art�culo 12 de la Ley 153 de 188710, cuyo cargo de nulidad tambi�n lo extendi� al art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la Resoluci�n 391 de 2013, en la medida que estas disposiciones introducen y desarrollan en su contenido una sanci�n adicional para el proponente minero por no presentar los documentos f�sicos dentro del t�rmino preclusivo de los tres (3) d�as.

3.4. El actor precis� que aunque la Ley 1382 de 2010 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia C-366 de 2011, el legislador no condicion� la propuesta de concesi�n a la entrega de documentos dentro de un t�rmino y solo limit� el rechazo al cumplimiento a los aspectos puntuales, de los cuales no se infiere la causal que se indic� el Decreto 935 de 2013 en el art�culo 2�.

3.5. Puso en evidencia que el proponente del contrato de concesi�n est� sometido, a la luz del art�culo 2� del Decreto 935 de 2013, 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la Resoluci�n 391 de 2013, a un agravio injusto al impon�rsele una condici�n adicional a la propuesta, y en especial una causal de rechazo como lo es la de no allegar la documentaci�n dentro del t�rmino de (3) d�as h�biles siguientes a la radicaci�n de la propuesta v�a web.

4.1. Aleg� que es al legislador a quien le corresponde adicionar o modificar las leyes, y en casos excepcionales contemplados en la Constituci�n Pol�tica al Presidente de la Rep�blica; no obstante el Decreto 935 de 2013 contrar�a normas de car�cter legal al disponer de una condici�n adicional como causal de rechazo no prevista por la Ley 685 de 2011, por lo que solicit� al juez de lo contencioso administrativo que se aplique la excepci�n de ilegalidad sobre las disposiciones demandadas.

5.1. En escrito del 27 de enero de 2016 (fls. 42-51, c1), dicha entidad se opuso a la prosperidad de la pretensi�n incoada. Sobre el particular precis� que las normas demandadas no crearon una causal de rechazo, sino que buscaron precisar las omisiones que daban lugar al rechazo de la propuesta. As� las cosas, advirti� que las disposiciones demandadas constitu�an el desarrollo de la potestad reglamentaria del gobierno nacional, de los t�rminos y lineamientos para el buen funcionamiento del sistema de radicaci�n WEB, el cual exig�a que el solicitante cumpliera como es l�gico con el deber de presentar f�sicamente los documentos con imposici�n de un l�mite temporal para ello. Aclar� que los documentos soporte de la propuesta, a los que hac�an referencia las disposiciones demandadas, eran inescindibles de la propuesta y se constitu�an en verdaderos requisitos en los t�rminos de los art�culos 271 y 274 del C�digo de Minas. Enfatiz� que al no ser presentada la propuesta personalmente, sino a trav�s de medios electr�nicos, por condiciones f�cticas, no era posible subir al sistema todos los documentos, y en consecuencia, deb�an posteriormente ser entregados f�sicamente en las oficinas, pero no por ello dejaban de ser indispensables para evaluar adecuadamente la propuesta de concesi�n.

5.1.1. Finalmente propuso la entidad: (i) la excepci�n que denomin� �de legalidad� del Decreto 935 de 2013 y de las resoluciones n.� 299 de 2012 y n.� 391 de 2013, la cual sustent� en que no hab�a causal de nulidad alguna, toda vez que la actividad del gobierno nacional se ajust� al ejercicio de la potestad reglamentaria; (ii) la excepci�n de fondo gen�rica, la cual, de conformidad con el art�culo 282 del C�digo General del Proceso, se consideran excepciones de fondo aquellas que surjan a favor de la entidad demandada de los hechos probados en el proceso.

5.2.1. En escrito del 5 de noviembre de 2015 (fls. 28-41, c.p), el Ministerio de Minas y Energ�a se opuso a la prosperidad de la pretensi�n incoada. Propuso las excepciones de: (i) falta de legitimaci�n en la causa por pasiva en relaci�n con las resoluciones n� 299 de 2012 y 391 de 2013, pues fueron expedidas por la Agencia Nacional de Miner�a; (ii) inexistencia de causal de nulidad en relaci�n con el Decreto 935 de 2013, pues dicho decreto fue derogado en su integridad y de manera expresa por el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ�a -Decreto 1073 de 2015-. Por tanto, las Resoluciones 299 de 2012 y 391 de 2013, ambas expedidas por la Agencia Nacional de Miner�a, ten�an su fundamento en el Decreto �nico Reglamentario n.� 1073 de 2015 y no en el Decreto 935 de 2013, el cual fue ya derogado.

6. El se�or Agente del Ministerio P�blico solicit� que se desestimen los cargos de la demanda y, en consecuencia, se niegue la declaratoria de nulidad de las disposiciones enjuiciadas.

7.1. La Sala conoce en �nica instancia del presente asunto, en aplicaci�n de lo dispuesto en el numeral 1� del art�culo 149 del �CPACA�, por tratarse de una demanda formulada el 2 de agosto de 201311, en ejercicio de la acci�n de simple nulidad, contra normas expedidas por autoridades del orden nacional.

8.1. Vistos los antecedentes, los cargos de nulidad estructurados, las oposiciones presentadas y el concepto del Ministerio P�blico, esta Sala considera que en el presente caso el problema jur�dico se contrae a determinar (i) si se incurri� en una falta de competencia y violaci�n de la ley, es decir, en un exceso de la potestad reglamentaria del gobierno nacional, al regular, por medio de un decreto reglamentario, una nueva causal de rechazo de la propuesta de contrato de concesi�n minero que no fue prevista inicialmente por el legislador; (ii) si hubo vicio de incompetencia y violaci�n de la Ley cuando se expidi� el art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y art�culo 6� de la Resoluci�n 391 de 2013 por fijar para la configuraci�n de la causal de rechazo de la propuesta presentada por internet un plazo de tres (3) d�as h�biles, cuando no se hacia la entrega material de los documentos que sirven de soporte a la misma.

8.2. Para resolver los anteriores problemas jur�dicos, la Sala precisar� (i) los contornos de la potestad reglamentaria en el derecho colombiano; (ii) los l�mites y condiciones de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica; (iii) el marco constitucional y legal de la potestad reglamentaria en materia minera; (iv) los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la reserva legal en la fijaci�n de causales de rechazo de las propuestas de concesi�n minera; (v) el an�lisis normativo de los enunciados demandados y (vi) el caso concreto.

8.3. Antes de abordar lo anunciado, la Sala considera necesario pronunciarse sobre una cuesti�n previa: la extensi�n de los efectos del control de legalidad sobre el Decreto 1073 de 2015.

9. La extensi�n de los efectos del control de legalidad sobre el Decreto 1073 de 2015

9.1. El gobierno nacional expidi� el Decreto n.� 1073 de 26 de mayo de 2015 �por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ�a� y en el art�culo 2.2.5.1.3.4.1.2 compil� y transcribi� el art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013, as�: �Rechazo de la propuesta. Una vez presentada la propuesta de contrato de concesi�n, la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n en el t�rmino fijado para remitirlos, dar� lugar al rechazo de plano de la propuesta�.

9.2. Los Decretos compilatorios son decretos at�picos, desde la perspectiva del control abstracto (cuando se trate de un decreto compilatorio de normas con fuerza de ley) o difuso (cuando se trata de decretos reglamentarios), que no tienen por objeto crear nuevas normas sino organizar y codificar las disposiciones existentes de manera arm�nica en varios preceptos que guardan unidad material, sin alterar el contenido normativo de las disposiciones compiladas y tampoco agregar ni restar valor jur�dico a la norma compilada12.

9.3. Es indudable que, desde el punto de vista formal, estos decretos compiladores se limitan a compilar unas disposiciones jur�dicas sin cambiar su redacci�n y contenido, todo con el �nico fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas.

9.4. Por lo anterior, se advertir� que los efectos del estudio de legalidad del art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013 tambi�n se extender�n para el mismo aparte recogido en el art�culo 2.2.5.1.3.4.1.2. del Decreto 1073 de 2015 por cuando esta �ltima disposici�n no es m�s que una reproducci�n literal del primero.

10. La consolidaci�n de una potestad reglamentaria difusa: un reconocimiento de competencias normativas a autoridades estatales diferentes del Presidente de la Rep�blica 10.1. La Constituci�n Pol�tica de 1991 abandon�13, el sistema concentrado14 de potestad reglamentaria a instancias del Presidente de la Rep�blica, e inaugur� un sistema difuso o �polic�ntrico�15 que recay� en diferentes �rganos constitucionales, a quienes se les confiri� tambi�n por v�a constitucional de manera restringida competencias normativas en materias espec�ficas16; en otras palabras, con ocasi�n de la Constituci�n de 1991, la potestad reglamentaria no es exclusiva del Presidente de la Rep�blica, cuesti�n diferente es que a este, por su condici�n de suprema autoridad administrativa del Estado, le corresponda por regla general esa atribuci�n, lo que conduce a precisar que la Constituci�n �consagr� un �sistema difuso� de producci�n normativa general o actos administrativos de efectos generales de car�cter reglamentario, lo que signific�, sin lugar a duda, un cambio fundamental respecto del ordenamiento superior consignado en la Carta de 1886�17.

10.2. Dichas facultades especiales de reglamentaci�n encuentran su fundamento en la autonom�a reconocida por la Constituci�n Pol�tica a ciertas autoridades18, y est�n limitadas, tanto materialmente, por el mandato constitucional a cuyo desarrollo est�n obligadas, como formalmente, por las condiciones impuestas para su ejercicio. Con todo, pese a que la Constituci�n Pol�tica es la fuente jur�dica de toda potestad reglamentaria, tambi�n se ha se�alado de tiempo atr�s que el Congreso de la Rep�blica puede atribuir la potestad reglamentaria por v�a legal19 a organismos y autoridades distintos al Presidente, en los casos en los cuales �s�lo as� es posible garantizar la efectividad de la norma jur�dica que produce el legislador�20.

10.3. As� las cosas, de acuerdo con lo expuesto, la potestad reglamentaria difusa puede entenderse como el reconocimiento que la Constituci�n o la ley hacen a diferentes autoridades de participar en la producci�n normativa, seg�n las condiciones previstas en estas normas de remisi�n, a trav�s de disposiciones de car�cter general, impersonal y abstracto, con el fin de garantizar tanto la organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n como el inter�s general.

10.4. Ahora cabe advertir que este car�cter difuso o polic�ntrico del ejercicio de la potestad reglamentaria, nacida en virtud de normas de remisi�n de car�cter constitucional21 o legal, implica forzosamente un reconocimiento y sometimiento al principio de jerarqu�a normativa -a la Constituci�n y la ley- y, al mismo tiempo, un estricto respeto de la regla de reparto de competencias22 (materias atribuidas por la Constituci�n o la ley como competencias exclusivas y excluyentes a determinados �rganos), es decir �la autonom�a reconocida a estas entidades implica su no subordinaci�n a otras autoridades en el campo espec�fico de la competencia otorgada por la Carta, y en segundo lugar una relaci�n del principio de jerarquizaci�n matizada, por mandato espec�fico de la norma superior�23.

10.5. A modo de recapitulaci�n, la potestad reglamentaria en el ordenamiento jur�dico colombiano tiene las siguientes caracter�sticas: i) no est� reconocida con exclusividad a determinado nivel superior de la rama ejecutiva, esto es al Presidente de la Rep�blica, sino que est� vinculado a otras entidades del poder p�blico; ii) no todas las autoridades est�n investidas de potestad reglamentaria, sino solo autoridades concretas y determinadas por v�a constitucional o legal en las cuales se ha identificado espec�ficamente y de manera condicionada dicha potestad; iii) la potestad reglamentaria supone en todos los casos una identificaci�n previa de sus condiciones y l�mites en su ejercicio, definidos por la norma superior; iv) las disposiciones producidas en virtud de la potestad reglamentaria est�n revestidas de un valor normativo y se caracterizan por ser generales, obligatorias e impersonales, y pueden manifestarse en forma de decreto, ordenanza, acuerdo, u otro acto de car�cter general; v) el ejercicio de la potestad reglamentaria supone el reconocimiento de la jerarqu�a normativa, pero tambi�n el respeto de la regla de competencia.

11. El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la Rep�blica: la identificaci�n de los l�mites y condiciones 11.1. El Presidente de la Rep�blica24 ejerce la potestad reglamentaria a trav�s de la expedici�n de actos de car�cter general, impersonal y abstracto25; no obstante, revisada la jurisprudencia, se observan l�mites y condiciones, entre los que figuran:

i) Ning�n mandato superior autoriza al reglamento para entrar a interpretar la Constituci�n o la ley con autoridad26;

ii) No puede adicionar27 o reducir28, modificar o contrariar29 la norma de reenv�o (Constituci�n o ley)30 que se reglamenta, o impedir la realizaci�n de los fines que esta persigue31, sin perjuicio de afectar la validez32;

iii) El ejercicio de la potestad reglamentaria exige que el legislador previamente disponga una regulaci�n b�sica a partir de la cual el gobierno expida la reglamentaci�n correspondiente33;

iv) El ejercicio de la potestad reglamentaria debe observar el criterio de competencia34 y necesidad35, de modo que no es procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la Ley contiene ordenamientos precisos, claros, incondicionados y detallados36 que no requieren de regulaci�n adicional para su ejecuci�n;

v) No es posible reglamentar asuntos que tengan rango de reserva de ley37; vi) La reserva legal no debedesconocer el contenido b�sico m�nimo de reglamentaci�n de la administraci�n38;

11.2. Hemos analizado que la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica debe observar unas condiciones y l�mites, de cuyo respeto depende su validez. Ahora, la regulaci�n de la actividad minera, desde un punto de vista constitucional, legal y jurisprudencial, est� amparada por uno de esos l�mites: la reserva legal. La Sala se remitir� a las fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales que constatan est� limitaci�n al ejercicio de la potestad reglamenaria.

12. El marco constitucional y legal de la potestad reglamentaria en materia minera: un asunto sometido a reserva legal

12.1. La Constituci�n Pol�tica estableci� en el art�culo 36040 que tendr� car�cter de reserva legal la fijaci�n de las condiciones para la explotaci�n de los recursos naturales no renovables, por lo que no es posible que a trav�s de la potestad reglamentaria se establezcan los requisitos para las solicitudes orientadas a la concesi�n de la explotaci�n minera. Y es que un �mbito claro con restricciones de reserva de ley es el derecho minero, no solo por ser de aquellas actividades amparadas por la cl�usula de salvaguarda del art�culo 360 de la Constituci�n Pol�tica �ad supra�, sino tambi�n por lo consignado en el art�culo 4� de la Ley 685 de 200141, enunciado que hace alusi�n a los l�mites en el ejercicio de la potestad reglamentaria: i) el C�digo de Minas � Ley 685 de 2001 � es la �nica fuente jur�dica de requisitos, formalidades, documentos y pruebas para la presentaci�n, el tr�mite y resoluci�n de los negocios mineros en su tr�mite administrativo hasta obtener el correspondiente perfeccionamiento; ii) esta misma normativa se aplica en relaci�n con los t�rminos y condiciones para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales; iii) se reitera la proscripci�n constitucional de exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedici�n, perfeccionamiento y ejercicio del t�tulo minero, sin perjuicio de lo previsto por la autoridad ambiental.

12.2. Por otra parte, se ha sostenido que esta misma ratio de reserva legal se extiende a la creaci�n o modificaci�n de los procedimientos administrativos, aspecto frente al cual tambi�n cabe poner el �nfasis en que la Constituci�n Pol�tica de 1991 dot� al legislador, por regla general, como autoridad normativa competente de atribuciones especiales: �Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejercer las siguientes funciones: (�) 2. Expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones� (art�culo 150.2 superior). Adem�s, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que �los procedimientos administrativos especiales constituyen materia esencial y b�sica de la primera parte del C.C.A que regula los procedimientos administrativos�42 y todo nuevo procedimiento especial �necesariamente debe hacerse por el legislador (...) porque un conjunto normativo de esta naturaleza, necesariamente incorpora regulaciones espec�ficas que constituyen excepciones en relaci�n con el procedimiento general ordinario establecido en el mencionado c�digo�43.

12.3. As� las cosas, la Sala precisa que el ordenamiento jur�dico ha indicado que la competencia para crear los procedimientos administrativos es una prerrogativa del legislador y no de la autoridad administrativa, m�xima que se ha instalado en virtud del art�culo 150 de la Constituci�n, pues, al tenor de esta disposici�n, es el legislador la �nica autoridad competente para expedir c�digos y, bajo esta l�nea, crear los procedimientos administrativos por los cuales transitar� la funci�n administrativa.

12.4. En consecuencia, i) la intervenci�n del Estado en la regulaci�n de las condiciones para la explotaci�n de los recursos naturales no renovables demanda primeramente de la intervenci�n del principio democr�tico, en tanto que s�lo corresponde al Congreso de la Rep�blica la expedici�n de normas jur�dicas en dicho sentido, y posteriormente el ejecutivo, que a trav�s de la potestad reglamentaria, desarrolla detalladamente las actuaciones administrativas, las cuales pueden concretarse en distintas formas �declarativas, ablatorias, concesorias y los autorizatorias�44; ii) no es posible crear procedimientos administrativos que fijen las reglas entre la administraci�n y el ciudadano a trav�s del ejercicio de la potestad reglamentaria, y si la ley no regula este cauce procesal de m�nimos en el que se prevea el comportamiento de la administraci�n con la participaci�n de los ciudadanos, ser� preciso acudir al procedimiento general consignado en el art�culo 2 del CPACA como norma supletoria.

12.5. Finalmente se pone de presente que la jurisprudencia de la Secci�n Tercera se ha pronunciado recientemente respecto a la existencia de reserva legal en materia de las causales de rechazo de las propuestas de concesi�n minera.

13. Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la reserva legal de las causales de rechazo de las propuestas de concesi�n en materia minera

13.1. La Secci�n Tercera45 resolvi� una solicitud de suspensi�n provisional de unos actos administrativos que rechazaban la legalizaci�n o formalizaci�n de una mina de hecho en Buritic�, Antioquia, en aplicaci�n del decreto 933 de 2013. La decisi�n precis� que no era posible �que a trav�s del reglamento se h[icieran] obligatorios requisitos que modifican las exigencias dispuestas por la ley para la admisibilidad y el rechazo de las propuestas de concesi�n minera, porque ello exced[�a] la potestad reglamentaria y viola[ba] el ordenamiento superior, raz�n por la que se han suspendido provisionalmente distintas disposiciones reglamentarias expedidas con el fin de definir las causales de rechazo de las solicitudes y propuestas en materia minera�46.

13.2. M�s recientemente47, siguiendo la l�nea de anteriores pronunciamientos de la Corporaci�n48, se reiter� esa misma ratio. Se decidi� sobre la suspensi�n provisional de unos actos administrativos que rechazaron y archivaron una solicitud de formalizaci�n minera, con base en el decreto 933 de 201349. La medida se concedi� y enfatiz� que las resoluciones demandadas se fundaron en el Decreto 933 de 2013, el cual era contrario al orden superior, porque regul� materias reservadas exclusivamente a la Ley, como lo es la adopci�n de causales de rechazo de las solicitudes de formalizaci�n de miner�a tradicional, lo que supuso una violaci�n al derecho fundamental al debido proceso50.

13.3. Los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales de la Corporaci�n permiten confirmar que la cuesti�n sobre el procedimiento administrativo minero, de cuyo cauce se vale la administraci�n para ejercer los poderes que le confiere el ordenamiento jur�dico as� como para garantizar al mismo tiempo el debido proceso de los ciudadanos, ha sido el punto central en la judicializaci�n de los actos administrativos, incurso en alguna de las causales invalidantes establecidas en la ley, para que en virtud de una declaraci�n judicial se pierda o suspenda su fuerza ejecutoria.

13.4. En efecto, la administraci�n, a trav�s del procedimiento administrativo que constituye los rieles din�micos por el que transita la funci�n administrativa minera con una naturaleza eminentemente teleol�gica, en la medida que busca la realizaci�n de un fin determinado51, debe adecuar su comportamiento, durante el tr�mite del expediente, a las premisas del debido proceso, a efectos de adoptar decisiones conforme al ordenamiento jur�dico. Por eso, lo que ha concentrado sistem�ticamente la atenci�n del debate judicial en los distintos pronunciamientos judiciales, al controlar la legalidad de la actividad administrativa minera, es la verificaci�n del cumplimiento de las obligaciones que conforman la relaci�n jur�dica procedimental regulada por normas superiores que imponen al ciudadano y a la administraci�n derechos y deberes.

13.5. Por lo anterior, la discrepancia jur�dica de la actuaci�n administrativa con la garant�a del debido proceso, cuando la administraci�n adelanta las fases del procedimiento administrativo, con base en normas transgresoras al orden superior, constituye un desv�o tan significativo que explica y justifica per se la nulidad o la suspensi�n de los actos. Por tanto, la Corporaci�n en los casos citados ha declarado ilegales actos administrativos por apartarse de lo prescrito en normas superiores al crear o modificar fases del procedimiento administrativo, t�rminos o imponer nuevas exigencias de admisibilidad y causales de rechazado que han incidido en la decisi�n final.

14.1. Se demanda la nulidad del art�culo 2� del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 dictado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Minas y Energ�a; el art�culo 7� de la Resoluci�n 299 del 27 de septiembre de 2012 y el art�culo 6� de la Resoluci�n 391 del 11 de junio de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Miner�a, enunciados cuyo tenor literal se transcribieron al inicio de este fallo.

14.2. Una primera aproximaci�n al primer precepto demandado debe partir por considerar que este se ubica en el marco de un decreto reglamentario para lo cual el gobierno nacional invoc� expresamente las facultades atribuidas en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Nacional. Y respecto a las resoluciones demandadas, el Presidente de la Agencia Nacional de Miner�a invoc� los art�culos 270 y 296 del C�digo de Minas, el numeral 1� del art�culo 4� del Decreto 4134 de 2011 y el Decreto n�mero 1829 del 31 de agosto de 2012, por el cual �se establece un nuevo sistema de radicaci�n en los contratos de concesi�n�.

14.3. Antes de analizar el contenido de los enunciados demandados, es menester precisar que el Decreto 935 de 2003 reglament� los art�culos 271 �requisitos de la propuesta de contrato de concesi�n�, 273 �objeciones a la propuesta� y 274 �rechazo de la propuesta� de la Ley 685 de 2001. No sobra advertir que el art�culo 274, reglamentado por este decreto, fue modificado por el art�culo 20 de la Ley 1382 de 2010, pero esta �ltima norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 11 de mayo de 201152.

14.4. De conformidad con el art�culo 270 del C�digo Minero53, la formulaci�n de la propuesta del contrato de concesi�n debe ser presentada por el interesado directamente o trav�s de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por env�o a trav�s de correo certificado, y tambi�n se puede realizar a trav�s de medios electr�nicos cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin.

14.5. Como requisitos de la propuesta se exige: adem�s del nombre, identidad y domicilio del interesado, el se�alamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicaci�n del �rea o trayecto solicitado; i) la descripci�n del �rea objeto del contrato y de su extensi�n; ii) la indicaci�n del mineral o minerales objeto del contrato; iii) la menci�n de los grupos �tnicos con asentamiento permanente en el �rea o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de una zona minera ind�gena, de comunidades afro o mixtas; iv) las zonas restringidas para cuya exploraci�n y explotaci�n se requiera autorizaci�n o concepto de otras autoridades; vi) el se�alamiento de los t�rminos de referencia y gu�as mineras que se aplicar�n en los trabajos de exploraci�n y el estimativo de la inversi�n econ�mica resultante de la aplicaci�n de tales t�rminos y gu�as.

Adem�s indica el art�culo 27154 de la Ley 685 de 2001 que se acompa�ar� un plano con las especificaciones previstas en los art�culos 66 y 67 de la Ley 685 de 2001. Tambi�n ordena expresamente que la propuesta deber� consolidarse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente55.

14.6. La propuesta del contrato de concesi�n podr� corregirse o adicionarse por una sola vez por la autoridad minera cuando: i) no pueda identificarse al proponente; ii) no se pueda localizar el �rea o trayecto pedido; iii) no se ajuste a los t�rminos de referencia o gu�as o no se acompa�a de los permisos previos en los casos se�alados en el art�culo 34 de la Ley 685 de 200156; y iv) cuando el �rea o trayecto est�n ubicados en los lugares o zonas que requieran de permisos57.

14.7. El art�culo 274 del C�digo de Minas58, por su parte, establece taxativamente las causales de rechazo de la propuesta de concesi�n, a saber: i) si el �rea pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas se�aladas en el de dicho c�digo; ii) si no se hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; iii) si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores; iv) si no cumple con los requisitos de la propuesta; o si al requerirse para subsanar las deficiencias, v) no se atiende tal requerimiento. Dispone tambi�n la norma que �en caso de hallarse ubicada parcialmente, podr� admitirse por el �rea restante si as� lo acepta el proponente� (sic).

15.1. Pretenden los demandantes la nulidad del art�culo 2� del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013, expedido por el gobierno nacional; y de los art�culos 6 y 7 de las Resoluciones 391 del 11 de junio de 2013 y 299 del 27 de septiembre de 2012 expedidas por el Presidente de la Agencia Nacional Minera. Argumentan los actores que por esta v�a el gobierno nacional excedi� su potestad reglamentaria y desconoci� disposiciones de la Ley 685 de 2001 recogidas en los art�culos 2, 4, 6, 29, 84, 113, 122, 150, 189.11, 209 de la Constituci�n Pol�tica y los art�culos 4, 271 y 2 de la Ley 685 de 2001 y el art�culo 12 de la Ley 153 de 1887.

15.2. Apoyan la petici�n nulidad, en s�ntesis, en que el primero de los preceptos reglamentarios demandados al precisar que la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de concesi�n, cre� una causal rechazo de la propuesta del contrato de concesi�n.

15.3. Alegaron en este punto que aunque la Ley 1382 de 2010 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-366 de 2011, el legislador no condicion� la propuesta de concesi�n a la entrega de los documentos f�sicos dentro del t�rmino de tres (3) d�as h�biles siguientes a la radicaci�n de la propuesta v�a web, seg�n los t�rminos consignados en el art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la Resoluci�n 391 del 11 de junio de 2013, y solo limit� el rechazo al incumplimiento de aspectos puntuales.

15.4. En cuanto a estas disposiciones -art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la Resoluci�n 391 de 2013-, los demandantes consideran que deben seguir la misma suerte del art�culo 2� del Decreto 935 de 2013, pues censuran que por esta v�a se establezca no solo una causal adicional de rechazo de las propuestas de contrato de concesi�n que no se encuentran previstas en el art�culo 274 de la citada legislaci�n sino tambi�n condiciones de car�cter temporal como lo es la creaci�n de t�rminos preclusivos.

15.5. El extremo pasivo de la pretensi�n propone, en defensa de las disposiciones demandadas, que los art�culos se ajustan al ejercicio de la potestad reglamentaria; y afirm� que �los documentos de soporte de la propuesta a los que hacen referencia tanto el Decreto 935 de 2013, como las resoluciones 299 de 2012 y 391 de 2013 son inescindibles de la propuesta como tal y se erigen como verdaderos requisitos de la propuesta� (fls. 43 y s, c.1). Advirti� que �al no ser presentada la propuesta personalmente, sino a trav�s de medios electr�nicos, por condiciones t�cnicas no [era] posible subir al sistema todos los documentos�, y en consecuencia, �deb�an posteriormente ser entregados materialmente en las oficinas�. Enfatiz� que una �interpretaci�n en contrario llevar�a al absurdo de considerar que el proponente podr�a mantener suspendido el tr�mite de solicitud de un contrato de concesi�n minera, bloqueando un �rea del territorio nacional en la medida que sobre ella no se podr�an solicitar otros contratos de concesi�n (�) hasta que a bien tenga el peticionario presentar los documentos con los cuales se puede llevar a cabo la evaluaci�n de la solicitud� (fls. 43, c.1).

15.6. Visto lo anterior, que en s�ntesis contiene la identificaci�n de la problem�tica jur�dica que entra�a el sub judice, esta Sala debe estudiar si los contenidos reglamentarios demandados incurrieron en falta de competencia y violaci�n a la ley.

16. El juicio de legalidad respecto del art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013

16.1. En relaci�n con la falta de competencia, la Sala considera que el Decreto 0935 de 2013 fue expedido por el gobierno nacional en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, con el fin de reglamentar los art�culos 271, 273 y 274 de la Ley 685 de 2001. Para efectos metodol�gicos, se contrasta la disposici�n demandada con los art�culos que desarolla y que est�n contenidos en dicha ley:

16.2. V�ase c�mo el decreto demandado desarrolla el enunciado del art�culo 274 de la Ley 685 de 2001, esto es, entender que habr� lugar al rechazo de plano �si no cumple con los requisitos de la propuesta�, los cuales est�n enlistados en el art�culo 271 y su reglamento, incluyendo los documentos que soporten la propuesta del contrato de concesi�n requeridos para la evaluaci�n.

16.3. As� las cosas, se observa que, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 271, literal e), se establece la obligaci�n de allegar el concepto o autorizaci�n de la autoridad competente en el caso de zonas de miner�a restringida, en los t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 35 de la misma ley59. O el literal g) exige el acompa�amiento de un plano que debe cumplir las exigencias de los art�culos 6660 y 6761, disposiciones que exigen a su vez la identificaci�n y el �rea del contrato y las especificaciones de orden t�cnico minero que deban atenderse en la elaboraci�n de documentos, planos, croquis, reportes relacionados con la determinaci�n y localizaci�n del �rea objeto de la propuesta del contrato de concesi�n, as� como los documentos e informes t�cnicos que se deban rendir.

16.4. En consecuencia, la Sala constata que la Ley 685 de 2001 establece dentro de sus requisitos la presentaci�n de una documentaci�n indispensable, detallada y minuciosa que le ofrece soporte t�cnico a la propuesta. En efecto, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 274, una de las causales de rechazo de la propuesta es precisamente no cumplir con esos requisitos o si, en el evento de requerirse al solicitante, no atender dicho requerimiento.

16.5. Sin duda el decreto demandado desarrolla el contenido legal del art�culo 274 de la Ley 685 de 2001, con la finalidad de hacerlo m�s operativo, �gil, instrumental y ejecutivo. En el sub judice no se observa que el gobierno nacional hubiese traspasado la competencia, pues no fue m�s all� de lo que le estaba permitido y no cre� ninguna causal que no tuviera respaldo en una en disposici�n legal; por el contrario, se observa que la norma demandada, teniendo como fundamento el C�digo de Minas, hizo claridad en la documentaci�n enlistada por la Ley que deb�a ser aportada por el usuario en la apertura del procedimiento administrativo minero v�a internet y no agreg� o mencion� documentos que puedan entenderse como adicionales a los previstos en el art�culo 271 y que se consideren como requisitos de la propuesta.

16.6. No obstante, el problema de la configuraci�n del vicio por incompetencia surge en cuanto a la frase contenida en el art�culo 2� del Decreto 935 de 2013: �t�rmino fijado para remitirlos�. Al tenor de lo precisado ad supra se concluy� que la competencia para crear, modificar o suprimir los t�rminos en los procedimientos administrativos corresponde al legislador y no a la autoridad administrativa. Esta postura es consonante con lo afirmado por la Corte Constitucional cuando dijo que "(i) el Legislador posee una facultad de configuraci�n de procedimientos administrativos de especial amplitud; (ii) dentro de esa potestad se incluye el dise�o de los procedimientos, sus etapas, recursos y t�rminos, entre otros aspectos; (iii) la regulaci�n de esos procedimientos no puede desconocer los m�nimos expresamente establecidos en la Constituci�n (art�culo 29 y 228) y la jurisprudencia constitucional; (iv) adem�s de esos m�nimos, la regulaci�n legislativa debe respetar los principios superiores de la Constituci�n, aspecto que (iv) corresponde verificar a este Tribunal, cuando as� lo requiera fundadamente un ciudadano, y bajo los lineamientos de los principios de razonabilidad y proporcionalidad"62 �se destaca�.

16.7. De conformidad con lo anterior, no es posible que mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria se creen, modifiquen o supriman etapas o t�rminos del procedimiento administrativo, pues este �ltimo establece las relaciones con antelaci�n entre el usuario y la administraci�n. Desde esta �ptica, dicho procedimiento organiza un conjunto de actuaciones administrativas con etapas, fases y t�rminos, las cuales deben ser observadas puntualmente en la medida que est�n orientadas a la producci�n de una decisi�n por parte de quien ejerce funciones administrativas. Por tanto, la fase de etapas y t�rminos en el procedimiento administrativo deben ser fijados democr�ticamente en espacios deliberativos y representativos, y no pueden ser sustraidos arbitraria y unilateralmente por la administraci�n, so pena de sorprender a los ciudadanos y desconocer el debido proceso.

16.8. Ahora, si se constata que frente a los t�rminos en una actuaci�n administrativa existe un silencio legislativo a la vista de que el C�digo de Minas no fij� l�mites temporales para allegar los documentos de las peticiones hechas por internet, no es posible de all� inferir que la potestad reglamentaria opera como un instrumento que llena las lagunas del principio democr�tico en escenarios en los que en una ordenaci�n normativa falta una regulaci�n legal, m�xime cuando la potestad reglamentaria del art�culo 189.11 constitucional es secundum legem, es decir, la norma reglamentaria adquiere el car�cter de tal, y, por consiguiente, su fuerza vinculante, por la expresa autorizaci�n de ley. Adem�s, dicha norma debe observar, tal como se mencion� anteriormente, los criterios de competencia �prohibici�n de rebasar los par�metros autorizados por ley� y de necesidad �prohibici�n de ejercer la potestad reglamentaria cuando existe agotamiento del objeto�.

16.9. En el caso en estudio, la violaci�n del principio de competencia, esto es, el desbordamiento de la potestad reglamentaria, est� probado, habida cuenta de que la dispocici�n del decreto demandado sustituy� al legislador al crear por una vis reglamentaria, la cual no se sustenta en el C�digo de Minas, una fase de t�rminos para la radicaciones por internet que no exist�a y cuyos elementos espec�ficos fueron desarrollados detalladamente por las resoluciones demandadas.

16.10. Para la Sala es claro que un vicio de competencia no se produce por introducir aspectos operativos, instrumentales o de ejecuci�n de la ley. Ese desbordamiento tiene ocurrencia cuando la sustituci�n tiene tal incidencia que la reserva legal resulta suplantada por una autoridad administrativa. Al ser este asunto -el de fijar t�rminos- una cuesti�n que guarda una relaci�n inescindible con la regulaci�n del sector minero y por tratarse de fases del procedimiento que restringen o afectan las condiciones en que se ejerce un derecho fundamental como lo es la iniciativa privada, no cabe duda de que la fijaci�n de t�rminos a una actuaci�n administrativa corresponde de manera exclusiva y excluyente al legislador, seg�n el numeral 2� del art�culo 150 y el art�culo 360 constitucional arriba mencionados.

16.11. As� las cosas, el gobierno nacional incurri� en un exceso de la potestad reglamentaria, por violar el �mbito de su competencia, en la medida que desconoci� los linderos que le hab�an sido fijados por la Ley, pues reemplaz� al legislador al introducir v�a reglamento una regulaci�n sobre la etapa de t�rminos para allegar la documentaci�n f�sica, sin tener sustento en ninguna disposici�n legal. En efecto, el C�digo de Minas no abord� el asunto referente al t�rmino de manera expresa, raz�n por la cual la inclusi�n y el alcance de la palabra �t�rmino� es una cuesti�n que debe ser definida exclusivamente el legislador.

16.12. Como el vicio de competencia se puede configurar cuando la administraci�n ejerce facultades de las que no est� revestida y como en esta causa se evidencia que el art�culo 2� del Decreto 935 de 2013, en el aparte �en el t�rmino fijado para remitirlos�, contravino las disposiciones superiores y puntualmente los l�mites constitucionales a los que est� sujeta la potestad reglamentaria al haber llenado un vac�o, se debe declarar la nulidad del aparte del art�culo demandado y as� se dispondr� en la parte resolutiva de este fallo.

16.13. Lo anterior conduce a que el juez de la legalidad, consciente de esta realidad y por cuanto el legislador no ha dispuesto cosa diferente hasta el momento, el art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013 refleja un exceso de la potestad reglamentaria, por lo que en los eventos de radicaci�n del expediente minero por internet se deber� aplicar el procedimiento subsidiario previsto en el CPACA.

16.14. A la luz de este procedimiento subsidiario, el art�culo 17 precisa que si la petici�n est� incompleta, la administraci�n tiene la obligaci�n de requerir al peticionario dentro de los diez (10) d�as siguientes a la fecha de radicaci�n para que complete los requisitos o documentos faltantes en el t�rmino m�ximo de un (1) mes.

17. El juicio de legalidad respecto del art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la Resoluci�n 391 del 11 de junio de 2013 17.1. El art�culo 271 de la Ley 685 de 2001 establece los requisitos que debe satisfacer la propuesta que debe ser presentada por el interesado; el art�culo 274 de la misma disposici�n introduce una consecuencia cuando se incurra en un incumplimiento de dichos requisitios, esto es, la configuraci�n de las causales de rechazo de la propuesta del contrato, comprendiendo como una de tales causales �si no se cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento�; y el Decreto 0935 de 2013 que "la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos (...) en el t�rmino fijado para remitirlos, dar� lugar al rechazo de plano de la propuesta".

17.2. En esos t�rminos, se observa que la finalidad del art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012 y 6� de la 391 de 2013 consisti� en reglamentar el Decreto 1829 del 31 de agosto de 2012 -encargado de desarrollar el art. 270 de la Ley 685 de 2001-, que hab�a dispuesto que la ANM se�alar� �un t�rmino para que el interesado anexe los documentos que soportan la propuesta de contrato de concesi�n�.

17.3. Para tal efecto, i) la primera disposici�n dispuso que "los documentos que soportan las propuestas de Contrato de Concesi�n y las autorizaciones Temporales presentadas por Internet, deber�n radicarse ante la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n v�a web. El env�o de la documentaci�n soporte de la solicitud puede hacerse por correo certificado o por mensajer�a especializada dentro del t�rmino establecido anteriormente, sin embargo dichos documentos deber�n ser recepcionados y radicados por la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles que trata el inciso anterior"; ii) la segunda disposici�n previ� "para verificar el cumplimiento del t�rmino para presentar la informaci�n de soporte de la propuesta, se tendr� en cuenta la fecha de radicaci�n ante la Agencia Nacional de Miner�a (ANM), o la fecha de env�o por correo certificado a la misma. Si dentro de los tres (3) d�as siguientes a la radicaci�n de la propuesta, no se presenta la documentaci�n soporte, seg�n lo establecido en el procedimiento de la Resoluci�n n�mero 0299 de 2012, se aplicar� la causal de rechazo establecida expresamente en el art�culo 2� del Decreto n�mero 0935 de 2013".

17.4. De esta manera, la contradicci�n que surge entre los art�culos 271 y 274 de la Ley 685 de 2001 y las resoluciones se centra en la discrepancia de las exigencias establecidas en cada una de tales disposiciones respecto a los t�rminos, pues mientras el art�culo 271 y 274 precisa que es causal de rechazo la omisi�n en el �cumplimiento de los requisitos de la propuesta�, las resoluciones, remitiendo al Decreto 0935 de 2013, fijan adicionalmente un t�rmino perentorio de tres (3) d�as para que se configure dicha causal.

17.5. Esta tensi�n normativa no es inane sino sustancial, pues mientras el legislador previ� que la omisi�n en el cumplimiento de los requisitos de la propuesta configurar�a la causal de rechazo, para lo cual la administraci�n deber�a requerir al ciudadano para que, teniendo en cuenta obst�culos de orden geogr�fico o econ�mico etc, allegue los documentos; las disposiciones demandadas introducen un t�rmino exig�o de tres (3) d�as para que el solicitante remita toda la documentaci�n a fin de seguir con el tr�mite administrativo. Mientras el primero se centra en decir que es una causal de rechazo no allegar los documentos, el segundo fija los t�rminos de confirmidad en que se producira dicha causal.

17.6. Ahora, en un n�mero no despreciable de casos, las propuestas de contratos de concesi�n minera provienen de ciudadanos ubicados en lugares apartados de los grandes centros urbanos del pa�s. Lo anterior ha forzado a que el peque�o minero inicie el tr�mite v�a internet y qued� en muchos casos sometido a la imposibilidad f�ctica y t�cnica de remitir perentoriamente dentro de un t�rmino tan corto la documentaci�n requerida, so pena de que la administraci�n aplique inexorablemente la causal de rechazo, con lo que tambi�n se afectar�an otras garant�as fundamentales de este segmento de ciudadanos.

17.7. Este t�rmino tan corto previsto en el procedimiento administrativo minero atenta tambi�n contra el esp�ritu de la acciones afirmativas que, como es sabido, se refiere a todas aquellas medidas a trav�s de las cuales se establece un trato favorable que beneficia a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados �como lo puede ser el minero artesanal� con el �nico prop�sito garantizar una igualdad sustancial de todas las personas jur�dicas y naturales que se dedican a esa actividad.

17.8. Como se dijo anteriormente en relaci�n con las peticiones incompletas, es un deber que se impone a la administraci�n y no al ciudadano indicar al momento de la recepci�n cu�les son los documentos faltantes, situaci�n distinta que aqu� regulan las resoluciones demandadas: se traslada la carga a los ciudadanos que radicaron la petici�n por internet de enviar en f�sico los documentos de la propuesta en un lapso exiguo, lo que frente a unos requisitos tan complejos y minuciosos no significa alternativa distinta que desistir y aplicar inequivocamente causal de rechazo, con lo que se configura una condici�n que obstaculiza el ejercicio de los derechos y libertades particularmente de los peque�os mineros sin que se advierta la justificaci�n para establecer un plazo tan breve.

17.9. Por lo anterior, se hace preciso advertir una incompatibilidad entre el art�culo 274 de la Ley 685 de 2001 y los art�culos de las resoluciones demandadas, pues mientras que el art�culo 274 enlista taxativamente como causales de rechazo de la solicitud i) si el �rea pedida en su totalidad se hallare ubicada en una zona excluible de miner�a, ii) si no hubiere obtenido las autorizaciones conceptos que la norma exige, iii) si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores, iv) si no cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento; la fijaci�n de t�rminos incluidos en las resoluciones demandadas, como se ha reiterado, hace referencia a la aplicaci�n de la causal de rechazo cuando el solicitante no allega dentro de los tres (3) d�as siguientes despues de la radicaci�n por internet la documentaci�n necesaria, cuesti�n que no est� prevista en la norma que se pretende reglamentar.

17.10. La Sala considera que se incurri� en un vicio de competencia y transgresi�n a la ley, ya que quedaron demostrados los siguientes hechos: i) que el art�culo 2� del Decreto 0935 de 2013 introdujo en el ordenamiento jur�dico un elemento esencial del procedimiento administrativo minero como lo es que el que la administraci�n fij� el t�rmino para que opere la causal de rechazo por la omisi�n en la presentaci�n de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 271 y su reglamento; ii) que los art�culos de las resoluciones demandadas introdujeron el t�rmino de tres (3) d�as para que el proponente allegue los documentos soporte de la propuesta de contrato de concesi�n radicado v�a web, y pese a que las entidades demandadas pretenden explicar la inclusi�n de dicho termino con la causal por omisi�n de los requisitos de la propuesta consignados en el art�culo 274 de la Ley 685 de 2001, lo cierto es que con una simple confrontaci�n textual de una y otra norma se aprecia que se supli� al legislador en una de las fases m�s importantes del procedimiento administrativo como lo es la fijaci�n t�rminos, raz�n por la cual no puede concluirse que el reglamento desarroll� la ley, sino que la supli�; iii) que seg�n los art�culos 84 y 150.2 y 360 constitucionales y 4� de la Ley 685 de 2001, se configur� reserva de ley para regular procedimientos administrativos y los requisitos o condiciones para el ejercicio de actividades de miner�a, prohibi�ndose que se exija cargas, permisos, documentos o requisitos adicionales no contemplados por el legislador para adelantar tr�mites administrativos en el �mbito minero; iv) que el gobierno nacional y la ANM excedieron su potestad reglamentaria y transgredieron la ley al introducir dentro del procedimiento administrativo minero un t�rmino para que opere una causal de rechazo cuando las propuestas son radicadas v�a internet, lo que constituye un contenido material de reserva de ley.

17.11. Como el vicio de falta de competencia y violaci�n a la ley se configura cuando la administraci�n ejerce competencias de las que no est� revestida y como en esta causa se evidenci� que el art�culo 2� del Decreto 935 de 2013 y las Resoluciones 299 de 2012 y 391 de 2013, transgredieron las disposiciones superiores y puntualmente los l�mites constitucionales a los que est� sujeta la potestad reglamentaria, se abre paso a la nulidad de estas disposiciones, en lo concerniente a los t�rminos, y as� se declarar� en la parte resolutiva de este fallo.

18.1. En el sub judice se demostr� que si bien no se agreg� una nueva causal de rechazo de las propuestas de contratos de concesi�n minera, s� invadi� contenidos normativos exclusivos de la reserva legal. El gobierno nacional y la ANM desbordaron su competencia reglamentaria habida cuenta de que establecieron un t�rmino para la presentaci�n f�sica de los documentos que soportaban las propuestas de contratos de concesi�n minera v�a internet, regulaci�n que pertenece al �mbito de la ley por ser �sta la �nica autoridad investida para crear, modificar o suprimir los t�rminos del procedimiento administrativo.

18.2. Como el ordenamiento jur�dico no estableci� competencia en favor del gobierno nacional ni de la ANM para fijar contenidos normativos como lo es la fijaci�n de t�rminos propios del legislador y habi�ndose demostrado que en este asunto se incurri� en un exceso de potestad reglamentaria qued� estructurado el cargo de incompetencia y violaci�n de la ley, y por ende su nulidad.

18.3. Estas razones son las que llevan a la Sala a declarar la nulidad: (i) del aparte �en el t�rmino fijado para remitirlos� del art�culo 2� del Decreto 935 de 2013; (ii) las expresiones �dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n v�a web�; �dentro del t�rmino establecido anteriormente, sin embargo dichos documentos deber�n ser recepcionados y radicados por la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles que trata el inciso anterior� del art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012; (iii) y la totalidad del art�culo 6� de la Resoluci�n 391 de 2013.

18.4. Finalmente, se dispondr� que la declaratoria de nulidad se har� sin perjuicio de las situaciones individuales y concretas de car�cter definitivo que se hayan producido y consolidado en vigencia de los art�culos que se declaran nulos.

En m�rito de lo expuesto, la Subsecci�n B de la Secci�n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los apartes: (i) �en el t�rmino fijado para remitirlos� del art�culo 2� del Decreto 935 de 2013; (ii) �dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n v�a web�; �dentro del t�rmino establecido anteriormente, sin embargo dichos documentos deber�n ser recepcionados y radicados por la autoridad minera dentro de los tres (3) d�as h�biles que trata el inciso anterior� del art�culo 7� de la Resoluci�n 299 de 2012; y (iii) y la totalidad del art�culo 6� de la Resoluci�n 391 de 2013, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que los efectos de la declaratoria de nulidad parcial del art�culo 2� del Decreto 935 de 9 de mayo de 2013 tambi�n se predican para el mismo aparte recogido en el art�culo 2.2.5.1.3.4.1.2 del Decreto 1073 de 2015 por cuando este no es m�s que una transcripci�n de aquel.

TERCERO: DECLARAR que la nulidad as� declarada se hace sin perjuicio de las situaciones individuales y concretas de car�cter definitivo que se hayan producido y consolidado en vigencia de los art�culos que se declaran nulos.

CUARTO: COMUNICAR esta decisi�n a la comunidad en general por la p�gina web de esta Corporaci�n y por los dem�s medios electr�nicos de que disponga.

QUINTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez en firme esta providencia.

1 Decreto publicado en el Diario Oficial n.� 48785 de 9 de mayo de 2013, p�g. 15. A�o CXLIX.

2 A folio 12 del cuaderno principal se registr� que el Secretario de la Secci�n Primera del Consejo de Estado remiti� la demanda por competencia a la Secci�n Tercera.
3 Decreto publicado en el Diario Oficial n.� 48785 de 9 de mayo de 2013, p�g. 15. A�o CXLIX.
4 Resoluci�n publicada en el Diario Oficial n.� 48566 del 2 de mayo de 2012. "Medidas para la Presentacion de Propuestas de Contrato de Concesion, Autorizaciones de Legalizacion de Mineria a traves de medios electronicos".
5 Resoluci�n publicada en el Diario Oficial n.� 48821 del 14 de Junio de 2013. "Se establecen lineamientos para la utilizaci�n del sistemaVigente de radicaci�n de propuestas de contrato de concesi�n".

6 Por auto del 25 de septiembre de 2015, el Despacho verific� que la notificaci�n electr�nica a la parte demandada no se realiz� en debida forma, por cuanto en la constancia de recibo de correo que obra a folio 21 solo figur� el auto admisorio de la demanda y no el auto de traslado de la medida cautelar, el cual deb�a ser tambi�n notificado simult�neamente con la providencia que la admiti�, seg�n lo previsto en el art�culo 233 del CPACA. Adem�s se constat� que en la constancia de notificaci�n allegada por la Secretar�a no fue posible verificar el env�o de la copia de la providencia y de la demanda, tal como lo dispone art�culo 199 de la Ley 1437 de 2011. En ese orden, el Despacho orden� que se realizara nuevamente la notificaci�n personal de la providencia del 14 de febrero de 2014 por medio de la cual se admiti� la demanda y se corri� traslado de la medida cautelar a la parte demandada, por cuanto no se realiz� en legal forma y, adem�s, no se cumpli� con el objeto de su contenido (fls. 23 y 24, c.p).

9 Art�culo 4�. �Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 273, las deficiencias en el diligenciamiento de la propuesta podr�n referirse a: a) No puede identificarse al proponente. Se configura cuando no se proveen la totalidad de los datos necesarios: nombre y documento de identidad para las personas naturales o n�mero de identificaci�n tributaria (NIT) y certificado de existencia y representaci�n legal para las personas jur�dicas. b) No se puede localizar el �rea o trayecto pedido. Se configura cuando se presenta error en la descripci�n del �rea de inter�s por omisiones o discrepancias en las coordenadas que describen el pol�gono, no se cuenta con la base topogr�fica respectiva, el n�mero de hect�reas es incorrecta o el plano no permite identificar el �rea de inter�s. Tambi�n cuando hay error en el se�alamiento del municipio, o el departamento de ubicaci�n del �rea o trayecto solicitado. c) No se ajusta a los t�rminos de referencia o gu�as. Se configura cuando el interesado no sigue los lineamientos de los t�rminos de referencia para elaborar su propuesta y no provee la informaci�n necesaria para evaluar el contenido econ�mico y t�cnico de la misma, o cuando en dicha informaci�n no se justifica adecuadamente su proyecto exploratorio y el seguimiento de las gu�as minero-ambientales. Igualmente, cuando esta informaci�n no ha sido refrendada por el profesional se�alado en el art�culo 270 de la Ley 685 de 2001, adicionado por el art�culo 1� de la Ley 926 de 2004. d) No se acompa�a de los permisos previos en los casos se�alados en el art�culo 35 y el �rea se encuentra en dichas zonas. Este evento se da cuando se requieren permisos en las �reas ocupadas por una obra p�blica o adscritas a un servicio p�blico�.
10 Art�culo 12. �Las �rdenes y dem�s actos ejecutivos del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y ser�n aplicados mientras no sean contrarios a la Constituci�n, a las leyes ni a la doctrina legal m�s probable�. El texto en cursiva fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-037 de 2000, bajo el entendido que no vincula al juez cuando falla de conformidad con los principios superiores que emanan de la Constituci�n y que no puede desconocer la doctrina constitucional integradora, en los t�rminos de la sentencia. El texto subrayado fue declarado inexequible en el mismo pronunciamiento.

11 Raz�n por la cual resulta aplicable la Ley 1437 de 2011, toda vez que entr� a regir el 2 de julio de 2012, ��para los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, as� como las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia�, tal como lo dispone el art�culo 308 de la referida ley.

12 La Corte Constitucional en la sentencia C-049 de 2012 precis� que los art�culos integrantes de decretos compiladores habr�n de acusarse ante la Corte Constitucional cuando la pretensi�n se origine en una posible discrepancia entre el contenido de los art�culos y el de una disposici�n constitucional, mientras que la demanda contra las mismas disposiciones habr� de instaurarse ante el Consejo de Estado cuando se trata de objetar -en forma global o individualizada- la labor de compilaci�n de disposiciones reglamentarias.

13 Para estos efectos V. S�NCHEZ P�REZ, Alexander, "La reversi�n de la potestad reglamentaria en el ordenamiento urban�stico de los municipios en Colombia", Universidad Externado de Colombia, Bogot�, 2020, en publicaci�n.
14 La doctrina de la �poca era un�nime en afirmar que durante la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1886 la potestad reglamentaria era de naturaleza concentrada, pues la misma estaba plenamente en cabeza del presidente de la Rep�blica. Cfr. CASTRO MART�NEZ, Jos� Joaqu�n, Tratado de derecho administrativo. Organizaci�n administrativa y teor�a general del servicio p�blico, 2�. ed., Librer�a Siglo XX, Bogot�, 1950, p.63. Aunque, Sarria matiza esta postura y precisa que otras autoridades distintas al presidente tambi�n pod�an expedir actos administrativos de car�cter general: �los Ministros de despacho, los jefes de departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes, expiden (�) resoluciones (�) La ordenanza departamental se subordina al decreto reglamentario, al decreto simplemente ejecutivo, al decreto ley, al decreto legislativo y a la ley. El acuerdo municipal se subordina a la ordenanza departamental, al decreto reglamentario, al decreto simplemente ejecutivo, al decreto legislativo, al decreto ley y a la ley�. SARRIA, Eustorgio, Tratado de derecho administrativo, Cr�tica Jur�dica, Bogot�, 1948, p. 42 y ss.
15 �Podr�a afirmarse que a partir de la Carta de 1991, se reconoce en forma expresa (o necesaria para el ejercicio de su funci�n), la potestad reglamentaria de diversos �rganos constitucionales, como garant�a de su autonom�a y en materias indisponibles para otra clase de normas. Se trata de un sistema polic�ntrico del ejercicio de la potestad reglamentaria, y sin detrimento de la competencia gen�rica y residual atribuida al Presidente de la Rep�blica� Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00 (2291).
16 En efecto, la Corte Constitucional manifest� en la sentencia C-805 de 2001 que la potestad reglamentaria se concreta en la expedici�n de las normas de car�cter general que sean necesarias para la cumplida ejecuci�n de la ley, y est� atribuida, en principio, al Presidente de la Rep�blica. A su vez, en la sentencia C-384 de 2003, la Corte Constitucional puso de presente que �excepcionalmente, y por disposici�n constitucional, existe un sistema de reglamentaci�n especial respecto de ciertas materias y para determinados �rganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica. Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, del Consejo Nacional Electoral y de la Contralor�a General de la Rep�blica�.

17 Corte Constitucional, sentencia C-810 de 2014. Esta sentencia estudi� la demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 3� parcial, numerales 2�, 3� y 4� del Decreto Ley 4144 de 2011, modificatorio del art�culo 47 de la Ley 643 de 2003.
18 En el ordenamiento jur�dico colombiano, la potestad reglamentaria no distingue entre decretos, actos administrativos generales, resoluciones y reglamentos, y aunque los tres primeros se consideran la materializaci�n del poder reglamentario, mientras que a los reglamentos se los relaciona como manifestaciones de la organizaci�n del servicio p�blico, su distinci�n, en la pr�ctica, no es muy clara; pero, es posible afirmar que los decretos, actos administrativos generales y resoluciones son disposiciones administrativas generales y abstractas cuyos efectos son ad extra, mientras que los reglamentos tienen un efecto de auto organizaci�n ad intra.
19 Es menester se�alar que desde 1976 y 1981, el Consejo de Estado acept� que autoridades estatales diferentes al presidente de la Rep�blica pod�an dictar reglamentos en virtud de remisiones contenidas en la ley, sin perjuicio de que �solo deben contener preceptos o reglas sobre aspectos t�cnicos y los administrativos relacionados con el funcionamiento interno de las dependencias administrativas tendentes a lograr la coordinaci�n necesaria de las acciones de los distintos funcionarios y la regularidad, continuidad y eficacia en la prestaci�n de los servicios que se les haya encomendado�. Consejo de Estado, Secci�n Primera, sentencia del 8 de abril de 1976, rad. 2279, M.P. Carlos Galindo Pinilla; sentencia del 6 de febrero de 1981, rad. 3175, M.P. Jacobo P�rez Escobar.
20 �[A]unque el Presidente de la Rep�blica tiene la competencia general para reglamentar la ley, la Constituci�n o el legislador pueden otorgar de forma expresa a otras autoridades administrativas una potestad similar para materias especiales o particulares, tal como ocurre en el caso de las comisiones de regulaci�n de servicios p�blicos. Con todo, la facultad de estas comisiones no es absoluta, pues se encuentran limitadas por el contenido de la ley habilitante�. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00 (2291).
A nivel de la Corte Constitucional: ver. sentencia C-350 de 1997, M.P. Fabio Mor�n D�az: �En algunas ocasiones, y as� lo entendi� el Constituyente, es necesario extender esa potestad a autoridades y organismos administrativos diferentes al ejecutivo, a los cuales es posible atribuirla inclusive por v�a legal, pues s�lo as� es posible garantizar la efectividad de la norma jur�dica que produce el legislador�.
21 �Son aquellas disposiciones de car�cter general, impersonal y abstracto expedidas por una pluralidad de autoridades a las cuales les ha sido asignada una competencia normativa directamente por la Constituci�n y sin sujeci�n a la ley, se caracterizan, en consecuencia, por constituir un desarrollo directo de la Constituci�n, por manera que, en el sistema de fuentes del Derecho, ostentan una jerarqu�a igual a la de la ley, m�s all� de que su contenido es materialmente legislativo, aunque, claro est�, �nicamente se pueden desarrollar por esta v�a las facultades constitucionalmente atribuidas al organismo en cuesti�n de manera expresa, sin que el reglamento constitucional aut�nomo pueda invadir la �rbita competencial correspondiente al Legislador�. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, rad. 16230, M.P. Mauricio Fajardo G�mez.
22 El principio de competencia "o de distribuci�n de materias, que opera como regla complementaria del principio de la jerarqu�a normativa, implica la atribuci�n a un �rgano o ente concreto de la potestad de regular determinadas materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusi�n de los dem�s". PARADA, Ram�n, Concepto y fuentes del derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 34. �[El] principio de jerarqu�a normativa se ve modulada por la dimensi�n horizontal del principio de competencia, especialmente en dos situaciones: en primer lugar, cuando las normas atribuyen espec�ficamente a un �rgano concreto la potestad de dictar determinadas reglas o de regular determinadas materias con la exclusi�n de las dem�s; en segundo lugar, cuando la norma superior establece dentro del sistema normativo general, subsistemas correspondientes a entes p�blicos espec�ficos, como sucede con las autoridades territoriales por parte de la Constituci�n, o de las comisiones de regulaci�n por parte de la ley, eventos en los cuales, a pesar de su inferior jerarqu�a, no pueden ser interferidas, modificadas o derogadas, sino por las propias normas del subsistema� Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00 (2291), M.P. Edgar Gonz�lez L�pez.
23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291), M.P. Edgar Gonz�lez L�pez.

desarrollar por esta v�a las facultades constitucionalmente atribuidas al organismo en cuesti�n de manera expresa, sin que el reglamento constitucional aut�nomo pueda invadir la �rbita competencial correspondiente al Legislador�. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, rad. 16230, M.P. Mauricio Fajardo G�mez.
22 El principio de competencia "o de distribuci�n de materias, que opera como regla complementaria del principio de la jerarqu�a normativa, implica la atribuci�n a un �rgano o ente concreto de la potestad de regular determinadas materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusi�n de los dem�s". PARADA, Ram�n, Concepto y fuentes del derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 34. �[El] principio de jerarqu�a normativa se ve modulada por la dimensi�n horizontal del principio de competencia, especialmente en dos situaciones: en primer lugar, cuando las normas atribuyen espec�ficamente a un �rgano concreto la potestad de dictar determinadas reglas o de regular determinadas materias con la exclusi�n de las dem�s; en segundo lugar, cuando la norma superior establece dentro del sistema normativo general, subsistemas correspondientes a entes p�blicos espec�ficos, como sucede con las autoridades territoriales por parte de la Constituci�n, o de las comisiones de regulaci�n por parte de la ley, eventos en los cuales, a pesar de su inferior jerarqu�a, no pueden ser interferidas, modificadas o derogadas, sino por las propias normas del subsistema� Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00 (2291), M.P. Edgar Gonz�lez L�pez.
23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 se septiembre de 2016, rad. 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291), M.P. Edgar Gonz�lez L�pez.

26 �La potestad reglamentaria que contempla el numeral 11� del art�culo 189 de la Carta Pol�tica habilita al Presidente de la Rep�blica para dictar los decretos, resoluciones y dem�s actos administrativos tendientes a la cumplida realizaci�n de la ley, en el entendido de que tal facultad debe asumirse bajo los precisos lineamientos que emanan del contenido y alcance de la respectiva ley, al propio tiempo que reconociendo c�mo, si bien a trav�s de su labor subsidiaria y concurrente debe el presidente hacer de ella una regla m�s cercana y actuante en t�rminos de singularidad, ning�n mandato superior lo autoriza para entrar a interpretarla con autoridad�. Consejo de Estado, Secci�n Segunda, sentencia del 26 de agosto de 1999, rad. 0133 (1714), M.P. Carlo Orjuela G�ngora.
27 �De lo expuesto pueden inferirse los dos l�mites que enmarcan la potestad reglamentaria: de un lado, se encuentra un criterio de competencia y, del otro, un criterio de necesidad. El primero se refiere al alcance de la atribuci�n que se entrega al ejecutivo, de manera que le est� prohibido, so pretexto de reglamentar la ley, adicionar nuevas disposiciones, por lo que debe entonces, para asegurar la legalidad de su actuaci�n, limitarse al �mbito material desarrollado por el legislativo�. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, sentencia del 9 de marzo de 2016, rad. 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
28 �[So] pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho, el Presidente de la Rep�blica no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se dispone�. Consejo de Estado, Secci�n Primera, sentencia del 18 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-2013-00018-00. Cfr. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Auto del 2 de febrero de 2005, rad. 28615, M.P. Alier Eduardo Hern�ndez.
29 �[E]l l�mite de la facultad reglamentaria se encuentra en la ley objeto de desarrollo, de modo que el Presidente de la Rep�blica no puede contrariar el sentido de la norma reglamentada�. Consejo de Estado, Secci�n Segunda, sentencia del 1� de agosto de 2013, rad. 11001-03-25-000-2006-00102-00(1700-06), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
30 �No es posible que el reglamento contenga normas que le est�n reservadas al legislador; no pude adicionar la ley, cambiarla, restringirla o recortarla en su esencia o sustancia; tampoco puede deslindar los l�mites de la potestad reglamentaria porque violar�a, adem�s de la ley, la propia constituci�n� Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de julio de 1996, rad. 854, M.P. Roberto Su�rez Franco. "La potestad de reglamentaci�n (...) se halla enmarcada dentro de los precisos l�mites impuestos por las normas que se pretende hacer ejecutables a trav�s del correspondiente decreto reglamentario, lo que significa que, a trav�s del mismo, no puede modificarse la norma legal objeto de reglamentaci�n, para aumentar o restringir su alcance o para variar su contenido, y mucho menos, para contradecirlo o desconocerlo". Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, sentencia del 27 de febrero de 2018, rad. 43.479, M.P. Adriana Mar�a Mar�n.

31 �En consecuencia, en ejercicio de la potestad reglamentaria y de expedici�n de actos administrativos generales no se puede sobrepasar la ley (debe preservarse su naturaleza y elementos), as� como tampoco es posible dictar una regulaci�n que en lugar de facilitar su aplicaci�n (de la ley), la restrinja o impida la realizaci�n de sus fines�. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de abril de 2015, rad. 11001-03-06-000- 2014-00174-00 (2223), M.P. William Zambrano Cetina.
32 �(�) Si el reglamento supera o rebasa el �mbito de aplicaci�n de la ley e incursiona en la �rbita de competencia del Legislador, compromete su validez�. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de junio de 2014, rad. -03-06-000-2013-000193-00(2143), M.P. Germ�n Bula Escobar
33 �si el legislador no define ese presupuesto normativo b�sico estar�a delegando en el Gobierno lo que la Constituci�n ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la existencia previa de un contenido legal por reglamentar�. Corte Constitucional, sentencia C-290 de 1997, M.P. Jorge Arango Mej�a.
34 El principio de competencia se refiere a la "extensi�n de la regulaci�n que el Legislador defiere al Ejecutivo, de manera que le est� prohibido, socapa (sic) de reglamentar la ley, adicionar nuevas disposiciones, por lo que debe entonces, para asegurar la legalidad de su actuaci�n, limitarse al �mbito material desarrollado por el legislativo� Consejo de Estado, Secci�n Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, rad. 36054, M.P. Enrique Gil Botero.
35 �[S]e materializa justamente en la necesidad que en un momento dado existe de detallar el cumplimiento de una ley que se limit� a definir de forma general y abstracta determinada situaci�n jur�dica. Entre m�s general y amplia haya sido la regulaci�n por parte de la ley, m�s necesidad hay de la reglamentaci�n en cuanto que este mecanismo facilitar� la aplicaci�n de la ley al caso concreto. A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos necesarios para aplicar esa situaci�n al caso particular no hay necesidad de reglamentos�. Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n B, sentencia del 29 de octubre de 2012, rad. 39.043, M.P. Danilo Rojas Betancourt.
36 �La potestad otorgada al Ejecutivo encuentra su l�mite en la forma en que el Congreso ejerza su poder de producci�n normativa, de suerte que a m�s detalle legislativo menor competencia ejecutiva para reglamentar y, contrario sensu, a menor ejercicio legislativo mayor amplitud reglamentaria.� Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, sentencia del 9 de marzo de 2016, rad. 2009-00009-00(36312), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
37 �De acuerdo con lo anterior esta la facultad reglamentaria en comento, tiene l�mites derivados de: (�) b) del constituyente el cual por motivos de reserva legal ha dispuesto que determinadas materias sean directamente desarrolladas a trav�s de la funci�n legislativa, garant�a que impide que sea por medio de la potestad reglamentaria que se produzca su regulaci�n�. Consejo de Estado, Secci�n Segunda, sentencia del 12 de marzo de 2015, rad. 2008-00060-00(2174-12), M.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez.
38 La Corte Constitucional ha se�alado: �As� pues, las leyes que tratan sobre actividades o materias objeto de regulaci�n por parte de los �rganos administrativos, deben contener criterios inteligibles que establezcan de manera clara: (i) las finalidades que han de guiar a la administraci�n y los criterios materiales que orientar�n la regulaci�n para alcanzarlas; (ii) las prestaciones o derechos que se busca asegurar por medio de la actividad objeto de regulaci�n; (iii) las reglas a las cuales se sujetar� el �rgano de regulaci�n y que regir�n la actividad regulada; y (iv) las previsiones que impidan que algunas personas sean objeto de tratamientos arbitrarios o de beneficios ileg�timos, y que especifiquen los par�metros de control por parte del juez contencioso administrativo�. Corte Constitucional, sentencia C-377 de 2008, M.P. Clara In�s Vargas, reiterada en la sentencia C-148 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
39 La jurisprudencia constitucional ha se�alado �(...) en materia de derechos fundamentales el �nico �rgano competente para establecer limitaciones es el Congreso de la Rep�blica�. Corte Constitucional, sentencia C-606 de 1992, M.P. Ciro Angarita Bar�n.

40 �La explotaci�n de un recurso natural no renovable causar�, a favor del Estado, una contraprestaci�n econ�mica a t�tulo de regal�a, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensaci�n que se pacte. La ley determinar� las condiciones para la explotaci�n de los recursos naturales no renovables�. 41 Ley 685 de 2001. Art�culo 4�. Regulaci�n general. �Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que se�ala expresamente este C�digo para la presentaci�n, el tr�mite y resoluci�n de los negocios mineros en su tr�mite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, ser�n los �nicos exigibles a los interesados. Igual principio se aplicar� en relaci�n con los t�rminos y condiciones establecidas en este C�digo para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales y de las correspondientes servidumbres. De conformidad con el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica, ninguna autoridad podr� establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedici�n, perfeccionamiento y ejercicio del t�tulo minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental�.

42 Corte Constitucional, sentencia C-252 de 1994. En el mismo sentido v�ase C-510 de 2004.
43 Ib�d.

44 En este punto, es importante se�alar que dentro de las actuaciones administrativas se pueden distinguir cuatro tipos, siguiendo a Giannini: �[C]onforme a la tipolog�a difundida por Massimo Severo Giannini de acuerdo a la naturaleza de los efectos de los actos administrativos que resultan de los procedimientos administrativos, pueden distinguirse cuatro tipos de procedimientos: los declarativos, los ablatorios, los concesorios y los autorizatorios. Los procedimientos declarativos son los que tienen por resultado actos que otorgan certeza de hechos jur�dicos relevantes, y consisten en declaraciones de ciencia o de conocimiento y en verificaciones. En este sentido, puede decirse que todos los procedimientos que concluyen en actos de registro, por ejemplo, de la propiedad, de patentes o marcas, de veh�culos o aeronaves, etc., son procedimientos declarativos. Asimismo, los procedimientos para establecer la identificaci�n de las personas (�) En segundo lugar, est�n los procedimientos ablatorios, denominados as� en la doctrina italiana por el uso del vocablo latino ablatio, que denota la acci�n de quitar, cortar, eliminar. Estos procedimientos tienen por objeto eliminar o restringir los detalles individuales, por lo que generalmente, se inician de oficio por la Administraci�n. Ejemplos de estos procedimientos son los procedimientos expropiatorios, de requisici�n o sancionatorios que afecten una cosa (decomiso) o el patrimonio de una persona (multa). En tercer lugar, est�n los procedimientos concesorios, los cuales tienen por objeto actos administrativos que ampl�an la esfera jur�dica subjetiva de los administrados (�) Por �ltimo, en cuarto lugar deben mencionarse los procedimientos autorizatorios, que tienen por objeto la emisi�n de actos administrativos que permiten a un particular ejercer un derecho, por la remoci�n de un obst�culo jur�dico que legalmente existe para su ejercicio pleno. Son los m�s comunes en las relaciones entre la Administraci�n y los particulares, y dan origen a autorizaciones, permisos y licencias para que los particulares puedan ejercer derechos o realizar actividades� GIANNINI, Massimo Severo, Diritto Amministrativo, Milano, 1970, vol. II, pp. 285, en BREWER CARIAS, Allan Randolph Tratado de derecho administrativo. Derecho p�blico en Iberoam�rica, tomo IV. El procedimiento administrativo, Fundaci�n de derecho p�blico, editorial jur�dica venezolana, Caracas, 2013, p. 798.

45 Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n B, Auto del 22 de agosto de 2016 rad. 53180, M.P. Stella Conto D�az del Castillo. Ver, tambi�n, en el mismo sentido, Auto de esa misma fecha, rad. 54645, M.P. Stella Conto D�az del Castillo: �En efecto, esta Corporaci�n viene reiterando el criterio en el sentido de que no resulta posible que a trav�s del reglamento se hagan obligatorios requisitos que modifican las exigencias dispuestas por la ley para la admisibilidad y el rechazo de las propuestas de concesi�n minera, porque ello excede la potestad reglamentaria y viola el ordenamiento superior, raz�n por la que se han suspendido provisionalmente distintas disposiciones reglamentarias expedidas con el fin de definir las causales de rechazo de las solicitudes y propuestas en materia minera�.
46 Ver, entre otros, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n C, Auto de 26 de febrero de 2014, rad. 47693, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa : �Esta Corporaci�n ha reiterado que no resulta posible que a trav�s del reglamento se hagan obligatorios requisitos que modifican las exigencias dispuestas por la ley para la admisibilidad y el rechazo de las propuestas de concesi�n minera, porque ello excede la potestad reglamentaria y viola el ordenamiento superior...�.
La anterior decisi�n fue confirmada por Auto de 12 de julio del mismo a�o que decidi� el recurso de s�plica, rad. 47693 y Subsecci�n B, Auto de 16 de junio de 2015, confirmado por Auto de 26 de noviembre de 2015, rad. 47688, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Esa posici�n se reiter� en Autos posteriores. Ver, Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n B, Auto de 22 de abril de 2016, rad. 54489 (admisi�n del medio de control), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n B, Auto de 13 de diciembre de 2017, rad. 54489 (medida cautelar), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Secci�n Tercera, Subsecci�n A, Auto del 15 de febrero de 2018, rad. 56.660, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Secci�n Tercera, Subsecci�n A, Auto del 21 de junio de 2018, rad. 57917, Marta Nubia Vel�squez Rico.
47 Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, Auto del 15 de marzo de 2018, rad. 57917, M.P. Mar�a Adriana Mar�n. En providencia de 21 de junio de 2018, de la Subsecci�n A, M.P. Marta Nubia Vel�squez Rico, se resolvi� el recurso de s�plica interpuesto contra ese Auto y se confirm� la decisi�n.
48 El fallo cita las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, auto del 15 de febrero de 2018, rad. 56.660, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Secci�n Tercera, Subsecci�n B, auto del 22 de agosto de 2016, rad. 54.645, M.P. Stella Conto D�az del Castillo.
49 Aunque formalmente los actos demandados citan el decreto 1073 de 2015, que es compilatorio de otros decretos, aplica materialmente las disposiciones del 933 de 2013, que hace parte del material normativo codificado en 2015.
50 En este �ltimo punto, el Auto sigui� la l�nea inaugurada por el Auto de 22 de agosto de 2016, rad. 54645, M.P. Stella Conto D�az del Castillo.

51 SANTOFIMIO, Jaime Orlando, El derecho de defensa en las actuaciones administrativas, Universidad Externado de Colombia, Bogot�, 2001, p. 15.

52 Corte Constitucional, sentencia C-366 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, cuyos efectos fueron diferidos por el t�rmino de dos a�os, contados a partir de la fecha en que se profiri� la sentencia.
53 Ley 685 de 2001, art�culo 270. Presentaci�n de la propuesta. �La propuesta de contrato se presentar� por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por env�o a trav�s de correo certificado. En estos casos, si la primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendr� como fecha de su presentaci�n la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de env�o. // Tambi�n ser� admisible la presentaci�n de la propuesta a trav�s de medios electr�nicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin. Toda actuaci�n o intervenci�n del interesado o de terceros en los tr�mites mineros, podr� hacerse directamente o por medio de abogado titulado con tarjeta profesional. Los documentos de orden t�cnico que se presenten con la propuesta o en el tr�mite subsiguiente, deber�n estar refrendados por ge�logo o ingeniero de minas matriculados, seg�n el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas profesiones�.

54 Art�culo 271. Requisitos de la propuesta. �La propuesta para contratar, adem�s del nombre, identidad y domicilio del interesado, contendr�: a) El se�alamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicaci�n del �rea o trayecto solicitado; b) La descripci�n del �rea objeto del contrato, y de su extensi�n; c) La indicaci�n del mineral o minerales objeto del contrato; d) La menci�n de los grupos �tnicos con asentamiento permanente en el �rea o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera ind�gena, de comunidades negras o mixtas; e) Si el �rea abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploraci�n y explotaci�n se requiera autorizaci�n o concepto de otras autoridades, deber�n agregarse a la propuesta de acuerdo con el art�culo 35; f) El se�alamiento de los t�rminos de referencia y gu�as mineras que se aplicar�n en los trabajos de exploraci�n y el estimativo de la inversi�n econ�mica resultante de la aplicaci�n de tales t�rminos y gu�as; g) A la propuesta se acompa�ar� un plano que tendr� las caracter�sticas y especificaciones establecidas en los art�culos 66 y 67 de este C�digo. // La propuesta deber� verterse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente (�)�.
55 Ley 685 de 2001, art�culo 271.

56 Ley 685 de 2001, art�culo 34. Zonas excluibles de la miner�a. �No podr�n ejecutarse trabajos y obras de exploraci�n y explotaci�n mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protecci�n y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras. // Las zonas de exclusi�n mencionadas ser�n las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como �reas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de car�cter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos, deber�n ser delimitadas geogr�ficamente por la autoridad ambiental con base en estudios t�cnicos, sociales y ambientales con la colaboraci�n de la autoridad minera, en aquellas �reas de inter�s minero. // Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploraci�n y explotaci�n mineras en las zonas de protecci�n y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deber� estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricci�n en relaci�n con las actividades mineras. // No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracci�n del �rea requerida, podr� autorizar que en las zonas mencionadas en el presente art�culo, con excepci�n de los parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma restringida o s�lo por determinados m�todos y sistemas de extracci�n que no afecten los objetivos de la zona de exclusi�n. Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesi�n deber� presentar los estudios que demuestren la compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos�.
57 Ley 685 de 2001, art�culo 273.
58 Art�culo 274. Rechazo de la propuesta. �La propuesta ser� rechazada si el �rea pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas se�aladas en el art�culo 34 de este C�digo, si no hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores, si no cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento. En caso de hallarse ubicada parcialmente, podr� admitirse por el �rea restante si as� lo acepta el proponente�.

59 C�digo de Minas, art�culo 35. Zonas de miner�a restringida. �Podr�n efectuarse trabajos y obras de exploraci�n y de explotaci�n de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan a continuaci�n: a) Dentro del per�metro urbano de las ciudades o poblados, se�alado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre r�gimen municipal, salvo en las �reas en las cuales est�n prohibidas las actividades mineras de acuerdo con dichas normas; b) En las �reas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su due�o o poseedor y no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores; c) En las zonas definidas como de especial inter�s arqueol�gico, hist�rico o cultural siempre y cuando se cuente con la autorizaci�n de la autoridad competente; d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas p�blicas de transporte y cuya utilizaci�n continua haya sido establecida por la autoridad competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones t�cnicas y operativas, que ella misma se�ale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos; e) En las �reas ocupadas por una obra p�blica o adscritas a un servicio p�blico siempre y cuando: i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo est�n el uso y gesti�n de la obra o servicio; ii. que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por ejecutarse y iii. que el ejercicio de la miner�a en tales �reas no afecte la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. f) En las zonas constituidas como zonas mineras ind�genas siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les se�ale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el t�tulo minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Cap�tulo XIV de este C�digo; g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les se�ale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el t�tulo minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Cap�tulo XIV de este C�digo; h) En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les se�ale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el t�tulo minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Cap�tulo XIV de este C�digo (�)�.
60 Art�culo 66. Las reglas t�cnicas. �En la identificaci�n y delimitaci�n del �rea objeto de la propuesta y del contrato, ser�n de obligatoria aplicaci�n los principios, criterios y reglas t�cnicas propias de la ingenier�a, geolog�a y la topograf�a, aceptadas y divulgadas oficialmente�.
61 Art�culo 67. Normas t�cnicas oficiales. �El Gobierno Nacional por medio de decreto, establecer�, en forma detallada, los requisitos y especificaciones de orden t�cnico minero que deban atenderse en la elaboraci�n de los documentos, planos, croquis y reportes relacionados con la determinaci�n y localizaci�n del �rea objeto de la propuesta y del contrato de concesi�n, as� como en los documentos e informes t�cnicos que se deban rendir. Ning�n funcionario o autoridad podr� exigir en materia minera a los interesados la aplicaci�n de principios, criterios y reglas t�cnicas distintas o adicionales a las adoptadas por el Gobierno�.

62 Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014, M.P. Mar�a Victoria Calle Correa.

Fecha Providencia	06/07/2020
Fecha de notificaci�n	06/07/2020