SENTENCIA 11001232700020130002900 de 2020

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030039323SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001232700020130002900 202007/05/2020SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001232700020130002900 __2020_07/05/2020300393332020

Sentencias de NulidadMilton Chaves Garc�aNACI�N - MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOPERMODA LTDAfalse07/05/2020Decretos 0074 del,23 de enero de 2013 y 456 del 28 de febrero de 2014Identificadores10030220027true1332346original30193306Identificadores

Norma demandada: �Decretos 0074 del,23 de enero de 2013 y 456 del 28 de febrero de 2014

Demandado: �NACI�N - MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por Permoda Ltda. contra los decretos 0074 del,23 de enero de 2013 y 456 del 28 de febrero de 2014, por los cuales se modific� parcialmente el Arancel de Aduanas.

En ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 de la Ley 1437 de 2011, la sociedad demandante solicit� que se declarara la nulidad de los decretos 0074 del 23 de enero de 2013 y 456 del 28 de febrero de 2014, que modificaron parcialmente el Arancel de Aduanas.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, con sujeci�n a lo dispuesto en las Leyes 7� de 1991 y 1609 de 2013, y

Que mediante Decreto n�mero 4927 del 26 de diciembre de 2011, se adopt� el Arancel de Aduanas que entr� a regir a partir del 1� de enero de 2012.

Que analizada la recomendaci�n efectuada por el Comit� de Asuntos Aduaneros\ Arancelarios y de Comercio Exterior en Sesi�n 251 del 17 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional ha determinado establecer por el t�rmino de un a�o contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, aranceles mixtos compuestos por un arancel ad valorem y uno espec�fico, aplicados simult�neamente para la importaci�n de los productos clasificados en las partidas relacionadas en los art�culos 1� y 2� del presente decreto. Siendo el primero el expresado en t�rminos porcentuales del valor en aduana de la mercanc�a, y el segundo el gravamen expresado en unidades monetarias sobre o por cada unidad de medida de un bien importado,

Art�culo 1�. Establecer un arancel ad valorem del 10%, m�s un arancel espec�fico de 5 d�lares de Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto, para la importaci�n de los productos clasificados por los Cap�tulo 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas.

Art�culo 2�. Establecer un arancel ad valoren del 10%, m�s un arancel espec�fico de 5 d�lares de Estados Unidos de Am�rica por par, para la importaci�n de los productos clasificados por el Cap�tulo 64 del Arancel de Aduanas, excepto la partida 64.06 que tendr� un arancel ad valoren del 10% m�s un arancel espec�fico de 5 d�lares de Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto.

Cuando el documento de transporte ampare mercanc�as de los cap�tulos 61, 62, 63, partida 64.06 y adicionalmente de otros cap�tulos del Arancel de Aduanas, el importador deber� suministrar el peso bruto real de los cap�tulos 61, 62 y 63 y partida 64.06 en la casilla respectiva de la declaraci�n de importaci�n con el fin de aplicar la medida.

Art�culo 3�. El arancel establecido en los art�culos 1� y 2� del presente decreto, rige por el t�rmino de un a�o contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de este decreto. Vencido este t�rmino, se restablecer� el arancel contemplado en el Decreto n�mero 4927 de 2011 y sus modificaciones.

Par�grafo 1�. El gravamen arancelario establecido en los art�culos 1� y 2� del presente decreto, no aplica para las importaciones originarias de los pa�ses con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales de Libre Comercio vigentes. Para lo cual se deber� presentar el certificado de origen cuando corresponda.

Par�grafo 2�. El arancel espec�fico establecido en los art�culos 1� y 2� del presente decreto ser� incluido dentro de la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con lo se�alado en el art�culo 459 del Estatuto Tributario modificado por el art�culo 126 de la Ley 633 de 2000.

Art�culo 4�. Las medidas adoptadas en el presente decreto, no afectar�n las importaciones que a la fecha de entrada en vigencia de las medidas se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con base en la fecha del documento de transporte o que se encuentren en zona primaria aduanera, siempre que sean sometidas a la modalidad de importaci�n ordinaria en un plazo no mayor a veinte d�as contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Art�culo 5�. El presente decreto entra en vigencia el 1� de marzo de 2013 y modifica el gravamen arancelario establecido en el art�culo 1� del Decreto n�mero 4927 de diciembre 26 de 2011.

La Viceministra T�cnica de Hacienda y Cr�dito P�blico, encargada de las Funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico,

Que mediante Decreto n�mero 4927 del 26 de diciembre de 2011, se adopt� el Arancel de Aduanas que entr� a regir a partir del 1� de enero de 2012.

Que mediante Decreto n�mero 074 del 23 de enero de 2013, se realiz� una modificaci�n parcial del Arancel de Aduanas, estableciendo aranceles mixtos compuestos por un arancel ad valorem y uno espec�fico, aplicados simult�neamente para la importaci�n de los productos clasificadqs en los Cap�tulos 61, 62, 63 y 64 del Arancel de Aduanas.

Que en Sesi�n 269 de 2014, el Comit� de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomend� evaluar y, de ser pertinente, modificar el Decreto n�mero 074 de 2013,

Art�culo 1�. Establecer un arancel ad valorem del 10%, m�s un arancel espec�fico de 5 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto, para la importaci�n de los productos clasificados por los Cap�tulos 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a 1O d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto.

Establecer un arancel ad valorem del 10%, m�s un arancel espec�fico de 3 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto, para la importaci�n de los productos clasificados por los Cap�tulos 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas, cuando el precio FOB declarado sea mayor a 1O d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto.

Par�grafo. Para la determinaci�n del arancel espec�fico aplicable a cada subpartida arancelaria declarada de los Cap�tulos 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas, el declarante deber� indicar a trav�s del c�digo de la modalidad de importaci�n que se establecer� para el efecto, si incluye a la vez, bajo la misma subpartida productos con precios FOB descritos en los incisos 1 y 2 del presente art�culo, o solo de uno de los dos.

Si la subpartida arancelaria incluye a la vez, productos con precios FOB descritos en los incisos 1 y 2 del presente art�culo, el arancel espec�fico a aplicar ser� de 5 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por kilo bruto. Si la subpartida solo incluye productos con precios FOB declarados de uno de los dos incisos, el arancel espec�fico a aplicar se determinar� con base en el promedio del precio impl�cito de toda la subpartida, obtenido de dividir el valor FOB declarado para la subpartida entre el peso bruto en kilogramos.

Para efectos de la aplicaci�n de lo dispuesto en el presente art�culo, la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reglamentar� lo pertinente.

Art�culo 2�. Establecer un arancel ad valorem del 10%, m�s un arancel espec�fico de 5 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por par, para la importaci�n de los productos clasificados por el Cap�tulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a 7 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por par.

Establecer un arancel ad valorem del 10%, m�s un arancel espec�fico de 1,75 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por par, para la importaci�n de los productos clasificados por el Cap�tulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo precio FOB declarado sea mayor a 7 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por par.

Par�grafo 1�. Para la determinaci�n del arancel espec�fico aplicable a cada subpartida arancelaria declarada del Cap�tulo 64 del Arancel de Aduanas, el declarante deber� indicar a trav�s del c�digo de la modalidad de importaci�n que se establecer� para el efecto, si incluye a la vez, bajo la misma subpartida productos con precios FOB declarados descritos en los incisos 1 y 2 del presente art�culo, o solo de uno de los dos.

Si la subpartida arancelaria incluye a la vez, productos con precios FOB descritos en los incisos 1 y 2 del presente art�culo, el arancel espec�fico a aplicar ser� de 5 d�lares de los Estados Unidos de Am�rica por par. Si la subpartida solo incluye productos con precios FOB declarados de uno de los dos incisos, el arancel espec�fico a aplicar se determinar� con base en el promedio del precio impllcito de toda la subpartida, obtenido de dividir el valor FOB declarado para la subpartida entre el n�mero de pares.

Para efectos de la aplicaci�n de lo dispuesto en el presente art�culo, la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reglamentar� lo pertinente.

Par�grafo 2�. Excluir de la aplicaci�n de la medida establecida en el presente art�culo, las importaciones de la partida arancelaria 64.06, excepto la subpartida 6406.10.00.00 ("capellada"), a la cual se le aplicar� el arancel mixto correspondiente por kilo bruto.

Art�culo 3�. El arancel espec�fico establecido en los art�culos 1� y 2� del presente decreto ser� incluido dentro de la base del impuesto al valor agregado IVA, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 459 del Estatuto Tributario modificado por el art�culo 126 de la Ley 633 de 2000.

Art�culo 4�. A las mercanc�as de los cap�tulos 61 al 64 del Arancel de Aduanas provenientes de una Zona de R�gimen Aduanero Especial, se les aplicar� lo previsto en este decreto solo en el momento en que vayan a ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional.

Art�culo 5�. El arancel establecido en los art�culos 1� y 2� del presente decreto rige por el t�rmino de dos (2) a�os contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Vencido este t�rmino, se restablecer� el arancel contemplado en el Decreto n�mero 4927 de 2011 y sus modificaciones.

Par�grafo. Excluir de la aplicaci�n de las medidas establecidas en los art�culos 1� y 2� de este decreto las siguientes importaciones:

1. Las originarias de los pa�ses con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes, siempre que las subpartidas arancelarias se encuentren negociadas, para lo cual se deber� presentar la prueba de origen que determine el respectivo acuerdo.

2. Las de residuos y/o desperdicios de la industria de la confecci�n resultantes de los procesos productivos desarrollados al amparo de los Sistemas Especiales de Importaci�n Exportaci�n "Plan Vallejo" que tengan valor comercial.

Art�culo 6�. Transitorio: Las disposiciones previstas en el Decreto n�mero 074 del 23 de enero de 2013 continuar�n vigentes hasta la entrada en vigencia del presente decreto.

Art�culo 7�. Vigencias y derogatorias. El presente decreto entra en vigencia treinta (30) d�as calendario, a partir de la publicaci�n en el Diario Oficial; modifica el gravamen arancelario establecido en el art�culo 1� del Decreto n�mero 4927 de diciembre 26 de 2011 y deroga el Decreto n�mero 074 de 2013.

La demandante invoc� como normas violadas los art�culos 1, 2, 9, 13, 29, 150-16, 224, 226 y 333 de la Constituci�n Pol�tica; 1O y 29 de la Ley 7 de 1991, 18, 26 y 27 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales; 11 y XVI del Acuerdo de Marrakech (aprobado por la Ley 170 de 1994); VI y XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de la OMC; 1 a 52 del Decreto 2555 de 2010, 1 a 34 del Decretq 1480 de 2005; 1 a 14 del Decreto 1407 de 1999, 8num. 4� y 8� de la Ley 1437 de 2011, 4 de la Ley 1609 de 2013, y 1 a 4, 5� nums. 3 y 7, 6, 8, 10 y 17 num. 5 del Decreto 1345 de 2010.

Expuso la demandante que las normas demandadas violan la Constituci�n Pol�tica y la ley, por extralimitaci�n en el ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada al presidente de la Rep�blica para el desarrollo de leyes marco.

Los decretos 0074 de 2013 y 456 de 2014 desconocieron lo dispuesto en la Ley 7 de 1991 - Ley marco de comercio exterior - la Ley 1609 de 2013 - Ley marco de aduanas-, que exigen que, al modificar los aranceles, tarifas y dem�s disposiciones del r�gimen de aduanas, el Goierno Nacional debe adecuar dicha regulaci�n a los convenios internacionales en los que es parte Colombia, a fin de facilitar la aplicaci�n de los mismos. En este caso, se modificaron los aranceles y tarifas aduaneras sin adecuarlas a los principios de derecho internacional, y a las recomendaciones de los organismos internacionales de comercio.

Aunque la Ley 7 de 1991 autoriza al Gobierno Nacional para adoptar medidas tendientes a amparar la producci�n nacional contra pr�cticas restrictivas de comercio internacional, de acuerdo con el art�culo 29 de la misma ley, estas medidas tienen como limitante l� pactado en tratados o convenios internacionales. Igualmente, en los t�rminos del Acuerdo de Marrakech, art�culo XVI, numeral 4, el Gobierno colombiano no tiene la potestad para expedir leyes internas, reglamentos o procedimientos administrativos que desconozcan los acuerdos de la OMC. Al momento de modificar aranceles, el Gobierno debe observar los l�mites y procedimientos establecidos en los Acuerdos Generales, sus Anexos y los Acuerdos Multilaterales adoptados en el seno de la OMC, en virtud de la ratificaci�n y aprobaci�n de los mismos mediante la Ley 170 de 1994.

Los decretos demandados impusieron derechos arancelarios ad valorem y espec�ficos por la importaci�n de confecciones y zapatos, que cambian seg�n el valor por kilogramo bruto de la mercanc�a importada (igual o inferior a USO 1O por kilogramo para confecciones, o igual o inferior a USO 7 para zapatos). Si se importa mercanc�a de valores superiores e inferiores en una misma importaci�n, se unifica la tarifa aplicando el mayor valor espec�fico, lo que implica un sobrecosto arbitrario para los importadores, y desconoce la prohibici�n de imponer valores artificiales o arbitrarios establecida por el GATT.

Los decretos demandados conllevan la superaci�n de los topes m�ximos de aranceles consolidados se�alados en las listas anexas al Acuerdo OMC, respecto de cuyos productos Colombia se comprometi� a no imponer aral)celes por encima de los topes especificados para cada subpartida arancelaria, seg�n el Art�culo 11, 1, A) y B) del Acuerdo de la OMC. Espec�ficamente, con los decretos demandados se superan los topes de 40% ad valorem para confecciones y el 35% ad valorem para el calzado.

Seg�n el principio de trato nacional en materia de tributaci�n y reglamentaci�n de interiores previsto en el art�culo 111, numerales 1 (Primera fase), 2 y 4 del GATT de 1994 (aprobado mediante la Ley 170 de 1994)..los Estados contratantes no pueden someter a los productos importados a impuestos u otras cargas interiores superiores a las impuestas a productos nacionales similares.

En este caso, resulta que con la imposici�n de los aranceles establecidos en las normas�demandadas se viola este principio, en tanto la base gravable sobre la que se aplica el IVA a los productos importados de confecciones y calzado resulta mayor a la aplicada a productos similares de producci�n nacional, pues aumentar� seg�n los valores fijados por el Gobierno en los decretos demandados para establecer los derechos espec�ficos (que no corresponden a valores normales del mercado), mientras que la base gravable de IVA para bienes de producci�n nacional solo tiene en cuenta el valor del producto.

Como consecuencia de lo anterior, los productos importados sujetos a diferentes precios base seg�n las normas demandadas resultar�n gravados con un IVA mayor al aplicado a productos nacionales similares.

Desconocimiento de la adopci�n de medidas antidumping y de salvaguardia autorizadas

El Gobierno nacional viol� los art�culos VI y XIX del Acuerdo GATT de 1994 de la OMC, relativos a medidas antidumping y de salvaguardia. Estos art�culos establecen un procedimiento para proteger la industria nacional cuando se ve afectada con importaciones masivas a precios dumping (por debajo del valor normal del mercado interno del pa�s exportador), mediante la imposici�n de un arancel dirigido a neutralizar el da�o causado por esta pr�ctica por medio de medidas antidumping, incluyendo la imposici�n de medidas provisionales de protcci�n.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, al expedir las normas demandadas, ignor� los procedimientos previstos en la OMC para establecer medidas de salvaguardia autorizadas y, en consecuencia, resultaron vulnerados los art�culos 1 a 52 del Decreto 2550 de 201O, que regula la aplicaci�n de derechos antidumping; los art�culos 1 a 40 del Decreto 1480 de 2005, reglamentario del Acuerdo de Salvaguardia para productos originados de la Rep�blica Popular de China, y los art�culos 1 a 15 del Decreto 1407 de 1999, que establecen una medida de salvaguardia para los pa�ses miembros de la OMC.

Los aranceles impuestos en los decretos demandados tambi�n desconocen los procedimientos para establecer medidas provisionales de salvaguardia contempladas en la Decisi�n 571 de 2003 de la Comunidad Andina de Naciones y en el Estatuto Aduanero, que permiten hacer ajustes en el precio de las mercanc�as importadas a precios irrisorios para que haya transparencia en el valor declarado, as� como imponer sanciones por ello.

Las normas que se adopten para combatir el contrabando, la subfacturaci�n y el lavado de activos no pueden desconocer acuerdos internacionales ni normas claras de la OMC, desarrolladas tambi�n en normas internas, m�xime cuando estas (como el Art�culo VI del GATT) contemplan medidas de protecci�n, como medidas antidumping y de salvaguardia, con el previo agotamiento de procedimientos y establecimiento de precios de mercado, que permita castigar a quienes incurren en malas pr�cticas, y castigar a quienes generan condiciones desleales en el mercado. Con la expedici�n de las normas acusadas, el Gobierno viol� tales normas, por no aplicar los mecanismos internacionales de protecci�n frente a pr�cticas desleales en el marco de la OMC, a pesar de ser vinculantes.

Igualmente, se desconocen los art�culos 13, 29 y 333 de la Constituci�n Pol�tica, dado que en virtud de la expedici�n de los actos demandados se les est� dando un mismo trato a quienes est�n incurriendo en pr�cticas ilegales de importaci�n, y a quienes importan legalmente.

El C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla en su art�culo 8� la obligaci�n, a cargo de la autoridad que prepara un proyecto de regulaci�n, de poner a disposici�n de los administrados el texto de los proyectos que pretende aprobar, con el fin de someter dicho proyecto a comentarios y observaciones de los interesados.

En este caso, tales proyectos nunca fueron puestos a disposici�n del p�blico para comentarios, ni se previ� un t�rmino para ello, a pesar de que el propio gobierno, por intermedio del entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo anunci� que los proyectos de regulaci�n ser�an compartidos con los interesados.

Los decretos 0074 de 2013 y 456 de 2014 fueron expedidos sin el cumplimiento de las directrices t�cnicas de producci�n normativa establecidas en los art�culos 1 a 3 y 8 del Decreto 1345 de 201O, que se refieren al objeto, finalidad, �mbito de aplicaci�n de la norma, tales como la explicaci�n de las razones por las que se profiere una nueva norma sobre un aspecto que ya fue objeto de reglamentaci�n. Se omiti� la preparaci�n de una memoria justificativa de los proyectos de regulaci�n, en la cual se incluyera una evaluaci�n de las observaciones ciudadanas al proyecto, y las razones del gobierno para expedirlos.

Los decretos demandados se�alan en su motivaci�n que son expedidos para defender a los productores nacionales de la competencia desleal o el contrabando, sin sustentar de ninguna manera estas afirmaciones, y sin prever un mecanismo para que los importadores legales pudieran demostrar que no estaban involucrados en pr�cticas desleales, teniendo en cuenta adem�s que, para el momento de la expedici�n del Decreto 456 de 2014, ya exist�an reclamaciones de otros pa�ses ante la OMC por la imposici�n ilegal de aranceles.

En este caso no se realiz� la verificaci�n de los proyectos de decreto frente a la Constituci�n y normas superiores, como lo se�alan los art�culos 4 y 17 del Decreto 1345 de 201O, ni se cumpli� la obligaci�n de devolverlos a la dependencia que los elabor� por el incumplimiento de los requisitos exigidos para su expedici�n, como lo prev� el art�culo 13 del mismo decreto.

Para la demandante, los decretos demandados adolecen de falsa motivaci�n, porque no es cierto que la adopci�n de aranceles compuestos por encima de los topes autorizados por acuerdos internacionales era la herramienta m�s efectiva para contrarrestar pr�cticas ilegales de los importadores de calzado y confecciones, pues ya exist�an mecanismos jur�dicos para la consecuci�n de ese objetivo (salvaguardas y medidas antidumping) avaladas en el GATT.

Los decretos demandados establecen medidas que cobijan a todos los importadores, a�n si no desarrollan pr�cticas comerciales desleales, mientras que las medidas que s� est�n autorizadas por la OMC permiten neutralizar tales pr�cticas, sin afectar a los importadores cumplidores de la ley.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes t�rminos 1

El Acuerdo de la OMC y sus anexos no pueden ser catalogados como una norma superior en el sentido en que lo plantea la demandante, pues en el ordenamiento colombiano solo tienen esa condici�n las normas internacionales relativas a derechos humanos. De las normas acusadas y de la argumentaci�n esgrimida no es posible establecer que estas se encuentren en una de las causales de nulidad previstas en el art�culo 137 de la Ley 1437 de 2011.

En los t�rminos del numeral 25 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, el presidente de la Rep�blica cuenta con la competencia para modificar los aranceles, tal como lo hizo con los actos impugnados. Por ello es v�lida la modificaci�n de los mismos mediante los decretos demandados, dado que no se ha probado la supuesta falta de competencia del presidente al momento de su expedici�n, ni en el �mbito territorial, ni en el temporal.

La demandante no acredit� que los decretos demandados no cumplen con el objetivo de facilitar la aplicaci�n y el desarrollo de los convenios y tratados en materia comercial suscritos y vigentes para Colombia. Adicionalmente, no se prueba c�mo el Gobierno Nacional pudo haber vulnerado las obligaciones contenidas en los tratados, vistos no como instrumento de derecho internacional, sino como normas del orden nacional vinculantes en el �mbito del derecho interno para el Estado.

De igual forma, se tiene que el Gobierno puede imponer aranceles mixtos, toda vez que no existe una prohibici�n legal ni constitucional para realizarlo, y no fue probado por la demandante que hayan sido cobrados aranceles no debidos.

Frente al Acuerdo de Marrakech, la dmandante parte de que las normas de derecho internacional aplican de forma autom�tica en el derecho colombiano, el cual es un supuesto equivocado.

La demandante no demostr� la presunta violaci�n de los art�culos 11: 1 a) y b), 111: 1, 111: 2 y 111: 4 del GATT, por cuanto no da cuenta de un nexo entre las causales de nulidad previstas en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y los precitados art�culos del GATT. El examen sobre la eventual violaci�n de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la OMC le corresponde al �rgano de Soluci�n de Diferencias de esa organizaci�n, y no al Consejo de Estado.

Adicionalmente, no es procedente hacer un an�lisis de las posibles medidas antidumping o de salvaguardia indicadas por la demandante, dado que se tiene un universo de alternativas que pudieron haber sido aplicadas, lo que es ajeno a los criterios de nulidad previstos en el art�culo 137 del c�digo mencionado.

No es procedente adelantar un juicio de nulidad sobre el Decreto 74 de 2013, en la medida en que ese decreto fue derogado por el Decreto 456 de 2014. Por su parte, para la expedici�n del Decreto 456 de 2014 se surtieron los tr�mites previos, pertinentes y necesarios para que los administrados, y en especial el sector de textiles y calzado, conocieran las medidas que iban a adoptarse en el decreto citado.

El decreto demandado cuenta con memoria justificativa. Adem�s, el proyecto de decreto fue publicado en su momento en la p�gina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso recibir comentarios desde el lunes 10 al mi�rcoles 12 de febrero de 2014, y se llev� a cabo su posterior revisi�n y aprobaci�n por parte de la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica.

Los decretos demandados, y especialmente el Decreto 456 de 2014 se encuentran motivados, fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento jur�dico superior, en ejercicio de las competencias reconocidas por la Constituci�n Pol�tica al presidente de la Rep�blica, y con estricta observancia del debido proceso, por lo que no cabe impugnarlos por falta de motivaci�n o desviaci�n de poder.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Cr�(lito P�blico se opuso a las pretensiones de la demanda as�2 :

El numeral 25 del art�culo 189 constitucional y el art�culo 1O de la Ley 7 de 1991 autorizan al presidente de la Rep�blica a imponer aranceles a la importaci�n de mercanc�as tales como confecciones y calzado, como medio para contrarrestar su introducci�n al pa�s a precios irrisorios. Ese es precisamente el objeto de los decretos demandados, por lo que su expedici�n se encuentra autorizada por la ley.

Los tratados internacionales en materia comercial, como es el caso de Acuerdo de Marrakech, no hacen parte de un orden supranacional vinculante en el orden interno, por lo que no puede considerarse que con la expedici�n de los actos administrativos demandados se vulneraron normas superiores. Adem�s, los aranceles vigentes fueron adoptados en una decisi�n de conveniencia nacional, ajustados a los l�mites fijados por la OMC.

No se viola el principio constitucional de igualdad derivada de una aplicaci�n diferencial del impuesto a las ventas a los productos importados, en comparaci�n con aquellos de producci�n nacional, en la medida en que la imposici�n de aranceles est� plenamente autorizada por la Constituci�n y la ley como instrumentos v�lidos de regulaci�n del mercado nacional, y constituyen una medida que tiene por objeto proteger. actividades y valores superiores, como es la producci�n nacional, sin una afectaci�n relevante para quienes cumplen la ley.

No hubo expedici�n irregular del Decreto 456 de 2014, pues para ello se surtieron todos los tr�mites necesarios para que su contenido fuese conocido por los interesados, y pudieran discutir sobre las medidas que ser�an adoptadas mediante el mencionado decreto. El proyecto que dio lugar a la expedici�n de esta norma fue publicado en la p�gina web del Ministerio, en la que se indic� que pod�an enviarse comentarios sobre la norma entre el lunes 10 y el mi�rcoles 12 de febrero de 2014.

No hay falsa motivaci�n en la imposici�n de aranceles mediante los decretos demandados, en tanto esta es la medida m�s efectiva para proteger los sectores de la confecci�n y el calzado, debido a que el impacto sobre el precio final del producto es porcentualmente menor para los productos declarados con precios altos, lo que supone que afecta principalmente a los productos importados de bajo precio.

El 9 de diciembre de 2019 se llev� a cabo audiencia inicial en el presente proceso, en la cual no se observaron irregularidades en el tr�mite que dieran lugar a la nulidad del mismo. Asimismo, se fijaron los t�rminos del litigio3.

Las excepciones previas de falta de causa de la acci�n de nulidad por p�rdida de vigencia del Decreto 0074 de 2013, y de falta de jurisdicci�n planteadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su contestaci�n de la demanda, fueron resueltas en la misma audiencia, por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre las mismas en esta oportunidad. Por otra parte, no se encontraron otras excepciones previas que hubieran tenido que ser declaradas de oficio.

La demandante reiter� lo expuesto en la demanda4 . A�adi� que tanto el Grupo Especial como el �rgano de Soluci�n de Diferencias de la OMC concluyeron que los aranceles fijados por Colombia en las normas demandadas excedieron los fijados en las Listas Consolidadas aplicables a Colombia, as� como los procedimientos para adoptar medidas antidumping, por lo que conmin� al pa�s a ajustar las normas a sus compromisos internacionales, o a retirar del ordenamiento las normas violatorias de sus compromisos con la OMC.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiter� lo expuesto en el escrito de contestaci�n de la demanda5.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico tambi�n insisti� en los argumentos expuestos en la contestaci�n de la demanda6 .

El Ministerio P�blico solicita que se declare la nulidad del Decreto 0074 de 20137� A su juicio, no hay evidencia que muestre que el proyecto de regulaci�n que dio lugar al decreto mencionado se haya publicado previamente para el conocimiento y comentarios de sus destinatarios, lo que desconoc el mandato consagrado en el numeral 8 del art�culo 8 de la Ley 1437 de 2011. Ninguna de las entidades demandadas alleg� al expediente prueba de que el requisito de publicidad mencionado se hubiera cumplido.

Le corresponde a la Sala examinar la legalidad de los decretos 0074 del 23 de enero de 2013, y 456 del 28 de febrero de 2014, expedidos por el Presidente de la Rep�blica, el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por los cuales se modific� parcialm�nte el Arancel de Aduanas.

En particular, la Sala debe decidir si los decretos demandados vulneran las normas invocadas como violadas, al fijar aranceles mixtos para la importaci�n de los productos clasificados en los cap�tulos 61 a 64 del Arancel de Aduanas.

La Sala advierte que las normas objeto de demanda de nulidad en este proceso ya hab�an sido examinadas en otros procesos de nulidad, frente a los mismos cargos presentados en este proceso. As�, sobre la legalidad del Decreto 0074 del 23 de enero de 2013, dijo la Sala en sentencia del pasado 1� de agosto de 2019 (exp. 20497)8:

"...para la Sala, el procedimiento previo a la expedici�n del decreto acusado cumpli� con las obligaciones definidas en el art�culo 10.� del Decreto 1345 de 2010, toda vez que la medida normativa fue solicitada por los sectores de confecci�n y calzado, tuvo divulgaci�n en los medios de comunicaci�n de que disponen los ciudadanos y que en la formaci�n del acto intervinieron distintos sectores industriales y entid�des del Ejecutivo como los ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico, de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeaci�n y el Programa de Transformaci�n Productiva (ff. 59 a 81 ca).

Como se aprecia, el principio del trato nacional es una garant�a que pretende evitar que un Estado contratante implemente medidas proteccionistas y as� garantizar, que productos nacionales e importados puedan competir en las mismas condiciones. Este ):>rincipio configura un l�mite en el establecimiento de pol�ticas fiscales y de comercio exterior dentro de los Estados miembros de la OMC.

... la Sala considere que solo cuando el ordenamiento imponga tarifas diferenciales a los impuestos aplicables a los bienes importados o, simplemente tributos que solo este tipo de bienes deban liquidar, se vulnerar�a el principio indicado y, por consiguiente, los compromisos internacionales adquiridos en virtud del GATT de 1994.

Apartarse del anterior criterio y aceptar que la integraci�n de los tributos aduaneros dentro de la base gravable del IVA implica el desconocimiento de principio indicado, hace inoperante la imposici�n de aranceles como medidas de comercio internacional. Por ello, el cargo no prospera.

... ha de entenderse que el decreto censurado ser�a nulo, pero solo en el aparte en que en que exija un tributo aduanero que exceda la lista de concesiones. Por consiguiente, el usuario aduanero afectado de manera espec�fica estar� facultado para solicitar la devoluci�n de la porcj�n del arancel que exceda el l�mite al que se comprometi� Colombia, previa demostraci�n de los supuestos f�cticos del caso. As�, porque a la luz de los tratados internacionales aplicables al sub lite, Colombia no perdi� la facultad de imponer grav�menes arancelarios a la importaci�n de metcanc�as, sino que� simplemente accedi� a limitar la tarifa de los mismos.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECLARAR que el Decreto 0074, del 23 de enero de 2013, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es legal de'manera condicionada, de conformidad con las consideraciones del presente fallo".

Igualmente, con ocasi�n del examen de legalidad del Decreto 456 del 28 de febrero de 2014, dijo la Sala en sentencia del 1� de agosto de 2019 (exp. 21139):

"El Decreto 1345 de 201O no limita la facultad reglamentaria del presidente de la Rep�blica, lo que se traduce en que la omisi�n de alguna de sus disposiciones en la formaci�n de un Decreto con la misma jerarqu�a no implica la nulidad de este �ltimo. Esta Sala comparte la opini�n de la Sala de Consulta en cuanto a que "/as directrices de t�cnica normativa no afectan el ejercicio de la funci�n (reglamentaria) como tal ni la autonom�a de las entidades,ya que solo se dirigen a mejorar la elaboraci�n de las normas y la conservaci�n de sus antecedentes.".

En cuanto a la falsa motivaci�n, (...) dichos presupuestos no se presentan en el Decreto 456 de 2014, por cuanto m�s all� de la existencia de un hecho falso o de una apreciaci�n err�nea de las circunstancias f�cticas por parte del Gobierno Nacional, que implique la configuraci�n de la causal de falsa motivaci�n, lo que aduce la demandante se circunscribe a criterios de conveniencia, los cuales no son causal de nulidad del acto demandado. Por ende, no prospera el cargo.

En el presente asunto, tal como lo se�ala el Ministerio P�blico y la entidad demandada, el Decreto 456 de 2014 no est� dando un trato diferencial ni est� creando un impuesto de interiores. La aplicaci�n de tributos aduaneros a las importaciones no constituye una vulneraci�n del principio de trato nacional.

... la Sala no encuentra acreditado que de facto ni de derecho se le est� dando un tratamiento igualitario a quienes importan legalmente, en relaci�n con quienes ingresan productos al territorio aduanero nacional por medios ilegales: el Decreto 456 de 2014 regula derechos arancelarios a los cuales se encuentra sujeto todo importador de calzado y confecci�n de las partidas arancelarias all� previstas, sin que se est�n previendo amnist�as o tratamientos preferenciales para contrabandistas. Razones por las cuales este cargo no prospera.

... como bien se puede aprec;iar del an�lisis hecho por la Sala, tanto para el caso de los Cap�tulos 61, 62 y 63 (confecciones), que tienen un tope m�ximo de derechos arancelarios del 40% ad valorem en la lista consolidada LXXVI-Colombia, como para el Cap�tulo 64 (zapatos) que tiene un tope m�ximo de un 35% ad valorem en la lista consolidada LXXVI, se presentan situaciones en la cuales el arancel compuesto establecido en el Decreto 456 de 2014 conlleva que se superen los precitados topes m�ximos, dado que inclusive los derechos arancelarios ad valorem pueden llegar a superar el 500% del valor de los productos. Sin embargo, en el Decreto 456 de 2014 tambi�n hay situaciones en las cuales los topes m�ximos no son superados, como se expuso previamente.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley

1. Declarar que el inciso 1� del art�culo 1� del Decreto 456 de 2014, "por el cual se modific� parcialmente el Arancel de Aduanas", es legal de manera condicionada a que el arancel exigible con fundamento en dicha norma se limite al 40% del valor FOB de los productos objeto de importaci�n, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar que el inciso 1� del art�culo 2� del Decreto 456 de 2014, "por el cual se modific� parcialmente el Arancel de Aduanas", es legal de manera condicionada a que el arancel exigible con fundamento en dicha norma se limite al 35% del valor FOB de los productos objeto de importaci�n, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia".

Conforme lo anterior, la Sala ya se ocup� de los argumentos planteados por la demandante en esta ocasi�n, por lo que corresponde estarse a lo resuelto en las sentencias citadas, expedidas por esta Sala.

Con todo, la Sala considera necesario ahondar en sus consideraciones relativas a la publicidad del Decreto 0074 de 2013, as� �como sobre el cargo relativo a la existencia de una falsa motivaci�n de los decretos demandados por la existencia de herramientas alternativas para evitar pr�cticas desleales en la importaci�n de confecciones y calzado.

El numeral 8�. del art�culo 8 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se refiere a la publicidad de los actos proferidos por la Administraci�n, como manifestaci�n del derecho de los administrados de participar en las decisiones que toman las autoridades en desarrollo de sus funciones. Dice esta disposici�n:

"ART�CULO So. DEBER DE INFORMACI�N AL P�BLICO. Las autoridades deber�n mantener a disposici�n de toda persona informaci�n completa y actualizada, en el sitio de atenci�n y en la p�gina electr�nica, y suministrarla a trav�s de los medios impresos y electr�nicos de que disponga, y por medio telef�nico o por correo, sobre los siguientes aspectos:

8. Los proyectos espec�ficos de regulaci�n y la informaci�n en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deber�n se�alar el plazo dentro del cual se podr�n presentar observaciones, de las cuales se dejar� registro p�blico. En todo caso la autoridad adoptar� aut�nomamente la decisi�n que a su juicio sirva mejor el inter�s general."

La exigencia de publicidad de los proyectos de regulaci�n que establece esta norma est� encaminada a que los ciudadanos puedan conocer en t�rminos generales las medidas que cada autoridad busca implementar, mas no puede considerarse que su ausencia d� lugar a la nulidad de las disposiciones que finalmente se promulguen. Como la misma norma lo afirma, la autoridad administrativa debe adoptar la regulaci�n que a su juicio consulte en mayor medida el inter�s general, independientemente de las opiniones o sugerencias que reciba de los particulares, lo que supone que no est� vinculada por las opiniones dadas por los particulares en el tr�mite de la expedici�n de las regulaciones mencionadas.

En el caso espec�fico del ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno debe ajustarse a lo dispuesto en la ley objeto de reglamentaci�n. Si bien es posible que se abran espacios de discusi�n o participaci�n sobre los proyectos de decretos reglamentarios, no puede entenderse que la posibilidad de participaci�n limita la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al punto de hacer anulable un proyecto de regulaci�n expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria, que no fuese previamente puesto a disposici�n del p�blico para comentarios, seg�n lo dispuesto en el art�culo 8 numeral 8 anteriormente citado.

"4.2.- Sobre la participaci�n de la comunidad en la toma de decisiones que los afectan, como fin esencial del Estado, debe decirse, que trat�ndose de la expedici�n de normas, ya sean de orden legal o no, aquella se ejerce de varias maneras: una, la elecci�n de representantes (en sentido amplio) que expongan sus intereses y necesidades, en desarrollo del principio democr�tico que informa el modelo de Estado en Colombia; otras, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la asistencia a los escenarios de deliberaci�n dispuestos para tal prop�sito, o la consulta previa, entre otras.

Por eso, si bien es cierto que las autoridades tienen la facultad de abrir espacios para el debate, de manera previa a la expedici�n de normas, no lo es menos que trat�ndose del ejercicio de la funci�n reglamentaria, en estricto sentido no est�n obligadas a realizar consultas a la comunidad, porque el l�mite de su actuaci�n viene dado por la ley que se pretende reglamentar, de manera que, si se quiere ser preciso, no comporta propiamente un ejercicio discrecional, sino a una labor t�cnica circunscrita a la eficaz aplicaci�n de la ley.

La consulta previa, en el marco constitucional y legal colombiano, es obligatoria, entre otros casos, cuando se trata de decisiones sobre la explotaci�n de los recursos naturales en territorios ind�genas, pero no para el ejercicio de la potestad reglamentaria, particularmente en el asunto fiscal que se trat� en la norma demandada.

No se trata, por lo tanto, de un requisito de validez de este tipo de decretos, de manera que, si no se realiza, se afecten de nulidad.

Recu�rdese, que el deber de someter a consideraci�n del p�blico la informaci�n sobre proyectos espec�ficos de regulaci�n antes de su expedici�n, es fijado _directamente por la Constituci�n y la Ley. En esos casos, para dar a conocer el proyecto a los sectores interesados, este deber� estar disponible en el sitio Web de la respectiva entidad que lo prepara".

En el mismo sentido se pronunci� la Secci�n Quinta de esta Corporaci�n 10:

"En efecto, si bien esta norma [art. 8.8 CPACA] impone el deber a las autoridades de publicar "los proyectos espec�ficos de regulaci�n y la informaci�n en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas", lo cierto es que dicho mandato se impone �nicamente resRecto de aquellos proyectos que orientan u organizan las relaciones entre la autoridad administrativa y los ciudadanos y no a aquellos actos de car�cter general que expide en desarrollo de sus labores misionales.

"... el numeral 8� del art�culo 8� no puede ser le�do y estudiado por fuera del contexto del cual hace parte, y en ese orden, se impone concluir que "los proyectos espec�ficos de regulaci�n" que deben ser sometidos a consideraci�n del p�blico, son aquellos que establecen normas que orientan u organizan las relaciones entre la autoridad administrativa y los ciudadanos.

No puede ser otra la conclusi�n si se tiene en cuenta que los numerales que anteceden al 8� se refieren al deber de las autoridades de publicar las normas sobre su competencia, funciones y servicios que prestan, los tr�mites que ante ellas se surten, documentos que exigen al efecto, horarios, dependencias entre otros. N�tese que los �tems que lo anteceden y, en ese contexto la lectura del numeral 8�, no puede desbordar la �rbita del manejo interno de la entidad u �rgano de que se trate.

Sumado a lo anterior, para la Sala resultar�a contrario a todo orden que la administraci�n, para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legals. en lo que toca al ejercicio de sus labores misionales, deba consultar cada una de sus actuaciones con la ciudadan�a pues ello redundar�a en un desquiciamiento de las potestades que el ordenamiento confiere para que estas sean desarrolladas conforme los principios que gobiernan la funci�n p�blica".

Adem�s, debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, el sentido del proyecto de regulaci�n que result� en el Decreto 0074 de 2013 fue dado a conocer por el Gobierno nacional en eventos p�blicos en los que participaron gremios, productores e importadores del sector de confecciones y calzado11, lo cual se ajusta al objetivo del numeral 8 del art�culo 8 de la Ley 1437 de 2011, de dar a conocer a los interesados o posibles afectados los proyectos normativos de las autoridades administrativas.

Por tanto, la Sala concluye que la falta de una publicaci�n previa del proyecto de regulaci�n espec�fico que dio lugar al Decreto 0074 de 2013 no comporta su nulidad, en tanto su expedici�n se efectu�en ejercicio de la potestad reglamentaria en cabeza del Ejecutivo, en los t�rminos del art�culo 150 numeral 19 de la Constituci�n Pol�tica. Adem�s, el proyecto fue anunciado por el propio Gobierno a los sectores econ�micos potencialmente afectados con las medidas a implementarse, lo que supone que s� existi� un espacio de participaci�n de la comunidad en el tr�mite de su expedici�n.

Las normas acusadas tienen por objeto imponer un arancel mixto sobre las importaciones de bienes clasificados en l�is partidas arancelarias 61, 62, 63 (confecciones) y 64 (zapatos). Para la demandante, el Gobierno carec�a de la potestad para imponer tales medidas, en tanto las leyes marco de comercio exterior y de aduanas, y los art�culos VI y XIX del GATT, llevaban a considerar la implementaci�n de medidas de salvaguarda y antidumping autorizadas en el marco del GATT como medidas m�s apropiadas para evitar pr�cticas desleales en el comercio internacional. Para ello, adem�s, deb�a seguirse el procedimiento establecido en las normas de la OMC para su implementaci�n.

1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducci�n de los productos de un pa�s en el mercado de otro pa�s a un precio inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un da�o importante a una rama de producci�n existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la creaci�n de una rama de producci�n nacional. A los efectos de aplicaci�n del presente art�culo, un producto exportado de un pa�s a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un pa�s importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es:

a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el pa�s exportador; o

b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este �ltimo pa�s, si el precio del producto exportado es:

i) menor que el precio comparable m�s alto para la exportaci�n de un producto similar a un tercer pa�s en el curso de operaciones comerciales normales; o

ii) menor que el costo de producci�n de este producto en el pa�s de origen, m�s un suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio.

Se deber�n tener debidamente en cuenta, en cada caso, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributaci�n y aquellas otras que influyan en la comparabilidad de los precios.

2. Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podr� percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no ex'ceda del margen de dumping relativo a dicho producto. A los efectos de aplicaci�n de este art�culo, se entiende por margen de dumping la diferencia de precio determinada de conformidad con las disposiciones del p�rrafo 1.

"Art�culo XIX: Medidas de urgencia sobre la importaci�n de productos determinados

1. a) Si, como consecuencia de la evoluci�n imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contra�das por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un da�o grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podr�, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese da�o, suspender total o parcialmente la obligaci�n contra�da con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesi�n.

Para la Sala, estas disposiciones autorizan a las partes del tratado a imponer medidas arancelarias para minimizar o anular el efecto de la importaci�n de productos a precios irrisorios que afecten las condiciones de comercio de su mercado interno. Como tales, se reconocen como instrumentos v�lidos de acci�n a disposici�n de los Estados partes en el GATT, para evitar pr�cticas desleales en materia comercial.

Por la forma como se disponen los mismos, la Sala entiende que el establecimiento de derechos antidumping por parte de un Estado parte corresponde a una decisi�n de pol�tica comercial, que se toma cuando el Ejecutivo estima que debe acudirse a ese mecanismo, precisamente con el fin de proteger la producci�n nacional de un producto determinado de pr�cticas comerciales extranjeras injustificadas.

Los textos anteriormente citados no llevan a concluir que el establecimiento de derechos o aranceles antidumping solo procede una vez hayan sido descartadas otras medidas de pol�tica comercial dirigidas al mismo objetivo; antes bien, se entiende que estas normas facultan a un pa�s a fijar derechos antidumping, siempre que se ajusten a los compromisos fijados por el Estado en el seno de la OMC contenidos en las Listas Consolidadas.

Por �ltimo, se a�ade que no cabe adelantar un juicio de legalidad de los decretos demandados frente a los decretos 2555 de 2010, 1480 de 2005 y 1407 de 1999, en la medida en que no son normas jer�rquicamente superiores a los decretos acusados.

Finalmente, en atenci�n a lo previsto en el art�culo 188 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no procede condena en costas, por cuanto en el presente asunto se debate una pretensi�n de nulidad general, la cual lleva inmersa un inter�s p�blico.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, �Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley

PRIMERO: Estarse a lo resuelto en las sentencias del 1� de agosto de 2019 (expedientes 20497 y 21139) proferidas por esta Corporaci�n , en las cuales se declar� legal de manera condicionada los decretos 0074 del 23 de enero de 2013, y 456 del 28 de febrero de 2014 .

Estarse a lo resuelto ...��(en las sentencias del 1� de agosto de 2019 (expedientes 20497 y 21139) proferidas por esta Corporaci�n , en las cuales se declar� legal de manera condicionada los decretos 0074 del 23 de enero de 2013, y 456 del 28 de febrero de 2014 . )�DECRETO_74_2013_23/01/2013
Estarse a lo resuelto ...��(en las sentencias del 1� de agosto de 2019 (expedientes 20497 y 21139) proferidas por esta Corporaci�n , en las cuales se declar� legal de manera condicionada los decretos 0074 del 23 de enero de 2013, y 456 del 28 de febrero de 2014 . )�DECRETO_456_2014_28/02/2014

Fecha Providencia	07/05/2020
Fecha de notificaci�n	07/05/2020