SENTENCIA 11-001032700020180004500 de 2020

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030039317SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11-001032700020180004500 202029/04/2020SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11-001032700020180004500 __2020_29/04/2020300393272020CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARC�A Bogot� D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020) Referencia: Radicaci�n: Demandante: Demandada: NULIDAD 11-001-03-27-000-2018-00045-00 [24069] y [24068] (Acumulados) Demandante: JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA Demandado: Naci�n- Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico Tema: Impuesto de renta y complementarios- Exenci�n de retiros de aportes voluntarios para adquisici�n de vivienda SENTENCIA DE �NICA INSTANCIA

Sentencias de NulidadMilton Chaves Garc�aNaci�n- Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blicoJUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGAfalse29/04/2020art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016Identificadores10030219984true1332303original30193263Identificadores

Norma demandada: �art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016

Tema: Impuesto de renta y complementarios- Exenci�n de retiros de aportes voluntarios para adquisici�n de vivienda

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por Juan Rafael Bravo Arteaga contra algunos apartes de los art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016, expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, relativos a la procedencia de la exenci�n del impuesto de renta y de retenci�n en la fuente en los retiros de aportes voluntarios o de sumas depositadas en cuentas AFC o AVC, para la adquisici�n de vivienda 1

Juan Rafael Bravo Arteaga, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 de la Ley 1437 de 2011, solicit� que se declare la nulidad de algunos apartes de los art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016 (incorporados por el art�culo 10 del Decreto 2250 de 2017), expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuyo texto se transcribe a continuaci�n (se subrayan los apartes demandados):

Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen art�culos a los Cap�tulos 10, 11, 12, 19, 20, 21 y 22 del T�tulo 1y Cap�tulos 1y 7 del T�tulo 4 de la Parte 2 del Libro 1del Decreto 1625 de 2016, �nico Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Parte 1 de la Ley 1819 de 2016.

"ART�CULO 1.2.4.1.33. Retiro de aportes voluntarios que no se sometieron a retenci�n en la fuente y retiro de rendimientos. Los retiros de aportes voluntarios o sus rendimientos, de los seguros privados de pensiones o de los fondos de pensiones voluntarias, o el pago de pensiones con cargo a tales aportes, constituyen renta gravable para el part�cipe, afiliado o asegurado, seg�n el caso, y estar�n sometidos a retenci�n en la fuente por parte de la respectiva sociedad administradora siempre que tengan su origen en aportes provenientes de ingresos que se excluyeron de retenci�n en la fuente.

Se except�an de la regla prevista en el. inciso anterior, los retiros de aportes voluntarios y/o de los rendimientos financieros, de los que habla el presente art�culo, que cumplan las siguientes condiciones:

1. Los retiros de aportes realizados con posterioridad al 1 o de enero de 2013 y que hayan permanecido por lo menos diez (10) a�os, o los retiros de los aportes realizados antes del 31 de diciembre del 2012 y que hayan permanecido por lo menos cinco (5) a�os seg�n lo dispuesto en el par�grafo 3 del art�culo 126-1 del Estatuto Tributario, en los fondos de pensiones voluntarias o en los seguros privados de pensiones, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que el retiro de los rendimientos generados por estos aportes.

2. Los retiros de aportes y/o rendimientos que se efect�en con el cumplimiento de los requisitos se�alados en la ley para acceder a la pensi�n de vejez o jubilaci�n, muerte o incapacidad, circunstancias que deben estar certificadas de acuerdo con el r�gimen legal de la seguridad social.

3. Los retiros de aportes voluntarios en fondos de pensiones voluntarias o de los seguros privados de pensiones antes de que transcurran diez (1O) a�os o cinco (5) a�os seg�n lo dispuesto en el par�grafo 3 del art�culo 126-1 del Estatuto Tributario, contados a partir de la fecha de su consignaci�n, tampoco son sujetos de imposici�n ni de retenci�n en la fuente para el trabajador o part�cipe independiente, siempre y cuando, se destinen a la adquisici�n de vivienda financiada o no por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

3.1. Que la adquisici�n de la vivienda se haya efectuado a partir del 1 de enero de 2013.

3.2. Que el aportante al fondo de pensiones voluntarias o de los seguros privados de pensiones aparezca como adquirente del inmueble en la correspondiente escritura p�blica de adquisici�n de vivienda.

3.3. Que el objeto de la escritura p�blica sea exclusivamente la adquisici�n de vivienda, nueva o usada.

3.4. Que en la cl�usula de la escritura p�blica de adquisici�n de vivienda relativa al precio y forma de pago se estipule expresamente que el precio se pagar� total o parcialmente con cargo a los aportes del fondo de pensiones voluntarias o de los seguros privados de pensiones.

3.5. Que la entidad administradora del fondo de pensiones voluntarias o la aseguradora abone o gire directamente al vendedor el valor de los aportes para cancelar total o parcialmente el valor del bien inmueble.

3.6. Trat�ndose del retiro de aportes destinados a amortizar el capital o el valor de las cuotas del cr�dito hipotecario o del leasing habitacional, la entidad administradora del fondo de pensiones voluntarias o seguro privado de pensiones deber� girar el valor correspondiente al otorgante del cr�dito hipotecario o el leasing habitacional.

PAR�GRAFO. En todo caso, en los contratos de leasing habitacional se deber� ejercer la opci�n de compra: de lo contrario los retiros para el pago de los c�nones no tendr�n el car�cter de renta exenta y el contribuyente deber� declararlos como ingreso gravable en el a�o en que debiendo ejercer la opci�n de compra �sta no se hace efectiva.

"ART�CULO 1.2.4.1.36. Retiro de sumas depositadas en cuentas AFC o A VC que no se sometieron a retenci�n en la fuente y retiro de rendimientos. Los retiros de las sumas consignadas en cuentas de "Ahorro para el Fomento de la Construcci�n - AFC o las "Cuentas de Ahorro Voluntario Contractual - AVC" de que trata el art�culo 2 de la Ley 1114 de 2006 y sus rendimientos, constituye renta gravable para el contribuyente persona natural y estar�n sometidos a retenci�n en la fuente por parte de la respectiva entidad, siempre que tengan su origen en aportes provenientes de ingresos que se excluyeron de retenci�n en la fuente.

Se except�an de la regla prevista en el inciso anterior, los retiros de dichas sumas y/o sus rendimientos financieros, de los que habla el presente art�culo, que cumplan las siguientes condiciones:

1. Los retiros de las sumas depositadas con posterioridad al 1 o de enero de 2013, que hayan permanecido por lo menos diez (1O) a�os o cinco (5) a�os seg�n lo dispuesto en el par�grafo 1 del art�culo 126-4 del Estatuto Tributario.

2. Los retiros de las sumas depositadas antes de que transcurran diez (1O) a�os o cinco (5) a�os seg�n lo dispuesto en el par�grafo 1 del art�culo 126-4 del Estatuto Tributario, contados a partir de la fecha de su consignaci�n, tampoco son sujetos de imposici�n ni de retenci�n en la fuente, siempre y cuando se destinen a la adquisici�n de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

2.1. Que la adquisici�n de la vivienda se haya efectuado a partir del 1 de enero de 2013.

2.2. Que el depositario aparezca como adquirente del inmueble en la correspondiente escritura p�blica de adquisici�n de vivienda.

2.3. Que el objeto de la escritura p�blica sea exclusivamente la compraventa de vivienda, nueva o usada.

2.4. Que en la cl�usula de la escritura p�blica de adquisici�n de vivienda relativa al precio y forma de pago se estipule expresamente que el precio se pagar� total o parcialmente con cargo a las sumas depositadas en cuentas AFC o AVC.

2.5. Que la entidad abone o gire directamente al vendedor el valor de los aportes para cancelar total o parcialmente el valor del bien inmueble.

2.6. Trat�ndose der retiro de aportes destinados a amortizar el capital o el valor de las cuotas del cr�dito hipotecario o del leasing habitacional, la entidad deber� girar� el valor correspondiente al otorgante del cr�dito hipotecario o el leasing habitacional.

PAR�GRAFO. Para efectos de este art�culo el t�rmino "entidad" comprende a los establecimientos de cr�dito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y a las organizaciones de la econom�a solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Econom�a Solidaria que realicen pr�stamos hipotecarios y est�n legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro, tal como lo se�ala el par�grafo 3 del art�culo 126-4 del Estatuto Tributario".

El demandante invoc� como normas violadas en este caso el art�culo 126-1 inciso 5�, y el art�culo 126-4 inciso 2� par�grafo 1� del Estatuto Tributario.

Los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario eximen del impuesto de renta y de la retenci�n en la fuente los retiros de fondos de pensiones y de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcci�n (AFC), siempre que el monto de dichos retiros se destine a la adquisici�n de vivienda. La exenci�n cobija la adquisici�n de vivienda con o sin financiaci�n, mediante cr�dito hipotecario, o mediante arrendamiento financiero (leasing) habitacional.

Dado su car�cter gen�rico, la exenci�n comprende la adquisici�n de vivienda mediante figuras comerciales tales como la adquisici�n sobre planos o en "obra gris", en la que media un contrato de promesa de compraventa, o la adquisici�n mediante fiducia mercantil, a trav�s de la utilizaci�n de un patrimonio aut�nomo.

Afirma el demandante que los apartes demandados exceden lo establecido en los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, al exigir la suscripci�n de una escritura p�blica para la procedencia de la exenci�n, a pesar de que no todas las formas de adquisici�n de vivienda requieren de escritura p�blica. El Estatuto Tributario solo menciona la exigencia de una escritura p�blica en el caso de que la vivienda se adquiera sin financiaci�n. En los dem�s casos, la ley no exige que haya una escritura p�blica con las constancias que se�alan las normas reglamentarias demandadas.

Cuando el Estatuto Tributario consagra un beneficio para la adquisici�n de vivienda, no requiere que el adquirente se haga propietario del inmueble: la "adquisici�n" a que se refiere la norma corresponde a la obtenci�n de un derecho, que puede ser de propiedad, de posesi�n o de tenencia, como en el caso del arrendamiento financiero (leasing) habitacional. Por tanto, es contrario a la norma legal exigir una escritura p�blica, cuando hay casos como el del leasing habitacional, en el cual se adquiere un derecho de tenencia, y no se exige la suscripci�n de escritura p�blica.

En ejercicio de la potestad reglamentaria, el Ejecutivo no puede restringir a casos particulares la regulaci�n general establecida por la ley, ni generalizar la exigencia de requisitos formales, cuando tales requisitos se han restringido a situaciones espec�ficas. Los apartes demandados desconocen estos l�mites, pues alteran el contenido de la ley, y extienden la necesidad de escritura p�blica a supuestos de adquisici�n de derechos no contemplados en la ley.

El t�rmino "adquisici�n" hacer referencia a un derecho o cosa que se transmite a t�tulo oneroso. Por tanto, adquiere vivienda quien obtiene un derecho a ocupar un inmueble para vivienda, sea que tal derecho sea de propiedad o de mera tenencia.

Por tanto, cuando el par�grafo del art�culo 1.2.4.1.33 e':<ige que el tenedor del inmueble en un contrato de leasing habitacional se haga propietario del mismo al final del contrato, so pena de perder el beneficio tributario, impone una condici�n para la procedencia de la exenci�n que no est� contenida en la ley, y contrar�a la norma superior, porque si la ley permite que la exenci�n opere en el caso del leasing habitacional, es porque reconoce que el tenedor puede hacerse propietario o no del inmueble al final del contrato, seg�n una opci�n esencial al contrato de leasing, mientras que el reglamento obliga a obtener la propiedad del inmueble.

Adem�s, seg�n el demandante, el par�grafo del art�culo 1.2.4.1.33 viola el derecho a recibir la misma protecci�n y trato de las autoridades, seg�n lo dice el art�culo 13 constitucional, pues trata de manera opuesta dos situaciones id�nticas: mientras que si una persona retira recursos de un fondo de pensiones para comprar a cr�dito una vivienda goza de la exenci�n tributaria, a�n si despu�s cede su posici�n contractual, quien retira fondos para adquirir vivienda en la modalidad de leasing no puede ceder su posici�n contractual sin perder la exenci�n, pues el cedente no ser� quien ejerza la opci�n de compra.

El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico se opuso a las pretensiones de las demandas 2 , afirmando que las normas demandadas no contravienen el ordenamiento jur�dico.

Para la entidad demandada, los beneficios tributarios establecidos en los art�culos 126- 1 y 126-4 del Estatuto Tributario son otorgados en funci�n de la adquisici�n de vivienda, por lo que no es posible ampliar dichos beneficios por v�a reglamentaria a figuras jur�dicas del mercado inmobiliario que no comprenden la adquisici�n de vivienda.

En operaciones comerciales como la fiducia, el retiro de aportes y su entrega a una entidad fiduciaria no requiere de escritura p�blica, pues no da lugar a la adquisici�n de vivienda. Y al no resultar en la adquisici�n de vivienda, no garantiza la finalidad de los beneficios tributarios de que tratan los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.

La escritura p�blica de que tratan los apartes demandados es una exigencia de orden probatorio, que fue establecida con el fin de demostrar el cumplimiento de la finalidad del beneficio tributario reglamentado, tal como lo expuso la Corte Constitucional al examinar dicho requisito. La exigencia de un t�tulo traslaticio de dominio en una escritura p�blica imprime seguridad a la transacci�n, y permite materializar el objeto de la norma, al garantizarse la adquisici�n de vivienda.

La expresi�n "adquisici�n de vivienda" no incluye los derechos de tenencia y posesi�n, como lo afirma el demandante, pues el objeto de los beneficios tributarios reglamentados es facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda, y no la de estimular otros derechos sobre la vivienda, como la tenencia o la posesi�n. Adem�s, la legislaci�n civil es clara al exigir la suscripci�n de escritura p�blica para efectuar la tradici�n de derechos reales. Formas contractuales del derecho inmobiliario como la promesa, el leasing inmobiliario y la fiducia inmobiliaria son actos preparatorios tendientes a la adquisici�n de propiedad, que se har� en todo caso mediante el otorgamiento de una escritura p�blica.

En cuanto al leasing habitacional, la p�rdida del beneficio sobre los retiros de aportes (y la subsiguiente pr�ctica de la retenci�n) en caso de que el contribuyente no ejerza la opci�n de compra, no solo no excede la potestad reglamentaria, sino que armoniza con la voluntad del legislador de otorgar el beneficio tributario solo a la adquisici�n de la propiedad de una vivienda.

No hay violaci�n del principio de igualdad, en tanto 'no hay identidad entre los sujetos comparados: mientras que quien compra vivienda mediante un cr�dito hipotecario adquiere el derecho real de dominio sobre el bien, en el leasing habitacional el tenedor no es propietario. Mientras el adquirente del bien mediante cr�dito hipotecario incrementa su patrimonio en el valor del bien adquirido, el tenedor en un contrato de leasing solo capitalizar� el beneficio si hace uso de la opci�n de compra. Asumir otra cosa implicar�a que el beneficio tributario no derive en una disminuci�n del recaudo tributario con vistas a garantizar el acceso a la vivienda de la clase media, sino para incrementar el patrimonio de las entidades financieras que ofrecen leasing habitacional.

Por �ltimo, solicita la parte demandada que, en caso de que se encuentre fundada la petici�n del demandante, el Consejo de Estado precise que en todo caso, en el contrato preparatorio que sirve como prueba para autorizar el retiro anticipado debe constar que el contribuyente es e! adquirente del inmueble, que se celebrar� un contrato de compraventa sobre el inmueble, y que los aportes retirados se destinar�n a pagar el precio pactado del mismo.

En calidad de tercero interviniente, la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- solicit� que se nieguen las pretensiones de la demanda 3.

Para la DIAN, la facultad reglamentaria no puede ampliar los beneficios tributarios a figuras comerciales que no materializan la adquisici�n de vivienda, que es la finalidad que persiguen los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario. De hacerlo, el Ejecutivo s� estar�a desbordando los l�mites de la potestad reglamentaria, m�xime cuando se trata de beneficios tributarios, que deben estar definidos por el legislador.

El Congreso previ� el beneficio tributario discutido �nicamente para la adquisici�n de vivienda, que se acredita mediante escritura p�blica de compraventa, mientras que otras figuras contractuales como la fiducia mercantil o la compra sobre planos no constituyen t�tulo traslaticio de dominio.

Por otra parte, se tiene que hay cosa juzgada material frente a las normas parcialmente demandadas, comoquiera que la Corte Constitucional zanj� la discusi�n frente a la exigencia de escritura p�blica en el caso de operaciones de adquisici�n de vivienda para la cual se destinan aportes voluntarios al sistema general de pensiones. As�, en sentencia C-308 de 2017, la Corte analiz� la exigencia de escritura p�blica como condici�n de este beneficio tributario, y concluy� que la exigencia de ese requisito es consistente con el objeto del beneficio.

El 9 de diciembre de 2019 se llev� a cabo la audiencia inicial del presente proceso, en la cual no se observaron irregularidades en el tr�mite constitutivas de nulidad del mismo4 .

De igual forma, se fijaron los t�rminos del litigio, y se corri� traslado para presentar alegatos de conclusi�n.

No se presentaron excepciones previas que debieran ser resueltas en esta oportunidad, ni se advirtieron hechos que dieran lugar a la declaratoria de oficio de excepciones previas.

En cuanto a las medidas cautelares, consta que por autos del 22 de noviembre de 20185 y del 12 de febrero de 20196 , se neg� la suspensi�n provisional de las normas demandadas.

A su vez, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico reiter� los argumentos planteados en las contestaciones de las demandas8.

La Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales insisti�9 en que las exenciones tributarias tienen car�cter taxativo, por lo que el beneficio contemplado en los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario solo pueden materializarse con la adquisici�n de vivienda, y no se extiende a otras figuras contractuales que no suponen adquisici�n de la propiedad. Por otra parte, la Administraci�n tributaria no podr�a verificar que el objetivo buscado por el beneficio tributario (la adquisici�n de vivienda) se haga realidad en caso de utilizaci�n de otras formas contractuales, que no suponen la adquisici�n de vivienda.

Por su parte, el Ministerio P�blico solicit� negar las pretensiones de la demanda 10. A su juicio, el beneficio fiscal reglamentado en las normas demandadas tiene por fin la adquisici�n de vivienda, financiada o no. Dado que la exigencia de un t�tulo traslaticio de dominio debe constar en escritura p�blica, seg�n lo dispuesto en el Decreto 960 de 1970, y el art�culo 749 del C�digo Civil, la exigencia de escritura p�blica establecida en las normas impugnadas es consistente con el fin autorizado por la ley.

Le corresponde a �a Sala examinar la legalidad de los apartes demandados de los art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de- 2016, expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, relativos a la procedencia de la exenci�n del impuesto de renta y de retenci�n en la fuente en los retiros de aportes voluntarios o de sumas depositadas en cuentas AFC o AVC, para la adquisici�n de vivienda-

(i) Si el Gobierno nacional excedi� los l�mites de la potestad reglamentaria, al exigir la suscripci�n de una escritura p�blica en todos los casos de adquisici�n de vivienda, como condici�n para acceder a la exenci�n del impuesto de renta y complementarios y de retenci�n en la fuente por el mismo concepto, de que tratan los art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario.

(ii) Si hay igualmente una extralimitaci�n .en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al exigir que en todos los casos se ejerza la opci�n de compra, como condici�n para la aplicaci�n del beneficio tributario de que trata el art�culo 126-1 inciso 5� del Estatuto Tributario para la adquisici�n de vivienda mediante leasing habitacional.

Exenci�n del impuesto de renta y de retenci�n en la fuente en los retiros de aportes voluntarios para la adquisici�n de vivienda

El numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica dispone que corresponde al Presidente de la Rep�blica ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes que sean necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Como toda potestad en un Estado de Derecho, el ejercicio de la potestad reglamentaria est� sujeta a l�mites, siendo el primero el contenido de la norma con rango legal objeto de reglamentaci�n: as�, en aras de facilitar el cumplimiento de la ley, el reglamento no puede ir m�s all� de lo dispuesto por el legislador.

"El art�culo 189-11 de la C.P. es el fundamento de la potestad reglamentaria, seg�n el cual, el Ejecutivo est� revestido de la facultad para expedir decretos, resoluciones y �rdenes necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Esta competencia, por ende, est� dirigida a determinar reglas espec�ficas para que los distintos organismos del Estado cumplan adecuadamente con las disposiciones legislativas.

Esta facultad est� sujeta a ciertos l�mites, que no son otros que la Constituci�n y la ley misma, ya que al reglamentar no es dado ampliar, restringir o modificar el contenido legal, es decir, las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva, y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecuci�n de ella. El ejercicio del poder reglamentario obliga al Gobierno a desarrollar no solo el texto de la ley, sino tambi�n su contenido impl�cito, su finalidad espec�fica, para que cumpla de la mejor manera con sus objetivos" 11.

Seg�n lo anterior, la norma reglamentaria debe posibilitar el cumplimiento de la ley conforme a sus objetivos, estableciendo las condiciones para que tales objetivos puedan materializarse, siempre dentro de los l�mites trazados por la propia ley. Para ello, el reglamento puede especificar las condiciones del ejercicio de los derechos y de la actuaci�n de la A9ministraci�n, y establecer los procedimientos para ello, con el fin de facilitar la aplicaci�n pr�ctica de la ley y la realizaci�n de sus prop�sitos.

En el caso concreto que ocupa la atenci�n de la Sala, se encuentra que la exenci�n del impuesto de renta y de retenci�n en la fuente en los retiros de aportes voluntarios o de sumas depositadas en cuentas AFC o AVC para la adquisici�n de vivienda fue regulada por los art�culos 15 y 16 de la Ley 1819 de 2016, posteriormente incluidos como art�culos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, respectivamente. Dicen estas normas:

"ART�CULO 15. Modif�quese el art�culo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedar� as�:

"Art�culo 126-1. Deducci�n de'contribuciones a fondos de pensiones dejubilaci�n e invalidez y fondos de cesant�as. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efect�en las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilaci�n e invalidez y de cesant�as. Los aportes del empleador a dichos fondos ser�n deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, ser�n deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.

Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del part�cipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no har�n parte de la base para aplicar la retenci�n en la fuente y ser�n considerados como una renta exenta, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Cor;istrucci�n (AFC) de que trata el art�culo 126-4 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento '(30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del a�o, seg�n el caso, y hasta un monto m�ximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por a�o.

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retenci�n en la fuente, que se efect�en a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectu� por parte del respectivo fondo o seguro, la retenci�n inicialmente no realizada en el a�o de percepci�n del ingreso y realizaci�n del aporte seg�n las normas vigentes en dicho momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensi�n, se produce sin el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido por un per�odo m�nimo de diez (1O) a�os, en los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo en el caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi�n de vejez o jubila i�n y en el caso de muerte o incapacidad que d� derecho a pensi�n, debidamente certificada de acuerdo cori el r�gimen legal de la seguridad social.

Tampoco estar�n sometidos a imposici�n los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisici�n de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisici�n de vivienda se realice sin financiaci�n, previamente al retiro, deber� acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa que los recursos se destinaron a dicha adquisici�n.

Se causa retenci�n en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata este art�culo, de acuerdo con las normas generales de retenci�n en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes se�aladas. Los aportes a t�tulo de cesant�a, realizados por los part�cipes independientes, ser�n deducibles de la renta hasta la suma de dos mil quinientas (2.500) UVT, sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo a�o.

PAR�GRAFO 1�. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones se�aladas en el presente art�culo y los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dichas condiciones, mantienen la condici�n de rentas exentas y no deben ser incluidas en la declaraci�n de renta del periodo en que se efectu� el retiro.

PAR�GRAFO 2�. Constituye renta l�quida para el empleador, la recuperaci�n de las cantidades concedidas en uno o varios a�os o per�odos gravables, como deducci�n de la renta bruta por aportes voluntarios de este a los fondos o seguros de que trata el presente art�culo, as� como los rendimientos que se hayan obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al empleador.

PAR�GRAFO 3�. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el empleador, o los aportes del part�cipe independiente a los fondos de pensiones de jubilaci�n e invalidez, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, no har�n parte de la base para aplicar la retenci�n en la fuente y ser�n considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcci�n (AFC) de que trata el art�culo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso segundo del presente art�culo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del a�o, seg�n el caso. El retiro de los aportes de que trata este par�grafo, antes del per�odo m�nimo de cin90 (5) a�os de permanencia, contados a partir de su fecha de consignaci�n en los fondos o seguros enumerados en este par�grafo, implica que el trabajador pierda el beneficio y se efect�e por parte del respectivo fondo o seguro la retenci�n inicialmente no realizada en el a�o en que se percibi� el ingreso y se realiz� el aporte, salvo en el caso de muerte o incapacidad que d� derecho a pensi�n, debidamente certificada de acuerdo con el r�gimen legal de la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se destinen a la adquisici�n de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisici�n de vivienda se realice sin financiaci�n previamente al retiro deber� acreditarse ante la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa que los recursos se destinaron a dicha adquisici�n.

Se causa retenci�n en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata este par�grafo, de acuerdo con las normas generales de retenci�n en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos se�alados en el presente par�grafo.

Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia m�nimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente art�culo, mantienen la condici�n de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaraci�n de renta del periodo en que se efectu� el retiro.

PAR�GRAFO 4�. Los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios que incumplan con las condiciones previstas en los incisos 4o y 5o y el par�grafo 3o de este art�culo, que no provinieron de recursos que se excluyeron de retenci�n en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaraci�n del impuesto de renta y complementario del a�o del aporte, constituir�n renta gravada en el a�o en que sean retirados. La respectiva sociedad administradora efectuar� la retenci�n en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este par�grafo solo ser� aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1o de enero de 2017.

"ART�CULO 16. Modif�quese el art�culo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedar� as�:

"Art�culo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcci�n. Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcci�n (AFC) no formar�n parte de la base de retenci�n en la fuente del contribuyente persona natural, y tendr�n el car�cter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el art�culo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral, o del ingreso tributario del a�o, seg�n corresponda, y hasta un monto m�ximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por a�o.

Las cuentas de ahorro AFC deber�n operar en los establecimientos de cr�dito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podr�n realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorros AFC para la adquisici�n de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisici�n de vivienda se realice sin financiaci�n, previamente al retiro deber� acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisici�n. El retiro de los recursos para cualquier otro prop�sito, antes de un per�odo m�nimo de permanencia de diez (1O) a�os contados a partir de la fecha de su consignaci�n, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efect�en, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el a�o en que se percibi� el ingreso y se realiz� el aporte.

Se causa retenci�n en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes se�alado, de acuerdo con las normas generales de retenci�n en la fuente sobre rendimientos financieros.

Los recursos captados a trav�s de las cuentas de ahorro AFC, �nicamente podr�n ser destinados a financiar cr�ditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversi�n en titularizaci�n de cartera originada en adquisici�n de vivienda o en la inversi�n en bonos hipotecarios.

PAR�GRAFO 1�. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcci�n (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012, no har�n parte de la base para aplicar la retenci�n en la fuente y ser�n consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el art�culo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del a�o, seg�n corresponda.

El retiro de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) a�os contados a partir de su fecha de consignaci�n, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efect�en, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el a�o en que se percibi� el ingreso y se realiz� el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisici�n de vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a trav�s de cr�ditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisici�n se realice sin financiaci�n, previamente al retiro, deber� acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa.

Se causa retenci�n en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retenci�n en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia m�nima de cinco (5) a�os.

PAR�GRAFO 2�. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia m�nimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente art�culo, que no provinieron de recursos que se excluyeron de retenci�n en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaraci�n del impuesto de renta y complementarios del a�o del aporte, constituir�n renta gravada en el a�o en que sean retirados. La entidad financiera efectuar� la retenci�n en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este par�grafo solo ser� aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1o de enero de 2017.

PAR�GRAFO 3�. Lo dispuesto en el presente art�culo ser� igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcci�n (AFC) abiertas en:

a) Organizaciones de la econom�a solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Econom�a Solidaria que realicen pr�stamos hipotecarios y est�n legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro, o

b) Establecimientos de cr�dito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia".

Para la Sala, el t�rmino "adquisici�n" que contienen los art�culos transcritos del Estatuto Tributario y las normas reglamentarias debe entenderse en sentido estricto; es decir, referido a la adquisici�n del derecho de propiedad de la vivienda cuyo precio de adquisici�n es objeto de pago con los recursos de los retiros de los aportes exentos, por lo que no tienen cabida dentro del supuesto de la exenci�n las operaciones que no suponen la transmisi�n del derecho de propiedad.

En efecto, de la lectura de las normas reglamentadas del Estatuto Tributario se concluye que el legislador buscaba facilitar el acceso a la propiedad de vivienda por parte de quienes cuentan con aportes voluntarios a fondos de pensiones, por lo que condiciona la exenci�n a que los retiros de aportes se destinen efectivamente a la adquisici�n de vivienda.

As�, no cabe entender que las normas que consagran la exenc1on se refieren a la adquisici�n en sentido gen�rico, como lo afirma el demandante, sino en su sentido estricto. Entonces, por "adquisici�n" debe entenderse "... la acci�n y efecto de adquirir; el acto por el cual se hace uno due�o de alguna cosa; y tambi�n la misma cosa adquirida" 12; esto es, se refiere a la propiedad del bien adquirido.

Si la exenci�n sobre los retiros de aportes voluntarios se condiciona a que se adquiera el derecho de propiedad o dominio sobre el inmueble, es evidente que dicha operaci�n requerir� del otorgamiento de una escritura p�blica para que pueda realizarse la tradici�n que exige la ley para adquirir el dominio. Por tanto, la menci�n de la escritura p�blica como requisito para probar el dominio de la vivienda se encuentra acorde con la ley reglamentada, y con el resto del ordenamiento.

La Corte Constitucional indic�, con ocasi�n del juicio de constitucionalidad de las normas que consagran la exenci�n, que la adquisici�n de vivienda que se erige como condici�n de la exenci�n no se limita al supuesto de la compraventa, sino que debe entenderse que abarca otros t�tulos adquisitivos de dominio. Dijo la Corte13:

"...la Corte encuentra que el beneficio de no someter a imposici�n los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y de cesant�as respondi� al objetivo de fomentar la adquisici�n de vivienda por parte de personas naturales. En este marco, la exigencia de que el t�tulo traslaticio de dominio conste en una escritura p�blica, es consistente con el objeto del beneficio, como quiera que, por un lado, los contratos que tienen por objeto trasladar el dominio sobre bienes inmuebles, deben constar en escritura p�blica; es as� como el art�culo 1857 del C�digo Civil establece que "la venta de bienes ra�ces y servidumbres y la de una sucesi�n hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura p�blica"; en el mismo sentido, el art�culo 1457 hace una exigencia semejante en relaci�n con las donaciones de inmuebles al prescribir que "no valdr� la donaci�n entre vivos, de cualquier especie de bienes ra�ces, si no se otorgada por escritura p�blica, inscrita en el registro competente de instrumentos p�blicos". Y en relaci�n con la permuta, el art�culo 1956 del C�digo Civil establece que cuando el objeto es un t;>ien ra�z, su perfeccionamiento se configura con la suscripci�n de la correspondiente escritura p�blica: "el cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, excepto que una de las cosas que se cambian o ambas sean bienes ra�ces o derechos de sucesi�n hereditaria, en cuyo caso ser� necesaria escritura p�blica". As� las cosas en la medida en que los t�tulos traslaticios de dominio del;>en constar en escritura p�blica para el perfeccionamiento del correspondiente acuerdo negocia!, y en la medida en que el beneficio tributario se configur� en funci�n de la destinaci�n de los recursos extra�dos de los fondos de pensiones y de cesant�as a la adquisici�n de vivienda, la exigencia de la suscripci�n de una escritura p�blica es consistente con el dise�o general del beneficio legal.

No ocurre con lo propio con la exigencia de que la operaci�n econ�mica de adquisici�n se canalice mediante un tipo contractual espec�fico, y con la exclusi�n t�cita de las modalidades contractuales que constituyen un t�tulo traslaticio de dominio. En efecto, si el beneficio se estructur� en funci�n de la utilizaci�n de los recursos extra�dos del sistema pensiona! en la adquisici�n de vivienda no financiada, y si por otro lado esto supone un t�tulo traslaticio de dominio, que no necesariamente es un contrato de compra venta, es claro que la exigencia probatoria desborda y excede el dise�o general del beneficio legal. Tal como lo explicaron la Procuradur�a General de la Naci�n y el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, existen otros t�tulos traslaticios de dominio en cuyo marco es posible hacer uso de los recursos retirados de los fondos de pensiones y de cesant�as para adquirir vivienda, tal como ocurre con el contrato de permuta, cuando los bienes inmuebles intercambiados tienen un valor diferente, y la diferencia se pretende cubrir con los referidos recursos. En este tipo de hip�tesis, la exigencia legal no resulta consistente con el prop�sito del legislador de conceder el beneficio tributario en funci�n de la destinaci�n de aportes voluntarios al sistema pensiona!, a la adquisici�n de vivienda.

"...el ordenamiento introduce una diferenciaci�n inadmisible entre dos grupos de contribuyentes que se encuentran en la misma posici�n econ�mica: por un lado, aquellos que retiran los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y de cesant�as y los utilizan para adquirir vivienda no financiada mediante un contrato de compra venta, y aquellos que retiran los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y de cesant�as y los utilizan para adquirir vivienda no financiada, mediante un t�tulo traslaticio de dominio distinto a la compra venta, como un contrato de permuta en el que los bienes intercambiables tienen un valor distinto y el diferencial se cubre con los citados aportes. Solo en el primer caso el contribuyente puede mantener el beneficio tributario previsto para estos recursos, mientras que en el segundo se pierde, y el fondo o seguro debe fectuar la correspondiente retenci�n inicialmente no realizada en el a�o de percepci�n del ingreso, y se debe efectuar el aporte seg�n la normatividad vigente en dicho momento.

7.6. En este orden de ideas, la Corte declarar� la exequibilidad de las expresiones "de compraventa" contenidas en el art�culo 126.1 del Estatuto Tributario, pero en el entendido de que la acreditaci�n sobre la destinaci�n a adquisici�n de vivienda de los aportes voluntarios retirados de los fondos de pensiones y de cesant�as debe hacerse mediante copia de escritura p�blica en la que conste cualquier t�tulo traslaticio de dominio del inmueble".

Es claro que la Corte Constitucional centr� su an�lisis en el car�cter traslaticio de la compraventa, para concluir que el beneficio tributario contenido en el art�culo 126-1 E.T. no deb�a limitarse a este, sino que deb�a operar frente a cualquier t�tulo traslaticio de dominio reconocido en la ley colombiana, lo que supone ampliar el beneficio a la disposici�n de recursos mediante todo t�tulo traslaticio de dominio, pero excluye aquellos que no tienen ese efecto jur�dico.

Por lo anterior, si bien la ley reglamentada habla de "escritura p�blica de compraventa", seg�n lo dicho por la Corte Constitucional, debe entenderse que se refiere a una escritura p�blica que contenga un t�tulo traslaticio de dominio, bien sea la compraventa, u otro de los se�alados en la ley (art�culo 745 C.C.). Y si se entiende que la menci�n legal a los t�tulos traslaticios de dominio es gen�rica, debe concluirse que las figuras contractuales a las que alude el demandante (como el leasing inmobiliario, o la fiducia) permiten acceder a la exenci�n tributaria reglamentada, cuando en desarrollo del contrato haya lugar a una transferencia del dominio mediante escritura p�blica.

Cabe a�adir que la menci�n espec�fica que hace el art�culo 126-1 E.T. en su par�grafo 3�, respecto a la exigencia de la escritura p�blica " ...en el evento en que la adquisici�n de vivienda se realice sin financiaci�n ..." no limita la exigencia de la escritura p�blica a ese supuesto, como lo asume el demandante. Para la Sala, el requerimiento de la escritura p�blica en el supuesto mencionado deriva de la ley civil14, por lo que no hab�a necesidad de se�alarlo expresamente.

En el caso concreto del arrendamiento financiero (leasing) habitacional, tampoco hay una limitaci�n injustificada del alcance del Estatuto Tribuario por parte de las normas demandadas, pues se entiende que en ese caso, la adquisici�n de la vivienda tiene lugar al final del contrato, en caso de que el arrendatario haga uso de la opci�n de compra. As� caracteriza el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero la operaci�n de leasing habitacional:

"Art�culo 2.28.1.1.2. Modalidad de leasing habitacional destinado �a la aqquisici�n de vivienda familiar.

Se entiende por operaci�n qe leasing habitacional destinado a la adquisici�n de vivienda familiar, el contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su n�cleo familiar, a cambio del pago de un canon peri�dico; durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien.se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este �ltimo decide ejercer una opci�n de adquisici�n pactada a su favor y paga su valor.

En los t�rminos del art�culo 4 de la Ley 546 de 1999 las operaciones y contratos de leasing habitacional destinado a la adquisici�n de vivienda familiar son un mecanismo del sistema especializado de financiaci�n de vivienda de largo plazo en desarrollo de lo cual, les ser�n aplicables las reglas previstas en los art�culos 11, 12, 13, y 17 numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1O y par�grafo de la Ley 546 de 1999, los literales b) y c) del art�culo 1� del Decreto 145 de 2000 y lo previsto en el presente decreto.

Art�culo 2.28.1.1.3. Modalidad de leasing habitacional destinado a la adquisici�n de vivienda no familiar.

Se entiende por operaci�n de leasing habitacional destinado a la adquisici�n de vivienda no familiar, el contrato de leasing financiero mediante el cual una parte denominada entidad autorizada entrega a un lo.catario la tenencia de una vivienda, a cambio del pago de un canon peri�dico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este �ltimo decide ejercer una opci�n de adquisici�n pactada a su favor y paga su valor.

Las operaciones y contratos de leasing habitacional destinado a la adquisici�n de vivienda no familiar se regir�n por las estipulaciones que pacten las partes en el contrato y por lo previsto en el Cap�tulo 3 del presente T�tulo"

El bien inmueble entregado en leasing habitacional deber� ser de propiedad de la entidad autorizada durante el t�rmino del contrato, derecho de dominio que se trasferir� cuando el locatario ejerza la opci�n de adquisici�n, pague su valor y se cumplan las normas aplicables sobre tradici�n de la propiedad. Lo anterior, sin perjuicio de que varias entidades autorizadas entreguen en leasing conjuntamente inmuebles de propiedad com�n mediante la modalidad de leasing habitacional sindicado".

As�, es claro que la regulaci�n actual de la figura contractual del leasing habitacional contempla expresamente que la propiedad del inmueble objeto de la operaci�n solo se transfiere en caso de que el locatario haga uso de la opci�n de compra, para lo cual, en todo caso, debe cumplir con las solemnidades exigibles al efecto; vale decir, la suscripci�n de una escritura p�blica y su correspondiente registro.

Por lo mismo, es claro tambi�n que no se viola el derecho a la igualdad en el acceso al beneficio tributario reglamentado entre quienes celebran un contrato de leasing habitacional y hacen uso de la opci�n de compra, y quienes ceden su contrato antes de ejercer esa opci�n, pues en el primer caso hay una adquisici�n efectiva del dominio de la vivienda por parte del locatario original, mientras que en el segundo supuesto no hay adquisici�n de la propiedad por quien cede el contrato, lo cual supone que no se verifica para el cedente el prop�sito la exenci�n reglamentada.

Conforme lo anterior, se concluye que los apartes demandados de los art�culos 1.2.4.1.33 y 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016 no establecen condiciones para la exenci�n del impuesto de renta y de retenci�n en la fuente sobre el retiro de aportes voluntarios para adquisici�n de vivienda de que tratan los art�culos 126-1 y 126-4 E.T. que sean contrarias a las normas reglamentadas, sino que se encuentran en consonancia cori las mismas, por lo que se entiende que no exceden los l�mites de la potestad reglamentaria establecida por la Constituci�n Pol�tica para permitir el cumplimiento de la ley.

Esta conclusi�n se ajusta a lo dicho por la Sala en sentencia del 12 de febrero de 202015 que anul� la expresi�n "exclusivamente " contenida en el ordinal 2.3 del art�culo 1.2.4 .1.36 del Decreto 1625 de 2016, y declar� la legalidad condicionada de la expresi�n "sea . . . la compraventa", prevista en el ordinal 2.3 del art�culo 1.2.4.1.36 del Decreto 1625 de 2016 , bajo el entendido de que la prueba de que los recursos retirados de cuentas AFC o AVC fueron destinados a la adquisici�n de vivienda sin financiaci�n , debe hacerse mediante copia de escritura p�blica en la que conste cualquier t�tulo traslaticio del dominio .

As�, la Sala no encuentra fundamento para anular las expresiones demandadas, por lo que negar� las pretensiones de la demanda.

En atenci�n a lo previsto en el art�culo 188 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se condena en costas, por cuanto en el presente asunto se debate un asunto de inter�s p�blico.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

Fecha Providencia	29/04/2020
Fecha de notificaci�n	29/04/2020