200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030039145CC-SENTENCIAC128202022/04/2020CC-SENTENCIA_C_128__2020_22/04/2020300391522020EXISTENCIA DE COSA JUZGADA ACERCA DE LA NORMA DEMANDADA QUE REGULA UNA DE LAS HIPÓTESIS EN LAS QUE NO PROCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL, DECLARADA INEXEQUIBLE EN UNA PARTE QUE INFRINGÍA EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD POR EL ACTO.
CONSTITUCIONALIDAD22/04/2020José Fernando ReyesLEY 1826 DE 2017D-13496Identificadores20030216768true1328702original30190298Identificadores

Fecha Providencia

22/04/2020

Fecha de notificación

22/04/2020

Magistrado ponente:  José Fernando Reyes

Norma demandada:  LEY 1826 DE 2017


EXISTENCIA DE COSA JUZGADA ACERCA DE LA NORMA DEMANDADA QUE REGULA UNA DE LAS HIPÓTESIS EN LAS QUE NO PROCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL, DECLARADA INEXEQUIBLE EN UNA PARTE QUE INFRINGÍA EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD POR EL ACTO.


1. Norma acusada


LEY 1826 DE 2017

(enero 12)


Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado.


ARTÍCULO 7o. Modifíquese el numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:


4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.


En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código”.


Primero. LEVANTAR, en el presente proceso, la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.


Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-567 de 2019, que declaró “Primero. ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-425 de 2008, en tanto declaró EXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, en relación con el cargo de desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia). Segundo. Declarar EXEQUIBLE, en consecuencia, el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, EN EL ENTENDIDO de que las capturas aludidas en la norma examinada, sólo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías. (…) Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por vulneración del artículo 29 de la Constitución, por desconocerse el principio de culpabilidad por el acto”.



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3. Síntesis de los fundamentos


La Sala Plena examinó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Andrés Fernando Ruíz Hernández en contra del artículo 7° de la Ley 1826 de 2017, por ser contraria a los artículos 243 y 29 de la Constitución.


El demandante señaló que en la sentencia C-121 de 2012 la Corte declaró inexequibles algunos apartes del numeral 3° del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, norma que se reprodujo en la disposición acusada, configurándose con ello el fenómeno de cosa juzgada material, pues ambas normas tienen los mismos efectos jurídicos. Para el actor, la disposición demandada hace alusión nuevamente al artículo 310 procesal penal -norma que permitía entender al acusado o afecto a una medida de aseguramiento como un peligro para la sociedad- pero esta vez otorgando ese mismo nivel de peligrosidad al capturado. Indicó que en la sentencia C-121 de 2012 la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento” de la norma demandada, luego de considerar que vulneraba el principio de presunción de inocencia. A su juicio, en el caso del artículo 7° de la Ley 1826 de 2017 demandado es clara la vulneración de dicho principio pero incluso de mayor gravedad, en tanto se habilita la procedencia de la más gravosa de las modalidades de medida de aseguramiento por el solo hecho de haber sido capturado, con lo cual ni siquiera hay inferencia razonable de autoría o participación. Por otro lado, el accionante manifestó que la disposición acusada eliminó la facultad del juez de evaluar la proporcionalidad en la procedencia e imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y en su lugar estableció un criterio objetivo. También aseguró que desconoce el derecho penal de acto y se centra en el derecho penal de autor, porque no está relacionada con la conducta desplegada por el destinatario de la medida de aseguramiento sino con su condición subjetiva de haber sido capturado. Además, la parte final del inciso primero de la disposición demandada consagra una presunción de culpabilidad, por cuanto equipara la existencia de un proceso penal con la responsabilidad penal. La Sala encontró acreditadas las circunstancias para establecer el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia C-567 de 2019, esto es, i) identidad formal en el objeto acusado; ii) la identidad material en el cargo propuesto y iii) la ausencia de variación del parámetro de validez constitucional, en tanto: (i) El aparte normativo demandado en la sentencia C-567 de 2019, es el mismo que se analiza en esta oportunidad: numeral 4.° del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017. (ii) Las demandas, en términos generales, plantearon cargos similares que en concreto se circunscriben a advertir que la causal contenida en el numeral 4.° cuestionado le otorga a la persona vinculada al proceso penal un tratamiento que desconoce la presunción de inocencia e introduce un modelo de medida de aseguramiento que se basa en el pasado del sujeto y su condición subjetiva de haber sido capturado, más no en su conducta (desconocimiento del derecho penal de acto) y menos aún en haber sido condenado o una mínima inferencia razonable de responsabilidad. (iii) En la sentencia C-567 de 2019, la Sala Plena estudió, en primer lugar, el inciso 1° del numeral 4° del artículo 313 de la Ley 906 de 2004. Para ello acudió a los parámetros establecidos en la sentencia C-425 de 2008 y concluyó que la norma se ajustaba a los criterios de estricta legalidad, reserva judicial, estricta excepcionalidad, necesidad y razonabilidad. Sin embargo, hizo dos precisiones: i) solo puede hablarse de captura, cuando esta hubiese sido ordenada por el juez competente, con el pleno de las formalidades legales, o cuando la misma ha sido legalizada por el juez de control de garantías, por existir, por ejemplo, situación de aprehensión en flagrancia; y ii) la captura es solo un criterio más a tener en cuenta para imponer la medida de detención preventiva, el cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley procesal penal. En segundo lugar, revisó la constitucionalidad del inciso 2° del numeral 4° del artículo 313 de la Ley 906 de 2004. Para ello, reiteró las reglas contenidas en la sentencia C-121 de 2012 y sostuvo que la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del proceso, mas no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otro proceso. De lo contrario, se estarían empleando decisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce el derecho de toda persona a ser juzgada conforme al acto que se le imputa. Con fundamento en lo anterior, en la sentencia C-567 de 2019 la Corte decidió estarse a lo decidido en la sentencia C-425 de 2008 en tanto declaró: i) exequible el incido 1°, en el entendido de que las capturas aludidas en la norma examinada, solo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías; y ii) inexequible el inciso 2° por desconocerse el principio de culpabilidad por el acto. Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena determinó que en la sentencia C-567 de 2019 se resolvieron los planteamientos expuestos en la demanda objeto de estudio, por cuanto: a) En la demanda que ahora se estudia el accionante señaló que la disposición acusada era contraria al artículo 243 C.P. (cosa juzgada material), al reproducir una norma que había sido declarada inexequible en la sentencia C-121 de 2012 por ser contraria al principio de presunción de inocencia. b) Aunque el debate de la cosa juzgada material respecto de la sentencia C-121 de 2012 no fue propuesto en la demanda que dio lugar a la sentencia C-567 de 2019, lo cierto es que el estudio sobre la existencia de la norma demandada y su conformidad con la Constitución fue abordado en esta última providencia acudiendo a los parámetros establecidos en las sentencias C-425 de 2008 y C-121 de 2012, no bajo el racero de la cosa juzgada material, sino como parámetro para declarar exequible bajo condicionamiento el inciso primero, e inexequible el inciso segundo. c) Entonces, el cuestionamiento principal del accionante cuyo fundamento está dado en el pronunciamiento que sobre la presunción de inocencia se hiciera en la sentencia C-121 de 2012, fue despachado por la Corte en la sentencia C-567 de 2019 donde se analizó la conformidad del artículo 7° demandado con la Constitución.


ALBERTO ROJAS RÍOS

Presidente