200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030039122CC-SENTENCIA123202015/04/2020CC-SENTENCIA__123__2020_15/04/2020300391292020
15/04/2020Carlos Bernal PulidoLey 84 de 1873Identificadores20030216557true1328491original30190087Identificadores

Fecha Providencia

15/04/2020

Fecha de notificación

15/04/2020

Magistrado ponente:  Carlos Bernal Pulido

Norma demandada:  Ley 84 de 1873


VI. EXPEDIENTE D-13329 - SENTENCIA C-123/20 (abril 15)

M.P. Carlos Bernal Pulido


1. Norma acusada

LEY 84 DE 1873

(mayo 24)

(…)

TÍTULO IV

DEL MATRIMONIO

Artículo 113. DEFINICIÓN. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente

2. Decisión

Primero. LEVANTAR en el presente proceso, la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad del artículo 113 de la Ley 84 de 1873, por ineptitud sustantiva de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

A la Corte le correspondió determinar si la expresión “de procrear” contenida en la definición de matrimonio del artículo 113 de la Ley 84 de 1873 desconoce la protección constitucional al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) y al derecho a decidir libremente el número de hijos (artículo 42 de la Constitución).

Según el demandante, el Código Civil consagró el matrimonio como un contrato solemne, lo que a la luz de las reglas que lo rigen, implica que se le aplique el régimen de responsabilidad de los contratos. En particular, afirmó que desconocer la finalidad de procreación podría derivar en el incumplimiento de una de las obligaciones del contrato matrimonial, lo cual otorga al contratante ofendido el derecho a reclamar la satisfacción del débito contractual y la correspondiente indemnización de perjuicios por las vías judiciales. Por tanto, la parte que no está en la disposición de procrear, tendría la obligación de indemnizar a la otra parte contratante.

Por último, el demandante adujo que definir la procreación como uno de los fines del matrimonio desconoce la libertad que tienen las parejas de decidir si procrean o no, puesto que su intimidad es inviolable. Así, afirmó que la procreación simplemente debería ser una decisión libre de la pareja, mas no un fin del contrato de matrimonio.

La Sala concluyó que los cargos propuestos por el demandante no son aptos, al no satisfacer las exigencias fijadas por la jurisprudencia constitucional. Las razones presentadas por el demandante carecen de las cargas mínimas de certeza y suficiencia.

Para la Corte, no existe ningún elemento del artículo 113 del Código Civil que permita inferir razonablemente que la procreación, como fin del contrato de matrimonio, deba ser entendida como una obligación de los cónyuges de la cual pueda derivarse un deber de indemnización ante su incumplimiento. Asimismo, consideró que el accionante no brindó razones para concluir que dicha interpretación está jurídicamente fundamentada.

Por otra parte, la Sala recordó que en las sentencias C-577 de 2011 y C-886 de 2010, la Corte Constitucional se ha declarado inhibida para pronunciarse sobre los mismos cargos porque concluyó que entender la finalidad de procreación como una imposición no era un significado plausible que se derivara del texto normativo acusado. En dichas sentencias, la Corte afirmó que “la procreación no es, entonces, una obligación, sino una posibilidad que se les ofrece a los casados y que el legislador, atendiendo a lo que suele ser normal en la realidad, reconoció, otorgándole el carácter de finalidad, lo que no implica la imposición de una obligación inexcusable de tener hijos, ni un desconocimiento de los derechos a la autodeterminación reproductiva (…)”.

4. Salvamentos de voto

El magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS, al no obtener la mayoría reglamentaria para la aprobación de la ponencia que presentó, se separó de la decisión inhibitoria adoptada por la Sala Plena. Dicha postura fue compartida por los magistrados ALEJANDRO LINARES CANTILLO y JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

Los citados magistrados salvaron su voto con el fin de señalar que la Corte no debió abstenerse de emitir un pronunciamiento con base en la supuesta falta de certeza y de suficiencia de la demanda, puesto que en aplicación del principio pro actione era razonable derivar cargos contra la expresión “de procrear” contenida en el artículo 113 del Código Civil, por vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP) y a la autonomía reproductiva (art. 42.7 CP).

Sobre este aspecto de la aptitud sustantiva, a partir de la alegación consignada en la demanda, explicaron que se suscitaba una duda de constitucionalidad que debió ser objeto de un estudio de mérito, a propósito de la argumentación según la cual, al establecerse en la Constitución que “la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos”, el derecho a la autonomía reproductiva constituye un límite a la potestad del legislador y, por ello, le está vedado establecer en la regulación del matrimonio una finalidad que desconozca, en términos puntuales, la opción de no tener hijos.

A partir de lo anterior, sostuvieron que una lectura equivocada de la procreación como fin del matrimonio previsto en el artículo 113 del Código Civil, podría implicar la vulneración de los mandatos constitucionales, así como del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, en los que se reconoce el derecho fundamental innominado de derechos sexuales y reproductivos, los cuales en este caso se reflejan en la autodeterminación reproductiva y el libre desarrollo de las parejas (art. 16 y 42 CP). En este sentido, precisaron que la norma enjuiciada de ser entendida como una obligación y no como una finalidad que no constituye un elemento de la esencia del contrato de matrimonio, podría imponer una carga desproporcionada en la vida de las parejas y, en especial, de las mujeres que viven en pareja, debido a que, por razones biológicas, culturales y sociales, son ellas las encargadas de dar vida.

Como consecuencia lógica de dicho razonamiento, señalaron que la legislación aún prevista en el Código Civil actualmente vigente, al haber sido expedida hace más de un siglo (Ley 57 de 1887) y sufrir pocas modificaciones, continúa otorgando un tratamiento exclusivamente contractual al matrimonio, el cual está signado por finalidades rectoras como la indisolubilidad, la procreación y la culpa, lo que a todas luces desatiende el reconocimiento de las opciones de vida propias de una sociedad diversa y pluralista en el contexto de una nueva realidad que requiere protección constitucional en el ámbito de la libertad y la igualdad.

En sustento de esta postura, señalaron que la jurisprudencia constitucional (sentencias SU- 214 de 2016 SU-096 de 2018 y C-093 de 2018, entre otras), en el ejercicio de aplicación conjunta y sistemática de normas internacionales y disposiciones constitucionales, ha dado cuenta de la relevancia de reconocer el fundamento y el alcance a los derechos sexuales y reproductivos, pues con ello se garantiza la realización del principio de dignidad humana, así como los derechos a la libertad, a la autonomía y a la igualdad de las mujeres1.

Con fundamento en todo lo anterior, los magistrados LINARES CANTILLO, REYES CUARTAS y ROJAS RÍOS concluyeron que la sentencia que se debió proferir era el punto culmen de una construcción jurisprudencial fundamentada en una Constitución vanguardista para la libertad, como en efecto lo es la Carta Política de 1991 y, por ende, debió condicionarse la exequibilidad de la expresión demandada en el entendido que la finalidad allí prevista implica garantizar el derecho a la autodeterminación reproductiva, esto es a “decidir libremente tener descendencia o no”.