SENTENCIA 11001032400020090001400 de 2019

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030038736SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020090001400201918/10/2019SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020090001400__2019_18/10/2019300387412019

Sentencias de NulidadGLORIA AMPARO DE LAS MERCEDES GAIT�N JARAMILLOfalse18/10/2019Art�culos 1� al 8� del Decreto 2122 de 1949Identificadores10030209324true1319691original30183348Identificadores

TESIS: LAS LEYES DE HONORES ADOPTADAS A TRAV�S DE DECRETOS LEGISLATIVOS, EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO EN VIGENCIA DE UN ESTADO DE EXCEPCI�N, COMO EL DE CONMOCI�N INTERIOR, POR SUS EFECTOS SUBJETIVOS, INDIVIDUALES, PARTICULARES Y CONCRETOS, QUE INCLUSIVE PUEDEN DAR LUGAR A DERECHOS CONSOLIDADOS, NO NECESARIAMENTE PIERDEN EFECTOS CON EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA, COMO EN PRINCIPIO SUCEDE CON LOS RESTANTES DECRETOS LEGISLATIVOS QUE DIFIERAN DE LAS PARTICULARIDADES DE AQUELLAS,Y EN ESTA OPORTUNIDAD EL DECRETO REGLAMENTARIO DEMANDADO EST� ACORDE TANTO CON LA LEY 45 DE 1948 COMO CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1265 DE 1948, QUE CRE� UNA SITUACI�N CONSOLIDADA.

Se decide, en �nica instancia, la demanda instaurada, mediante apoderado, por la ciudadana GLORIA AMPARO DE LAS MERCEDES GAIT�N JARAMILLO, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 84 del CCA., contra los art�culos 1� al 8� del Decreto 2122 de 1949, por medio del cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor JORGE ELIECER GAIT�N AYALA.

I.1- La ciudadana GLORIA AMPARO DE LAS MERCEDES GAIT�N JARAMILLO, a trav�s de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, en adelante CCA, present� demanda ante esta Corporaci�n, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los art�culos 1� al 8� del Decreto 2122 de 25 de julio de 1949, �Por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n�, expedido por el Gobierno Nacional.

I.2- Seg�n la demandante los apartes cuestionados del acto acusado vulneran los art�culos 55 de la Carta Pol�tica de 1886, hoy art�culo 113 de la Constituci�n Pol�tica de 1991; 121 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, 20 de la Carta Pol�tica de 1886, hoy 6� de la Constituci�n Pol�tica de 1991 y el numeral 3 del art�culo 120 de la Carta Pol�tica de 1886, hoy numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n de 1991; y la Ley 45 de 9 de noviembre de 1948.

A-. Primer cargo. Violaci�n del art�culo 55, de la Carta Pol�tica de 1886, hoy art�culo 113, de la Constituci�n Pol�tica de 1991.

Inici� expresando que con la expedici�n de los art�culos 1� al 8�, del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, se vulner� el art�culo 55 de la Carta Pol�tica de 1886, hoy 113 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, -que establece el principio de separaci�n de ramas y �rganos del poder-, por cuanto el Ejecutivo invadi� la �rbita competencial del �rgano Legislativo, incurriendo en extralimitaci�n de funciones. Para ilustrar su planteamiento, transcribi� apartes de lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-983 de 8 de octubre de 2005 (Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil).

Seg�n la demandante, la mencionada violaci�n se configur� por el hecho de que el Ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria, injustificadamente desconoci� las disposiciones de la Ley 45 de 1948, ya que regul� aspectos diferentes a los se�alados en los textos normativos de la misma, contrariando la naturaleza de la atribuci�n ejercida.

B-. Segundo Cargo. Violaci�n del art�culo 121 de la Constituci�n de 1991, art�culo 20 de la Carta 1886, hoy art�culo 6� de la Constituci�n de 1991, y el numeral 3 del art�culo 120 de la Carta de 1886, hoy numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n de 1991.

En complemento del cargo anterior, se�ala la demandante que la potestad reglamentaria tiene claros y precisos l�mites, en virtud de los cuales los actos que se expidan para reglamentar una ley o un decreto con fuerza de ley no pueden exceder el esp�ritu de las normas reglamentadas, pues la mencionada atribuci�n �nicamente est� dada para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debe aplicarse la ley, sin que est� permitido invadir la esfera propia de esta, alter�ndola.

Record� que en este caso el Congreso de la Rep�blica no confiri� facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica para legislar, de conformidad con el art�culo 76, numeral 12, de la Constituci�n de 1886, hoy numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n de 1991.

Agreg� que el Presidente de la Rep�blica, al expedir el Decreto parcialmente acusado que �l mismo titul� como: �Por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eliecer Gait�n�, infringi� preceptos constitucionales como el art�culo 20 de la Carta de 1886, hoy 6� de la Constituci�n de 1991, en la medida en que, extralimitando sus competencias, provey� sobre asuntos que exced�an los l�mites previstos en la Ley de Honores.

Concluy� este cargo se�alando que de la lectura de los actos acusados se extrae que el Gobierno Nacional resolvi� sustituir al Congreso de la Rep�blica, legislando, interpretando y reglamentado asuntos jur�dicos no contenidos en la �norma origen�, de ah� que declarar la nulidad impetrada se justifique.

Desde un enfoque centrado en la ley reglamentada, la demandante sostiene que con la expedici�n del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, el Presidente de la Rep�blica infringi� flagrantemente el esp�ritu y la totalidad del articulado de la Ley de Honores n�m. 45 de 1948, de 19 de noviembre pero promulgada el 11 de diciembre del mismo a�o, por cuanto, a su juicio, dicha Ley no estipul� ni consagr� ninguno de los aspectos a los que se refieren los art�culos 1� al 8� del Decreto 2122 de 1949, por lo que estima que aqu�l incurri� en una extralimitaci�n de la potestad reglamentaria.

Seguidamente, la demandante detall� los aspectos que reglament� el Gobierno Nacional en dicho Decreto y que no fueron �promulgados ni comisionados� (sic) por la Ley de Honores, as�:

En relaci�n con el art�culo 1� del Decreto 2122 de 1949, aclar� inicialmente la demandante que la casa del doctor Gait�n no fue adquirida a trav�s de un juicio de expropiaci�n por el Estado como err�neamente se quiere hacer creer desde 1949; que este solo tuvo la administraci�n de la misma, de hecho, a la fecha, el inmueble esta inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos P�blicos de Bogot� a nombre de Gloria Amparo de las Mercedes Gait�n Jaramillo, producto de un tr�mite de sucesi�n adicional adelantado en el a�o 2007; sin embargo, el Gobierno Nacional se ha negado a hacerle entrega del inmueble.

Agreg� que la Ley de Honores en ninguno de sus apartes declar� como Monumento Nacional a la casa del doctor Jorge Eliecer Gait�n, circunstancia que s� expresa el Decreto acusado que, adem�s, hace referencia a la existencia del Decreto Extraordinario n�m. 1265 de 1948, sin tener en cuenta que dicho Decreto extraordinario dej� de existir autom�ticamente para el ordenamiento jur�dico colombiano, con la expedici�n del Decreto 1444 de 17 de diciembre de 1948, por el cual el se�or Presidente de la Rep�blica levant� el �Estado de Sitio�, el cual, posteriormente, no fue adoptado como legislaci�n permanente, por el Congreso de la Rep�blica.

En torno al art�culo 2� del Decreto 2122 de 1949, que dispone que el Gobierno Nacional toma en protecci�n la casa del doctor Gait�n y su familia y asume la direcci�n de las obras que se llevar�n a cabo para conservarla, la demandante advierte que la Ley 45 de 1948, tampoco incorpora disposici�n alguna al respecto ni confiri� potestad o propiedad a aquel para la administraci�n, cuido o disposici�n del inmueble que en vida le perteneci� al doctor Gait�n y su familia, sino que simplemente se refiri�, de manera espec�fica, a la construcci�n de un monumento en el p�rtico de la casa, para lo que se destin� la suma de $100.000 pesos como auxilio que se entregar�a al Comit� Nacional a cuyo cargo estar�a el levantamiento de un mausoleo del doctor Gait�n. Adem�s, anot� que el art�culo 2� es consecuencia del art�culo 1� y este, es consecuencia del Decreto 1265 de 1948 que, para ese entonces, de acuerdo con el ordenamiento jur�dico colombiano, hab�a dejado de existir, desde la fecha en que se produjo el levantamiento del Estado de sitio.

Asever� la demandante que los art�culos 3� y 4�, del Decreto 2122 de 1949, son los que m�s abiertamente infringen la Ley 45 de 1948, al expresar que la biblioteca, los muebles de uso personal, los diplomas, condecoraciones, t�tulos honor�ficos, etc., ser�an conservados en la casa del doctor Jorge Eliecer Gait�n, inmueble en relaci�n con el cual el Gobierno Nacional se arrog� la potestad de proteger y disponer sin tener raz�n o fundamento jur�dico alguno. Al respecto precis� que ning�n art�culo de la Ley 45 de 1948, hizo referencia a la adquisici�n por parte del Estado de esos bienes.

Manifest�, igualmente, que los art�culos 5� y 6� del Decreto 2122 de 1949, relacionados con la denominada �Casa Museo y Museo Jorge Eliecer Gait�n�, no se derivan de lo previsto en la Ley 45 de 1948, lo cual, a su juicio, constituye una clara infracci�n al ordenamiento jur�dico colombiano que atenta contra el Estado de derecho.

En relaci�n con los art�culos 7� y 8�, la demandante sostiene que su nulidad precisamente obedece a su vinculaci�n directa e inescindible con los art�culos 1� al 6�. De ah� su conclusi�n, seg�n la cual, si estos deben dejarse sin efecto aquellos deben correr la misma suerte.

Finaliz� su argumentaci�n con una rese�a de diversos apartes de distintos fallos proferidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en relaci�n con el tema de la potestad reglamentaria, entre ellas, las sentencias: C-028 de 1997 (Magistrado ponente Alejandro Mart�nez Caballero), C�302 de 5 de mayo de 1999 (Magistrado ponente Carlos Gaviria D�az), C-509 de 14 de julio de 1999 (Magistrado ponente Jos� Gregorio Hern�ndez) y C-825 de 17 de agosto de 2005 (Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil), de 15 de mayo de 1997 (Expediente 4014, Consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa), de 3 de diciembre de 2007 (Expediente 31447, Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio) y de 11 de octubre de 2007 (Expediente 11001032400020040010001, Consejera ponente Martha Sof�a Sanz Tob�n).

A la demanda se le imprimi� el tr�mite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisi�n, fijaci�n en lista, probatoria y de alegaciones.

II.1.1 El Ministerio de Educaci�n Nacional, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demandante para lo cual adujo, ante todo, que no le constaban los hechos de la demanda, por cuanto estos no guardaban relaci�n con los asuntos de su competencia.

Seguidamente, en relaci�n con la separaci�n tripartita del poder p�blico, explic� que la misma permite, por una parte, limitar el alcance del poder y, por ende, restringe su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad y, por otra, asegura que los diversos �rganos desarrollen un amplio grado de especializaci�n institucional y les den manejo m�s t�cnico a sus funciones.

Defendi� el actual fortalecimiento del Congreso de la Rep�blica y del principio de separaci�n de poderes, teniendo en cuenta que, en vigencia de la anterior Constituci�n, dicha Corporaci�n pod�a delegar transitoria, pero generalizada y recurrentemente, funciones legislativas en el Ejecutivo para toda suerte de asuntos que iban desde la expedici�n de c�digos hasta la creaci�n de impuestos, con lo cual se desatend�a el principio de representaci�n pol�tica, pilar de la legitimidad de las decisiones pol�ticas b�sicas.

Que una forma que encontr� el Constituyente del 91 para enfrentar esa situaci�n y fortalecer al Congreso de la Rep�blica, fue restringir y hacer m�s exigente la utilizaci�n de las facultades extraordinarias, con lo cual se reforz� igualmente el principio de separaci�n de poderes, dado que las limitaciones temporales y materiales impuestas a las facultades extraordinarias, en particular, la exclusi�n de determinadas materias, como la expedici�n de c�digos, leyes estatutarias, leyes org�nicas o leyes marco, delimitan, de manera infranqueable, las competencias del Congreso de la Rep�blica y del Ejecutivo, lo que aten�a el excesivo presidencialismo e introduce un mayor equilibrio entre las ramas del poder p�blico.

Resalt� la importancia de que en un Estado Democr�tico de Derecho, fundado en la soberan�a popular, las decisiones m�s importantes para la comunidad sean adoptadas por el �rgano de representaci�n popular y de deliberaci�n pluralista y no por el Ejecutivo.

En relaci�n con la potestad reglamentaria, manifest� que con ocasi�n del vac�o de la legislaci�n ordinaria del Congreso de la Rep�blica, es que se ha incrementado el poder legiferante del Presidente de la Rep�blica, mediante el ejercicio de facultades extraordinarias, previstas por la anterior Constituci�n en los art�culos 76, numeral 12 y 118, numeral 8, y por la Carta del 91, en el art�culo 150, numeral 10.

Expres� que para nadie es desconocido el hecho de que muchas de las m�s importantes leyes expedidas en el siglo pasado, entre ellas, varios C�digos, como los de Procedimiento Civil, Penal y el de Comercio, surgieron al amparo de las facultades extraordinarias. Por eso, quiz�s las f�rmulas restrictivas adoptadas por la Carta del 1991, en su art�culo 150, numeral 10, constituyen una respuesta leg�tima y adecuada al desbordamiento de las facultades extraordinarias que se produjo, en forma tan notable y fecunda, con la anterior Constituci�n.

Agreg� que el Constituyente de 1991, introdujo modificaciones al procedimiento legislativo de las facultades extraordinarias que, de manera general, muestran una restricci�n de sus alcances, a pesar de que conservan los dos elementos b�sicos de la temporalidad y la precisi�n de la materia.

Advirti� que la demandante en la sustentaci�n del cargo de violaci�n de la ley de honores cit� el art�culo 7� del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, norma seg�n la cual:

ART�CULO 7: El comit� Nacional encargado, conforme al par�grafo del art�culo 3�. de la Ley 45, de la erecci�n del mausoleo a Jorge Eli�cer Gait�n, estar� integrado as�:

Sin embargo, aclar� que, el Ministerio de Educaci�n Nacional cedi� a la Universidad Nacional de Colombia los derechos que pose�a sobre todos los bienes inmuebles del liquidado COLPARTICIPAR, mediante Acta de entrega de 31 de marzo de 2005, suscrita por el Director Liquidador de esta entidad, la Ministra de Educaci�n y el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, en la que consta la transferencia efectuada a esta �ltima, a t�tulo gratuito, de 40 inmuebles que corresponden a dos manzanas; la manzana del Exploratorio Nacional, ubicada entre las carreras 15 y 16 y las calles 42 y 43, predios en los que se ubica la Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n y una edificaci�n denominada Exploratorio Nacional; y la manzana ubicada entre las carreras 15 y 16 y la calle 42 y la avenida 40, que comprende parte de las oficinas de COLPARTICIPAR y otros predios que se adquirieron para los fines del Instituto. Todo lo anterior se dej� en posesi�n de la Universidad Nacional, mediante la entrega de las llaves de los inmuebles.

Por �ltimo, enfatiz� que mediante Resoluci�n n�m. 8250 de 19 de marzo de 2009, la Superintendencia de Notariado y Registro resolvi� los recursos de reposici�n y apelaci�n interpuestos por el Departamento Administrativo de la Defensor�a del Espacio P�blico-DADEP y la Universidad Nacional, contra los actos administrativos que ordenaron las anotaciones 5, 6 y 7 del Certificado de Tradici�n y Libertad del inmueble identificado con la matr�cula inmobiliaria n�m. 50C-629840 (Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n), acto administrativo en el que se dispuso:

PRIMERO: Ordenar al Registrador de instrumentos P�blicos de Bogot� D.C-Zona Centro, corregir la anotaci�n No. 2 del folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-629840, incluyendo como comentario �Titulo Traslaticio de Dominio Art. 9 Ley 1� de 1943. Diligencia de entrega de juicio de expropiaci�n contra la sucesi�n de Jorge Eli�cer Gait�n seg�n sentencia del 26 de noviembre del a�o pr�ximo pasado�. En consecuencia, se ordena igualmente devolver la X de propietario al municipio de Bogot�.

De la misma manera, se ordena excluir del campo de comentario de las anotaciones No. 3 y 4, el t�rmino FALSA TRADICI�N.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, revocar la anotaci�n n�mero siete (7) del folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-629804, correspondiente a la inscripci�n de la escritura p�blica No. 01452 de 25 de junio de 2007, otorgada en la Notar�a Quinta de Bogot�, por la que se realiz� el acto de adici�n a la liquidaci�n de la herencia del se�or doctor Jorge Eli�cer Gait�n [�]�.

II.1.2. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su escrito de intervenci�n manifest� que no deben prosperar las pretensiones de la accionante, en s�ntesis, con fundamento en los siguientes argumentos:

A). Propuso, como primera excepci�n, la de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -MHCP-, sobre la base de que dicho Ministerio nada tiene que ver con el objeto concreto de la litis, por no ejercer ning�n tipo de administraci�n o disposici�n sobre el inmueble, o respecto de los bienes que hacen parte de la Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n; y que el hecho de que en la �poca en la que el bien fue adquirido y se declar� Monumento Nacional, mediante el Decreto 2122 de 1949, haya actuado el Ministerio Hacienda en la expedici�n de la norma, no significa que en este momento se derive alg�n tipo de relaci�n jur�dica por parte de dicha cartera sobre aquel, ya que la posesi�n sobre el mismo se encuentra en cabeza del Gobierno Nacional y su manejo y administraci�n lo tiene la Universidad Nacional de Colombia, por disposici�n del Ministerio de Educaci�n Nacional.

Manifest� que, no obstante lo anterior, resultaba necesario defender la legalidad del Decreto demandado, en aras de legitimar su contenido, y de resaltar la importancia que tiene para la comunidad en general, un bien de inter�s cultural tan preciado, de cara a lo establecido por el art�culo 4�, de la Ley 397 de 1997[1].

En sustento de la excepci�n formulada, se�al� que el Consejo de Estado ha diferenciado entre la legitimaci�n en la causa de hecho y la material, precisando que, la primera, se presenta por la simple vinculaci�n que hace el demandante al demandado, al atribuirle una conducta; y, la segunda, se da para quienes participan realmente en la causa que dio origen a la formulaci�n de la demanda.

Explic� que la legitimaci�n en la causa es el factor que determina qui�nes pueden ser objeto activo o pasivo de una decisi�n de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, que, en otras palabras, permite establecer si los que act�an en el litigio han debido hacerlo por ser personas id�neas para discutir sobre el objeto concreto de la litis.

B). Propuso como segunda excepci�n, la fundada en la consideraci�n de que los actos administrados acusados no excedieron la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la Rep�blica, en el a�o de 1949.

Al efecto expres� que, conforme con el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica, la raz�n teleol�gica de la potestad reglamentaria es �la cumplida ejecuci�n de las leyes�. Que la jurisprudencia y la doctrina han considerado que el ejercicio de la potestad reglamentaria �exige�, por una parte, la existencia de una ley que pueda ser objeto de reglamentaci�n; y, por la otra, el respeto del marco establecido en la misma ley, en las dem�s leyes y, obviamente, por la Constituci�n Pol�tica.

Se�al� que a trav�s de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, deben �aportarse los detalles, o los pormenores de la ejecuci�n de la ley, para facilitar su entendimiento y comprensi�n�, pues de lo que se trata es de hacer �real el enunciado abstracto de la ley para encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real�, lo que significa, tambi�n, que �este poder reglamentario esta limitado por el esp�ritu y el contenido de la ley que se reglamenta�, de manera que el contenido del acto reglamentado ser� amplio o restringido, dependiendo de la generalidad o de la concreci�n y precisi�n de la ley que reglamenta.

Agreg� que el Decreto Reglamentario demandado no hace cosa distinta que exaltar cada una de las cosas que pertenecieron al doctor Gait�n, a fin de mantener inc�lume la memoria de este ilustre hombre, por lo que no se puede hablar de que se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, puesto que, si as� hubiese sido, se habr�an tocado temas totalmente distintos a los relacionados con la exaltaci�n perenne de lo que represent� la vida pol�tica y acad�mica del doctor Jorge Eli�cer Gait�n.

Discrep� de lo manifestado por la demandante, en el sentido de que la declaratoria como Monumento Nacional de la Casa Museo, del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, establecida por el Decreto 1265 de 1948, carece de validez, por cuanto este Decreto perdi� vigencia al ser levantado el Estado de Sitio mediante la expedici�n, por el Ejecutivo, del Decreto 4144 de 17 de diciembre de 1948, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha norma no fue ratificada como legislaci�n permanente por el Congreso de la Rep�blica.

Refut� dicha afirmaci�n manifestando que, mediante el anterior precepto constitucional[2], que se encuentra derogado, al Presidente de la Rep�blica se le reconoc�a la facultad de expedir normas tendientes a conjurar la crisis que fundamentaba la declaratoria de Estado de Sitio, por ello, el Presidente de la Rep�blica Mariano Ospina P�rez, tom� la decisi�n de expedir los Decretos 1239 y 1259 de 10 y 16 de abril de 1948, por los cuales se declar� turbado el orden p�blico en el territorio Nacional, normas que permitieron la expedici�n del Decreto 1256 de la misma anualidad, por medio del cual se declar� como monumento nacional la Casa Museo del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, y es as� que, al no ser ratificado dicho Decreto por parte del Congreso de la Rep�blica, como legislaci�n permanente, despu�s de haberse levantado el estado de sitio, mediante el Decreto 4144 de 1948, el Presidente de la Rep�blica decidi� expedir el Decreto 2122 de 1949, por medio del cual se reglament� la Ley 45 del 19 de diciembre de 1948, norma esta que fue expedida para honrar la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n. Mediante dicho Decreto Reglamentario el se�or Presidente de la Rep�blica, nuevamente, declara Monumento Nacional la Casa Museo, en aras de hacer cumplir y materializar los honores a Gait�n a que se refiere la Ley 45 de 1948.

De ah� que no le asiste la raz�n a la demandante cuando pretende hacer ver en su libelo que la casa del doctor Gait�n no pudo haber sido declarada Monumento Nacional, al perder vigencia el Decreto 1265 de 1948, pues, si bien es cierto que esto �ltimo ocurri�, tambi�n lo es que el mismo ya hab�a hecho referencia a los bienes de dicha casa, as� como a la biblioteca, por lo que era necesario que el Presidente de la Rep�blica se pronunciara, en el Decreto Reglamentario de la Ley 45 de 1948, acerca del destino de los objetos mencionados, sobre los cuales ya se hab�a pronunciado el Decreto 2165 del mismo a�o, pues, de no ser as�, para nada hubiese servido la expedici�n de la norma encaminada a brindarle un homenaje a todo lo que rodeaba y signific� la memoria de Jorge Eli�cer Gait�n.

C). Propuso como tercera excepci�n, la relacionada con la titularidad del Estado Colombiano sobre la propiedad de la Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n.

Al respect� manifest� que la �Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n� realmente pertenece al Estado Colombiano, ya que, contra lo que expresa la se�ora Gait�n Jaramillo, s� se llev� a cabo un proceso de expropiaci�n ajustado a la Ley, de lo cual da cuenta la sentencia de expropiaci�n de fecha 26 de noviembre de 1948, proferida por el Juzgado 1� Civil del Circuito de Bogot�, de conformidad con lo establecido en el art�culo 858, del entonces C�digo Judicial, Ley 105 de 1931.

Advirti� que lo que buscaba la demandante con la pretensi�n de declaratoria de nulidad de los ocho primeros art�culos del Decreto 2122 de 1949, es que el derecho de dominio de dicha casa quede nuevamente en cabeza de ella, as� como las cosas que en vida pertenecieron al doctor Gait�n.

Explic� que la situaci�n jur�dica de la �Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n� y los procedimientos de expropiaci�n del inmueble, de conformidad con lo se�alado en el informe realizado por la Oficina Asesora Jur�dica de la Universidad Nacional, sobre c�mo ha sido la evoluci�n de las disposiciones normativas que han regulado la administraci�n, titularidad y tenencia de la Casa Museo, van desde la expedici�n, por parte del Gobierno Nacional, del Decreto 1265 de 1948, que dispuso consagrar la casa donde vivi� el l�der pol�tico como monumento Nacional y, tambi�n, que se formara un museo y se adquirieran por parte de la Naci�n los terrenos necesarios para la construcci�n de la plaza alrededor de la casa, hasta, la Resoluci�n n�m. 8250 de 19 de octubre de 2009, mediante la cual la Superintendencia de Notariado y Registro resolvi� los recursos de reposici�n y apelaci�n interpuestos por el Departamento Administrativo de la Defensor�a del Espacio P�blico-DADEP y la Universidad Nacional, contra los actos administrativos que ordenaron las anotaciones 5, 6 y 7 del certificado de tradici�n y libertad del inmueble identificado con la matr�cula inmobiliaria n�m. 50C-629840 (Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n).

Reiter� que la propiedad del bien est� en cabeza del Gobierno Nacional, conforme a lo previsto en el art�culo 1� del Decreto Legislativo 1371 de 28 de abril de 1948, por el cual se provee el cumplimiento del Decreto Legislativo 1265 de 17 de abril de 1948, luego de que aquel delegara en la Alcald�a de Bogot� la negociaci�n de la casa en donde vivi� el doctor Gait�n. De ah� que mediante diligencia que consta en Acta del 07 de julio de 1949, la Naci�n, por intermedio del Ministerio de Obras P�blicas, entr� en posesi�n del inmueble y de los elementos de la casa museo, al suscribirse el mencionado documento, dentro del proceso de expropiaci�n del Municipio de Bogot� contra la sucesi�n de Jorge Eli�cer Gait�n, seguido en el Juzgado 1� Civil del Circuito, diligencia en la cual el Personero Municipal de la ciudad, compareci�, en calidad de administrador del inmueble, con el fin de formalizar dicha entrega al administrador de inmuebles del Ministerio de Obras P�blicas.

D). Present� como cuarta excepci�n, la de prescripci�n adquisitiva de dominio por parte de la Naci�n Colombiana sobre la Casa Museo Jorge Eli�cer Gait�n.

Manifest� al respecto que, como se pudo establecer, la casa museo Jorge Eli�cer Gait�n ha estado bajo la posesi�n del Estado colombiano desde el mismo momento en que se llev� a cabo el proceso de expropiaci�n, al cual se hizo referencia, por lo tanto, y en virtud de lo se�alado en las disposiciones que regulan la prescripci�n adquisitiva de dominio, debe declararse la titularidad del bien en favor de la Naci�n, representada en este caso por la Universidad Nacional.

Reiter� los argumentos esbozados en la contestaci�n de la demanda y solicit� denegar las pretensiones a las que aspira la demandante en contra de la Naci�n.

Se reafirm� igualmente en lo manifestado en la contestaci�n de la demanda, y solicit� que se declare la legalidad de las normas acusadas.

Seg�n lo manifestado por el Delegado del Ministerio P�blico en este asunto, el problema jur�dico a resolver por parte de la Sala se contrae a determinar si los art�culos 1� al 8� del Decreto 2122 de 16 de julio de 1949, expedido por el Gobierno Nacional, infringieron las normas que le han servido de fundamento, en particular, los art�culos 6� (20 de la Carta Pol�tica de 1886), 113 (55 de la Carta Pol�tica de 1886), 121 (20 de la Carta Pol�tica de 1886) y el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica de 1991 (numeral 3� del art�culo 120 de la Carta Pol�tica de 1886); as� como la Ley 45 de 1948.

Con fundamento en el anterior planteamiento inici� el an�lisis de los cargos y del problema jur�dico all� formulado manifestando que, en l�neas generales, al hacer uso de la potestad reglamentaria, el Ejecutivo no cuenta con un poder absoluto, pues est� limitado por la Constituci�n y la Ley, ya que, en ejercicio de dicha atribuci�n, el Presidente de la Rep�blica no puede alterar o modificar la ley que reglamenta.

En relaci�n con el art�culo 1� del Decreto 2122 de 1949, el cual declara Monumento Nacional la antigua residencia de Jorge Eli�cer Gait�n, se�al� que al efectuar el an�lisis de esta disposici�n frente a los art�culos correspondientes de la Ley 45 de 1948, a su juicio, resulta claro que el Presidente de la Rep�blica excedi� el ejercicio de la potestad reglamentaria, toda vez que en ninguno de los apartes de la mencionada norma se hace referencia a alg�n proyecto o destinaci�n espec�fica de dicho inmueble, tanto es as�, que el art�culo 3� solo prev� la destinaci�n de recursos para la confecci�n de un monumento que se erigir� a Jorge Eli�cer Gait�n, en el p�rtico de la casa que fue su �ltima morada; el art�culo 4�, habla de que un retrato al �leo de Gait�n se colocar� en uno de los salones del Senado de la Rep�blica; el art�culo 5�, se refiere al proyecto de construcci�n del teatro que llevar� el nombre del caudillo y la imposici�n de una placa en su honor; el art�culo 6�, versa sobre la creaci�n del premio acad�mico Jorge Eli�cer Gait�n; el art�culo 7�, dispone la creaci�n de becas para cursos de especializaci�n y perfeccionamiento en el �rea del derecho penal y de la criminolog�a en el exterior; el art�culo 9�, crea 15 becas permanentes en la Universidad Nacional para hijos de trabajadores que carezcan de capacidad econ�mica para cursar estudios universitarios; el art�culo 10�, ordena la adquisici�n de la propiedad de la obra cient�fica y pol�tica del doctor Jorge Eli�cer Gait�n; los art�culos 11 y 12 son disposiciones relacionadas con la expedici�n de estampillas y acu�aci�n de moneda con el retrato de Gait�n; y el art�culo 13, establece la provisi�n de recursos con destino a la educaci�n de la hija del doctor Gait�n.

Reiter� que en dicha Ley no existe disposici�n alguna relacionada con la casa de Jorge Eli�cer Gait�n, ni con la intenci�n de que sea declarada monumento nacional, raz�n por la que, en su criterio, el aparte <<Decl�rese monumento nacional la casa que fue del doctorJorge Eli�cer Gait�n, en Bogot�>>, del art�culo 1� del decreto demandado, debe desaparecer del ordenamiento jur�dico.

Frente al art�culo 2� del Decreto 2122 de 1949, estim� que ninguna de las normas que componen la Ley 45 de 1948, hace referencia a alg�n proyecto o destinaci�n espec�fica para dicho inmueble, raz�n por la que, la conservaci�n, vigilancia y realizaci�n de las obras producto de la declaratoria de monumento nacional del inmueble que fue propiedad de Jorge Eli�cer Gait�n, tampoco se encuentran cobijadas ni previstas por la mencionada Ley, de ah� que el art�culo 2� del decreto demandado debe igualmente desaparecer del ordenamiento jur�dico.

En relaci�n con los art�culos 3� y 4� del Decreto 2122 de 1949, se�al� que, tal como lo indica la demandante, la Ley 45 de 1948 no previ� disposici�n relacionada con la conservaci�n de la biblioteca, los muebles de uso personal, los diplomas, condecoraciones y t�tulos honor�ficos de Jorge Eli�cer Gait�n o que se hubiere otorgado facultad alguna a la junta, a la que se refiere el par�grafo del art�culo 3� de la Ley, para distribuir y colocar placas, pergaminos, coronas y dem�s ofrendas enviadas a la tumba de Jorge Eli�cer Gait�n, motivo por el cual, a su juicio, tambi�n se deben anular.

Con respecto a los art�culos 5� y 6� del Decreto 2122 de 1949, precis� que, del an�lisis de las mencionadas disposiciones junto con los art�culos correspondientes de la Ley 45 de 1948, resulta claro que el Presidente de la Rep�blica se excedi� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, toda vez que en ninguno de los apartes de las normas mencionadas se hace referencia a que el inmueble que fue morada de Jorge Eli�cer Gait�n estaba destinado a convertirse en un museo creado en su honor, ni, obviamente, se hace menci�n a la planta de personal que lo atender�a. Es por ello que, en su parecer, estas normas tambi�n deben ser expulsadas del ordenamiento jur�dico.

En lo concerniente a los art�culos 7� y 8� del Decreto 2122 de 1949, que se refieren, en su orden, a la composici�n del Comit� Nacional encargado de la erecci�n del museo y de la forma como se manejar�a la suma destinada como auxilio nacional para la construcci�n del monumento a Jorge Eli�cer Gait�n, el Ministerio P�blico estim� que tales medidas s� son desarrollo de lo previsto en el art�culo 3� de la Ley 45 de 1948, motivo por el cual las disposiciones respectivas se encuentran ajustadas a la norma reglamentada.

Concluy� que los razonamientos anteriores permiten inferir que la demandante logr� desvirtuar la presunci�n de legalidad de los siguientes art�culos de las normas reglamentarias acusadas: El aparte <<Decl�rese monumento nacional la casa que fue del doctorJorge Eli�cer Gait�n, en Bogot�>>, del art�culo 1�, del Decreto 2122 de 1949, as� como sus art�culos 2� al 6�, los que deben desaparecer del ordenamiento jur�dico por contravenir las normas que les han servido de fundamento, en particular, el art�culo 120 de la Constituci�n pol�tica de 1886 y la Ley 45 de 1948.

Sea lo primero advertir que el se�or Consejero doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALD�S, mediante escrito de 12 de abril de 2018, manifest� impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la causal establecida en el numeral 12 del art�culo 150 del C�digo de Procedimiento Civil, aplicable por virtud de lo dispuesto en el art�culo 160 del C�digo Contencioso Administrativo, por cuanto fungi� como Procurador Delegado para la Conciliaci�n Administrativa, y en tal condici�n intervino dentro proceso de la referencia y present� concepto sobre el mismo. Tal impedimento le fue aceptado por la Magistrada Sustanciadora, mediante auto de 12 de abril de 2018, al encontrar subsumidos los hechos alegados en la causal legal invocada.

En orden a decidir el presente asunto, la Sala trae a colaci�n los apartes del acto acusado, art�culos 1� al 8�, del Decreto 2122 de 26 de julio de 1949.

Por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Art�culo 1�. Decl�rase monumento nacional la casa que fue del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, en Bogot�, y que hoy pertenece al Estado Colombiano, seg�n el Decreto-ley n�mero 1265 (abril 17) de 1948 y el desarrollo judicial que tuvo dicho Decreto.

Art�culo 2�. En consecuencia, el Gobierno toma la protecci�n de este bien y asume la direcci�n de las obras que se llevar�n a cabo para conservarlo, as� como la vigilancia del mausoleo, una vez que haya sido construido y entregado por el Comit� y por la Junta a que se refiere el art�culo 3� de la Ley 45 de 1948.

Art�culo 3�. La biblioteca del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, as� como los muebles que fueron de su uso personal, y los diplomas, condecoraciones y dem�s t�tulos honor�ficos que se le otorgaron en vida, ser�n conservados en la casa. El Ministerio de Educaci�n tomar� todas las medidas necesarias para que tales objetos puedan quedar a la vista del p�blico, sin menoscabo ni deterioro.

Art�culo 4�. Las placas, pergaminos, coronas y dem�s ofrendas enviadas a la tumba del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, as� como las que en lo sucesivo se env�en, ser�n distribuidas y colocadas definitivamente por la Junta a que se refiere el par�grafo del art�culo 3� de la Ley citada, atendiendo a su propia conservaci�n y a la est�tica del monumento.

Art�culo 5�. El inmueble de que se trata, junto con los objetos y biblioteca conservados en �l, tendr� la denominaci�n de "Casa y Museo Jorge Eli�cer Gait�n", y estar� adscrito al Ministerio de Educaci�n Nacional.

Art�culo 6� Para el manejo y vigilancia de la "Casa y Museo Jorge Eli�cer Gait�n", cr�anse los siguientes cargos: un Director nombrado por el Gobierno, bajo cuya dependencia estar� el establecimiento mencionado y quien, para asegurar el manejo, constituir� una cauci�n en la cuant�a que fije la Contralor�a General de la Rep�blica, con asignaci�n mensual de $ 240: un Celador permanente, encargado del aseo, que servir� bajo las �rdenes del Director, con sueldo mensual de[...].

Art�culo 7� El Comit� Nacional encargado, conforme al par�grafo del art�culo 3� de la Ley 45, de la erecci�n del mausoleo a Jorge Eli�cer Gait�n, estar� integrado as�: Por el Ministro de Educaci�n o su delegado. Doctor Luis Eduardo Gacharn�. Doctor Luis Carlos P�rez.

Art�culo 8� La suma de cien mil pesos ($ 100.000) destinada; como auxilio nacional al mausoleo que se erigir� en la tumba del doctor Gait�n, se pagar� al Tesorero del Comit� constituido para este efecto, una vez que se llenen los requisitos siguientes:

a) Que se haya demostrado la existencia del Comit� Nacional Pro-Monumento, mediante el acta respectiva, en papel com�n, con las firmas aut�grafas y el n�mero de las c�dulas de las personas que concurrieron a la instalaci�n del mismo;

b) Que se haya demostrado la instalaci�n del Comit�, mediante el acta correspondiente, original, suscrita por los miembros integrantes;

c) Que el Tesorero designado por esta entidad sea conocido de la Secci�n de Contabilidad del Ministerio de Educaci�n como persona capaz de manejar fondos p�blicos: y que haya constituido fianza en la forma y por la cuant�a que se�ale el Contralor General de la Rep�blica, y

d) Que los proyectos del monumento, as� como los contratos que se celebren para su construcci�n, hayan sido aprobados por la Junta integrada por do�a Amparo Jaramillo de Gait�n, el Director de la Escuela de Bellas Artes, un representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el delegado del Ministerio de Obras P�blicas. Para demostrar este punto, es necesario acompa�ar, con las firmas aut�grafas, el acta de instalaci�n de la Junta y el acta de la sesi�n en la cual se hayan aprobado los proyectos y contratos.

El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Hern�n JARAMILLO OCAMPO; El Ministro de Educaci�n Nacional, ELISEO ARANGO�.

La controversia planteada gira en torno a la inconstitucionalidad e ilegalidad que, a juicio de la actora, est� presente en los art�culos 1� al 8�, del Decreto Reglamentario 2122 de 10 de julio de 1949, �Por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n�, expedido por Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la Rep�blica y los Ministros de Hacienda y Cr�dito P�blico y Educaci�n Nacional.

La nulidad deprecada, por las razones precedentemente rese�adas, en el ac�pite II.3, b�sicamente se sustenta en la consideraci�n de que con la expedici�n de las disposiciones reglamentarias cuestionadas, el Ejecutivo Nacional desconoci� el principio constitucional de la separaci�n tripartita del poder p�blico (art�culo 55 de la Carta Pol�tica de 1886 hoy art�culo 113 de la Constituci�n de 1991) al invadir la �rbita de competencias del �rgano legislativo, al regular asuntos reservados a la ley bajo la excusa de estar reglamentando un precepto superior.

Consiste en que se desbordaron los claros y determinados limites de la potestad reglamentaria que la Constituci�n reconoce (numeral 3 del art�culo 120 de la Carta Pol�tica de 1886, hoy numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica de 1991), en la medida en que la reglamentaci�n cuestionada no se limit� a definir, en este caso, las circunstancias de tiempo modo y lugar en que deb�a aplicarse la ley, sino que desbord� los mandatos de esta.

Se funda en la consideraci�n de que se excedieron las disposiciones de la Ley de Honores 45 de 1948, pues, con el pretexto de reglamentarlas, se adoptaron medidas que la misma no establec�a.

Al respecto cabe advertir que si bien la demandante formalmente escindi� el concepto de violaci�n en tres cargos, seguramente con el prop�sito de abundar en argumentos encaminados a evidenciar la configuraci�n de la ilegalidad aducida, en realidad, el an�lisis material u objetivo de lo que aquella plantea permite concluir, sin duda alguna, que dichos cargos son o se reducen a uno solo y que este tiene que ver, precisamente, con la violaci�n de la Ley 45 de 1948, por parte del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, pues solo s� se demuestra que este �ltimo �nicamente podr�a reglamentar el contenido normativo de dicha ley y que lo hizo indebidamente, al desbordar o exceder lo establecido en sus disposiciones, se podr�a generar, por consecuencia, el desconocimiento de las normas constitucionales, ya indicadas, relacionadas con el principio de la divisi�n tripartita de poderes y lo que supone el ejercicio de la potestad reglamentaria. De modo que si en este caso el desconocimiento de la mencionada ley no se da tampoco se dar�a el de las disposiciones constitucionales referidas. En otras palabras, ser�a in�til confrontar directamente el contenido cuestionado del reglamento (art�culos 1� al 8�) con lo que establecen las aludidas normas constitucionales, sin pasar, necesariamente, por el an�lisis de la Ley 45 de 1948, y lo que ella representa, por cuanto ese proceder no conducir�a a derivar ning�n tipo de conclusi�n sobre el problema jur�dico en discusi�n.

As� las cosas, el cargo que efectivamente debe la Sala examinar en esta oportunidad, a efectos de establecer si le asiste o no la raz�n a la demandante en lo que plantea, es precisamente el relacionado con la supuesta violaci�n de la Ley 45 de 1948 por parte del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, del cual se afirma que desborda o excede los mandatos de la Ley reglamentada, y la conclusi�n positiva o negativa a la que se arribe, como consecuencia de dicho estudio, ser� lo que a la larga determine la configuraci�n o no de las infracciones constitucionales que, de forma consecuencial, tambi�n fueron alegadas, pues de violarse la mencionada Ley, de igual manera, se violar�a la Constituci�n, o, lo contrario, si no ocurre lo primero, tampoco lo segundo.

Queda claro entonces cu�l es el �nico cargo cuyo estudio primordialmente debe la Sala acometer.

Seg�n se desprende de las particularidades que exhibe la cuesti�n litigiosa, descritas en los antecedentes previamente rese�ados, la decisi�n que en esta oportunidad la Sala habr� de adoptar, necesariamente, debe estar precedida del an�lisis de aspectos significativos, �ntimamente vinculados con el problema jur�dico a dilucidar, tales como: (i) La potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica y (ii) la naturaleza de la Ley de Honores, temas que, de manera puntual, requieren ser abordados antes de proceder a examinar los cargos de la demanda y resolver sobre su procedencia.

La Sala estima pertinente empezar por recordar que una de las diversas aproximaciones que subyacen en torno a la figura de la potestad reglamentaria indica que esta se contrae a �[...] la producci�n de un acto administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real[3]�.

Frente al alcance de la potestad reglamentaria esta misma Secci�n, en sentencia de 6 de junio de 2013[4], se�al�, lo siguiente:

�[�] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece al Presidente de la Rep�blica (Art�culo 189 (11) Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedici�n de decretos, resoluciones y �rdenes; actos que, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 115 Superior, revisten una forma especial, en la medida en que deben contar con la firma del Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.

�El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictar las normas complementarias necesarias para la cumplida ejecuci�n de una regulaci�n. Por ello, el acto reglamentario es un acto complementario de la regulaci�n y no una creaci�n originaria como �sta [�]�. ( La Sala destaca).

Tambi�n ilustra con suficiencia lo concerniente a la potestad reglamentaria la sentencia de 8 de febrero de 2000, de la Sala Plena del Consejo de Estado, la cual, en uno de sus apartes, en lo pertinente, precis�:

�[�] El poder reglamentario lo otorga directamente la Constituci�n al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa, con la finalidad de que expida normas de car�cter general para la correcta ejecuci�n de la ley. Por ser una atribuci�n propia que le confiere la Carta Pol�tica, no requiere de una norma legal que expresamente la conceda y se caracteriza adem�s por ser atribuci�n inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constituci�n y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la Rep�blica no puede alterar o modificar la ley que reglamenta. (Resalta la sala).

�Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su cumplimiento, nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�n habr� lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuanto determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley [...]� (Negrillas fuera de texto.)

Como pude observarse, los apartes jurisprudenciales rese�ados dan cuenta de que la potestad reglamentaria, es una atribuci�n que no requiere de habilitaci�n espec�fica de la Ley, pues basta con la existencia de una norma legal que deba ser ejecutada para que el Gobierno pueda ponerla en pr�ctica.

Se trata, adem�s, de una competencia permanente por cuanto mientras la ley subsista el Ejecutivo dispone de esa facultad y por eso puede modificar reglamentos anteriores y adaptarlos a la modalidad cambiante de los hechos.

De ah� que se afirme que la facultad de reglamentar la Ley cuenta entre sus particularidades la de ser inalienable, intransferible e inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, debido a que el Ejecutivo nunca puede renunciar a ella, en la medida en que constituye un instrumento indispensable para que la Administraci�n cumpla con su funci�n de proveer lo concerniente a la debida ejecuci�n del ordenamiento jur�dico positivo imperante.

Es as� como, en ejercicio de dicha atribuci�n, el Gobierno selecciona los medios necesarios para la ejecuci�n de la Ley, desarrolla principios expresos o t�citos contenidos en ella, y detalla requisitos, condiciones o exigencias que la misma establece, al igual que colma aparentes vac�os que impiden o dificultan su efectiva aplicaci�n, todo ello, siempre y cuando el reglamento se mantenga dentro del marco general de lo legal.

Por lo dem�s, la facultad o potestad reglamentaria se otorga al Gobierno Nacional �para la cumplida ejecuci�n de las leyes� (numeral 3 del art�culo 120 de la Constituci�n de 1886[5], hoy numeral 11 del art�culo 189 de la constituci�n de 1991[6]), teniendo en cuenta que el decreto que se expida, en ejercicio de tal atribuci�n, debe limitarse a dar vida pr�ctica a la Ley que tiende a desarrollar y que solo puede desenvolverse en el entorno que expl�cita o impl�citamente est� comprendido en ella.

La jurisprudencia sobre el tema tambi�n ha se�alado que la reglamentaci�n de la norma sustancial supone una facultad que no se circunscribe, ni lo debe hacer, a los severos l�mites de la manifestaci�n literal de la Ley, por cuanto, bajo ese entendimiento, su finalidad perder�a sentido teleol�gico para sumirse en la inutilidad de una mera reproducci�n. Se ha precisado entonces que la imprescindible desenvoltura de la reglamentaci�n dentro de la correcta visi�n del contenido impl�cito de la ley encuentra su l�mite en el marco del objeto, voluntad y fin del precepto respectivo[7].

Por ello, la Sala considera necesario reiterar lo que esta Corporaci�n expres� en sentencia de 25 de abril de 1970, (Consejero ponente doctor Hernando G�mez Mej�a), reiterado en sentencia de 28 de marzo de 1985, sobre la naturaleza sublegal de los decretos reglamentarios, en la cual se dijo:

"[�]Pero, es evidente tambi�n, que en la tarea reglamentaria el gobierno debe desarrollar no s�lo lo que hay expreso en la ley sino lo que hay impl�cito en ella, lo que est� en la entra�a misma de la norma reglamentada, aunque las palabras no lo expresen, en forma tal que el reglamento no debe atenerse �nicamente a la expresi�n literal de la norma porque si as� fuera su funci�n se limitar�a a una mera reproducci�n de ella; es necesario entonces que el poder reglamentario desentra�e el contenido impl�cito, la finalidad espec�fica de la ley sustantiva, con lo cual podr� moverse con mayor desenvoltura y agilidad, teniendo en cuenta desde luego siempre el principio de no rebasar ni la letra, ni la intenci�n, ni la materia intr�nseca y si se quiere finalista del precepto sustantivo. Porque nadie duda que una copia servil, literal de la ley que, se reglamenta, ser�a la negaci�n misma de la facultad reglamentaria, y su utilidad pr�ctica ser�a tambien totalmente negativa[8][�]". (la Sala destaca y subraya).

En lo que toca con la situaci�n que es objeto de estudio, la Sala observa que el Decreto 2122 de 16 de julio de 1949, por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eliecer Gait�n, fue expedido por el Presidente de la Rep�blica, con la firma de los Ministros del Ramo, esto es, los Ministros de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Educaci�n Nacional, es as�, como por este aspecto la norma se ajusta a la Constituci�n, que establece que los reglamentos de las leyes deben ser suscritos por el Gobierno el cual se encuentra conformado, seg�n el art�culo 59 de la Constituci�n derogada, 115[9] de la Constituci�n Pol�tica de 1991, por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del ramo.

Para el caso concreto, la jurisprudencia y la doctrina han entendido que la expedici�n de los reglamentos de las leyes corresponde al Gobierno, es decir, al Presidente de la Rep�blica junto con el o los Ministros respectivos, seg�n la materia de que se trate[10].

El asunto que el Decreto Reglamentario demandado regula en este caso, hace referencia a la declaratoria de la casa que fue del doctor Jorge Eliecer Gait�n, como Monumento Nacional, junto con los objetos y biblioteca conservados en ella, la cual se denominar�a �Casa Museo Jorge Eliecer Gait�n� y estar�a adscrita al Ministerio de Educaci�n; adem�s, se fijan en la norma unas sumas de dinero para su vigilancia y manejo, un auxilio nacional al mausoleo que se erigir� en la tumba del doctor Gait�n y auxilios, a t�tulo de becas de estudio, para su hija Gloria Gait�n Jaramillo. Todas las anteriores erogaciones imputables al presupuesto del per�odo fiscal entonces en curso.

En este orden de ideas, no se requiere mayor an�lisis para hallar la relaci�n tem�tica existente entre los ministerios y el tema reglamentado, aspecto cuya legalidad no se discute en este proceso, pero cuya verificaci�n resulta indispensable para establecer la validez formal de la reglamentaci�n cuestionada.

Para ilustrar lo concerniente a la naturaleza de las llamadas �Leyes de Honores�, la Sala considera pertinente remitirse a lo expresado por la Corte Constitucional al respecto, pues dicha Corporaci�n, en diferentes oportunidades, ha abordado a profundidad el estudio de estas, en ejercicio de sus atribuciones de control de constitucionalidad de las Leyes. Es as� como, por ejemplo, en la Sentencia C-766 de 2010, en relaci�n con el tema, se hizo el siguiente an�lisis:

�[�]En el orden constitucional colombiano el art�culo 150 de la Constituci�n atribuye al legislador la elaboraci�n de la ley, la cual es una fuente cuyo �mbito competencial le permite regular cualquier tema siempre y cuando dicha regulaci�n sea acorde con los par�metros constitucionales.

Adicionalmente, el art�culo 150 incluye una serie de numerales que enuncian temas que pueden ser objeto de tratamiento por parte del legislador. Dicha enumeraci�n no puede interpretarse como taxativa, sino que resulta una enunciaci�n adecuada, pero con un contenido eminentemente orientativo, de los temas que pueden ser objeto de regulaci�n por parte del Congreso de la Rep�blica.

Dentro de �stos se encuentra el decreto de honores a ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria -art�culo 150 numeral 17-. Respecto de este tipo de leyes, conocidas como leyes de honores, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que son cuerpos normativos en cuyas �disposiciones, se exaltan valores humanos que, por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalgu�a y buen vivir, y por ello se les pone como ejemplo ante la posteridad�[11]. De forma m�s extensa ha manifestado

�[�] Esta clase de leyes, debe anotarse, producen efectos particulares sin contenido normativo de car�cter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jur�dicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es �nicamente la situaci�n concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hip�tesis o casos.

Estas leyes se limitan entonces, como lo dice el art�culo 150, numeral 15 de la Constituci�n vigente, a �decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria� y de manera alguna pueden desprenderse de su contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido de la ley. En el caso de la ley 32, su finalidad no es otra, como ya se dijo, que la de brindar un homenaje a un ciudadano colombiano -Ernesto Cortissoz-; por ello, sus -efectos no pueden sobrepasar el �mbito de su competencia; esto es, decretar la denominaci�n de un aeropuerto. En momento alguno puede entenderse que el legislador tuvo presente razones de tipo territorial o tributario, y menos a�n, aquellas relacionadas con la competencia de los municipios o con el manejo de sus propios asuntos [�].�[12] (la Sala Destaca ).

En la sentencia C-782 de 2001[13], la Corte Constitucional igualmente hab�a se�alado que: �este tipo de disposiciones, denominadas leyes de honores, �producen efectos particulares sin contenido normativo de car�cter abstracto�. As�, desde el punto de vista material, tales leyes no crean, extinguen o modifican situaciones jur�dicas objetivas y generales que son propias a su naturaleza pues simplemente se limitan a regular situaciones singulares, cuyo alcance es �nicamente la situaci�n concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hip�tesis o casos[�][14]�.

De los antecedentes citados se desprende que la Ley 45 de 1948, es una ley de honores, expedida a la luz de la Constituci�n de 1886, con fundamento en el art�culo 76, inciso 20, que facultaba al Congreso de la Rep�blica, como �rgano al que corresponde hacer las leyes, para �Decretar honores p�blicos a los ciudadanos que hayan prestado grandes servicios a la patria...�. La Constituci�n de 1991 concede dicha facultad al Congreso de la Rep�blica en su art�culo 150, numeral 15.

Es claro entonces que las leyes de honores producen efectos particulares sin contenido normativo de car�cter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jur�dicas objetivas y generales que es una de las caracter�sticas que normalmente hacen parte inescindible de la naturaleza de la ley[15], pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singular, cuyo alcance se reduce exclusivamente a la situaci�n concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de supuestos[16].

Estas leyes se limitan entonces, como lo dice el art�culo 150, numeral 15 de la Constituci�n vigente, a �decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria� y, de manera alguna, pueden desprenderse de su contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido de la ley[17].

De forma preliminar, la Sala advierte que, establecido como se encuentra que el Presidente de la Rep�blica, en concurrencia con los entonces Ministros de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Educaci�n Nacional, suscribieron el Decreto del cual hacen parte las normas acusadas, en principio, debe concluirse que tal actuaci�n se produjo dentro del �mbito de sus competencias constitucionales y legales.

En relaci�n con otros aspectos formales, predicables de este tipo de reglamentos, tambi�n se observa que en el Decreto examinado se indican y constan los datos m�nimos necesarios para su identificaci�n, esto es, el n�mero, la fecha y la referencia expresa a las facultades que se ejercen y el objeto de la norma. En tal sentido, no solo cumple con los requisitos se�alados sino, tambi�n, con la condici�n de ser reglamentario de una norma con rango legal.

Sin embargo, es preciso reconocer que si bien el Decreto 2122 de 16 de julio de 1949, desde el punto de vista formal fue expedido con sujeci�n a las exigencias de ley, no por ello, se descarta la posibilidad de que, desde el punto de vista material, su articulado incorpore disposiciones que contravengan la Constituci�n y la Ley, como se predica, seg�n la parte demandante, en los art�culos 1� al 8�, por desbordamiento, exceso o uso indebido de la facultad reglamentaria, aspecto que constituye el problema jur�dico que m�s adelante debe la Sala decidir.

Ahora bien, el acto acusado, por el cual se reglamenta la Ley 45 de 1948[18], sobre honores a la memoria del doctor Jorge Eliecer Gait�n, expedido por el Presidente de la Rep�blica, en su art�culo 1�, textualmente dispone �Decl�rese monumento nacional la casa del doctor Jorge Eliecer Gait�n, en Bogot�, y que hoy pertenece al Estado colombiano, seg�n el Decreto-Ley n�mero 1265 (abril 17) de 1948 y el desarrollo judicial que tuvo dicho Decreto�.

Por su parte, el texto del Decreto Legislativo 1265 de 1948, al que hace referencia el art�culo primero del Decreto 2122 de 1949, es el siguiente:

en uso de las facultades que le confiere el art�culo 12l de la Constituci�n, y

1� Que el 9 de abril de 1948 constituye para los colombianos una luctuosa fecha por la tr�gica desaparici�n del ilustre hombre p�blico, gran caudillo popular y jefe del liberalismo colombiano doctor Jorge Eli�cer Gait�n;

2� Que la Rep�blica, interpretando el sentimiento popular, debe rendir un homenaje perenne a la memoria de aquellos hijos esclarecidos de la democracia que por sus virtudes hayan alcanzado el respeto la admiraci�n y el afecto del pueblo,

Art�culo primero. Cons�grase como monumento nacional a la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n la casa donde vivi� el eximio jefe desaparecido, y donde ser�n sepultados sus restos con toda solemnidad.

Art�culo segundo. En dicha casa se formar� un museo destinado a conservar la biblioteca y los objetos que recuerden la vida y las actividades p�blicas del doctor Gait�n.

Art�culo tercero. La Naci�n adquirir� los terrenos necesarios para rodear la casa de una plaza que llevar� el nombre de Jorge Eli�cer Gait�n. En ella se erigir� su estatua.

Art�culo cuarto. Decl�rase de utilidad p�blica la adquisici�n de los inmuebles necesarios para dar cumplimiento a este Decreto.

Art�culo quinto. El Gobierno har� los traslados presupu�stales necesarios para la ejecuci�n de las obras ordenadas en este Decreto.

El Ministro de Gobierno, Dar�o ECHANDIA-El Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo ZULETA ANGEL-El Ministro de Justicia, Samuel ARANGO REYES-El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Jos� Mar�a BERNAL-El Ministro de Guerra, Teniente General Germ�n OCAMPO-El Ministro de Agricultura y Ganader�a, Pedro CASTRO MONSALVO-El Ministro del Trabajo Evaristo SOURDIS-El Ministro de Higiene, Jorge BEJARANO-El Ministro de Comercio e Industrias, Guillermo SALAMANCA-El Ministro de Minas y petr�leos, Alfonso ARAGON QUINTERO-E1 Ministro de Educaci�n Nacional, Fabio LOZANO Y LOZANO-E1 Ministro de Correos y Tel�grafos, Jos� Vicente DAVILA TELLO-El Ministro de Obras P�blicas, Lula Ignacio ANDRADE[�]�.

Ahora bien, el referido Decreto fue expedido por el entonces Presidente de la Rep�blica, en uso de las facultades que le confer�a el art�culo 121[19] de la anterior Constituci�n, en consideraci�n a que el 9 de abril de 1948, una de las fechas m�s luctuosas de la historia reciente de nuestro pa�s, se produjo la tr�gica desaparici�n del doctor Jorge Eliecer Gait�n. Fue as� como, interpretando el sentimiento popular, quiso el Gobierno Nacional rendir un homenaje perenne a su memoria, para lo cual, dispuso: Consagrar como Monumento Nacional la casa donde vivi� y en la cual se sepultar�an sus restos, como efectivamente ocurri�, y se formar�a un museo destinado a conservar la biblioteca y dem�s objetos que recordar�an la vida y las actividades p�blicas del l�der, como efectivamente ocurri�. En la norma con fuerza legal mencionada, se dispuso adem�s, adquirir, por parte de la Naci�n, los terrenos necesarios para rodear la casa de una plaza que llevar�a el nombre de Jorge Eliecer Gait�n y la erecci�n de una estatua suya, al igual que declarar de utilidad p�blica la adquisici�n de los inmuebles indispensables para dar cumplimiento al Decreto; y los traslados presupuestales requeridos por parte del Gobierno Nacional para la ejecuci�n de las obras ordenas.

Debido a que han transcurrido m�s de setenta a�os desde la expedici�n del Decreto 2122 de 1949, la Sala considera pertinente profundizar en el contexto hist�rico de los antecedentes de dicha reglamentaci�n, a fin de ilustrar las circunstancias de orden f�ctico, social, pol�tico y jur�dico que le dieron origen, y as� contar con suficientes elementos de juicio para resolver, de la mejor manera posible, este caso.

Como lo registra la historia, el d�a 9 de abril del a�o 1948, se perpetr� el homicidio del doctor Jorge Elicer Gait�n Ayala, l�der popular y pol�tico, quien se desempe�� como Profesor Universitario, Alcalde de Bogot�, Miembro del Congreso de la Rep�blica Nacional y Jefe �nico del Liberalismo Colombiano. Ocurrido el atentado, el cuerpo de Gait�n fue conducido a la Cl�nica Central, donde falleci� y luego fue enterrado en la propia sala de su casa, donde permaneci� hasta los a�os 80, cuando su cuerpo fue exhumado de la sala y vuelto a inhumar en el jard�n anexo.

El homicidio del caudillo liberal suscit� en el territorio nacional una serie de acontecimientos violentos que perturbaron la convivencia y el orden p�blico, por lo que, el Gobierno de turno, encabezado por el se�or Presidente de la Rep�blica Mariano Ospina P�rez, mediante los Decretos 1239 y 1259 de 10 y 16 de abril de 1948, declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio Nacional, el cual, se levant� mediante Decreto 4144 de 16 de diciembre de 1948.

Durante la vigencia del estado de excepci�n el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 1265 del 17 de abril de 1948, y con el prop�sito de rendir un homenaje a la Memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, seg�n se desprende del texto normativo respectivo, antes transcrito, entre otros aspectos, dispuso convertir la casa de la familia Gait�n Jaramillo en un Monumento Nacional y en un Museo.

El Congreso de la Rep�blica de Colombia, el 19 de noviembre de 1948, expidi� la Ley 45 por la cual tambi�n se honra la memoria del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, la cual es reglamentada mediante Decreto 2122 de 16 de julio de 1949, aqu� demandado.

Ahora bien, en relaci�n con el Decreto Ley 1265 de 17 de abril de 1948, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

De la lectura de su encabezado, se observa que este fue expedido por el Presidente de la Rep�blica con la firma de los Ministros del Gabinete, en uso de las facultades conferidas por el art�culo 121, de la Constituci�n derogada, adem�s, que para la fecha de su expedici�n ya estaban vigentes los Decretos 1239 y 1259 de 10 y 16 de abril de 1948, por medio de los cuales se decret� el estado de sitio en todo el territorio nacional.

La Sala tambi�n advierte que el referido Decreto Legislativo, se enmarca en las denominadas leyes de honores, las cuales, como lo ha manifestado la jurisprudencia constitucional, son cuerpos normativos en cuyas disposiciones se exaltan personas que, por su ascendencia ante la comunidad, han sido consideradas como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalgu�a y buen vivir. Esta clase de leyes, como ya se indic�, producen efectos particulares sin contenido normativo de car�cter abstracto, y desde el punto de vista material, no crean, extinguen ni modifican situaciones jur�dicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es �nicamente la situaci�n concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hip�tesis o casos. Estas leyes se limitan, como lo dice el art�culo 150, numeral 15, de la Constituci�n vigente, a �decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria� y, de manera alguna, pueden desprenderse de su contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido de la ley.

En el caso del Decreto 1265 de 1948, �Por el cual se honra la memoria de un gran colombiano�, cabe anotar, que este fue promulgado d�as despu�s de la tr�gica desaparici�n de Jorge Elicer Gait�n, cuya transcendental vida y obra motiv� al Ejecutivo a tributarle una condigna exaltaci�n.

Afirma la actora, sin respaldo probatorio alguno, que la casa del doctor Jorge Eliecer Gait�n y su familia nunca fue adquirida a trav�s de un juicio de expropiaci�n por el Estado, y que es err�neo lo que se le ha hecho creer a la ciudadan�a al respecto.

Por el contrario, la Sala considera que dentro del expediente s� militan suficientes elementos probatorios que, clara e inequ�vocamente, llevan al pleno convencimiento de que el proceso de expropiaci�n por medio del cual la Naci�n adquiri� el dominio de la casa del doctor Jorge Eliecer Gait�n, en realidad, s� se tramit� y finiquit� en todas sus etapas.

En efecto, cabe reiterar que los art�culos 1� y 2� del Decreto Legislativo 1265 de 1948, dispusieron erigir la casa donde vivi� el doctor Jorge Eliecer Gait�n, en un monumento nacional que adem�s se convirtiera en un museo destinado a conservar la biblioteca y los objetos que recordar�n su vida y actividades. Seguidamente, los art�culos 3� y 4�, declararon de utilidad p�blica la adquisici�n de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de lo establecido en los art�culos anteriores. Mediante Decreto 1371 de 28 de abril de 1948, se deleg� en la Alcald�a de Bogot� la negociaci�n de la casa donde vivi� el doctor Gait�n, y los bienes de que tratan los art�culos 1� y 2� del Decreto 1265 de 1948. Negociaci�n que al parecer no fructific� por lo que fue necesario adelantar un proceso de expropiaci�n.

Obran dentro del expediente, fotocopias simples de los folios 580 y 581 del libro primero de 1949, con sentencia de expropiaci�n de 26 de noviembre de 1948, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot�[20], anotaci�n 8.350, donde se lee, lo siguiente:

�[�] Junio 7 de 1.949.- En el juicio de expropiaci�n del MUNICIPIO DE BOGOT�, contra la SUCESI�N DE JORGE ELIECER GAIT�N, seguido en el Juzgado 1� Civil del Circuito, se halla la siguiente DILIGENCIA DE ENTREGA: �En Bogot�, a 17 de marzo de 1.949, siendo la hora de las 3 de la tarde, d�a y hora se�alados para llevar a cabo la pr�ctica de la diligencia de entrega de los bienes a que se refiere el punto primero de la sentencia de expropiaci�n proferida en el presente juicio, con fecha 26 de noviembre del a�o pr�ximo pasado, el suscrito Juez 1� Civil del Circuito, en asocio del Oficial Mayor del Juzgado, quien act�a como secretario, para esta diligencia, el se�or Personero Municipal, Jos� Mar�a Maldonado en su calidad de Administrador del inmueble del Ministerio de Obras P�blicas y Octavio Rodr�guez, como asistente a nombre de la se�ora Amparo Jaramillo viuda de Gait�n, se traslad� a la calle 42, #15-52 de �sta ciudad, donde esta situada la casa y se hayan los enseres y parte de la biblioteca materia de expropiaci�n, con el objeto de hacerle entrega al administrador del Ministerio.- En la referida casa se encontr� a Lu�s Alberto Ayala, y enterado que fue del objeto de la diligencia, puso a disposici�n del personal de �sta, la mencionada casa y dem�s elementos.- Acto continuo se procedi� por todo el personal de la diligencia, a identificar la casa por sus linderos y se constato que linda as�: �[�]�, o sea la misma a que se refiere la sentencia de expropiaci�n.- enseguida y estando tambi�n presente la se�ora Amparo Jaramillo viuda de Gait�n, se procedi� con todo el personal de la diligencia a constatar los objetos y enseres existentes en dicha casa, como tambi�n los libros de la biblioteca que se hallan en el cuarto escritorio, de acuerdo con el inventario practicado por el perito en el juicio, Dr. Antonio Rueda Ter�n, y se obtuvo el siguiente resultado [�]. El se�or juez, le hizo entrega real y material de todos y cada uno de los libros antes relacionados, al se�or Jos� Mar�a Maldonado, en su car�cter al principio expresado, quien dio por recibido de ellos. � No siendo m�s el objeto de la presente diligencia, se termina y para constancia se firma por lo que en ella intervinieron. [�]�. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Igualmente, obra en autos fotocopia de la Escritura P�blica n�mero 1063[21], de mayo de 1950, de la Notaria Quinta del Circuito de Bogot�, por la cual se protocoliz� el expediente contentivo del juicio de sucesi�n del doctor Jorge Eliecer Gait�n (53 folios), que curs� en el Juzgado S�ptimo del Circuito de Bogot�.

En el referido expediente, aparece copia de la Diligencia de Inventario y Aval�o, de 31 de marzo de 1949, adelantada en el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito, en la que qued� sentada la siguiente anotaci�n:

�[�]-ACTIVO-, PARTIDA PRIMERA. - Bienes propios del causante: La cantidad de doscientos mil pesos moneda corriente, que son el precio de la venta de la casa n�mero 15-52 de la calle 42 de esta ciudad y de los muebles que en ella hab�a y de los libros y �tilesque integran la biblioteca del se�or Jorge Eliecer Gait�n, que fueron vendidos al Gobierno Nacional, previo los tr�mites de un juicio de expropiaci�n, doscientos mil pesos moneda corriente.$. 200.000.00 [�]�. (la Sala destaca).

A no dudarlo, las referidas evidencias dan cuenta de que, a ra�z de la tr�gica desaparici�n del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto Legislativo 1265 de 17 de abril de 1948 y con el fin de honrar su memoria, dispuso la adquisici�n, y consagr� como monumento nacional, la casa donde vivi� y fueron sepultados sus restos; asimismo, dicha norma previ� que en la mencionada residencia se formar�a un museo destinado a conservar la biblioteca y dem�s objetos que recordaran su vida y actividad p�blica, por lo que fue declarada de utilidad p�blica la adquisici�n de los bienes inmuebles necesarios para dar cumplimiento al Decreto.

Fue as� como, por medio del Decreto 1371 de 28 de abril de 1948, se deleg� en la Alcald�a de Bogot� la negociaci�n de la casa y los bienes de que tratan los art�culos 1� y 2� del Decreto 1265 de 1948.

Que, consecuentemente con lo anterior, se instaur� proceso de expropiaci�n ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot�, el cual profiri� sentencia de expropiaci�n, con fecha 26 de noviembre de 1948.

Que el precio pagado a t�tulo de indemnizaci�n por los bienes expropiados fue de doscientos ($200.000.oo) mil pesos, los cuales fueron incluidos como activo dentro de los bienes propios del causante y adjudicados a sus herederos dentro del proceso de sucesi�n intestada que se tramit� en el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de Bogot�.

Que el Juzgado Primero Civil del Circuito, mediante diligencia realizada el 17 de marzo de 1949, hizo entrega real y material de los bienes a que se refiere la sentencia de expropiaci�n, proferida el 26 de noviembre de 1948, fecha desde la cual, el Estado Colombiano, entr� a ejercer la posesi�n de dichos bienes, cuyo dominio se le hab�a transferido mediante la sentencia de expropiaci�n ya mencionada.

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que el Decreto 1265 de 17 de abril de 1948, como lo reconoce el art�culo 1� del Decreto Reglamentario 2122 de 1949, demandado, en realidad, s� tuvo un desarrollo judicial concreto y espec�fico como lo fue el proceso de expropiaci�n de la vivienda y dem�s bienes del doctor Jorge Eliecer Gait�n, que all� reposaban.

As� las cosas, las afirmaciones sobre el tema, esbozadas en sentido contrario por la demandante, deben desecharse por cuanto obran en contrav�a de la realidad procesal.

Tambi�n plantea la demandante que el Decreto Extraordinario 1265 de 1948, autom�ticamente dej� de existir en el ordenamiento jur�dico colombiano, con la expedici�n del Decreto 4144 de 17 de diciembre de 1948, por medio del cual el se�or Presidente de la Rep�blica levant� el Estado de Sitio, m�xime si se tiene en cuenta que, posteriormente, seg�n precisa, nunca fue adoptado o reproducido por el Congreso de la Rep�blica como legislaci�n permanente.

Al respecto, cabe recalcar que, como ya lo manifest� la Sala en l�neas anteriores, el Decreto 1265 de 1948, dictado por el Gobierno Nacional, es acto normativo especial que regula una situaci�n particular y concreta, en relaci�n con una persona individualmente determinada, que tuvo como finalidad rendir honores al doctor Jorge Eliecer Gait�n, el cual, fue expedido directamente por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las atribuciones legislativas de que queda investido en virtud de la declaraci�n del estado de conmoci�n interior.

Ahora bien, establece el inciso 3�, del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de 1886, ya derogada, el cual fue modificado mediante el art�culo 33 del Acto Legislativo n�mero 3 de 1910, que: �[�] El gobierno declarar� restablecido el orden p�blico tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejar�n de regir los decretos de car�cter extraordinario que haya dictado[�]�. (Subraya fuera texto).

Seg�n lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-802 de 2002[22], el original art�culo 121 de la Constituci�n de 1886, hoy 213 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, confer�a al Presidente de la Rep�blica la posibilidad de declarar turbado el orden p�blico en todo el territorio o parte de �l y de ese modo quedaba investido de las facultades conferidas en caso de guerra, de las que se derivaran del derecho de gentes y de facultades legales. Tal declaratoria, que proced�a en caso de conmoci�n interior o guerra exterior, deb�a estar precedida de un concepto del Consejo de Estado y el decreto correspondiente deb�a llevar la firma de todos los Ministros. De acuerdo con ello, el Ejecutivo ten�a la potestad de dictar decretos con fuerza legislativa provisional, limitados a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad en la Naci�n y, una vez levantado el estado de excepci�n, dichos decretos extraordinarios dejaban de regir.

Ahora bien, precisadas, como han quedado, las caracter�sticas propias de las leyes de honores, las cuales, desde la expedici�n misma de la Constituci�n de 1886, art�culo 76, numeral 20, fueron consideradas como instrumentos jur�dicos especiales a trav�s de los cuales el Congreso de la Rep�blica exalta a ciudadanos ilustres que han prestado grandes servicios a la patria, y aun cuando el tema no es parte primordial de los cargos de la demanda, resulta pertinente que la Sala se pregunte si es factible que en vigencia de un estado de excepci�n el Ejecutivo pueda expedir ese tipo de normas, bajo la consideraci�n de que las mismas guardan relaci�n con las causas que dieron origen a la declaratoria de aquel y que, de alguna manera, su adopci�n, podr�a conducir a mitigarlas y, sin duda, la respuesta a este interrogante, necesariamente, tendr�a que ser positiva pues, si en estos casos se admite que el Gobierno asume funciones legislativas con el prop�sito de enfrentar la situaci�n de anormalidad que se presenta o de evitar la ampliaci�n de sus efectos, no habr�a ninguna raz�n para excluir o para descartar la mencionada posibilidad, m�s a�n si se tiene en cuenta que las leyes de honores hacen parte de las competencias legislativas a cargo del Congreso de la Rep�blica que excepcionalmente el Ejecutivo asume.

Otra cuesti�n trascendente que en el asunto examinado debe la Sala analizar, guarda relaci�n con el hecho de si las denominadas leyes de honores, atendiendo la naturaleza y efectos especiales de car�cter individual, personal, subjetivo y concreto, que de ellas se predican, dejan de regir o pierden autom�ticamente sus efectos con el levantamiento del estado de excepci�n, como efectivamente ocurre, en t�rminos generales, con los restantes decretos legislativos, de acuerdo con lo que establec�a la norma constitucional anterior, precedentemente transcrita, hoy art�culo 213, inciso 3� de la Constituci�n Pol�tica vigente.

En este aspecto la Sala firmemente considera, teniendo en cuenta la ya rese�ada naturaleza especial de las leyes de honores que, de acuerdo con sus fines, seg�n ya se dijo, bien pueden expedirse durante la vigencia de un estado de excepci�n, que estas no deben perder autom�ticamente sus efectos cuando este se levanta por cuanto, si as� fuera, se desconocer�an absurdamente, y contra toda l�gica y raz�n, los fines y alcances de este tipo de normas, encaminadas precisamente a crear derechos subjetivos materiales o inmateriales en cabeza de los destinatarios de las mismas, en el contexto del estado de anormalidad que se enfrenta.

En efecto, carecer�a de todo sentido que el tributo o el homenaje otorgado en vigencia de un estado de excepci�n a ciudadanos ilustres que hayan prestados grandes servicios a la patria pierdan su sustento jur�dico y se extingan de un plumazo con el solo levantamiento de la medida excepcional, por cuanto ello, en principio, no solo contradice la racionalidad y la l�gica m�s elemental sino que, adem�s, con ese entendimiento, claramente se podr�an conculcar derechos subjetivos que hayan ingresado al patrimonio moral o f�sico del homenajeado.

No puede perderse de vista que, como ocurri� en el caso examinado, estas leyes de honores normalmente vienen acompa�adas de reconocimientos adicionales que tambi�n suelen materializarse y surtir plenos efectos jur�dicos a la manera de derechos consolidados, como sucede, por ejemplo, con la erecci�n de monumentos o elementos conmemorativos an�logos, accesorios a la exaltaci�n misma, que una vez construidos, edificados o confeccionados, previo el agotamiento de tr�mites y procedimientos legalmente indispensables, que suelen involucrar m�ltiples situaciones jur�dicas, e inclusive derechos de terceros y actuaciones judiciales en firme, no podr�an desmontarse por el solo hecho de que el estado de excepci�n se levante, por cuanto ello, desde el punto de vista jur�dico, se reitera, carecer�a de todo sentido y raz�n.

De manera que, a juicio de la Sala, el Decreto Legislativo de Honores 1265 de 17 de marzo de 2018, que expidi� el Gobierno en este caso, y que adicionalmente dispuso que la Naci�n adquiriese, como efectivamente ocurri�, el inmueble que fue la casa de habitaci�n del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, de la biblioteca y dem�s objetos significativos que en ella exist�an, para los fines en el se�alados, consistentes en erigir un monumento nacional, mausoleo y la formaci�n de museo, no solo por las particularidades subjetivas atribuidas a este tipo de normas, sino, adem�s, en virtud de las actuaciones judiciales en firme que materializaron, con efecto de cosa juzgada, lo que dicho decreto legislativo orden�, generando inclusive derechos y situaciones consolidadas, no perdi� sus efectos con el levantamiento del estado de excepci�n.

Vistas as� las cosas, el Decreto Reglamentario demandado 2122 de 25 de julio de 1949 no solo estaba encaminado a propiciar la debida aplicaci�n de la Ley 45 de 1948, sino, tambi�n, la indispensable regulaci�n de la situaci�n jur�dica consolidada que se gener� a partir de la expedici�n del Decreto Legislativo de Honores 1256 de 1948.

En este sentido es preciso reconocer que la norma reglamentaria tiene adecuada relaci�n o coherencia con las disposiciones legales o con fuerza de ley que dispusieron, como tantas veces se ha expresado, el erigir en monumento la casa que fuera del doctor Gait�n (y que desde entonces pertenece a la Naci�n) y que en ella funcionara, igualmente, un museo del que har�a parte la biblioteca y dem�s objetos de propiedad de este, que se hallaban en el inmueble, pues si bien es cierto que la Ley 45 de 1948, nada menciona al respecto s� lo hace el decreto legislativo de honores, tambi�n reglamentado, como lo advierte expresamente el art�culo 1� de este �ltimo al se�alar:

�Art�culo 1�. Decl�rase monumento nacional la casa que fue del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, en Bogot�, y que hoy pertenece al Estado Colombiano, seg�n el Decreto-ley n�mero 1265 (abril 17) de 1948 y el desarrollo judicial que tuvo dicho Decreto�. (Negrilla y subraya fuera de texto)).

En conclusi�n, los art�culos 1� al 6� del Decreto demandado tienen pleno sustento en las disposiciones del Decreto Legislativo 1265 de 1948, y, adem�s, son expresi�n de la facultad con que cuenta el Estado de disponer, administrar y conservar los bienes que le pertenecen, en tanto que los art�culos 7� y 8� le dan alcance a las previsiones del art�culo 3� de la Ley 45 de 1948, perspectiva desde la cual en este caso no se avizora ning�n exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria por parte del Ejecutivo.

La realidad jur�dica, debidamente consolidada, producto del mencionado decreto legislativo de honores, se insiste, fue, precisamente, la situaci�n que tambi�n reglament� el acto acusado, teniendo en cuenta que, por las razones ya rese�adas, aquel, en virtud de las particularidades del caso concreto, no perdi� sus efectos con la terminaci�n del estado de excepci�n ya referido.

La plena vigencia de la situaci�n consolidada en menci�n tambi�n la corrobora el hecho de que, con posterioridad al decreto reglamentario aqu� demandado, el Gobierno Nacional ha expedido otras normas con el fin de regular diversas circunstancias sobrevinientes, relacionadas con el adecuado manejo y administraci�n del monumento y del museo Jorge Eli�cer Gait�n, tales como el Decreto 1948 de 1966, �por el cual se reglamenta el Decreto extraordinario 1265 de 1948, sobre honores al doctor Jorge Eli�cer Gait�n�; el Decreto 87 de 1976, �Por el cual se integran el Museo Jorge Eli�cer Gait�n y el Centro Jorge Eli�cer Gait�n y se dictan otras disposiciones[23]�, y el Decreto 1078 de 1995, por el cual se aprueba el Acuerdo n�m. 005 del 17 de mayo de 1995, que adopta los estatutos y la estructura interna del Instituto Colombiano de la Participaci�n Jorge Eli�cer Gait�n, entre otros.

Por lo dem�s, conforme con la reiterada caracterizaci�n que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho de las leyes de honores en general, incluidas desde luego las decretadas v�lidamente dentro de un estado de excepci�n, se reitera, que estas producen efectos particulares sin contenido normativo de car�cter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jur�dicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singular, cuyo alcance �nicamente se reduce a la situaci�n concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hip�tesis o casos.

Ahora bien, bajo los par�metros de una adecuada l�gica consecuencial, deber�a considerarse que las disposiciones reglamentarias de una ley de honores, por el indispensable nexo de dependencia existente entre aquellas con respecto a estas, tambi�n deber�an exhibir la misma condici�n subjetiva, particular y concreta de la norma reglamentada, motivo por el cual, necesariamente, deber�an impugnarse ante la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, sino se advierte que la demanda es producto de una motivaci�n altruista de simple y genuina legalidad objetiva, como ocurre en este caso[24], mediante el ejercicio de la acci�n de nulidad y de restablecimiento del derecho prevista para ello, la cual, como se sabe, cuenta con un t�rmino de caducidad de cuatro meses, que en este caso estar�a vencido, si se tiene en cuenta que el acto reglamentario acusado se expidi� en el a�o 1949 y que la demanda solo se present� en el a�o 2009, esto es, sesenta a�os despu�s.

Sin embargo, como tal ex�gesis podr�a resultar controversial, en atenci�n a los distintos puntos de vista desde la cual podr�a abordarse, ha optado la Sala por no pronunciarse sobre la caducidad sino, preferentemente, emitir un pronunciamiento de m�rito en torna a la cuesti�n litigiosa, en los t�rminos precedentemente rese�ados, por ser esta la mejor manera de darle alcance al principio constitucional que dispone darle prevalencia a los aspectos sustanciales o sobre los que podr�an considerarse formales, en cuanto no versan sobre el fondo de la controversia.

En este orden de ideas, como qued� visto, ninguno de los cargos planteados por la parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la presunci�n de legalidad que ampara a las disposiciones acusadas, raz�n por la cual la Sala denegar� las pretensiones de la demanda, como en efecto lo har� en la parte resolutiva de esta providencia.

Por �ltimo, se le reconocer� personer�a al doctor LUIS EDUARDO ARELLANA JARAMILLO, como apoderado de la Naci�n � Ministerio de Educaci�n Nacional.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

SEGUNDO: TENER como apoderado al doctor LUIS EDUARDO ARELLANO JARAM�LLO de la Naci�n � Ministerio de Educaci�n Nacional, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 196 a 199 del expediente.

En firme esta providencia, arch�vese el expediente previo las anotaciones de rigor.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n del d�a 18 de octubre de 2019.

Niega la pretensi�n��(De Nulidad. )�Art�culo 1�DECRETO_2122_1949_16/07/1949
Niega la pretensi�n��(De Nulidad. )�Art�culo 8�DECRETO_2122_1949_16/07/1949

[1] �ARTICULO 4o. INTEGRACI�N DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACI�N. <Art�culo modificado por el art�culo 1 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El patrimonio cultural de la Naci�n est� constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresi�n de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades ind�genas, negras y creoles, la tradici�n, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los h�bitos, as� como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial inter�s hist�rico, art�stico, cient�fico, est�tico o simb�lico en �mbitos como el pl�stico, arquitect�nico, urbano, arqueol�gico, ling��stico, sonoro, musical, audiovisual, f�lmico, testimonial, documental, literario, bibliogr�fico, museol�gico o antropol�gico[�]�.

[3] Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, recogida en la Sentencia C-350 de 1997.

[4] Consejo de Estado. (Expediente n�m. 11001-03-24-000-2006-00284-00, actor: Luis Jaime Salgar Vegalara, Consejera Ponente Doctora Mar�a Claudia Rojas Lasso). Coincide con Sentencia C-805 de 2001. Corte Constitucional.

[5] �Articulo 120. Corresponde al Presidente de la Rep�blica de la Republica como suprema autoridad administrativa:

3�. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las ordenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes.

[6] �Art�culo 189. Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes.�

[7] Consejo de Estado. Sentencia de 01 de junio de 1990. Radicaci�n n�mero: 1294. Actor: JUAN CARLOS GALINDO VACHA. Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Referencia: Acci�n De Nulidad. Consejero ponente: RODRIGO VIEIRA PUERTA.

[8] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Tercera. Sentencia de 28 de marzo de 1985. Expediente 2896. Consejero ponente, doctor Julio C�sar Uribe Acosta.

[9] �Art�culo 115. El Presidente de la Rep�blica es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

�El Gobierno Nacional est� formado por el Presidente de la Rep�blica, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

El Presidente de la Rep�blica y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

�Ning�n acto del Presidente de la Rep�blica, excepto el de nombramiento y remoci�n de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendr� valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho se hacen responsables.� (Negrillas fuera de texto).

[10] En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-577 de 1995 , consider�: �42. Al expedir un decreto los miembros del Gobierno asumen de manera compartida las responsabilidades pol�ticas y jur�dicas correspondientes. En este orden de ideas, la ley no puede obligar al Gobierno a expedir un decreto cuyo contenido material no ha sido estudiado ni decidido por �l, pues al Presidente de la Rep�blica, los ministros y jefes de departamento administrativo que en cada negocio particular constituyen Gobierno, no pueden responder por la expedici�n de un acto producto de la voluntad exclusiva de otro �rgano.� (Negrillas fuera de texto)

Pero determinar cu�les ministros o jefes de departamento administrativo deben suscribir con el Presidente de la Rep�blica el reglamento no es f�cil de definir, y menos a priori, pues las materias de que se puede ocupar un reglamento son muy variadas, de modo que concretar qui�n conforma el Gobierno, en cada caso concreto, requiere una revisi�n de los asuntos tratados en el reglamento, as� como de las competencias asignadas a los Ministerios y Departamentos Administrativos, para deducir de all� cu�les de sus Jefes deben acompa�ar al Presidente de la Rep�blica en la firma del decreto.

De esta manera, un reglamento bien puede requerir la firma de uno o de varios ministros; y cuando son varios los que deben participar cada uno lo har� en la parte del decreto que le corresponde, seg�n sus competencias.

Ahora, el prop�sito del acompa�amiento no tiene un sentido simplemente formal. En realidad, determina, de un lado, la responsabilidad pol�tica derivada del contenido, pero, sobre todo, sirve para definir, elaborar y perfeccionar el contenido del reglamento, pues cada ministerio y departamento administrativo participa activamente �ese es el sentido final de su intervenci�n- en la elaboraci�n de la norma, aportando la capacidad t�cnica, incluso la pol�tica y social que tienen, para concretar el contenido de la norma.

En este caso, la Sala considera, simplemente, que se debe entender que cada ministro o jefe de departamento administrativo interviene en la conformaci�n del gobierno, en lo que a su ministerio se refiere, seg�n su competencia, es decir, que no se extiende su participaci�n a todo el decreto, sino a la parte que le corresponde. Esta consideraci�n tiene un efecto pr�ctico importante, que a primera vista no se advierte con facilidad.

[12]Corte Constitucional Sentencia C-544 DE 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Se declar� exequible el aparte demandado de la Ley 32 de 1969 �por la cual se decreta la denominaci�n de un Aeropuerto�.

[13] Corte Constitucional. Sentencia C-782 de 25 de julio de 2001. Magistrado ponente, Manuel Jos� Cepeda Espinosa.

[15] C�digo Civil. ARTICULO 4o. <DEFINICION DE LEY>. Ley es una declaraci�n de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constituci�n Nacional. El car�cter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar.

[17] Corte Constitucional. Sentencia C-469 de 25 de septiembre de 1997. Magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa.

[18] �LEY 45 DE 1948 (noviembre 19) POR LA CUAL SE HONRA LA MEMORIA DEL DOCTOR JORGE ELI�CER GAIT�N.

Que el 9 de abril, d�a infausto para la Patria, fue alevemente sacrificado, en el propio coraz�n de la Rep�blica, el doctor Jorge Eli�cer Gait�n, Senador de la Rep�blica y jefe �nico del liberalismo colombiano;

Que como miembro del Congreso de la Rep�blica Nacional desde el a�o de 1929, libr� las m�s grandes y decididas batallas por la libertad, el perfeccionamiento social y pol�tico de la democracia, la defensa de la justicia y del patrimonio moral de la Rep�blica;

Que dedic� su vida al servicio del pa�s, contribuyendo desde las m�s elevadas posiciones pol�ticas y administrativas al estudio y soluci�n de sus problemas fundamentales;

Que como Alcalde de la ciudad de Bogot� no s�lo realiz� grandes obras urbanas, sino que traz� nuevas orientaciones de pol�tica administrativa, que han tra�do invaluables servicios para la capital;

Que su vida fue constante demostraci�n de tenacidad, de energ�a, de inteligencia, de fe en los principios democr�ticos y en la fuerza vital, la conciencia y los destinos del pueblo;

Que como l�der popular, como tribuno, como conductor de movimientos pol�ticos, alcanz� una preeminencia no registrada antes en la historia de la democracia colombiana;

Que como hombre de ciencia ocup� puesto el m�s destacado dentro del Foro colombiano y obtuvo brillantes �xitos internacionales; como Profesor dio lustre a la c�tedra universitaria y contribuy� a elevar el nivel de la cultura en la rama del Derecho Penal; como legislador orient� eficazmente la elaboraci�n de c�digos y estatutos que a�n rigen la vida jur�dica del pa�s;

Que es deber de los pueblos enaltecer y consagrar el nombre de sus hijos m�s preclaros,

ARTICULO 1�. H�nrase la memoria del eminente hombre p�blico doctor Jorge Eli�cer Gait�n, y se��lase su vida austera de patriota y de tesonero luchador como ejemplo digno de imitarse por las presentes y futuras generaciones.

ARTICULO 3�. V�tese la suma de cien mil pesos ($ 100.000) como auxilio nacional al monumento que se erigir� al doctor Jorge Eli�cer Gait�n, en el p�rtico de la casa que fue su �ltima morada.

PARAGRAFO. Esta suma se entregar� al Comit� Nacional a cuyo cuidado est� la erecci�n del mausoleo a Jorge Eli�cer Gait�n, una vez que se demuestre su personer�a y se aprueben los proyectos del monumento y contratos respectivos por una junta integrada por la se�ora Amparo Jaramillo de Gait�n, el Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, un representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y un delegado del Ministerio de Obras P�blicas.

ARTICULO 4�. Un retrato al �leo del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, se colocar� en uno de los salones del Senado de la Rep�blica.

ARTICULO 5�. En el paseo de Bol�var, de la ciudad de Bogot�, se construir� un gran teatro al aire libre, que llevar� el nombre de "Jorge Eli�cer Gait�n". En sitio preferente de este teatro se colocar� una placa que recuerde la desvelada preocupaci�n que por la cultura del pueblo tuvo el insigne estadista, y los servicios que a ella prest� como Ministro de Educaci�n, como Alcalde de Bogot� y como l�der pol�tico.

ARTICULO 6�. Cr�ase en calidad de instituci�n permanente el "Premio Jorge Eli�cer Gait�n", que consistir� en una especial distinci�n acad�mica, y en la entrega del valor de seis mil pesos ($ 6.000) anuales al autor colombiano de la mejor obra que se publique dentro o fuera del pa�s en cada a�o, sobre criminolog�a o ciencia jur�dico-penal. Los concursos ser�n reglamentados y el premio adjudicado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional.

ARTICULO 7�. Cr�anse tres becas en Italia, Francia, o el pa�s que determine el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, para hacer cursos de especializaci�n y perfeccionamiento en las ramas de criminolog�a, ciencia jur�dico-penal y ciencia penitenciaria. Estas becas se llamar�n "Becas Jorge Eli�cer Gait�n", y ser�n adjudicadas por dicho Consejo mediante concursos que se realicen entre abogados titulados.

ARTICULO 8�. Las becas de que trata el art�culo anterior, obligan a los profesionales distinguidos con ese honor a rendir los informes t�cnicos que solicite el Gobierno y las Facultades de Derecho, lo mismo que a prestar el servicio docente por un tiempo igual al de la duraci�n de los estudios en el Exterior.

ARTICULO 9�. Cr�anse quince (15) becas permanentes, una por cada Departamento, en la Universidad Nacional de Colombia, destinadas a hijos de trabajadores que carezcan de capacidad econ�mica para cursar estudios universitarios, las que ser�n adjudicadas por el Consejo Directivo de la mencionada Universidad, mediante concurso que esta Instituci�n deber� reglamentar. Estas becas se denominar�n "Becas Jorge Eli�cer Gait�n".

ARTICULO 10. El Gobierno adquirir� la propiedad de la obra cient�fica y pol�tica del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, con el fin de publicarla para ser repartida por conducto del Ministerio de Educaci�n Nacional, y para este efecto se eleva hasta la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000).

Los derechos de autor ser�n reconocidos y pagados a los herederos en forma legal.

ARTICULO 11. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del doctor Jorge Eli�cer Gait�n, el Gobierno dar� a la circulaci�n una emisi�n de estampillas de correo, en la cantidad, tama�o, colores y especificaciones que el mismo Gobierno determine, todas las cuales llevar�n el retrato del doctor Jorge Eli�cer Gait�n.

ARTICULO 12. El Gobierno proveer� lo conducente para que al hacerse la primera acu�aci�n de moneda fraccionaria, una vez expedida esta Ley, se grabe en las monedas el perfil del doctor Jorge Eli�cer Gait�n.

ARTICULO 13. El Gobierno depositar�, inmediatamente que esta Ley sea promulgada, en el Banco de la Rep�blica, la cantidad de setenta mil pesos ($ 70.000), a favor de Gloria Gait�n Jaramillo, hija del ilustre sacrificado, para que le sea entregada en cuotas de quinientos pesos ($ 500) mensuales, con destino a su educaci�n dentro o fuera del pa�s.

ARTICULO 14. En la Ley de Apropiaciones del presente a�o se incluir�n las partidas necesarias para dar cumplimiento a esta Ley, y en la de los a�os futuros la que corresponda al sostenimiento de becas de que tratan los art�culos 7�, 8� y 9�.

El Presidente de la Rep�blica del Senado, ALFONSO ROMERO AGUIRRE-El Presidente de la Rep�blica de la C�mara de Representantes, GUILLERMO ANGEL ANGEL-El Secretario del Senado, Carlos V. Rey-El Secretario de la C�mara de Representantes, Alejandro Vallejo.

Rep�blica de Colombia-Gobierno Nacional-Bogot�, noviembre diez y nueve de mil novecientos cuarenta y ocho.

El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Jos� Mar�a BERNAL-El Ministro de Educaci�n Nacional, Fabio LOZANO Y LOZANO-El Ministro de Correos y Tel�grafos, Jos� Vicente DAVILA TELLO-El Ministro de Obras P�blicas, Luis Ignacio ANDRADE�.

[19] �Art�culo 121. Modificado por el art�culo 33 del Acto Legislativo n�m. 3 de 31 de octubre de 1910.- En caso de guerra exterior o de conmoci�n interior podr� el Presidente de la Rep�blica, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden p�blico y en estado de sitio toda la Rep�blica o parte de ella.

Mediante tal declaraci�n, el Gobierno tendr�, adem�s de las facultades legales, las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones. Los decretos que dentro de estos l�mites dicte el Presidente de la Rep�blica tendr�n car�cter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensi�n de las que sean incompatibles con el estado de sitio.

El Gobierno declarar� restablecido el orden p�blico tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento; y dejar�n de regir los decretos de car�cter extraordinario que haya dictado.

Ser�n responsables el Presidente de la Rep�blica y los Ministros cuando declaren turbado el orden p�blico sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoci�n interior; y lo ser�n tambi�n, lo mismo que los dem�s funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente Art�culo.

Restablecido el orden p�blico, el Gobierno convocar� el Congreso de la Rep�blica y le pasar� una exposici�n motivada de sus providencias [�]�.

[22] Corte Constitucional. Sentencia C-802 de 2 de octubre de 2002. Magistrado ponente, doctor Jaime C�rdoba Trivi�o.

[23] Decreto 87 de 1976. Art�culo 1� Dese cumplimiento a los Decretos 1265 de y 1948 de 1966, y para tal fin, int�grense el "Museo Jorge Eli�cer Gait�n'' y el -Centro Jorge Eli�cer Gait�n", de la ciudad de Bogot�, D. E. los que estar�n adscritos al Ministro de Educaci�n Nacional.

Art�culo 2� Los inmuebles adquiridos en virtud de lo dispuesto en ti art�culo anterior, ser�n administrados por la Junta Directiva del Museo y Centro "Jorge Eli�cer Gait�n', creados por el art�culo 4� del Decreto 1948 de 1966.

Art�culo 3� La Junta Directiva del Museo y Centro Jorge; Eli�cer Gait�n podr�, mientras se realizar�n los fines previstos: en los decretos que los crearon, destinar los inmuebles aleda�os al Museo para fines exclusivamente educativos que la misma Junto acuerde, mediante reglamentaci�n que se someter� a la aprobaci�n del Ministerio de Educaci�n Nacional.

Art�culo 4� El presente Decreto rige desde la fecha de su expedici�n y modifica el art�culo 12 del Decreto 3154 de 1968.

[24] Seg�n lo manifestado por la dem�ndate en la sustentaci�n del tercer cargo, la demanda estar�a motivada por su pretensi�n de recuperar para ella el inmueble familiar.

Fecha Providencia	18/10/2019
Fecha de notificaci�n	18/10/2019