200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038531CC-SENTENCIAC567201927/11/2019CC-SENTENCIA_C_567__2019_27/11/2019300385352019P ARA EFECTOS DE DISPONER LA DETENCIÓN PREVENTIVA, DEBERÁ TENERSE EN CUENTA QUE LAS CAPTURAS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES SOLO SERÁN AQUELLAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE ORDENADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE CON APEGO A LOS REQUISITOS LEGALES, O LAS QUE SEAN FRUTO DE AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN POR JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS. E NTENDER QUE ESTA CIRCUNSTANCIA INDICA QUE LA LIBERTAD DE LA PERSONA.

PARA EFECTOS DE DISPONER LA DETENCIÓN PREVENTIVA, DEBERÁ TENERSE EN CUENTA QUE LAS CAPTURAS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES SOLO SERÁN AQUELLAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE ORDENADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE CON APEGO A LOS REQUISITOS LEGALES, O LAS QUE SEAN FRUTO DE AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN POR JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS. ENTENDER QUE ESTA CIRCUNSTANCIA INDICA QUE LA LIBERTAD DE LA PERSONA.

NULIDAD19/11/2019Alberto Rojas RíosLEY 906 DE 2004 D-13147 Identificadores20030206432true1316046original30180868Identificadores

Fecha Providencia

27/11/2019

Fecha de notificación

19/11/2019

Magistrado ponente:  Alberto Rojas Ríos

Norma demandada:  LEY 906 DE 2004


1. Norma acusada

LEY 906 DE 2004

(agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

ARTÍCULO 313. PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. <Artículo modificado por el artículo 60 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.

3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. <Numeral modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017. Rige a partir del 12 de julio de 2017, consultar en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código.

2. Decisión

Primero. ESTARSE A LO DECIDIDO en la sentencia C-425 de 2008, en tanto declaró EXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, en relación con el cargo de desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia).

Segundo. Declarar EXEQUIBLE, en consecuencia, el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, EN EL ENTENDIDO de que las capturas aludidas en la norma examinada, sólo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, en relación con el cargo de violación del artículo 29 de la Constitución (derecho penal de acto).

Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por vulneración del artículo 29 de la Constitución, por desconocerse el principio de culpabilidad por el acto.


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3. Síntesis de la providencia

La Sala Plena decidió la demanda de inconstitucionalidad formulada por los ciudadanos Juan Fernando Gutiérrez y Estaban Valencia Giraldo contra el numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, por los cargos relativos a (i) la violación del inciso 4 del artículo 29 (presunción de inocencia), (ii) al desconocimiento del derecho a la defensa y del artículo 248 (antecedentes penales) y (iii) la vulneración del inciso 2 del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia (derecho penal de acto). Para los demandantes, la norma demandada desconoce el derecho a la presunción de inocencia, pues ella presume que la persona es culpable y transforma la carga de la prueba al obligar a la persona a demostrar que es inocente. En cuanto al derecho a la defensa y la constitución de antecedentes penales, los accionantes estimaron que un imputado carece de medios para probar que no es peligrosa para la sociedad y que lo único que constituye antecedente penal es la sentencia definitiva, mas no la captura que se decreta o legaliza durante un proceso penal. Respecto al desconocimiento del inciso 2 del artículo 29 de la Constitución (derecho penal de acto), los ciudadanos sostuvieron que la norma demandada implementa un modelo penal que se basa en el pasado del sujeto y no reconoce que las personas pueden progresar, mejorar y crecer, lo cual es contrario al derecho penal de acto.

La Corte revisó, en primer lugar, si los cargos formulados por los ciudadanos cumplían los requisitos argumentativos mínimos. Respecto al cargo de violación del derecho a la defensa, la Corte encontró que no cumplía con los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia; por ello, procedió a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda respecto a ese cargo. En cuanto a los cargos relativos al desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia y la vulneración del principio de derecho penal de acto, esta Corporación consideró que cumplían con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia y, por ello, procedió a realizar el respectivo análisis material.

Posteriormente se abordó la posible configuración de la cosa juzgada en el cargo relativo al desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia pues, de acuerdo con algunos intervinientes, el contenido demandado ya había sido objeto de control por parte de esta Corporación mediante sentencia C- 425 de 2008, que declaró la exequibilidad del artículo 26 de la Ley 1142 de 2007. La Sala Plena reiteró su jurisprudencia sobre el fenómeno de cosa juzgada constitucional y concluyó que ésta no se configuraba en el presente caso. Si bien los contenidos son similares, el numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004 presenta dos diferencias sustanciales, a saber: (i) amplía el lapso de uno (1) a tres (3) años y (ii) asimila la existencia de capturas previas al criterio de peligro para la comunidad, consagrado en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004.

Aclarado lo anterior, la Sala Plena dividió el examen en dos partes. En la primera, se revisó el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906, que consagra la procedencia de la detención preventiva cuando la persona haya sido captura por conductas constitutivas de delito o contravención dentro de los tres (3) últimos años. La Corte consideró que, de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia C- 425 de 2008, la norma se ajustaba a los criterios de estricta legalidad, reserva judicial, estricta excepcionalidad, necesidad y razonabilidad. Sin embargo, se consideró necesario precisar que: (i) sólo puede hablarse de captura, cuando ésta hubiese sido ordenada por el juez competente, con el pleno de las formalidades legales, o cuando la misma ha sido legalizada por el juez de control de garantías, por existir, por ejemplo, situación de aprehensión en flagrancia; y (ii) la captura es solo un criterio más a tener en cuenta, para imponer la medida de detención preventiva, el cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley procesal penal. Por lo anterior, la Sala Plena procedió a declarar la exequibilidad del inciso 1 del numeral 4 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que por captura sólo pueden tenerse aquellas aprehensiones en que haya mediado orden de autoridad competente con el pleno de las formalidades legales o la que fuere fruto de legalización, por el juez de control de garantías en los demás casos (flagrancia, por ej.). Descartándose así que la mera aprehensión física, o la conducción y registro posterior en libros de minuta policial, etc., constituyan la “captura” a la que alude la norma examinada.

En la segunda parte, se revisó la constitucionalidad del inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017. Este consagra que “[e]n el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código”. La Sala Plena reiteró las reglas contenidas en la sentencia C- 121 de 2012 y sostuvo que la detención preventiva debe valorarse en concreto y en relación con las características específicas del proceso, mas no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fines específicos de otro proceso. De lo contrario, se estarían empleando decisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce el derecho de toda persona a ser juzgada conforme al acto que se le imputa.

A partir de estos lineamientos, la Sala encontró que la remisión hecha por el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004 a los artículos 308 y 310 del mismo cuerpo normativo implica concentrar la valoración de la medida de aseguramiento sólo en criterios subjetivos orientados por niveles de peligrosidad según las capturas decretadas o legalizadas en otros procesos. Estos elementos le permitirían al juez de control de garantías decretar la detención preventiva a partir solo del perfil de la persona, sin tener en cuenta otros elementos, tales como la conducta cometida y su gravedad, la necesidad de la imposición de la medida, entre otros. En otras palabras, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (derecho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución y a las reglas fijadas por la sentencia C- 121 de 2012. Asimismo, la Sala no encontró justificación constitucional alguna que permitiese considerar esta remisión compatible con la norma superior. En consecuencia, declaró la inexequibilidad del inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por desconocer tal disposición, de manera abierta, el principio de culpabilidad por el acto, axioma que proscribe la adjudicación de responsabilidad por la nuda forma de ser o conducir la vida (derecho penal de autor).

4. Aclaración de voto

El Magistrado Alejandro Linares cantillo se reservó la presentación eventual de una aclaración de voto relativa a algunos de los aspectos de la parte motiva de esta providencia.