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200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038392CC-SENTENCIAC519201905/11/2019CC-SENTENCIA_C_519__2019_05/11/2019300383962019P OR VULNERAR EL DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER AL ESTABLECER UN TRATO DISCRIMINATORIO SIN JUSTIFICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, LA C ORTE DECLARÓ INEXEQUIBLE LA NORMA QUE ORDENABA INSCRIBIR COMO APELLIDOS EN EL REGISTRO DE NACIMIENTO, EN PRIMER LUGAR, EL DEL PADRE, SEGUIDO DEL PRIMER APELLIDO DE LA MADRE. LOS EFECTOS DE ESTA SENTENCIA SE DIFIRIERON POR EL TÉRMINO DE LAS DOS LEGISLATURAS SUBSIGUIENTES, ESTO ES, HASTA AQUELLA QUE CULMINA EL 20 DE JUNIO DE 2022

POR VULNERAR EL DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER AL ESTABLECER UN TRATO DISCRIMINATORIO SIN JUSTIFICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, LA CORTE DECLARÓ INEXEQUIBLE LA NORMA QUE ORDENABA INSCRIBIR COMO APELLIDOS EN EL REGISTRO DE NACIMIENTO, EN PRIMER LUGAR, EL DEL PADRE, SEGUIDO DEL PRIMER APELLIDO DE LA MADRE. LOS EFECTOS DE ESTA SENTENCIA SE DIFIRIERON POR EL TÉRMINO DE LAS DOS LEGISLATURAS SUBSIGUIENTES, ESTO ES, HASTA AQUELLA QUE CULMINA EL 20 DE JUNIO DE 2022

NULIDAD05/11/2019Alberto Rojas Ríos LEY 54 DE 1989Identificadores20030204548true1313812original30179087Identificadores

Fecha Providencia

05/11/2019

Fecha de notificación

05/11/2019

Magistrado ponente:  Alberto Rojas Ríos

Norma demandada:   LEY 54 DE 1989


LEY 54 DE 1989

(octubre 31)

Por la cual se reforma el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970

ARTICULO 1o. El artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, quedará así:

“ARTICULO 53. En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre.

PARAGRAFO. Las personas que al entrar en vigencia esta Ley estén inscritas con un solo apellido podrán adicionar su nombre con un segundo apellido, en la oportunidad y mediante el procedimiento señalado en el artículo 94, inciso 1o, del Decreto 999 de 1988”.

2. Decisión

Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “seguido del” contenido en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989.

Segundo. DIFERIR los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas subsiguientes a la notificación de la presente sentencia, esto es, hasta aquella que culmina en sesiones ordinarias el 20 de junio de 2022, para que el Congreso de la República adapte la legislación a la Constitución Política.

Tercero. Si el Congreso de la República no expide la regulación de reemplazo dentro del término establecido en el numeral anterior, y mientras no lo haga, deberá entenderse que el padre y la madre de común acuerdo, podrán decidir el orden de apellidos de sus hijos. Si no hay acuerdo entre los padres, se resolverá por sorteo realizado por la autoridad competente para asentar el registro civil.

3. Síntesis de los fundamentos

La Sala Plena resolvió la demanda contra la expresión “seguido del” contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, que reformó el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, por el cargo de igualdad entre hombres y mujeres contenido en el Artículo 13, a la igualdad de oportunidades de las mujeres previsto en el artículo 43 y el artículo 2 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). A juicio del demandante, la norma establece un trato desigual injustificado entre hombres y mujeres consistente en que la ley otorgó prevalencia al apellido del padre sobre el de la madre en la inscripción del registro civil de nacimiento de sus hijos e hijas, secuencia que desconoce la igualdad de género y avala una discriminación de la mujer basada en estereotipos de jerarquización que otorga superioridad a los hombres. Además, señaló que se conculca el principio igualdad de las parejas heterosexuales, en razón de que éstas no pueden escoger el orden de los apellidos que tendrá su descendencia, opción que sí poseen las parejas homoparentales.

Previo a definir de fondo la Sala Plena estudió la eventual configuración de la cosa juzgada constitucional en relación con la Sentencia C-152 de 1994, que definió la exequibilidad de la misma norma, por el cargo de igualdad. Aun cuando halló los elementos de la cosa juzgada formal, explicó que esta figura procesal quedaba descartada dado el cambio de significado de la Constitución. Esto lo derivó a partir de modificaciones introducidas por la evolución interpretativa de la Carta Política a través de decisiones que han marcado sensibles cambios en punto de la igualdad material entre hombres y mujeres[1]. En ese orden destacó que la Constitución tiene la habilidad de adaptarse a la realidad social, económica, política y cultura, pues es un texto vivo[2]. Entre el año 1994 y el 2019, se presentaron a través de esos 25 años los siguientes elementos fácticos y jurídicos que hicieron indispensable volver a estudiar la validez del artículo 1º de la Ley 54 de 1994, al existir una nueva hermenéutica y alcance del principio de igualdad:

i) La Corte ha reconocido a través de su jurisprudencia la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad y ha adoptado diversas medidas para alcanzar la paridad de género, con amparo del artículo 13 de la Constitución. En ese sentido ha entendido que la concepción sustantiva de la igualdad implica aceptar que existe una desigualdad y discriminación desde la óptica del género cuando las leyes, políticas y prácticas sociales con pretendida neutralidad no evidencian la desventaja en que se encuentran las mujeres. También ha sostenido que es indispensable el enfoque interseccional de género en la resolución de casos donde se presenta un trato discriminatorio, que requiere de la eliminación de estereotipos, (Sentencias SU-659 de 2015 y T-141 de 2015, C-586 de 2016, C-659 de 2016, C-117 de 2018) y ha determinado que la perspectiva de género es vinculante para todo operador judicial como se indicó entre otras en las Sentencias T-590 de 2017, T-145 de 2017, T- 012 de 2016 y T- 878 de 2014.

ii) La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer –CEDAW- comenzó a fungir como parámetro de constitucionalidad para evaluar la validez de la legislación nacional, desde las Sentencias C-355 de 2006, C-667 de 2006, C-335 de 2013, C-297 de 2016, C-359 de 2016 y C-117 de 2018, entre otros. Y se han utilizado como referentes las recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (específicamente la Recomendación General No 25) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Para, las cuales reconocen que la discriminación es una forma de violencia y por ende instituyen la obligación del Estado de remover cualquier tipo de estereotipo que afecte la igualdad material entre hombres y mujeres[3], y esto alcanza la decisión libre de la pareja de participar en las decisiones familiares. También destacó con fundamento en dichos instrumentos internacionales que las costumbres relativas a la condición personal basadas en la identidad perpetúan la discriminación contra la mujer y la falta de libertad individual para elegir la aplicación u observancia de leyes y costumbres concretas agudiza esta discriminación.

iii) En atención a ese cambio de interpretación en torno a la igualdad, el legislador ha expedido una serie de leyes que intentan igualmente romper las barreras históricas que generan inequidad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la Ley de cuotas en el acceso a cargos en el sector público - Ley 581 de 2000-, así como las normas sobre la sensibilización, el observatorio de género -Ley 1009 de 2006-, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres – Ley 1257 de 2008-, la amplitud de las semanas de licencia maternidad –Ley 1822 de 2017- o la tipificación del delito de feminicidio –La Ley 1761 de 2015-, entre otras.

iv) Por último, en torno a la igualdad de oportunidades dispuesta por el artículo 43 de la Constitución Política, la Corte ha reafirmado que la “a mujer y el hombre tienen iguales

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. La Sentencia C-203 de 2019, insistió en la necesidad de garantizar esa dimensión de la igualdad.

Cimentada en la evolución interpretativa que desde el pronunciamiento emitido en la Sentencia C-152 de 1994 se ha producido, y atendiendo las razones formuladas en la demanda la Corte señala que en el presente asunto se ha superado la cosa juzgada, para permitir una decisión de fondo en relación con los cargos presentados, por vulneración de los artículos 13 y 43 de la Constitución Política.

Frente al cargo que censura la diferencia de trato entre parejas homosexuales y homoparentales, igualmente por vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, la Corte concluyó que no se configura cosa juzgada, por ser distintos, al basarse en sujetos diferentes. En providencia C-152 de 1994, se estudió la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de registrar sus hijos e hijas; mientras que, en la actualidad, el ciudadano cuestionó el trato dispar entre las parejas homoafectivas y heterosexuales.

A continuación la Sala Plena de la Corte fijó el problema jurídico en determinar si la expresión “seguido del” contenida en el Artículo 1 de la Ley 54 de 1989 y que dispone que al momento de inscribir en el registro de nacimiento el nombre de un niño o una niña, se fijará primero el primer apellido paterno, y luego el primer apellido materno implica, a la luz de la cláusula de igualdad, establecida en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política y en lo previsto en el artículo 2 de la CEDAW, en cuanto integra el bloque de constitucionalidad, un trato discriminatorio entre, las mujeres y los hombres, las madres y los padres, y entre la parejas homoparentales y las parejas heterosexuales.

La Sala precisó que el mandato de optimización de la igualdad es un principio y valor fundante en el Estado Social de Derecho que pretende superar las diferencias estructurales injustificadas que existen en una sociedad en distintos ámbitos de vulneración constitucional. Sobre esa base analiza que la familia es el primer espacio de socialización y de asimilación de las primeras reglas sociales y que a la mujer se le ha relegado en ese espacio privado, a partir de prejuicios culturales y con base en una supuesta disposición “natural” para el cuidado, y la crianza de los niños y niñas, que fijaron el papel predominante de los hombres al interior de la familia. Especialmente, y a efectos de esta decisión, cómo aquellos se trasladan a la familia y generan un espacio de dominación en los que se naturalizan como propios los privilegios de los hombres y se enervan los derechos desde lo femenino. Tal realidad es la que debe ser transformada y por ello existen en la actualidad instrumentos jurídicos que reconocen dichas circunstancias y comprometen por tanto a los Estados a la proscripción de la discriminación por razón del género, a través de estereotipos en proceso de superación.

Señaló, que la regulación que impone a los padres registrar a sus hijos con el apellido paterno en primer lugar y el materno en segundo lugar debe ser modificada, porque es el resultado de una vulneración constitución en costumbres que sólo tienen justificación en la tradición. En ese contexto, distintos países del mundo, como Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, México y Portugal, han considerado acertado regular la materia y permitir que los padres escojan el orden de los apellidos de los hijos.

En el caso concreto y en aplicación de un test estricto de igualdad, la Sala Plena concluyó que el trato diferente entre destinatarios iguales que propone el artículo 1 de la Ley 54 de 1989 es inconstitucional, toda vez que carece de justificación priorizar el apellido del hombre sobre el de la mujer a la hora de inscribir a sus hijos e hijas en el registro civil. Esa irrazonabilidad de tratamiento disímil se sustenta en que la finalidad de la medida establecida para lograr la certeza y la seguridad jurídica en el registro civil de los hijos e hijas desatiende el principio de necesidad. Lo anterior, en razón de que existen otras alternativas que no entrañan una discriminación y que garantizan los fines buscados por el legislador, por ejemplo precisar que todos los hijos de una pareja posean el mismo orden de los apellidos. Además, ese trato dispar se fundamenta en estereotipos y prejuicios del rol disminuido que deberían jugarlas mujeres en la familia, representación a todas luces contraria a la Constitución de 1991 y su visión de igualdad sustantiva.

Conforme con la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación contra la Mujer -CEDAW- y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Para, el Estado debe remover esos estereotipos, a partir de parámetros de constitucionalidad que corren en los artículos 13 y 43 de la Constitución, como también en el bloque de constitucionalidad, como aquí sea explicado en las Sentencias C-355 de 2006, C-776 de 2010, C-586 de 2016, C-659 de 2016, entre otras. El juez constitucional tiene vedado avalar visiones que se funden simplemente en la tradición y en estereotipos, porque en el pasado se haya podido invisibilizar prácticas discriminatorias que aparejan tratos desiguales injustificados, entre otros, en relación con las mujeres. Se trata de eliminar las barreras y las prácticas sociales que impiden la realización o reconocimiento de las mujeres.

En tal virtud, la Corte adoptó una modulación de la norma en dos sentidos: no obstante que declaró la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “seguido del” contenida en el artículo 1 de la Ley 54 de 1989, DIFERIRÁ los efectos de esa inconstitucionalidad por el término de dos legislaturas, subsiguientes a la notificación de la presente sentencia, para que el Congreso de la República adapte en ejercicio de sus competencias la legislación a la Constitución y a las convenciones que prohíben un trato discriminatorio hacía las mujeres. Transcurrido ese plazo sin haberse expedido la ley por parte del legislador, en aplicación de la Constitución deberá entenderse que el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de asignación de los apellidos de sus hijos, en el acto de inscripción del registro civil. Si no hubiere acuerdo en relación con el orden de los apellidos del hijo por registrar, se definirá por sorteo adelantado por la autoridad competente de asentar el registro civil.

4. Salvamento y aclaraciones de voto

El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó el voto, por considerar que la controversia constitucional ya había sido resuelta de manera definitiva, y con efectos de cosa juzgada, en la sentencia C-152 de 1994. En su criterio, no estaban presentes en este caso los presupuestos que, de manera muy excepcional, habilitan la posibilidad de nuevo pronunciamiento que sobrepase la limitación de la cosa juzgada. Puntualizó que, si bien el orden de los apellidos puede plantear interrogantes desde la perspectiva de la igualdad y, eventualmente, dar lugar a una nueva configuración del sistema de identificación de las personas a partir de sus relaciones de filiación, el asunto no se había problematizado en Colombia a nivel social, ni se había promovido una deliberación ciudadana que hiciese evidente, desde la perspectiva cultural, una tal necesidad.

Los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas anunciaron la presentación de aclaraciones de voto sobre los fundamentos de la decisión anterior.

El Magistrado Linares Cantillo, aun cuando estuvo de acuerdo con la decisión adoptada, aclaró su voto en el sentido de que en efecto mediante la sentencia C-152 de 1994 la Corte juzgó la norma impugnada por el cargo que ahora es objeto de análisis, pero que después de ese pronunciamiento ha venido dándose un cambio en el significado material de la Constitución, lo que varía el parámetro de control y habilita un nuevo pronunciamiento de este tribunal. Ahora bien, sin perjuicio de lo antes señalado, resaltó que en lo relativo al rol de la mujer se ha venido dando un proceso de avance jurídico y social de manera continua y progresiva hacia la igualdad, y que merece especial referencia el avance que se dio con la Ley 54 de 1989, la expedición misma de la Constitución de 1991, y las primeras sentencias que profirió la Corte Constitucional sobre la materia. Solo que, dicho proceso evolutivo, después de proferido el referido fallo, ha venido avanzando de manera especialmente significativa.

Además, señaló el Magistrado Linares, que no es claro en la sentencia si la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", aprobada mediante la Ley 51 de 1981, hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto; lo que se estima necesario para efectos de determinar claramente si dicha convención es parámetro de control de constitucionalidad. Por otra parte, para el Magistrado Linares Cantillo, las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, no son parte del bloque en sentido estricto.

En relación con la decisión, el Magistrado Linares Cantillo indicó que se debe privilegiar el común acuerdo de los padres (artículo 42 CP), y de no ser posible este, el Legislador debe diseñar una regla razonable que no discrimine por razón de género (artículo 43 ibídem). Consideró que la suerte es una alternativa válida, pero que debe regularse la forma en que operaría este sistema para evitar abusos por parte de las autoridades encargadas de asentar los registros civiles de nacimiento.

Las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto sobre algunas de las consideraciones de esta sentencia.


[1] Sentencias C-774 de 2001 y C-007 de 2016.

[2] Esta definición de constitución viviente ha sido reconocida en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las sentencias C-332 de 2013, C-166 de 2014 y C-687 de 2014, C-092 de 2017 y C-045 de 2019.

[3] Sentencia C-327 de 2016.