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200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038231CC-SENTENCIAC473201909/10/2019CC-SENTENCIA_C_473__2019_09/10/2019300382352019LA AUSENCIA DE CLARIDAD, CERTEZA, PERTINENCIA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS INCONSTITUCIONALIDAD, NO LE PERMITIERON A LA CORTE EFECTUAR UN EXAMEN DE FONDO DE LA DEMANDA FORMULADA CONTRA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS POR NEGARSE A DAR CIERTA INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES DE POLICÍA.
09/10/2019Alberto Rojas RíosLEY 1801 DE 2016D-13032Identificadores20030202377true1311187original30177130Identificadores

Fecha Providencia

09/10/2019

Fecha de notificación

09/10/2019

Magistrado ponente:  Alberto Rojas Ríos

Norma demandada:  LEY 1801 DE 2016


LA AUSENCIA DE CLARIDAD, CERTEZA, PERTINENCIA, ESPECIFICIDAD Y SUFICIENCIA DE LOS CARGOS INCONSTITUCIONALIDAD, NO LE PERMITIERON A LA CORTE EFECTUAR UN EXAMEN DE FONDO DE LA DEMANDA FORMULADA CONTRA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS POR NEGARSE A DAR CIERTA INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES DE POLICÍA.

1. Norma demandada

LEY 1801 DE 2016

(julio 29)

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

ARTÍCULO 35. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Irrespetar a las autoridades de Policía.

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.

3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía.

4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de Policía.

5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de Policía.

6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de Policía.

7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia.

(…)

2. Decisión

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

3. Síntesis de los fundamentos

Al momento de precisar el problema jurídico a resolver la Sala Plena de la Corte Constitucional constató que los cargos de inconstitucionalidad carecían de (i) claridad (ii) certeza; (iii) pertinencia; (ii) suficiencia y (iii) especificidad. De un lado, no se podía establecer de qué manera la disposición demandada viola el debido proceso ni el derecho a la no autoincriminación, en relación con la competencia de las autoridades policivas de requerir información a los ciudadanos sobre (i) el lugar de su residencia; (ii) el domicilio; y (iii) su actividad, ni tampoco cuál es el alcance que esta tiene sobre el ordenamiento jurídico.

Específicamente, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, se consideró que aun cuando el actor señala que las solicitudes de información de la Policía deben estar precedidas de orden previa de autoridad judicial, lo cual genera un conflicto de competencia institucional, no lo concreta y esta afirmación es más bien una posición subjetiva del accionante quien confunde el procedimiento policivo con el proceso penal, lo que lo conduce a sostener que las autoridades de policía para realizar su actividad deben encontrarse prevalidas de autorización de la Fiscalía, lo que es inexacto y por ende además de carecer de claridad, tampoco recae sobre el contenido de la norma, lo que también incide en la falta de certeza del cargo.

Por demás, no se entiende el razonamiento que expone respecto de la violación sobre el debido proceso, en tanto sus argumentos se dirigen más bien a complementar las razones para considerar por qué no es constitucional que la Policía Nacional pueda solicitar información a los ciudadanos a través de medidas correctivas y calificar la veracidad de esos datos. De allí que el cargo por violación al debido proceso, como fue presentado, sea deficiente para explicar la oposición de la disposición demandada con la Carta Política y, en suma, no logra despertar duda alguna sobre la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016.

En punto al cargo por violación del derecho a la no autoincriminación contenido en el artículo 33 superior, la Corte explicó que los argumentos incorporados en el escrito eran genéricos y someros sobre el contexto de la garantía a guardar silencio y a no auto incriminarse, en el que no había un hilo lógico sino una remisión a legislaciones foráneas, sin significar cómo la solicitud de información sobre el lugar de residencia, domicilio y actividad en el marco del trámite policivo podía afectar tal garantía. Esto debido a lo que se realiza es una descripción de hipótesis que no permiten advertir la oposición de tales disposiciones con la Carta Política, de tal manera que no alcanza el estándar argumentativo mínimo para cuestionar la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016.

4. Aclaración de voto

El Magistrado Alberto Rojas Ríos pese a estar de acuerdo con la inhibición, observó que de haberse acudido al principio pro actione, la Corte pudo, a partir del contenido de la demanda y de las diversas intervenciones realizadas en el trámite constitucional, emitir una decisión de mérito en la que se definiera el contenido del derecho a la no autoincriminación, que como mínimo implica que (i) los administrados se encuentran en la obligación de colaborar con las autoridades de policía, para que estas cumplan con sus finalidades constitucionales; (ii) el derecho a guardar silencio es una estrategia legítima de defensa, además de un derecho que implica que la persona no puede ser obligada a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometida o incriminar a sus allegados; (iii) el ejercicio del derecho de guardar silencio, en asuntos que impliquen el ejercicio de la función punitiva del Estado, no puede ser objeto de sanción; (iv) la exhortación a declarar, cuya negativa apareje una consecuencia lesiva a la persona, configura una violación de ese derecho fundamental; (v) el requerido no está obligado a realizar declaraciones sobre hechos o circunstancias de modo tiempo y lugar con la que generalmente se asimila el vocablo “declaración” en el ámbito judicial, sino exclusivamente a la información necesaria para identificar a las personas y recabar algunos datos básicos sobre las mismas; (vi) la carga de veracidad en las declaraciones está limitada, de allí que solo pueda cuestionarse la obstrucción de la justicia o una conducta dolosa tendiente a falsear la realidad que debe ser determinada por autoridad judicial y (vii) el derecho de no auto incriminación es aplicable en los procedimientos policivos, como lo ha decantado esta Corporación desde su temprana jurisprudencia (Véanse entre otras las sentencias C-264/96, C-403/97, C-422/02, C- 258/11, C-349/17).

Asegura que los alcances del derecho a la no auto incriminación no solo van más allá de los asuntos estrictamente penales, sino que las consecuencias que la disposición tiene son inescindibles con el derecho a la intimidad, al exigirse brindar información bajo la coerción de una medida correctiva. Ello incluso sobre datos íntimos o que pueden conllevar a una carga de prejuicio por parte de la autoridad policiva, relacionada con el lugar en el que se vive o la actividad económica que se desarrolla, sin que esto sea constitucionalmente admisible, lo que en el contexto colombiano tiene una clara significación en relación con los sujetos más vulnerables y por ende que requieren mayor protección, aspecto que, a su juicio, es determinante analizar cuando se produzca una decisión de fondo.