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Sentencias de NulidadNación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otroSociedad Colombiana de Ingenieros false09/09/2019Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 Identificadores10030201046true1309314original30175947Identificadores

Fecha Providencia

09/09/2019

Fecha de notificación

09/09/2019

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Norma demandada:  Decreto 392 del 26 de febrero de 2018

Demandante:  Sociedad Colombiana de Ingenieros

Demandado:  Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicado:11001-03-26-000-2018-00067-00 (61518)
Demandante:Sociedad Colombiana de Ingenieros
Demandados:

Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

Asunto:

Medio de control de simple nulidad – Ley 1437 de 2011 – Solicitud de suspensión provisional

Procede el despacho a resolver la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de los efectos del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2018, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad”.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado ante esta Corporación, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, actuando a través de apoderada, formuló demanda en ejercicio del medio de control de simple nulidad contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Nación - Departamento Administrativo de Planeación, con el propósito de que se declare la nulidad del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 -expedido por las entidades demandadas- y mediante el cual “(…) se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad” (fol. 1-44). En el escrito de la demanda la actora solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de las disposiciones demandadas (fol. 40 - 41).

2. La demanda fue admitida por auto del 28 de mayo de 2019 y, en la misma fecha, por auto separado (fol. 181), se corrió traslado las demandadas por el término de 5 días para que se pronunciaran acerca de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.

3. En el término otorgado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fol.191 – 192) y el Departamento Nacional de Planeación (fol.196 – 199) descorrieron el traslado oponiéndose a la prosperidad de la medida cautelar.

II. LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2018, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad”, por las siguientes razones: i) no cumple con los lineamientos propuestos en los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2018, ii) contraría lo dispuesto en el literal a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, y iii) atenta contra el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 333 y 336 de la Constitución Política.

A su vez, la parte interesada adujo que la medida cautelar solicitada es idónea y procedente para evitar un perjuicio irremediable, ya que el Decreto 392 de 2018 afecta a la persona natural oferente y a las pequeñas y medianas empresas, sin cumplir con el objetivo para el cual fue creado, pues no ayuda en forma efectiva a la inclusión de las personas en situación de discapacidad.

Además, señaló el demandante que la suspensión provisional del Decreto 392 de 2018 se justifica por dos motivos, a saber: i) la imposibilidad material de dar cumplimiento a la medida allí establecida para los proponentes que no han vinculado a personas en condición de discapacidad y ii) la imposibilidad que se tiene para acreditar que un trabajador posee esa condición especial, esto, entre otros aspectos, porque el trámite tendiente a obtener las certificaciones de dicha calidad –persona en situación de discapacidad- puede durar más de 3 meses, razón por la cual no podrían ser contratados hasta tanto se surta dicho trámite.

Aunado a lo anterior, indicó la solicitante que la exigencia contenida en el mencionado decreto genera un trato desigual a partir de una discriminación positiva, pues se propicia un incentivo que beneficia a las grandes empresas, las cuales sí se encuentran en la posibilidad de asumir el costo de contratar a cualquier persona, pero perjudica a las micro y pequeñas empresas que no tiene suficiente capacidad económica para ampliar su nómina de acuerdo al requerimiento establecido por la norma.

Finalmente, concluyó la parte actora que, so pretexto de pretender amparar los derechos de un sector vulnerable de la población, el decreto demandado introduce una restricción a la contratación pública y limita los principios de libre competencia, pluralidad de oferentes, selección objetiva y económica y, en tal sentido, la elección de la propuesta no se determinaría por criterios técnicos y económicos sino por factores ajenos que no llevarían a elegir la mejor propuesta.

III. OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR

- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad de la medida cautelar solicitada, por considerar que la suspensión provisional prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo supone que el acto administrativo vulnere de manera “manifiesta” las normas que dice infringidas el demandante, lo que no ocurre en el sub lite, en cuanto la valoración de la presunta vulneración del derecho a la igualdad implica un análisis de fondo propio de la etapa de juzgamiento (fol. 192-192).

- Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación solicitó que no se accediera a la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 392 de 2018, aduciendo que dicha normativa fue expedida dentro del marco legalmente establecido, y que si bien la norma otorga un puntaje adicional a los proponentes que tengan vinculados trabajadores con discapacidad, el total por el cual resulta adjudicado un contrato no depende solamente de la inclusión de este tipo de personas sino de la totalidad de factores que debe cumplir cualquier proponente, por lo que no existe evidencia que denote la infracción a las normas a las que hizo referencia el extremo activo (fol. 196-199).

IV. COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 125[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho es competente para expedir la providencia que decide la solicitud de una medida cautelar, toda vez que no corresponde a ninguna de aquellas referidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de la misma normatividad.

De igual manera, conforme lo dispuesto en el artículo 229 de C.P.A.C.A (Ley 1437 de 2011), en los procesos declarativos, como el presente, es viable el decreto de medidas cautelares a petición de parte, siempre que se encuentre debidamente sustentada y cumpla con los requisitos de ley.

V. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde al despacho establecer si en el presente caso resulta viable la suspensión provisional del Decreto 392 de 2018 en razón a los argumentos expuestos por la parte demandante, esto es, básicamente, porque i) no cumple de manera adecuada con el cometido para el cual fue creado; ii) establece un trato desigual en perjuicio de pequeñas y/o medianas empresas que conlleva a la vulneración de disposiciones constitucionales de igualdad y libertad económica; y, finalmente, iii) debido a que con su aplicación no se asegura la selección objetiva en materia contractual.

Ahora, para efectos de resolver el problema jurídico propuesto, el despacho abordará los siguientes ítems: i) el régimen de medidas cautelares previsto en la Ley 1437 de 2011; ii) de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo respecto de personas en situación de discapacidad; iii) las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-765 del 3 de octubre de 2012 respecto de la discriminación positiva y, finalmente, iv) si la normatividad respecto de la que se solicita la suspensión provisional propicia, como lo aseguró el demandante, prácticas que no aseguran el cumplimiento del cometido de la Ley 1618 de 2013, sino la vulneración de otros derechos como los de igualdad, libertad económica, libre competencia y selección objetiva.

VI. CONSIDERACIONES

De acuerdo con la metodología planteada al abordar el problema jurídico, procederá el despacho a desarrollar cada uno de los ítems allí mencionados anticipando que no se suspenderán los efectos de las disposiciones demandadas:

Dentro de la regulación de medidas cautelares que trae la Ley 1437 de 2011 se encuentra prevista la suspensión provisional de los actos administrativos, figura por medio de la cual se hacen cesar los efectos de la decisión atacada hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante la medida que afecta su cumplimiento (art. 88 del C.P.A.C.A).

No obstante lo anterior, el artículo 231[2] de la Ley 1437 de 2011 indica que no basta con que se solicite la suspensión de un acto para que se acceda a ella, pues es indispensable, en materia de simple nulidad, que del análisis entre el acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se desprenda una violación.

De igual forma, la referida norma establece dos formas de realizar la confrontación normativa, ya que, por una parte, permite el análisis directo del acto enjuiciado con las normas superiores que se indican por el actor como violadas y, por otra parte, da la opción de valorar las pruebas allegadas con el fin de verificar la infracción del acto acusado con el ordenamiento jurídico.

Ahora, en relación con el análisis entre el acto y las normas invocadas como vulneradas, vale la pena señalar que tal estudio no implica una decisión de fondo sobre el asunto materia de litigio, ya que el inciso final del artículo 229 del C.P.A.C.A. señala que la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento, aspecto que resulta importante porque resultaría violatorio al debido proceso considerar que antes de agotarse todas las etapas del proceso pueda existir una decisión de fondo sobre el asunto materia de litigio.

- De la obligación del Estado de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo respecto de personas en situación de discapacidad (sujetos de especial protección)

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y, para efectos de garantizar el ejercicio del mismo en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión[3], el Gobierno Nacional y demás entidades competentes, tienen el deber de implementar, entre otras medidas, un sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que vinculen laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, esto a través de la expedición de un decreto reglamentario.

En cumplimiento al deber antes referido, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 392 de 2018, "Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad", el cual adicionó el Decreto 1082 de 2015 y en su artículo 1° estableció que, con el fin de incentivar el sistema de preferencias a favor de personas en situación de discapacidad, en los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de este tipo de empleados en su planta de personal.

De igual forma, la norma en comento -Decreto 392 de 2018- determinó que correspondería a la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según el caso, certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y, así mismo, acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal a través de certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, la cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Además, dispuso el decreto demandado que luego de ser constatados los requisitos antes mencionados, resulta procedente asignar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes en procesos de licitación pública y concurso de méritos que acrediten una cantidad determinada de trabajadores en situación de discapacidad, conforme a su planta global de personal y a la tabla que se transcribirá a continuación:

Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente

Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido para asignar 1%

Entre 1 y 30

1

Entre 31 y 100

2

Entre 101 y 150

3

Entre 151 y 200

4

Más de 200

5

A su turno, como una medida de seguimiento y control para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, el Decreto 392 de 2018 estableció que las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantengan en su planta de personal la cantidad de trabajadores en situación de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta, y que la reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato con las consecuencias derivadas de esto (contractuales y normativas).

Así las cosas, conforme a lo antes visto, estima el despacho que con la expedición del Decreto 392 de 2018 lo pretendido por el Gobierno Nacional fue materializar el deber de implementar medidas que garanticen o propicien la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad.

- Consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-765 del 3 de octubre de 2012, respecto de la discriminación positiva prevista en favor de personas en situación especial de discapacidad (sujetos con protección constitucional)

Con el propósito de estudiar la solicitud de suspensión provisional del decreto demandado, se estima pertinente analizar las consideraciones que expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-765 del 3 de octubre de 2012, en relación con la discriminación positiva a favor de personas en situación de discapacidad.

Al respecto, se tiene que la Corte Constitucional[4] estudió el proyecto de la Ley estatutaria número 167 de 2011 (senado) – 092 de 2011 (cámara de representantes), “por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, haciendo un amplio análisis respecto de las acciones afirmativas -políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso- en favor de la población con discapacidad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que “las acciones de discriminación positiva tienen lugar en un contexto de distribución y provisión de bienes públicos escasos, tales como puestos de trabajo, cargos públicos de alto nivel, cupos educativos o incluso, selección de contratistas del Estado” y conlleva costos o cargas que deben ser asumidas por la sociedad como conjunto.

Así, la Corte Constitucional consideró que, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, en cuyo artículo 13 se resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, se han establecido políticas para adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, entre ellos, el determinado en el artículo 47[5] ibídem - personas que se encuentran en situación de discapacidad-.

Como se puede advertir, para la Corte Constitucional la discriminación positiva a favor de las personas en situación de discapacidad (a través de acciones positivas) tiene asidero en el texto de la constitución política y propende por el desarrollo del derecho a la igualdad desde el punto de vista material. Aunado a esto, acepta el alto tribunal constitucional que a partir de un tratamiento desigual o preferencial se logre ese cometido, lo que supone, en principio, que sea posible en el caso de las personas en situación de discapacidad la adopción de tratamientos diferenciados que puedan llegar a beneficiar este sector de la población.

- El Decreto 392 de 2018 y los argumentos de inconformidad expuestos por la parte demandante (incumplimiento del cometido de la norma y desconocimiento de derechos como los de igualdad, libertad económica, libre competencia y selección objetiva de contratistas)

Según la demanda, el Decreto 392 de 2018 infringe el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 333 y 336 de la Constitución Política, así como los numerales 1), 7) y 8) del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el literal a) del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, afirmación que se sustenta, básicamente, en que la norma acusada limita e, incluso, elimina la posibilidad de que las personas naturales y la pequeña y mediana empresa accedan a la contracción estatal.

En cuanto a lo anterior, el despacho advierte de manera preliminar que el decreto demandado reglamenta, dentro de los lineamientos legales, los numerales 1) y 8) del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, los cuales disponen:

“Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, para las empresas que en su planta de personal tengan personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, y para las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores.

(…)

8. Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad.” (Subrayado fuera de texto).

En efecto, como se advirtió en precedencia, el Decreto 392 de 2018 dispuso que se asignaría un 1% del total de los puntos asignados en el respectivo pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la cantidad mínima de trabajadores con discapacidad (de acuerdo con la planta de personal respectiva), medida esta que más allá de vulnerar el derecho a la igualdad, como lo asegura el demandante, busca incentivar y fomentar la contratación de personas en situación de discapacidad, bajo el otorgamiento de un beneficio razonable que para esta etapa del proceso no resulta desproporcionado o excesivo (parte de la posibilidad de que existan diversas plantas de personal y asigna un porcentaje del 1% bajo ciertas condiciones).

A su vez, el mencionado decreto, como ya se señaló, estableció como medida de seguimiento y control que durante la ejecución del contrato pueda verificarse la vinculación del número mínimo de empleados con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la oferta, so pena de existir incumplimiento del contrato por parte del contratista con todas las consecuencias que de esta situación se derivarían (contractuales y normativas).

De igual forma, el despacho reitera que la asignación del 1% de la puntuación total por acreditar un número mínimo de trabajadores en situación de discapacidad, prima facie, no resulta una medida desproporcionada ni vulneratoria del derecho a participar en la contratación estatal de las personas naturales o de las pequeñas y medianas empresas, máxime cuando la normativa acusada establece un trato diferencial entre estas dependiendo del número total de empleados de cada proponente (si la planta de personal es pequeña -30 trabajadores- solamente se exige un trabajador en situación de discapacidad, mientras que si la planta de personal es de mayor amplitud va aumentado la exigencia de empleados discapacitados).

De otro lado, para el despacho resulta poco razonable afirmar que hay lugar a suspender la normativa demandada por vulnerar derechos tales como la libertad económica, la libre competencia o la selección objetiva, toda vez que el hecho de otorgar un puntaje adicional del 1% (calculado con el total de puntos establecidos en el pliego de condiciones) a quienes acrediten la vinculación de un número mínimo de trabajadores con discapacidad no trae consigo de su aplicación las siguientes consecuencias: i) que se impida la participación de proponentes que no posean en su planta de personal trabajadores discapacitados; ii) que los proponentes que posean este tipo de empleados (discapacitados) vayan a ser necesariamente adjudicatarios o ganadores en el proceso de selección (solamente se otorga un pequeño porcentaje); y iii) que se desconozca el derecho a la igualdad, pues las medidas afirmativas pueden partir de un trato diferencial o desigual para asegurar un bien jurídico de mayor relevancia (igualdad material de personas en situación de discapacidad).

Aparte, no se adjuntó a la solicitud de suspensión prueba o documento alguno que permitiera evidenciar que la aplicación de la normativa demandada ha afectado en mayor medida a las pequeñas o medianas empresas, ni el carácter definitivo del puntaje que eventualmente podría obtener un proponente por tener el su planta de personal trabajadores en situación de discapacidad, motivo adicional para considerar que no hay lugar a suspender las disposiciones demandadas.

Además, en cuanto a la supuesta imposibilidad material que tienen los proponentes para certificar la vinculación de empleados discapacitados en su planta de personal, estima el despacho que ese tampoco es un argumento válido para suspender en este momento procesal los efectos de las disposiciones demandadas, básicamente, por dos motivos, a saber: i) en primer lugar, porque la normativa se encuentra instituida con el fin de otorgar un incentivo o beneficio a los proponentes que antes de participar en un procedimiento contractual de selección posean en su planta de personal cierto número de trabajadores en situación de discapacidad –dependiendo del número total de trabajadores-, no fijar un requisito que deba ser cumplido en el marco del proceso de contratación para poder obtener el puntaje previsto en la normativa objeto de este proceso; y, ii) en segundo lugar, porque, según la normativa demandada, es el Ministerio del Trabajo el encargado de establecer dentro de sus competencias la calidad de discapacitado de un trabajador, lo cual supone que es a este a quien le corresponde fijar los trámites y requisitos tendientes a cumplir con la normativa aquí demandada.

Así las cosas, puede concluirse que lo que busca la asignación de un porcentaje adicional (1%) es incentivar la contratación de trabajadores en situación de discapacidad, acción de discriminación positiva que se presenta en un contexto de distribución y provisión de bienes públicos escasos para este grupo vulnerable, y que si bien puede suponer una carga adicional o tratamiento desigual para un grupo determinado de la sociedad, la misma cuenta con respaldo constitucional y legal.

En este orden de ideas, en esta etapa procesal no se encuentra factible suspender las disposiciones demandadas del Decreto 392 de 2018, ya que si bien propician un trato desigual por la asignación de un puntaje adicional a los proponentes que posean empleados en situación de discapacidad, el mismo se justifica a partir de la discriminación positiva explicada en precedencia.

No obstante lo anterior, se advierte que esta decisión no implica un prejuzgamiento, pues será en la sentencia en la que se decida sobre la legalidad del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2018, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad”.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE

PRIMERO:NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 392 de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En firme este proveído, INGRESAR el proceso al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO

Magistrado


[1] “Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.”

[2] “Artículo 231. requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. // En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: // 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. // 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. // 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: // a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o //b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.

[3] El artículo 27 de la Ley 1346 de 2009 se refiere a la obligación que tiene el Estado colombiano de garantizar el acceso al trabajo respecto de personas en situación de discapacidad en los siguientes términos: “Artículo 27. Trabajo y empleo. // 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: // a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; // b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; // c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; // d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; // e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; // f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; // g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; // h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; // i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; // j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; // k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. // 2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.”

[4] Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-765 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[5] “Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran."