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Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadSandra Lisset Ibarra Vélezfalse20/08/2019artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006Identificadores10030201022true1309260original30175923Identificadores

Fecha Providencia

20/08/2019

Fecha de notificación

20/08/2019

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Sandra Lisset Ibarra Vélez

Norma demandada:  artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto dos mil diecinueve (2019)

Expediente: 11001-03-25-000-2016-00482-00 (2215-2016)
Medio de control: Nulidad
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Demandados: Nación / Ministerio de Justicia y del Derecho / Ministerio del Interior / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)[1] / Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)[2]
Decisión: Se niega la solicitud de medida cautelar

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Procede el Despacho a resolver la petición de medida cautelar[3] formulada por el demandante, en el sentido de que se suspenda provisionalmente, varias expresiones contenidas en el artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006,[4] que a continuación se subrayan:

«Artículo 20. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Profesional, Técnico y/o Asistencial, siempre y cuando ejerzan funciones médico legales y forenses.

Parágrafo 1º. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del 50% de la remuneración mensual de cada funcionario.

Parágrafo 2º. La autorización de horas extras para el nivel profesional y técnico, se hará siempre y cuando el servicio forense a prestar corresponda exclusivamente a la atención de urgencias medico legales y su liquidación y pago se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 y demás normas que lo modifiquen o supriman o adicionen.

En todo caso, la autorización para laboral en horas extras tendrá un límite de 80 horas mensuales y sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal». (Los apartes subrayados son los que el demandante acusa).

I.- ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

Las expresiones del artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006[5] que el demandante acusa, son las que señalan: (i) que el pago del trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos, a los empleados de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial en el INMLCF, está condicionado a que se trate únicamente del desarrollo de funciones médicolegales y/o forenses; y (ii) que la autorización para que los empleados de los niveles Profesional y Técnico del INMLCF laboren horas extras, sólo puede ser, exclusivamente, para la atención de urgencias médico legales.

Leída con detenimiento la demanda y la solicitud de medida cautelar,[6] la Ponente interpreta, que en criterio del actor, los apartes normativos cuestionados, no permiten reconocer y pagar a los empleados del INMLCF que desempeñen funciones administrativas, el trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos.

A partir de ese entendimiento de las normas demandadas, el accionante formula 2 acusaciones específicas, que son:

Primero.- Vulneración de las normas internacionales, constitucionales y legales que tratan el tema de salarios y de igualdad salarial. Para sustentar esta primera inconformidad, el demandante señala, que las disposiciones reglamentarias cuestionadas vulneran los convenios de la OIT números 95[7] de 1949[8] y 111[9] de 1958;[10] así como los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución, 2º y 3º de la Ley 4ª de 1992[11] y 36 a 40 del Decreto Ley 1042 de 1978,[12] que entre otros aspectos, tratan sobre salarios e igualdad salarial, porque en ninguno de estos preceptos normativos se establecen diferencias entre los empleados que desarrollan labores misionales y los empleados que ejecutan tareas administrativas, para efectos del reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, como lo son las horas extras, dominicales y festivos.

Para reforzar su argumento el demandante señala, que al revisar las normas que regulan la organización básica, la estructura interna, la panta global de empleos y las funciones de las dependencias y empleos del INMLCF (tales como la Ley 938 de 2004;[13] el Decreto 1975 de 2013;[14] los Acuerdos 02 de 2012,[15] 08 de 2012,[16] 017 de 2014[17] y 22 de 2015[18] del INMLCF y la Resolución 739 de 2007[19] del INMLCF), ninguna de estas normas, diferencia los empleos que desarrollan funciones administrativas, de los que ejercen tareas medicolegales y/o forenses, para efectos salariales o prestacionales.

Segundo.- En segundo lugar, el actor le reprocha a las disposiciones reglamentarias trascritas el vulnerar materialmente el derecho a la igualdad porque, de acuerdo con lo afirmado en la demanda, sin justificación alguna, dichas normas prodigan un trato discriminatorio a los empleados del INMLCF que desempeñan funciones administrativas, ya que en criterio del accionante, solo permiten reconocer y pagar el trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos, a los empleados del Instituto que desarrollen funciones medicolegales y/o forenses.

II.- OPOSICIÓN

El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DAFP y e INMLCF, concurrieron al proceso para defender la presunción de legalidad de los enunciados normativos demandados. Para tales efectos, las referidas entidades expusieron, en esencia, los siguientes argumentos:

Señalaron en primer lugar, que las disposiciones reglamentarias acusadas no desconocen la normativa internacional que se relaciona en la demanda, porque revisada dichas normas, contrario a lo expresado por el accionante, en ellas se señala que la «naturaleza», el «tipo», la «calidad» de las funciones o tareas desempeñadas, constituye un criterio importante para establecer la forma y cantidad de los salarios y de las prestaciones sociales en general.

En ese sentido, explicaron, que en nuestro ordenamiento jurídico el mencionado parámetro o criterio fue incorporado por el constituyente, el legislador y el Gobierno Nacional de la siguiente manera:

  1. En el artículo 53 de la Constitución, el Constituyente señaló, que el salario debe ser proporcional a la cantidad y «calidad» del trabajo;

  1. En los artículos 2º y 3º de la Ley Marco 4ª de 1992,[20] el legislador preceptuó que la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos a cargo del Gobierno Nacional, debe atender, entre otros criterios, al «nivel», «rango», «categoría» y «estructura» de los empleos, es decir, a la «naturaleza de las funciones», sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; y por supuesto, a la «racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad».

  1. En el artículo 13 del Decreto Ley 1042 de 1978,[21] el Gobierno Nacional, fungiendo como legislador extraordinario, estableció que la asignación mensual correspondiente a cada empleo estará determinada por la «complejidad» de sus «funciones, atribuciones, deberes y responsabilidades», así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio.

En segundo lugar, expusieron que para efectos de la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados del INMLCF, se debe tener en cuenta la misión de la entidad, la cual, según la Ley 938 de 2004,[22] se encarga fundamentalmente de «prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses»; por lo que, para las mencionadas entidades se «presume» ajustado a derecho, que en las disposiciones normativas demandadas, se estableciera que por regla general, sólo los empleados que se dedican a las labores misionales, es decir, las medicolegales y forenses propiamente dichas, como por ejemplo, los servidores que deben estar disponibles en las morgues durante la noche y la madrugada, trabajen horas extras, dominicales y festivos.

Por último, adujeron que el actor erradamente entiende que las normas reglamentarias acusadas impiden reconocer y pagar a los empleados del INMLCF que desarrollan tareas administrativas, el tiempo que, de manera excepcional, trabajen por fuera de la jornada ordinaria, estos es, en horas extras, dominicales y festivos; lo cual no es cierto, pues, según aseveran, en los hipotéticos eventos en que ello ocurra, siempre que exista autorización basada en las necesidades del servicio, el pago de dichos emolumentos se podrá hacer conforme a las reglas establecidas en el Decreto Ley 1042 de 1978.[23]

III.- CONSIDERACIONES

Como se ha hecho en otras oportunidades, a continuación el Despacho expondrá de manera resumida los aspectos más relevantes de la medida cautelar de «suspensión provisional» de los efectos del acto administrativo demandado.

3.1.- LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO.

De acuerdo con el artículo 229, inciso 1º, de la Ley 1437 de 2011:

«En todos los procesos declarativos, que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente, decretar en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.».

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el «contenido y alcance de las medidas cautelares», el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 dispone que éstas:

«… podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.». (Subraya el Despacho).

Y respecto de los requisitos para decretar la medida cautelar de «suspensión provisional» de los efectos del acto administrativo demandado, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, estipula que:

«Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.».

De las normas trascritas se colige, que la medida cautelar negativa de «suspensión provisional» procederá siempre y cuando pueda comprobarse la vulneración de las disposiciones normativas invocadas en la demanda o en la solicitud de la cautela; trasgresión normativa que puede constatarse: (i) a partir de la confrontación del acto administrativo demandado con las normas superiores señaladas como violadas por quien pide la cautela, o, agrega la Ponente, con aquellas disposiciones en las que el acto administrativo debía fundarse, o, (ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Por lo tanto, el estudio y resolución de la solicitud de medida cautelar de «suspensión provisional» exige del juez de lo contencioso administrativo, un análisis o estudio inicial de legalidad, así como del material probatorio hasta entonces recaudado, estudios que apenas pueden ser inaugurales, introductorios o «ab initio», puesto que aún no se cuenta con la totalidad de los elementos de la litis, pero que permiten abordar el objeto del proceso, esto es, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, a partir de una aprehensión o conocimiento sumario, que posibilite efectuar interpretaciones o valoraciones normativas preliminares.

Así las cosas, la regulación de la medida cautelar de «suspensión provisional», prevista en la Ley 1437 de 2011, le confiere al juez de lo contencioso administrativo un margen de estudio más amplio que el previsto por la legislación anterior (Decreto 01 de 1984), pero ello implica a su vez, mayores exigencias de seriedad, juicio y rigor en los análisis y razonamientos, que se emprendan para resolver la solicitud.

Por último, el Despacho resalta que de acuerdo con el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, si la demanda, además de la nulidad del acto administrativo acusado, pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, para efectos de decretarse la medida cautelar de «suspensión provisional» el juez deberá verificar, no solo que exista una violación de las normas superiores invocadas, sino que también esté probada, al menos sumariamente, la existencia de tales perjuicios.

Existiendo entonces claridad sobre los requisitos exigidos por la Ley 1437 de 2011 para decretar la medida cautelar de «suspensión provisional», procede el Despacho a estudiar la solicitud formulada por el demandante.

3.2.- PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO FRENTE A LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Como viene expuesto, el actor acusa las expresiones del artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006[24] antes referencias, porque en su criterio, no permiten reconocer y pagar a los empleados del INMLCF que desempeñen funciones administrativas, el trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos, razón por la que señala, que las disposiciones normativas demandadas, vulneran los convenios de la OIT números 95[25] de 1949[26] y 111[27] de 1958;[28] así como los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución, 2º y 3º de la Ley 4ª de 1992[29] y 36 a 40 del Decreto Ley 1042 de 1978,[30] que entre otros aspectos, tratan sobre salarios e igualdad salarial, porque según su dicho, en ninguno de estos preceptos normativos se establecen diferencias entre los empleados que desarrollan labores misionales y los empleados que ejecutan tareas administrativas, para efectos del reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, como los son las horas extras, dominicales y festivos.

En tal virtud, a continuación el Despacho se ocupará de estudiar de manera inicial y sucinta la normatividad nacional e internacional que regula lo relacionado con el concepto de salario en el sector público, luego se revisará lo que tiene que ver con la jornada laboral y el reconocimiento y pago del trabajo ejecutado en horas extras, dominicales y festivos en el sector público, para posteriormente analizar el caso particular de los empleados del INMLCF.

CONCEPTO DE SALARIO EN EL SECTOR PÚBLICO

De acuerdo con el convenio de la OIT número 95[31] de 1949,[32] artículo 1º, el término salario «significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar». (Subraya el Despacho).

En nuestro ordenamiento jurídico interno, para la generalidad de los trabajadores del sector privado, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 3743 de 1950, modificado por la Ley 50 de 1990) señala, que el salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador por la prestación personal de sus servicios al empleador, y que constituye salario, no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

Ahora bien, para el caso de los servidores públicos, por disposición de los artículos 76, numeral 9º, de la derogada Constitución de 1886, y 150, numeral 19, literal f), de la Constitución de 1991, actualmente vigente, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, es fijado por el Gobierno Nacional, pero de conformidad con los criterios y objetivos que establezca el legislador en la respectiva «ley general» o ley marco cuadro como también se le ha denominado a dichas normas.

En vigencia de la Constitución de 1886, el legislador,[33] a través de la Ley 5ª de 1978,[34] delegó en el Ejecutivo, la tarea de determinar las escalas de remuneración de los empleos públicos. En desarrollo de dicha facultad «extraordinaria», el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1042 de 1978,[35] por el cual, entre otras, «se establece el sistema de nomenclatura y clasificación» de los empleos pertenecientes a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, y, «se fijan las escalas de remuneración de dichos empleos». El artículo 13 del Decreto Ley 1042 de 1978[36] señala, que la «asignación mensual», es decir, el salario, de los empleo públicos, estará determinado por la «complejidad» de las «funciones, atribuciones, deberes y responsabilidades», así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para el ejercicio de cada cargo; y el artículo 42 del mencionado Decreto Ley preceptúa, que «además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios»; tales como, «(a) Los incrementos por antigüedad (…); (b) Los gastos de representación; (c) La prima técnica; (d) El auxilio de transporte; (e) El auxilio de alimentación; (f) La prima de servicio; (g) La bonificación por servicios prestados; y (h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión».

Así las cosas: (i) salario es la contraprestación económica que recibe el empleado por la prestación personal de sus servicios al empleador; (ii) en el sector privado, la regla general es que el salario es acordado por las partes; (iii) en el sector público, la regla general es que el encargado de definir el salario de los empleados públicos es la ley, para el caso colombiano, la el constituyente le adjudicó dicha facultad al Gobierno Nacional, pero de conformidad con los criterios y objetivos que le establezca el legislador en la respectiva ley marco; (iv) al establecer qué emolumentos o pagos constituyen salario, el criterio fundamental a tener en cuenta tiene que ver con verificar si el factor o emolumento en cuestión retribuye o no de manera directamente la prestación personal del servicio, de tal manera que constituirá salario lo que en efecto remunere de manera directa la prestación personal de servicio; y (v) los pagos que el empleado recibe como remuneración por el trabajo realizado en horas extras, dominicales y festivos, constituye salario.

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN SALARIAL SEGÚN LA OIT

El Convenio de la OIT 111[37] de 1958,[38] «relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación», señala que «el término discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados». Sin embargo, el mencionado convenio hizo la salvedad de que «las distinciones, exclusiones o preferencias (salariales) basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación». (Las subrayas y negritas son del Despacho).

Es decir, que en el Convenio 111[39] de 1958,[40] «relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación», la misma OIT reconoce que las diferencias salarias fundadas en los requisitos exigidos para ocupar un empleo, no constituyen un trato desigual ni discriminatorio.

LA JORNADA LABORAL EN LOS CONVENIOS DE LA OIT

La «jornada de trabajo»,«jornada laboral» o «tiempo de trabajo» como lo denomina la OIT, hace referencia al número de horas que el trabajador trabaja efectivamente en una jornada o día, y puede referirse también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo trabajado.[41] La «jornada laboral» se debe diferenciar del «horario de trabajo», pues, la «jornada» representa el número de horas que el trabajador presta su servicio, mientras que el «horario» hace referencia a la hora u horas de entrada y/o salida.[42]

En octubre de 1919, los miembros de la OIT reunidos en Washington, adoptaron el primer convenio de dicha organización, justamente sobre la jornada laboral, que es el llamado «Convenio 001 sobre las horas de trabajo —industria— de 1919», por el que se limitan las horas de trabajo en las industrias a 8 horas diarias o 48 horas semanales, o sea, 6 días laborales a la semana. El mencionado Convenio 001 de la OIT señala en su artículo 4º, que «también podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo (…) en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos (…)». (Las subrayas y negritas son del Despacho).

De esta manera, para la OIT, dependiendo de la naturaleza misma del trabajo a desarrollar, es posible sobrepasar el límite de horas de trabajo de la jornada ordinaria, lo cual quiere decir, que lo que hoy conocemos como el trabajo desarrollado en horas extras, dominicales y festivos, según la OIT, está permitido, determinado y encuentra su justificación en las particularidades y características de la respectiva labor desarrollada.

LA JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEGÚN EL DECRETO LEY 1042 de 1978[43]

Sobre la jornada laboral de los servidores públicos, los artículos 21, 33, 34 y 35 del Decreto Ley 1042 de 1978,[44] señalan:

«Artículo 21. De la aplicación de las escalas. Las escalas de remuneración fijadas en los artículos anteriores comprenden tres columnas así:

La primera señala los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleo.

La segunda columna indica la remuneración básica para cada uno de los grados y que se aplicara durante el año 1978.

La tercera columna señala la remuneración básica que corresponderá a cada uno de los grados a partir del 1ro de enero de 1979.

Por consiguiente, los empleados públicos a quienes se aplica el presente decreto recibirán, el 1ro de enero de 1979, la asignación básica que corresponda al grado de remuneración fijado para su cargo en la tercera columna sin perjuicio de los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente decreto.

Las asignaciones fijadas en las escalas corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Los empleos de media jornada se remuneraran en forma proporcional. Por ningún motivo se establecerán empleos cuya jornada de trabajo sea inferior a medio tiempo.

Para los efectos de este decreto se entiende por empleos de medio tiempo los que tienen una jornada diaria no inferior a 4 horas. En las plantas de personal de cada organismo se fijara los cargos de medio tiempo.

(…)

Artículo 33.-De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de 44 horas semanales.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.

Artículo 34. De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente.

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del 35% por ciento sobre el valor de la asignación mensual.

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.

Artículo 35.De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del 35 %, pero podrá compensarse con períodos de descanso.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.» (Subraya el Despacho).

Con base en la normatividad expuesta, se tiene que la jornada laboral establecida para los empleados públicos en general, corresponde a 44 horas semanales de lunes a sábado, y, dentro de ese límite, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras, con excepción de los servidores que cumplan funciones discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, en cuyo caso la jornada es especial, pues, puede ser de 12 horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales.

HORAS EXTRAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Sobre las horas extras en el sector público, los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Ley 1042 de 1978,[45] señalan:

«Artículo 36.De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras.

El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los siguientes requisitos:

  1. Modificado por los Decretos anuales salariales.

(…)

Artículo 37. De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.

Este trabajo se remunerará con un recargo del 75% sobre la asignación básica mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 38.De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes funcionarios:

a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación y las demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal.

b) Los auditores de impuestos». (Subraya el Despacho).

Entonces, respecto de las horas extras en el sector público, el Decreto Ley 1042 de 1978[46] señala, que cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizaran descanso compensatorio o pago de horas extras, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Deben existir razones especiales del servicio;

  1. El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse;

  1. El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y se liquidara con los recargos respectivos;

  1. En ningún caso podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales;

  1. Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo;

  1. En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal;

  1. Las horas extras diurnas se liquidaran con un recargo del 25% sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo;

  1. En cuanto al trabajo en horas extras nocturnas, se entiende que son aquellas que se ejecutan excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna; y

  1. Este trabajo se remunerara con un recargo del 75% sobre la asignación básica mensual.

DOMINICALES y FESTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Sobre el trabajo desarrollado por los servidores públicos en dominicales y festivos, los artículos 39 y 40 del Decreto Ley 1042 de 1978,[47] señalan que puede ser «ordinario» u «ocasional». Veamos:

Artículo 39.Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos(Subraya el Despacho).

«Artículo 40.Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales o festivos.

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán las siguientes reglas:

  1. Modificado por los Decretos anuales salariales.

b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante comunicación escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de desempeñarse.

c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución motivada.

d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días dominicales y festivos.

e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en la asignación mensual(Subraya el Despacho).

Entonces, el trabajo ordinario en días dominicales o festivos, es aquel que responde a las notas de la habitualidad y permanencia, por oposición a lo ocasional o transitorio, y se pagará con una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

Mientras que el trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario, y dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor.

CRITERIOS QUE DEBE OBSERVAR EL GOBIERNO PARA LA FIJACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL y PRESTACIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

Como viene expuesto, en el marco de la Constitución de 1991, por disposición del artículo 150 Superior, numeral 19, literal f), el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, puede ser fijado por el Gobierno Nacional de conformidad con los criterios y objetivos que establezca el legislador en la respectiva «ley general» o ley marco cuadro como también se le ha denominado a dichas normas.

En desarrollo de este esquema de competencias concurrentes, el Congreso de la República delegó al Gobierno Nacional la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a través de la Ley Marco 4ª de 1992,[48] en cuyos artículos 2º y 3º, el legislativo le señaló al Ejecutivo, los siguientes criterios y objetivos para ejercer dicha atribución:

«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;

c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;

d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;

e) La utilización eficiente del recurso humano;

f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales;

g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;

h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;

i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j)El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;

k)El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;

l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;

ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.

Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos». (Subraya el Despacho).

Así pues, de acuerdo con los artículos 2º y 3º de la Ley Marco 4ª de 1992,[49] el legislador preceptuó que la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos a cargo del Gobierno Nacional, debe atender, entre otros criterios, al «nivel», «rango», «categoría» y «estructura» de los empleos, esto es, la «naturaleza de las funciones», sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; y por supuesto, a la «racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad».

Luego del análisis normativo inicial y sumario anteriormente realizado, en este momento del proceso la Ponente considera, que la naturaleza, características y particularidades de las funciones o tareas desempeñadas, pareciera erigirse como un criterio constitucionalmente admisible y válido para establecer la forma y cantidad de los salarios y de las prestaciones sociales en general, como lo son las denominadas horas extras, dominicales y festivos. Y en consecuencia, las diferencias salariales y prestacionales que se establezcan con base en el referido criterio, en principio, no pueden ser consideradas como discriminatorias o atentatorias contra el derecho de igualdad salarial.

HORAS EXTRAS, DOMINICALES y FESTIVOS EN EL INMLCF

Luego de examinar de manera inicial las normas que regulan lo relacionado con el concepto de salario, la jornada laboral y el reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos en el sector público en general, corresponde al Despacho estudiar en forma sumaria, la normativa especial que rige lo que tiene que ver con los empleados del INMLCF, pero primero, se precisarán algunos aspectos relevantes sobre la naturaleza de la mencionada Unidad.

Según la Ley 938 de 2004,[50] artículo 33, el INMLCF «pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa».

Por otra parte, el artículo 35 de la referida Ley 938 de 2004,[51] establece que el INMLCF se encarga fundamentalmente de «prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses».

El artículo 36 de la mencionada Ley 938 de 2004,[52] precisa que en desarrollo de su misión, el INMLCF tiene las siguientes funciones:

«1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento.

2. Prestar los servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.

5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.

6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros organismos a solicitud de autoridad competente.

7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses.

8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por entidades públicas y privadas.

9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses.

10. Coordinar y promover, previa la existencia de convenios, las prácticas de docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES.

11. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de interés para la comunidad en general.

12. Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar su ejecución».

Ahora bien, para efectos de fijar el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos del INMLCF, el Gobierno Nacional, autorizado por la Ley 4ª de 1992,[53] expidió el Decreto Reglamentario 4669 de 2006,[54] cuyo artículo 20, reguló de la siguiente manera el reconocimiento y pago del trabajo realizado durante horas extras, dominicales y festivos:

«Artículo 20. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Profesional, Técnico y/o Asistencial, siempre y cuando ejerzan funciones médico legales y forenses.

Parágrafo 1º. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del 50% de la remuneración mensual de cada funcionario.

Parágrafo 2º. La autorización de horas extras para el nivel profesional y técnico, se hará siempre y cuando el servicio forense a prestar corresponda exclusivamente a la atención de urgencias medico legales y su liquidación y pago se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 y demás normas que lo modifiquen o supriman o adicionen.

En todo caso, la autorización para laboral en horas extras tendrá un límite de 80 horas mensuales y sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal». (Los apartes subrayados son los que el demandante acusa).

El análisis y estudio preliminar de las disposiciones demandadas muestra que la regulación del trabajo en horas extras, dominicales y festivos, así como su reconocimiento y pago en el INMLCF, pareciera estar determinado de manera directa por la naturaleza, características y particularidades de la misión fundamental del referido instituto, pues, como pudo apreciarse a partir de la lectura de las disposiciones normativas demandadas, la regla general es que el trabajo realizado por fuera de la jornada ordinaria en horario extra, dominicales y festivos, así como su reconocimiento y pago, solo estaría autorizado, por regla general insiste la Ponente, para los empleados que desarrollan tareas medicolegales y forenses.

Sin embargo, al realizar una lectura inicial pero integral, de la totalidad del Decreto Reglamentario 4669 de 2006, por el cual se establece el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos del Instituto, se encuentra que la norma acusada, al regular lo relacionado con el reconocimiento y pago de las horas extras, los dominicales y los festivos, no conserva la armonía y generalidad respecto de la totalidad de los empleados del INMLCF, como sí lo hace el resto del articulado del decreto; pero como en este momento no se tienen los elementos normativos que se requieren para establecer (i) en qué condiciones se estableció el texto artículo acusado, tal como quedó redactado, (ii) por qué razones en su contenido se regularon las horas extras, dominicales y festivos únicamente para los empleados que desarrollan funciones medicolegales y forenses, y (iii) si ello implica un alejamiento de lo preceptuado en el Decreto Ley 1042 de 1978[55] en materia económica, frente a los servidores públicos no contemplados en la norma demandada, no se decretará la medida cautelar, en la forma en que fue pedida y sustentada por la parte demandante, ya que es necesario un estudio más de fondo que contenga todos los aspectos anunciados.

Ahora bien, el hecho de que en este momento no prospere la media cautelar solicitada en la demanda, no significa que el artículo 20 del Decreto Reglamentario 4669 de 2006[56] impida pagar a los empleados del INMLCF que desarrollan tareas administrativas, el tiempo que de manera excepcional, trabajen en horario extra, dominicales y festivos, porque la referida norma, al no considerar de manera expresa ese supuesto de hecho, ni esa consecuencia jurídica, no implica que ellos no estén cobijados por la regulación que sobre la materia consagra el Decreto Ley 1042 de 1978;[57] de manera que, cuando ello ocurra, siempre que exista autorización basada en las necesidades del servicio, el reconocimiento y pago de dichos emolumentos podrá realzarse conforme a las reglas establecidas en el referido Decreto Ley 1042 de 1978.[58]

El Despacho aclara, que la decisión que en esta providencia se adopta, no implica prejuzgamiento, tal como lo señala el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011; y que en esta oportunidad sólo se realizó una aprehensión sumaria, esto es, una valoración inicial o análisis preliminar, que solo comprendió un estudio ab initio respecto de la legalidad del acto administrativo acusado, por lo que será con la totalidad de los elementos materiales de la litis, que se realizará un estudio integral del caso.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- NEGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, en la forma en que fue pedida por la parte demandante.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Notifíquese, publíquese y cúmplase.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Consejera de Estado


[1] En adelante DAFP.

[2] En adelante INMLCF

[3] El «cuaderno de medidas cautelares» pasó al Despacho con informe de la Secretaría de la Sección Segunda, fechado el 11 de agosto de 2018, visible a folio 70.

[4] Por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones en materia salarial y prestacional.

[5] Ib.

[6] Es importante mencionar, que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, señala que «cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado», por lo tanto, al resolver una solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, el juez está en la obligación de atender los argumentos contenidos en la respectiva solicitud y en la demanda.

[7] Aprobado por la Ley 54 de 1962.

[8] Comúnmente conocido como «Convenio Relativo a la Protección del Salario».

[9] Conocido como «Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación».

[10] Aprobado por la Ley 22 de 1967

[11] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[12] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[13] Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

[14] Por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.

[15] Expedido por la Junta Directiva del INMLCF, Por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto.

[16] Por el cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen sus funciones.

[17] Expedido por la Junta Directiva del INMLCF, por el cual se deroga el Acuerdo número 08 de 2007, y se establece el marco general de la regulación de funciones y requisitos para los empleos del INMLCF y se dictan otras disposiciones.

[18] Por el cual se modifica la Planta Global de Personal del INMLCF.

[19] Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del INMLCF

[20] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[21] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[22] Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

[23] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[24] Ib.

[25] Aprobado por la Ley 54 de 1962.

[26] Comúnmente conocido como «Convenio Relativo a la Protección del Salario».

[27] Conocido como «Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación».

[28] Aprobado por la Ley 22 de 1967

[29] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[30] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[31] Aprobado por la Ley 54 de 1962.

[32] Comúnmente conocido como «Convenio Relativo a la Protección del Salario».

[33] En aplicación del artículo 76 de la Constitución Nacional de 1886, hoy 150 de la Constitución Política de 1991.

[34] Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de personal.

[35] Por el cual, entre otras, «se establece el sistema de nomenclatura y clasificación» de los empleos pertenecientes a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, y, «se fijan las escalas de remuneración de dichos empleos».

[36] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[37] Conocido como «Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación».

[38] Aprobado por la Ley 22 de 1967

[39] Conocido como «Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación».

[40] Aprobado por la Ley 22 de 1967

[41] Sobre el particular se puede consultar a Steffen Lehndorff, Gerhard Bosch en «LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y EL EMPLEO». Papeles de Economía Española, ISSN 0210-9107, Nº 72, 1997, págs. 342-365; y, a Juan de Dios Giraldo Suárez, «JORNADA DE TRABAJO», Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Rioja. ISSN 0120-3886, Nº. 41-43, 1967, págs. 56-77.

[42] Juan Martínez Moya. (Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Letrado del Consejo General del Poder Judicial). «EL TIEMPO DE TRABAJO: UNA VISIÓN JURISPRUDENCIAL». Revista del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España. En: http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/38/est03.pdf

[43] Por el cual, entre otras, «se establece el sistema de nomenclatura y clasificación» de los empleos pertenecientes a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, y, «se fijan las escalas de remuneración de dichos empleos».

[44] Ib.

[45] Ib.

[46] Ib.

[47] Ib.

[48] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[49] Ib.

[50] Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.

[51] Ib.

[52] Ib.

[53] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[54] Por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones en materia salarial y prestacional.

[55] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[56] Por el cual se modifica el régimen de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones en materia salarial y prestacional.

[57] Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

[58] Ib.