SENTENCIA 11001032400020070040100 de 2019

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030037945SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020070040100201925/07/2019SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020070040100__2019_25/07/2019300379482019

Sentencias de NulidadNaci�n - Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho)Bernardo Carre�o Varela false25/07/2019art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007 Identificadores10030199081true1306907original30174130Identificadores

Norma demandada: �art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007

Demandado: �Naci�n - Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho)

Demandado: Naci�n - Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho)

Asunto: Se decide sobre la nulidad de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007 expedido por el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho), mediante el cual �[�] se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, conciliadores y �rbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del sistema nacional de conciliaci�n y arbitraje [�]�

La Sala decide, en �nica instancia, la demanda que en ejercicio de la acci�n de nulidad se�alada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, present�, el se�or Bernardo Carrero Varela contra el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho), para que se declare la nulidad de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, mediante el cual �[�]se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, conciliadores y �rbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del sistema nacional de conciliaci�n y arbitraje [�]�.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuaci�n.

1. El se�or Bernardo Carrero Varela, en adelante la parte demandante, en nombre propio, present� demanda[1] en ejercicio de la acci�n de nulidad establecida en el art�culo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[2], en adelante C�digo Contencioso Administrativo, contra el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministro de Justicia y del Derecho), para que se declare la nulidad de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, mediante el cual �[�] se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, conciliadores y �rbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del sistema nacional de conciliaci�n y arbitraje [�]�.

2. La parte demandante solicit� que se reconozcan las siguientes pretensiones:

�[�] Solicito a ustedes que, previo el tr�mite se�alado en la ley para la acci�n de nulidad, se declaren nulos los art�culos once (11) a diez y nueve (19), (sic) ambos incluidos, del decreto cuatro mil ochenta y nueve (4.089) de veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2.007) [�]�.

3.1. Indic� que, mediante la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991 expedida por el Ministro de Justicia, se establecieron las tarifas de honorarios y gastos administrativos de los centros de arbitraje.

3.2 Se�al� que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 1.� de octubre de 1992, declar� la nulidad de la resoluci�n citada supra, espec�ficamente, de los cap�tulos referentes a los �rbitros y honorarios de los secretarios de los tribunales de arbitramento.

3.3. Manifest� que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, expidi� el Decreto 4089 de 2007, reproduciendo las normas de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991 que hab�an sido declaradas nulas.

4. La parte demandante manifiesta textualmente que los art�culos demandados del Decreto 4089 de 2007 �[�] violan las normas que dicen reglamentar y significan un exceso en la potestad reglamentaria [�]�. Por tanto, del contenido del acto acusado se extraen las siguientes:

6. Sostuvo que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia de proferida el 1.� de octubre de 1992[4], declar� la nulidad del art�culo 1.� de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991[5], espec�ficamente, de los cap�tulos referentes a los honorarios de los �rbitros y secretarios de los tribunales arbitrales, con base en la siguiente motivaci�n:

"[�] Igualmente procede la declaraci�n de nulidad del art�culo 1o. en los cap�tulos referentes Honorarios de los �rbitros y Secretario del Tribunal, por violaci�n del art�culo 93 literal c) de la Ley 23 de 1991, ya que si la Ley ha deferido en los Centros de Arbitramento la potestad de regular las tarifas de honorarios para �rbitros y secretario del Tribunal, el establecer el acto acusado porcentajes y topes m�ximos atendiendo salarios m�nimos para su fijaci�n, equivale a imponer la tarifa cuando la facultad del Ministerio de Justicia se circunscribe �nicamente a regular lo referente a su aprobaci�n[�]".

7. Explic� que existe identidad jur�dica entre la Resoluci�n n�m. 1116 de 1991 que reglamentaba los literales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991[6] y del Decreto 4089 de 2007 y que, en esa medida, a su juicio, el acto acusado reprodujo un acto administrativo declarado nula.

8. Indic� que se presenta una extralimitaci�n en el ejercicio de la potestad reglamentaria, toda vez que, mientras la Ley 23 de 1991 le otorg� a los centros de arbitraje la facultad de fijar los gastos de administraci�n y los honorarios de �rbitros y secretarios, y al Ministerio de Justicia y del Derecho la facultad de aprobarlos, el Presidente de la Rep�blica, mediante el Decreto acusado los fij� directamente sin tener competencia para ello. Textualmente indic�:

�[�] Al fijar la cuant�a de unos honorarios (as� sea estableciendo m�ximos) y establecer la forma de repartirlos y de pagarlos, el decreto no est� tomando las medidas ��necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes��. Est� cumpliendo un mandato de la ley dirigido, no al Gobierno, sino a los Centros; son ellos los que en sus reglamentos deben fijar el valor de los gastos y de los honorarios. El Estado se le reserv� el derecho de aprobar los honorarios que fijen los centros; y asign� la funci�n al Ministro del Interior y de la Justicia, no al Presidente [�]�[7].

9. Adujo que pese a que el encabezado del art�culo 12 demandado �[�] dice que se trata de tarifas m�ximas, sus par�grafos y el art�culo 13 dicen [�] que las tarifas se repartir�n de una determinada manera, lo que tambi�n es ilegal, como dijo la sentencia tantas veces citada [�]�.

10. Se�al� que el art�culo 14 demandado da una orden perentoria: "[�] �para efectos de la liquidaci�n de la tarifa de arbitraje a que se refiere el art�culo 12 del presente decreto, el tribunal de arbitramento se fundamentar� para la liquidaci�n de las tarifas en la cuant�a de las pretensiones del conflicto� Podr�a aceptarse, en gracia de discusi�n, que el Presidente fijara una directriz al Ministro para el ejercicio de su potestad. Pero el decreto no lo hace; se�ala los honorarios que se deben cobrar, y dicta una orden dirigida a los Centros [�]"[8], lo cual desborda lo se�alado en la Ley reglamentada.

11. El Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho), contest� la demanda oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones.

12. Para el efecto, indic� que los art�culos acusados no vulneran las leyes reglamentadas, en la medida que, cuando el legislador ordena, en el literal c) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, que el reglamento de los centros de arbitraje deber� contener las tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicaci�n para el arbitraje institucional, se supone, de acuerdo a la m�s elemental l�gica, que el Ministerio del Interior y de Justicia (hoy de Justicia y del Derecho) deb�a contar con unos par�metros claros para aprobar o improbar las tarifas que cada centro de arbitraje incluya dentro de su reglamento.

13. Sostuvo que la lectura e interpretaci�n radicalmente exeg�tica de las normas, a�n de las normas superiores, puede degenerar en absurdos jur�dicos e inseguridad jur�dica para los asociados. En este caso, indic� que la interpretaci�n obcecadamente literalista del contenido del literal c) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, puede llevar al absurdo de que la aprobaci�n de las tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios que deben hacer parte de los reglamentos de los centros de arbitraje, quede sometida a la mera subjetividad y el capricho, por carecer el Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho) de un par�metro de referencia claro y transparente para tal fin.

14. Indic� que si bien la Ley ha deferido en los centros de arbitramento la potestad de regular las tarifas de honorarios para �rbitros y secretario del Tribunal, es igualmente cierto que, al establecer que el Ministerio debe aprobarlas, esto necesariamente le genera al Presidente no solo la necesidad sino el deber de ejercitar la potestad reglamentaria general, para establecer los par�metros claros, concretos y transparentes con que el Ministerio pueda decidir objetivamente s� aprueba o imprueba las tarifas que los centros de arbitramento fijen, libremente, dentro de dichos par�metros.

15. El Despacho sustanciador, mediante la providencia proferida el 3 de agosto de 2015[10], corri� traslado a las partes y al Ministerio P�blico para que en el t�rmino de diez (10) d�as presentaran sus alegatos de conclusi�n, los cuales se presentaron de la siguiente manera:

Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho)

17. El apoderado del Ministerio reiter� los argumentos expuestos en la contestaci�n de la demanda.

19. Vistos los art�culos 128 del C�digo Contencioso Administrativo[11]; y, el art�culo 13 del Acuerdo n�m. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporaci�n, la Secci�n Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en �nica instancia.

20. Los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, expedido por el Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho); son del siguiente tenor literal[12]:

Por el cual se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, conciliadores y �rbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Conciliaci�n y Arbitraje.

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y los art�culos 4�, 9� y 41 de la Ley 640 de 2001 y el art�culo 93 de la Ley 23 de 1991,

Que de conformidad con el art�culo 9� de la Ley 640 de 2001, el Gobierno Nacional establecer� el marco dentro del cual los centros de conciliaci�n remunerados, los abogados inscritos en estos y los notarios, fijar�n las tarifas para la prestaci�n del servicio de conciliaci�n. En todo caso, se podr�n establecer l�mites m�ximos a las tarifas si se considera conveniente;

Que los literales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991 establecen que todo centro de arbitraje tendr� su propio reglamento, el cual deber� contener: c) Tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicaci�n para el arbitraje institucional, y d) Tarifas para gastos administrativos;

Que el sistema de tarifas establecida en el Decreto 1000 de 2007 debe ser ajustado para que se mejore el acceso a la conciliaci�n y el arbitraje de los ciudadanos y procure la sostenibilidad de los centros de conciliaci�n y/o arbitraje;

Que el art�culo 4� de la Ley 640 de 2001 establece que los tr�mites de conciliaci�n que se celebren ante funcionarios p�blicos facultados para conciliar, ante centros de conciliaci�n de consultorios jur�dicos de facultades de derecho y de las entidades p�blicas ser�n gratuitos. Los notarios podr�n cobrar por sus servicios de conformidad con el marco tarifario que establezca el Gobierno Nacional;

Que el art�culo 41 de la Ley 640 de 2001 faculta al Gobierno Nacional para reglamentar un porcentaje de conciliaciones que los centros de conciliaci�n y los notarios deber�n atender gratuitamente cuando se trate de audiencias sobre asuntos respecto de los cuales la Ley 640 de 2001 exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad y fijar� las condiciones que los solicitantes de la conciliaci�n deber�n acreditar para que se les conceda este beneficio;

Que con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Conciliaci�n y Arbitraje, el Gobierno Nacional debe regular las tarifas que se pueden cobrar por la conciliaci�n y el arbitraje y las condiciones en que prestar�n sus labores y funciones los operadores de estos mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos en Colombia,

Art�culo 11. Gastos iniciales. Con la presentaci�n de cualquier convocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deber� cancelar a favor del Centro, los siguientes valores:

Si es un tr�mite de menor cuant�a el equivalente a un salario m�nimo mensual vigente (1 smmv).

Si es un tr�mite de mayor cuant�a o de cuant�a indeterminada, el equivalente a dos salarios m�nimos mensuales vigentes (2 smmlv).

Estos valores se imputar�n a los gastos administrativos que decrete el Tribunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsar�n dichos recursos.

Art�culo 12. Marco tarifario para centros de arbitraje, �rbitros y Secretario de Tribunal de Arbitramento. La tarifa m�xima que pueden cobrar los centros de arbitraje de las personas jur�dicas sin �nimo de lucro, los �rbitros y el secretario del tribunal de arbitramento por sus funciones, ser� como se establece a continuaci�n:

El 25% por concepto de honorarios por �rbitro, cuando el tribunal est� constituido por tres (3) �rbitros.

Par�grafo 2�. La anterior liquidaci�n se efectuar� sin perjuicio de las sumas adicionales que decrete el tribunal por protocolizaci�n y otros gastos que ser�n de cargo de las partes en la forma que determine el tribunal.

Art�culo 13. Tarifas m�ximas para centros de arbitraje, �rbitros y Secretarios de Tribunal de Arbitramento. En ning�n caso la tarifa por un arbitraje a que se refiere el art�culo 12 del presente decreto podr� ser superior a los m�ximos establecidos a continuaci�n:

Un �rbitro: Mil ochocientos salarios mensuales legales vigentes (1.800 smmlv).

El centro de arbitraje: Quinientos cincuenta salarios m�nimos mensuales legales vigentes (550 smmlv).

El Secretario del Tribunal de Arbitramento: Novecientos salarios m�nimos mensuales legales vigentes (900 smmlv).

El Secretario del Tribunal de Arbitramento no podr� exceder en sus honorarios del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa que resulte para un �rbitro

Art�culo 14. Liquidaci�n de las tarifas de arbitraje. Respecto de los tr�mites arbitrales de car�cter legal e institucional, para efectos de la liquidaci�n de la tarifa de arbitraje a que se refiere el art�culo 12 del presente decreto, el tribunal de arbitramento se fundamentar� para la liquidaci�n de las tarifas en la cuant�a de las pretensiones del conflicto, es decir, despu�s de establecida la relaci�n jur�dica procesal, de admitida la demanda y materializada su contestaci�n, y si fuere el caso, despu�s de aceptada la demanda de reconvenci�n y de contestada la misma.

Para la liquidaci�n de la tarifa de arbitraje se tendr� en cuenta el mayor valor de la sumatoria de las pretensiones de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o la sumatoria del valor de las pretensiones de la reconvenci�n; no se sumar�n los valores de las pretensiones de la solicitud de convocatoria y reconvenci�n.

Art�culo 15. Asuntos de cuant�a indeterminada. Los arbitrajes donde la cuant�a de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se asimilar�n a los de mayor cuant�a conforme a la ley y la distribuci�n de la tarifa se efectuar� de conformidad a lo establecido en los art�culos 12 y 17 del presente decreto.

Si en el desarrollo del arbitraje la cuant�a de las pretensiones es determinada, se deber� ajustar la tarifa conforme a lo establecido en los art�culos 12 y 17 del presente decreto teniendo en cuenta la cuant�a se�alada.

Art�culo 16. Reliquidaci�n de la tarifa de arbitraje. En los casos donde la cuant�a de las pretensiones del conflicto sea aumentada en el desarrollo del arbitraje, se podr� liquidar la tarifa conforme a lo establecido en los art�culos 12 y 17 del presente decreto.

Art�culo 17. Tarifa de honorarios del �rbitro �nico. En los casos donde el arbitraje se lleve a cabo con un solo �rbitro, las tarifas aplicables ser�n las establecidas en los art�culos 12 y 15 del presente decreto para el �rbitro, la cual podr� aumentarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa liquidada.

Art�culo 18. Aplicaci�n del marco tarifario de arbitraje. Las tarifas establecidas en el art�culo 12 del presente decreto son de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes legales e institucionales.

Art�culo 19. Aplicaci�n de las tarifas para centros de arbitraje. Las tarifas para centros de arbitraje a que se refiere el presente decreto comprenden la utilizaci�n de toda la ayuda log�stica, t�cnica y f�sica que ofrezca el centro en d�as h�biles y hasta por seis (6) meses, contados a partir de la instalaci�n del Tribunal de Arbitramento. Si el funcionamiento del Tribunal de Arbitramento excede del t�rmino mencionado o requiere sesionar en d�as no h�biles, el centro de arbitraje podr� cobrar adicionalmente el reajuste que corresponda

21. A pesar de que el decreto parcialmente acusado, fue derogado expresamente por el Decreto 1829 de 27 de agosto de 2013[13], esta Secci�n se pronunciar� de fondo, teniendo en cuenta el criterio[14], seg�n el cual, basta que la norma jur�dica de car�cter general haya tenido vigencia para que esta jurisdicci�n se pronuncie ante una demanda de nulidad que se presente contra ella, en consideraci�n a los efectos que pudo producir durante su vigencia.

22. Asimismo, porque como lo ha se�alado esta Corporaci�n[15]: i) la derogatoria o el decaimiento del acto administrativo acusado no restablece per se el orden jur�dico supuestamente vulnerado, sino que acaba con la vigencia de la norma con efectos hacia el futuro y ii) porque a�n si una normativa ha sido derogada o ha operado sobre la misma la figura del decaimiento, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria o su decaimiento, sino la decisi�n del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho.

23. Los problemas jur�dicos que la Sala debe resolver, se contraen a determinar lo siguiente:

23.1. Si se debe declarar o no la nulidad de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, expedido por el Gobierno Nacional por ser una reproducci�n de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, expedida por el Ministerio de Justicia y que fue declarada nula por la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 1.� de octubre de 1992. En caso negativo.

23.2. Si el Gobierno Nacional (conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Justicia y del Derecho) al expedir los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007 se extralimit� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por presuntamente, fijar, sin competencia para ello, las tarifas de los gastos de administraci�n y de los honorarios de los �rbitros y los secretarios de los centros de arbitraje, modificando los preceptos establecidos en los literales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, normativa seg�n la cual, a juicio de la parte demandante, solo le otorgaba la competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas presentados por los centros de arbitraje.

24. Los problemas jur�dicos planteados se desarrollar�n infra, de la siguiente manera.

25. Para resolver si hay lugar o no a declarar la nulidad de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, expedido por el Gobierno Nacional por ser una reproducci�n de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, expedida por el Ministerio de Justicia y que fue declarada nula por la Secci�n Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 1.� de octubre de 1992, esta Sala analizar� los siguientes aspectos: i) marco normativo de la reproducci�n de normas declaradas nulas por la jurisdicci�n contenciosa administrativa y ii) an�lisis del caso en concreto.

Marco normativo y jurisprudencial sobre la reproducci�n de normas suspendidas o declaradas nulas por la jurisdicci�n contenciosa administrativa

26. Visto el art�culo 158 del C�digo Contencioso Administrativo[16], sobre reproducci�n del acto suspendido, que se�ala:

Ning�n acto anulado o suspendido podr� ser reproducido por quien lo dict�, si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulaci�n o suspensi�n [�]�.

27. Seg�n esta disposici�n los presupuestos exigidos para predicar que se incurre en la prohibici�n de reproducir un acto anulado o suspendido son:

27.1 Que el acto reproducido sea expedido por la misma autoridad que expidi� el acto anulado o suspendido.

27.2 Que el acto acusado tenga en esencia las mismas disposiciones legales anuladas o suspendidas.

27.3 Que no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulaci�n o de la suspensi�n, seg�n sea el caso.

28. Adicionalmente, esta Corporaci�n[17] precis� que la nulidad por la reproducci�n de un acto suspendido o declarado nulo ocurre cuando el texto del nuevo acto es id�ntico al anterior o, cuando no siendo as�, las disposiciones contenidas en reproducen sus efectos jur�dicos a pesar de haber sido proscritos del ordenamiento jur�dico mediante sentencia o auto ejecutoriado.

29. Atendiendo al marco normativo y el desarrollo jurisprudencial contenido supra, la Sala procede a realizar el an�lisis del contenido del acto parcialmente acusado y de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991 para, posteriormente, en aplicaci�n del silogismo jur�dico concluir el caso concreto.

30. En la sentencia proferida por esta Secci�n el 1.� de octubre de 1992, tra�da en este caso a an�lisis por la parte demandante, se demand� la nulidad del art�culo 1.� de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, expedida por el Ministro de Justicia, por medio de la cual se estableci� el tr�mite y se fijaron los requisitos para la organizaci�n y funcionamiento de los centros de conciliaci�n, arbitraje y amigable composici�n, de la asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y c�maras de comercio, por considerar que vulneraba, entre otros, los literales c) y d) de la Ley 23 de 1991.

31. En el ac�pite de �[�] Disposiciones Violadas y Concepto de la Violaci�n [�]� de la sentencia citada supra, se indic�, respecto del tema que ahora se analiza, lo siguiente:

�[�] En desarrollo de este cap�tulo, el actor expone as� el concepto de la violaci�n:

4. El art�culo 1o. que regula las tarifas para gastos administrativos en el Arbitramento, viola el art�culo 93 literal e) de la Ley 23 de 1991, porque dicha norma someti� a la aprobaci�n del Ministerio de Justicia las tarifas de honorarios de �rbitros y secretario, pero no los gastos de administraci�n.Lo mismo acontece con la reglamentaci�n de las tarifas para gastos administrativos y honorarios del conciliador efectuada en el art�culo acusado, la cual es ilegal por violar los art�culos 70 literal b); 93 inciso 1o. y 93 literales e) y d) ib�dem, que en forma inequ�voca dispusieron la facultad del Centro de Conciliaci�n para regular sus propias tarifas.

5. El art�culo 1o. viola el art�culo 93 literal e) de la Ley 23 de 1991, al limitar los honorarios del Secretario del Tribunal de Arbitramento, ya que no es al Ministerio de Justicia sino al Centro de Arbitraje, a quien compete la fijaci�n de dichos honorarios, seg�n su criterio.

6. Respecto a los honorarios de los �rbitros, el art�culo 1o. vulner� el art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, ya que esta norma delega en los Centros de Arbitraje la facultad de fijar las tarifas y al Ministerio de Justicia la potestad de aprobarlas, lo que es posterior a la fijaci�n y presupone �sta [�]�.

32. Por su parte, la Secci�n Primera en la sentencia antes citada, declar� la nulidad de los cap�tulos referentes a los honorarios de los �rbitros y honorarios del secretario del tribunal de arbitramiento que trat� el art�culo 1.� de la Resoluci�n 1116 de 12 de julio de 1991. Textualmente, se�al�:

�[�] Igualmente procede la declaraci�n de nulidad del art�culo 1o. en los cap�tulos referentes a Honorarios de los �rbitros y Secretario del Tribunal, por violaci�n del art�culo 93 literal c) de la Ley 23 de 1991, ya que si la Ley ha deferido en los Centros de Arbitramento la potestad de regular las tarifas de honorarios para �rbitros y secretario del Tribunal, el establecer el acto acusado porcentajes y topes m�ximos atendiendo salarios m�nimos para su fijaci�n, equivale a imponer la tarifa cuando la facultad del Ministerio de Justicia se circunscribe �nicamente a regular lo referente a su aprobaci�n [�]�.

33. Ahora bien, en el caso sub examine, el Decreto parcialmente acusado fue expedido por la Naci�n- Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministro de Justicia y del Derecho), en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial, la conferida por el numeral 11 del art�culo 189[18] de la Constituci�n Pol�tica, reglamentando, entre otros, el art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, respecto a las tarifas de honorarios de �rbitros secretarios de los tribunales de arbitramento y los gastos administrativos de los centros de arbitrajes.

34.1. El acto parcialmente acusado, es decir, el Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, fue expedido por el Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia (hoy Ministra de Justicia y del Derecho) conforme lo prev� el inciso 3.�. del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica[19], mientras que la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, fue expedida �nicamente por el Ministro de Justicia y del Derecho, es decir, por autoridades distintas.

34.2 Asimismo, si bien ambas normas contienen el mismo fundamento jur�dico, es decir, el art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, lo cierto es que el Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007 fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria, se�alada en el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica, adscrita al Presidente de la Rep�blica, como m�xima autoridad administrativa, quien la ejercita con el Ministro o el Director del Departamento Administrativo respectivo, mientras que la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, fue expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de la funci�n administrativa y potestad normativa que le corresponde por mandato de la ley, lo que implica realizar el estudio de la legalidad del acto parcialmente acusado desde el ejercicio que impone el ejercicio de la potestad reglamentaria, en cuanto a su contenido y alcance.

35. En suma, la Sala considera que, en el asunto sub examine, no se cumplen con los requisitos se�alados en el art�culo 158 del C�digo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad del acto acusado por ser una reproducci�n de la Resoluci�n n�m. 1116 de 12 de julio de 1991, norma que fue declarada nula por la Secci�n Primera del Consejo de Estado.

36. Corresponde a la Sala determinar si el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) al expedir los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 2007, se extralimit� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por presuntamente, fijar, sin competencia para ello, las tarifas de los gastos de administraci�n y de los honorarios de los �rbitros y los secretarios de los centros de arbitraje, modificando los preceptos establecidos en los literales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, normativa seg�n la cual, a juicio de la parte demandante, solo le otorgaba la competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas presentadas por los centros de arbitraje.

37. Para el efecto, la Sala analizar� los siguientes aspectos: i) marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del ejercicio de la potestad reglamentaria, ii) generalidades, marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del arbitramento, iii) funci�n de inspecci�n vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje y iii) an�lisis del caso en concreto, los cuales se desarrollar�n infra de la siguiente manera.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del ejercicio de la potestad reglamentaria

38. Visto el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, que se�ala:

�[�] ART�CULO 189. Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes [�]�.

39. Atendiendo a que esta Secci�n[20] ha se�alado que la norma transcrita faculta al Presidente de la Rep�blica, en su condici�n de suprema autoridad administrativa, para dictar normas necesariamente orientadas a la correcta ejecuci�n de la ley sin necesidad de disposici�n expresa que la conceda y que la potestad comentada es inversamente proporcional a la extensi�n de la ley; esto es, que ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acci�n para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa.

40. De hecho, el alcance de la potestad reglamentaria depende de la valoraci�n pol�tica que el legislador haga de la materia que desarrolla pues puede regular �ntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentaci�n, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente de la Rep�blica la reglamente para su debida aplicaci�n.

41. La citada sentencia se�al� que la potestad en estudio no es absoluta porque tiene como l�mite y radio de acci�n a la Constituci�n Pol�tica y a la ley, y no puede ejercerse para alterar o modificar el contenido y esp�ritu de la ley.

42. Asimismo, la Corte Constitucional[21] se ha pronunciado sobre la figura, expresando que el ejercicio de la potestad reglamentaria se ampl�a o restringe en la medida en que el Congreso de la Rep�blica utilice en mayor o menor grado sus poderes jur�dicos. En este sentido, ha expresado:

�[�] La doctrina y la pr�ctica han demostrado que la potestad reglamentaria del ejecutivo es inversamente proporcional a la extensi�n de la ley. De suerte que, ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acci�n para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa.

En esencia, la mayor�a de las veces, el ejercicio �ntegro o precario de la potestad de configuraci�n normativa depende de la voluntad del legislador, es decir, ante la valoraci�n pol�tica de la materia a desarrollar, el Congreso de la Rep�blica bien puede determinar que regula una materia en su integridad, sin dejar margen alguna a la reglamentaci�n o, por el contrario, abstenerse de reglar expl�citamente algunos aspectos, permitiendo el desenvolvimiento posterior de las atribuciones presidenciales de reglamentaci�n para que la norma pueda ser debidamente aplicada.

No obstante, esta capacidad del Congreso para determinar la extensi�n de la regulaci�n de una instituci�n, tiene distintos l�mites que vienen dados por las especificidades de las materias objeto de dicha regulaci�n. As�, por ejemplo, el numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, somete a estricta reserva legal, entre otras, la regulaci�n de materias tales como impuestos o leyes estatutarias. Para esta Corporaci�n, es claro que la regulaci�n de los elementos esenciales de materias sometidas a reserva de ley, no son susceptibles de ser regulados a trav�s del ejercicio de la potestad reglamentaria, salvo en cuestiones accesorias y de detalle, so pena de contrariar disposiciones imperativas de raigambre Superior (C.P. arts. 152 y 338) [�]�.

43. En ese mismo sentido, se�al� que el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno Nacional (conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del ramo), exige que la ley haya previamente configurado una regulaci�n b�sica o materialidad legislativa, a partir de la cual el Gobierno Nacional pueda ejercer la funci�n de reglamentar la ley, con miras a su debida aplicaci�n, de tal suerte que si el legislador no define ese presupuesto normativo b�sico estar�a delegando en el Gobierno lo que la Constituci�n Pol�tica ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la existencia previa de un contenido legal por reglamentar.

44. En suma, el ejercicio de la potestad reglamentaria conlleva: i) el ejercicio de una funci�n administrativa; ii) tiene como prop�sito precisar y detallar la ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente; iii) finaliza con la expedici�n de actos de car�cter general y abstracto, los cuales, en el caso del Presidente de la Rep�blica, reciben el nombre de decretos reglamentarios; iv) el acto que resulta no es una nueva ley, sino un acto complementario de esta; v) promueve la organizaci�n y el funcionamiento de la administraci�n; vi) representa un mecanismo de colaboraci�n entre los poderes legislativo y ejecutivo; vii) no puede ejercerse en el caso de materias que deben necesariamente regularse a trav�s de una ley y viii) no es posible ejercer la potestad reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones precisas y claras que no requieren de una regulaci�n adicional para su ejecuci�n.

Generalidades, marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del arbitramento

45. Visto el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica que determina que �[�] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funci�n de administrar justicia en la condici�n de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de �rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t�rminos que determine la ley [�]�.

46. Vistos, entre otros, los art�culos 111 de la Ley 446 de 7 de julio 1998[22] y 115 del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998[23], sobre el arbitramento, se ha se�alado que: �[�] el arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de car�cter transigible, defieren su soluci�n a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisi�n denominada laudo arbitral [�]�.

47. Asimismo, la Corte Constitucional[24] se�al� las siguientes caracter�sticas del arbitramento:

47.1 Es un mecanismo alternativo de soluci�n de conflictos, por medio del cual, las partes invisten a los particulares de la funci�n de administrar justicia.

47.2 Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitaci�n. En efecto, el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica define el arbitramento con base en el acuerdo de las partes, que proporciona su punto de partida y la habilitaci�n para que los �rbitros puedan impartir justicia en relaci�n con un conflicto concreto.

47.2.1 En tal medida, la autoridad de los �rbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resoluci�n de sus disputas del sistema estatal de administraci�n de justicia y atribuirla a particulares, reflejado en el pacto arbitral.

47.2.2. El Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998[25] defini� las dos modalidades del pacto arbitral, as�: i) la cl�usula compromisoria, que corresponde al acuerdo contenido en un contrato celebrado por las partes o en otro documento, pero referido al mismo contrato, por medio del cual los contratantes convienen, antes de que surja cualquier conflicto entre ellos, que de llegar a suscitarse alguno, su soluci�n se someter� total o parcialmente al conocimiento de los �rbitros y ii) el compromiso, que consiste en un acuerdo o negocio jur�dico celebrado por las partes entre las cuales ya existe un conflicto -que puede estarse tramitando o no judicialmente-, y se persigue que no sea dirimido por la justicia ordinaria sino por un tribunal de arbitramento.

47.3 Es un mecanismo de car�cter temporal, porque su existencia se da solamente para la resoluci�n del caso espec�fico sometido a consideraci�n de los �rbitros.

47.4 Es excepcional, toda vez que existen bienes jur�dicos cuya disposici�n no puede dejarse al arbitrio de un particular, as� haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas. En efecto, jurisprudencialmente se ha se�alado que no pueden someterse a decisi�n arbitral: i) los temas relacionados con el estado civil de las persona, ii) asuntos no sujetos a transacci�n; iii) las cuestiones relacionadas con los derechos de los incapaces; o los conflictos relacionados con derechos de los cuales la ley proh�be a sus titulares disponer; iv) el conjunto de derechos m�nimos de los trabajadores y v) el control de legalidad de los actos administrativos.

48. Finalmente, visto el art�culo el art�culo 90 de la Ley 23 de 1991[26], modificado por el art�culo 112 de la Ley 446, se�ala que el arbitraje podr� ser independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan aut�nomamente las reglas de procedimiento aplicables en la soluci�n de su conflicto, institucional, que en que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje y legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes.

Funci�n de inspecci�n, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje

49. Visto el art�culo 91 de la Ley 23 de 1991, que estableci� que las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y c�maras de comercio que tuvieran un m�nimo de cien (100) miembros y dos (2) a�os de experiencia, previa autorizaci�n del Ministerio de Justicia y, de conformidad con los requisitos de la citada Ley, podr�an organizar sus propios centros de arbitraje, los cuales quedar�an sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho.

50. La misma Ley dispuso en el art�culo 93 que todo centro de arbitraje tendr�a su propio reglamento, el cual deb�a contener: i) la manera de hacer las listas de �rbitros; ii) los requisitos que deben reunir; iii) las causas de exclusi�n de ellas; iv) el tr�mite de inscripci�n; v) la forma de hacer su designaci�n; vi) lista de los secretarios y la forma de su designaci�n; vii) las tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicaci�n para el arbitraje institucional; viii) lastarifas para gastos administrativos; ix) las normas administrativas aplicables al Centro; x) las funciones del secretario y xi) la forma de designar al Director del Centro, sus funciones y facultades. Esta misma regulaci�n se mantuvo en el art�culo 125 del Decreto 1818 de 1998[27].

51. Respecto a la funci�n de inspecci�n, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, es pertinente se�alar que esta funci�n se desarrolla en virtud de: i) el art�culo 208 de la Constituci�n Pol�tica[28], toda vez que al Ministro de Justicia y del Derecho le corresponde, bajo la direcci�n del Presidente de la Rep�blica, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley en su respectiva dependencia; ii) el art�culo 209 de la Constituci�n Pol�tica, que exige que la funci�n administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y iii) art�culo 18 de la Ley 640 de 5 de enero de 2001, normativa que regul� expresamente los funciones de control inspecci�n y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, de la siguiente manera:

�[�] ARTICULO 18. CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> El Ministerio de Justicia y del Derecho tendr� funciones de control, inspecci�n y vigilancia sobre ~~los conciliadores, con excepci�n de los jueces, y sobre~~ los centros de conciliaci�n y/o arbitraje. Para ello podr� instruir sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios t�cnicos y jur�dicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y se�alar los procedimientos para su cabal aplicaci�n. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho podr� imponer las sanciones a que se refiere el art�culo 94 de la Ley 446 de 1998 [�]�.

52. La Corte Constitucional[29] al realizar el estudio de exequibilidad del art�culo 18 de la Ley 640 de 2001, determin� que las funciones y obligaciones objeto de control por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje correspond�a a aquellas de naturaleza simplemente administrativas u operativas y no aquellas jurisdiccionales desarrolladas por los �rbitros en el procedimiento arbitral, en la medida que estas �ltimas implican el ejercicio de una funci�n p�blica, como lo es, la administraci�n de justicia.

53. A su vez, el Gobierno Nacional, expidi� el Decreto 3626 de 20 de septiembre de 2007[30], por el cual reglament� las funciones de control, inspecci�n y vigilancia del Ministerio sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, de la siguiente manera:

�[�] Art�culo 1�. Del control a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje. En virtud de la funci�n de control, asignada por la ley, el Ministerio del Interior y de Justicia podr� requerir a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje el cumplimiento de las obligaciones que le han sido impuestas por la ley y la realizaci�n de los correctivos necesarios para subsanar cualquier infracci�n cometida.

Art�culo 2�. De la inspecci�n a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje. En virtud de la funci�n de inspecci�n, asignada por la ley, el Ministerio del Interior y de Justicia podr� exigir a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje la informaci�n que considere conveniente para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y los datos necesarios para la formulaci�n de pol�ticas p�blicas en acceso a la justicia.

Art�culo 3�. De la vigilancia a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje. En virtud de la funci�n de vigilancia, asignada por la ley, el Ministerio del Interior y de Justicia podr� investigar y sancionar a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje como un instrumento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a dichos centros.

Art�culo 4�. Causales de incumplimiento de los centros de conciliaci�n y/o arbitraje. Para efectos de las investigaciones que adelante el Ministerio del Interior y de Justicia a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje, en virtud de sus atribuciones de control, inspecci�n y vigilancia se entiende que existe una falta sancionable cuando se incumplen las obligaciones se�aladas por las leyes y sus reglamentos, en los t�rminos precisados en ellos [�]�.

54. De lo anterior se colige lo siguiente: i) con base en la funci�n de control, el Ministerio podr� requerir a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, ii) la funci�n de inspecci�n implica que el Ministerio podr� exigir la informaci�n que considere conveniente para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y iii) la funci�n de vigilancia implica que el Ministerio podr� investigar y sancionar a los centros de conciliaci�n y/o arbitraje como un instrumento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a dichos centros.

55. Atendiendo al marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales referidos supra, la Sala procede a realizar el an�lisis correspondiente para, posteriormente, en aplicaci�n del silogismo jur�dico concluir el caso concreto.

56. La parte demandante sostiene que el acto parcialmente acusado vulnera los literales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, toda vez que, a su juicio, dicha normativa no le otorg� la competencia al Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministro de Justicia y del Derecho) para fijar las tarifas de los gastos de administraci�n y de los honorarios de los �rbitros y los secretarios de los centros de arbitraje, sino para aprobar las tarifas fijadas aut�nomamente por los centros de arbitrajes, desbordando con ello la potestad reglamentaria.

57. La Sala procede a realizar la comparaci�n normativa, para, posteriormente, dar soluci�n al problema jur�dico planteado, de la siguiente manera:

58. Al realizar la comparaci�n normativa, la Sala considera que el Gobierno Nacional (conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Justicia y del Derecho), no se extralimit� en el ejercicio de la potestad reglamentaria por las siguientes razones:

59. El art�culo 93 de la Ley 23 de 1991, determin� en cabeza de los centros de arbitraje la obligaci�n de tener un reglamento que incluyera, entre otros, las tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios y para los gastos administrativos, sin que la ley estableciera en estos una libertad absoluta para fijar dichas tarifas, toda vez que el art�culo 91 ibidem indic� que los centros de arbitraje quedar�an sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, entre ellas, el contenido de sus respectivos reglamentos y, espec�ficamente, sobre las tarifas fijadas.

59. Al analizar el alcance de la Ley reglamentada, la Sala observa que estableci� de manera general y abstracta los elementos estructurales del contenido de los reglamentos de los centros de arbitraje, sin que los regulara en forma detallada. En el caso sub examine, la ley no regul� la forma en que deb�an fijarse las tarifas por parte de los centros de arbitraje ni su aprobaci�n por parte del Ministerio, por lo que le correspond�a al Gobierno Nacional, en especial, al Presidente de la Rep�blica, como m�xima autoridad administrativa, determinar los par�metros que garantizaran el cumplimiento del mandato del legislador, sin que fuera necesario que la Ley 23 de 1991 estableciera una disposici�n expresa que le concediera dicha potestad.

60. En efecto, en virtud de cada una de las responsabilidades, la Ley 23 determin� en el Ministerio de Justicia y del Derecho un conjunto de atribuciones encaminadas a facilitar el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales. As�, la Sala destaca que en desarrollo de sus funciones de inspecci�n, control y vigilancia sobre los centros de arbitraje, se�aladas en el art�culo 18 de la Ley 640 y en el Decreto 3626 de 2007, el Ministerio ejerce la funci�n de aprobar las tarifas de honorarios para �rbitros y secretarios y gastos administrativos, acepci�n que seg�n la Real Academia de la Lengua Espa�ola[31] se refiere a �[�]considerar que algo est� bien, darlo por bueno, aceptarlo o expresar conformidad con ello [�]�, lo que implicaba que se deb�a tener un marco de referencia para expresar su conformidad, en la medida que constituye el ejercicio de una funci�n administrativa u operativa y no jurisdiccional propia del arbitramento.

61. No obstante lo anterior, el legislador dej� un margen para reglamentar dicha funci�n, toda vez que, se repite, no regul� los requisitos o las condiciones que deb�an cumplir las tarifas fijadas por cada centro de arbitraje para ser aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo que implicaba que el Presidente de la Rep�blica, se encontraba facultado para establecer, v�a reglamento, los par�metros m�ximos para la correcta ejecuci�n de la ley y, espec�ficamente, para que el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerciera de forma eficaz la funci�n de inspecci�n, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los centros de arbitraje, estableciendo unos requisitos como una forma anticipativa esencial para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, sin que con ello se altere o modifique el esp�ritu de la ley.

62. En ese contexto, analizados los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 2007, la Sala considera que no impusieron valores fijos a los centros de arbitraje respecto de las tarifas se�aladas supra, ello teniendo en cuenta que la acepci�n fijar seg�n la Real Academia de la Lengua Espa�ola[32] se refiere a �[�] Hacerfijooestablealgo [�]�, por el contrario, estableci� un marco tarifario que incluye:

62.1 La tarifa m�xima (en forma total) que pueden cobrar los centros de arbitraje, los �rbitros y los secretarios de los tribunales de arbitramento por sus funciones, determin�ndolo en porcentajes seg�n la cuant�a de las pretensiones.

62.2 La distribuci�n de dicha tarifa en porcentajes m�ximos para los gastos de administraci�n del centro de arbitraje (dentro de los que se incluyen los gastos iniciales), honorarios de �rbitros y secretarios.

62.3 Las tarifas m�ximas en salarios m�nimos legales mensuales vigentes que pueden ser reconocidas a los centros de arbitraje, a los �rbitros y a los secretarios de los tribunales de arbitramento.

62.4 Determin� el procedimiento para liquidar las tarifas, se�alando que se fundamentar� en la cuant�a de las pretensiones del conflicto, as�: i) el mayor valor de la sumatoria de las pretensiones de la solicitud o, ii) la sumatoria de la mayor cuant�a de la reconvenci�n. Asimismo, estableci� que en cuant�a indeterminada, se tomar�an en cuanto los porcentajes de los procesos de mayor cuant�a.

62.5 Se�al� la forma de realizar la reliquidaci�n de la tarifa de arbitraje, determinando la aplicaci�n de las tarifas m�ximas se�aladas en los art�culos acusados del Decreto 4089 de 2007.

62.6. Determin� la tarifa m�xima de los honorarios del �rbitro �nico, se�alando que ser�n las se�aladas en los numerales anteriores, aumentado hasta en un 50% de la tarifa liquidada.

62.7. Finalmente, indic� que el marco tarifario de arbitraje era de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes institucionales y legales, ello, en estricto cumplimiento a la ley reglamentada.

63. De lo anterior se colige que el Decreto acusado no fij� las tarifas como lo se�ala la parte demandante, sino que complement� la Ley reglamentada, estableciendo los par�metros y criterios para: i) que cada centro de arbitraje dentro de este marco fijara las tarifas y ii) para que el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerciera de forma eficaz su funci�n de control, inspecci�n y vigilancia sobre los centros de arbitraje y, as� poder realizar el an�lisis, valoraci�n objetiva de las tarifas presentadas para su posterior aprobaci�n, con lo cual no se desborda la potestad reglamentaria que le asiste al Presidente de la Rep�blica conforme el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, en la medida que no altera o modifica el contenido y esp�ritu de la ley, por el contrario, efectiviza la correcta ejecuci�n de los numerales c) y d) del art�culo 93 de la Ley 23 de 1991.

64. En suma, la Sala denegar� las pretensiones de la demanda, toda vez que con la expedici�n de los art�culos 11 a 19 del Decreto 4089 de 2007, el Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho) no desbord� la potestad reglamentaria.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el se�or Bernardo Carre�o Varela contra la Naci�n - Gobierno Nacional conformado por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior y de Justicia, (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n de la fecha.

[2] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, �[�] Por el cual se reforma el C�digo Contencioso Administrativo [�]�

[3] Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 1 de octubre de 1992, n�mero �nico de radicaci�n 1973, C. P.: Miguel Gonz�lez Rodr�guez.

[5] �[�] Por la cual se adoptan las tarifas m�ximas que pueden cobrar los Centros de Conciliaci�n, Arbitraje y Amigable Composici�n de las C�maras de Comercio [�]�.

�[�]Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones[�].

[11] �[�] Art�culo128. Competencia del Consejo de Estado en �nica instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocer� de los siguientes procesos privativamente y en �nica instancia: 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden [�]�.

[13] �Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012� �[�] ART�CULO 83. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los Decretos 30 de 2002, 3626 de 2007, 3756 de 2007, 314 de 2007, 4089 de 2007, y las Resoluciones 1342 de 2004 y 2987 de 2007 expedidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho [�]�

[14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 16 de febrero de 2001, n�mero �nico de radicaci�n. 11001-03-24-000-2006-00264-00, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.

[15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, sentencia de 13 de agosto de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez, n�mero �nico de radicaci�n 11001 03 25 000 2014 01542 00

[17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, sentencia de 21 de marzo de 2018, C.P. Milton Chaves Garc�a, n�mero �nico de radicaci�n 500123 33 000 2013 00410 01

[18] �[�] ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes [�]�.

[19] La citada norma se�ala [�] Art�culo 115. El Presidente de la Rep�blica es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Gobierno Nacional est� formado por el Presidente de la Rep�blica, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ning�n acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoci�n de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en calidad de jefe de Estado y de suprema autoridad administrativa, tendr� valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables [�]�

[20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 11 de abril de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Vald�s, n�mero �nico de radicaci�n 11001 03 24 000 2009 00571 00

[21] Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 2009, expediente D-7473. M. P.: Nilson Pinilla Pinilla.

[22] Por la cual se adoptan como legislaci�n permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del C�digo de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del C�digo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongesti�n, eficiencia y acceso a la justicia.

[23] Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos. Norma vigente al momento de expedirse el acto acusado y derogada por el art�culo 118 de la Ley 1563 de 2012.

[24] Corte Constitucional, sentencia C-330 de 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[25] Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos.

�[�] Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones [�]�.

[27] Norma vigente al momento de expedirse el acto acusado y derogada por el art�culo 118 de la Ley 1563 de 2012.

[28] El citado art�culo se�ala [�] Art�culo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administraci�n en su respectiva dependencia. Bajo la direcci�n del Presidente de la Rep�blica, les corresponde fijar las pol�ticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la lay [�]

[29] Corte Constitucional, sentencia C-917 de 29 de octubre de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

[30] or la cual se reglamentan las funciones de control, inspecci�n y vigilancia sobre los centros de conciliaci�n y/o arbitraje.

Cuant�a del proceso no superior a $6.000.000.00:	40 SMDLV.
Cuant�a de $6.000.001 a $100.000.000.00:	13%
Cuant�a de $100.000.001 a $300.000.000.00:	9%
Cuant�a de $300.000.001 a $500.000.000.00:	8%
Cuant�a de $500.000.001 a $1.000.000.000.00:	7%
Mayor a $1.000.000.001.00	6%

Fecha Providencia	25/07/2019
Fecha de notificaci�n	25/07/2019