AUTO 11001032400020160061900 de 2019

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030037784AUTO-- Seleccione --nullnull11001032400020160061900201929/07/2019AUTO_-- Seleccione --_null_null_11001032400020160061900__2019_29/07/2019300377842019

Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadRoberto Augusto Serrato Vald�sCarlos Julio Rinc�n Ayalafalse29/07/2019art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3 del Decreto No. 638 de 18 de abril de 2016 Identificadores10030197265true1304747original30172458Identificadores

Norma demandada: �art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3 del Decreto No. 638 de 18 de abril de 2016

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional parcial de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3 del Decreto No. 638 de 18 de abril de 2016 "Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015[1], con el fin de reglamentar el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012", acto administrativo expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro del Interior.

I.1.1. El ciudadano Carlos Julio Rinc�n Ayala, actuando como presidente y representante legal de la Federaci�n Nacional de Bomberos de Colombia, y en ejercicio del medio de control de que trata el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, present� demanda[2] ante esta Corporaci�n en contra del Ministerio del Interior, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

�[�] 1- Declarar la nulidad de los Art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3. del Decreto 638 del d�a 18 de abril de 2016, expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio del Interior, por medio del cual "Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de reglamentar el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012�, conforme a las consideraciones expuestas.

2 - En caso de no atender favorablemente, nuestra solicitud de Nulidad parcial, y conforme a los (sic) dispuesto en el art�culo 2.6.2.2 2.3. que a su letra dice:

Art�culo 2.6.2.2.2.3. Vigencia del Certificado de Cumplimiento. El Certificado de Cumplimiento tendr� una vigencia no mayor dos (2) a�os.

Los Cuerpos de Bomberos que se creen con posterioridad a la expedici�n del presente decreto, tendr�n un plazo m�ximo de (06) meses, a partir de la resoluci�n de reconocimiento de personer�a jur�dica otorgada por la Secretarla de Gobierno Departamental o quien haga sus veces, para solicitar ante la Direcci�n Nacional de Bomberos la expedici�n del certificado de cumplimiento.

Par�grafo Transitorio. Los Cuerpos Bomberos en operaci�n al momento de la expedici�n del presente decreto, tendr�n un plazo m�ximo de (06) meses para solicitar ante la Direcci�n Nacional de Bomberos la expedici�n del certificado de cumplimiento.

Solicitamos, que ese plazo de seis meses para que los cuerpos de bomberos que no cuentan a la fecha con el correspondiente certificado de cumplimiento, y de igual manera y en atenci�n a que en tal art�culo no qued� establecido el t�rmino a partir de cuando entrara a exigirse la renovaci�n de los certificados de cumplimiento de los cuerpos de bomberos que a la fecha de vigencia del Decreto 638 de 2016, ya est�n en operaci�n y adem�s ya cuentan con dicho certificado de cumplimiento, entendiendo que legalmente empiezan a correr esos dos a�os aunque no lo hubiera indicado expresamente el decreto en menci�n a lo dispuesto seg�n su art�culo 2�, de la fecha de su publicaci�n, es decir, tendr�an hasta el 18 de abril de 2018, para cumplir con la renovaci�n del mismo, que el alto tribunal administrativo, ordene a la entidad demandada, que tal termino de los seis meses para quienes no cuentan con el certificado de cumplimiento deben solicitar, si verdaderamente es exigible legalmente la renovaci�n su certificado de cumplimiento, no entre en vigencia, hasta tanto no se precisen los par�metros para el cumplimiento de los est�ndares t�cnicos, administrativos y operativos determinados por la Direcci�n Nacional de Bomberos, de acuerdo con, lo se�alado en la Resoluci�n 0661 de 2014, REGLAMENTO' ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, T�CNICO Y ACAD�MICO DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA [�]�[3].

I.2.1. En cuaderno separado de la demanda, la parte actora solicita la siguiente medida cautelar:

�[�] Solicitamos como medida cautelar se ordene la Suspensi�n provisionalmente de los efectos de los art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.3. del Decreto 638 del d�a 18 de abril de 2016, expedido por el Gobierno Nacional - Ministerio del Interior, por medio del cual (sic) �Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de reglamentar el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012�, ante la violaci�n de las disposiciones invocadas en la presente demanda, fundadas en derecho, evitando de tal manera situaciones gravosas para �l inter�s p�blico, en consideraci�n a que la negaci�n de la misma, conllevar�a a la afectaci�n inminente de la actividad bomberil por parte de muchos de los Cuerpos de Bomberos del pa�s que representamos como Federaci�n de Bomberos de Colombia, en especial el riesgo inminente que representar�a para los administrados de la afectaci�n del servicio p�blico esencial a cargo del Estado, en los t�rminos que lo dispone el art�culo 2 de la Ley 1575 de 2012 [�]�[4].

I.2.2. En su escrito de demanda la parte actora pone de presente que el art�culo 20 de laLey 1575 de 21 de agosto de 2012 �Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia�, es clara al establecer, taxativamente, cu�les eran los requisitos para la creaci�n de un cuerpo de bomberos, entre los cuales se se�ala el contar el certificado de cumplimiento, y que ni la citada ley, ni la Resoluci�n No. 0661 de 26 de junio de 2014[5], hacen alusi�n alguna a que dicho certificado deba renovarse cada dos a�os como lo dispone el Decreto No. 638 de 2016, contentivo de las normas acusadas.

La parte actora tambi�n aduce que si bien es cierto el art�culo 21[6] de la citada ley, dispuso que un cuerpo de bomberos, una vez creado, podr�a iniciar operaciones solo cuando sus unidades hubieran certificado su idoneidad ante la junta departamental de bomberos; y que facult� al Gobierno Nacional para reglamentar los tr�mites y requisitos para la expedici�n del certificado de cumplimiento, la carnetizaci�n y los seriales de las placas de los cuerpos bomberiles;[7] dicho art�culo 21[8] �[�] hace referencia exclusivamente a la expedici�n del certificado de cumplimiento, y en ning�n aparte del art�culo, ni la de la ley en menci�n, hace referencia al tema de la renovaci�n del certificado de cumplimiento, como tampoco se menciona en la Resoluci�n No. 0661 de 2014, la obligaci�n o requerimiento legal de renovaci�n de los certificados de cumplimiento[�]�[9] (subrayas fuera de texto).

En relaci�n con el art�culo2.6.2.2.2.2.del Decreto 638 de 2016 (norma tambi�n acusada), la Federaci�n demandante anota que incluir la renovaci�n del certificado de cumplimiento en el reglamento es un requerimiento adicional que est� por fuera de la ley y crea situaciones no previstas ni contempladas en la normativa actual ni en la anterior. Adem�s, cuestiona que los requisitos exigidos para la renovaci�n del certificado, sean los mismos que para la creaci�n de instituciones bomberiles.[10]

Con respecto al art�culo 2.6.2.2.2.3. del mismo decreto (norma tambi�n acusada), se�ala que disponer que la vigencia del certificado de cumplimiento no puede ser mayor a dos (2) a�os es un tema que tampoco est� contemplado en la Ley 1575 y cuestiona que tal disposici�n no defina cu�les ser�an los par�metros y criterios que justificar�an dicho per�odo de tiempo o de vigencia de los certificados de cumplimiento.

I.2.3. Anota que otro reparo radica en los alcances que se le dan al Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos dado que, seg�n el art�culo 20 de la Ley 1575 de 2012, sus funciones se limitan a ser el interlocutor entre la Direcci�n Nacional y los Cuerpos de Bomberos de su jurisdicci�n, mientras que una de las normas acusadas le confiere la funci�n de acreditar las condiciones en que se encuentran los cuerpos bomberiles.

II.1. El Magistrado conductor del proceso orden� dar traslado de la solicitud de medida cautelar a las entidades demandadas[11] para que, en el t�rmino de cinco (5) d�as, se pronunciaran sobre ella, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 233 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), dando lugar a las intervenciones que se rese�an a continuaci�n:

II.2. La Presidencia de la Rep�blica, por medio de apoderado judicial, present� escrito de contestaci�n[12] al traslado de la medida cautelar solicitando que se deniegue la misma, dado que considera que los cargos se soportan en razones de conveniencia y oportunidad y no en un an�lisis de legalidad de las mismas[13].

II.2.1. Se�ala que la solicitud no cumple con ninguno de los presupuestos exigidos para acceder a la suspensi�n provisional de las normas acusadas, dado que no es notoria ni evidente la vulneraci�n del orden jur�dico. Para sustentar su oposici�n, el apoderado judicial se apoya en las siguientes razones[14]:

II.2.2. Aduce que la Ley 1575 de 2012 establece los requisitos para la creaci�n y funcionamiento de los diferentes tipos de cuerpos de bomberos, as� como los est�ndares t�cnicos y operativos nacionales e internacionales determinados por la Direcci�n Nacional de Bomberos, mientras que el reglamento demandado s�lo determina las condiciones del certificado de cumplimiento de esos requerimientos.[15]

II.2.3. Evidentemente, la Ley 1575 de 2012 no precisa que el certificado deba tener una vigencia de dos a�os, pero tampoco establece que sea perpetuo e indefinido como parecen querer los demandantes. De manera que el Gobierno Nacional cumple con exigir el adecuado acatamiento a las exigencias legales en una materia tan delicada como la prevenci�n de incendios y seguridad humana[16].

II.2.4. La Federaci�n demandante censura el hecho de que muchos de los requisitos exigidos para el certificado sean de dif�cil cumplimiento, y que el plazo dado para su verificaci�n sea muy breve, pero no se plantean razones de ilegalidad, sino de conveniencia y oportunidad, que escapan al conocimiento de esta jurisdicci�n.[17]

II.2.5. Se�ala, adem�s, que la Federaci�n demandante incurre en el error de justificar las pretensiones anulatorias de un decreto del Gobierno Nacional por desconocer, supuestamente, previsiones de una resoluci�n ministerial, norma legal de rango inferior a la demandada.

II.2.6. Anota que la eventual contradicci�n normativa que alega la Federaci�n Bomberos de Colombia s�lo podr� evidenciarse luego del an�lisis jur�dico propio del proceso, y no decidirse en una etapa primaria como �sta[18].

II.2.7. Finalmente, argumenta que tampoco existe una evidencia del peligro resultante de no decretar la medida cautelar pretendida, e indica que �[�] liberar la exigencia del certificado de cumplimiento de los cuerpos de bomberos los lleva a prestar sus servicios en condiciones de inseguridad y peligro, riesgos que, de concretarse, terminar�n siendo culpa del Gobierno por no hacer m�s exigentes los reglamentos [�]�.[19]

II.3. El Ministerio del Interior, por intermedio de apoderada judicial, se pronunci� acerca de la medida cautelar, solicitando que la misma fuere negada, en tanto la Federaci�n demandante, en su escrito de solicitud, no plante� las razones por las cuales los art�culos demandados vulneran la Ley 1575 de 2012[20].

II.3.1. La apoderada judicial del Ministerio adujo que se presenta una falla de t�cnica procesal en la solicitud de medida cautelar al remitir a los cargos expuestos en la demanda, desatendiendo as� que se trata de dos figuras diferentes y que, por tanto, la medida cautelar debi� haber tenido su propia sustentaci�n, de conformidad con la normativa vigente en esta materia[21].

II.3.2. En cuanto al contenido propiamente de la solicitud, la apoderada judicial del Ministerio se�al� que la demanda se sustenta en una particular comprensi�n la Ley 1575 de 2012 por la cual excluye a los cuerpos de bomberos creados con anterioridad de cumplir de los requisitos contemplados en los art�culos objetados[22].

II.3.3. De otra parte, la apoderada judicial argumenta que el inciso 2� del mismo art�culo 21 de la Ley 1575, determina que el Gobierno Nacional ser� el encargado de definir los requisitos para la expedici�n del certificado, as� como las exigencias para considerar que el servicio responde a est�ndares de calidad que se mantienen en el tiempo.[23]

II.3.4. Por lo expuesto, la representante del ente ministerial concluye que no se trata entonces de una extralimitaci�n de las funciones asignadas al ejecutivo, sino del cumplimiento de un mandato legal vela por el cumplimiento de las normas superiores y de la prestaci�n del servicio p�blico bomberil con calidad.[24]

La Federaci�n Nacional de Bomberos de Colombia solicit� la suspensi�n provisional parcial de los siguientes art�culos del Decreto No. 638 de 18 de abril de 2016 "Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015[25], con el fin de reglamentar el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012":

�[�] Art�culo 2.6.2.2.2.2.Requisitos para la expedici�n y renovaci�n del certificado de cumplimiento. Los Cuerpos de Bomberos del pa�s deber�n cumplir los siguientes requisitos a fin de obtener o renovar el respectivo certificado de cumplimiento:

1. Certificado de personer�a jur�dica vigente expedido por autoridad competente para los Cuerpos Bomberos Voluntarios. Para el caso de los Cuerpos de Bomberos Oficiales y Aeron�uticos, deber�n soportar su solicitud con el acto administrativo de creaci�n.

2. Certificado de representaci�n legal y dignatarios debidamente registrados, para el caso de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

3.Certificaci�n expedida por el Coordinador Ejecutivo Departamental donde se acredite que el cuerpo de bomberos solicitante cuenta con la infraestructura, bienes inmuebles, muebles, parque automotor, equipamiento y personal t�cnico con experiencia y competencia necesaria para: i) operar y mantener la prestaci�n del servicio p�blico esencial de gesti�n integral de riesgo contra incendio; �i) los preparativos y atenci�n de rescates en todas sus modalidades; y iii) la atenci�n de incidentes con materiales peligrosos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Direcci�n Nacional de Bomberos.

5. Manual de operaciones que contenga los procedimientos estandarizados para la prestaci�n del servicio p�blico esencial de gesti�n integral de riesgo contra incendios, los preparativos y atenci�n de rescates en todas sus modalidades y la atenci�n de incidentes con materiales peligrosos.

Par�grafo 1. En los departamentos en donde no haya sido designado coordinador ejecutivo departamental, cumplir� la funci�n descrita en el numeral 3 del presente art�culo el delegado departamental de bomberos.

Par�grafo 2. Para el caso de Bomberos de la ciudad de Bogot� Distrito Capital, la verificaci�n sobre el cumplimiento ser� realizada por la Direcci�n Nacional Bomberos.

Par�grafo 3. Los Cuerpos de Bomberos que realicen las labores de inspecciones y revisiones t�cnicas en prevenci�n de incendios y seguridad humana en los t�rminos del art�culo 42 de la Ley 1575 de 2012, deber�n contar con el personal id�neo para tal fin, conforme al reglamento que expida la Junta Nacional de Bomberos.

Art�culo 2.6.2.2.2.3. Vigencia del Certificado de Cumplimiento. El Certificado de Cumplimiento tendr� una vigencia no mayor a dos (2) a�os.

Los Cuerpos de Bomberos que se creen con posterioridad a la expedici�n del presente decreto, tendr�n un plazo m�ximo de seis (06) meses, a partir de la resoluci�n de reconocimiento de personer�a jur�dica otorgada por la Secretaria de Gobierno Departamental o quien haga sus veces, para solicitar ante la Direcci�n Nacional de Bomberos la expedici�n del certificado de cumplimiento.

Par�grafo Transitorio. Los Cuerpos de Bomberos en operaci�n al momento de la expedici�n del presente decreto, tendr�n un plazo m�ximo de seis (06) meses para solicitar ante la Direcci�n Nacional de Bomberos la expedici�n del certificado de cumplimiento [�]�.

�[�] Art�culo 21. Inicio de operaciones. Un cuerpo de bomberos ya creado solo podr� iniciar operaciones cuando sus unidades hayan certificado su idoneidad ante la junta departamental de bomberos.

El Gobierno Nacional reglamentar�, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgaci�n de la presente ley, los tr�mites y requisitos para la expedici�n de los certificados de cumplimiento, la carnetizaci�n y los seriales de las placas. En todo caso se respetar�n los grados, la idoneidad bomberil, las condecoraciones y distinciones que a la fecha tengan los miembros de los cuerpos de bomberos del pa�s.

Art�culo 20. Creaci�n. Para la creaci�n de un Cuerpo de Bomberos se requiere:

a) El cumplimiento de los est�ndares t�cnicos y operativos nacionales e internacionales determinados por la Direcci�n Nacional, de acuerdo con las recomendaciones de la Junta Nacional de Bomberos;

b) Concepto t�cnico previo, favorable de la Junta Departamental o Distrital respectiva;

c) Para el caso de los Bomberos Aeron�uticos deber�n cumplir con las normas, requisitos y condiciones establecidos por la Autoridad Aeron�utica en los Reglamentos Aeron�uticos de Colombia (RAC).

Art�culo 13. Coordinador. La Junta Departamental de Bomberos designar� a un coordinador ejecutivo quien ser� el interlocutor entre la Direcci�n Nacional y los Cuerpos de Bomberos de su jurisdicci�n, cumplir� con las funciones de Secretaria T�cnica, quien deber� ser oficial de bomberos con t�tulo acad�mico de tecn�logo o profesional. [�]�

La Junta Departamental designar� a un oficial activo, como Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos, que podr� ser remunerado con cargo al Fondo Departamental de Bomberos y/o al ente territorial, salvo que este lo incluya en su planta de cargos.

3. Tener una antig�edad de por lo menos cinco (5) a�os como integrante de un Cuerpo de Bomberos de la Jurisdicci�n.

4. No haber sido condenado penalmente, ni sancionado fiscal o disciplinariamente en los �ltimos cinco (5) a�os.

PAR�GRAFO. El Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos, despu�s de dos (2) a�os de promulgado el presente reglamento, debe contar para su nombramiento, con el Diplomado de Administraci�n P�blica.

1. Ser el Interlocutor entre la Direcci�n Nacional de Bomberos y los Cuerpos de Bomberos de su Jurisdicci�n Departamental.

3. Verificar que los Cuerpos de Bomberos Voluntarios presenten a su respectiva Delegaci�n Departamental el listado del recurso humano, inventario de disponibilidad de equipos, inventario de hidrantes, listado de cursos de capacitaci�n de los integrantes de los Cuerpos de Bomberos, registros de los procesos de capacitaci�n de los Instructores del Departamento, informe de siniestralidad trimestral y la elaboraci�n del mapa local de riesgos, entre otros, que son insumos para la elaboraci�n de los planes de acci�n de su jurisdicci�n.

4. Verificar que los Cuerpos de Bomberos obtengan el certificado de cumplimiento para adelantar las gestiones para los cuales sea requerido.

5. Enviar mensualmente el formato: �Informaci�n B�sica de los Cuerpos de Bomberos�, a la Direcci�n Nacional de Bomberos.

6. Velar por el desarrollo del plan anual de acci�n de su jurisdicci�n, hacer el seguimiento de los proyectos que son aprobados por las distintas instancias del orden oficial y privado.

7. Las dem�s funciones que le asigne la Junta Nacional de Bomberos o la Direcci�n Nacional de Bomberos.

PAR�GRAFO 1o. Los gastos que demande el Coordinador Ejecutivo se financiar�n a trav�s del Fondo Departamental de Bomberos.

PAR�GRAFO 2o. En los Departamentos donde no exista Coordinador Ejecutivo, estas funciones ser�n asumidas por el Delegado Departamental de Bomberos de la jurisdicci�n hasta que se provea el cargo [�]�.

III.3.1. Sobre la finalidad[28] de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

�[�] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisi�n adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporaci�n se�al�, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisi�n que se adopte, porque los fallos ser�an ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucci�n o afectaci�n del derecho controvertido [�]�[29].

III.3.2. En este sentido, la Constituci�n Pol�tica le reconoce a la jurisdicci�n contencioso administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnaci�n por v�a judicial, pero s�lo por los motivos y con los requisitos que establezca la ley[30].

III.3.3. Cabe resaltar que uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

III.3.4. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

III.3.5. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i)preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii)conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa.[31]

III.3.6. Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

III.3.7. En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, como ya se anunci�, �ste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacci�n de la norma que se�ala que �podr� decretar las que considere necesarias�[32]. No obstante lo anterior, a voces del art�culo 229 del CPACA, su decisi�n estar� sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsi�n que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el art�culo 231 �dem, seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, medianteunjuicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla� (Resaltado fuera del texto).

III.3.8. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez), se�al�:

�[�] La doctrina tambi�n se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciaci�n provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobaci�n de un da�o ante el transcurso del tiempo y la no satisfacci�n de un derecho [�]�[33] (Negrillas fuera del texto).

III.3.9. Por su parte, la Secci�n Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

�[�] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, raz�n por la cual le es exigible a �ste la adopci�n de una decisi�n judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jur�dicos vigentes y de acuerdo a la realidad f�ctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, adem�s, que en ella se refleje la pretensi�n de justicia, raz�n por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposici�n de un razonamiento en donde, adem�s de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderaci�n y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [�]�[34](Negrillas no son del texto).

III.3.10. As� pues, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n, deber� verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposici�n de la cautela, a saber: (i)fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderaci�n de intereses.

III.4. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto acusado

III.4.1. En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo[35], se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 231[36] y siguientes del CPACA.

III.4.2. Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.[37]

III.4.3. De otra parte, es preciso resaltar que el anterior C�digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene que la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la �manifiesta infracci�n de la norma invocada�, indic�ndose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad, se requer�a demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecuci�n del acto. Por ello, la innovaci�n m�s relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en, referirse expresamente a la confrontaci�n de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese an�lisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas[38].

III.4.4. Dicho lo anterior, es menester indicar que esta Corporaci�n, en el auto de 13 de mayo de 2015[39], citado anteriormente, ha se�alado que:

�[�] la suspensi�n provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendr� que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio [�]�.

III.4.5. Tal visi�n ha sido compartida por esta Secci�n en el auto de 27 de agosto de 2015[40], en el cual subray� lo siguiente:

�[�] En esta providencia no se est� adoptando decisi�n de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensi�n provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar) [�]�.

III.4.6. Los principios y requisitos enunciados se concretan, a juicio de este Despacho, en las previsiones especiales del inciso primero del art�culo 231 del CPACA para esta modalidad de cautela, sin perjuicio del an�lisis que para el caso en concreto deba realizar el Juez en relaci�n con la necesidad de la urgencia de la medida cautelar.

III.4.7. Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este an�lisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), sostuvo:

�[�] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica una confrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda,pero con base en una aprehensi�n sumaria, propia de una instancia en la que las partes a�n no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]� (Resaltado fuera del texto).

III.4.8. Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevenci�n efectuada por el legislador al advertir que, la decisi�n sobre la medida cautelar, de ning�n modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de �[�] mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto [�]�.[41]

IV.1. La Federaci�n de Bomberos de Colombia, en su condici�n de parte actora en el proceso, solicita que se decrete la medida cautelar de suspensi�n provisional de las normas acusadas, por considerar que su alcance va m�s all� de lo establecido en la Ley 1575 de 2012 y en tanto que, para su expedici�n, no se tuvieron en cuenta las voces de las agremiaciones bomberiles que la parte accionante representa.

Para sustentar la procedencia de la medida de suspensi�n provisional parcial de las normas acusadas, el Despacho advierte que la parte actora se remite a los cargos de violaci�n expuestos en la demanda de nulidad incoada,

IV.2. Ahora bien, las tem�ticas objeto de regulaci�n por las normas enjuiciadas son las siguientes:

Del mismo art�culo 2.6.2.2.2.2. se cuestiona el requisito relacionado con la exigencia de una certificaci�n expedida por el Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos, que acredite las condiciones en que se encuentran los cuerpos bomberiles para efectos de la expedici�n y renovaci�n del citado certificado de cumplimiento.

IV.3. El concepto de violaci�n expuesto en la demanda de nulidad fue el siguiente:

�[�.] Se transgredieron las disposiciones citadas, por cuanto se desconocieron las obligaciones en ellas contenidas de dar cumplimiento al art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012, como derecho fundamental del administrado. Las unidades bomberiles o quienes los representen, en este caso los bomberos oficiales, voluntarios o aeron�uticos como lo contempla la ley, tienen derecho a exigir del Estado a que las condiciones para adelantar su actividad en las diferentes jurisdicciones del pa�s, se hagan con plena observancia de las normas que regulan dicha encomiable labor, pues de lo contrario, se generan irregularidades y desviaciones como las acontecidas en el caso sub-lite, en donde la autoridad nominadora no sujet� sus atribuciones a los c�nones supralegales.

La competencia de la administraci�n es reglada inequ�vocamente; y para poder reglamentarse de forma adecuada debe sujetarse a las normas que regulan estas situaciones. Valga decir, el ente administrativo ten�a que someterse a lo dispuesto en la ley; para expedir el acto debidamente motivado, el que hemos solicitado sea previo al agotamiento de haber escuchado a las instituciones bomberiles quienes son las que en cada uno de sus territorios deben propender por el cumplimiento de la ley y as� realizar acciones para la gesti�n del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades y seguridad humana.

Al expedirse el acto cuestionado se desconoci� el justo equilibrio previsto entre los derechos consagrados en la Ley 1575 de 2012 y los intereses de la Junta Nacional de Bomberos, dejando de lado de esta prerrogativa legal, y el �rgano administrativo en su pol�tica equivocada, legislando arbitrariamente las virtudes, talentos e idoneidad de los federados que ha bien representamos, sin acatar los procedimientos legales estatuidos, para prescindir de un servicio p�blico esencial y, consecuentemente, no respet�ndose la necesidad imperiosa que presentan hoy las instituciones bomberiles.

�[�] Con la expedici�n del Decreto 638 de 2016, materia de la presente demanda, no hubo claridad suficiente respecto de algunos temas y funciones que, de hecho, ya han venido generando inconvenientes y problem�ticas, frente a situaciones de los Cuerpos de Bomberos del pa�s. La falta de claridad, deviene entonces en una inconveniencia que en �ltimas va en contrav�a del inter�s p�blico [�]�[45].

�[�] Cabe observar que adem�s de presumir ilegales los art�culos de los que demandamos su nulidad, los mismos son inconvenientes e inoportunos, ante su contrariedad inter�s general, en trat�ndose de la afectaci�n y perjuicio que podr�a conllevar para efectiva y oportuna prestaci�n de un servicio p�blico esencial, como lo es el servicio bomberil [�]�[46] (subrayas fuera de texto).

Cabe resaltar que el principal argumento consignado en el escrito de solicitud de medida cautelar, fue el siguiente:

�[�] ante la violaci�n de las disposiciones invocadas en la presente demanda, fundadas en derecho, evitando de tal manera situaciones gravosas para �l inter�s p�blico, en consideraci�n a que la negaci�n de la misma, conllevar�a a la afectaci�n inminente de la actividad bomberil por parte de muchos de los Cuerpos de Bomberos del pa�s que representamos como Federaci�n de Bomberos de Colombia, en especial el riesgo inminente que representar�a para los administrados de la afectaci�n del servicio p�blico esencial a cargo del Estado, en los t�rminos que lo dispone el art�culo 2 de la Ley 1575 de 2012 [�]�[47].

IV.4. En relaci�n con los requisitos exigidos para la renovaci�n del certificado de cumplimiento de los cuerpos de bomberos, la parte actora argumenta que de conformidad con lo establecido en el art�culo 20 de la Ley 1575 de 2012, este �ltimo certificado solo es exigible para la creaci�n de los cuerpos de bomberos. En el mismo sentido cuestiona el hecho de que la norma enjuiciada disponga que deben cumplirse los mismos requisitos, tanto para la creaci�n de instituciones bomberiles como para su renovaci�n. Al respecto, se�ala lo siguiente:

�[�] El incluir en su reglamentaci�n[48]el requerimiento adicional de la renovaci�n del certificado de cumplimiento, est� por fuera de la ley, crea situaciones no previstas o contempladas ni en la ley anterior, ni en la actual ley de bomberos, que ha dejado en claro que estos certificados han sido exigibles para la creaci�n de los mismos y nada se ha dicho, que para que un Cuerpo de Bomberos despu�s de creado, pueda seguir operando como tal, deba renovar su certificado de cumplimiento en el tiempo, ni de que se requiera un condicionamiento, t�cnico, administrativo u operativo nuevo, del cual dependa renovaci�n para operar [�]�[49] (subrayas fuera de texto).

�[�] Y mucho menos, llegar a contemplar como requisitos para la renovaci�n de su certificado de cumplimiento, los mismos requisitos que les son exigibles a las instituciones bomberiles para su creaci�n, sin ni siquiera determinar bajo que par�metros, criterios o raz�n t�cnica, operativa o administrativa se exigen los mismos requisitos para una renovaci�n que partimos del hecho de que no es exigible en la Ley general de bomberos, creando con tal decreto reglamentario, un requerimiento que sobrepasa lo que sobre el tema ya dispone la ley [�]�[50] (negrillas y subrayas fuera de texto).

IV.5. En cuanto al asunto relacionado con la vigencia no mayor de dos (2) a�os del certificado de cumplimiento, la Federaci�n demandante centra su reproche en que �[�] ni la Ley 1575 de 2012, ni la Resoluci�n No. 661 de 2014, hace (sic) alusi�n alguna a que el certificado de cumplimiento deba renovarse cada dos a�os, como viene a exigirlo el Decreto 638 de 2016. Es m�s, nunca antes una normatividad bomberil, hab�a dispuesto tal renovaci�n del certificado de cumplimiento [�]�[51].

En la misma l�nea de argumentaci�n aduce que la norma enjuiciada �[�] no se�ala tampoco cu�les ser�an los par�metros y criterios establecidos para este per�odo de tiempo o de vigencia de los certificados de cumplimiento, no determina si la vigencia del mismo depende del crecimiento de la instituci�n bomberil, la poblaci�n creciente del municipio o el mayor riesgo que se pueda presentar en cada jurisdicci�n [�]�[52].

IV.6. Respecto de la inconformidad frente al requisito consistente en la certificaci�n que deba expedir el Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos, mediante la cual acredite que el cuerpo de bomberos solicitante, cuenta con la infraestructura, bienes inmuebles, muebles, parque automotor, equipamento y personal t�cnico competente y con conocimientos en la materia, para operar y mantener la debida prestaci�n del servicio p�blico bomberil, la parte actora se�ala que, la falta de claridad de la norma, va en contrav�a del inter�s p�blico, habida cuenta que �[�] es el funcionario y no la normatividad quien define la certificaci�n de cumplimiento y los requisitos m�nimos que debe reunir el cuerpo de bomberos, el servicio p�blico que se presta, se ver� afectado, por cuanto ser� el capricho de quien debe otorgar la certificaci�n el que permita la creaci�n y debido funcionamiento u operatividad de los cuerpo de bomberos [�]�[53].

El enjuiciamiento lo complementa manifestando que, seg�n lo preceptuado en el art�culo 20 de la Ley 1575 de 2012, las funciones del Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos se limitan a ser �[�] el interlocutor entre la Direcci�n Nacional y los Cuerpos de Bomberos de su jurisdicci�n, cumplir� con las funciones de Secretaria T�cnica [�]�, mientras que una de las normas acusadas le confiere la funci�n de acreditar las condiciones en que se encuentran los cuerpos bomberiles solicitantes.

IV.7. En respuesta a la solicitud de medida cautelar, la Presidencia de la Rep�blica, por intermedio de apoderado judicial, solicit� que la misma fuera negada en raz�n a que, los cargos expuestos por la parte actora, �[�] se soportan m�s en razones de conveniencia y oportunidad, que un verdadero desaf�o de legalidad , de suerte que el primer requisito, de suyo el m�s importante, no aparece vulnerado [�]�[54].

Se�al�, adem�s, que la Ley 1575 de 2012 determina los requisitos para la creaci�n y funcionamiento de los diferentes tipos de cuerpos de bomberos y sus est�ndares t�cnicos y operativos, de conformidad con la normativa nacional e internacional, mientras que el reglamento define los requisitos del certificado de cumplimiento de los cuerpos bomberiles y, si bien no se refiere, espec�ficamente, al tema la renovaci�n y la vigencia del certificado de cumplimiento de los mismos, el Gobierno Nacional s� estaba facultado para regular las exigencias que deben cumplir dichos cuerpos para efectos de prestar el servicio p�blico bomberil, en una materia tan delicada como es la prevenci�n de incendios y la seguridad humana. incendios.

IV.8. Por su parte, el Ministerio del Interior solicit� que la medida cautelar fuere negada, en tanto la parte actora no plante� las razones por las cuales los art�culos demandados vulneran la Ley 1575 de 2012 y, es por ello que �[�] no es posible deducir, con la contundencia que exige el art�culo 231 del C.P.A.C.A., que efectivamente los ac�pites normativos demandados deban ser suspendidos provisionalmente [�][55].

La apoderada judicial del Ministerio adujo, adem�s, que en la solicitud de medida cautelar se presenta una falla de t�cnica procesal, dado que la Federaci�n demandante remite a los argumentos expuestos en la demanda de nulidad y no se ocupa de sustentar la procedencia de dicha cautela, desatendiendo as� que se trata de dos figuras diferentes[56].

Se�ala, adem�s, que �[�] la demanda se sustenta en una particular comprensi�n del demandante, seg�n la cual, la Ley 1575 de 2012 excluye a los cuerpos de bomberos que ya estaban creados antes de la vigencia de esa norma de los requisitos contemplados en los art�culos objetados [�]�[57], cuesti�n que no responde a una correcta hermen�utica del art�culo 21 de la citada ley, pues la misma es clara al indicar que los cuerpos de bomberos existentes, para iniciar operaciones, deb�an certificar la idoneidad de sus unidades.[58]

De otra parte, argumenta que el inciso 2� del mismo art�culo 21 de la Ley 1575, determina que el Gobierno Nacional ser� el encargado de definir los requisitos para la expedici�n del certificado de cumplimiento, potestad que necesariamente abarca la de definir los criterios para que el mismo se expida; as� como las exigencias para considerar que el servicio responde a est�ndares de calidad que se mantienen en el tiempo.[59]

Por lo expuesto, la representante de la cartera ministerial concluy� que, �[�] No se trata entonces de una extralimitaci�n de las funciones asignadas al ejecutivo, sino del cumplimiento de un mandato legal a la par de la satisfacci�n de la teleolog�a de las normas superiores y del servicio bomberil, el cual debe ser evaluado constantemente a fin de que se garantice que el mismo se ofrecer� con calidad, sobre todo cuando se trata de cuerpos que adem�s de cumplir una tarea invaluable para el Estado y la comunidad, tambi�n tienen labores de inspecci�n y certificaci�n respecto de particulares [�]�[60].

IV.9. Para resolver la procedencia o no de la medida cautelar deprecada, el Despacho comienza por se�alar que al confrontar las disposiciones enjuiciadas con la norma superior invocada como violada, no se observa, de manera preliminar, que con la expedici�n del Decreto N�. 638 de 2016, se haya hecho caso omiso de lo preceptuado en el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012.

IV.10. Para ilustrar la anterior conclusi�n, el Despacho procede a insertar el siguiente cuadro comparativo:

Se tiene, entonces, que de la lectura del contenido del art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos de Colombia), es claro que el legislador facult� al Gobierno Nacional para reglamentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgaci�n de dicha ley, los tr�mites y requisitos para la expedici�n de los certificados de cumplimiento, la carnetizaci�n y los seriales de las placas. En cumplimiento de dichas facultades, el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 638 de 2015, contentivo de las disposiciones objeto de la solicitud de suspensi�n provisional.

IV.11. Frente a la primera inconformidad contemplada en el art�culo 2.6.2.2.2.2. del citado decreto, relacionada con la exigencia de requisitos para la renovaci�n del certificado de cumplimiento, el Despacho advierte, de manera preliminar, que dicho art�culo no est� en contrav�a con lo preceptuado en el art�culo 21 de la Ley 1575, por cuanto al Gobierno Nacional le fueron conferidas facultades para reglamentar de los tr�mites y requisitos para la expedici�n de los certificados de cumplimiento de los cuerpos de bomberos, y, en ese orden de ideas, la exigencia de renovaci�n se enmarca en la voluntad del legislador que se�ala en el art�culo 21, presuntamente violado, que �[�] Un cuerpo de bomberos ya creado solo podr� iniciar operaciones cuando sus unidades hayan certificado su idoneidad ante la junta departamental de bomberos [�]�. Es m�s, �[�] la exigencia de �[�] Requisitos para la expedici�n y renovaci�n del certificado de cumplimiento [�]�, se entiende como un desarrollo de la preceptiva legal que, en ning�n momento, se puede considerar desproporcionada, pues se observa inspirada en el prop�sito de garantizar un �ptimo y oportuno servicio bomberil para la prevenci�n y atenci�n de incendios y la seguridad de las personas involucradas en un suceso de esta naturaleza.

Para dimensionar la importancia de las funciones atribuidas a los cuerpos bomberiles, el Despacho considera pertinente citar el art�culo 22 de la Ley General de Bomberos, el cual se�ala que �stas deben ser cumplidas en atenci�n a los est�ndares y par�metros aprobados por la junta nacional de bomberos. Tales funciones son las siguientes:

�[�] ART�CULO 22. FUNCIONES. Los cuerpos de bomberos tendr�n las siguientes funciones:

e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho p�blico y privado para garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz.

2. Adelantar los preparativos, coordinaci�n y la atenci�n en casos de rescates, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de derecho p�blico y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.

3. Adelantar los preparativos, coordinaci�n y la atenci�n de casos de incidentes con materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las personas de derecho p�blico y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.

4. Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes.

5. Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.

6. Apoyar a los comit�s locales de gesti�n del riesgo en asuntos bomberiles.

7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los bomberos de Colombia.

PAR�GRAFO. Las anteriores funciones ser�n cumplidas en atenci�n a los est�ndares y par�metros aprobados por la junta nacional de bomberos [�]�.

En atenci�n a las importantes y delicadas funciones que debe cumplir un cuerpo de bomberos en su actividad diaria, y dadas las facultades concedidas por el art�culo 21 de la Ley 1575, el Gobierno Nacional estaba plenamente habilitado tanto para reglamentar los requisitos para la expedici�n del certificado de cumplimiento de una nueva unidad bomberil que inicia operaciones, como tambi�n para efectos de expedir su renovaci�n.

Para el Despacho, la acusaci�n basada en que las legislaciones anteriores no consagraban la renovaci�n de dicho certificado de cumplimiento, no se puede considerar como un argumento de legalidad que enerve la procedencia de decretar la medida cautelar; por el contrario, est� exigencia se enmarca dentro del deber del Ejecutivo, de velar por la cabal ejecuci�n de la ley y, en este caso, la regulaci�n est� orientada a garantizar una eficiente prestaci�n del servicio p�blico bomberil, de manera que el mismo cumpla con la finalidad social inherente al Estado de que trata el ordenamiento superior.

IV.12. Estrechamente ligada con la anterior inconformidad se encuentra el cuestionamiento acerca de la fijaci�n del per�odo de renovaci�n del certificado de cumplimiento en un lapso no mayor de 2 a�os consagrada en el art�culo 2.6.2.2.2.3. del Decreto 638 de 2016. Al igual que al analizar la inconformidad anterior, el Despacho parte de la premisa consistente en que el acto acusado es un desarrollo de la normativa legal consagrada en la propia Ley General de Bomberos de Colombia[61], dado que, en principio, dicho per�odo se considera razonable para garantizar que el servicio p�blico bomberil cuente con la infraestructura necesaria y con el personal t�cnico calificado para prestar en forma adecuada el servicio p�blico esencial, atender eficientemente los rescates en todas sus modalidades y cumplir con los procedimientos establecidos por la Direcci�n Nacional de Bomberos; aspectos estos que se garantizan con la renovaci�n peri�dica del certificado de cumplimiento que establece la norma enjuiciada.

Ahora bien, frente al argumento expuesto por la Federaci�n demandante en cuanto a que ni la Ley 1575 de 2012, ni la Resoluci�n No. 661 de 2014[62], hicieron alusi�n alguna a que el certificado de cumplimiento deb�a renovarse cada dos (2) a�os, y que nunca antes una normativa bomberil hab�a dispuesto tal renovaci�n del certificado de cumplimiento, el Despacho reitera que dicho argumento carece, en principio, de vocaci�n de prosperidad, pues el hecho de que tal exigencia no hubiera sido fijada anteriormente no invalida la norma, pues la determinaci�n de este per�odo est� enmarcada dentro de la potestad reglamentaria conferida por el art�culo 21 de la Ley 1575; de otra parte, tampoco es de recibo invocar una norma de inferior jerarqu�a como lo es la Resoluci�n No. 661 de 2015, para cuestionar la legalidad de la disposici�n acusada.

De otra parte, y en cuanto al reproche consistente en que no deber�an exigirse los mismos requisitos para la expedici�n del certificado de cumplimiento respecto de los cuerpos de bomberos creados por primera vez y de aquellos los que deben renovar dicho certificado, el Despacho considera que la Federaci�n demandante no argumenta la raz�n por la cual no debe consagrarse tal exigencia, mas a�n si se tiene en cuenta que est� de por medio la prestaci�n de un servicio p�blico esencial, que reporta un nivel de riesgo importante dado que se trata de la prevenci�n y atenci�n de incendios, del manejo de materiales peligrosos y, por sobre todo, de la preservaci�n de la seguridad de las personas involucradas en dichas eventualidades.

Finalmente, en cuanto al argumento consistente en que la norma enjuiciada no se�ala cu�les ser�an los par�metros y criterios para fijar el per�odo de vigencia de los certificados de cumplimiento en dos (2) a�os, y que no determina si la vigencia del mismo depende del crecimiento de la instituci�n bomberil o de la poblaci�n creciente del municipio o del mayor riesgo que se pueda presentar en cada jurisdicci�n, el Despacho advierte que los art�culos 20 y 22 de la Ley General de Bomberos de Colombia, le conceden un papel importante tanto a la Direcci�n Nacional de Bomberos como a su Junta Nacional en cuanto a la definici�n de los est�ndares t�cnicos y operativos nacionales e internacionales a tener en cuenta, para la creaci�n y funcionamiento de los cuerpos bomberiles y no se entiende el porqu� del reclamo en cuanto a que dichos asuntos sean regulados por el decreto en cuesti�n.

IV.13. En relaci�n con la inconformidad consistente en que se exija una certificaci�n del Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos en la cual se acrediten las condiciones en que se encuentran los cuerpos de bomberiles para efectos de la expedici�n y renovaci�n del certificado de cumplimiento, el Despacho considera que el art�culo 13 de la Ley General de Bomberos de Colombia, no s�lo le atribuye a dicho Coordinador Departamental las funciones de enlace entre la Direcci�n Nacional y los Cuerpos de Bomberos de su jurisdicci�n sino tambi�n la labor de coordinador ejecutivo y el rol de Secretario T�cnico de la Junta Departamental de Bomberos.

As� las cosas y una vez examinandos los alcances de la norma cuestionada, numeral 3 del art�culo 2.6.2.2.2.2. del Decreto 638 de 2016, se entiende que la funci�n del Coordinador de la Junta Departamental de Bomberos, es �operativa�, es decir, �ejecutiva�. Por tanto, debe entenderse que la actuaci�n de este funcionario no es caprichosa o arbitraria sino que cualquier certificaci�n que expida debe estar conforme a la normativa vigente y respetar las directivas y procedimientos emanados de la Direcci�n Nacional de Bomberos y de la Junta Departamental de Bomberos.

Sumado a lo anterior, el Despacho considera pertinente citar el art�culo de la Ley que se ocupa de las funciones de las Juntas Departamentales de Bomberos, de la cual hace parte el cuestionado Coordinador Ejecutivo que expide la certificaci�n consagrada en el numeral 3 de la norma enjuiciada (art. 2.6.2.2.2.2.), a saber:

�[�] Art�culo 15. Funciones de las Juntas Departamentales de Bomberos. Las Juntas Departamentales de Bomberos cumplir�n las siguientes funciones generales:

� Evaluaci�n y acompa�amiento en el desarrollo de las actividades propias de la funci�n bomberil, desplegadas en el �mbito de la jurisdicci�n de cada departamento.

� Selecci�n y nombramiento entre los comandantes que la integran, de los representantes ante la delegaci�n nacional y el Comit� Regional y Local para la Atenci�n y Prevenci�n de Desastres.

Par�grafo. La inspecci�n, vigilancia y control de los cuerpos de bomberos aeron�uticos ser� ejercida por la autoridad Aeron�utica Civil. En el caso de los Cuerpos de Bomberos Aeron�uticos ser� ejercida por la Aeron�utica Civil [�]�.

De la revisi�n de la norma anterior se deduce que es tarea de las juntas departamentales de bomberos, hacer las evaluaciones y los acompa�amientos del desarrollo de la actividad propia la actividad bomberil de los cuerpos de bomberos de su jurisdicci�n y, por tanto, la certificaci�n que expide el Coordinador Ejecutivo Departamental debe estar plenamente acorde con el desempe�o de esa funci�n. En este orden de ideas, tampoco evidencia el Despacho que con la expedici�n de la norma enjuiciada, el Gobierno Nacional se haya excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria conferida por la Ley.

IV.14. Por todo lo anteriormente expuesto el Despacho considera que los reproches en cuanto a la exigencia de requisitos para la renovaci�n del certificado de cumplimiento de los cuerpos de bomberos cada dos (2) a�os y la expedici�n del certificado de cumplimiento por parte del Coordinador Ejecutivo Departamental de Bomberos de cada jurisdicci�n, no evidencian, de manera inicial, que el Gobierno Nacional, al expedir las normas enjuiciadas, se haya excedido en el ejercicio las atribuciones que le fueron conferidas por el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012 y por ello no es procedente su suspensi�n.

A este respecto, el Despacho resalta que el fundamento de la suspensi�n provisional de los actos administrativos est� dado en la necesidad de que la administraci�n de justicia realice un control preventivo de legalidad sobre las decisiones de la administraci�n, para as� evitar que los actos que contienen vicios en su expedici�n o que causan perjuicios a una persona, sigan produciendo efectos mientras se profiere una decisi�n de fondo, cuesti�n que no est� demostrada en el presente caso.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, en Sala Unitaria,

NEGAR la suspensi�n provisional parcial de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3 del Decreto No. 638 de 18 de abril de 2016 "Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015[63], con el fin de reglamentar el art�culo 21 de la Ley 1575 de 2012", expedido por la Presidencia de la Rep�blica y el Ministerio del Interior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Niega la suspensi�n provisional��(NEGAR la suspensi�n provisional parcial de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.6.2.2.2.2. y 2.6.2.2.2.3 )�Art�culo 1�DECRETO_638_2016_18/04/2016
Niega la suspensi�n provisional��(NEGAR la suspensi�n provisional parcial de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.6.2.2.2.2 )�Art�culo 2.6.2.2.2.2�DECRETO_1066_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(NEGAR la suspensi�n provisional parcial de los efectos jur�dicos de los art�culos 2.6.2.2.2.3 )�Art�culo 2.6.2.2.2.3�DECRETO_1066_2015_26/05/2015

[1] Ver Decreto No. 1066 de 26 de mayo 2015 �Por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior�.

[5] Resoluci�n n�m. 0661 de 26 de junio de 2014 �RESOLUCI�N N�MERO 0661 DE 2014

por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, T�cnico y Acad�mico

[6] Ley 1571 de 2012, �[�] Art�culo 21. Inicio de operaciones. Un cuerpo de bomberos ya creado solo podr� iniciar operaciones cuando sus unidades hayan certificado su idoneidad ante la junta departamental de bomberos.

[25] Ver Decreto No. 1066 de 26 de mayo 2015 �Por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior�.

[26] Ley 1575 de 21 de agosto de 2012 �Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia�

[27] Resoluci�n No. 661 de junio 26 de 2014 �Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, T�cnico y Acad�mico de los Bomberos de Colombia�, expedida por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

[28] Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar tambi�n la providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se asever�: �[�] se busca evitar que la duraci�n del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicci�n, a tal punto que para el momento de obtener una decisi�n favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda �la necesidad de servirse del proceso para conseguir la raz�n no debe convertirse en da�o para quien tiene la raz�n.�

[29] Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Mart�n Berm�dez Mu�oz. Acci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 �Por medio de la cual se expide el C�digo General del Proceso�. Magistrado Ponente: Alberto Rojas R�os. Bogot�, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

[33] Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez.

[34] Sobre la aplicaci�n de la proporcionalidad, la misma providencia indic�: �(�) Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (�) All� donde el Juez Administrativo no est� gobernado por reglas, lo m�s posible es que la actuaci�n se soporte en principios o mandatos de optimizaci�n, luego la proporcionalidad y ponderaci�n no son metodolog�as extra�as en la soluci�n de conflictos y en la reconducci�n de la actividad de la jurisdicci�n contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderaci�n no representan ni la limitaci�n, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentaci�n como sustento de toda decisi�n judicial. Cabe, entonces, examinar c�mo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderaci�n, como expresi�n m�s depurada del principio de proporcionalidad� // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinaci�n de una medida cautelar, que no es m�s que la adopci�n de una medida de protecci�n a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden f�ctico referidas a una estimaci�n de los medios de acci�n a ser seleccionados, cuesti�n que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situaci�n de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisi�n que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administraci�n p�blica (necesidad) y, por �ltimo, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jur�dico de ponderaci�n , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectaci�n o no satisfacci�n de cada uno de los principios contrapuestos � El propio art�culo 231 del CPACA. da lugar a estar consideraci�n imperativa en el numeral 4, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: �Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.�

[35] El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o la realizaci�n o demolici�n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci�n de sus efectos; (numeral 5) Impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[36] �[�] Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]� (Negrillas fuera del texto).

[37] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[38] Vale la pena ahondar en el tema de la transici�n del r�gimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo CPACA, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), en la cual se puntualiz�: �Ahora bien, centrando el estudio en la suspensi�n provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposici�n, sin desconocer los rasgos caracter�sticos del acto administrativo, ampli�, en pro de una tutela judicial efectiva, el �mbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intenci�n del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretaci�n del art�culo 231 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variaci�n literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicaci�n la idea de que la existencia de una manifiesta infracci�n, a la que hac�a referencia el art�culo 152 del anterior C�digo, fue reemplazada por el surgimiento en el an�lisis judicial de una oposici�n entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposici�n debe arribarse a una conclusi�n diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicci�n obedece y reclama la tutela judicial efectiva.� (Resaltado es del texto).

[39] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogot� D.C., 13 de mayo de 2015.Radicaci�n n�mero: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057). Actor: CARACOL Televisi�n S.A. y RCN Televisi�n S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisi�n � ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensi�n provisional)

[40] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, Consejera ponente: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Bogot�, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2015-00194-00. Actor: Marco Fidel Ram�rez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protecci�n Social.

[41] As� lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente n�m. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: �Con el �nimo de superar los temores y las reservas que siempre acompa�aron a los Jueces respecto del decreto de la suspensi�n provisional en vigencia de la legislaci�n anterior, c�lebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del art�culo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que �[l]a decisi�n sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento�. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces �la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto sub lite� [ ]. Una suerte de presunci�n iure et de iure, sobre c�mo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisi�n, que busca adem�s promover la efectividad del nuevo r�gimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido se�alado que este enunciado debe ser visto como un l�mite a la autorizaci�n que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximaci�n al asunto este an�lisis debe ser apenas preliminar, raz�n por la cual no puede suponer un examen de fondo o �prejuzgamiento� de la causa [ ]. La carga de argumentaci�n y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoraci�n sin tener que desplegar un esfuerzo anal�tico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen m�s profundo que debe preceder a la sentencia�.(Negrillas fuera del texto).

[42] Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015 Reglamentario del Sector Administrativo del Interior�

[62] Resoluci�n No. 661 de junio 26 de 2014 �Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, T�cnico y Acad�mico de los Bomberos de Colombia�, expedida por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

[63] Ver Decreto No. 1066 de 26 de mayo 2015 �Por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior�.

Referencia:	MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD � MEDIDA CAUTELAR
Radicaci�n:	11001-03-24-000-2016-00619-00
Demandante:	FEDERACI�N NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
Demandado:	NACI�N � PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA � MINISTERIO DEL INTERIOR
Tema:	IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR POR CUANTO DE LA CONFRONTACI�N DE LAS NORMAS ENJUICIADAS CON LA NORMA SUPERIOR INVOCADA NO SE EVIDENCIA SU VULNERACI�N

Fecha Providencia	29/07/2019
Fecha de notificaci�n	29/07/2019