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Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato Vald�sGobierno Nacional � Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot�falseDecreto 4260 de 2 de noviembre de 2007Identificadores10030183940true1286291original30161791Identificadores

Demandado: �Gobierno Nacional � Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Demandado: Gobierno Nacional � Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Tema: Se decide la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto 4260 de 2007, expedido por el Gobierno Nacional

El despacho decide la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto 4260 de 2 de noviembre de 2007[1], expedido por el Gobierno Nacional.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot� E.S.P. (en adelante EAAB), actuando mediante apoderado especial, present� demanda ante esta Corporaci�n, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad establecido en el art�culo 135 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la cual fue adecuada al medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 del CPACA[2], con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Decreto 4260 de 2007.

I.2.- La solicitud de suspensi�n provisional de los actos administrativos demandados[3]

La parte demandante encuentra procedente la imposici�n de la cautela solicitada sobre el acto administrativo demandado, toda vez que:

�[�] V. SOLICITUD DE SUSPENSI�N PROVISIONAL [�] Conforme a lo dispuesto por el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y por cuanto se cumplen los requisitos establecidos en el art�culo 231 inciso primero, primera parte, del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), con toda atenci�n se solicita DECRETAR LA SUSPENSI�N PROVISIONAL del Decreto 4260 de 2007 [�] La suspensi�n provisional del decreto acabado de mencionar y cuya nulidad por inconstitucionalidad se impetra declarar, esencialmente se funda en las siguientes consideraciones [�] 1. La Corte Constitucional en sentencia C � 149 de 2010 declar� la inexequibilidad del art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, por violaci�n directa de los art�culos 1�, 287, 288, 311 y 313 numerales 2� y 7� [�] 2. El Decreto 4260 de 2007 es un decreto reglamentario del art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, para cuya ejecuci�n y desarrollo se invoc� tambi�n como reglamentado el art�culo 82 de la Ley 1151 de 2007 [�] 3. Como quiera que la norma reglamentaria no puede subsistir en el ordenamiento jur�dico si desaparece por inexequibilidad o por su derogatoria la norma reglamentada, y por cuanto, en este caso y por las mismas razones que sirvieron de fundamento a la Corte Constitucional para retirar del ordenamiento jur�dico el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007 por infracci�n directa de los art�culos 1�, 287, 288, 311 y 313 numerales 2� y 7� de la Constituci�n Pol�tica que igualmente resulta infringidos por el Decreto reglamentario 4260 de 2007 que desarrolla la norma declarada inexequible, es procedente decretar la suspensi�n provisional del mencionado decreto [�] Para el efecto, a simple comparaci�n de la realidad jur�dica aparece que el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007 dej� de existir por violar la Constituci�n; el Decreto reglamentario 4260 de 2007 no ha sido retirado del ordenamiento jur�dico y, en consecuencia, para impedir que permanezca la violaci�n de la Constituci�n Pol�tica por infracci�n directa de sus art�culos 1�, 287, 288, 311, 313 numerales 2� y 7�, debe suspenderse en orden a garantizar la integridad y supremac�a de la Constituci�n como lo ordena el art�culo 4� de la Carta [�]�.

I.3.1.- El despacho orden� correr traslado a la parte demandada de la solicitud de medida cautelar presentada[4], para que en el t�rmino de cinco (5) d�as se pronunciara sobre ella, de conformidad con el art�culo 233 del CPACA.

I.3.2.- Efectuada la notificaci�n a las partes de esta decisi�n[5], la parte demandada se abstuvo de realizar manifestaci�n alguna.

I.3.3.- Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se refiri� a la solicitud de medida cautelar[6], intervenci�n que no ser� tenida en cuenta por cuanto fue radicada en forma en forma extempor�nea[7].

�[�] CAPITULO I [�] Disposiciones generales [�] Art�culo 1�.Macroproyectos de inter�s social nacional. Los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urban�sticas adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeaci�n, financiaci�n y gesti�n del suelo para ejecutar una operaci�n de gran escala que contribuya al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos, �reas metropolitanas o regiones del pa�s.

Los Macroproyectos de que trata el presente decreto se refieren a la ejecuci�n de operaciones urban�sticas integrales de gesti�n y provisi�n de suelo para vivienda, con especial �nfasis en vivienda de inter�s social y vivienda de inter�s prioritario.

El macroproyecto deber� proveer suelo para desarrollar un n�mero de viviendas de inter�s social que no podr� ser inferior al (1%) del n�mero de hogares existentes en los municipios o distritos objeto del macroproyecto, de conformidad con las estad�sticas del DANE.

Par�grafo 1�. Las decisiones administrativas y actuaciones urban�sticas adoptadas por el Gobierno Nacional conforman la acci�n urban�stica de la Naci�n.

Par�grafo 2�. Siempre que en este decreto se mencionen los Macroproyectos, se entender� que se hace referencia a los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional de que trata el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007.

Art�culo 2�. Objetivo. Los Macroproyectos deber�n promover el dise�o y ejecuci�n de proyectos integrales que contemplen la habilitaci�n de suelo para vivienda de inter�s social, la provisi�n de servicios p�blicos domiciliarios, redes viales de integraci�n urbana, zonal y local, espacios p�blicos y equipamientos colectivos; desarrollando asentamientos urbanos con altos par�metros de calidad urban�stica y ambiental.

As� mismo, los Macroproyectos deber�n promover el ordenamiento territorial, la compactaci�n urbana, la densificaci�n, el desarrollo y crecimiento equilibrado y equitativo de las ciudades y su articulaci�n con los sistemas de movilidad regional.

Art�culo 3�. Determinantes. De conformidad con lo previsto en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, los Macroproyectos son determinantes que se constituyen en normas de superior jerarqu�a en los t�rminos del art�culo 10 de la Ley 388 de 1997, y se entender�n incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, as� como en las directrices de ordenamiento de las �reas metropolitanas.

En los procesos de revisi�n y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial los municipios y distritos deber�n dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los respectivos Macroproyectos.

Art�culo 4�. Etapas de los Macroproyectos. Las etapas de los Macroproyectos son:

Art�culo 5�. Identificaci�n y determinaci�n de los Macroproyectos. Para identificar y determinar un macroproyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deber� tener en cuenta los siguientes criterios:

Art�culo 6�. Documento t�cnico de soporte. Con el fin de establecer si un Macroproyecto cumple con los criterios establecidos en el art�culo anterior, se deber� elaborar un documento t�cnico de soporte que contenga los siguientes aspectos:

2. An�lisis de la din�mica poblacional que describa el impacto del macroproyecto en el respectivo municipio, distrito, �rea metropolitana o regi�n.

3. An�lisis del d�ficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de inter�s social del municipio, distrito, �rea metropolitana y en su caso del �rea de influencia de las ciudades con m�s de 500.000 habitantes, de acuerdo con Resoluci�n 461 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que la modifique, adicione o la sustituya.

4. Descripci�n del impacto territorial de la intervenci�n, entendido como los aportes demostrables al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del h�bitat existente, la oferta de nuevos equipamientos colectivos y la ampliaci�n o mejoramiento de los servicios p�blicos, espacio p�blico e infraestructura vial y de transporte en municipios, distritos, �reas metropolitanas y regiones del pa�s.

6. Las caracter�sticas ambientales, sociales, culturales y/o agrol�gicas de la zona en la cual se desarrollar� el Macroproyecto, identificando las categor�as de protecci�n de que trata el art�culo 4� del Decreto 3600 de 2007 y las dem�s categor�as de protecci�n al interior del per�metro urbano y de expansi�n urbana que se encuentren definidas en las normas urban�sticas estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Art�culo 7�. Macroproyectos sugeridos por entidades territoriales, �reas metropolitanas y/o por particulares. Las entidades territoriales, �reas metropolitanas y/o particulares podr�n sugerir al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que se identifiquen o determinen Macroproyectos. Dicha solicitud deber� acreditar los requisitos de que trata el art�culo anterior y anexar los siguientes documentos:

1. Certificado(s) de existencia y representaci�n legal cuya fecha de expedici�n no sea mayor a un (1) mes, cuando se trate de personas jur�dicas. Documento de identidad cuando se trate de personas naturales.

2. Poder debidamente otorgado por los propietarios de los bienes inmuebles, cuando el Macroproyecto no se desarrolle directamente por ellos.

3. La relaci�n e identificaci�n de los predios incluidos en la propuesta de delimitaci�n y sus propietarios, localiz�ndolos sobre la plancha IGAC o plano georreferenciado disponible en el municipio o distrito que haga sus veces a escala 1:2000 � 1:5000, adem�s de los respectivos certificados de tradici�n y libertad, cuya fecha de expedici�n no sea superior a un mes, as� como la informaci�n catastral disponible de los predios objeto de la solicitud.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar� el documento presentado, para lo cual contar� con un t�rmino de sesenta (60) d�as h�biles contados a partir de su radicaci�n, y comunicar� la viabilidad de identificar y determinar el Macroproyecto sugerido, la cual no generar� obligaci�n de formular o adoptar dicho Macroproyecto.

Art�culo 8�. Anuncio de los Macroproyectos. La identificaci�n y determinaci�n del Macroproyecto culminar� con su anuncio mediante resoluci�n expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con los t�rminos y para los efectos del par�grafo 1� del art�culo 61 de la Ley 388 de 1997.

1. El plano que delimita mediante coordenadas geogr�ficas el �rea preliminar en la cual se formular� el Macroproyecto.

2. Los aval�os representativos por zonas geoecon�micas homog�neas existentes en el �rea en la cual se desarrollar� y ejecutar� el macroproyecto.

Dichos aval�os deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente en el momento de su realizaci�n y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar el Macroproyecto.

Par�grafo 1�. El Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, IGAC, la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, descontar� del valor comercial de los inmuebles individuales, que se requieran para el desarrollo del macroproyecto, el monto correspondiente al mayor valor generado por el anuncio del mismo.

Par�grafo 2�. El anuncio de que trata este art�culo no generar� obligaci�n de formular o adoptar el respectivo macroproyecto ni obligar� a la Administraci�n a presentar oferta de compra sobre los bienes objeto del mismo.

Art�culo 9�. Formulaci�n de los Macroproyectos. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formular� los Macroproyectos teniendo en cuenta los siguientes contenidos:

1. Delimitaci�n definitiva del �rea mediante coordenadas geogr�ficas donde se desarrollar�n las actuaciones urban�sticas previstas en las normas que adopte el macroproyecto.

2. Estudio ambiental que deber� contemplar la descripci�n, caracterizaci�n y an�lisis ambiental del �rea en la cual se pretende desarrollar el macroproyecto, incluyendo la identificaci�n y delimitaci�n de las �reas que componen la estructura ecol�gica principal y aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisaj�sticos deban ser conservados, as� como la identificaci�n y evaluaci�n de los efectos ambientales indicando las estrategias para su manejo, conservaci�n y protecci�n.

a) Localizaci�n y trazado del sistema de movilidad (malla arterial e intermedia, y sistemas de transporte urbano y regional);

b) Localizaci�n y trazado de la estructura de espacio p�blico (parques, plazas, alamedas y otros espacios peatonales);

c) Localizaci�n y trazado de la infraestructura de servicios p�blicos domiciliarios;

d) El dimensionamiento y las condiciones para la localizaci�n de equipamientos colectivos tales como educaci�n, cultura, salud, bienestar social, culto, deporte; y equipamientos de servicios p�blicos tales como seguridad, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, recintos feriales, mataderos, cementerios, administraci�n p�blica, terminales de transporte y carga, y aeropuertos;

e) Las condiciones para la localizaci�n de los usos previstos en el macroproyecto, con especial �nfasis en la localizaci�n de los terrenos para la vivienda de inter�s social y/o de inter�s prioritario.

4. El proyecto de normas urban�sticas necesarias para el desarrollo de los usos contemplados en cada una de las unidades de ejecuci�n.

5. Estructuraci�n financiera del Macroproyecto, la cual deber� contemplar los siguientes aspectos:

d) Flujo de fondos donde se discriminen las inversiones que se realizar�n en cada fase de las diferentes fuentes de financiaci�n;

Salvo los componentes se�alados en los numerales 4, 5 y 6 del presente art�culo, los dem�s deber�n quedar plasmados en cartograf�a en la escala que se determine en el acto administrativo de adopci�n del macroproyecto.

Par�grafo. La estructuraci�n financiera de cada macroproyecto deber� contemplar los mecanismos que aseguren su ejecuci�n.

Art�culo 10. Estudios para la formulaci�n de Macroproyectos de Inter�s Social Nacional sugeridos por entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares. Las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares podr�n presentar los estudios ambientales, t�cnicos y financieros correspondientes y los dem�s requisitos y documentos con base en los cuales el Ministerio podr� adelantar la formulaci�n del macroproyecto de acuerdo con lo establecido en el art�culo anterior.

En el estudio ambiental se deber� contemplar la descripci�n, caracterizaci�n y an�lisis ambiental del �rea en la cual se pretende desarrollar el macroproyecto, as� como la identificaci�n y evaluaci�n de los efectos ambientales indicando las estrategias para su manejo.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizar� la evaluaci�n t�cnica, financiera y ambiental de los estudios y dem�s documentos presentados, para lo cual tendr� un t�rmino de ciento veinte (120) d�as h�biles, contados a partir de la radicaci�n de los documentos de que trata este art�culo.

Lo anterior, sin perjuicio que el macroproyecto o sus obras o actividades obtengan la respectiva licencia ambiental, permisos y dem�s autorizaciones de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Los estudios que presenten las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares no generar�n la obligaci�n de formular o adoptar el respectivo macroproyecto.

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resoluci�n, podr� establecer requisitos t�cnicos, financieros y legales adicionales para la elaboraci�n de los estudios de que trata este art�culo.

Art�culo 11. Aviso a los municipios y distritos. Formulado el Macroproyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dar� aviso mediante comunicaci�n escrita a los representantes legales de los municipios y/o distritos en cuya jurisdicci�n se ejecutar� el Macroproyecto, con el prop�sito de que las acciones urban�sticas que pretendan desarrollar estas entidades territoriales en las �reas que hagan parte del Macroproyecto sean concertadas con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los alcaldes de los municipios o distritos en los cuales se vayan a ejecutar los Macroproyectos contar�n con un t�rmino m�ximo de treinta (30) d�as h�biles, contados a partir de la fecha de recibo del aviso para que presenten propuestas u observaciones.

Si dentro del plazo establecido, el Ministerio no hubiere recibido propuestas u observaciones, podr� adoptar el Macroproyecto. Las observaciones que presenten los municipios y distritos deber�n resolverse en el acto administrativo de adopci�n.

Art�culo 12. Adopci�n de los Macroproyectos. Una vez surtidas las etapas anteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� adoptar el Macroproyecto y enviar� copia del acto administrativo que lo adopte a los municipios, distritos y autoridades ambientales con jurisdicci�n en el �rea en la cual se ejecutar� el Macroproyecto.

Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los Macroproyectos ser�n los beneficiarios de la plusval�a que se genere por la adopci�n de los mismos, y podr�n destinar dichos recursos para el desarrollo del macroproyecto en los t�rminos del art�culo 85 de la Ley 388 de 1997.

Paragrafo 1�. Las �reas incluidas en un Macroproyecto, que no se encuentren en suelo urbano se considerar�n incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de �reas urbanizadas, entendiendo por estas �ltimas las �reas conformadas por los predios que, de conformidad con las normas urban�sticas del respectivo macroproyecto, hayan culminado la ejecuci�n de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesi�n obligatoria contempladas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacci�n de los municipios y distritos, as� como de las empresas de servicios p�blicos domiciliarios correspondientes, cuando sea del caso, en los t�rminos de que tratan el art�culo 51 y siguientes del Decreto 564 de 2006, la reglamentaci�n aplicable a los servicios p�blicos domiciliarios y las dem�s normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Par�grafo 2�. De conformidad con lo establecido en el par�grafo 4� del art�culo 83 de la Ley 388 de 1997, los municipios podr�n exonerar del cobro de la participaci�n en plusval�a a los inmuebles destinados a vivienda de inter�s social.

Paragrafo 3�. Los Macroproyectos reglamentados en el presente decreto �nicamente requerir�n la adopci�n de planes parciales para su ejecuci�n cuando as� lo determine el acto administrativo que lo adopte y la entidad ejecutora tendr� la iniciativa para su formulaci�n.

Art�culo 13. Licencias urban�sticas para la ejecuci�n de Macroproyectos. Las licencias urban�sticas para el macroproyecto se otorgar�n con sujeci�n a las normas urban�sticas adoptadas en este. Dichas normas ser�n de obligatorio cumplimiento por parte de quien tenga la competencia para expedir las licencias urban�sticas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por solicitud de la autoridad competente para expedir licencias urban�sticas, se pronunciar� sobre las contradicciones y vac�os que se presenten en la interpretaci�n de las normas contenidas en los decretos de adopci�n de los Macroproyectos.

Corresponder� a la autoridad municipal o distrital o a los curadores urbanos, seg�n el caso, estudiar, tramitar y expedir la licencia urban�stica en aplicaci�n y cumplimiento de las normas adoptadas en los Macroproyectos.

Los Macroproyectos que involucren �reas de terreno de varios municipios o distritos, �nicamente se podr�n ejecutar mediante la obtenci�n de licencias urban�sticas por etapas correspondientes a cada una de las unidades de ejecuci�n. Cada una de estas unidades deber� delimitarse dentro de un s�lo municipio o distrito.

Par�grafo 1�. Se entiende por unidad de ejecuci�n el �rea integrada por uno o m�s predios, espec�ficamente determinada sobre la cual se adelantar�n las actuaciones urban�sticas propias de la operaci�n a gran escala objeto del Macroproyecto. Este �ltimo podr� conformarse por una o varias unidades de ejecuci�n, para efectos de contemplar su desarrollo por fases.

Par�grafo 2�. Adem�s de lo dispuesto en el Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, podr�n ser titulares de licencias urban�sticas para el desarrollo de los predios incluidos en los Macroproyectos, las entidades p�blicas que hayan expedido el acto administrativo por medio del cual se disponga la adquisici�n de tales predios mediante enajenaci�n voluntaria, con la respectiva oferta de compra, a partir de la fecha en que aquel acto se inscriba en el folio de matr�cula inmobiliaria de cada inmueble. En todo caso, no se podr� ejecutar ninguna obra sobre el predio o predios objeto de adquisici�n hasta tanto se haga la entrega de los mismos.

Art�culo 14. Ejecuci�n de los Macroproyectos. La ejecuci�n de los Macroproyectos estar� a cargo del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, y/o de las entidades territoriales. Las �reas metropolitanas y/o los particulares podr�n participar en la ejecuci�n de los Macroproyectos, en los t�rminos que se disponga en el acto administrativo que lo adopte.

De acuerdo con lo determinado en el art�culo 12 del Decreto-ley 555 de 2003, as� como en los art�culos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007, el manejo de los recursos para la ejecuci�n de los Macroproyectos a cargo de Fonvivienda podr� ser contratado total o parcialmente mediante contratos de fiducia mercantil, encargo fiduciario, fondos fiduciarios, de mandato, convenios de administraci�n y dem�s negocios jur�dicos que sean necesarios, as� como gerencias de proyecto o patrimonios aut�nomos.

Par�grafo. Para garantizar la transparencia y eficiencia en la administraci�n y ejecuci�n de los recursos de Fonvivienda, estos ser�n manejados a trav�s de cuentas separadas.

Art�culo 15. Esquemas de participaci�n. El Gobierno Nacional podr� financiar directamente o bajo esquemas de participaci�n p�blico-privada los Macroproyectos y contratar las actividades relacionadas con la gerencia, supervisi�n y seguimiento de cada uno de ellos.

Para la ejecuci�n de Macroproyectos las autoridades nacionales y territoriales podr�n celebrar contratos de fiducia mercantil, en calidad de fideicomitentes y/o beneficiarios en los que adem�s podr�n ser aportantes los particulares y percibir derechos de participaci�n del fideicomiso.

Art�culo 16. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n [�]�.

II.2.1.- Sobre la finalidad[8] de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

�[�] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisi�n adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporaci�n se�al�, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisi�n que se adopte, porque los fallos ser�an ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucci�n o afectaci�n del derecho controvertido [�][9]�

II.2.2.- En este sentido, la Constituci�n Pol�tica le reconoce a la jurisdicci�n contencioso-administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnaci�n por v�a judicial, pero s�lo �por los motivos y con los requisitos que establezca la ley�[10].

II.2.3.- En este punto cabe resaltar que uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

II.2.4.- En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

II.2.5.- En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i)preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii)conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa.[11]

II.2.6.- Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

II.2.7.- En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, como ya se anunci�, �ste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacci�n de la norma que se�ala que �podr� decretar las que considere necesarias�[12]. No obstante lo anterior, a voces del art�culo 229 del CPACA, su decisi�n estar� sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsi�n que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el art�culo 231 �dem, seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla� (Resaltado fuera del texto).

II.2.8.- Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez), se�al�:

�[�] La doctrina tambi�n se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciaci�n provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobaci�n de un da�o ante el transcurso del tiempo y la no satisfacci�n de un derecho [�][13] (Negrillas fuera del texto).

II.2.9.- Por su parte, la Secci�n Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

�[�] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, raz�n por la cual le es exigible a �ste la adopci�n de una decisi�n judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jur�dicos vigentes y de acuerdo a la realidad f�ctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, adem�s, que en ella se refleje la pretensi�n de justicia, raz�n por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposici�n de un razonamiento en donde, adem�s de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderaci�n y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [�][14] (Negrillas no son del texto).

II.2.10.- As� pues, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n, deber� verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposici�n de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderaci�n de intereses.

II.3.- La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos del acto acusado

II.3.1.- En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo[15], se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 231 y siguientes del CPACA.

II.3.2.- Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.[16]

II.3.3.- De otra parte, en relaci�n con el anterior C�digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene que la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la �manifiesta infracci�n de la norma invocada�, indic�ndose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad, se requer�a demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecuci�n del acto. Por ello, la innovaci�n m�s relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en, referirse expresamente a la confrontaci�n de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese an�lisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas[17].

II.3.4.- Dicho lo anterior, es menester indicar que esta Corporaci�n, en el auto de 13 de mayo de 2015[18], citado anteriormente, ha se�alado que:

�[�] la suspensi�n provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendr� que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio [�]�.

II.3.5.- Tal visi�n ha sido compartida por esta Secci�n en el auto de 27 de agosto de 2015[19], en el cual subray� lo siguiente:

�[�] En esta providencia no se est� adoptando decisi�n de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensi�n provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar) [�]�.

II.3.6.- Los principios y requisitos enunciados se concretan, a juicio de este Despacho, en las previsiones especiales del inciso primero del art�culo 231 del CPACA para esta modalidad de cautela, sin perjuicio del an�lisis que para el caso en concreto deba realizar el Juez en relaci�n con la necesidad de la urgencia de la medida cautelar.

II.3.7.- Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este an�lisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), sostuvo:

�[�] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica una confrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda,pero con base en una aprehensi�n sumaria, propia de una instancia en la que las partes a�n no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]� (Resaltado fuera del texto).

II.3.8.- Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevenci�n efectuada por el legislador al advertir que, la decisi�n sobre la medida cautelar, de ning�n modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de �[�] mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto [�]�[20].

II.4.1.- Antes de entrar a estudiar los argumentos expuestos por el actor en su solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto 4260 de 2007, este despacho advierte que ciertos art�culos de esta norma han sido modificados por el Decreto 3671 de 25 de septiembre de 2009[21], en la siguiente forma:

�[�] Art�culo 2�. El numeral 2 del art�culo 7� del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�2. Poder debidamente otorgado por los propietarios de los bienes inmuebles, cuando el Macroproyecto haya sido sugerido por particulares�.

Art�culo 3�. El art�culo 8� del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�Art�culo 8�. Anuncio de los macroproyectos. La identificaci�n y determinaci�n del Macroproyecto culminar� con su anuncio mediante resoluci�n expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con los t�rminos y para los efectos del par�grafo 1 del art�culo 61 de la Ley 388 de 1997.

El acto administrativo que constituye el anuncio del Macroproyecto tendr�, por lo menos, el siguiente contenido:

1. El plano que delimita mediante coordenadas geogr�ficas el �rea preliminar en la cual se formular� el Macroproyecto.

2. La orden de solicitar la pr�ctica de aval�os de referencia para determinar el precio del suelo antes del anuncio del proyecto, programa u obra, cuando estos no hayan sido presentados con el documento t�cnico de soporte de que trata el art�culo 6� del presente decreto.

Dichos aval�os deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente antes del anuncio y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar el Macroproyecto.

3. La orden de publicaci�n del anuncio en el Diario Oficial, Gaceta o registro municipal o distrital, o en el medio oficial id�neo del respectivo municipio o distrito y en un diario de amplia circulaci�n en el municipio o distrito.

Par�grafo 1�. El Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, descontar� del valor comercial de los inmuebles individuales, que se requieran para el desarrollo del Macroproyecto, el monto correspondiente al mayor valor generado por el anuncio del mismo.

Par�grafo 2�. El anuncio de que trata este art�culo no generar� obligaci�n de formular o adoptar el respectivo Macroproyecto ni obligar� a la Administraci�n a presentar oferta de compra sobre los bienes objeto del mismo�.

Art�culo 4�. El numeral 2 del art�culo 9� del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�2. Estudio ambiental que deber� contemplar la descripci�n, caracterizaci�n y an�lisis ambiental del �rea en la cual se pretende desarrollar el Macroproyecto, incluyendo la identificaci�n y delimitaci�n de las �reas que componen la estructura ecol�gica principal y aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisaj�sticos deban ser conservados, as� como la identificaci�n y evaluaci�n de los efectos ambientales indicando las medidas para su manejo, conservaci�n y protecci�n. Igualmente incluir� la identificaci�n de los recursos naturales renovables que requieran ser aprovechados para la ejecuci�n del Macroproyecto y la solicitud de sustracci�n de las �reas de reserva forestal de car�cter nacional, cuando la adopci�n y ejecuci�n del Macroproyecto presentado implique su intervenci�n�.

Art�culo 5�. El numeral 5 del art�culo 9� del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�5. Estructuraci�n financiera del Macroproyecto, la cual deber� contemplar los siguientes aspectos:

Art�culo 6�. El art�culo 10 del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�Art�culo 10. Estudios para la formulaci�n de macroproyectos de inter�s social nacional sugeridos por entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares. Las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares podr�n presentar los estudios ambientales, t�cnicos y financieros correspondientes y los dem�s requisitos y documentos con base en los cuales el Ministerio podr� adelantar la formulaci�n del Macroproyecto de acuerdo con lo establecido en el art�culo anterior.

Estudio ambiental deber� contemplar la descripci�n, caracterizaci�n y an�lisis ambiental del �rea en la cual se pretende desarrollar el Macroproyecto, incluyendo la identificaci�n y delimitaci�n de las �reas que componen la estructura ecol�gica principal y aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisaj�sticos deban ser conservados, as� como la identificaci�n y evaluaci�n de los efectos ambientales indicando las medidas para su manejo, conservaci�n y protecci�n. Igualmente incluir� la identificaci�n de los recursos naturales renovables que requieran ser aprovechados para la ejecuci�n del Macroproyecto y la solicitud de sustracci�n de las �reas de reserva forestal de car�cter nacional, cuando la adopci�n y ejecuci�n del Macroproyecto presentado implique su intervenci�n.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizar� la evaluaci�n t�cnica, financiera y ambiental de los estudios, para lo cual tendr� un t�rmino de ciento veinte (120) d�as h�biles, contados a partir de la radicaci�n de los documentos de que trata este art�culo.

Los estudios que presenten las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares no generar�n la obligaci�n de formular o adoptar el respectivo Macroproyecto.

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resoluci�n, podr� establecer requisitos t�cnicos, financieros y legales complementarios para la elaboraci�n de los estudios de que trata este art�culo�.

Art�culo 7�. El art�culo 12 del Decreto 4260 de 2007 quedar� de la siguiente manera:

�Art�culo 12. Adopci�n de los macroproyectos. Una vez surtidas las etapas anteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� adoptar el Macroproyecto el cual incluir� las licencias, permisos autorizaciones y concesiones de car�cter ambiental que se requieran as� como la sustracci�n de las �reas de reserva forestal nacional cuando la adopci�n y ejecuci�n del Macroproyecto implique su intervenci�n.

Una vez entre en vigencia el acto administrativo por el cual se adopte un Macroproyecto se enviar� copia del mismo a los municipios, distritos y autoridades ambientales con jurisdicci�n en su �rea de ejecuci�n�.

Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los macroproyectos ser�n los beneficiarios de la plusval�a que se genere por la adopci�n de los mismos, y podr�n destinar dichos recursos para el desarrollo del macroproyecto en los t�rminos del art�culo 85 de la Ley 388 de 1997.

Par�grafo 1�. Las �reas incluidas en un Macroproyecto, que no se encuentren en suelo urbano se considerar�n incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de �reas urbanizadas, entendiendo por estas �ltimas las �reas conformadas por los predios que, de conformidad con las normas urban�sticas del respectivo macroproyecto, hayan culminado la ejecuci�n de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesi�n obligatoria contempladas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacci�n de los municipios y distritos, as� como de las empresas de servicios p�blicos domiciliarios correspondientes, cuando sea del caso, en los t�rminos de que tratan el art�culo 51 y siguientes del Decreto 564 de 2006, la reglamentaci�n aplicable a los servicios p�blicos domiciliarios y las dem�s normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Par�grafo 2�. De conformidad con lo establecido en el par�grafo 4� del art�culo 83 de la Ley 388 de 1997, los municipios podr�n exonerar del cobro de la participaci�n en plusval�a a los inmuebles destinados a vivienda de inter�s social.

Par�grafo 3�. Los macroproyectos reglamentados en el presente decreto �nicamente requerir�n la adopci�n de planes parciales para su ejecuci�n cuando as� lo determine el acto administrativo que lo adopte y la entidad ejecutora tendr� la iniciativa para su formulaci�n�.

Art�culo 8�. Reglamentaci�n. Para efectos de la aplicaci�n del presente decreto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los seis meses siguientes a su expedici�n reglamentar� los procedimientos internos que deban surtirse en los procesos de adopci�n de los Macroproyectos.

Dentro del mismo t�rmino el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedir� los t�rminos de referencia para la elaboraci�n de los estudios ambientales de que tratan los art�culos 4� y 6� del presente decreto.

Art�culo 9�. R�gimen de Transici�n. Los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional que se encuentren en tr�mite para su adopci�n antes de la entrada en vigencia del presente decreto, podr�n acogerse a lo dispuesto en el mismo, para lo cual deber�n continuar su proceso de formulaci�n y adopci�n de acuerdo con las presentes disposiciones.

Art�culo 10. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n, modifica el numeral 2 del art�culo 7�, el art�culo 8�, los numerales 2 y 5 del art�culo 9� y los art�culos 10 y 12 del Decreto 4260 de 2007 y deroga todas las normas que le sean contrarias [�]�.

II.4.2.- En relaci�n con las disposiciones del Decreto 4260 de 2007 que fueron modificadas por el Decreto 3671 de 2009, este despacho negar� la solicitud de decreto de la medida cautelar toda vez que esas disposiciones, a la fecha, no se encuentran surtiendo efectos jur�dicos.

II.4.3.- Es as� como el art�culo 91 del CPACA establece que los actos administrativos perder�n obligatoriedad y, por lo tanto, no podr�n ser ejecutados �[�] 5. Cuando pierdan vigencia [�]�, lo cual ocurri� en este caso con las precitadas normas del Decreto 4260 de 2007, tras su modificaci�n posterior por el Decreto 3671 de 2009, a lo que debe sumarse que el demandante delimit� la controversia que deb�a conocer esta Corporaci�n a las normas del Decreto 4260 de 2007 y no a las modificaciones que le imprimi� el Decreto 3671 de 2009, por lo que mal puede este despacho extender el control de legalidad a normas distintas de las enjuiciadas.

II.4.4.- El despacho observa que, posteriormente, las normas del Decreto 4260 de 2007 y las respectivas disposiciones del Decreto 3671 de 2009, que modificaron el precitado decreto fueron compiladas en el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015[22], en la siguiente forma:

Art�culo 2.2.4.2.1.1.1 Macroproyectos de inter�s social nacional. Los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urban�sticas adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeaci�n, financiaci�n y gesti�n del suelo para ejecutar una operaci�n de gran escala que contribuya al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos, �reas metropolitanas o regiones del pa�s.

Los Macroproyectos de que trata la presente secci�n se refieren a la ejecuci�n de operaciones urban�sticas integrales de gesti�n y provisi�n de suelo para vivienda, con especial �nfasis en vivienda de inter�s social y vivienda de inter�s prioritario.

Par�grafo 1�. Las decisiones administrativas y actuaciones urban�sticas adoptadas por el Gobierno Nacional conforman la acci�n urban�stica de la Naci�n.

Par�grafo 2�. Siempre que en esta secci�n se mencionen los Macroproyectos, se entender� que se hace referencia a los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional de que trata el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 1�; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.1.2 Objetivo. Los Macroproyectos deber�n promover el dise�o y ejecuci�n de proyectos integrales que contemplen la habilitaci�n de suelo para vivienda de inter�s social, la provisi�n de servicios p�blicos domiciliarios, redes viales de integraci�n urbana, zonal y local, espacios p�blicos y equipamientos colectivos; desarrollando asentamientos urbanos con altos par�metros de calidad urban�stica y ambiental.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 2�; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.1.3 Determinantes. De conformidad con lo previsto en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, los Macroproyectos son determinantes que se constituyen en normas de superior jerarqu�a en los t�rminos del art�culo 10 de la Ley 388 de 1997, y se entender�n incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, as� como en las directrices de ordenamiento de las �reas metropolitanas.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 3�; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.1.4 Etapas de los Macroproyectos. Las etapas de los Macroproyectos son:

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 4; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.2.1 Identificaci�n y determinaci�n de los Macroproyectos. Para identificar y determinar un macroproyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deber� tener en cuenta los siguientes criterios:

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 5; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.2.2 Documento t�cnico de soporte. Con el fin de establecer si un Macroproyecto cumple con los criterios establecidos en el art�culo anterior, se deber� elaborar un documento t�cnico de soporte que contenga los siguientes aspectos:

2. An�lisis de la din�mica poblacional que describa el impacto del macroproyecto en el respectivo municipio, distrito, �rea metropolitana o regi�n.

6. Las caracter�sticas ambientales, sociales, culturales y/o agrol�gicas de la zona en la cual se desarrollar� el Macroproyecto, identificando las categor�as de protecci�n de que trata el art�culo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto y las dem�s categor�as de protecci�n al interior del per�metro urbano y de expansi�n urba na que se encuentren definidas en las normas urban�sticas estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 6; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.2.3 Macroproyectos sugeridos por entidades territoriales, �reas metropolitanas y/o por particulares. Las entidades territoriales, �reas metropolitanas y/o particulares podr�n sugerir al Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que se identifiquen o determinen Macroproyectos. Dicha solicitud deber� acreditar los requisitos de que trata el art�culo anterior y anexar los siguientes documentos:

2. Poder debidamente otorgado por los propietarios de los bienes inmuebles, cuando el Macroproyecto haya sido sugerido por particulares (Numeral modificado por Decreto 3671 de 2009, art�culo 2).

El Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evaluar� el documento presentado, para lo cual contar� con un t�rmino de sesenta (60) d�as h�biles contados a partir de su radicaci�n, y comunicar� la viabilidad de identificar y determinar el Macroproyecto sugerido, la cual no generar� obligaci�n de formular o adoptar dicho Macroproyecto.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 7; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.2.4 Anuncio de los Macroproyectos. La identificaci�n y determinaci�n del Macroproyecto culminar� con su anuncio mediante resoluci�n expedida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con los t�rminos y para los efectos del par�grafo 1 del art�culo 61 de la Ley 388 de 1997.

El acto administrativo que constituye el anuncio del Macroproyecto tendr�, por lo menos, el siguiente contenido:

1. El plano que delimita mediante coordenadas geogr�ficas el �rea preliminar en la cual se formular� el Macroproyecto.

3. Dichos aval�os deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente antes del anuncio y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar el Macroproyecto.

4. La orden de publicaci�n del anuncio en el Diario Oficial, Gaceta o registro municipal o distrital, o en el medio oficial id�neo del respectivo municipio o distrito y en un diario de amplia circulaci�n en el municipio o distrito.

(Decreto 3671 de 2009, art�culo 3; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.3.1 Formulaci�n de los Macroproyectos. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formular� los Macroproyectos teniendo en cuenta los siguientes contenidos:

1. Delimitaci�n definitiva del �rea mediante coordenadas geogr�ficas donde se desarrollar�n las actuaciones urban�sticas previstas en las normas que adopte el macroproyecto.

2. Estudio ambiental que deber� contemplar la descripci�n, caracterizaci�n y an�lisis ambiental del �rea en la cual se pretende desarrollar el Macroproyecto, incluyendo la identificaci�n y delimitaci�n de las �reas que componen la estructura ecol�gica principal y aquellos otros elementos que por sus valores ambientales, naturales o paisaj�sticos deban ser conservados, as� como la identificaci�n y evaluaci�n de los efectos ambientales indicando las medidas para su manejo, conservaci�n y protecci�n. Igualmente incluir� la identificaci�n de los recursos naturales renovables que requieran ser aprovechados para la ejecuci�n del Macroproyecto y la solicitud de sustracci�n de las �reas de reserva forestal de car�cter nacional, cuando la adopci�n y ejecuci�n del Macroproyecto presentado implique su intervenci�n. (Numeral modificado por Decreto 3671 de 2009, art�culo 4).

3.1 Localizaci�n y trazado del sistema de movilidad (malla arterial e intermedia, y sistemas de transporte urbano y regional).

3.2 Localizaci�n y trazado de la estructura de espacio p�blico (parques, plazas, alamedas y otros espacios peatonales).

3.3 Localizaci�n y trazado de la infraestructura de servicios p�blicos domiciliarios.

3.4 El dimensionamiento y las condiciones para la localizaci�n de equipamientos colectivos tales como educaci�n, cultura, salud, bienestar social, culto, deporte; y equipamientos de servicios p�blicos tales como seguridad, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, recintos feriales, mataderos, cementerios, administraci�n p�blica, terminales de transporte y carga, y aeropuertos.

3.5 Las condiciones para la localizaci�n de los usos previstos en el macroproyecto, con especial �nfasis en la localizaci�n de los terrenos para la vivienda de inter�s social y/o de inter�s prioritario.

4. El proyecto de normas urban�sticas necesarias para el desarrollo de los usos contemplados en cada una de las unidades de ejecuci�n.

5. Estructuraci�n financiera del Macroproyecto, la cual deber� contemplar los siguientes aspectos:

Par�grafo. La estructuraci�n financiera de cada macroproyecto deber� contemplar los mecanismos que aseguren su ejecuci�n.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 9; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.3.2 Estudios para la formulaci�n de macroproyectos de inter�s social nacional sugeridos por entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares. Las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares podr�n presentar los estudios ambientales, t�cnicos y financieros correspondientes y los dem�s requisitos y documentos con base en los cuales el Ministerio podr� adelantar la formulaci�n del Macroproyecto de acuerdo con lo establecido en el art�culo anterior.

Los estudios que presenten las entidades territoriales, �reas metropolitanas o particulares no generar�n la obligaci�n de formular o adoptar el respectivo Macroproyecto.

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resoluci�n, podr� establecer requisitos t�cnicos, financieros y legales complementarios para la elaboraci�n de los estudios de que trata este art�culo.

(Decreto 3671 de 2009, art�culo 6; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.3.3 Aviso a los municipios y distritos. Formulado el Macroproyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dar� aviso mediante comunicaci�n escrita a los representantes legales de los municipios y/o distritos en cuya jurisdicci�n se ejecutar� el Macroproyecto, con el prop�sito de que las acciones urban�sticas que pretendan desarrollar estas entidades territoriales en las �reas que hagan parte del Macroproyecto sean concertadas con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 11; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.4.1 Adopci�n de los Macroproyectos. Una vez surtidas las etapas anteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� adoptar el Macroproyecto el cual incluir� las licencias, permisos autorizaciones y concesiones de car�cter ambiental que se requieran as� como la sustracci�n de las �reas de reserva forestal nacional cuando la adopci�n y ejecuci�n del Macroproyecto implique su intervenci�n.

Par�grafo 1�. Las �reas incluidas en un Macroproyecto, que no se encuentren en suelo urbano se considerar�n incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de �reas urbanizadas, entendiendo por estas �ltimas las �reas conformadas por los predios que, de conformidad con las normas urban�sticas del respectivo macroproyecto, hayan culminado la ejecuci�n de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesi�n obligatoria contempladas en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacci�n de los municipios y distritos, as� como de las empresas de servicios p�blicos domiciliarios correspondientes, cuando sea del caso, en los t�rminos de que tratan el art�culo 2.2.6.1.4.6 y siguientes del presente decreto, la reglamentaci�n aplicable a los servicios p�blicos domiciliarios y las dem�s normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Par�grafo 2�. De conformidad con lo establecido en el Par�grafo 4 del art�culo 83 de la Ley 388 de 1997, los municipios podr�n exonerar del cobro de la participaci�n en plusval�a a los inmuebles destinados a vivienda de inter�s social.

(Decreto 3671 de 2009, art�culo 7; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.5.1 Licencias urban�sticas para la ejecuci�n de Macroproyectos. Las licencias urban�sticas para el macroproyecto se otorgar�n con sujeci�n a las normas urban�sticas adoptadas en este. Dichas normas ser�n de obligatorio cumplimiento por parte de quien tenga la competencia para expedir las licencias urban�sticas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por solicitud de la autoridad competente para expedir licencias urban�sticas, se pronunciar� sobre las contradicciones y vac�os que se presenten en la interpretaci�n de las normas contenidas en los decretos de adopci�n de los Macroproyectos.

Par�grafo 1�. Se entiende por unidad de ejecuci�n el �rea integrada por uno o m�s predios, espec�ficamente determinada sobre la cual se adelantar�n las actuaciones urban�sticas propias de la operaci�n a gran escala objeto del Macroproyecto. Este �ltimo podr� conformarse por una o varias unidades de ejecuci�n, para efectos de contemplar su desarrollo por fases.

Par�grafo 2�. Adem�s de lo dispuesto en el T�tulo 6 de la Parte 2 del presente decreto en materia de licencias urban�sticas, podr�n ser titulares de licencias urban�sticas para el desarrollo de los predios incluidos en los Macroproyectos, las entidades p�blicas que hayan expedido el acto administrativo por medio del cual se disponga la adquisici�n de tales predios mediante enajenaci�n voluntaria, con la respectiva oferta de compra, a partir de la fecha en que aquel acto se inscriba en el folio de matr�cula inmobiliaria de cada inmueble. En todo caso, no se podr� ejecutar ninguna obra sobre el predio o predios objeto de adquisici�n hasta tanto se haga la entrega de los mismos.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 13; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.5.2 Ejecuci�n de los Macroproyectos. La ejecuci�n de los Macroproyectos estar� a cargo del Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, y/o de las entidades territoriales. Las �reas metropolitanas y/o los particulares podr�n participar en la ejecuci�n de los Macroproyectos, en los t�rminos que se disponga en el acto administrativo que lo adopte.

De acuerdo con lo determinado en el art�culo 12 del Decreto-ley 555 de 2003, as� como en los art�culos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007, el manejo de los recursos para la ejecuci�n de los Macroproyectos a cargo de FONVIVIENDA podr� ser contratado total o parcialmente mediante contratos de fiducia mercantil, encargo fiduciario, fondos fiduciarios, de mandato, convenios de administraci�n y dem�s negocios jur�dicos que sean necesarios, as� como gerencias de proyecto o patrimonios aut�nomos.

Par�grafo. Para garantizar la transparencia y eficiencia en la administraci�n y ejecuci�n de los recursos de Fonvivienda, estos ser�n manejados a trav�s de cuentas separadas.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 14; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN)

Art�culo 2.2.4.2.1.5.3 Esquemas de participaci�n. El Gobierno Nacional podr� financiar directamente o bajo esquemas de participaci�n p�blico-privada los Macroproyectos y contratar las actividades relacionadas con la gerencia, supervisi�n y seguimiento de cada uno de ellos.

(Decreto 4260 de 2007, art�culo 15; vigencia condicionada por Sentencia C- 149 de 2010 para MISN) [�]� (negrillas y subrayado fuera de texto)

II.4.5.- El Decreto 1077 de 2015 establece una norma de derogatoria integral cuyo contenido es el siguiente:

�[�] Art�culo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula �ntegramente las materias contempladas en �l. Por consiguiente, de conformidad con el art�culo 3� de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector Vivienda, Ciudad y Territorio que versan sobre las mismas materias, con excepci�n, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creaci�n y conformaci�n de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comit�s, sistemas administrativos y dem�s asuntos relacionados con la estructura, configuraci�n y conformaci�n de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedici�n del presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, las cuales ser�n compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jur�dica.

4) As� mismo quedan vigentes y en consecuencia se except�an de esta derogatoria los decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012 relacionados con normas t�cnicas sobre construcciones sismo resistentes.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendr�n su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jur�dicos permanecen en el presente decreto compilatorio [�]�.

II.4.6.- Dicha derogatoria debe entenderse referida a la derogatoria de todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector Vivienda, Ciudad y Territorio que versen sobre las mismas materias, distintas de aquellas que fueron objeto de compilaci�n, con las excepciones que plantea el mismo decreto, lo cual se encuentra acorde con lo expresado en su parte motiva que resalta su naturaleza de decreto compilatorio, as�:

�[�] Que la racionalizaci�n y simplificaci�n del ordenamiento jur�dico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia econ�mica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jur�dica.

Que constituye una pol�tica p�blica gubernamental la simplificaci�n y compilaci�n org�nica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedici�n con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de car�cter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualizaci�n de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus caracter�sticas propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y dem�s actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilaci�n de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedici�n, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el art�culo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilaci�n de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada art�culo se indica el origen del mismo.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verific� que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaraci�n de nulidad o de suspensi�n provisional, acudiendo para ello a la informaci�n suministrada por la Relator�a y la Secretar�a General del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de car�cter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jur�dico �nico para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario �nico Sectorial [�]�.

II.4.7.- En relaci�n con la expresi�n �[�] Compilar [�]� y los alcances de esta actividad, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-839 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime C�rdoba Trivi�o, explic� lo siguiente:

�[�] 3.2. Sobre el alcance de la expresi�n compilar la Corte se ha pronunciado en m�ltiples oportunidades precisando que �la compilaci�n implica �agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones jur�dicas sobre un tema espec�fico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo. Esta tarea, no involucra en estricto sentido ejercicio de actividad legislativa�.[23]

Quien compila, ha dicho la Corte �limita su actividad a la reuni�n o agregaci�n de normas o estatutos dentro de un criterio de selecci�n que incide en la compilaci�n misma, sin trascendencia al ordenamiento jur�dico en cuanto tal. La funci�n compiladora se encuentra limitada por las normas objeto de ella, de tal manera que el compilador no las puede modificar o sustituir, ni tiene la posibilidad de retirar o excluir disposiciones del sistema jur�dico, as� se las estime innecesarias, superfluas o repetidas y, claro est�, tampoco le es atribuida la funci�n, t�picamente legislativa, de reordenar, con efectos obligatorios erga omnes el articulado de un conjunto normativo�.[24]

Es una facultad que �no puede conllevar la expedici�n de un nuevo texto jur�dico con una numeraci�n y una titulaci�n propia e independiente, pues ello, de conformidad con lo expuesto, equivale a expedir un c�digo�,[25] ya que la compilaci�n �en nada debe alterar la naturaleza misma de las normas agrupadas�.[26]

La jurisprudencia ha concluido entonces sobre los alcances de esta diferenciaci�n entre codificaci�n y compilaci�n en casos concretos, lo siguiente: (i) si �para efectos de expedir un estatuto o una recopilaci�n se concede al Ejecutivo facultades generales para eliminar normas repetidas o superfluas, se supera el estadio de los estatutos o de las recopilaciones y se ingresa al de los c�digos�[27]. (ii) La facultad de compilar �no puede conllevar la expedici�n de un nuevo texto jur�dico con una numeraci�n y una titulaci�n propia e independiente pues ello equivale a expedir un c�digo�.[28] [�]�.

II.4.7.- Conforme con lo anteriormente explicado en relaci�n con la facultad de compilaci�n de normas, el despacho encuentra que las normas del Decreto 4260 de 2007 (que no han sido modificadas por el Decreto 3671 de 2009), no fueron derogadas, siendo �nicamente agrupadas en un solo texto, por lo que no han perdido vigencia y contin�an produciendo efectos jur�dicos, lo que hace procedente el estudio de fondo de la solicitud de decreto de la medida cautelar de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto demandado.

II.4.8.- As� lo han resaltado esta Corporaci�n, que en Auto de 21 de junio de 2018[29], que a prop�sito de un decreto de la misma naturaleza del que se aqu� se analiza, indic�:

�[�] En este punto resulta importante advertir que el Decreto 1073 de 2015[30] es de naturaleza compilatoria. Seg�n lo ha dicho la Corte Constitucional[31], la finalidad de los decretos compilatorios no es otra distinta que la de agrupar unas normas sin cambiar su redacci�n y su contenido, para as� facilitar la consulta de dichas disposiciones. Por consiguiente, tales decretos tienen fuerza indicativa, mas no normativa, pues no derogan ni crean nuevas normas.

En ese sentido, conviene se�alar que el Decreto 1073 de 2015 agrup�, entre otros, el Decreto 933 de 2013, el cual, en su art�culo 28[32], numeral 5, contempla la misma causal de rechazo que aplic� la Agencia Nacional de Miner�a para resolver la solicitud de formalizaci�n minera presentada por Asoarevoy. Entonces, si bien le asiste raz�n a la parte recurrente en el sentido de que en las resoluciones demandadas se invoc� el Decreto 1073 de 2015 (sin fuerza normativa por su naturaleza compilatoria), lo cierto es que el Decreto 933 de 2013 termin� constituy�ndose en el fundamento de rechazo de la respectiva petici�n [�]� (negrilla y subrayado fuera de texto).

II.4.9.- En ese mismo sentido, en Auto de 30 de junio de 2016[33], se explic� que:

�[�] 2.1. En el presente caso se solicita la suspensi�n provisional parcial de los art�culos 6 �expresi�n �independientemente de su r�gimen contractual� - y, 7 �inciso 2� - del Decreto 1050 de 2014 �por el cual se establece la organizaci�n y funcionamiento del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia y se dictan otras disposiciones�.

2.2. Este despacho advierte que mediante el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidi� �el Decreto �nico Reglamentario del Sector de Educaci�n�, en el que en los art�culos 2.5.4.1.2.1.[34] y 2.5.4.1.2.2.[35] reprodujo el contenido de las normas respecto de las cuales se solicita su suspensi�n provisional.

Art�culo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este Decreto regula �ntegramente las materias contempladas en �l. Por consiguiente, de conformidad con el art�culo 3� de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Educaci�n que versan sobre las mismas materias, con excepci�n, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creaci�n y conformaci�n de comisiones intersectoriales, fondos especiales, comisiones interinstitucionales, consejos consultivos, comisiones, comit�s, juntas, foros, sistemas administrativos y dem�s asuntos relacionados con la estructura, configuraci�n y conformaci�n de las entidades y organismos del sector administrativo, as� como las normas que regulan el ejercicio profesional, los consejos y comisiones profesionales.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedici�n del presente Decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, las cuales ser�n compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jur�dica.

4. En particular, se except�an de la derogatoria las siguientes normas reglamentarias: decretos 1509 de 1998, 2880 de 2004, 2770 de 2006, 1875 de 1994 y los art�culos 6.1 a 6.5 del Decreto 4904 de 2009.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente Decreto mantendr�n su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jur�dicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

2.3. El despacho observa que los art�culos 6 y 7 del Decreto 1050 de 2014 fueron compilados en los art�culos 2.5.4.1.2.1 y 2.5.4.1.2.2 del Decreto 1075 de 2015, sin cambiar su redacci�n ni contenido normativo.

2.4. La Corte Constitucional ha se�alado[36] que la facultad de compilaci�n de normas consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones jur�dicas sobre un tema espec�fico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, y puede ser ejercida por cualquier particular o entidad p�blica, o ser delegada en el ejecutivo con fundamento en las facultades de que trata el numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica.

Tal significado coincide con el se�alado por el Diccionario de la Real Academia Espa�ola[37].

S�guese de all� que la compilaci�n de normas tiene por �nico fin facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Es decir, tiene una finalidad sistem�tica, en tanto no crea normas legales, sino que recoge las existentes sobre una misma materia.

Es, en otras palabras, una t�cnica normativa que busca facilitar la consulta de las reglas o enunciados normativos, pero no su extinci�n o cambio.

2.5. En ese orden de ideas, bien puede decirse que material y formalmente las normas demandadas no han sido derogadas, en la medida en que simplemente fueron compiladas, esto es, agrupadas o reunidas en un solo texto.

2.6. Por consiguiente, es procedente analizar la suspensi�n provisional de los art�culos 6 y 7 del Decreto 1050 de 2014 �apartes demandados-, compilados en los art�culos 2.5.4.1.2.1 y 2.5.4.1.2.2 del Decreto 1075 de 2015. [�][38] (Resaltado y subrayado fuera de texto).

II.4.10.- La parte demandante resalta que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-149 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Iv�n Palacio Palacio, declar� la inexequibilidad del art�culo 79 de la Ley 1151 de 24 de julio de 2007[39], por la violaci�n directa de los art�culos 1�, 287, 288, 311 y 313 (numerales 2� y 7�) de la Carta Pol�tica. El Decreto 4260 de 2007, a su turno, fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar los art�culos 79 y 82 de la Ley 1151.

II.4.11.- Estima, entonces, que las mismas razones que sirvieron de fundamento a la Corte Constitucional para retirar del ordenamiento jur�dico el art�culo 79 de la Ley 1151, por la violaci�n de los precitados art�culos, deben ser aplicadas al Decreto 4260 de 2007 y, por ello, dicho decreto infringe esas normas constitucionales.

II.4.12.- Este despacho debe recordar el contenido del art�culo 231 del CPACA que subraya que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, ejercicio omitido por la parte demandante al limitarse a se�alar que el acto administrativo demandado debe ser suspendido en sus efectos por las mismas razones por las cuales la norma que reglament� fue retirada del ordenamiento jur�dico. Tal omisi�n resulta ser una raz�n suficiente para negar la medida cautelar solicitada por la EAAB.

II.4.13.- Corresponder�, entonces, a la decisi�n de fondo, luego de que se desarrollen todas las etapas propias de este proceso judicial, establecer si el Decreto 4260 de 2 de noviembre de 2007 resulta ser violatorio o no de las normas constitucionales enunciadas por el actor, de acuerdo con el concepto de la violaci�n expuesto en la demanda.

En m�rito de lo expuesto, el Consejero de la Secci�n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

PRIMERO: NEGAR la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto 4260 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial

Niega la suspensi�n provisional��DECRETO_4260_2007_02/11/2007

[1] �[�] Por el cual se regula lo relacionado con los macroproyectos de inter�s social nacional [�]�.

[8] Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar tambi�n la providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se asever�: �[�] se busca evitar que la duraci�n del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicci�n, a tal punto que para el momento de obtener una decisi�n favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda �la necesidad de servirse del proceso para conseguir la raz�n no debe convertirse en da�o para quien tiene la raz�n.�

[9] Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Mart�n Berm�dez Mu�oz. Acci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 �Por medio de la cual se expide el C�digo General del Proceso�. Magistrado Ponente: Alberto Rojas R�os. Bogot�, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

[13] Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez.

[14] Sobre la aplicaci�n de la proporcionalidad, la misma providencia indic�: �[�] Se ha sostenido en anteriores ocasiones: [�] All� donde el Juez Administrativo no est� gobernado por reglas, lo m�s posible es que la actuaci�n se soporte en principios o mandatos de optimizaci�n, luego la proporcionalidad y ponderaci�n no son metodolog�as extra�as en la soluci�n de conflictos y en la reconducci�n de la actividad de la jurisdicci�n contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderaci�n no representan ni la limitaci�n, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentaci�n como sustento de toda decisi�n judicial. Cabe, entonces, examinar c�mo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderaci�n, como expresi�n m�s depurada del principio de proporcionalidad� // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinaci�n de una medida cautelar, que no es m�s que la adopci�n de una medida de protecci�n a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden f�ctico referidas a una estimaci�n de los medios de acci�n a ser seleccionados, cuesti�n que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situaci�n de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisi�n que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administraci�n p�blica (necesidad) y, por �ltimo, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jur�dico de ponderaci�n , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectaci�n o no satisfacci�n de cada uno de los principios contrapuestos � El propio art�culo 231 del CPACA. da lugar a estar consideraci�n imperativa en el numeral 4, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: �Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]�.

[15] El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o que se realice una obra o una demolici�n de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopci�n de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopci�n seg�n la Ley (par�grafo).

[16] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[17] Vale la pena ahondar en el tema de la transici�n del r�gimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo CPACA, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), en la cual se puntualiz�: �Ahora bien, centrando el estudio en la suspensi�n provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposici�n, sin desconocer los rasgos caracter�sticos del acto administrativo, ampli�, en pro de una tutela judicial efectiva, el �mbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intenci�n del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretaci�n del art�culo 231 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variaci�n literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicaci�n la idea de que la existencia de una manifiesta infracci�n, a la que hac�a referencia el art�culo 152 del anterior C�digo, fue reemplazada por el surgimiento en el an�lisis judicial de una oposici�n entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposici�n debe arribarse a una conclusi�n diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicci�n obedece y reclama la tutela judicial efectiva.� (Resaltado es del texto).

[18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogot� D.C., 13 de mayo de 2015.Radicaci�n n�mero: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057). Actor: CARACOL Televisi�n S.A. y RCN Televisi�n S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisi�n � ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensi�n provisional)

[19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, Consejera ponente: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Bogot�, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2015-00194-00. Actor: Marco Fidel Ram�rez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protecci�n Social.

[20] As� lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente n�m. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: �Con el �nimo de superar los temores y las reservas que siempre acompa�aron a los Jueces respecto del decreto de la suspensi�n provisional en vigencia de la legislaci�n anterior, c�lebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del art�culo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que �[l]a decisi�n sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento�. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces �la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto sub lite� [ ]. Una suerte de presunci�n iure et de iure, sobre c�mo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisi�n, que busca adem�s promover la efectividad del nuevo r�gimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido se�alado que este enunciado debe ser visto como un l�mite a la autorizaci�n que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximaci�n al asunto este an�lisis debe ser apenas preliminar, raz�n por la cual no puede suponer un examen de fondo o �prejuzgamiento� de la causa [ ]. La carga de argumentaci�n y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoraci�n sin tener que desplegar un esfuerzo anal�tico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen m�s profundo que debe preceder a la sentencia�.(Negrillas fuera del texto).

[21] �[�] por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4260 de 2007 y se dictan otras disposiciones [�]�.

[22] �[�] por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio [�]�.

[23] Sentencia C-340 de 2006. M.P. Jaime C�rdoba Trivi�o. Ver igualmente la sentencia C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Renter�a.

[25] Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia, la Corte estudi� el art�culo 199 de la ley 136 de 1994, sobre modernizaci�n de los municipios, que autorizaba al Presidente de la Rep�blica, mediante facultades extraordinarias a �compilar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organizaci�n y funcionamiento de los municipios. Para este efecto se podr� reordenar la numeraci�n de las diferentes normas y eliminar aquellas que se encuentren repetidas o derogadas�. En esa oportunidad, la norma acusada fue declarada inexequible, as� como el Decreto Ley 2626 de 1994 que se expidi� en cumplimiento de tales facultades, - por unidad normativa -, porque a juicio de la Corte se �desconoci� la prohibici�n taxativamente prevista en esa disposici�n, pues a trav�s del Decreto 2626 de 1994 lo que [se] hizo no fue una simple compilaci�n, sino que se expidi� un nuevo ordenamiento jur�dico, agrupado en un s�lo texto formalmente promulgado, lo que constituye, por ende, un c�digo. (�)En efecto, puede observarse que en �l se expidi� una diferente numeraci�n y titulaci�n y, lo que es m�s importante, se cre� un ordenamiento jur�dico nuevo. (�)�. As�, no obstante que el legislador ordinario utiliz� la palabra �compilar�, advirti� la sentencia, compilar no puede comportar la expedici�n de un nuevo texto jur�dico en el que se incorporen disposiciones nuevas, o se deroguen o refundan otras, por ser ello una atribuci�n eminentemente legislativa.

[27] Sentencia C-255 de 1995 M.P. Jorge Arango Mej�a. En esta providencia, la Corte estudi� el Decreto Ley 1298 de 1994, relacionado con el Estatuto Org�nico del Sistema Nacional de Salud; decreto expedido en raz�n de las facultades extraordinarias asignadas al Presidente por la Ley 100 de 1993, art�culo 248, para el efecto, con el objeto de �expedir el estatuto org�nico del sistema nacional de salud, de numeraci�n continua, con el objeto de sistematizar incorporar y armonizar en un solo cuerpo jur�dico las normas vigentes en materia de salud (�) Con tal prop�sito podr� reordenar la numeraci�n de las diferentes disposiciones (�) sin que se altere su contenido y podr� eliminar las normas repetidas o superfluas�. Dijo la Corte Constitucional en esa oportunidad que expedir �un estatuto org�nico del sistema de salud, de numeraci�n continua, con el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jur�dico las normas vigentes en materia de salud, no es diferente a expedir un c�digo. Con mayor raz�n, si la facultad permite al Presidente "eliminar las normas repetidas o superfluas", lo que podr�a conducir a la derogaci�n por esta v�a de normas que hacen parte de leyes org�nicas o estatutarias�. Concluy� la providencia, acogiendo la jurisprudencia sentada por la sentencia C-129 de 1995 ya enunciada, que tanto el decreto ley como el art�culo de la ley 100 de 1993 que conced�a tales facultades eran inexequibles, dado que el Estatuto Org�nico del Sistema General de Seguridad Social en Salud era �un verdadero c�digo�. As� lo demuestran �su extensi�n, pues consta de 723 art�culos, y el hecho de enumerarse en el art�culo 722 todas las leyes que "incorpora y sustituye", que son ocho, expedidas entre los a�os de 1979 y 1994�.

[29] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N TERCERA, SUBSECCI�N A. Consejera ponente: MARTA NUBIA VEL�SQUEZ RICO. Bogot�, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicaci�n n�mero: 11001-03-26-000-2016-00144-00(57917). Actor: ASOCIACI�N DE ARENEROS Y VOLQUETEROS DE YOND�. Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINER�A.

[30] �Por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ�a�, con el objetivo �de compilar y racionalizar las normas de car�cter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jur�dico �nico para el mismo�.

[31] En la sentencia C-508 de 1996 se lee: �3- Para la Corte sigue siendo indudable que, desde el punto de vista formal, estos decretos compiladores no tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas normas legales sin cambiar su redacci�n y contenido, todo con el �nico fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces �nicamente una finalidad sistem�tica, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al servicio de la consulta de las leyes, pero no constituyen una nueva disposici�n legal aut�noma. Tal fue la raz�n por la cual la Corte consider� que esos decretos eran �ejecutivos�, y no normas legales, pues tienen �una mera fuerza indicativa� ya que �su finalidad no es otra que la de facilitar la consulta� de las leyes compiladas� (M.P. Alejandro Mart�nez Caballero).

[32] �Art�culo 28. Causales de rechazo. Se rechazar� de plano la solicitud de formalizaci�n de miner�a tradicional en los siguientes casos (�) 5. Cuando la persona que radique la solicitud no sea aquella a la que se le asign� el PIN (�)�.

[33] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Bogot� D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-27-000-2015-00066-00(22069). Actor: LUCY CRUZ DE QUI�ONES. Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. AUTO.

[34] �Art�culo 2.5.4.1.2.1. Del hecho generador. De conformidad con el art�culo 5 la Ley 1697 de 2013, los contratos gravados por la contribuci�n parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional Colombia y dem�s universidades estatales Colombia, son aquellos cumplen con siguientes dos (2) condiciones:

2. suscritos por entidades del orden nacional, definidas en el art�culo 2 la Ley 80 de 1993, independientemente su r�gimen contractual. (Decreto 1050 2014, art�culo 6).

[35] Art�culo 2.5.4.1 De la retenci�n de contribuci�n. [�] Los jefes de las oficinas pagadoras de las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n, que efect�en giros sobre contratos de obra p�blica y sus adiciones, as� como sobre los. contratos conexos al de obra, celebrados sin situaci�n de fondos o con recursos propios, y los jefes de las oficinas pagadoras de las dem�s entidades del orden nacional que efect�en giros sobre contratos de obra p�blica y sus adiciones, as� como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con recursos propios; son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribuci�n parafiscaI de la que trata la Ley 1697 de 2013, en el porcentaje correspondiente seg�n lo establecido en el art�culo 8 de la ley mencionada. [�](Decreto 1050 2014, art�culo 7)�.

[37] �Compilar: Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos�. P�gina 523.

[38] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Bogot� D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-27-000-2015-00066-00(22069). Actor: LUCY CRUZ DE QUI�ONES. Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. AUTO.

[39] �[�] por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 [�]�.