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Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato Vald�sNACI�N � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA REGISTRAL Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTROASOCIACI�N COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS P�BLICOS DE COLOMBIAfalse19/12/2018Acuerdos: n�mero 001 de 18 de diciembre de 2012 y n�mero 001 de 21 de febrero de 2013Identificadores10030182784true1285043original30160652Identificadores

Norma demandada: �Acuerdos: n�mero 001 de 18 de diciembre de 2012 y n�mero 001 de 21 de febrero de 2013

Demandante: �ASOCIACI�N COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS P�BLICOS DE COLOMBIA

Demandado: �NACI�N � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA REGISTRAL Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Demandante: ASOCIACI�N COLEGIO DE REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS P�BLICOS DE COLOMBIA

Demandados: NACI�N � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA REGISTRAL Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

TESIS: IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSI�N PROVISIONAL POR INAPLICABILIDAD DE LAS DISPOSICIONES ACUSADAS

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los Acuerdos n�mero 001 de 18 de diciembre de 2012 �Por medio del cual se adopta el reglamento interno y los rituales de funcionamiento del Consejo Superior de la Carrera Registral, establecido en la Ley 1579 de 2012�, y n�mero 001 de 21 de febrero de 2013�Por el cual se convoca y se fijan las bases del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral�, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Registral.

El ciudadano Oscar Pe�a Mateus, en representaci�n de la Asociaci�n Colegio de Registradores de Instrumentos P�blicos de Colombia (en adelante Colegio de Registradores), instaur� demanda ante esta Corporaci�n[1], en ejercicio del medio de control de consagrado en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo - CPACA, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensi�n provisional[2], de los Acuerdos: n�mero001 de 18 de diciembre de 2012 y n�mero 001 de 21 de febrero de 2013, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Registral.

La parte actora expone los siguientes fundamentos para solicitar la suspensi�n provisional de los actos administrativos demandados:

I.2.1. Resalta que la Ley 1579 de octubre 1� de 2012 �Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos p�blicos y se dictan otras disposiciones�, dispuso todo lo concerniente a la integraci�n del Consejo Superior de Carrera Registral, como organismo rector de dicha carrera, en la siguiente forma:

�[�] Art�culo 85. Consejo Superior de la Carrera Registral. Cr�ase el Consejo Superior de la Carrera Registral como organismo rector de la Carrera Registral, el cual estar� integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidir�; dos (2) delegados del Presidente de la Rep�blica elegidos para un per�odo de dos (2) a�os; el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la Naci�n o su Delegado con las mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, un principal y uno seccional, elegidos para un per�odo de dos (2) a�os, con sus respectivos suplentes quienes asistir�n en caso de ausencia de los principales. El Superintendente de Notariado y Registro, asistir� con voz pero sin voto [�]� (Negrillas y subrayas insertas en el texto de la demanda).

I.2.2. Manifiesta que los Acuerdos demandados van en contrav�a de dicha norma, al se�alar lo siguiente:

�[�] Si de momento no existen los dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, este vac�o no lo pod�a llenar un Acuerdo, por tanto y en tanto, quien deb�a suplir este vac�o era el propio Legislador [�] El hecho de integrar el Consejo por la v�a del Acuerdo, es extender la facultad legislativa que no posee; de all� que la imposibilidad material que aduce el Consejo, jam�s habilita a ese organismo para designar la forma de provisi�n de un integrante del Consejo, como lo hizo el citado organismo a trav�s del Acuerdo 001 de 2012 [�] Si la ley expresamente se�al� qui�nes integran el Consejo y uno de sus integrantes no puede comparecer por inexistencia, sencillamente el organismo no existe y solo tendr� vida jur�dica, en el instante en que el Legislador a trav�s de una ley disponga la forma de suplir ese vac�o, pero bajo ninguna circunstancia, lo puede hacer el Consejo Superior de la Carrera Registral, a trav�s de un acto administrativo como el que aqu� se est� impugnando, por ilegalidad plena [�] Desde la perspectiva legal, todos los elementos hasta ahora reunidos apuntan a se�alar, que al no haberse elegido a los delegados del Presidente de la Rep�blica, as� como a los delegados de las Registradores de Carrera, principal y seccional en la forma y t�rminos dispuestos por el art�culo 85 de la Ley 1570, es procedente la suspensi�n provisional de las Acuerdos 001 de 2012 y 001 de 2013, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Registral, en atenci�n a que la integraci�n del organismo, vulner� directamente la ley [�]�[3].

I.2.3. Indica, adem�s, que el art�culo 5� del Acuerdo 001 de 2003, contrar�a lo dispuesto por el art�culo 61� de la Ley 1579 de 2013, norma que precept�a lo siguiente: �[�] La cancelaci�n de un asiento registral es el acto por el cual se deja sin efecto un registro o una inscripci�n [�]�; porque, en su sentir, dicho Acuerdo �[�] no solo introdujo una serie de definiciones, sino que desbord� a�n m�s el Ordenamiento jur�dico, cuando se inmiscuy� en cu�les eran los cargos de direcci�n, manejo y control en todos los niveles de la Administraci�n p�blica en Colombia; [�] no obstante tampoco se qued� ah� el acto administrativo citado, sino que defini� tambi�n entre otras; las funciones notariales, la judicatura, el profesorado universitario en derecho, as� como el ejercicio de la profesi�n de abogado [�]�[4].

I.2.4. En la misma direcci�n, la parte actora transcribe los art�culos 15 del Acuerdo 001 de 2013 y 91 de la Ley 1579 de 2012, el primero referente a la �Estructura del concurso de m�ritos� y el segundo, a la �valoraci�n� de la experiencia, capacitaci�n y estudios para la calificaci�n de los concursos, para concluir se�alando lo siguiente:

�[�] el sesgo administrativo que estableci� el Acuerdo 001 de 2013, no es ni de lejos una meta razonable, pareciera que la profesionalizaci�n de la actividad registral, no est� haciendo m�s f�cil las cosas, porque el Consejo Superior de la Carrera Registral ha actuado por encima de la ley, por tanto existe un cariz negativo del organismo, porque seg�n lo hasta ahora hecho, ha llevado a cabo sus actividades bajo la sospecha de ilegalidad, alcanzando un nivel de descr�dito; en consecuencia se percibe el rechazo a los actos administrativos que ha expedido, as� como a su integraci�n por fuera de la ley [.. ]�[5].

I.2.5. La parte actora enfatiza que el art�culo 90 de la Ley 1579 de 2012, referido al �Concurso y lista de elegibles�, fue vulnerado por el art�culo 31 del Acuerdo 001 de 2013, que se refiere a la �Entrevista�, y para ello expone lo siguiente:

�[�] seg�n lo dispuesto en la ley, el organismo rector es el Consejo Superior de la Carrera Registral, el cual carece de facultades para delegar y mucho menos garantista para los participantes en el concurso que el Consejo Superior pueda delegar o designar a funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro para que sirvan de jurados en las entrevistas. Por el contrario las entrevistas deber�n ser realizadas por el pleno del Consejo Superior de la Carrera Registral, que como ya lo hemos dejado explicado, al no estar integrado como la ley lo establece, menos a�n puede delegar para llevar a cabo las citadas entrevistas [�]�[6].

�[�] La entrevista a los futuros registradores, es una muestra palmaria del caos normativo que padece el Consejo Superior de la Carrera Registral, a trav�s de las expedici�n de normativas que ponen en riesgo a todos los participantes en el concurso; de manera que, desde esta perspectiva el art�culo 31 del Acuerdo 001 de 2013, deber� formar parte de esta providencia que no solo suspenda provisionalmente el Acuerdo citado, sino que decrete la nulidad del mismo, ya que al organismo rector de la carrera registral, no le est� permitido, ni modificar la ley registral, ni tampoco reglamentarla [�]�[7].

I.2.6. Concluye precisando que �[�] debemos reconocer que frente a la Ley 1579 de 2012, existi� una omisi�n legislativa, que ha servido como soporte de las actuaciones irregulares del Consejo Superior de la Carrera Registral [�]�[8].

De la solicitud de suspensi�n provisional, se corri� traslado al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y Registro.[9]

II.1.1. El Director de la Direcci�n de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jur�dico del Ministerio de Justicia y del Derecho, se opuso a la medida solicitada, exponiendo los siguientes argumentos:

II.1.1.1. Resalta que la solicitud presentada por el Colegio de Registradores no cumple con la exigencia prevista en el nuevo r�gimen de las medidas cautelares de la Ley 1437 de 2011, seg�n el cual, la vulneraci�n debe surgir del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como vulneradas.[10]

II.1.1.2. Se�ala que la Ley 1579 del 2012, por medio de la cual se expidi� el estatuto de registro de instrumentos p�blicos, cre� el Consejo Superior de la Carrera Registral y dispuso que el mismo estar�a integrado, entre otros, �[�] por dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, un principal y uno seccional, elegidos para un per�odo de dos (2) a�os, con sus respectivos suplentes quienes asistir�n en caso de ausencia de los principales [�]� (art.85); lo cual, seg�n el Colegio de Registradores gener� �[�] un vac�o que solo se puede ser llenado por el legislador [�]�[11], en tanto, para ese momento no exist�an registradores de carrera.

II.1.1.3. En tal sentido, manifiesta que no existe ning�n vac�o legislativo dado que, en este punto, su operatividad qued� sujeta a una condici�n inexistente, dado que registradores de carrera solo pod�an existir cuando empiece a aplicarse esa ley, en cuanto ella es la que viene a darles estatus y vida jur�dica. En estas circunstancias, se�ala que el Consejo Superior de la Carrera Registral, a trav�s del citado par�grafo transitorio, lo que hizo fue organizar un mecanismo provisional, a fin de que la ley pudiera tener vida y pudiera cumplirse.[12]

II.1.1.4. Se�ala, adem�s, que �[�] no se ven los peligros de que habla el actor, de que con ese mecanismo se hubiera subvertido el orden constitucional, o se pusiera en entredicho nuestro sistema jur�dico pol�tico del Estado de Derecho. Se observa que es una aplicaci�n adecuada y oportuna de la ley, teniendo como objetivo el funcionamiento de la Administraci�n, haciendo posible que la carrera registral pasara de la norma a la realidad [�] la norma impugnada no resulta violatoria de las disposiciones superiores invocadas como vulneradas [�]�[13].

II.2. La Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Carrera Registral, guardaron silencio en relaci�n con la solicitud de medida cautelar solicitada.

De dichos actos administrativos se transcriben los apartes de las disposiciones acusadas relevantes para la definici�n del tema que nos ocupa.

Como organismo rector de la carrera registral, conforme a lo dispuesto en el art�culo 125 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 85 de la Ley 1579 de 2012, en ejercicio de sus atribuciones, y

Que el Art�culo 125 de la Constituci�n Pol�tica dispone que los empleos en las entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones establecidas en la misma Constituci�n, y que el ingreso a los cargos p�blicos se har� previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los m�ritos y calidades de los aspirantes a dichos cargos;

Que el art�culo 131 superior, dispone que "(...) compete a la ley la reglamentaci�n del servicio p�blico que prestan los notarios y registradores� as�, se establece el r�gimen especial en el estatuto de registro de Instrumentos p�blicos, Ley 1579 del 1� de octubre de 2012.

Que el Consejo Superior, cuya finalidad es regir la carrera registral y velar porque el acceso y permanencia en la misma se ajuste a los principios consagrados en el bloque de constitucionalidad y las normas relevantes aplicables a los registradores de instrumentos p�blicos.

ART�CULO PRIMERO.- NATURALEZA JUR�DICA. El Consejo Superior de la Carrera Registral es el organismo del sector central de la administraci�n p�blica, el cual, en desarrollo de lo dispuesto en los art�culos 123,125 y 131 de la Constituci�n Pol�tica, el art�culo 85 de la Ley 1579 de 2012 y dem�s disposiciones legales concordantes y complementarias, tiene a su cargo la convocatoria y administraci�n de los concursos de ingreso a la carrera registral, directamente o a trav�s p�blico o privado dichos concursos.

ART�CULO SEGUNDO.- FINALIDAD. El Consejo Superior tiene como finalidad proteger el m�rito como principio y garant�a, dentro del sistema de acceso a la carrera registral, esto es, el concurso p�blico y para el nombramiento de registradores de instrumentos p�blicos en propiedad y el ingreso a la carrera registral, al igual que la administraci�n de la carrera registral.

ART�CULO TERCERO.- PRINCIPIOS. El Consejo Superior act�a de conformidad con los principios de la funci�n administrativa establecidos en et art�culo 209 de la Constituci�n Pol�tica Colombiana, en el cumplimiento de sus funciones.

ART�CULO CUARTO.- SEDE Y LUGAR DE SESIONES, El Consejo Superior tiene como sede la ciudad de Bogot� D.C. Sus reuniones se llevar�n a cabo en el despacho del Ministro o Ministra de Justicia y Derecho, de manera virtual o en el lugar en que su presidente lo convoque. No obstante, por razones de seguridad o de conveniencia, podr�n celebrarse en otro sitio de la ciudad o del territorio nacional que acuerde el Consejo Superior por decisi�n mayoritaria de sus miembros, conforme a lo dispuesto en el art�culo 86 de la Ley 1579 de 2012, y a las normas concordantes del presente reglamento.

ART�CULO QUINTO.- MIEMBROS. Conforme al art�culo 85 de la Ley 1579 de 2012, son miembros del consejo Superior, el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidir�, sin perjuicio de la delegaci�n del art�culo 9� de la Ley 489 de 1998; dos (2} delegados del Presidente de la Rep�blica elegidos para un periodo de dos (2) a�os; el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la Naci�n o su Delegado con las mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, uno Principal y uno Seccional elegidos para un periodo de dos (2) a�os, con sus respectivos suplentes quienes asistir�n en caso de ausencia de los principales. El Superintendente de Notariado y Registro, asistir� con voz pero sin voto.

PAR�GRAFO TRANSITORIO: Por imposibilidad material de seleccionar un representante de carrera de los registradores principales, este ser� invitado de aquellos que se encuentran ejerciendo en provisionalidad, mientras se conforma la lista de elegibles y hasta tanto sea posible su designaci�n en propiedad, tras su conformaci�n el mismo ser� elegido de acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 85 de la Ley 1579 de 2012.

ART�CULO SEXTO.- FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. Dentro de las facultades relacionadas con la administraci�n de los concursos de Ingreso a la carrera registral y como rector de la misma, el Consejo Superior ejercer� las siguientes funciones;

a) Establecer de acuerdo con la Constituci�n, la ley y los reglamentos, los lineamientos generales conforme a los cuales se desarrollar� el concurso de m�ritos para la provisi�n en propiedad de los cargos de registrador de instrumentos p�blicos, tanto principales como seccionales;

b) Expedir cuando sea necesario, acuerdos, circulares e instrucciones administrativas para aplicaci�n de las normas que regulan la carrera registral;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el nombramiento en propiedad de los registradores de instrumentos p�blicos del pa�s, de acuerdo con los t�rminos y condiciones establecidos por la Constituci�n, la ley y los reglamentos;

d) Realizar directamente o a trav�s de una universidad de car�cter p�blico o privado los concursos para el nombramiento de registradores de instrumentos p�blicos en propiedad;

e) Conformar, organizar, administrar y entregar cuando sea del caso a los nominadores, las listas de elegibles para el nombramiento de registradores de instrumentos p�blicos en propiedad;

f) Requerir apoyo administrativo, jur�dico y t�cnico de la Superintendencia de Notariado y Registro, y de la Secretaria T�cnica del Consejo Superior, para recibir, tramitar y responder los derechos de petici�n que se presenten, conforme a lo establecido en el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los proyectos de respuesta cuando su importancia lo amerite, se discutir�n y aprobaran por el Consejo. Toda resoluci�n del Consejo Superior, ser� debidamente motivada y contra las mismas solo proceder�, si es del caso, el recurso de reposici�n en los t�rminos del art�culo 89 de la Ley 1579 de 2012, el cual ser� desatado en los t�rminos de ley.

g) Conocer y resolver los impedimentos y recusaciones que se formulen contra sus miembros, aplicando para estos efectos se aplicara en lo pertinente, las causales, procedimientos y tr�mites dispuestos en el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

h) Realizar las entrevistas que forman parte del concurso para el nombramiento de registradores de instrumentos p�blicos en propiedad, o delegar a quien deba hacerlo de acuerdo con lo prescrito en el art�culo 91 de la Ley 1579 de 2012. El Consejo Superior en todo caso, determinar� con suficiente antelaci�n el nombre de los jurados que llevar�n a cabo cada sesi�n de entrevistas en particular y ordenar� las publicaciones respectivas;

i) Solicitar la colaboraci�n del Superintendente Delegado para el Registro de Instrumentos P�blicos de la Superintendencia de Notariado y Registro quien en virtud de lo consignado en el art�culo 87 de la Ley 1579 de 2012 desempe�a las funciones de Secretario T�cnico del Consejo Superior para la Carrera Registral, para que cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 88 del estatuto de registro de instrumentos p�blicos y con cargo al presupuesto de la Superintendencia de Notariado y Registro, asigne los recursos necesarios para la realizaci�n de los concursos y en general los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Superior de la Carrera Registral.

j) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, a�n en el desarrollo de los mismos, el Consejo Superior podr� en cualquier momento, de oficio o a petici�n de parte, adelantar acciones de verificaci�n y control de la gesti�n de los procesos con el fin de observar su adecuaci�n al principio de selecci�n objetiva;

k) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de violaci�n de las normas de la carrera registral, para efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;

l) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicaci�n de los principios de m�rito, igualdad, transparencia, econom�a y celeridad en los concursos de ingreso a la carrera registral;

ART�CULO S�PTIMO.- CONVOCATORIA A SESIONES. Las sesiones del Consejo Superior, se convocan por el Presidente del mismo de acuerdo con el contenido del art�culo 86 de la Ley 1579 de 2012, con paci�n no menor a tres d�as h�biles a su celebraci�n. Toda convocatoria se acompa�ar� del orden del A propuesto para la respectiva sesi�n. La convocatoria se har� por escrito o por correo electr�nico y en ella se se�alar� el lugar, fecha, hora y objeto de la sesi�n. En caso de urgencia, la citaci�n podr� ser verbal, de lo cual se dejar� constancia en el acta correspondiente.

ART�CULO OCTAVO.- ORDEN DEL D�A Y ENTREGA ANTICIPADA DE DOCUMENTOS. El orden del d�a ser� fijado por el Presidente y ser� enviado previamente a los consejeros. Dicho orden podr� ser modificado por decisi�n del Consejo Superior dentro de la sesi�n. Los documentos que se vayan a discutir en cada sesi�n se entregaran con la misma anticipaci�n que se convoca la sesi�n, o acompa�ando dicha convocatoria, allegando copia de los documentos a cada uno de los consejeros para su estudio previo.

ART�CULO NOVENO.- QUORUM, VOTACIONES Y MAYOR�AS. El Consejo Superior podr� deliberar con mitad m�s uno de sus integrantes, de acuerdo a lo consignado en el art�culo 86 de la Ley 1579 de 2012. Las votaciones ser�n p�blicas y las decisiones se adoptar�n por mayor�a absoluta de sus integrantes. En caso de empate, y atendiendo a la figura del voto preferente, el encargado de dirimirlo ser� el presidente del Consejo. Los consejeros que se aparten de la decisi�n mayoritaria deber�n consignar por escrito dentro t�os tres d�as siguientes a la sesi�n, los motivos en que se fundare su determinaci�n.

Que el Art�culo 125 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia consagra que los empleos en las entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones establecidas en la misma Constituci�n, y que el ingreso a los cargos p�blicos se har� previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los m�ritos y las calidades de los aspirantes a dichos cargos;

Que el art�culo 131 de la Carta Constitucional establece que compete a la ley determinar la reglamentaci�n del servicio p�blico que prestan los Registradores de Instrumentos P�blicos;

Que el Congreso de la Rep�blica expidi� la Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos p�blicos y se dictan otras disposiciones;

Que la Ley 1579 de 2012, en su art�culo 75 dispone que el nombramiento de los Registradores de Instrumentos P�blicos debe realizarse mediante concurso de m�ritos;

Que los art�culos 85 y 90 de la Ley 1579 de 2012, disponen que el Consejo Superior de la Carrera Registral es el organismo rector de la Carrera y ser� el �rgano facultado para convocar, administrar y realizar los concursos de m�ritos para ingresar al r�gimen de carrera;

Que el Plan Estrat�gico de la Superintendencia de Notariado y Registro trazado para el periodo 2012-2016, contempla la provisi�n de los cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos Principales y Seccionales mediante concurso de m�ritos;

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-588 de 2009 determin� que la carrera administrativa es un principio constitucional, y como tal una norma jur�dica superior de aplicaci�n inmediata, y que es el instrumento m�s adecuado ideado por la ciencia de la administraci�n para el manejo del elemento humano en la funci�n p�blica, convirti�ndose en la regla general que admite las excepciones expresamente contempladas en la misma disposici�n superior, con lo que su aplicaci�n como mecanismo para el acceso al empleo p�blico, tiene plena justificaci�n;

Que el anterior pronunciamiento ha sido reiterado en sentencia C-249 de 2012, estableciendo que el principio del m�rito comparte el car�cter de regla general correspondiente a la carrera administrativa, y que cuando se trate de proveer cargos en propiedad la selecci�n objetiva basada en este principio debe ser la que prime, antes que cualquier otro criterio dentro del acceso, permanencia y retiro del empleo p�blico;

Que mediante sentencia SU-913 de 2009, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional determin� que las convocatorias a los concursos de m�ritos se constituyen en ley para las partes y son de obligatoria aplicaci�n y observancia, conforme a lo preceptuado en el art�culo 31 de la ley 909 de 2004;

Que la Honorable Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otros la sentencia SU-446 de 2011, ha se�alado que la lista de elegibles debe estructurarse en estricto orden de m�ritos de conformidad con los resultados del concurso y que los cargos que sean ofertados se proveer�n en estricto orden descendente:

Que el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de noviembre de 2011, estableci� que la viabilidad de la realizaci�n de los tr�mites de las convocatorias a trav�s de internet en el marco de los concursos de m�ritos, obedece a la necesidad de estar acorde con las exigencias actuales en torno a la inmersi�n del Estado en la "sociedad de la informaci�n y el conocimiento". Siendo el uso de este medio una clara manifestaci�n de la implementaci�n de las nuevas tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n en la administraci�n p�blica.

Que de acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en el Estado colombiano se ha establecido la especial protecci�n que merece el inter�s colectivo de las comunidades ind�genas. Esta protecci�n constitucional prevalente es plenamente aplicable a las comunidades afro descendientes y raizales.

Que para garantizar los mecanismos tendientes al acceso de esta comunidad a la Carrera registral, se deben prever las acciones afirmativas del caso para desarrollar el principio de igualdad que las cobija en la provisi�n del cargo convocado en el Departamento de San Andr�s y Providencia. En consecuencia se hace necesaria la garant�a de prevalencia de la condici�n de raizal, para efectos de nombramiento e ingreso a la carrera registral, siempre y cuando el aspirante que cumpla dichas condiciones haga parte de la Lista de Elegibles.

Art�culo 1. Convocatoria. Conv�quese a Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos e ingreso a la carrera registral, para ocupar el cargo de Registrador de Instrumentos P�blicos principal, as� como el cargo de Registrador de Instrumentos P�blicos seccional, de la totalidad de regiones registrales del territorio nacional conforme al Art�culo 73 de la Ley 1579 de 2012, vacantes a la fecha de publicaci�n de la presente convocatoria y las que resulten vacantes o se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso o la vigencia de la lista de elegibles. Igualmente, f�janse las bases del concurso de m�ritos, las cuales se establecen como reglas obligatorias para los participantes y las autoridades del concurso conforme a sus previsiones, la ley, la Constituci�n y dem�s actos administrativos que lo modifiquen o aclaren.

Art�culo 2. Nombramiento. El nombramiento de los Registradores de Instrumentos P�blicos lo har� el Gobierno Nacional o el Superintendente de Notariado y Registro seg�n sea el caso, de la lista de elegibles que presente el Consejo Superior de la Carrera Registral como resultado del concurso que se convoca mediante este Acuerdo, conforme lo preceptuado en el Art�culo 75 de la Ley 1579 de 2012.

Par�grafo: Los aspirantes que sean nombrados deber�n acreditar al momento de su posesi�n los requisitos para el ejercicio del cargo mediante la documentaci�n requerida.

Art�culo 3.Principios orientadores del concurso de m�ritos. El Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral est� sujeto a los siguientes principios:

i.M�rito: El m�rito es el factor objetivo determinante para el acceso a la Carrera registral y la permanencia en el cargo. Incluye entre otros, la valoraci�n y an�lisis de la experiencia laboral, los conocimientos; las capacidades, competencias, habilidades, destrezas y los rasgos de personalidad propios de quienes aspiran al cargo de Registrador de Instrumentos P�blicos en cualquiera de las dos categor�as convocadas.

ii. Libre concurrencia: Todos los aspirantes que cuenten con las calidades m�nimas exigidas por la Ley podr�n participar en el concurso de m�ritos para as� garantizar la participaci�n en el concurso de m�ritos; a la vez que posibilita la competencia y oposici�n de los interesados en la provisi�n de los cargos.

iii. Igualdad en el ingreso: Todo ciudadano que cumpla con los requisitos generales y espec�ficos tiene derecho a presentarse al concurso de m�ritos en igualdad de condiciones. Tambi�n tiene el derecho a desempe�ar cargos p�blicos mediante nombramiento de la lista de elegibles si logr� su inclusi�n de acuerdo a sus m�ritos, calificados conforme a las reglas del concurso.

iv. Publicidad: La actuaci�n administrativa en el marco del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos e ingreso a la carrera registral ser� p�blica. Se garantiza el acceso libre a los actos y decisiones proferidas por las autoridades del concurso a trav�s de los medios virtuales establecidos en el presente Acuerdo.

v. Transparencia: Los procedimientos, reglas y requisitos, as� como las dem�s normas del concurso ser�n claras, definidas previamente a la divulgaci�n e inscripci�n de los participantes y difundidas masivamente para su pleno conocimiento por el p�blico en general.

vi. Debido proceso: Las actuaciones que se adelanten en el marco del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos e ingreso a la carrera registral, se adelantar�n de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constituci�n Pol�tica y en las leyes colombianas, con plena garant�a de los derechos y principios de representaci�n, participaci�n, defensa y contradicci�n.

vii.Especializaci�n de los �rganos t�cnicos encargados de ejecutar el concurso de m�ritos: Las entidades y universidades que participen en la operaci�n t�cnica y cient�fica del concurso o en la construcci�n y aplicaci�n de los instrumentos y procedimientos de selecci�n estar�n acreditadas por su especialidad y experiencia en la ejecuci�n de este tipo de concursos de m�ritos, con el fin de garantizar la confiabilidad, cientificidad y validez de los mismos.

viii. Imparcialidad: Los concursantes ser�n tratados de manera igual, sin discriminaci�n alguna y sin consideraciones positivas ni negativas y, en general, dentro de reglas de plena objetividad.

ix. Eficacia: Los instrumentos de selecci�n y procedimientos adoptados por las autoridades del concurso ser�n id�neos, cuya finalidad es la garant�a de elecci�n de los aspirantes que acrediten los m�ritos requeridos para ser nombrados.

x. Preclusividad: El Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral se ejecutar� mediante etapas diferenciadas en objeto y finalidad, las cuales son preclusivas, por lo cual una vez en firme el resultado, no se podr� controvertir ni retrotraer la etapa.

Art�culo 4. Normas que rigen el concurso de m�ritos. El presente concurso de m�ritos se regir� por la Constituci�n Pol�tica de Colombia, la Ley 1579 de 2012, el presente Acuerdo y dem�s normas concordantes que garanticen el respeto de los principios orientadores del concurso de m�ritos,

Art�culo 5. Definiciones. Para los efectos previstos en el presente Acuerdo se tendr�n en cuenta los siguientes conceptos:

i. Carrera registral: Es un sistema especial de carrera de origen constitucional, basado en un proceso t�cnico de administraci�n de personal, sustentado en el m�rito, como fundamento para ingresar, permanecer y ascender en los cargos de registradores principales y seccionales de instrumentos p�blicos en propiedad, en orden a garantizar el derecho de todo ciudadano a acceder al desempe�o de dichos cargos y lograr la eficiencia en la gesti�n del registro de instrumentos p�blicos.

ii. Registrador de instrumentos p�blicos: Es el funcionario p�blico encargado de inscribir los actos, titulas y documentos sujetos a registro, que se encuentran enunciados en el art�culo 4�del Estatuto de Registro de Instrumentos P�blicos. As� mismo, tienen a su cargo el funcionamiento t�cnico y administrativo de las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos, conforme a lo establecido en el art�culo 92 de la Ley 1579 de 2012.

iii. Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos Principales: Son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, en cabecera de cada circulo registral, con sede en las capitales departamentales y en el Distrito Capital o donde el Gobierno Nacional as� lo determine, con el objetivo de cumplir con lo que ordena la ley en lo correspondiente al registro de instrumentos p�blicos.

iv. Oficinas de Registro de Instrumentos P�blicos Seccionales: Son dependencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, que a su vez dependen de las oficinas principales de registro de instrumentos p�blicos, con sede en los municipios que el gobierno nacional determine, con el objetivo de cumplir con lo que ordena la ley en lo correspondiente al registro de instrumentos p�blicos.

v. Cargos p�blicos de direcci�n, manejo y control: Son aquellos cargos de la funci�n p�blica que posean las facultades de autoridad civil, pol�tica o de direcci�n administrativa.

Para efectos de este concurso, se entender�n como cargos de direcci�n, manejo y control los siguientes:

26. Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces.

En la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil, adem�s, los siguientes:

22. Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces

7. Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces

vi. Funciones registrales: Son todas aquellas actividades inherentes a la prestaci�n del servicio p�blico registral que prestan los Registradores de Instrumentos P�blicos, en consecuencia, ejercen funciones registra les todos aquellos servidores p�blicos que de acuerdo con el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la SNR, tienen a su cargo el desarrollo de funciones jur�dicas en el proceso de registro inmobiliario en primera o segunda instancia.

Para efectos de este concurso, se entender� que cumplen funciones registra les, los siguientes:

La oficina de talento humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, ser� la dependencia autorizada para expedir las certificaciones relativas a las funciones registrales e incluir� la fecha espec�fica del inicio y terminaci�n del cumplimiento de dichas funciones.

vii. Funciones notariales: Es la prestaci�n del servicio p�blico notarial ejercida por los notarios del pa�s, igualmente la ejercen los funcionarios diplom�ticos a los cuales se les haya atribuido esta funci�n fuera del territorio nacional. Esta funci�n en los t�rminos del estatuto notarial y la jurisprudencia constitucional vigente, solamente se encuentra en cabeza del notario al ser este un particular en ejercicio de la funci�n p�blica permanente fedataria, al cual se le ha dado el car�cter de autoridad, lo anterior en desarrollo del principio de descentralizaci�n por colaboraci�n.

viii. Judicatura: Es aquella que se predica de quien haya ejercido el cargo de juez o fiscal en cualquier jurisdicci�n excepto los jueces de paz. Tambi�n se predica de quien haya sido delegado por el Ministerio P�blico en cualquier jurisdicci�n de la Rama Judicial.

ix. Profesorado universitario en derecho: Es el que ejercen los docentes de materias o asignaturas jur�dicas, sin importar el programa en el que se dicte, siempre y cuando la misma se imparta en programas profesionales ofrecidos por universidades debidamente reconocidas por el Ministerio de Educaci�n Nacional de Colombia.

x. Ejercicio de la profesi�n de abogado: Es el desarrollo de las actividades propias del Derecho, ejercidas con posterioridad al grado de abogado.

Art�culo 6. Entidad Responsable. El Consejo Superior de la Carrera Registral es el �rgano rector del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos e ingreso a la carrera registral. En virtud de sus competencias define los procedimientos, reglamentos y aprueba los resultados de cada una de las etapas del concurso.

�[�] Art�culo 15. Estructura del concurso de m�ritos. El Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos e ingreso a la carrera registral tendr� las siguientes etapas:

Par�grafo Primero. Ser�n citados a presentar prueba escrita los concursantes que hayan sido admitidos en la etapa de an�lisis de m�ritos y antecedentes para la admisi�n en el concurso.

Par�grafo Segundo. La puntuaci�n de la experiencia se realizar� �nicamente a los concursantes que hayan obtenido como m�nimo treinta y cinco (35) puntos de los cincuenta (50) posibles en la prueba escrita. Quienes obtengan un puntaje inferior ser�n excluidos del concurso en esta etapa.

Par�grafo Tercero. Ser�n convocados a entrevista �nicamente los aspirantes que hayan obtenido una sumatoria en la etapa de prueba escrita y puntuaci�n de experiencia igualo mayor a sesenta (60) puntos de los ochenta (80) posibles. Quienes obtengan un puntaje inferior ser�n excluidos del concurso en esta etapa. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

�[�] Art�culo 31.Entrevista. De forma obligatoria se evaluar� cada uno de los tres criterios establecidos por la Ley 1579 de 2012: personalidad, vocaci�n de servicio y profesionalismo. En ning�n caso ser�n evaluados asuntos propios de la prueba de conocimientos.

La entrevista tendr� un valor de hasta veinte (20) puntos, de los cien (100) del total del concurso.

Tres (3) d�as antes de la realizaci�n de cada entrevista se dar�n a conocer los nombres de los jurados designados por el Consejo Superior, mediante publicaci�n realizada en la p�gina web del concurso. La entrevista se realizar� de manera presencial en el lugar que el �rgano rector de la Carrera registral determine, en casos extraordinarios se podr� realizar a trav�s de los medios tecnol�gicos que avale el Consejo Superior.

Los jurados estar�n integrados por los funcionarios del Consejo Superior de la Carrera Registral y/o sus designados. El Consejo Superior de la Carrera Registral podr� delegar o designar esta labor en funcionarios de las entidades que hacen parte de dicho �rgano [�]�.

�[�] ARTICULO 131. Compete a la ley la reglamentaci�n del servicio p�blico que prestan los notarios y registradores, la definici�n del r�gimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributaci�n especial de las notar�as, con destino a la administraci�n de justicia.

Corresponde al gobierno la creaci�n, supresi�n y fusi�n de los c�rculos de notariado y registro y la determinaci�n del n�mero de notarios y oficinas de registro [�]��.

�[...] Art�culo 61. Definici�n. La cancelaci�n de un asiento registral es el acto por el cual se deja sin efecto un registro o una inscripci�n.

Art�culo85. Consejo Superior de la Carrera Registral. Cr�ase el Consejo Superior de la Carrera Registral como organismo rector de la Carrera Registral, el cual estar� integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidir�; dos (2) delegados del Presidente de la Rep�blica elegidos para un per�odo de dos (2) a�os; el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la Naci�n o su Delegado con las mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, un principal y uno seccional, elegidos para un per�odo de dos (2) a�os, con sus respectivos suplentes quienes asistir�n en caso de ausencia de los principales. El Superintendente de Notariado y Registro, asistir� con voz pero sin voto.

Art�culo 86. Sesiones. El Consejo Superior para la Carrera Registral se reunir� cada vez que fuere convocado por su Presidente. Sus decisiones se tomar�n por mayor�a absoluta de los miembros presentes y formar�n qu�rum para deliberar y decidir la mitad m�s uno de sus integrantes.

Art�culo 90. Concurso y lista de elegibles. El organismo rector de la carrera registral convocar�, administrar� y realizar� directamente o a trav�s de universidades legalmente establecidas, de car�cter p�blico o privado, los concursos de m�ritos para el ingreso a la carrera registral.

Los Registradores de Instrumentos P�blicos ser�n nombrados por el Gobierno Nacional o por el Superintendente de Notariado y Registro, seg�n sea el caso, de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera registral, las cuales deber�n publicarse en uno o varios diarios de amplia circulaci�n nacional. La lista de elegibles se obtendr� de los resultados del concurso de m�ritos y tendr� una vigencia de dos a�os, a partir de dicha publicaci�n

Art�culo 91. Valoraci�n. Para la calificaci�n de los concursos se valorar� especialmente la experiencia de los candidatos en actividades o funciones relacionadas con el registro de instrumentos p�blicos, capacitaci�n, estudios de posgrado y de especializaci�n, particularmente los relacionados con el registro o ciencias afines.

La prueba de conocimientos, tendr� un valor de cincuenta (50) puntos, de los cien (100) del total del concurso. Los ex�menes versar�n sobre derecho notarial y registral, derecho civil, derecho penal, derecho comercial, inmobiliario, agrario y administrativo.

La experiencia valdr� hasta veinte (20) puntos: tres (3) puntos por cada a�o en el desempe�o del cargo p�blico de direcci�n, manejo y control; dos (2) puntos por cada a�o en el ejercicio de funciones registrales o notariales; un (1) punto por cada ano en el ejercicio de la profesi�n de abogado.

La entrevista, hasta veinte (20) puntos y evaluar� la personalidad, vocaci�n de servicio y profesionalismo del aspirante.

Par�grafo 1�. Para efectos del presente art�culo, se contabilizar� la experiencia en el ejercicio de la profesi�n de abogado desde la fecha de obtenci�n del respectivo t�tulo.

Par�grafo2�. No podr� concursar para el cargo de Registrador de Instrumentos P�blicos, quien haya sido condenado penalmente, sancionado disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas al patrimonio del Estado o por faltas se�aladas como graves o grav�simas, cualesquiera que hayan sido las faltas o las sanciones, de conformidad con el C�digo Disciplinario �nico.

Par�grafo 3� El contenido de la prueba de conocimientos y criterio jur�dico variar� de acuerdo con la clase de c�rculo registral (principal o seccional) para el que se concurse.

III.3.1. Sobre la finalidad[14] de las medidas cautelares la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

�[�] Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisi�n adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporaci�n se�al�, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisi�n que se adopte, porque los fallos ser�an ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucci�n o afectaci�n del derecho controvertido [�]�[15].

III.3.2. En este sentido, la Constituci�n Pol�tica le reconoce a la jurisdicci�n contencioso administrativa la potestad de suspender, provisionalmente, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnaci�n por v�a judicial, pero s�lo �por los motivos y con los requisitos que establezca la ley[16].

III.3.3. En este punto cabe resaltar que uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

III.3.4. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

III.3.5. Cabe advertir, que al juez o magistrado ponente solo se le permite decretar medidas cautelares de oficio, en los procesos de tutela de conocimiento de la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y en aquellos que tengan por finalidad la defensa y protecci�n de los derechos e intereses colectivos. En este caso, el juez administrativo act�a como juez constitucional.

III.3.6. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i)preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii)conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa.[17]

III.3.7. Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

III.3.8. En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, como ya se anunci�, �ste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacci�n de la norma que se�ala que �podr� decretar las que considere necesarias�[18]. No obstante lo anterior, a voces del art�culo 229 del CPACA, su decisi�n estar� sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsi�n que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el art�culo 231 �dem, seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �[�] documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, medianteunjuicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla� (Resaltado fuera del texto).

III.3.9. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez), se�al�:

�[�] La doctrina tambi�n se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciaci�n provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobaci�n de un da�o ante el transcurso del tiempo y la no satisfacci�n de un derecho [�]�.[19] (Negrillas fuera del texto).

III.3.10. Por su parte, la Secci�n Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

�[�] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, raz�n por la cual le es exigible a �ste la adopci�n de una decisi�n judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jur�dicos vigentes y de acuerdo a la realidad f�ctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, adem�s, que en ella se refleje la pretensi�n de justicia, raz�n por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposici�n de un razonamiento en donde, adem�s de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderaci�n y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [�]�[20](Negrillas no son del texto).

III.3.11. As� pues, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n, deber� verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposici�n de la cautela, a saber: (i)fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderaci�n de intereses.

III.4. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto acusado

III.4.1. En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo[21], se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 231 y siguientes del CPACA.

III.4.2. Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a �[�] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho [�]�.[22]

III.4.3. De otra parte, en relaci�n con el anterior C�digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene que la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la �manifiesta infracci�n de la norma invocada�, indic�ndose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad, se requer�a demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecuci�n del acto. Por ello, la innovaci�n m�s relevante de la Ley 1437 de 2011 consiste en, referirse expresamente a la confrontaci�n de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese an�lisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas[23].

III.4.4. Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este an�lisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), sostuvo:

�[�] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica una confrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda,pero con base en una aprehensi�n sumaria, propia de una instancia en la que las partes a�n no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]�.� (Resaltado fuera del texto).

III.4.5. Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevenci�n efectuada por el legislador al advertir que, la decisi�n sobre la medida cautelar, de ning�n modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia de esta Sala, se trata de �[�] mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto [�]�.[24]

III.5. Requisitos de procedencia de la suspensi�n de los efectos del acto acusado

III.5.1. Al tenor de lo establecido en el art�culo 231 del CPACA, la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, �[�] cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud [�]�.

III.5.2. Es as� como su procedencia est� determinada por la violaci�n del ordenamiento jur�dico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad del mismo, mientras se profiere la decisi�n definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice as� el citado art�culo:

�[�] Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]� (Negrillas fuera del texto).

III.5.3. Del texto normativo transcrito se desprenden los siguientes requisitos para que proceda una medida cautelar, a saber: i) que se invoque a petici�n de parte; ii) que exista una violaci�n que surja del an�lisis del acto demandado y de su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud; y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acrediten, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

IV.1. En el sub examine, el Colegio de Registradores solicita la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos tanto del Acuerdo 001 de 18 de diciembre de 2012 �Por medio del cual se adopta el reglamento interno y los rituales de funcionamiento del Consejo Superior de la Carrera Registral, establecido en la Ley 1579 de 2012�, como del Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013 �Por el cual se convoca y se fijan las bases del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral�, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Registral.

IV.2. Alega la parte actora que dichos Acuerdos vulneran la Ley 1579 de 2012 �Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos p�blicos y se dictan otras disposiciones�, y hace �nfasis en los art�culos 61 (definici�n de la cancelaci�n de un asiento registral), 85 (creaci�n y conformaci�n del Consejo Superior de Carrera Registral), 86 (sesiones y qu�rum para deliberar y decidir), 90 (concurso y lista de elegibles) y 91 (valoraci�n de los candidatos a registradores p�blicos � pruebas e instrumentos de selecci�n � secuencia de los mismos).

IV.3. En el escrito de solicitud de medida cautelar, la parte actora se�ala como principales fundamentos para la procedencia de la suspensi�n provisional del Acuerdo 001 de 2012, los siguientes:

IV.3.1. El Consejo Superior de Carrera Registral invadi� la �rbita del Legislador, al disponer, en �l par�grafo transitorio del art�culo 5� del Acuerdo 001 de 2012, lo siguiente:

�[�] PAR�GRAFO TRANSITORIO: Por imposibilidad material de seleccionar un representante de carrera de los registradores principales, este ser� invitado de aquellos que se encuentran ejerciendo en provisionalidad, mientras se conforma la lista de elegibles y hasta tanto sea posible su designaci�n en propiedad, tras su conformaci�n el mismo ser� elegido de acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 85 de la Ley 1579 de 2012 [�]�.

Al respecto, el Colegio de Registradores indic� que, al no existir los dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de Carrera, para ser elegidos como integrantes del Consejo Superior de Carrera Registral, (por no haberse realizado las convocatorias a concurso para el nombramiento en propiedad de los registradores de instrumentos p�blicos del pa�s), dicho vac�o no lo pod�a llenar un Acuerdo expedido por el ente rector de la carrera, pues dicha atribuci�n le correspond�a al Legislador.

En tal sentido, la parte actora precis� que: �[�] El hecho de integrar el Consejo por la v�a del Acuerdo, es extender la facultad legislativa que no posee; de all� que la imposibilidad material que aduce el Consejo, jam�s habilita a ese organismo para designar la forma de provisi�n de un integrante del Consejo, como lo hizo el citado organismo a trav�s del Acuerdo 001 de 2012 [�]�.[25]

En ese orden de ideas, el Colegio de Registradores concluy�, en relaci�n con este cargo, que al no haber sido integrado el Consejo Superior de la Carrera Registral como expresamente lo se�al� la Ley 1579 de 2012 en su art�culo 85[26], �[�] todas sus actuaciones est�n viciadas de nulidad, hasta tanto se expida una nueva ley [�]�[27].

IV.3.2. Congruente con el punto anterior, el Colegio de Registradores se�ala que la expedici�n de la disposici�n transitoria acusada, tiene incidencia en relaci�n con la conformaci�n del qu�rum de que trata el art�culo 86 ejusdem, el cual precept�a lo siguiente:

�[�] Art�culo 86. Sesiones. El Consejo Superior para la Carrera Registral se reunir� cada vez que fuere convocado por su Presidente. Sus decisiones se tomar�n por mayor�a absoluta de los miembros presentes y formar�n qu�rum para deliberar y decidir la mitad m�s uno de sus integrantes [�]�.

En tal sentido, reitera que al no estar debidamente integrado el mencionado Consejo, dicho organismo se abrog� facultades que corresponden al Legislador, y �[�] todas las actuaciones del organismo son nulas y por tanto el Acuerdo 001 de 2012, por estar viciado su contenido esencial, esto es su integraci�n, la cual siendo irregular demuestra que el organismo en el af�n de sacar adelante el concurso, pas� por alto la ley y asumi� tareas legislativas que como es apenas obvio no son de su competencia por tratarse de que la ley solo puede ser expedida por la autoridad que la Constituci�n ha dispuesto para ello, - el Congreso de la Rep�blica - [�]�[28].

IV.3.3. Asimismo, el Colegio de Registradores resalta que el argumento para demostrar que s�lo la ley pod�a regular el vac�o existente, en cuanto a la integraci�n del Consejo Superior de Carrera Registral, se encuentra en el contenido del art�culo 131 de la Constituci�n Pol�tica, disposici�n que es del siguiente tenor:

Corresponde al gobierno la creaci�n, supresi�n y fusi�n de los c�rculos de notariado y registro y la determinaci�n del n�mero de notarios y oficinas de registro [�]�.

IV.3.4. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav�s del Director de la Direcci�n de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jur�dico del mismo Ministerio, refut� los anteriores argumentos, manifestando las siguientes consideraciones:

"�[�] En realidad la ley no cre� ning�n vaci� sino que en este punto, su operatividad qued� sujeta a una condici�n inexistente, dado que registradores de carrera solo pod�an existir cuando empezara a aplicarse esa ley, en cuanto ella es la que viene a darles estatus y vida jur�dica.[29].

�[�] el Colegio Superior a trav�s del citado par�grafo transitorio lo que hizo fue organizar un mecanismo provisorio a fin de que la ley pudiera tener vida y cumplirse. Proveer justamente su viabilidad a fin de permitir el funcionamiento del Consejo Superior de Carrera Registral, sin el cual no podr�a haber carrera ni desarrollo de esa ley.

Lo que hizo el Consejo fue superar el impasse f�ctico � no normativo- para que dar (sic) cabal cumplimiento a la ley [�]�[30]�.

IV.3.5. Ahora bien, la Sala, antes de proceder al an�lisis del Acuerdo 001 de 2012 y, en especial, del par�grafo transitorio del art�culo 5� del citado Acuerdo y efectuar su confrontaci�n con las normas superiores presuntamente violadas, encuentra que en la contestaci�n de la demanda presentada por el Jefe de la Oficina Asesora Jur�dica de la Superintendencia de Notariado y Registro[31], en ejercicio de la delegaci�n conferida para la representaci�n en asuntos judiciales y administrativos del Consejo Superior de Carrera Registral efectuada por la entonces Ministra de Justicia y del Derecho, se se�al� que �[�] el concurso de m�ritos culmin� en el a�o 2013 y la lista de elegibles producto de este se venci� en el a�o 2015; es decir, que a la fecha existen registradores principales y seccionales que fueron nombrados en carrera por superar las etapas del concurso [�]�[32] (negrillas fuera de texto).

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el fundamento de la suspensi�n provisional de los actos administrativos, est� dado en la necesidad de que la administraci�n de justicia realice un control preventivo de legalidad sobre las decisiones de la administraci�n para as� evitar que los actos que contienen vicios en su expedici�n o aquellos que causan perjuicios a una persona sigan produciendo efectos mientras se profiere una decisi�n de fondo, es claro que, en este caso, la suspensi�n provisional del Acuerdo, sobre todo en lo que se refiere al par�grafo transitorio del art�culo 5� del Acuerdo 001 de 2012, no es procedente, dado que dicha disposici�n hoy en d�a no es aplicable, habida cuenta de la existencia de registradores principales, dos de los cuales pueden ser elegidos, en propiedad, como miembros del Consejo Superior de Carrera Registral.

En este orden de ideas, la Sala no considera viable acceder a la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Acuerdo 001 de 18 de diciembre de 2012 �Por medio del cual se adopta el reglamento interno y los rituales de funcionamiento del Consejo Superior de la Carrera Registral, establecido en la Ley 1579 de 2012�, en particular, del par�grafo transitorio del art�culo 5� de dicho acto administrativo, sin perjuicio de poner de presente que los argumentos esbozados en la solicitud de suspensi�n provisional y en la demanda de nulidad, deber�n ser objeto del debate procesal en la etapa correspondiente, con miras a determinar si dicho Acuerdo debe o no anularse, en la medida en que se concluya que se usurparon funciones del Legislador, por parte del Consejo Superior de Carrera Registral y, por tanto, que, eventualmente, actu� sin competencia al expedir las disposiciones acusadas.

IV.3.6. De acuerdo con el art�culo 91 (numeral 5) del CPACA, los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria, esto es, pierden obligatoriedad y no pueden ser ejecutados, cuando pierden vigencia, fen�meno frente al cual ha se�alado la doctrina[33], lo siguiente:

�[�] Se encuentra consagrada en el numeral 5 del art�culo 91 del CPACA. La amplitud o generalidad de la expresi�n �vigencia� utilizada por la norma para identificar una causal distinta a las anteriores, tiene el inconveniente de que estas t�cnicamente implican tambi�n p�rdida de vigencia, atendiendo la noci�n que de vigente trae el Diccionario de la Lengua Espa�ola, seg�n la cual se puede decir que la p�rdida de fuerza ejecutoria significa dejar de estar en vigor u observancia.

Sin embargo, para que pueda ser justificada y diferenciada de las dem�s habr� de entenderla como referida a situaciones distintas de las previstas en las dem�s causales atr�s comentadas, que no encuadren en ellas, as� como aquellas en las que el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jur�dico y, como consecuencia obvia, desaparece su fuerza jur�dica, como son la anulaci�n, revocaci�n, cancelaci�n, derogaci�n, retiro del acto, etc., figuras que se analizan en los cap�tulos siguientes. Por ello, hubiera sido m�s apropiado denominarla por extinci�n del acto administrativo, situaciones que no se da en las anteriores causales.

Asimismo, comprender�a eventos en los que por razones temporales y sin estar de por medio la existencia y validez del acto, este deja de tener vigencia, seg�n ocurre cuando su vigencia est� limitada en el tiempo (ejemplo, el decreto del Gobierno mediante el cual establece la ley seca en d�as de elecciones, o el acuerdo de un concejo municipal que establece una excepci�n de impuesto especial por el t�rmino de diez a�os), o cuando se ha cumplido su objeto, es decir, se ha consumado la decisi�n correspondiente, v.gr., el cumplimiento del acto que ordena el desalojo de quien ocupa un terreno que pertenece al espacio p�blico.

Igualmente cabe agregar el evento de que el beneficiario de un acto administrativo no acepte los efectos del mismo, y que por ello no sea posible su cumplimiento, como ser�a el caso de la no aceptaci�n de un nombramiento, de una concesi�n o de una adjudicaci�n. En esa situaci�n, la p�rdida de la fuerza ejecutoria opera de pleno derecho, sin que se requiera pronunciamiento alguno de la autoridad [�]�[34].

IV.3.7. En el mismo sentido lo ha indicado esta Corporaci�n al se�alar, en el auto de 29 de enero de 2014[35], lo siguiente:

�[�] La suspensi�n provisional, adem�s, es una medida cautelar que apunta a enervar la eficacia, los efectos, del acto administrativo, como se colige no solo de la doctrina y la jurisprudencia, sino tambi�n del art�culo 91.1 de la Ley 1437 de 2011.

Esa misma disposici�n, se expresa, igualmente, que hay p�rdida de la fuerza ejecutoria cuando el acto administrativo �pierde vigencia� � art�culo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta el fen�meno de derogaci�n de la norma, entendido como �el acto de proceder, mediante disposici�n posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jur�dico precedente�[36].

IV.4. En relaci�n con el Acuerdo 001 de 2013, el Colegio de Registradores solicit�, igualmente, la suspensi�n provisional del mismo, esbozando para ello, entre otros, los siguientes argumentos:

IV.4.1. El Colegio de Registradores se�ala que el Acuerdo 001 de 21 de febrero de 2013�Por el cual se convoca y se fijan las bases del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral�, tambi�n expedido por el Consejo Superior de la Carrera Registral, incurre en irregularidades tales como introducir en su art�culo 5�, una serie de definiciones que no le corresponden, en cuanto a: la carrera registral; en lo atinente a qu� se entiende por registrador de instrumentos p�blicos y por oficinas de registros p�blicos; y se inmiscuy� en �[�] cu�les eran los cargos de direcci�n, manejo y control en todos los niveles de la Administraci�n P�blica [�] ya que adem�s de ir m�s all� de la ley, vulner� la Constituci�n Pol�tica [�]�[38].

IV.4.2. Adicionalmente, el Colegio de Registradores adujo que el mismo art�culo 5� cuestionado �[�] estableci� funciones, dijo qui�nes cumpl�an funciones registrales y dentro de ellos no mencion� a los Registradores de Instrumentos P�blicos, [�] las funciones notariales, la judicatura, el profesorado universitario en derecho, as� como el ejercicio de la profesi�n de abogado [�]�[39]. Seg�n la parte actora [�] existe abundante evidencia de su ilegalidad, donde igualmente se observa que personas distintas a los registradores prestan funciones registrales [�]�[40].

IV.4.3. En cuanto al art�culo 15 del Acuerdo 001 de 2013, el cual se ocupa de la estructura del concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de carrera de Registradores de Instrumentos P�blicos, el Colegio de Registradores lo confronta con lo establecido en el art�culo 91 de la Ley 1579 de 2012, el cual trata la valoraci�n de la experiencia de los candidatos a registradores de instrumentos p�blicos, su capacitaci�n, estudios de posgrado y especializaci�n o estudios afines, y, adem�s, de las pruebas e instrumentos de selecci�n y el orden en que deben practicarse.

Lo anterior para concluir que el sesgo administrativo establecido en el citado Acuerdo �[�] no es ni de lejos una meta razonable, pareciera que la profesionalizaci�n de la actividad registral no est� haciendo m�s f�cil las cosas, porque el Consejo Superior de la Carrera Registral ha actuado por encima de la ley [�]�[41].

IV.4.4. A continuaci�n, la parte actora se refiere al art�culo 31 del citado Acuerdo, referente a la �entrevista� a los candidatos para evaluarlos seg�n los criterios se�alados en la Ley 1579 de 2012, para cuestionar la delegaci�n de funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro para que sirvan de jurados en las entrevistas.

IV.4.5. Antes de entrar a analizar las disposiciones reprochadas contenidas en el Acuerdo 001 de 2013, al igual que en el cargo anterior, la Sala pone de relieve que seg�n lo se�ala el Jefe de la Oficina Jur�dica de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la contestaci�n de la demanda[42], el Acuerdo 001 de 2013 �[�] ha salido del mundo jur�dico por perder su vigencia se�ala una vigencia, es decir, ha perdido su ejecutoriedad, toda vez que el concurso de m�ritos culmin� en el a�o 2013 y la lista de elegibles producto de �ste venci� en el a�o 2015 [�]�[43].

Es as� como siendo el prop�sito del Acuerdo 001 de 2013, como su ep�grafe lo evidencia, la convocatoria y la fijaci�n de las bases del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral, y �sta el concurso ya se llev� a cabo, se concluye en la p�rdida de ejecutoriedad del mismo, al configurarse la causal 5�. del art�culo 91 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, disposici�n que es del siguiente tenor:

�[�] ART�CULO 91. P�RDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme ser�n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo. Perder�n obligatoriedad y, por lo tanto, no podr�n ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

3. Cuando al cabo de cinco (5) a�os de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condici�n resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

IV.4.6. En este orden de ideas, la presente solicitud de suspensi�n provisional pierde su objeto, pues que como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, la finalidad de esta herramienta procesal no es otra que la de evitar, en forma transitoria, que el acto administrativo demandado siga produciendo efectos mientras se expide la providencia que pone fin al proceso; en este caso la norma no habr� de producir nuevos efectos jur�dicos y la legalidad de los que hubiere producido ser� determinada en la sentencia de fondo que se dicte en el proceso.

IV.4.7. Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de suspensi�n provisional tiene, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala[44], la finalidad de �[�] evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho[45] [�]�[46]; lo que indica que es supuesto para imponer esta cautela que el acto administrativo se encuentre vigente y produciendo efectos.

IV.4.8. Teniendo el concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral, ya se llev� a cabo, no cabe duda que la disposici�n cuestionada no se encuentra vigente y, en consecuencia, no es procedente la suspensi�n provisional de sus efectos jur�dicos.

V.1. As� las cosas, la Sala Unitaria considera que, de acuerdo con lo explicado l�neas atr�s, no resulta procedente decretar la suspensi�n provisional de los Acuerdos por las razones expuestas, y es por ello que se denegar� la solicitud de suspensi�n provisional, como en efecto lo dispondr� en la parte resolutiva de esta providencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, en Sala Unitaria,

[14] Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar tambi�n la providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente n�m. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se asever�: �[�] se busca evitar que la duraci�n del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicci�n, a tal punto que para el momento de obtener una decisi�n favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda �la necesidad de servirse del proceso para conseguir la raz�n no debe convertirse en da�o para quien tiene la raz�n.�

[15] Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Mart�n Berm�dez Mu�oz. Acci�n de inconstitucionalidad contra el art�culo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 �Por medio de la cual se expide el C�digo General del Proceso�. Magistrado Ponente: Alberto Rojas R�os. Bogot�, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

[19] Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n�m. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra V�lez.

�[20] Sobre la aplicaci�n de la proporcionalidad, la misma providencia indic�: �(�) Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (�) All� donde el Juez Administrativo no est� gobernado por reglas, lo m�s posible es que la actuaci�n se soporte en principios o mandatos de optimizaci�n, luego la proporcionalidad y ponderaci�n no son metodolog�as extra�as en la soluci�n de conflictos y en la reconducci�n de la actividad de la jurisdicci�n contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderaci�n no representan ni la limitaci�n, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentaci�n como sustento de toda decisi�n judicial. Cabe, entonces, examinar c�mo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderaci�n, como expresi�n m�s depurada del principio de proporcionalidad� // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinaci�n de una medida cautelar, que no es m�s que la adopci�n de una medida de protecci�n a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden f�ctico referidas a una estimaci�n de los medios de acci�n a ser seleccionados, cuesti�n que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situaci�n de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisi�n que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administraci�n p�blica (necesidad) y, por �ltimo, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jur�dico de ponderaci�n , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectaci�n o no satisfacci�n de cada uno de los principios contrapuestos � El propio art�culo 231 del CPACA. da lugar a estar consideraci�n imperativa en el numeral 4, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: �Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.�

[21] El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o la realizaci�n o demolici�n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci�n de sus efectos; (numeral 5) Impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[22] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[23] Vale la pena ahondar en el tema de la transici�n del r�gimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo CPACA, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente n�m. 2014-03799), en la cual se puntualiz�: �Ahora bien, centrando el estudio en la suspensi�n provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposici�n, sin desconocer los rasgos caracter�sticos del acto administrativo, ampli�, en pro de una tutela judicial efectiva, el �mbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intenci�n del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretaci�n del art�culo 231 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variaci�n literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicaci�n la idea de que la existencia de una manifiesta infracci�n, a la que hac�a referencia el art�culo 152 del anterior C�digo, fue reemplazada por el surgimiento en el an�lisis judicial de una oposici�n entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposici�n debe arribarse a una conclusi�n diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicci�n obedece y reclama la tutela judicial efectiva.� (Resaltado es del texto).

[24] As� lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente n�m. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: �Con el �nimo de superar los temores y las reservas que siempre acompa�aron a los Jueces respecto del decreto de la suspensi�n provisional en vigencia de la legislaci�n anterior, c�lebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del art�culo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que �[l]a decisi�n sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento�. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces �la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisi�n final del fondo del asunto sub lite� [ ]. Una suerte de presunci�n iure et de iure, sobre c�mo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisi�n, que busca adem�s promover la efectividad del nuevo r�gimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido se�alado que este enunciado debe ser visto como un l�mite a la autorizaci�n que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximaci�n al asunto este an�lisis debe ser apenas preliminar, raz�n por la cual no puede suponer un examen de fondo o �prejuzgamiento� de la causa [ ]. La carga de argumentaci�n y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoraci�n sin tener que desplegar un esfuerzo anal�tico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen m�s profundo que debe preceder a la sentencia�.(Negrillas fuera del texto).

[26] �Ley 1579 de 2012. �Art�culo 85. Consejo Superior de la Carrera Registral. Cr�ase el Consejo Superior de la Carrera Registral como organismo rector de la Carrera Registral, el cual estar� integrado por el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidir�; dos (2) delegados del Presidente de la Rep�blica elegidos para un per�odo de dos (2) a�os; el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la Naci�n o su Delegado con las mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos P�blicos de carrera, un principal y uno seccional, elegidos para un per�odo de dos (2) a�os, con sus respectivos suplentes quienes asistir�n en caso de ausencia de los principales. El Superintendente de Notariado y Registro, asistir� con voz pero sin voto [�]�.

[33] Berrocal Guerrero, Lu�s Enrique, �Manual del Acto Administrativo�, Bogot� D.C., S�ptima Edici�n, 2016. P�g. 507-508.

[34] Berrocal Guerrero, Lu�s Enrique, �Manual del Acto Administrativo�, Bogot� D.C., S�ptima Edici�n, 2016. P�g. 507-508.

[35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ram�rez Ram�rez. Bogot�, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014). Proceso: Medio de Control de Nulidad contra Decreto Nacional. Demandante: Mario Felipe Tovar Arag�n. Demandadas: Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Radicado: 110010327000-2013-00014-00 (20066). Asunto: Decide Suspensi�n Provisional.

[36] Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jur�dicas, Pol�ticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1981, p. 241.

[37] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ram�rez Ram�rez. Bogot�, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014). Proceso: Medio de Control de Nulidad contra Decreto Nacional. Demandante: Mario Felipe Tovar Arag�n. Demandadas: Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Radicado: 110010327000-2013-00014-00 (20066). Asunto: Decide Suspensi�n Provisional.

[44] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Vald�s, Bogot�, 12 de diciembre de 2016. Radicaci�n No. 11001-03-24-000-2015-00163-00. Ver tambi�n: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogot�, D.C., veintitr�s (23) de febrero de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2015-00408-00. Actor: Mar�a Margarita Fern�ndez C�ceres y Otros. Demandado: Departamento Administrativo De La Presidencia De La Rep�blica.

[45] Providencia citada ut supra, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[46] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Consejera ponente: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez. Bogot�, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2016-00270-00. Actor: Lucila Vanessa Palacios Medina. Demandado: Contralor�a General De La Rep�blica. Referencia: Medio de control de Nulidad.

NEGAR la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de los Acuerdos n�mero 001 de 18 de diciembre de 2012 �Por medio del cual se adopta el reglamento interno y los rituales de funcionamiento del Consejo Superior de la Carrera Registral, establecido en la Ley 1579 de 2012�, y n�mero 001 de 21 de febrero de 2013�Por el cual se convoca y se fijan las bases del Concurso de m�ritos para la provisi�n de cargos de Registradores de Instrumentos P�blicos en propiedad e ingreso a la carrera registral�, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Registral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Fecha Providencia	19/12/2018
Fecha de notificaci�n	19/12/2018