SENTENCIA 110010326000201200028 00 de 2018

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030035927SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull110010326000201200028 0043479201827/09/2018SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_110010326000201200028 00_43479_2018_27/09/2018300359262018

Sentencias de NulidadNACI�N-PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA WILLIAM FL�REZ NORIEGAfalseliteral g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008Identificadores10030178321true1278629original30156747Identificadores

Norma demandada: �literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008

Corresponde a la Sala decidir en �nica instancia la acci�n de simple nulidad ejercida contra el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008, expedido por el presidente de la Rep�blica de Colombia.

El presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto 2345 de 2008, para reglamentar las normas del C�digo de Minas relativas a la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos. Dentro de las disposiciones reglamentarias, dispuso un plazo de tres d�as h�biles, contados a partir de la presentaci�n de la oferta de contrato de concesi�n minera v�a internet, para entregar f�sicamente ante la respectiva autoridad minera, los documentos que le sirven de soporte a la propuesta y que son requisitos legalmente exigidos para la misma. La parte actora demand� esa disposici�n referida a los tres d�as h�biles.

El 21 de marzo de 2012, en ejercicio de la acci�n de nulidad, el se�or William Fl�rez Noriega present� demanda en contra de la Naci�n-Presidencia de la Rep�blica �la cual fue reformada-, en la cual solicit� que se declare la nulidad del literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008, expedido por el presidente de la Rep�blica, por medio del cual �se adoptan medidas para la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos� (f. 1 a 22 y 89).

Como fundamento f�ctico de sus pretensiones, la parte actora manifest� que mediante Decreto 2345 del 26 de junio de 2008, el presidente de la Rep�blica, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 11 del art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica y de los art�culos 270 y 296 de la Ley 685 de 2001, reglament� esta �ltima, por la cual se expidi� el C�digo de Minas, pero el literal g) del art�culo 5�, que indica que los documentos que soportan las propuestas de contrato de concesi�n radicadas por medios electr�nicos v�a internet, deber�n ser remitidos a la autoridad minera correspondiente dentro de los tres d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet, violatoria tanto de la Constituci�n, como de la ley.

El demandante adujo que con la norma demandada se violaron el pre�mbulo y los art�culos 1, 2, 4, 6, 29, 84, 113, 114, 123, 150-1-2-3, 189-11 y 228, de la Constituci�n Pol�tica; los art�culos 4, 16, 265, 270, 271, 273, 274, 275 y 323 de la Ley 685 de 2001, C�digo de Minas y el art�culo 84 del CCA.

Explic� que la Presidencia de la Rep�blica viol� el pre�mbulo y los art�culos 1 y 2 de la Constituci�n, porque el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, estableci� un requisito adicional a la presentaci�n y requisitos de la propuesta, a los establecidos en los art�culos 270, 271, 272, 273, 274 y 275 de la Ley 685 de 2001, consistente en un t�rmino procesal de tres d�as, que si no se cumple, ocasiona que la propuesta sea rechazada por la autoridad minera. Ese requisito �t�rmino procesal de tres d�as h�biles siguientes a la radicaci�n de las propuestas dentro de los cuales deber�n ser remitidos a la autoridad minera correspondiente los documentos que soportan las propuestas de contratos de concesi�n radicados por medios electr�nicos v�a internet, no est� previsto como requisito de presentaci�n de la propuesta en el art�culo 271 de la Ley 685 de 2001 y afecta directamente a los interesados que participan en la presentaci�n y tr�mite de propuestas para la concesi�n de contratos mineros, porque les exige un requisito adicional no contemplado en la ley, que si no se cumple, produce el rechazo de la propuesta. Por ello, en cumplimiento de lo ordenado en el pre�mbulo y en los art�culos 1 y 2 de la Constituci�n, a quienes participaron en la presentaci�n y tr�mite de propuestas de contratos de concesi�n minera cuando se preparaba la expedici�n del Decreto 2345 de 2008, se les debi� facilitar su participaci�n en la discusi�n y deliberaci�n de los temas y materias reglamentados y en especial, respecto del requisito adicional de la norma demandada, �que reform� los art�culos 270, 271 y 274 de la Ley 685 de 2001�. Con esa omisi�n, se ignor� el principio democr�tico de la participaci�n y deliberaci�n de los interesados en una decisi�n que los afectaba y se desconoci� uno de los fines esenciales del Estado.

El acto acusado infringe los art�culos 114 y 150 numerales 1, 2 y 23 de la Constituci�n Pol�tica, porque esas normas le atribuyen al Congreso de la Rep�blica la funci�n de hacer las leyes, expedir los c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y modificar sus disposiciones, y expedir las leyes que regir�n el ejercicio de las funciones p�blicas. Y sin embargo, mediante la norma acusada el presidente de la Rep�blica se abrog� esas facultades, porque de manera directa reform� los art�culos 270, 271, 273, 274 y 275 de la Ley 685 de 2001, estableciendo un requisito adicional para el tr�mite de la propuesta del contrato de concesi�n minera que no estaba contenido en estas normas, es decir que desbord� sus facultades reglamentarias, con lo cual tambi�n infringi� el art�culo 189, numeral 11 de la Carta.

Se viol� el art�culo 29 constitucional, relativo al debido proceso, porque s�lo el Congreso de la Rep�blica tiene la competencia para consagrar los t�rminos procesales de las actuaciones judiciales y administrativas, lo cual tiene �ntima conexi�n con el n�cleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci�n de justicia, a la legalidad, a la seguridad jur�dica y a la confianza leg�tima, por lo que el establecimiento del t�rmino procesal de tres d�as por el presidente de la Rep�blica, en el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, vulnera tambi�n los art�culos 6, 84, 123 y 229 de la Constituci�n.

Los art�culos 270, 271, 273, 274 y 275 de la Ley 685 de 2001, establecen la regulaci�n general del tr�mite de la presentaci�n de la propuesta (art. 270), los requisitos de la misma (art. 271), las objeciones que se pueden presentar, un t�rmino de hasta 30 d�as para corregirla o subsanarla, y un plazo de 30 d�as para que la autoridad minera resuelva definitivamente (art. 273); el rechazo de la propuesta (art. 274) y la comunicaci�n de la propuesta, que consiste en que si la misma no ha sido objetada por la autoridad minera, en un t�rmino que no supere 15 d�as contados a partir de su presentaci�n, dentro de los 5 d�as siguientes se comunicar�, por intermedio del Ministerio del Interior, a los representantes de los grupos �tnicos ocupantes del �rea (art. 275). Luego existiendo una regulaci�n especial y completa del tr�mite para la presentaci�n y requisitos de la propuesta, en el C�digo de Minas, se impone la supremac�a jer�rquica de sus normas, que es vulnerada por la disposici�n del literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, al establecer un t�rmino de 3 d�as h�biles para remitir a la autoridad minera los documentos que soportan las propuestas de los contratos de concesi�n radicados por medios v�a internet, pues se disminuy� ostensiblemente en el tiempo, los t�rminos de hasta 30 d�as para corregir o subsanar la propuesta, de 30 d�as para que la autoridad minera resuelva definitivamente y de 15 y 5 d�as para la comunicaci�n de la propuesta, contemplados en los art�culos 273 y 275 del C�digo de Minas.

Con la norma demandada, el presidente suplant� al Congreso de la Rep�blica (art. 150, nums. 1 y 2, C.P); no acat� la Constituci�n y la ley (art. 4, C.P.); se extralimit� en el ejercicio de sus funciones (art. 6, C.P.); y no ejerci� sus funciones en la forma prevista en la Constituci�n (art. 123, C.P.), violando estos mandatos constitucionales.

El literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, vulnera tambi�n el art�culo 84 constitucional y los art�culos 4, 16 y 265 de la Ley 685 de 2001, al crear un requisito adicional, consistente en que �los documentos que soportan las propuestas de contratos de concesi�n radicadas por medios electr�nicos v�a internet, deber�n ser remitidos a la Autoridad Minera correspondiente, dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet�.

El presidente de la Rep�blica, con la norma demandada, viol� el art�culo 113 constitucional, al invadir la �rbita de la competencia del legislador. Y el art�culo 84 ib�dem, porque ninguna autoridad puede establecer ni exigir permisos, licencias ni requisitos adicionales para la procedencia de la propuesta o para la expedici�n, perfeccionamiento y ejercicio del t�tulo minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental.

El demandante tambi�n adujo la falsa motivaci�n de la disposici�n demandada, porque invoca en sus consideraciones, como fundamento jur�dico, los art�culos 1 y 6 de la Ley 962 de 2005 y los art�culos 270 y 296 de la Ley 685 de 2001, los cuales no le otorgan esa facultad al presidente de la Rep�blica. De igual manera, sostuvo que dicho funcionario actu� sin tener competencia para ello.

Con la disposici�n demandada se vulner� tambi�n el art�culo 13 de la Constituci�n, pues crea una discriminaci�n, ya que conforme a lo previsto en el art�culo 270 del C�digo de Minas, a la propuesta presentada personalmente por el interesado o su apoderado, ante la oficina de la autoridad minera competente, dicho c�digo no le exige que dentro de los 3 d�as h�biles siguientes a su radicaci�n, deber�n ser remitidos a la autoridad minera correspondiente, los documentos que soportan la propuesta del contrato de concesi�n, como s� lo exige el precepto acusado, para las propuestas de contratos de concesi�n radicadas por medios electr�nicos v�a internet, lo que significa un trato diferencial a favor de la propuesta presentada personalmente.

Con la demanda pero en escrito separado, se pidi� la suspensi�n provisional del literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, expedido por el presidente de la Rep�blica, en la parte que dice �dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet�, por violar, de manera manifiesta, las normas constitucionales y legales que se adujeron como violadas en la demanda, lo cual se evidencia, a su juicio, de la confrontaci�n directa del acto acusado con aquellas, como lo muestra con su enunciaci�n a doble columna en la solicitud de suspensi�n, y lo explica reiterando los argumentos de la demanda (f. 54).

Mediante auto del 24 de mayo de 2012, se admiti� la demanda, se orden� notificar personalmente al ministro de Minas y Energ�a y al Ministerio P�blico y se neg� la solicitud de suspensi�n provisional del acto administrativo demandado, por cuanto se consider� que �(�) de la simple lectura de la solicitud y la confrontaci�n de las normas que enuncia como presuntamente vulneradas [no] se observa, a primera vista, que la disposici�n demandada contrar�e de manera clara, ostensible, flagrante y manifiesta lo dispuesto por las normas superiores aducidas por el actor� (f. 70).

La Naci�n-Ministerio de Minas y Energ�a contest� la demanda, manifestando que los expuestos en la demanda no fueron hechos sino consideraciones jur�dicas del demandante, que no obedecen a una lectura completa del literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008; se opuso a las pretensiones, y propuso como excepciones de m�rito, i) que el presidente de la Rep�blica ten�a competencia para la expedici�n del Decreto 2345 de 2008, en ejercicio de su facultad reglamentaria, en aras de garantizar la cumplida ejecuci�n de la ley �num. 11, art. 189, C.P.-, pues actu� en desarrollo de lo establecido en el art�culo 296 del C�digo de Minas sobre sistematizaci�n del procedimiento gubernativo de minas, �para adoptar medidas para la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos�; y ii) que no excedi� el l�mite basado en el criterio de necesidad, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que el art�culo 271 del C�digo de Minas, contempla los requisitos que se deben acompa�ar a la propuesta y que son no subsanables, seg�n el art�culo 273 ib�dem. De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, que fija el procedimiento para la radicaci�n por medios electr�nicos, esos requisitos del art�culo 271, que configuran los documentos que soportan la solicitud, se deben remitir a la autoridad minera correspondiente dentro de los tres d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet, �ya que al no ser presentada la propuesta personalmente en las oficinas con todos los requisitos contenidos en documentos anexos sino a trav�s de medios tecnol�gicos y por condiciones t�cnicas no es posible entregar todos los documentos, deben posteriormente ser entregados materialmente en las oficinas. Por lo tanto la causal de rechazo de la propuesta es la no presentaci�n de los documentos que cumplan con los requisitos del art�culo 271 de la Ley 685 de 2001�, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 274, modificado por el art�culo 20 de la Ley 1382 de 2010, referido al rechazo de la propuesta. Y �Como la Ley 685 de 2001, C�digo de Minas, no regula la situaci�n cuando se presenta la propuesta del contrato de concesi�n v�a Web, pero s� establece la posibilidad que (sic) se utilicen medios tecnol�gicos, la necesidad de establecer unas reglas cuando ya existen materialmente dichos medios en los tr�mites mineros, el margen de la potestad reglamentaria es mayor� (f. 81 y 108).

Mediante providencia del 22 de abril de 2013 se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusi�n y al Ministerio P�blico para que rindiera concepto (f. 112).

Las parte actora present� escrito en el que ratific� lo manifestado en la demanda y el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado present� concepto, en el cual pidi� que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues es claro que el presidente de la Rep�blica ten�a competencia para reglamentar la Ley 685 de 2001 en la forma en que lo hizo a trav�s del Decreto 2345 de 2008, para adoptar medidas sobre la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos, y espec�ficamente el literal g) del art�culo 5� de dicho decreto, que se ajust� a las normas legales objeto de la reglamentaci�n (f. 114 y 116).

La Sala conoce en �nica instancia del presente asunto, en aplicaci�n de lo dispuesto en el numeral 1� del art�culo 128 del C�digo Contencioso Administrativo, por tratarse de una demanda formulada el 21 de marzo de 2012[1], en ejercicio de la acci�n de simple nulidad, contra un acto administrativo expedido por una autoridad del orden nacional.

Literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 del 26 de junio de 2008, expedido por el presidente de la Rep�blica y el ministro de Minas y Energ�a, norma que es del siguiente tenor (f. 24):

�Por el cual se adoptan medidas para la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos�.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y de los art�culos 270 y 296 de la Ley 685 de 2001, y

Art�culo 5�. El procedimiento para la radicaci�n por medios electr�nicos � v�a internet de las propuestas de contrato de concesi�n minera, ser� el siguiente:

g) Los documentos que soportan las propuestas de contratos de concesi�n radicadas por medios electr�nicos v�a internet, deber�n ser remitidos a la Autoridad Minera correspondiente, dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet (�).

El an�lisis en conjunto de las argumentaciones que sustentaron los cargos formulados en contra del acto administrativo acusado, fundadas en la violaci�n del pre�mbulo y los art�culos 1, 2, 4, 6, 29, 84, 113, 114, 123, 150-1-2-3, 189-11 y 228, de la Constituci�n Pol�tica; los art�culos 4, 16, 265, 270, 271, 273, 274, 275 y 323 de la Ley 685 de 2001 -C�digo de Minas- y el art�culo 84 del CCA, permite concluir que, de manera principal, se alega en la demanda la falta de competencia del presidente de la Rep�blica para expedir el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, por cuanto seg�n el demandante, incurri� en extralimitaci�n en el ejercicio de su facultad reglamentaria, en raz�n de la cual cre� un requisito para la presentaci�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera que no est� contemplado en la ley, y cuyo incumplimiento, seg�n el acto demandado, conduce a su rechazo.

Al respecto, se observa que en un Estado de derecho, uno de los principales pilares de las garant�as de los asociados frente al Poder P�blico, es el de la legalidad de las actuaciones de sus autoridades, que comienza por la exigencia de que su obrar se encuentre enmarcado por las competencias que expresamente les hayan sido atribuidas por la Constituci�n o por la ley, lo que de hecho, destierra la arbitrariedad y el abuso de quienes ostentan posiciones de poder dentro del aparato estatal. Esto quiere decir que las autoridades s�lo pueden hacer aquello para lo cual est�n legalmente autorizadas, y a diferencia de lo que ocurre con cualquier persona, que responde por el desconocimiento de la ley, en Colombia las autoridades responden tambi�n por la extralimitaci�n en el ejercicio de sus funciones, tal y como lo define en nuestro ordenamiento el marco constitucional del ejercicio de las funciones estatales, contenido en los art�culos 6�, 121 y 122 de la Carta[2].

De acuerdo con lo anterior, mientras que para los particulares la capacidad es la regla general, lo que se traduce en que las personas est�n autorizadas para hacer todo aquello que no est� expresamente prohibido, cuando se habla de las facultades del actuar de las autoridades estatales, la competencia es la excepci�n, puesto que aquellas no pueden intervenir sino en aquellos asuntos en los que les corresponde actuar, por hacer parte de los que les han sido asignados, para el exacto cumplimiento de sus funciones.

La competencia se constituye as�, en el primero y m�s importante requisito de la legalidad de las actuaciones estatales, dentro de las cuales se halla �junto a la legislativa y la judicial- el ejercicio de la funci�n administrativa. Por ello, la falta de competencia constituye, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 137 del CPACA, una causal de nulidad de los actos administrativos.

Al presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, le corresponde, entre otras cosas, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes, como lo establece el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica. Es decir que existe una competencia expresamente atribuida al primer mandatario, para reglamentar todas las leyes expedidas por el Congreso de la Rep�blica o por el mismo presidente, en ejercicio de las facultades extraordinarias que aquel le haya atribuido o las que le reconozca la misma Constituci�n, para expedir decretos con fuerza de ley.

Precisamente en ejercicio de esa facultad reglamentaria, fue expedido el Decreto 2345 de 2008, parcialmente demandado en el sub-lite, con la finalidad de reglamentar la Ley 685 de 2001 �C�digo de Minas-, en relaci�n con la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n a trav�s de medios electr�nicos, que fue autorizada por el art�culo 270 de la referida ley, norma que era del siguiente tenor:

Art. 270.- La propuesta de contrato se presentar� por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por env�o a trav�s de correo certificado. En estos casos, si la primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendr� como fecha de presentaci�n la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de env�o.

Tambi�n ser� admisible la presentaci�n de la propuesta a trav�s de medios electr�nicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin. Toda actuaci�n o intervenci�n del interesado o de terceros en los tr�mites mineros, podr� hacerse directamente o por medio de abogado titulado con tarjeta profesional. Los documentos de orden t�cnico que se presenten con la propuesta o en el tr�mite subsiguiente, deber�n estar refrendados por ge�logo, ingeniero de minas matriculados, seg�n el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas profesiones (la Sala resalta).

Por su parte, el art�culo 296 de la Ley 685 de 2001, que tambi�n sirvi� de fundamento a la expedici�n del Decreto 2345 de 2008, establece:

Art. 296.- Las actuaciones de las autoridades y de los particulares en el procedimiento gubernativo de minas, se podr�n adelantar y documentar por los medios y sistemas electr�nicos de informaci�n. Las diligencias, informes y notificaciones, as� como los asientos y certificaciones del Registro Minero Nacional que se realicen por estos medios y sistemas, previo abono de su autenticidad por las autoridades, tendr�n el valor y la eficacia de las que se realicen en forma presencial y directa.

Se advierte entonces, que el legislador contempl� en el C�digo de Minas, la posibilidad de adelantar actividades y gestiones a trav�s de medios y sistemas electr�nicos de informaci�n, pero sin establecer en forma concreta la manera de utilizaci�n de tales medios, lo que evidenciaba la necesidad de intervenci�n del presidente de la Rep�blica, en ejercicio de su competencia reglamentaria, para desarrollar y hacer aplicable la referida norma, en aras de garantizar el correcto cumplimiento de la ley.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo expres� el Decreto 2345 de 2008 en sus consideraciones, la Ley 962 de 2005, consagra el deber de la administraci�n p�blica, de incentivar el uso de los medios tecnol�gicos integrados, con el fin de articular y disminuir los tiempos y costos de realizaci�n de los tr�mites por parte de los administrados (art. 1�[3]) y establece que la utilizaci�n de medios electr�nicos se regir� por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999[4] y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las disposiciones del Cap�tulo 8 del T�tulo XIII, Secci�n Tercera, Libro Segundo, art�culos 251 a 293[5] del C.P.C. y dem�s normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del remitente, as� como la fecha de recibo del documento.

De igual manera, bajo la consideraci�n de que Ingeominas, en su calidad de autoridad minera delegada, en consonancia con los avances tecnol�gicos y la normatividad existente, hab�a desarrollado una plataforma tecnol�gica denominada �Catastro Minero Colombiano�, que garantizaba el acceso en igualdad de condiciones y transparencia a los interesados en solicitar el derecho a explorar y explotar minerales en Colombia, mediante la radicaci�n de propuestas de contratos de concesi�n por medios electr�nicos, todo lo cual, hac�a necesario dictar las disposiciones relacionadas con la presentaci�n de propuestas de contratos de concesi�n y autorizaciones temporales y de esa forma, dar aplicaci�n a las preceptivas contenidas en el C�digo de Minas[6].

De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que el presidente de la Rep�blica s� ten�a competencia para proferir el acto administrativo demandado, en tanto con el mismo estaba ejerciendo la facultad reglamentaria que le fue atribuida por la Constituci�n Pol�tica, en este caso, en relaci�n con el C�digo de Minas, contenido en la Ley 685 de 2001.

En consecuencia, resulta procedente estudiar la forma como en el caso concreto ejerci� tal facultad, para establecer si lo hizo dentro de los l�mites legales que la enmarcaban.

El demandante adujo que el presidente de la Rep�blica desbord� su potestad reglamentaria, al haber establecido un requisito adicional a la presentaci�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera, al exigir que los documentos soporte de las propuestas presentadas v�a internet, deben ser aportados dentro de los 3 d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por ese medio. Al respecto, se observa:

En raz�n de la generalidad que revisten las normas legales expedidas por el Congreso de la Rep�blica y dem�s normas con fuerza de ley, en la mayor�a de los casos resulta imposible ejecutarlas de manera directa, en la forma en que fueron expedidas, pues es infrecuente que la ley contenga todos los requisitos y pormenores indispensables para su cabal aplicaci�n. Por lo tanto, es necesario establecer los mecanismos, procedimientos y medios para hacer ejecutables dichas disposiciones. Por ello, la Constituci�n Pol�tica le atribuy� al presidente de la Rep�blica la potestad de reglamentar la ley, lo cual no es otra cosa que �precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para su cumplimiento�[7].

La potestad de reglamentaci�n, entonces, consiste en la expedici�n de disposiciones que, como la ley reglamentada, son de car�cter general, impersonal y abstracto, y se hallan enmarcadas dentro de los precisos l�mites impuestos por las normas que se pretende hacer ejecutables a trav�s del correspondiente decreto reglamentario, lo que significa que, a trav�s del mismo, no puede modificarse la norma legal objeto de reglamentaci�n, para aumentar o restringir su alcance o para variar su contenido, y mucho menos, para contradecirlo o desconocerlo. Es decir que so pretexto de reglamentar la ley, el presidente de la Rep�blica no puede agregarle ni recortarle nada, debi�ndose limitar a desarrollar sus disposiciones, para efectos de hacerlas aplicables a las circunstancias concretas que correspondan a las hip�tesis contempladas en ellas, garantizando de esta manera que las consecuencias concebidas en la ley, se produzcan.

Esta facultad constitucional del primer mandatario, no est� sujeta a que la ley disponga su intervenci�n ni a t�rmino alguno, sino que es permanente, frente a todas las leyes �formal y materialmente-, y s�lo est� limitada por la necesidad real que exista de reglamentarlas, para lograr su cumplida ejecuci�n. En consecuencia, la extensi�n de dicha facultad, es inversamente proporcional al grado de detalle que tenga la ley, pues entre menos minuciosa y expl�cita sea �sta, mayor ser� el contenido de los decretos que la reglamenten. Y contrario sensu, cuando la ley sea m�s detallada y precisa, menor ser� la necesidad de la reglamentaci�n. Pero en todo caso, la existencia previa de una regulaci�n legal, es requisito sine qua non para el ejercicio de la potestad reglamentaria, siempre y cuando no se trate de materias reservadas exclusivamente al legislador, respecto de las cuales se haya restringido la actuaci�n regulatoria del ejecutivo.

En relaci�n con la potestad reglamentaria, ha dicho la Corte Constitucional[8]:

(�) la jurisprudencia de esta Corporaci�n al referirse al sentido y alcance de la potestad reglamentaria prevista en el art�culo 189-11 Superior, ha indicado que debe ejercerse �por mandato de la Norma Fundamental, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales. As�, los actos administrativos emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad �nicamente pueden desarrollar el contenido de la ley�. Del mismo modo, �la competencia reglamentaria se dirige a la producci�n de actos administrativos por medio de los cuales lo que se busca es convertir en realidad �el enunciado abstracto de la ley� [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real�. La potestad reglamentaria se conecta, en consecuencia, con la expedici�n de normas de car�cter general - sean ellas decretos, resoluciones o circulares - imprescindibles �para la cumplida ejecuci�n de la ley� [9]. As�, en sentencia C-1005 de 2008 la Corte estim�:

�Considerado el punto desde esta perspectiva, al Presidente de la Rep�blica le est� vedado ampliar o restringir el sentido de la Ley. No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislaci�n pues con ello estar�a excediendo sus atribuciones. Es de desatacar aqu�, que no todas las leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habr�a espacio para una regulaci�n ulterior[10].

8.- Lo dicho enlaza con la idea seg�n la cual la extensi�n de la potestad radicada en cabeza del Ejecutivo por el art�culo 189 numeral 11, depende de la forma, as� como del detalle, con que la Ley regul� los temas correspondientes. Precisamente aqu� se acent�a que la facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constituci�n y la Ley. El objeto de la potestad reglamentaria consiste, entonces, en contribuir a la concreci�n de la ley y se encuentra, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido est� reservado al Legislador[11]� (destaca la Sala).

Esta Corporaci�n tambi�n ha reconocido a los organismos y a las autoridades que siguen en la jerarqu�a administrativa al Presidente de la Rep�blica, tales como Ministerios[12], Departamentos Administrativos, Superintendencias, entre otras, cierta competencia regulativa, de car�cter residual y accesoria, que los habilita para insertar la voluntad del legislador en las �ltimas posibilidades de aplicaci�n de la norma general[13]. De esta manera, para la Corte mientras al Presidente le pertenece emitir criterios para la debida observancia de la voluntad legislativa, los dem�s �rganos subordinados deben, a su turno, expedir la regulaci�n �necesaria para pormenorizar el proceso de implantaci�n de esa voluntad. Es esta una funci�n de afinamiento que procede desde los trazos m�s amplios fijados por el legislador hasta los detalles pr�cticos m�s concretos, establecidos por el ejecutor de la medida�[14].

Respecto a esto �ltimo la Corte ha puesto de presente la imposibilidad de que el legislador prevea en forma detallada las materias que le corresponde reglar, y es por eso que, en principio, lo establecido en la ley es prescrito de modo general y orientador, siendo la administraci�n a quien corresponde, de acuerdo con las circunstancias de orden f�ctico y t�cnico, regular el detalle de las correspondientes materias[15].

En el presente caso, se advierte que el C�digo de Minas, contenido en la Ley 685 de 2001, dispuso en su art�culo 270 que la propuesta de contrato se presentar� por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o el alcalde de la residencia del proponente, o por env�o a trav�s de correo certificado. Pero adem�s, dispone que �[t]ambi�n ser� admisible la presentaci�n de la propuesta a trav�s de medios electr�nicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin�[16]. En relaci�n con los requisitos que debe reunir la propuesta, el art�culo 271 establece:

ART�CULO 271. REQUISITOS DE LA PROPUESTA[17]. La propuesta para contratar, adem�s del nombre, identidad y domicilio del interesado, contendr�:

a) El se�alamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicaci�n del �rea o trayecto solicitado;

d) La menci�n de los grupos �tnicos con asentamiento permanente en el �rea o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera ind�gena, de comunidades negras o mixtas;

e) Si el �rea abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploraci�n y explotaci�n se requiera autorizaci�n o concepto de otras autoridades, deber�n agregarse a la propuesta de acuerdo con el art�culo 35[18];

f) El se�alamiento de los t�rminos de referencia y gu�as mineras que se aplicar�n en los trabajos de exploraci�n y el estimativo de la inversi�n econ�mica resultante de la aplicaci�n de tales t�rminos y gu�as;

g) A la propuesta se acompa�ar� un plano que tendr� las caracter�sticas y especificaciones establecidas en los art�culos 66 y 67 de este C�digo.

La propuesta deber� verterse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente (La Sala subraya).

El art�culo 273, se refiere a las objeciones a la propuesta, en los siguientes t�rminos:

ART�CULO 273. OBJECIONES A LA PROPUESTA. La propuesta se podr� corregir o adicionar, por una sola vez, por la autoridad minera, si no puede identificarse al proponente, no se puede localizar el �rea o trayecto pedido, no se ajusta a los t�rminos de referencia o gu�as o no se acompa�a de los permisos previos en los casos se�alados en el art�culo 34[19] de este C�digo, cuando dicha �rea o trayecto estuvieren ubicados en los lugares o zonas mencionados en dicha disposici�n. El t�rmino para corregir o subsanar la propuesta ser� de hasta treinta (30) d�as y la autoridad minera contar� con un plazo de treinta (30) d�as para resolver definitivamente.

Una vez corregida la propuesta, cuando fuere el caso, se proceder� a la determinaci�n del �rea libre de superposiciones con propuestas anteriores o t�tulos vigentes (las subrayas son de la Sala).

ART�CULO 274. RECHAZO DE LA PROPUESTA. La propuesta ser� rechazada si el �rea pedida en su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas se�aladas en el art�culo 34 de este C�digo, si no hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; si se superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores, si no cumple con los requisitos de la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento. En caso de hallarse ubicada parcialmente, podr� admitirse por el �rea restante si as� lo acepta el proponente.

De acuerdo con lo anterior, la presentaci�n de la oferta, bien que se haga personalmente, o por correo certificado, o por medios electr�nicos, tal y como lo autoriza la ley, implica as� mismo la entrega de diversos documentos, que se hallan enunciados entre los requisitos que se deben cumplir para su estudio y decisi�n, tales como autorizaciones y planos.

Ahora bien, si la propuesta se entrega personalmente, es en ese momento cuando deben allegarse los documentos que la deben acompa�ar, y de la misma manera, si la propuesta se presenta por correo certificado, en el mismo deben incluirse los documentos exigidos y que hacen parte de ella.

Pero en lo que se refiere a la propuesta que es enviada por medios electr�nicos, si bien la ley autoriza tal env�o, no establece la forma de hacer llegar los documentos que la deben acompa�ar, raz�n por la cual le correspond�a al reglamento la disposici�n del modo como esos requisitos se deb�an cumplir, lo cual hizo al fijar un plazo de 3 d�as h�biles, a partir de la radicaci�n de la propuesta v�a internet, para hacer la entrega material de los documentos que le sirven de soporte a la misma y que son los que constituyen el requisito legal exigido en el art�culo 271 del C�digo de Minas, cuya ausencia puede dar lugar a correcciones o adiciones y al rechazo de la propuesta en caso de ser omitidos, tal y como lo disponen los referidos art�culos 273 y 274.

A juicio de la Sala, ese plazo que fij� el reglamento no constituye un requerimiento adicional a los exigidos por la ley, sino que corresponde a la implementaci�n del procedimiento necesario para dar cumplimiento a los requisitos legales, en caso de que la propuesta sea presentada por un medio electr�nico, como lo es el env�o a trav�s de internet. Con ello, simplemente se est� garantizando a los interesados la posibilidad de utilizar dicho medio, sin sacrificar el cumplimiento de las exigencias establecidas por el legislador para la solicitud de celebraci�n del contrato de concesi�n minera.

Por otra parte, no resulta admisible la interpretaci�n que de las normas hace la parte actora, seg�n la cual, habr�a que llegar a la conclusi�n de que quienes presentan las propuestas personalmente o por correo certificado, tienen que cumplir en ese mismo momento con la entrega de toda la documentaci�n que la soporta, mientras que, quienes env�an la propuesta v�a internet, pueden hacerlo en cualquier tiempo, puesto que la ley no dispuso la forma y el plazo para ello. Esto s� constituir�a una violaci�n al derecho constitucional a la igualdad, al propiciar un tratamiento diferente y preferencial a los proponentes que act�an v�a internet �art. 13 de la Constituci�n Pol�tica-.

Se reitera entonces, que mediante la norma demandada �literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008- el presidente de la Rep�blica no desbord� su facultad reglamentaria, ni cre� un requisito adicional para la presentaci�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera.

En consecuencia, tampoco se puede afirmar, como se hace en la demanda, que la referida disposici�n haya modificado el C�digo de Minas, vulnerando as� las normas constitucionales sobre competencias legislativas, puesto que se limit� a desarrollar la norma legal que autoriz� la presentaci�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera por medios electr�nicos, para hacerla materialmente aplicable.

Ahora bien, se observa que en relaci�n con la regulaci�n de los procedimientos administrativos en materia minera, ha dicho la jurisprudencia[20]:

Teniendo en cuenta que la Resoluci�n impugnada pretendi� desarrollar un procedimiento al amparo de las normas legales del C�digo de Minas contenido en la Ley 685 de 2001, resulta importante destacar que desde el punto de vista de la jerarqu�a normativa que se deriva de la propia Constituci�n Pol�tica[21], se debe establecer que dicha Resoluci�n no pod�a exceder la ley y que la Agencia Nacional de Miner�a se encontraba sometida al marco normativo de la misma.

En el mismo sentido lo observ� por la Secci�n Primera de esta Corporaci�n, mediante auto en el que invoc� la jurisprudencia de la Corte Constitucional, as�:

�b.- El Despacho advierte que de conformidad con lo previsto en los art�culos 29, 114 y numerales 1 y 2 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica el �nico facultado de manera directa y exclusiva para la creaci�n de procedimientos administrativos es el Legislador[22].

�En ese marco, es posible concluir que (i) el Legislador posee una facultad de configuraci�n de procedimientos administrativos de especial amplitud; �(ii) dentro de esa potestad se incluye el dise�o de los procedimientos, sus etapas, recursos y t�rminos, entre otros aspectos; (iii) la regulaci�n de esos procedimientos no puede desconocer los m�nimos expresamente establecidos en la Constituci�n (art�culo 29 y 228) y la jurisprudencia constitucional; (iv) adem�s de esos m�nimos, la regulaci�n legislativa debe respetar los principios superiores de la Constituci�n, aspecto que (iv) corresponde verificar a este Tribunal, cuando as� lo requiera fundadamente un ciudadano, y bajo los lineamientos de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.� (Subrayado del Despacho)�[23].

De la misma forma, en la jurisprudencia de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado -que ahora se acoge y reitera- se ha advertido que la competencia para establecer procedimientos administrativos corresponde en forma exclusiva al legislador:

�11.3.- As� las cosas, la Sala advierte que tanto la jurisprudencia[24] como la doctrina especializada[25] han se�alado que la competencia de establecer los procedimientos administrativos, con independencia de que �stos sean generales o especiales, corresponde de forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa, conclusi�n a la que se ha llegado a partir del estudio del art�culo 150 de la Constituci�n, pues �ste asigna como competencia exclusiva al legislador la expedici�n de c�digos y, por tanto, los procedimientos administrativos contenidos en disposiciones especiales se consideran parte integrante del C�digo Contencioso Administrativo.

�11.4.- En consecuencia, mediante acto administrativo no es posible crear procedimientos administrativos que regulen las relaciones entre la Administraci�n y el ciudadano, esto es, con efectos extra-org�nicos, y si la ley no regula esos m�nimos procedimentales ser� preciso acudir al procedimiento general consignado en el art�culo 2� del C.P.A.C.A, como norma supletoria para estos casos[26].

�11.5.- Y lo anterior deviene as� en nuestro ordenamiento jur�dico en cuanto los procedimientos administrativos no son otra cosa que la concreci�n del principio de legalidad en las relaciones entre los administrados y las autoridades�[27].

Lo anterior, no hace m�s que reiterar la competencia exclusiva del legislador para establecer procedimientos administrativos, excluyendo la posibilidad de que el gobierno nacional o cualquier otra autoridad que ejerza funciones administrativas, cree o modifique etapas, recursos o t�rminos para las actuaciones que se deben adelantar, en el �mbito de las relaciones de la administraci�n con los particulares.

Sin embargo, lo expuesto por la jurisprudencia, no descarta la procedencia de la reglamentaci�n por parte del gobierno nacional, siempre que ella sea necesaria para la correcta aplicaci�n y ejecuci�n de los procedimientos administrativos establecidos por el legislador, siempre que la generalidad de las normas lo haga necesario, para el correcto cumplimiento de lo dispuesto por la ley.

Y tal y como se constat� en el presente caso, contrario a lo afirmado por el demandante, quien sostuvo que exist�a una regulaci�n especial y completa del tr�mite para la presentaci�n y requisitos de la propuesta de contrato de concesi�n minera, el C�digo de Minas, al regular el procedimiento administrativo para la presentaci�n de dicha propuesta, autoriz� que la misma lo fuera por medios electr�nicos �art. 270-, pero no dispuso la forma y tiempo como deb�an cumplirse, en este caso, los requisitos que se exigen en el art�culo 271 de la Ley 685 de 2001 para toda propuesta de esta naturaleza, raz�n por la cual le correspond�a al presidente de la Rep�blica, a trav�s del ejercicio de la facultad reglamentaria, la disposici�n de los medios necesarios para la correcta aplicaci�n de la referida norma legal.

Tampoco cabe admitir que se vulneraron los art�culos 84 de la Constituci�n Pol�tica[28] y 4[29], 16[30] y 265[31] de la Ley 685 de 2001, en los t�rminos afirmados en la demanda, es decir, porque se hubiera agregado, a trav�s del acto acusado, un requisito adicional, consistente en que �los documentos que soportan las propuestas de contratos de concesi�n radicadas por medios electr�nicos v�a internet, deber�n ser remitidos a la Autoridad Minera correspondiente, dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su radicaci�n por internet�, toda vez que mediante esta disposici�n no se cre� exigencia adicional alguna a las establecidas como necesarias para el estudio y decisi�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera en el art�culo 271 del C�digo de Minas, las cuales contin�an siendo, como all� se indica, i) la identificaci�n del municipio, departamento y autoridad ambiental de ubicaci�n del �rea solicitada, ii) descripci�n y extensi�n del �rea solicitada, iii) minerales objeto del contrato, iv) menci�n de grupos �tnicos ubicados en el lugar y si el �rea solicitada se encuentra en zona minera ind�gena, de comunidades negras o mixtas, v) si el �rea abarca lugares restringidos para cuya exploraci�n o explotaci�n se requiere de autorizaci�n o concepto de otras autoridades, se debe adjuntar la misma, vi) t�rminos de referencia y gu�as mineras que se aplicar�n en los trabajos y el estimativo de la inversi�n econ�mica resultante de su aplicaci�n, y vii) aporte del plano con las especificaciones establecidas en el mismo C�digo.

Los anteriores, son los hechos que debe acreditar el administrado y los documentos que debe allegar con la propuesta de contrato de concesi�n minera, y cuya omisi�n e incumplimiento dar�n lugar al rechazo de la misma, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 274 del C�digo de Minas. El gobierno, mediante el literal g) del art�culo 5� del Decreto 2345 de 2008, no incluy� otro hecho que deba ser probado u otro documento que tenga que aportar el interesado en la celebraci�n de esta clase de contratos, pues se limit� a establecer la forma como estos requisitos deben ser acreditados por quien presenta la propuesta de contrato de concesi�n minera a trav�s de medios electr�nicos, porque esta fue una aclaraci�n que no hizo el legislador, cuando autoriz� su utilizaci�n.

Con lo anterior, no se modificaron los plazos establecidos por el legislador para el procedimiento de presentaci�n de la propuesta de contrato de concesi�n minera, pues de acuerdo con lo dispuesto en el C�digo de Minas:

Una vez presentada la propuesta, si no re�ne todos los requisitos, puede ser objetada por la autoridad minera, que en tal caso, dar� un plazo para su correcci�n o adici�n, que ser� de �hasta treinta (30) d�as y la autoridad minera contar� con un plazo de treinta (30) d�as para resolver definitivamente� �art�culo 273-.

Si la propuesta no ha sido objetada por la autoridad minera en un t�rmino que no supere los 15 d�as contados a partir de su presentaci�n, dentro de los 5 d�as siguientes se comunicar� por el Ministerio del Interior a los representantes de los grupos �tnicos ocupantes del �rea, para que en un plazo de 30 d�as, �stos comparezcan a hacer valer su derecho de preferencia, si el �rea est� ubicada en zonas mineras ind�genas, de comunidades negras o mixtas -art�culo 275-.

Vencido el t�rmino de 30 d�as referido, se resolver�n las oposiciones presentadas y se definir�n las �reas sobre las que se hubiere ejercido el derecho de preferencia mencionado. Y si las oposiciones y superposiciones que sean aceptadas comprenden s�lo parte del �rea pedida, se restringir� la propuesta a la parte libre. Si la comprenden en su totalidad se ordenar� su archivo �art�culo 276-.

Dentro de los 10 d�as siguientes a la resoluci�n de las oposiciones e intervenciones de terceros, se celebrar� el contrato de concesi�n, que ser� inscrito en el Registro Minero Nacional �art�culo 279-.

Como se advierte, todos los plazos contemplados en la normatividad para las actuaciones que se deben adelantar dentro del procedimiento administrativo tendiente a la celebraci�n de los contratos de concesi�n minera, parten, o tienen en cuenta, para su contabilizaci�n, el momento de presentaci�n de la propuesta, pero ninguna de las normas relacionadas, dispuso lo concerniente a la propuesta que fuera presentada por medios electr�nicos, lo que se tradujo en una falta de detalle en la regulaci�n, que hac�a necesaria la determinaci�n de ese aspecto, a trav�s de la reglamentaci�n a cargo del gobierno nacional, para efectos de precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar requeridas para su cumplimiento, sin que con ello se hubieran modificado los t�rminos y plazos consagrados en la Ley 685 de 2001, para esta clase de actuaci�n administrativa.

Finalmente, frente al cargo conforme al cual el acto administrativo demandado es ilegal, porque respecto del mismo no se public� el proyecto de decreto, para que fuera conocido y que los interesados tuvieran la oportunidad de participar en las discusiones y deliberaciones relacionadas con el supuesto requisito adicional de tres d�as h�biles, que contiene la norma cuestionada, es necesario advertir que la expedici�n del Decreto 2345 de 2008 se produjo en vigencia del Decreto-ley 01 de 1984, C�digo Contencioso Administrativo, que entre sus disposiciones no contempl� la obligaci�n de las entidades estatales de dar publicidad a los proyectos de actos administrativos de car�cter general o proyectos de regulaci�n que pretendieran expedir.

Es as� como el art�culo 3� del CCA, contentivo de los principios generales de las actuaciones administrativas, contempl� como uno de ellos el de publicidad, en virtud del cual las autoridades dar�an a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenaran el C�digo y la ley. Es decir, que la obligaci�n de publicidad s�lo se predicaba en relaci�n con el acto administrativo definitivo, esto es, una vez tomada la respectiva decisi�n, sin perjuicio del tr�mite de formaci�n de la decisi�n de car�cter particular y concreto, regulada en el mismo c�digo, que contempla la garant�a de participaci�n del posible afectado con ella, en la etapa previa a la expedici�n del acto administrativo, como manifestaci�n del derecho al debido proceso.

Ahora bien, tanto el pre�mbulo de la Constituci�n Pol�tica como los art�culos 1 y 2 de la misma, que contemplan �el principio democr�tico de la participaci�n y de la deliberaci�n de los interesados en una decisi�n que los afectaba�, como lo sostiene el demandante, quien adujo su vulneraci�n, no son de aplicaci�n inmediata, sino que est�n sujetos al desarrollo legal correspondiente, y tales derechos se garantizan en la forma dispuesta por el legislador[32], por lo que no puede afirmarse, como lo hace la demanda, que dichas normas constitucionales fueron violadas por el decreto demandado, porque en el mismo no se expresa que se hubiese facilitado la participaci�n de los interesados que resultaran afectados con su expedici�n y publicaci�n, toda vez que ese no es un procedimiento que el C�digo de Minas o alguna otra norma legal aducida como vulnerada en la demanda, hubiera dispuesto para esta clase de actos administrativos.

Por las anteriores razones, la Sala considera que no se probaron los cargos esgrimidos en contra del acto administrativo demandado, por lo que las pretensiones no est�n llamadas a prosperar, y en consecuencia, ser�n denegadas.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

Niega las pretensiones��(que solicitaron declarar la nulidad del literal g) )�Art�culo 5�DECRETO_2345_2008_26/06/2008

[1] Raz�n por la cual resulta aplicable el Decreto-ley 01 de 1984, toda vez que la Ley 1437 de 2011 que lo derog�, entr� a regir el 2 de julio de 2012, ��para los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, as� como las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia�, en tanto que �Los procedimientos y las actuaciones administrativas, as� como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguir�n rigi�ndose y culminar�n de conformidad con el r�gimen jur�dico anterior�, tal como lo dispone el art�culo 308 de la referida ley.

[2]�ARTICULO 6o. Los particulares s�lo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci�n y las leyes. Los servidores p�blicos lo son por la misma causa y por omisi�n o extralimitaci�n en el ejercicio de sus funciones�.

�ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podr� ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la ley�.

�ARTICULO 122. No habr� empleo p�blico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de car�cter remunerado se requiere que est�n contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (�)�.

[3] �ART�CULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administraci�n P�blica, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los art�culos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Pol�tica. En tal virtud, ser�n de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la pol�tica de racionalizaci�n, estandarizaci�n y automatizaci�n de tr�mites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados: (�) // 4. Fortalecimiento tecnol�gico. Con el fin de articular la actuaci�n de la Administraci�n P�blica y de disminuir los tiempos y costos de realizaci�n de los tr�mites por parte de los administrados, se incentivar� el uso de medios tecnol�gicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, en coordinaci�n con el Ministerio de Comunicaciones, orientar� el apoyo t�cnico requerido por las entidades y organismos de la Administraci�n P�blica�.

[4] �Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electr�nico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificaci�n y se dictan otras disposiciones�.

[7] Berrocal Guerrero, Luis Enrique, �Manual del Acto Administrativo�, Librer�a Ediciones del Profesional Ltda., 7� ed., 2016, p. 257.

[8] Corte Constitucional, sentencia C-219 del 19 de abril de 2017, M.P. (E) Iv�n Humberto Escrucer�a Mayolo.

[11] [56] �Ib�d. Cfr., tambi�n, Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 1997�.

[12] [57] �En sentencia C-1005 de 2008 la Corte precis� que: �la tarea de los Ministerios consiste en desarrollar funciones previamente determinadas en la Legislaci�n y en el Reglamento por lo que en relaci�n con la posibilidad de regulaci�n que les asiste, su competencia es de orden residual y sus atribuciones de regulaci�n ostentan un car�cter subordinado a la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica as� como ata�en �nicamente al �mbito de su respectiva especialidad�.

[13] [58] �Seg�n el Consejo de Estado, �el Presidente de la Rep�blica es, ciertamente, el titular constitucional de la potestad reglamentaria, pero ello no quiere decir que dentro de su �mbito de competencia y nivel de subordinaci�n jer�rquica y normativa, las dem�s autoridades administrativas no pueda adoptar medidas de car�cter general a fin cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a su cargo, de donde, como titulares de autoridad administrativa, est�n investidas de las facultades o potestades propias de la administraci�n, dentro de las cuales est� justamente la reglamentaria. De all� que los actos administrativos generales pueden emanar de cualquier autoridad administrativa, en lo que concierna a los asuntos a su cargo�. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. Bogot� D. C., 24 de agosto de 2000. Radicaci�n n�mero 6096�.

[16] �Art�culo 270. Presentaci�n de la propuesta. La propuesta de contrato se presentar� por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por env�o a trav�s de correo certificado. En estos casos, si la primera propuesta concurriere con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendr� como fecha de su presentaci�n la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de env�o. Tambi�n ser� admisible la presentaci�n de la propuesta a trav�s de medios electr�nicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin. Toda actuaci�n o intervenci�n del interesado o de terceros en los tr�mites mineros, podr� hacerse directamente o por medio de abogado titulado con tarjeta profesional. Los documentos de orden t�cnico que se presenten con la propuesta o en el tr�mite subsiguiente, deber�n estar refrendados par ge�logo o ingeniero de minas matriculados, seg�n el caso, de acuerdo con las disposiciones que regulan estas profesiones�.

[17] Art�culo declarado condicionalmente exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-389 del 27 de julio de 2016, M.P. Mar�a Victoria Calle Correa, �(�) bajo el entendido de que la autoridad minera deber� verificar m�nimos de idoneidad laboral y ambiental, antes de entregar un t�tulo minero, en atenci�n a la naturaleza de la concesi�n solicitada, y con base en criterios diferenciales entre los distintos tipos de miner�a, y extensi�n de los proyectos, as� como establecer un procedimiento que asegure la participaci�n ciudadana, sin perjuicio de la especial de los grupos �tnicamente diferenciados�.

[18] El art�culo 35 hace alusi�n a los trabajos y obras de exploraci�n y explotaci�n de minas para los que se requiera autorizaci�n o bien de los due�os o poseedores de los predios, o por las respectivas autoridades, cuando se trate de zonas de inter�s arqueol�gico, hist�rico o cultural o en playas, zonas de bajamar y trayectos fluviales servidos por empresas p�blicas de transporte, o en las �reas ocupadas por una obra p�blica o adscritas a un servicio p�blico, o en las zonas constituidas como zonas mineras ind�genas o zonas mineras de comunidades negras o zonas mineras mixtas.

[19] La norma se refiere a las autorizaciones que puede expedir la autoridad minera para adelantar actividades mineras en forma restringida o s�lo por determinados m�todos y sistemas de extracci�n, en las zonas de exclusi�n, delimitadas seg�n las normas de protecci�n y desarrollo de los recursos naturales renovables y del ambiente.

[20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n A, sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente 51754, C.P. Marta Nubia Vel�squez Rico.

[21] [18] �Cita original de la sentencia: �Articulo 121 C.P. Ninguna autoridad del Estado podr� ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la ley.

�Articulo 150.C.P. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (�).2. Expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones.

�Articulo 211 C.P. La ley se�alar� las funciones que el Presidente de la Rep�blica podr� delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijar� las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

�La delegaci�n exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponder� exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podr� siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

�La ley establecer� los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios�.

[22] [19] �Cita original de la sentencia C-740 de 2008 en la cual la Corte se pronunci� en relaci�n con la creaci�n de procedimientos administrativos para el caso de los tr�mites entre entidades p�blicas: �Por otra parte, conforme a la jurisprudencia de esta corporaci�n, el legislador goza de potestad de configuraci�n para regular los procedimientos administrativos y judiciales (Arts. 29, 114 y 150, Num. 1 y 2, C. Pol.), con los l�mites impuestos por los valores, los principios y los derechos constitucionales.

�As� mismo, en virtud de lo previsto en el Art. 113 superior, los diferentes �rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm�nicamente para la realizaci�n de sus fines, lo cual es una caracter�stica del Estado democr�tico moderno�.

[23] [20] �La subraya y el texto en par�ntesis corresponden al original de la sentencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, Auto de 25 de junio de 2015, radicaci�n: 11001-03-24-000-2015-00163-00, actor: Lina Marcela Mu�oz �vila y otros, demandado: La Naci�n � Presidencia de la Rep�blica - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio de Minas y Energ�a - Ministerio del Interior - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, suspensi�n provisional del Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 �Por el cual se reglamenta el art�culo 37 de la Ley 685 de 2001 (�)�.

[24] [21] �Cita original de la sentencia: �CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010. C.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 36054. V�ase tambi�n, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias: Sentencia C � 252 de 1994. En igual sentido, la Sentencia C � 229 de marzo 18 de 2003�.

[25] [22] �Cita original de la sentencia: �SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Op., cit., pp. 182 a 190�.

[26] [23] �Cita original de la sentencia: �Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 36054�.

[27] [24] �Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Tercera, Subsecci�n C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto de 9 de septiembre de 2015, radicaci�n: 11001-03-26-000-2014-00017-00 (49948), actor: Luis Alfonso Arias Garc�a, demandado: Agencia Nacional de Miner�a, medio de control: nulidad�.

[28] �ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades p�blicas no podr�n establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio�.

[29] �ART�CULO 4o. REGULACI�N GENERAL. Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas que se�ala expresamente este C�digo para la presentaci�n, el tr�mite y resoluci�n de los negocios mineros en su tr�mite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, ser�n los �nicos exigibles a los interesados. Igual principio se aplicar� en relaci�n con los t�rminos y condiciones establecidas en este C�digo para el ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales y de las correspondientes servidumbres.

De conformidad con el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica, ninguna autoridad podr� establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedici�n, perfeccionamiento y ejercicio del t�tulo minero, sin perjuicio de la competencia de la autoridad ambiental�.

[30] �ART�CULO 16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. La primera solicitud o propuesta de concesi�n, mientras se halle en tr�mite, no confiere, por s� sola, frente al Estado, derecho a la celebraci�n del contrato de concesi�n. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, s�lo confiere al interesado, un derecho de prelaci�n o preferencia para obtener dicha concesi�n si re�ne para el efecto, los requisitos legales�.

[31] �ART�CULO 265. BASE DE LAS DECISIONES. Todas las providencias se fundamentar�n en la existencia y comprobaci�n de los requisitos y condiciones de fondo se�aladas en la ley para cada caso. Los requisitos simplemente formales se omitir�n y no dar�n lugar a desestimar las peticiones, ni a dictar resoluciones inhibitorias o para mejor proveer.

Cuando para la expedici�n de un acto se requiera la realizaci�n previa de estudios t�cnicos o socioecon�micos, �stos deber�n relacionarse en la parte motiva de la respectiva providencia�.

[32] Tal y como actualmente sucede, con lo dispuesto por el art�culo 8� del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 �que entr� a regir el 2 de julio de 2012-, que al regular el deber de informaci�n al p�blico, s� consagra la obligaci�n de las autoridades, de publicar �los proyectos espec�ficos de regulaci�n y la informaci�n en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deber�n se�alar el plazo dentro del cual se podr�n presentar observaciones, de las cuales se dejar� registro p�blico. en todo caso la autoridad adoptar� aut�nomamente la decisi�n que a su juicio sirva mejor el inter�s general�.