SENTENCIA 11001 0324 000 2009 00368 00 de 2018

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030035908SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001 0324 000 2009 00368 00201804/10/2018SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001 0324 000 2009 00368 00__2018_04/10/2018300359072018

Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo L�pezNACI�N � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y OTROLUIS FERNEY MORENO CASTILLOfalseliteral b) del art�culo 3� y del art�culo 9� del Decreto 4839 de 24 de diciembre de 2008Identificadores10030177993true1278228original30156536Identificadores

Norma demandada: �literal b) del art�culo 3� y del art�culo 9� del Decreto 4839 de 24 de diciembre de 2008

Demandado: �NACI�N � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y OTRO

La Sala procede a dictar sentencia de �nica instancia en el proceso de la referencia, promovido por el se�or LUIS FERNEY MORENO CASTILLO en contra de la NACI�N � MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y MINISTERIO DE MINAS Y ENERG�A, con el fin de que se declare la nulidad del literal b) del art�culo 3� y del art�culo 9� del Decreto 4839 de 24 de diciembre de 2008, �Por el cual se reglamenta el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones�, expedido por el Gobierno Nacional, cuyo tenor es el siguiente:

Por el cual se reglamenta el art�culo 69 de la ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las consagradas en el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, y

Que el art�culo 60 de la Ley 1151 de 2007 dispuso que se podr�n financiar, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Naci�n, los subsidios a la gasolina motor y combustibles di�sel.

Que el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 cre� el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC-, con el prop�sito de atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

Que el mencionado art�culo dispuso que los montos necesarios para la constituci�n del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles - FEPC -, provendr�n de la transferencia de parte de los recursos ahorrados por Ecopetrol en el Fondo de Ahorro y Estabilizaci�n Petrolera FAEP.

Que el art�culo 131 de la Ley 1151 de 2007 estableci� que los recursos ahorrados por Ecopetrol S.A. en el Fondo de Ahorro y Estabilizaci�n Petrolera FAEP, son de la Naci�n.

Que se hace necesario reglamentar el funcionamiento y la operatividad del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles �FEPC

Art�culo3�. Recursos del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC-. El Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC- se constituir� con el 10% de los recursos ahorrados por Ecopetrol S.A., en el FAEP a que hace referencia el art�culo 131 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 3238 de 2007. Adicionalmente contar� con los siguientes recursos:

b) Los provenientes de los giros efectuados por los Refinadores y/o Importadores de los recursos generados en virtud de su Posici�n Neta Trimestral.

Art�culo9�. Pagos a favor del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC-. En el evento en que la Posici�n Neta Trimestral de cada refinador y/o importador sea negativa, los mismos girar�n en pesos con destino al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles - FEPC- dentro de los cinco d�as (5) siguientes a la expedici�n de la resoluci�n a que hace referencia el art�culo 7� del presente decreto, el valor que esta determine y en la cuenta que sobre el particular defina el administrador del Fondo.

El ciudadano LUIS FERNEY MORENO CASTILLO, en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, formul� demanda en contra de la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y Ministerio de Minas y Energ�a, con el fin de que se declare la nulidad del literal b) del art�culo 3� y del art�culo 9� del Decreto 4839 de 24 de diciembre de 2008, �Por el cual se reglamenta el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones�, expedido por el Gobierno Nacional.

El Congreso de la Rep�blica, en desarrollo de las facultades conferidas por el art�culo 151 de la C.P., expidi� la Ley 1151 de 2007, �Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010�, en cuyo art�culo 69 se dispuso la creaci�n del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles (FEPC), sin personer�a jur�dica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el cual tendr� como funci�n atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

Seg�n esta misma norma, �Los recursos necesario para la constituci�n de este Fondo provendr�n de la transferencia de parte de los recursos ahorrados POR Ecopetrol S.A., a que hace referencia el art�culo sobre el �Fondo de Estabilizaci�n Petrolera� de la presente ley�, y �La operatividad y funcionamiento de dicho Fondo se adelantar� de conformidad con la reglamentaci�n que para el efecto expida el Gobierno Nacional, y en todo caso se sujetar� a las normas y procedimientos establecidos en la Constituci�n Pol�tica y el Estatuto Org�nico de Presupuesto�.

El Gobierno Nacional, en desarrollo de esta disposici�n y en ejercicio de las facultades otorgadas en el art�culo 189 numeral 11 de la C.P., expidi� el 24 de diciembre de 2008 el Decreto reglamentario n�mero 4839, en cuyo art�culo 3�, literal b), se dispuso la asignaci�n de un nuevo recurso econ�mico a favor del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles � FEPC, consistente en un ahorro forzoso a los consumidores de combustibles que se concreta en los giros efectuados por los refinadores y/o importadores de los recursos generados en virtud de su posici�n neta trimestral; adem�s, en su art�culo 9�, se estableci� la obligaci�n a los refinadores y/o importadores de girar esos recursos generados en virtud de su posici�n neta trimestral negativa, a favor del citado Fondo, dentro de un plazo determinado.

El actor considera que los art�culos acusados del Decreto 4839 de 2008 vulneran los art�culos 189 numeral 11 y 345 de la Constituci�n Pol�tica, y el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007.

Aduce que se vulnera el art�culo 345 de la C.P. por cuanto el impuesto, ahorro forzado, nuevo recurso econ�mico o como se le quiera denominar al nuevo Ingreso a favor del fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles establecido en las normas acusadas del Decreto 4839 est� indebidamente creado y constituye una modificaci�n al Presupuesto General de la Naci�n, pues no fue autorizado por el Congreso de la Rep�blica. En ese sentido, el Gobierno Nacional, al proferir las disposiciones demandadas, procedi� como si la citada norma constitucional no existiera.

Considera, por otra parte, que se infringe lo establecido en el propio art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, toda vez que dicho art�culo indica claramente y en forma exclusiva de d�nde provendr�n los recursos dirigidos a financiar el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles creado, sin que en ninguno de sus apartes, tal como se puede leer en la norma citada, se faculte al Gobierno Nacional para que disponga sobre el particular.

Concluye que, al ser del resorte y atribuci�n exclusiva del Congreso de la Rep�blica el establecimiento de impuesto o contribuci�n, a trav�s de leyes, el se�or Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico usurp� tales facultades con la expedici�n del acto acusado.

1.2.1. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico contest� la demanda[1] a trav�s de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

Se�al� que el Decreto 4839 de 2008 es el resultado de la aplicaci�n de una pol�tica de Gobierno Nacional, mediante la cual se cre� un mecanismo que se hab�a previsto cuando se dise�� el tema del desmonte de subsidios de los combustibles en el per�odo 2002-2006, cuyo prop�sito es la existencia de un fondo de ahorro de recursos para el evento de un incremento desproporcionado de los precios de los combustibles. Agreg� que uno de los elementos de la pol�tica del Gobierno Nacional ha sido mitigar al m�ximo la volatilidad de los precios internos y para ello cre�, en aplicaci�n de los art�culos 60, 69 y 113 de la Ley 1151 de 2007, el Fondo de Estabilizaci�n de Precios, alimentado de recursos ahorrados por ECOPETROL S.A., en el Fondo de Ahorro y Estabilizaci�n Petrolera - FAEP.

Destac� que dichos recursos son dineros de los colombianos destinados a mitigar la volatilidad de los precios internacionales y a cubrir un rubro que es insostenible con aportes exclusivos del presupuesto nacional, dado que ello va en contrav�a de las dem�s pol�ticas de inversi�n social del estado colombiano; y que el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los combustibles se constituy� como una alternativa intermedia que permite, por un lado, suavizar los efectos sobre el precio interno de los combustibles, ocasionados por movimientos de precios tan vol�tiles como el precio internacional del petr�leo, el margen de refinaci�n y la tasa de cambio y, por otro, seguir enviando las se�ales de precio a los agentes del mercado, para que estos vayan ajustando sus decisiones de consumo de combustibles.

Precis� que el Decreto 4839 de 2008 tiene soporte en los art�culos 60, 69 y 131 de la Ley 1151 de 2007; �Ley de Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010�: el primero de ellos dispuso que se pueden financiar, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Naci�n, los subsidios a la gasolina motor combustible di�sel; el segundo, crea el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC- con la funci�n de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales; y el tercer art�culo, precis� que los recursos ahorrados por Ecopetrol S.A. en el Fondo de Ahorro y Estabilizaci�n Petrolera FAEP, son de propiedad de la Naci�n.

Puntualiz� que el giro al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles por parte de refinadores y/o importadores en virtud de la posici�n neta trimestral no corresponde a un tributo sino a la constituci�n de una reserva que permite suavizar los incrementos en los precios sin causar traumatismos a los dem�s programas de gasto p�blico. A ello adicion� que no se puede olvidar la experiencia de los �ltimos a�os, en los que el incremento en los precios internacionales del petr�leo tuvo que ser financiado con significativos aportes del presupuesto nacional.

Advirti� que es tan evidente que se trata de una reserva que el citado Decreto 4839 de 2008, prev� en su art�culo 8� pagos a los refinadores y/o importadores con cargo a los recursos del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles cuando la posici�n neta trimestral sea positiva. En ese orden, si se tratara de un tributo, �[�] no ser�a posible establecer un mecanismo de pago a los aportantes al Fondo, toda vez que una vez se presente el hecho generador debe cumplirse con la obligaci�n tributaria indistintamente si en el ejercicio fiscal se presentan p�rdidas; en tanto, esta reserva que se constituye en tiempos de bonanza para suavizar altas volatilidades, conservando las tendencias del mercado claro est�, y evitar elevados costos al presupuestos de la Naci�n, son medidas econ�micas adecuadas y corresponde a unos recursos a distribuir en tiempos de escasez [...]�[2].

Finalmente, refiri�ndose a la potestad reglamentaria, se�al� que el Gobierno Nacional con la expedici�n del Decreto 4829 de 2008 se sujet� en todo a lo preceptuado en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez que, conforme a lo ordenado por los art�culos 60, 69 y 131 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, es funci�n del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, y que para el logro de este cometido estatal se reglament� en lo pertinente la estructura, los recursos, los reportes, la posici�n diaria, la posici�n neta trimestral positiva y negativa, la conformaci�n del comit� directivo y las funciones del mismo.

1.2.2. El Ministerio de Minas y Energ�a igualmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual se�al� las siguientes razones de defensa[3]:

Reiter�, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la contestaci�n de la demanda del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, e inform� que ante la Secci�n Cuarta de esta Corporaci�n se adelanta el proceso con radicado n�mero 11001 0327 000 2009 00018 00 (17649), el cual tiene id�ntico objeto al presente.

Se�al�, adicionalmente, que con el acto acusado no se vulner� el art�culo 189 numeral 11 de la C.P. ni el art�culo 65 de la Ley 1151 de 2007 y, por ende, no se existi� extralimitaci�n en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Al efecto, luego de citar el contenido de esta norma legal, precis� que de �sta se puede advertir: i) que los recursos necesarios para la constituci�n del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles proven�an de la transferencia de parte de los recursos ahorrados por ECOPETROL y de los del presupuesto nacional, sin que la ley haya establecido de manera restrictiva que �stos sean los �nicos recursos con los que puede contar el Fondo; y ii) que la operabilidad y funcionamiento del fondo se adelantar�a de conformidad con la reglamentaci�n que expidiera el gobierno nacional, siendo claro que tales materias van ligadas �ntimamente con los recursos y/o dineros que conforman el Fondo de Estabilizaci�n. Por ende, el Presidente de la Rep�blica, en virtud de su potestad reglamentaria, pod�a establecer los recursos adicionales con los que pod�a contar el Fondo de Estabilizaci�n para su operabilidad y/o funcionamiento, con la finalidad de mitigar los efectos negativos de la volatilidad de precios internacionales del petr�leo en los precios nacionales de los combustibles.

Apunt�, en ese sentido, que el establecimiento de los recursos del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de la Gasolina por parte del Decreto Reglamentario 4839 de 2008 en modo alguno desborda lo indicado por el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, pues los recursos provenientes de los giros efectuados por los Refinadores y/o Importadores en virtud de su Posici�n Neta Trimestral, son fijados para establecer la operabilidad y funcionamiento del fondo y no se puede, como lo hace el accionante, desligar los recursos que alimentan el Fondo de su funcionamiento y/o operabilidad, pues, como es l�gico, un fondo funciona y opera a partir de los dineros y/o recursos que lo constituyen.

Destac� igualmente que tampoco existe violaci�n alguna al art�culo 335 de la C.P., puesto que la norma reglamentaria no cre� ning�n impuesto, sino que se tomaron medidas de orden econ�mico para mitigar los efectos negativos de la volatilidad de los precios del petr�leo. Y que el giro al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles por parte de refinadores y/o importadores en virtud de la posici�n neta trimestral no corresponde a un tributo sino a la constituci�n de una reserva que permite suavizar los incrementos en los precios sin causar traumatismos a los dem�s programas de gasto p�blico

Finalmente, en complemento a las razones de defensa, el Ministerio incluy� diversas consideraciones de car�cter econ�mico en los ac�pites que titul�: �Inexistencia de da�o � el Gobierno Nacional redujo el precio de los combustibles a partir del 30 de abril de 2009 en $400 pesos por gal�n teniendo en cuenta los precios internacionales del petr�leo�, �La pol�tica de Gobierno Nacional ha mitigado la volatilidad de los precios internos�; �Evoluci�n mensual de los precios internos de los combustibles desde el a�o 2006�; �Estructura de los precios de referencia de los combustibles�; �Subsidio a los precios de los combustibles � presupuesto nacional�; �Prudencia en precios de combustibles - contexto del mercado internacional del petr�leo�; y �Comportamiento del mercado internacional del petr�leo de 2006 a 2009 � precios�.

No intervinieron en esta etapa del proceso, seg�n lo informado por la Secretar�a de la Secci�n[4].

El Procurador Delegado para la Conciliaci�n Administrativa emiti� concepto de fondo[5], el cual dividi� en dos ac�pites:

En el primero, inform� que con ocasi�n de la acci�n de nulidad identificada con el n�mero 110010324000 2009 00362 00, en la cual se demanda precisamente la misma disposici�n aqu� acusada, el Ministerio P�blico ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en el sentido de solicitar la declaratoria de nulidad de la norma, atendiendo a que, en s�ntesis, se estaba creando, a trav�s de un decreto reglamentario, una contribuci�n parafiscal, usurpando el Ejecutivo con ello las funciones propias del Congreso de la Rep�blica. Por lo anterior, de fallarse ese asunto primero que �ste y accederse a las pretensiones de la demanda, consider� oportuno que se declare la existencia del fen�meno de la cosa juzgada.

Se�al� que para el actor se vulnera el art�culo 345 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez que el ingreso previsto en el literal b) del art�culo 3 del Decreto 4839 de 2008 se encuentra indebidamente creado por la norma y constituye una modificaci�n al Presupuesto General de la Naci�n que no fue autorizada por el Congreso de la Rep�blica. As�, la contribuci�n prevista en tal literal ha debido ser creada en la Ley Anual sobre el Presupuesto General de la Naci�n (art�culo 10 del Decreto 111 de 1996), puesto que, conforme a dicha norma de la Carta Pol�tica, �En tiempos de paz no se podr� percibir contribuci�n o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas�.

Precis� que, contrario a lo afirmado por el actor, �[�] la norma constitucional no hace referencia alguna a la creaci�n de la contribuci�n o impuesto, sino a que los ingresos que de aquellos provengan se encuentren incluidos en la Ley anual sobre el Presupuesto General de la Naci�n (espec�ficamente en el presupuesto de rentas)�, y que �[�] la disposici�n demandada nada indica en relaci�n con la inclusi�n de los mencionados recursos que irrigar�an el Fondo en el presupuesto de rentas e incluso, el Gobierno Nacional, da cumplimiento a las normas presupuestales al indicar, en relaci�n con pagos a realizar con recursos del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles, lo siguiente: [...] Art�culo 8o.Pagos con cargo a los recursos del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC-. En el evento en que la Posici�n Neta Trimestral de cada refinador y/o importador sea positiva, el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles - FEPC- cancelar� en pesos, dentro de los cinco d�as (5) siguientes a la expedici�n de la resoluci�n a que hace referencia el art�culo 7� del presente decreto, el valor correspondiente. Par�grafo transitorio. En virtud de lo se�alado en el presente art�culo y en atenci�n a las normas presupuestales, el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles -FEPC-, cancelar� en el a�o 2010 lo correspondiente al 2009, reconociendo el costo de oportunidad que defina el Consejo de Pol�tica Fiscal -CONFIS-, si a ello hubiere lugar y sin perjuicio de que se pueda dar aplicaci�n al art�culo 10 de la Resoluci�n 181496 de 2008 del Ministerio de Minas y Energ�a. [...]�[6].

Agreg� que para el demandante se viol� el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, que indica claramente y en forma exclusiva de d�nde provendr�n los recursos dirigidos a financiar el Fondo de Estabilizaci�n de Precios, sin que se hubiera facultado al Gobierno Nacional para reglamentar este aspecto.

Subray� a este respecto el Ministerio P�blico que el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 cre� el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles (FEPC) como un fondo sin personer�a jur�dica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuyo prop�sito principal es el de atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales; que este art�culo estableci� que los recursos necesarios para su constituci�n provendr�an de la transferencia de parte de los recursos ahorrados por Ecopetrol S.A., previstos en la misma Ley; y que finalmente la disposici�n encarg� al Gobierno Nacional la expedici�n de la reglamentaci�n que permitiera la operatividad y funcionamiento, siguiendo las normas y procedimientos establecidos en la Constituci�n Pol�tica. Estim� que lo anterior implica que el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 permiti� que se tomara parte de la transferencia de recursos ahorrados por Ecopetrol en el Fondo de Estabilizaci�n Petrolera, para que el Fondo se constituyera (el Decreto 4839 de 2008 determin� que esa parte correspond�a al 10%) y no como una fuente continua de recursos para el Fondo

Consider� que la norma enjuiciada, al determinar los recursos con los cuales contar�a el fondo (diferentes a aquellos previstos para su constituci�n), estaba reglamentando aspectos relativos a su funcionamiento y operatividad, pues siendo el objetivo del Fondo atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, el mismo no puede cumplirse sin la existencia de recursos que lo irriguen.

Por lo anterior, concluy� que en este proceso no se logr� desvirtuar la presunci�n de legalidad del acto parcialmente acusado, raz�n por la cual solicit� que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3.1.1. Manifestaci�n de impedimento del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Vald�s

Por auto de 11 de noviembre de 2016[7], el Despacho sustanciador acept� el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Vald�s, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del art�culo 150 del C.P.C., en cuanto que emiti� concepto de fondo en el presente asunto en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliaci�n Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisi�n de este proceso.

Advierte la Sala que el Decreto 4839 del 2008, acto parcialmente demandado, fue derogado de manera expresa por el Decreto 2713 de 2012, �por el cual se reglamenta el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, el art�culo 101 de la Ley 1450 de 2011, en relaci�n con el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles, FEPC y se dictan otras disposiciones�. No obstante lo anterior, esta circunstancia no tiene ninguna relevancia en este proceso, pues, tal como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci�n[8], el hecho de que el acto acusado haya sido derogado o subrogado por un acto posterior, no constituye motivo legal suficiente para abstenerse de realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta los efectos que dicho acto pudo haber producido mientras estuvo vigente.

De conformidad con lo establecido en los art�culos 237 de la Constituci�n Pol�tica, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 84 del C�digo Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 1� del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena de la Corporaci�n, esta Secci�n es competente para conocer de las presentes demandas.

3.3.1. El concepto de cosa juzgada que se predica de las sentencias judiciales, de acuerdo con lo precisado por esta Secci�n[9], hace referencia a las caracter�sticas de imperatividad,coercibilidad e inmutabilidad de las cuales los fallos ejecutoriados est�n dotadas; es decir, cuando las decisiones de los funcionarios judiciales hacen tr�nsito a cosa juzgada, significa que luego de ciertos tr�mites, pasan a ser imperativas, son susceptibles de cumplirse coercitivamente y no pueden ser modificadas por una decisi�n posterior, salvo las excepciones expresamente reguladas por la ley en tal sentido. De esta forma, el hecho de que la figura de la cosa juzgada impida que los asuntos decididos mediante sentencia en firme sean nuevamente sometidos a la controversia judicial, permite dar seriedad a los fallos judiciales y poner t�rmino a la incertidumbre que se producir�a si quien obtuvo una sentencia judicial contraria a sus intereses, pudiera seguir planteando su caso ante los tribunales hasta que fuera fallado conforme a ellos.

3.3.2. De acuerdo con los art�culo 332 del C.P.C. y 303 del C.G.P., la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes.

La identidad jur�dica entre las partes, no obstante, es un presupuesto que carece de relevancia para la configuraci�n de la cosa juzgada entrat�ndose de acciones p�blicas de nulidad, ya que, estando habilitado todo ciudadano para �interponer acciones p�blicas en defensa de la Constituci�n y de la ley�[10], no es menester que el accionante del segundo proceso corresponda al accionante del primero, precisamente porque entre uno y otro existe un inter�s com�n, como es la defensa de la Constituci�n y la Ley, resultando irrelevante por lo mismo la identidad de las personas jur�dicamente consideradas[11].

3.3.3. La cosa juzgada, en trat�ndose de acciones de simple nulidad, adem�s entra�a la siguiente particularidad en cuanto tiene que ver con sus efectos. Al respecto, el art�culo 175 del C.C.A. prev� en sus dos primeros incisos, lo siguiente:

�Art�culo 175.Cosa juzgada.La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendr� fuerza de cosa juzgada �erga omnes�.

La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada �erga omnes� pero s�lo en relaci�n con la �causa petendi� juzgada.

Por su parte, en el inciso primero del art�culo 189 del C.P.A.C.A. se dispone que:

�Art�culo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendr� fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada erga omnes pero solo en relaci�n con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producir�n efectos erga omnes solo en relaci�n con las normas jur�dicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

De acuerdo las disposiciones citadas, los efectos de la cosa juzgada depender�n de lo decidido en la sentencia.

Si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda, producir� efectos de cosa juzgada erga omnes, �[�] lo cual significa que la decisi�n judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cu�l sea la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada�[12].

En efecto, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados, situaci�n que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relaci�n con el acto acusado[13].

Entre tanto, si se trata de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, producir� efectos de cosa juzgada erga omnes pero s�lo en relaci�n con la causa petendi que, entendida como la raz�n o los motivos por los cuales se demanda, est� contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violaci�n que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una acci�n de nulidad hace tr�nsito a cosa juzgada erga omnes, s�lo respecto de los cargos que dan lugar a su interposici�n.

En este �ltimo caso la instituci�n de la cosa juzgada resulta afectada de una relatividad concernida �nica y exclusivamente a su objeto y a la causa; es decir, s�lo se podr� predicar la existencia de cosa juzgada siempre que en la nueva acci�n p�blica se intente la nulidad del mismo acto administrativo y que entre una y otra exista identidad de causa, esto es que los reparos de nulidad resulten coincidentes en ambas acciones, ya que si nuevas imputaciones sobrevienen, respecto de ellas no podr� declararse la existencia de la excepci�n, siendo procedente su examen y decisi�n.

3.3.4. En el presente asunto el Ministerio P�blico, al emitir su concepto de fondo, inform� que el literal b) del art�culo 3� y el art�culo 9� del Decreto 4839 de 24 de diciembre de 2008, �Por el cual se reglamenta el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones�, disposiciones acusadas en este proceso, fueron demandados ante esta Corporaci�n (proceso 2009 00362 00), asunto en el cual solicit� la nulidad de dichas normas.

Al respecto, la Sala encuentra que, en efecto, la Corporaci�n de Dominio P�blico promovi� demanda en ejercicio de la acci�n de nulidad contra el literal b) del art�culo 3� del Decreto 4839 de 2008, la que dio lugar al proceso n�mero 11001 0324 000 2009 00362 00, en el que se emiti� el pronunciamiento del Ministerio P�blico.

Este proceso fue posteriormente acumulado al n�mero 11001 0327 000 2009 00018 00, tramitado en la Secci�n Cuarta de esta Corporaci�n, que se inici� con motivo de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Camilo Araque Blanco contra el literal b) del art�culo 3�, el art�culo 7� y el art�culo 9� del mismo Decreto 4839 de 2008.

En los procesos acumulados la Secci�n Cuarta profiri� la sentencia de 9 de marzo de 2017[14], con ponencia del Consejero de Estado Hugo Fernando Bastidas B�rcenas, mediante la cual resolvi� lo siguiente:

�PRIMERO:DECL�RASE la NULIDADdel literal b) del art�culo 3 y los art�culos 7 y 9 del Decreto 4839 de 2008 �por medio del cual se reglamenta el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007�, expedido por los ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Minas y Energ�a, en el contencioso de simple nulidad iniciado por CAMILO ARAQUE BLANCO contra el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Ministerio de Minas y Energ�a (Expediente 11001032700020090001800 (17649), proceso al que se acumula el expediente 11001032400020090036200 (22115).� (Resalta la Sala)

Estim� la Secci�n Cuarta que el literal b) del art�culo 3 y los art�culos 7 y 9 del Decreto 4839 de 2008 deb�an ser anulados por violar los art�culos 338 y 150 (numeral 12) de la Constituci�n Pol�tica, puesto que establecieron una carga fiscal que, como tal, deb�a ser fijada por el legislador, en acatamiento del principio de legalidad, y no por Gobierno Nacional, como se hizo mediante el reglamento demandado.

En este orden de ideas, como quiera que esta Corporaci�n profiri� sentencia en la que declar� la nulidad de las disposiciones acusadas en este proceso, la cual se encuentra ejecutoriada y tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, la Sala declarar� probada esta excepci�n, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 164 del C.C.A. y 187 del C.P.A.CA.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

DECLARAR PROBADA LA EXCEPCI�N DE COSA JUZGADA, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta providencia, arch�vese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Declara aprobada la excepci�n de cosa juzgada��(literal b) )�Art�culo 3�DECRETO_4839_2008_24/12/2008
Declara aprobada la excepci�n de cosa juzgada��Art�culo 9�DECRETO_4839_2008_24/12/2008

Se deja constancia que la anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n de la fecha.

[8] Consejo de Estado, Secci�n Primera, sentencia de 7 de julio de 2011, proferida en el proceso con radicado n�mero: 52001-23-31-000-2007-00179-01, Consejera Ponente Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez.

[9] Consejo de Estado, Secci�n Primera, Sentencia de 21 de octubre de 2010, proferida en el proceso con radicado n�mero 11001-03-25-000-2006-00388-00, Consejero Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

[11] Consejo de Estado, Secci�n Quinta, Sentencia de 14 de septiembre de 2007, proferida en el proceso con radicaci�n n�mero 11001-03-28-000-2007-00018-00 (00018), Consejera Ponente Mar�a Nohem� Hern�ndez Pinz�n.

[12] Secci�n Primera, Sentencia de 21 de octubre de 2010, citada en la nota de pie de p�gina n�m. 9.

[13] Este criterio es sostenido asimismo por la Secci�n Quinta del Consejo de Estado, en la Sentencia de 1� de febrero de 2010, expediente n�mero 44001-23-31-000-2009-00025-02, Consejera Ponente Susana Buitrago Valencia.

[14] Providencia disponible en el aplicativo de �RELATORIA� de la p�gina web del Consejo de Estado: www.consejoestado.gov.co.