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Sentencias de NulidadWilliam Hernández GómezNación-Ministerio de Educación Nacional.Francisco Javier Giraldo Gómez06/08/2018Decreto 1075 de 2015Identificadores10030173862true1273070original30152718Identificadores

Fecha Providencia

06/08/2018

Fecha de notificación

06/08/2018

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  William Hernández Gómez

Norma demandada:  Decreto 1075 de 2015

Demandante:  Francisco Javier Giraldo Gómez

Demandado:  Nación-Ministerio de Educación Nacional.


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: William Hernández Gómez

Bogotá D.C., 6 de agosto de dos mil dieciocho.

Expediente: 11001032400020160115900

Interno: 5211-2016

Demandante: Francisco Javier Giraldo Gómez

Demandada: Nación-Ministerio de Educación Nacional.

Tema: Solicitud de medida cautelar- Suspensión provisional de efectos de actos administrativos-.

Ley 1437 de 2011

Medio de control nulidad. Auto interlocutorio número 202

ASUNTO

El despacho decide la solicitud de suspensión provisional presentada por la parte demandante en escrito separado de la demanda.[1]

ANTECEDENTES

El señor Francisco Javier Giraldo Gómez solicitó la suspensión provisional de «las convocatorias 339 a 435 de 2016 proferidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de las cuales -se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los cargos vacantes de directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo 2016- o en su defecto, la suspensión de los efectos del inciso 4.º del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015[2] expedido por el Ministerio de Educación Nacional»[3].

Sustentó la solicitud de suspensión provisional en atención a los siguientes argumentos:

El Ministerio de Educación reguló a través del acto demandado -inciso 4.º del artículo 2. 4. 1. 1. 7 del Decreto 1075 de 2015- que «los profesionales con títulos diferentes al de licenciado en educación, que aspiran a los cargos de directivos docentes de los establecimientos públicos educativos, deberán acreditar en la experiencia exigida por lo menos 2 años en cargos cuyas funciones correspondan a manejo de personal, finanzas o planeación». En consecuencia, considera el demandante que dicha disposición vulnera los artículos 116 y 118 de la Ley 115 de 1994, 3 y 10 del Decreto Ley 1278 de 2002, porque dichas normas no exigen la acreditación en el desarrollo de funciones de manejo de personal, finanzas o planeación, de lo que se deduce que el Ministerio de Educación con la expedición del acto acusado, usurpó competencias propias del legislador.

Agregó que dicha imposición hace más gravosa la situación de los profesionales con títulos diferentes al de licenciado en educación, pues restringe el acceso al trabajo en los establecimientos educativos del sector oficial e impide el libre movimiento del sector privado al público. Considera que dicha disposición vulnera el derecho a la igualdad contemplado en el artículo 13, superior.

Aseguró que es necesaria la suspensión de las convocatorias 339 a 435 de 2016 por cuanto los profesionales con títulos diferentes al de licenciado en educación que se inscribieron para optar a los cargos de directivos docentes, no serían tenidos en cuenta por no cumplir los requisitos de experiencia exigidos en el inciso 4.º del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015 demandado.

PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante auto de 16 de abril de 2018 se corrió traslado a la demandada de la solicitud de suspensión provisional (folio 7).

La Nación – Ministerio de Educación Nacional- a través de apoderada contestó extemporáneamente la solicitud de medida cautelar. Lo anterior, teniendo en cuenta que el auto que corrió traslado fue notificado el 15 de mayo de 2017[4] y la respuesta fue radicada ante esta corporación el 23 del mismo mes y año[5], es decir, por fuera del término de 5 días de que trata el artículo 233 del CPACA[6].

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con los artículos 229[7] y 230[8] del CPACA, el despacho es competente para resolver la solicitud de suspensión provisional que aquí se examina.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta etapa procesal se resumen en las siguientes preguntas:

  1. ¿La solicitud de suspensión de las Convocatorias 339 a 435 de 2016 guarda relación con el objeto del proceso

  1. ¿Es plausible decretar la medida cautelar, después de constatar que la normativa vigente presenta como novedad que el inciso 4.º del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015[9] fue subrogado por el Decreto 915 de 2016

Para resolver se tiene en cuenta lo siguiente:

El artículo 229 del CPACA en relación con la procedencia de las medidas cautelares regula lo siguiente:

«[…] Artículo 229. Procedencia de las medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento […]».

El marco general de las medidas cautelares descansa en el loci propuesto por Chiovenda según el cual: «el tiempo necesario para tener razón no debe causar daño a quien tiene razón»[10], de allí que la principal misión de esta interesante institución procesal es la tutela judicial efectiva, de tal suerte que se proteja y garantice el objeto del proceso, en forma temprana y provisional.

La norma en cita precisa que la medida cautelar principalmente propugna por la efectividad de la sentencia, esto es, que la decisión final, acompasada con la cautela, resuelva el litigio en sentido material y no como un simple formalismo, sin alcances o incidencias en los derechos de los usuarios de la justicia.

Se entiende que el objeto del proceso es la cuestión litigiosa o «thema decidendi» el cual se sustenta inicialmente en la demanda que contiene las pretensiones, los fundamentos de derecho y de hecho. Para el juez es un reto decidir la medida cautelar presentada antes de la notificación del auto admisorio de la demanda[11], puesto que tiene como fundamento esta propuesta primaria y algunas luces adicionales en el escrito de la contraparte al descorrer el traslado de la solicitud[12]. Prima facie, es cierto que la sola demanda podría ser un punto de partida precario, que lo es menos, si la petición de amparo temprano contiene argumentos sólidos y coherentes.

Por ello la primera condición de éxito de la solicitud la arraiga el artículo 229 del CPACA en que esté «debidamente sustentada», esto es, la carga procesal que debe cumplir quien solicita la medida cautelar, para que tenga el potencial de convencer al juez, quien, por su parte, en actitud dialógica, estará dispuesto a escuchar los buenos argumentos y hacer la valoración de las pruebas aportadas -si fuere el caso-[13].

Por lo dicho, la firmeza del punto de partida aquí señalado será la clave del ejercicio hermenéutico que ensamble los dos extremos -principio y fin del litigio-. El incumplimiento del solicitante de una ausencia o deficiente fundamentación trae como consecuencia la negativa de la medida cautelar solicitada.

Es el momento de advertir que, en ningún caso, la precoz decisión será la determinante de la sentencia, puesto que no implica prejuzgamiento. Este es un punto crucial, puesto que en derecho no hay respuestas únicas correctas y de allí que el margen de desviación interpretativa es una variable difícilmente controlable por los jueces, pues en la mayoría de los procesos el derecho a aplicar tiene cierto grado de incertidumbre[14]. En consecuencia, es preclara la norma que permite al juez la oportunidad de ratificar, ajustar, corregir e incluso contradecir en la sentencia lo consignado en la decisión de la medida cautelar.

Algunos doctrinantes sostienen que la medida cautelar es para el juez como dictar una sentencia a ciegas, lo cual no es absolutamente cierto si la decisión se ajusta a lo indicado en el artículo 231 del CPACA, el cual exige un cuidadoso ejercicio argumentativo que permite avizorar la hermenéutica plausible y la incidencia de ella en la sentencia futura. Si el camino interpretativo es incierto o poco lúcido, ello debería conducir a la negativa de la medida.

Ahora bien, el artículo 230 del CPACA indica que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas o de suspensión, si y solo sí tienen relación directa y necesaria con las pretensiones y las excepciones[15], esto es, con el objeto del litigio y que tengan incidencia en la realización plena de la sentencia.

En el caso bajo examen la solicitud se contrae a la suspensión de los efectos de un acto administrativo (medida negativa) sin que se vislumbre necesidad de una medida positiva (que implique obligación de hacer). En consecuencia, el análisis se contraerá a la pertinencia de la suspensión provisional de los efectos, el cual procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se ha anexado en escrito separado.

El primer punto a examinar es el relacionado con la confrontación del acto administrativo con las normas superiores invocadas como violadas, lo cual, en cierta medida, pone en tela de juicio la presunción de legalidad y ejecutividad del acto administrativo. Ahora bien, a la luz del CPACA se trata de una confrontación integral o plena, sin el matiz que contemplaba el antiguo Código Contencioso Administrativo el cual autorizaba la medida cautelar si se trataba de una «manifiesta infracción»[16], argumento que fue recurrente en las decisiones de aquel entonces y que sirvió de fundamento para negar la mayoría de las medidas cautelares solicitadas.

Veamos la nueva redacción del artículo 231:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»

Según el artículo 231 del CPACA, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la confrontación con las normas superiores invocadas ha de entenderse como el análisis integral que debe hacer el juez, lo cual implica dilucidar, entre otros, los siguientes problemas hermenéuticos: (i) vigencia de las normas; (ii) examen de posibles juicios de constitucionalidad o de legalidad de las normas supuestamente infringidas; (iii) jerarquía normativa; (iv) posibles antinomias; (iv) ambigüedad normativa; (v) concurrencia de normas; (vi) sentencias de unificación, doctrina probable, jurisprudencia sugestiva, etc.-; (vii) integración normativa; (viii) criterios y postulados de interpretación; (ix) jerarquía de los criterios y postulados de interpretación, etc.

Ahora bien, prima facie, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris que describen los numerales 1 y 2 del artículo 231 del CPACA, es un requisito más propicio de las medidas cautelares positivas; no obstante, cuando se trata de medidas cautelares negativas -suspensión de los efectos del acto demandado- resulta pertinente, pero en sentido inverso, esto es, no como apariencia de buen derecho, sino como apariencia de ilegalidad, lo cual justifica la tutela cautelar temprana siguiendo la doctrina italiana, según la cual, ante la imposibilidad de una respuesta definitiva en un plazo razonable, es pertinente una respuesta provisional en un tiempo justo[17]. El sentido de apariencia de ilegalidad lo precisa Chinchilla Marín así:

«[...] de la misma forma que la intensidad con la que el interés general reclama la ejecución de un acto es tenida en cuenta por los tribunales para determinar la intensidad del perjuicio que se exige para adoptar la medida cautelar, la intensidad con que se manifieste la apariencia de buen derecho, que es tanto como decir la apariencia de ilegalidad del acto administrativo, debe también tomarse en consideración para determinar la medida del daño que cabe exigir para apreciar la existencia del periculum in mora necesario para otorgar la medida cautelar solicitada.[…]»[18].

Sentados los fundamentos anteriores corresponde entrar a analizar el presente asunto.

Primer problema jurídico:

  1. ¿La solicitud de suspensión de las Convocatorias 339 a 435 de 2016 guarda relación con el objeto del proceso

El demandante en la petición solicitó lo siguiente: (i) La suspensión de las Convocatorias 339 a 435 de 2016 expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para seleccionar los directivos docentes, docentes de aulas y líderes de apoyo, al considerar que quienes participaron en ellas podían ser excluidos porque no cumplían los requisitos de experiencia exigidos en el inciso 4.º art. 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015. (ii) Si no se accede a la suspensión de las convocatorias 339 a 435, a manera de petición supletoria, impetra la suspensión del precitado decreto.

Sobre el particular conviene realizar las siguientes precisiones:

Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (art. 229 CPACA).

El objeto del proceso como se indicó en lineas ut supra está relacionado entre otros, con las pretensiones de la demanda, que en el medio de control de simple nulidad se circunscriben a la solicitud de nulidad -de un acto de carácter general y excepcionalmente la nulidad de un acto particular tal como lo prescribe el art. 137 del CPACA-. De esta manera, el medio de control de simple nulidad tiene como objetivo fundamental preservar el orden jurídico en abstracto.

En consonancia, el acto administrativo que se solicita suspender en sus efectos debe tener una relación directa y necesaria con el acto respecto del cual se peticiona su nulidad. La relación cobra sentido si se observan los requisitos para decretar las medidas cautelares, tratándose de la pretensión de nulidad de un acto administrativo, que regula el inciso 1.º del art. 231 del CPACA de la siguiente manera: «[…] cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las dispocisiones invocadas en la demanda o en la soliictud que se realice por escrito separado, cuando tal violacion surja del análisis del acto demandado y su confrontacion con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solictud […]» (subrayado fuera de texto).

Por tanto, la conclusión es simple: La solicitud de suspensión de los efectos de un acto administrativo es pertinente si coincide con el acto demandado. En caso contrario, será improcedente la solicitud de medida cautelar.

Ahora, en el presente caso se advierte que el demandante peticionó la suspension de los efectos de las convocatorias 339 a 435 de 2016, respecto de las cuales no solicitó la nulidad. Por tanto, la solicitud de suspensión de las convocatorias 339 a 435 de 2016 no guarda relación con el objeto del proceso y en razon de ello no es procedente estudiar de fondo la peticion de suspension en estos términos propuesta.

Segundo problema jurídico

  1. ¿Es plausible decretar la medida cautelar, después de constatar que la normativa vigente presenta como novedad que el inciso 4.º del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015[19] fue subrogado por el Decreto 915 de 2016

Para mejor compresion se trascribe el contenido del acto acusado. Veamos:

«Artículo 2.4.1.1.7: […] «los profesionales con títulos diferentes al de licenciado en educación, que aspiran a los cargos de directivos docentes de los establecimientos públicos educativos, -deberán acreditar en la experiencia exigida por lo menos 2 años en cargos cuyas funciones correspondan a manejo de personal, finanzas o planeación-».

Al estudiar la vigencia de los apartes acusados del Decreto 1075 de 2015, se advierte que estos no producen efectos juridicos, en virtud a que fueron subrogados por el Decreto 915 de 2016[20] . Veamos:

El artículo 1.° del citado Decreto 915 de 2016 regula lo siguiente:

« […] Artículo 1. Subrogación del Capítulo 1 perteneciente al Título 1, Parte 4 Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Subróguese el Capítulo 1 del Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 2015, el cual quedará así:

[…]

Artículo. 2.4.1.1.7. Requisitos para participar en el concurso. Podrán inscribirse en el concurso docentes y directivos docentes, los ciudadanos colombianos que reúnan los requisitos señalados en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994 y los artículos 3 y 10 del Decreto Ley 1278 de 2002, así como en el Manual Requisitos, Competencias y Funciones de que trata artículo 2.4.6. 3. 8 de este decreto.

Parágrafo. Para acceder a los cargos docentes en el de educación religiosa, las certificaciones exigidas de conformidad con el literal i) del artículo 6 la Ley 133 1994 no sustituyen los títulos que habilitan el ejercicio de docencia […] »

La subrogatoria señalada permite concluir que los profesionales diferentes a los licenciados que aspiren a cargos de directivos docentes, a partir de la expedición del Decreto 915 de 2016, solo tendrán que cumplir con los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley 1278 de 2002, entre los cuales no se contempla la acreditación de la experiencia profesional relacionada con funciones de manejo de personal, finanzas o planeación que se conotempló, su momento, el Decreto 1075 de 2015.

Ahora bien, se comprueba la pérdida de los efectos del citado decreto (aquí acusado) al constatar que el manual de funciones, requisitos y competencias[21] de las convocatorias 339 a 435 proferidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil[22], se fundamenta en los requisitos contenidos en los artículos 116 de la Ley 115 de 1994[23], 3.° y 10 del Decreto Ley 1278 de 2002[24], y no, los regulados por el decreto acusado -inciso 4.º del artículo 2. 4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015, como equivocadamente lo señaló la parte demandante.

En conclusión: No es plausible acceder a la medida cautelar de suspensión porque la norma o regla legal demandada fue subrogada por el artículo 1.° del Decreto 915 de 2016 que comenzó a regir el 1º de junio de la misma anualidad, incluso, antes de interponerse el presente medio de control.

Es de aclarar que de conformidad con el artículo 229 del CPACA, la presente decisión no implica prejuzgamiento.

Por lo expuesto, el magistrado ponente,

RESUELVE

Primero:NEGAR la solicitud de suspensión de las Convocatorias 339 a 435 expedidas por la Comision Nacional del Servicio Civil por cuanto no guardan relación con el objeto del presente medio de control.

Segundo:NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos del inciso 4.º del artículo 2.4.1.1.7 del Decreto 1075 de 2015 expedido la Nación - Ministerio de Educación Nacional.

Tercero: La Secretaría hará las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolverá el expediente al despacho para continuar con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero Ponente

[1] Folios 1 a 6 cuaderno que contiene la suspensión provisional.

[2] «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación».

[3] Folio 6 del cuaderno principal.

[4] Folio 11 y 13 cuaderno medida cautelar.

[5] Folios 23 cuaderno medida cautelar.

[6] «[…] El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda […]»

[7] El referido artículo señala: «[…] En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada podrá el juez o magistrado ponente, decretar en providencia motivada las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capitulo […]».

[8] El referido artículo señala: «[…] Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas […]».

[9] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

[10] Chiovenda, G., “Notas a Cass. Roma, 7 de marzo de 1921”. Giur. Civ e Comm., 1921, p. 362.

[11] La medida cautelar puede presentarse antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada (art. 229 del CPACA). El análisis que se hace en esta providencia corresponde a la petición antes de la notificación del auto admisorio.

[12] Excepto cuando se trate de solicitud de urgencia. Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.

[13] El artículo 231 del CPACA precisa: «Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».

[14] García de Enterría, Eduardo. La batalla por las medidas cautelares. Madrid, Thomson, Civitas. 3ed. 2004, p. 66.

[15] Se entiende que la medida cautelar debe tener coherencia con las excepciones, si se ha notificado y contestado la demanda, o en el escrito que descorre el traslado de la medida cautelar, la contraparte propone alguna de las excepciones denominadas mixtas: cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva (art. 180, núm. 6).

[16] El artículo 152 del Decreto 01 de 1984, incluía el adjetivo "manifiesta infracción"

[17] Chinchilla Marín, Carmen. La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa, Madrid, Civitas, 1991, p. 128, citada por Daniela S. Sosa y Laura E. Giménez, Régimen cautelar en el proceso contencioso administrativo de Córdoba. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/8.pdf. Consultado el 30 de julio de 2018.

[18] Chinchilla Marín, Carmen “Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo en España”, p. 156, en la publicación “Las medidas cautelares en el proceso administrativo en Iberoamérica”, Asociación de Magistrados de Tribunales Contencioso Administrativos en los Estados Unidos Mexicanos, México 2009, tomado el 30 de julio de 2018.

Página electrónica: https://es.scribd.com/document/209225123/Las-Medidas-Cautelares-en-El-Proceso-Administrativo-en-Iberoamerica

[19] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

[20] Decreto 915 de 2016[20] por el cual «se reglamenta el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia de concursos de ingreso al sistema especial de carrera docente, se subroga un capítulo y se modifican otras disposiciones del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación».

[21] Resolución 09317 de 6 de mayo de 2016 subrogada por la Resolución 15683 del 1º de agosto de 2016, proferida por el Ministerio de Educación Nacional.

[22] «Por medio de las cuales se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los cargos vacantes de directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo – 2016».

[23] Artículo 116. Título exigido para ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere Título de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores Reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o de Licenciado en Educación u otro título profesional expedido por una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente habilitada para ello.

Parágrafo 1.º. Para garantizar la prestación del servicio educativo estatal en zonas de difícil acceso podrá contratarse su prestación con entidades privadas de reconocida trayectoria e idoneidad, de conformidad con la reglamentación vigente, siempre que el personal que integra las correspondientes listas de elegibles para ser nombrados en esos cargos no acepte el nombramiento, que no se cuente con personal titulado para proveer los cargos en provisionalidad o no se cuente con las correspondientes plazas. Las entidades contratadas tendrán la obligación de capacitar al personal que se destine para la docencia, remunerarlo de acuerdo con las escalas salariales fijadas por el Gobierno Nacional y garantizar su afiliación al sistema de seguridad social en los términos de la ley. En todo caso, dicho personal deberá acreditar como mínimo la culminación de la educación media, condición esta que no se aplica a la oferta de servicio educativo para las comunidades indígenas. El servicio educativo que se ofrezca a estas comunidades será atendido provisionalmente con docentes y directivos docentes etnoeducadores normalistas superiores, licenciados en educación o profesionales con título distinto al de licenciado o, cuando no los hubiere disponibles, por personal autorizado por las autoridades tradicionales del correspondiente pueblo indígena, sin los títulos académicos a los que se refiere este artículo.

Parágrafo 2. Para ejercer la docencia en educación primaria, el título de normalista superior o el de licenciado en educación no requiere ningún énfasis en las áreas del conocimiento.

Parágrafo 3. Para efectos del concurso de ingreso a la carrera administrativa docente, el título de Tecnólogo en Educación será equivalente al de Normalista Superior.

[24] Artículo 3. Profesionales de la Educación. Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores.

Artículo 10. Requisitos especiales para los directivos docentes. Para participar en los concursos para cargos directivos docentes de los establecimientos educativos, los aspirantes deben acreditar los siguientes requisitos: a) Para director de educación preescolar y básica primaria rural: Título de normalista superior, o de licenciado en educación o de profesional, y cuatro (4) años de experiencia profesional. b) Para coordinador: Título de licenciado en educación o título profesional, y cinco (5) años de experiencia profesional. c) Para rector de institución educativa con educación preescolar y básica completa y/o educación media: Título de licenciado en educación o título profesional, y seis (6) años de experiencia profesional. Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá los perfiles para cada uno de los cargos directivos y el tipo de experiencia profesional que será tenida en cuenta para estos concursos.