SENTENCIA 11001 03 24 000 2010 00512 00 de 2017

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Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato Vald�sGOBIERNO NACIONALJORGE ALBERTO JURADO MURILLODecreto 4779 de diciembre 30 de 2005Identificadores10030139351true1234610original30136859Identificadores

La Sala decide, en �nica instancia, la demanda que en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo (en adelante CCA), present� el ciudadano JORGE ALBERTO JURADO MURILLO, en contra del[1], expedido por el Gobierno Nacional.

El ciudadano JORGE ALBERTO JURADO MURILLO, obrando en nombre propio, en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del CCA, solicit� la declaratoria de nulidad del Decreto 4779 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional.

Se�ala el demandante que a partir del a�o 1976, se inici� un proceso de inversiones de Telecom en empresas telef�nicas locales, hasta llegar a establecerse convenios con 14 de ellas, las cuales fueron conocidas como las Telef�nicas Asociadas con Telecom o �Teleasociadas�.

El Gobierno Nacional, siguiendo los par�metros fijados en el Documento T�cnico DIE-STEL que contiene los �Lineamientos de Pol�tica para los Servicios de Telefon�a P�blica B�sica Conmutada (TPBC) a cargo de la Naci�n a trav�s de Telecom y sus Empresas Teleasociadas�, elaborado por el Departamento Nacional de Planeaci�n Nacional, expidi�, el 12 de junio de 2003, una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto 1613[3], mediante el cual se orden� la supresi�n, disoluci�n y liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones del Valledupar S.A. E.S.P. � TELEUPAR S.A. E.S.P.

Subrayan los demandantes que el liquidador de TELEUPAR S.A. E.S.P., sin haber realizado previamente el inventario t�cnico de la totalidad de los bienes que integran la masa de la liquidaci�n de Telecom y sus teleasociadas, de conformidad con el art�culo 12.2 del Decreto 1613 de 2003, procedi� a la contrataci�n de la Fiduciaria Cafetera S.A., entidad que se encargar�a de administrar el patrimonio aut�nomo denominado �PARAPAT�, al cual, Telecom y sus teleasociadas, dentro de las que se cuenta TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, cedieron el contrato de explotaci�n econ�mica de bienes, activos y derechos celebrado con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Agregan que el 30 de diciembre de 2005, entre el Liquidador de Telecom y las teleasociadas, dentro de las que se encuentra TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, suscribieron el contrato de fiducia mercantil cuyo objeto era la constituci�n de un patrimonio aut�nomo de remanentes, cuya cl�usula trig�sima establec�a que el inicio de la ejecuci�n del contrato estaba supeditado a que el Gobierno Nacional aclarara, modificara o adicionara los decretos de liquidaci�n de las empresas contratantes. As� fue como el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 4779 de 2005, por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1613 de 2003, el cual fue publicado en el Diario Oficial 46.138 del 31 de diciembre de 2005.

Mencionan que el viernes 7 de abril de 2006, le fue adjudicada a la compa��a espa�ola Telef�nica un paquete accionario de la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., empresa que asumi� el control de dicha sociedad, sin que a la fecha de presentaci�n de la demanda se hubiera realizado el inventario t�cnico y aval�o de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio p�blico de telecomunicaciones de propiedad de Telecom y sus teleasociadas, dentro de las que se encuentra TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, los cuales ven�an siendo explotados por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Subraya finalmente que a la fecha de la presentaci�n de la demanda, a�n no se han realizado los inventarios t�cnicos y el aval�o de la totalidad de los bienes de propiedad de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, ni ellos han sido refrendados por el Revisor Fiscal de la liquidaci�n, ni se han enviado a la Contralor�a General de la Rep�blica para su control posterior.

Los demandantes consideran que el acto demandado transgredi� los art�culos 29, 113, 115, 121, 150 (numerales 1 y 23) y 189 (numerales 10, 15 y 22) de la Constituci�n Pol�tica; los art�culos 2, 4, 19, 18, 20, 21, 22, 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 21 de febrero de 2000[4]; el art�culo 299 del Decreto 663 de 2 de abril de 1993[5]; y los art�culos 1, 9, 12, 30, 31, 32, 35, 40 y 42 del Decreto 1613 de 2003.

El demandante plantea que los art�culos 1, 2, 3, 4 y 5 (parcial) del Decreto 4779 de 2005 violan las normas superiores en que han debido fundamentarse, en particular, las citadas anteriormente, formulando para el efecto los siguientes cargos:

1.3.1.- La parte actora destaca que la Secci�n Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 11 de febrero de 2010, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[6], estableci� que los art�culos 2 y 3 del Decreto 4779 de 2005 desconocieron el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 663 de 1993 y, en consecuencia, declar� la nulidad del par�grafo del art�culo 2 del Decreto 4779 de 2005, as� como de la expresi�n �[�] no afectos al servicio [�]� contenida en el numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, con la modificaci�n introducida precisamente por el Decreto 4779 de 2005, precisando, entonces, que:

�[�] Como sobre la constitucionalidad y legalidad de la norma demandada, ya existe un pronunciamiento emanado de esa Alta Corporaci�n, a fin de precisar el objeto de la presente demanda, y en procura de que haya un nuevo pronunciamiento de fondo que cobije los art�culos que no han sido anulados y no una declaratoria de Cosa Juzgada, me permito transcribir los apartes pertinentes de dicha decisi�n as�: (se cita) [�]�.

1.3.2.- El art�culo 3 del Decreto 4779 de 2005, en cuanto modifica el ordinal 2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, viola el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1613 de 2003, toda vez que:

�[�] El Art�culo 3� del Decreto 4779 del 2005 tambi�n es violatorio del D.L. 254 del 2000 y del Decreto 1613 del 2003, en cuanto dicho Art�culo 3� (que contiene la nueva versi�n normativa del Art�culo 12.2 del D. 1613 de 2003) permite Celebrar un Contrato de Fiducia Mercantil para Administraci�n y Enajenaci�n de los Bienes Afectos al Servicio, sin que tales bienes hubiesen sido inventariados y avaluados por el liquidador de Teleupar, lo cual consigue por la v�a de suprimir la obligaci�n de inventariarlos y avaluarlos antes de la Celebraci�n de dicho Contrato de Fiducia [�] De la mera lectura de las dos versiones del Art�culo 12 (la originaria del Decreto 1613 de 2003 y la introducida por el Art�culo 3� del D. 4779/05), se concluye que el Gobierno Nacional insiste en suprimir la obligaci�n del liquidador de Teleupar de realizar el inventario f�sico detallado y el aval�o de todos los bienes de propiedad de la entidad estatal, a fin de cerrar el proceso liquidatorio y celebrar el contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio, sin que estos �ltimos bienes se hayan inventariado y valorado en los precisos t�rminos del Decreto 1613/03 y del D.L. 254/00 [�] As� las cosas, el art�culo 3� de la norma demandada permite que los bienes de propiedad de Teleupar S.A. E.S.P. en liquidaci�n � afectos a la prestaci�n del servicio, dejen de ser prenda general de los acreedores y garant�a de pago de las obligaciones, sin que se hayan inventariado y avaluado, con lo cual se afectan gravemente los derechos de los trabajadores de Teleupar en liquidaci�n, quienes como acreedores privilegiados deben soportar la carga de perder la m�s importante garant�a para la satisfacci�n de sus derechos, sin que tales bienes hayan sido siquiera inventariados y valorados [�]�.

1.3.3.- El art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005 es violatorio del Decreto Ley 254 de 2000 y del Decreto 1613 de 2003, por cuanto, seg�n el criterio de los demandantes, la adici�n de un par�grafo al art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003 persigue diferenciar entre los bienes afectos a la prestaci�n del servicio y aquellos que no lo est�n, para permitir el cierre del proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N sin la realizaci�n de los inventarios, sin la refrendaci�n de aquellos por parte de su revisor fiscal y sin remitirlos a la Contralor�a General de la Rep�blica para el control posterior. Explican los accionantes que:

�[�] El art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003, estaba en plena armon�a con los art�culos 18, 20, 21 y 27 (Autorizaci�n de Inventarios) del D.L. 254 del 2000, que textualmente establec�an [�] De su cotejo con las normas del D.L. 254 del 2000 ya transcritas, fuerza concluir que el Par�grafo adicionado es abiertamente violatorio de dicho Decreto Ley, en cuanto sustrae de la refrendaci�n del revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n el inventario de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio, que tambi�n deben ser refrendados por dicho funcionario [�] As� las cosas, el Par�grafo adicionado al Art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003 por el Art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005, trae como consecuencia nada m�s y nada menos que sustraer del �rgano del Control de la Liquidaci�n, el control (la refrendaci�n) de los inventarios de los principales bienes de propiedad de Teleupar S.A. E.S.P. en liquidaci�n [�] Por otra parte, el Art�culo 4� denunciado tambi�n priva a la Contralor�a General de la Rep�blica de la posibilidad de efectuar Control Posterior sobre los inventarios de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio, en cuanto el Par�grafo suprimi� la obligaci�n del liquidador de remit�rselos, conservando �nicamente la obligaci�n de remitirle los inventarios de los bienes inmuebles no afectos a la prestaci�n del servicio [�] Las violaciones en que incurre el Art�culo 4� son muy graves, pues en la vida real se permite el cierre del proceso liquidatorio de Teleupar sin haber realizado el inventario de sus principales bienes (los afectos a la prestaci�n del servicio), sin que tales inventarios hayan sido refrendados por el Revisor Fiscal de la liquidaci�n, y sin que tales inventarios sean remitidos a la Contralor�a General para realizar el Control Posterior sobre ellos. Por lo expuesto, el Art�culo 4� del Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005, es abiertamente violatorio de los art�culos 18, 20, 21 y 27 del D.L. 254 del 2000, por lo que respetuosamente solicitamos se declare su nulidad desde el momento mismo de su expedici�n [�] En la misma l�nea de violaci�n que hemos venido exponiendo, la expresi�n del Art�culo 4� que dice ��en caso de que al cierre del proceso liquidatorio no se hubiere cumplido en su totalidad, ello estar� a cargo del PAR.�, abre las puertas para que ni siquiera los bienes no afectos al servicio de Teleupar S.A. E.S.P tengan control del Revisor Fiscal de la Liquidaci�n, ni control posterior de la Contralor�a, por lo que tambi�n por esta raz�n debe anularse [�]�.

1.3.4.- El inciso final del art�culo 5 del Decreto 4779 de 2005 es violatorio del Decreto Ley 254 de 2000 y del Decreto 1613 de 2000, puesto que prev�, de acuerdo con los accionantes, una situaci�n consistente en que puede producirse el cierre del proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, sin que se hubiera realizado por completo el inventario de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio, por lo que �[�] el Gobierno Nacional va m�s all� de su ilegal decisi�n de permitir el cierre del proceso liquidatorio de Teleupar sin el inventario y aval�o de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio, sino que pretende autorizar el cierre a�n sin el inventario de los bienes no afectos [�]�. Agregan que:

�[�] Adem�s, es claro que el inciso final cuya nulidad se depreca, vulnera de manera ostensible los art�culos 4� y 18 del D.L. 254 de 2000, pues el inventario y valoraci�n de activos adelantados posteriormente al cierre del proceso liquidatorio, no permite que esta faceta del proceso se adelante bajo la inmediata direcci�n y responsabilidad del liquidador [�] adem�s que el art�culo 18 exige que el inventario f�sico detallado de los activos de la entidad debe darse dentro del proceso liquidatorio y no con posterioridad a su cierre. As� mismo, el inciso final transcrito no permite el control por parte del Revisor Fiscal de la liquidaci�n de los inventarios efectuados post cierre del proceso, por lo que trasgrede el art�culo 27 del D.L. 254 de 2000 [�] Por otra parte, el inciso final transcrito, viola de manera abierta los ordinales 1 y 2 del texto original del Decreto 1613 de 2003, que perentoriamente se�ala que el inventario de los activos es una funci�n del liquidador, asign�ndosela a un Patrimonio Aut�nomo que no es el liquidador, es m�s asign�ndole funciones propias del liquidador a un fen�meno jur�dico que ni siquiera es una Persona Jur�dica [�] Igualmente el inciso final del art�culo 5�, al permitir que el inventario y aval�o de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio se haga por el PAR (que no es el Gestor del Servicio), vulnera el art�culo 30 del Decreto 1613 de 2003 que claramente manda que ��. el Liquidador deber� realizar el inventario f�sico detallado del activo y del pasivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � Teleupar S.A. E.S.P. en liquidaci�n. � El Liquidador se podr� apoyar en la entidad que se establezca como Gestor del Servicio para la realizaci�n del inventario y su valoraci�n.� [�]�

1.3.5.- El art�culo 1� del Decreto 4779 de 2005 es violatorio del Decreto Ley 254 de 2000 y del Decreto 1613 de 2003, puesto que:

�[�] De anularse los apartes se�alados de los art�culos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 4779 de 2005, quedar�a total y absolutamente claro que a partir de la entrada en vigencia de esta norma, el Gobierno Nacional prefiri� apartarse de la normatividad existente, es decir que el Gobierno Nacional opt� por no aplicar �ntegramente el D.L. 254 con el contenido vigente para la �poca. Con qu� prop�sito (sic) Es evidente que con la finalidad de suprimir las obligaciones a�n no realizadas por el liquidador, a objeto de cerrar el proceso liquidatorio inmediatamente a la publicaci�n de la norma. Por ello en el art�culo 1� apenas se extendi� el plazo de la liquidaci�n hasta el 31 de enero de 2006, cuando conforme al texto original del Art. 2� del Decreto 1614 su duraci�n pod�a ser prorrogada por un per�odo que permitiera cumplir a cabalidad la normatividad vigente, o expresado en las palabras de los considerandos de la norma demandada, se pod�a �� prorrogar el t�rmino de duraci�n de la liquidaci�n hasta por un plazo igual al fijado en el acto que decreta la supresi�n y ordena la liquidaci�n de la entidad [�] y con el fin de cumplir con los objetivos de la liquidaci�n �� [�] Anular los apartes demandados de los Art�culo 2, 3, 4 y 5 del Decreto 4779 de diciembre 30 de 2005, si anular la brev�sima extensi�n de la duraci�n del proceso liquidatorio establecida en el art�culo 1�, es avalar t�citamente la decisi�n gubernamental de violar normas superiores al Decreto 4779, pues es claro que dentro del ef�mero per�odo all� se�alado no pueden desarrollarse la totalidad de actividades propias del Proceso Liquidatorio que estaban pendientes de realizar. Por lo brevemente expuesto respetuosamente solicitamos que se anule el art�culo 1� del Decreto 4779 de 2005 [�]�.

1.3.6.- El Decreto 4779 de 2005 viola el art�culo 29 de la Carta Pol�tica por cuanto la parte demandante considera que en el proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N no se observaron la plenitud de las formas propias del r�gimen de liquidaci�n de entidades estatales pues:

�[�] permite cerrar la liquidaci�n en la fecha establecida en su Art�culo 1�, sin que se haya desarrollado el inventario y aval�o de todos los bienes de propiedad de Teleupar, adem�s sin que el Revisor Fiscal haya refrendado los inventario, y sin que al Contralor General se le haya enviado copia de los inventarios y de los aval�os para su Control Posterior [�]�.

1.3.7.- Los art�culos 1 a 6 del Decreto 4779 de 2005 transgreden la Constituci�n Pol�tica.

Los demandantes advierten que de conformidad con el art�culo 113 de la Carta Pol�tica, en el pa�s existen tres ramas del poder p�blico, integradas por diversos �rganos con funciones separadas que colaboran arm�nicamente para la realizaci�n de sus fines. Sin embargo:

�[�] Desafortunadamente para nuestro orden constitucional y para nuestro Estado de Derecho, con la expedici�n del Decreto 4779 de diciembre 30 de 2005 el Gobierno Nacional (integrado por el Presidente, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la Ministra de Comunicaciones, el Ministro de la Protecci�n Social y el Director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica) se insubordin� contra el orden jur�dico, invadiendo las funciones de la rama legislativa del poder p�blico, en cuanto, pretendiendo modificar y aclarar algunos art�culos del Decreto 1613 de 2003, termin� modificando el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional�, contenido en el Decreto Ley 254 de 2000 (se modificaron los art�culos 2, 4, 18, 20, 21, 22, 27 y 28), sin que se le hubieran otorgado expresas facultades para ello. [�]�.

Subrayan que el art�culo 150 de la Carta Pol�tica establece que es al Congreso de la Rep�blica al que le corresponde hacer las leyes, ejerciendo mediante ellas la funci�n de reformar y derogar otras leyes y la de regular la prestaci�n de los servicios p�blicos, incluido el de telecomunicaciones, por lo que el Ejecutivo no pod�a irrogarse la facultad de introducirle modificaciones al r�gimen de liquidaci�n previsto en el Decreto Ley 254 de 2000.

1.3.8.- Los demandantes consideran que el Decreto 4779 de 2005, fue expedido con desviaci�n de poder, en la medida en que, de una parte, el Gobierno Nacional transgredi� el numeral 15 del art�culo 189 de la Carta Pol�tica pues el Decreto 4779 de 2005 permite que la liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N termine sin que se haya efectuado el inventario y aval�o de todos los bienes de la liquidaci�n, sin que el revisor fiscal haya refrendado tales inventarios y sin que los mismos se env�en a la Contralor�a General de la Rep�blica, lo que significa que no se seguir� el procedimiento previsto en los art�culos 4, 18, 20, 21, 22, 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 2000, sino el especial creado en la norma demandada.

Asimismo, considera que se transgreden los art�culos 115 y 121 de la Carta Pol�tica puesto que:

�[�] El Gobierno Nacional al modificar el r�gimen de liquidaci�n de las entidades nacionales, est� ejerciendo funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la Ley, porque el �nico que pod�a y puede modificar el r�gimen de liquidaci�n de TELEUPAR, a efectos de suprimir de las actuaciones previas al cierre de su liquidaci�n el inventario de todos los bienes y el aval�o de los mismos es el Congreso Nacional, bien por la v�a de expedir una Ley de la Rep�blica que modifique el D.L 254 de 2000, bien por la v�a de expedir una Ley que otorgue facultades expresas y especiales al Presidente para hacerlo [�]�.

2.- LA CONTESTACI�N DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO [7]

El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en la oportunidad procesal correspondiente y a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda solicitando que se denegaran las pretensiones de la misma, de acuerdo con los siguientes argumentos:

�[�] IMPROCEDENTE EL CARGO POR CARENCIA DE OBJETO [�] Los bienes alrededor de los cuales funciona el servicio p�blico de telecomunicaciones, son inherentes a la finalidad social del Estado, prevalece la protecci�n constitucional y por lo mismo hacen parte de la Soberan�a del Estado [�] Los servicios p�blicos tienen un especial marco normativo comprendido por los fundamentos constitucionales, la reserva legal del r�gimen jur�dico, las disposiciones reglamentarias y regulatorios [�] En el caso espec�fico de la liquidaci�n de Telecom y las Teleasociadas existe un nexo vinculante entre los pensionados de las empresas y la contrataci�n por la explotaci�n de los bienes afectos al servicio, con estimaci�n de vigencias futuras de acuerdo al modelo de Colombia Telecomunicaciones, comprometidas en los recursos para pago de pasivo pensional [�] No existe vulneraci�n de las normas se�aladas por el actor porque los bienes afectos al servicio no inventariados en la masa de liquidaci�n no eran de las entidades en liquidaci�n sino de la Naci�n con destinaci�n espec�fica de garantizar la efectividad y oportunidad del pago del pasivo pensional causado por la actividad comercial desarrollada por la entidad Telecom y Teleasociadas, por lo tanto, existiendo compromisos anteriores a la liquidaci�n, con prelaci�n constitucional y legal, por sustracci�n de materia y carencia de objeto los bienes afectos al servicio no integraron la masa de liquidaci�n, con los efectos contables y jur�dicos advertidos en el inciso 3 del art�culo 1� del Decreto 2387 de 2001 [�]�.

3.- LA CONTESTACI�N DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE TECNOLOG�AS DE LA INFORMACI�N Y LAS TELECOMUNICACIONES[8]

El Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Telecomunicaciones, en la oportunidad procesal correspondiente y a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda, proponiendo inicialmente la excepci�n de cosa juzgada, la cual fundament� en la siguiente forma:

�[�] Sobre las pretensiones de la demanda ya decidi� el Consejo de Estado en sentencia con ponencia de la doctora Mar�a Claudia Rojas Lasso del 11 de febrero de 2010, en donde declar� la nulidad del par�grafo del art�culo 2 del Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005 y de la expresi�n �� no afectos a la prestaci�n del servicio�� contenida en el art�culo 12, numeral 12.1 del Decreto 1613 de 2003, con la modificaci�n introducida por el Decreto 4779 del 2005, expedido por el Gobierno Nacional, y neg� las dem�s pretensiones de la demanda. Se trata de una demanda que presenta identidad de objeto, identidad de causa, con la que cursa en el presente proceso por lo que estamos en presencia del fen�meno de la cosa juzgada [�] La excepci�n de cosa juzgada implica una comparaci�n de la causa de la que se trata con otra que ya ha sido fallada [�] Identidad de objeto. Observamos que ambas causas, la presente, identificada con el No. 210-512 y la fallada, identificada con el No. 2006-129, versan sobre el mismo objeto, a saber, el Decreto 4779 del 30 de diciembre de 2005 expedido por el Presidente de la Rep�blica y as� fue claramente planteadas en las dos demandas [�] Identidad de causa. Igualmente en ambos procesos se impugn� el acto administrativo ya mencionado [�] Identidad jur�dica de las partes. En ambos procesos las partes son las mismas de un lado unos actores populares que obran como demandantes y por el otro, la Naci�n Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones y otros, como entidad accionadas [�]�

En cuanto a las pretensiones de la demanda, la cartera ministerial se opuso a todas ellas y solicit� se despacharan desfavorablemente, esgrimiendo para el efecto los siguientes razonamientos:

�[�] LA FINALIDAD DEL DECRETO LEY 254 DE 2000 [�] No se puede dejar de lado que la finalidad del Decreto Ley 254 de 2000 no es simplemente cerrar una entidad y punto, contempla ante todo un nivel de eficiencia. Ello deriva directamente de la ley de facultades (L. 573/00 �Mediante la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de precisas facultades extraordinarias en aplicaci�n del numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n�): [�] No es una especie de ley aplanadora, como pareciera querer la parte demandante, es una ley de eficiencia estatal, y as� debe mirarse el Decreto Ley 254 de 2000. La finalidad del Estado no es cerrar entidades, sino realizar el Estado Social de Derecho, que se desarrolla particularmente en los servicios p�blicos domiciliarios [�] Este es el marco en que debe aplicarse el Decreto Ley 254 de 2000 [�] LA DISTINCI�N FUE CREADA EN EL DECRETO 1613 DE 2003, NO EN EL DECRETO 4779 DE 2005, POR EL DEBER DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES [�] Es importante y vital para el debate, establecer que, no es cierto que el Decreto 4779 de 2005 hubiera creado la distinci�n entre bienes afectos al servicio y bienes de la masa de la liquidaci�n. Ella constaba en el D. 1613/03. [�] No se est� introduciendo nada nuevo al respecto. El art. 2� del D. 4779 de 2005 lo �nico que hace es proporcionar una aclaraci�n [�] Como se ve, los bienes afectos al servicio contin�an incluso hoy en d�a con la misma afectaci�n. N�tese lo que consta entre los considerandos del Decreto 4779 de 2003 [�] Esa determinaci�n, ya contenida en el Decreto 1613 de 2003, no contraviene el Decreto Ley 254 de 2000, por la consideraci�n integral del marco aplicable y por lo dem�s manifestado sobre este tema en este escrito [�] As� las cosas, desde el Decreto 1613 de 2003 se advirti� que los bienes afectos al servicio no ser�an realizados dentro de la liquidaci�n, por la sencilla raz�n de que eso impedir�a el cumplimiento del deber legal de dar continuidad al servicio nacional y de otros �rdenes de telecomunicaciones a cargo hasta entonces de TELEUPAR [�] LA APLICACI�N DEL ART. 22 DEL DECRETO LEY 254 DE 2000 [�] Aqu� tenemos otra habilitaci�n de ley para lo que hizo el entonces Ministerio de Comunicaciones: el art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, en donde se�ala que el acto de liquidaci�n de entidades p�blicas puede determinar el r�gimen de bienes, entendiendo claro que se trata de un marco a considerar tambi�n en conjunci�n con el D. 254/00. La remisi�n es de ley, comoquiera que la contiene el mismo Decreto Ley 254 de 2000 [�] El Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones debe insistir en que el Decreto Ley 254 de 2000 se aplica integralmente, teniendo en la mira el bienestar general, no es una especie de instrumento para rematar hasta la �ltima silla o el menor tornillo de una entidad estatal, mucho menos si se considera el servicio p�blico involucrado [�] Finalmente, no es cierto e insistimos que el Gobierno hubiera introducido la distinci�n entre bienes afectos y no afectos al servicio para eludir la aplicaci�n de la ley. Por el contrario, la distinci�n deb�a hacerse, tal como se dice en otro aparte, para mantener la continuidad de un servicio p�blico esencial, en este caso el servicio p�blico de telefon�a. Es sorprendente que la parte demandante pretende exigir, por ejemplo, que se venda la red p�blica de telefon�a o el espectro electromagn�tico que es bien imprescriptible de la Naci�n (art. 75 C.P.) [�]�.

4.- LA CONSTESTACI�N DE LA DEMANDA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI�N P�BLICA[9]

El Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, en la oportunidad procesal correspondiente y a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda oponi�ndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora y solicita se denieguen por carecer de fundamentos f�cticos y jur�dicos.

En relaci�n con los cargos formulados por la parte demandante, el apoderado judicial de dicho departamento administrativo replic� en su integridad la contestaci�n de la demanda presentada por el Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Telecomunicaciones, por lo que la Sala se remite a la s�ntesis que de dicho memorial se realiz� l�neas atr�s.

5.- LA CONTESTACI�N DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA PROTECCI�N SOCIAL[10]

El Ministerio de la Protecci�n Social, en la oportunidad procesal correspondiente y a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda oponi�ndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

�[�] Como primer punto, observamos que la demanda contra la norma cuestionada, fue presentada por la presunta transgresi�n de la normatividad que gobierna los procesos liquidatorios de las Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional (Decreto Ley 254 de 2000), y para el caso espec�fico que nos ocupa, respecto de una empresa del sector de las telecomunicaciones que nunca cont� con alg�n tipo de adscripci�n o vinculaci�n con el Ministerio de la Protecci�n Social [�] Ahora bien, frente a los planteamientos de fondo contenidos en el libelo, observamos que ellos se centran en el hecho de que, con la expedici�n del Decreto 4779 de 2005, se modific� el r�gimen aplicable a la liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � TELEUPAR S.A. ESP, lo que permiti� al liquidador de la misma, omitir uno de los pasos contenidos en el Decreto Ley 254 de 2000, que es la realizaci�n de inventarios y aval�os de una parte importante de los bienes que conformaban la masa de la extinta empresa (los bienes afectos al servicio de telecomunicaciones) [�] Esa decisi�n que adopt� en su momento el Gobierno Nacional se materializ� con la facultad que se otorg� al liquidador para celebrar un contrato de fiducia mercantil a fin de constituir un Patrimonio Aut�nomo denominado PARAPAT, al cual se transferir�an los bienes afectos a la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones de propiedad de la liquidada, y para celebrar otro contrato fiduciario para la administraci�n y disposici�n de los asuntos y bienes remanentes de la misma liquidada, una vez excluido los bienes que ingresaron al Patrimonio Aut�nomo PARAPAT [�] Pero en nuestro concepto, el Decreto 4779 de 2005 no infringi� las directrices del Decreto Ley 254 de 2000 y las dem�s normas que gobiernan los procesos liquidatorios, ya que el hecho de identificar, individualizar y trasladar algunos de los bienes de propiedad de la entidad en liquidaci�n (los afectos a la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones) al Patrimonio Aut�nomo constituido especialmente para tal efecto, implica la realizaci�n de un inventario y de un aval�o de cada uno de los bienes transferidos ya que ellos hab�an de ser (sic) entregados por la liquidada y recibidos por la sociedad fiduciaria vocera del fideicomiso mencionado. En otras palabras, la obligaci�n legal de efectuar inventario y aval�o de los bienes de las entidades en liquidaci�n no es calificada; el liquidador debe conocer los bienes que tiene a su cargo y definir su valor, lo cual tambi�n puede hacerse por la v�a de hacer entregas pormenorizadas de dichos bienes a un Patrimonio Aut�nomo constituido, con facultades que hasta la fecha gozan del principio de legalidad [�] Pese a lo anterior, es oportuno se�alar que en efecto, aunque el Acto demandado (sic) fue suscrito por el Se�or Presidente de la Rep�blica, por los Ministros de Hacienda, de Comunicaciones y de Protecci�n Social, y por el Director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, es claro que el tema central del mismo, y en especial de la norma cuya nulidad se pretende, corresponde a la �rbita de competencias del Ministerio de Comunicaciones, y en consecuencia es completamente ajeno a las actividades propias del Ministerio de la Protecci�n Social, a la luz de los establecido en el Decreto 205 de 2003 [�]�.

Mediante auto del 30 de noviembre de 2015[11], el magistrado sustanciador del proceso orden� correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio P�blico para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

El Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones[12], el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico[13] y el Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica[14] presentaron sus alegatos de conclusi�n, en los cuales reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.

Por su parte, el agente del Ministerio P�blico, mediante el Concepto 12/16 de 1 de febrero de 2016[15], solicit�:

�[�] 1.8.1. Se declare la nulidad de la expresi�n �[�] con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n [�]�, contenida en el art�culo 3� (que espec�ficamente modific� el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003) del Decreto 4779 de 2005 [�] 1.8.2. Se declare la nulidad del inciso final del art�culo 44 del Decreto 1613 de 2003, el cual fue adicionado por el art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005, que expresa �[�] Si posteriormente existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos se transferir�n autom�ticamente al PAR, tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de su inventario, aval�o y saneamiento cuando �ste sea necesario, por parte del PAR [�]�.

Inicialmente el agente del Ministerio P�blico se refiri� a la excepci�n de cosa juzgada propuesta por el Ministerio de la Informaci�n y las Comunicaciones, evidenciando que la sentencia de 11 de febrero de 2010 tiene efectos de cosa juzgada respecto de la causa petendi alegada en este proceso relacionada con la violaci�n de los art�culos 18, 20 y 21 del Decreto Ley 254 de 2000 y el art�culo 299 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, al excluir de la masa de liquidaci�n los bienes afectos al servicio as� como al hecho consistente en que el acto acusado haya hecho discriminaci�n entre los activos afectos al servicio y aquellos que no lo son.

Sin embargo, advirti� que resultaba necesario el estudio de los dem�s cargos formulados en la demanda, esto es, aquellos en los que se cuestiona la constitucionalidad y legalidad de los art�culos 1, 3 (numeral 2), 4 y 5 (inciso final) del Decreto 4779 de 2005 y los que afirman que el decreto enjuiciado fue expedido con desviaci�n de poder y violaci�n al debido proceso. El an�lisis de los restantes cargos formulados por el actor, se llev� a cabo de la siguiente manera:

�[�] 1.1. �El art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005 (en cuanto modific� el ordinal 2� del art�culo 12 del D. 1613 de 2003), viol� el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1613 de 2003 [�] El actor considera que la modificaci�n introducida por el art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005 al numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, viola los art�culos 4�, 18�, 20�, 21, 22� y 28� del Decreto Ley 254 de 2003, viola los art�culos 4�, 18�, 20�, 21�, 22�, 27� y 28� del Decreto Ley 254 de 2000, toda vez que le permite a la entidad en liquidaci�n celebrar el contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicios (sic), sin que los mismos hubieren sido inventariados y valorados [�] Al respecto es necesario se�alar que es competencia del Liquidador de una entidad p�blica en liquidaci�n sometida al r�gimen del Decreto Ley 254 de 2000, realizar el inventario f�sico de los activos de la entidad, sin que esta norma hubiere realizado excepci�n alguna en relaci�n con una modalidad o clase de bienes, agregando �nicamente que en el inventario se identificar�an por separado los bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el per�odo de liquidaci�n (Art�culo 18 del Decreto Ley 254 de 2000) [�] Este proceso de elaboraci�n del inventario se realiza en forma simult�nea con la elaboraci�n del aval�o de los bienes de propiedad de la entidad, sin que, igualmente a lo que sucede con el inventario de activos, la norma hubiere realizado excepci�n frente a un tipo o clase de activo. (Art�culo 28 del Decreto Ley 254 de 2000) [�] Por ello, conforme a las normas que regulan el proceso de liquidaci�n de TeleUpar S.A., su liquidador est� en la obligaci�n de llevar a cabo este proceso de inventario y aval�o de los bienes que conforman la masa de la liquidaci�n de la entidad [�] Es as� como la solicitud de nulidad del par�grafo del art�culo 9� del Decreto 1613 de 2003, en la forma en que fue adicionado por el art�culo 2� del Decreto 4779 de 2005 (que excluy� de la masa de liquidaci�n a los bienes afectos al servicio y contempl� que no era necesario su inventario y aval�o para proceder al cierre de la liquidaci�n) y la del aparte �no afectos a la prestaci�n del servicio� del numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, en la forma en que fue modificado por el art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005, afecta indudablemente la interpretaci�n del numeral 12.2 de dicha norma pues siendo los bienes que componen la masa de liquidaci�n todos los bienes de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � Tele Valledupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, sin distinci�n alguna; y siendo obligaci�n del liquidador �12.1. Realizar el inventario f�sico detallado y el aval�o de los activos ~~no afectos a la prestaci�n del servicio~~ y de aquellos bienes declarados como tales por el Gestor del Servicio y elaborar el inventario de los pasivos de la entidad, en los t�rminos del presente Decreto�, es inevitable considerar que los bienes que se transferir�n al patrimonio aut�nomo, denominado �PARAPAT� deben haber sido inventariados y avaluados por el Liquidador con anterioridad a dicha transferencia y, por esta raz�n, se opone a los art�culos 18� y 28� del Decreto Ley 254 de 2000 que consideran la realizaci�n de los inventarios y aval�os una etapa del proceso de liquidaci�n de la entidad, y ponen en cabeza del Liquidador de la entidad la realizaci�n de dichas actividades [�] Esta conclusi�n es reforzada por lo expuesto en la decisi�n judicial de 22 de marzo de 2012, que al tenor manifest�: �El par�grafo del art�culo 2� del acto acusado, es claro en disponer que �los bienes afectos al servicio no est�n comprendidos dentro de la masa de la liquidaci�n�, lo que significa que el Ejecutivo introdujo una modificaci�n que viola el ordenamiento jur�dico vigente, por lo que se declarar� su nulidad, pues la ley no distingui� entre los bienes afectos al servicio y los que no lo son, para efectos de excluir aquellos de la masa de liquidaci�n [�] Adem�s el legislador dispuso que son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para proceder al cierre de la liquidaci�n, lo que, como lo afirma la parte actora, tambi�n fue violado por el par�grafo cuya nulidad se declarar�[�]� [�] Por lo expuesto, esta Delegada considera que es el aparte �con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n�, el que debe desaparecer del ordenamiento jur�dico pues, se reitera, los bienes afectos a la prestaci�n del servicio deben transferirse con base en el inventario y tomando como referencia los valores que arroj� el aval�o de los mismos, actividades �stas a cargo del liquidador [�] �El art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005 viola el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1613 de 2003 [�] Con la adici�n del art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005, el Liquidador de la entidad no est� obligado a realizar estudio de t�tulos sobre los bienes inmuebles afectos al servicio, agregando que si al cierre del proceso liquidatorio no se hubiere cumplido en su totalidad dicha actividad para los bienes inmuebles no afectos al servicio, ello estar� a cargo del Patrimonio Aut�nomo de Remanente [�] Cabe se�alar frente a este cargo que los demandantes expresamente manifiestan, en relaci�n con el art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003, que �De su cotejo con las normas del D.L. 254 del 2000 ya transcritas, fuerza concluir que el Par�grafo adicionado es abiertamente violatorio de dicho Decreto Ley, en cuanto sustrae de la refrendaci�n del revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n el inventario de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio, que tambi�n deben ser refrendados por dicho funcionario�, argumentaci�n que no se encuentran en consonancia con el aludido art�culo, toda vez que se refiere espec�ficamente al estudio de t�tulo y no a la autorizaci�n de inventarios que corresponde al art�culo 31 del Decreto 1613 de 2003, que no fue modificado por el Decreto 4779 de 2005, raz�n por la que deben desestimarse los argumentos expuestos por el demandante [�] 1.3. �El inciso final del art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005 viola el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1613 de 2003 [�] Por ello es inevitable considerar que los bienes que se transferir�n al patrimonio aut�nomo, denominado �PAR�, deben haber sido inventariados y avaluados por el Liquidador con anterioridad a la celebraci�n del contrato de fiducia y al cierre del proceso de liquidaci�n, raz�n por la cual, el inciso final de la disposici�n acusada se opone a los art�culos 18� y 28� del Decreto Ley 254 de 2000, que disponen que la realizaci�n de los inventarios y aval�os una etapa m�s del proceso de liquidaci�n de la entidad, y ponen en cabeza del Liquidador de la entidad la realizaci�n de dichas actividades. Tal conclusi�n es reiterada, como igualmente se expuso anteriormente, por la decisi�n judicial de 22 de marzo de 2012 que se�al� �[�] Adem�s el legislador dispuso que son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para proceder al cierre de la liquidaci�n, lo que, como lo afirma la parte actora, tambi�n fue violado por el par�grafo cuya nulidad se declarar� [�]� [�] Atendiendo lo anterior esta Delegada estima que el inciso final del art�culo 44� del Decreto 1613 de 2003, adicionado por el art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005, debe desaparecer del ordenamiento jur�dico [�] 1.4. �El art�culo 1� del Decreto 4779 de 2005 viola el Decreto Ley 254 del 2000 y el Decreto 1613 de 2003 [�] Para el an�lisis del cargo inevitablemente debemos acudir al art�culo 2� del Decreto 254 de 2000, el cual contempla en su par�grafo 1� que �En el acto que ordena la supresi�n o disoluci�n se se�alar� el plazo de liquidaci�n, el cual ser� fijado teniendo en cuenta las caracter�sticas de la entidad y no podr� exceder de dos a�os, prorrogables por el Gobierno por acto debidamente motivado hasta por un plazo igual�, en virtud del cual, se contempl�, para el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � Teleupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, que �El proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, se extender� hasta el 31 de enero del 2006�. (Art�culo 2� del Decreto 1613 de 2003) [�] La potestad que se le otorga al Gobierno Nacional para prorrogar el proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � Teleupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, tiene como l�mite temporal un lapso de tiempo igual al previsto en el acto administrativo que orden� su supresi�n y liquidaci�n y la exposici�n de las razones que llevan al Gobierno Nacional a decretar dicha prolongaci�n en el tiempo del proceso de liquidaci�n. Nada impide que esta potestad pueda llevarse a cabo mediante uno o m�ltiples actos administrativos, obviamente, con la observaci�n de los requisitos expuestos anteriormente. Ya en oportunidad anterior, el Gobierno Nacional hab�a hecho uso de esa potestad mediante el Decreto 1917 del 10 de junio de 2005, por el cual se prorrog� el t�rmino de duraci�n del proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � TeleUpar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n hasta el 31 de diciembre de ese mismo a�o [�] Las razones que expone el actor resulta ser especulaciones sobre la celeridad o eficiencia con que el Liquidador desarrollar� el proceso de liquidaci�n y, en todo caso, el Gobierno Nacional podr�a nuevamente ejercer la potestad de prorrogar el t�rmino para la conclusi�n del proceso de liquidaci�n [�] Por lo anterior, el cargo no tiene vocaci�n de prosperidad [�] 1.5. �El Decreto 4779 de 2005 viola el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica [�] En criterio de esta Delegada, si bien algunas disposici�n (sic) de la norma demandada se encuentran en evidente contradicci�n con aquellas que le han debido servir de fundamento, como lo es, en este caso, el Decreto Ley 254 de 2000, no es evidente que las mismas hubieren trasgredido el derecho de defensa y contradicci�n de aquellas personas que intervienen en el tr�mite del proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � Teleupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n [�] Cierto es, por dem�s, que el Gobierno Nacional ha desconocido las normas que gobiernan el r�gimen de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � TeleUpar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, en especial las funciones que le asisten al liquidador de realizar el inventario y aval�o de la totalidad de los bienes de propiedad de la entidad y que conforman su masa de liquidaci�n, como actividades que deben desarrollar durante el tr�mite de dicho procedimiento administrativo, no obstante, el actor no logr� concretar ni precisar las disposiciones que presuntamente conculcar�an el derecho de defensa y contradicci�n de los intervinientes del proceso liquidatorio ni en qu� forma se trasgredir�an, pues no todas las disposiciones del Decreto 4779 de 2005 est�n referidas al inventario y aval�o de los bienes cuyo dominio est�n en cabeza de la entidad en liquidaci�n [�] Por las razones expuestas, el cargo debe ser desestimado [�] 1.6. �Viola el Decreto 4779 de 2005 las normas superiores en que deber�a apoyarse [�] Se aduce que el Gobierno Nacional, al expedir la norma demandada, invadi� las funciones de la rama legislativa, espec�ficamente la contenida en el numeral 23 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez que modific� el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional [�] Frente a este cargo es necesario indicar que, si bien es cierto, algunas disposiciones de la norma demandada se encuentran en abierta contradicci�n con las normas superiores que constituyen el r�gimen de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � TeleUpar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n, espec�ficamente el Decreto Ley 254 de 2000, en modo alguno puede admitirse que el acto administrativo ha modificado una norma de superior jerarqu�a [�] precisamente es ese el alcance del art�culo 84� (sic) del C�digo Contencioso Administrativo (Art. 14 del Decreto 2304 de 1989, vigente a la fecha de presentaci�n de la demanda), al se�alar que proceder� la nulidad de los actos administrativos cuando �[�] infrinjan las normas en que deber�an fundarse [�]�, reconociendo la jerarqu�a normativa de las diversas normas y actos que componen el ordenamiento jur�dico [�] As� las cosas, para esta Delegada, el cargo no debe prosperar [�] 1.7. �Ha sido expedido el Decreto 4779 de 2005 con desviaci�n de poder [�] Aplicado esto al asunto puesto en conocimiento de esta Agencia del Ministerio P�blico tenemos dentro del plenario no se encuentra probado que la expedici�n del acto administrativo hubiere perseguido un fin apartado del ordenamiento jur�dico [�]�.

Lo es el Decreto 4779 de diciembre 30 de 2005[16], expedido por el Gobierno Nacional, cuyo contenido es el siguiente:

�[�] CONSIDERANDO [�] Que mediante el Decreto 1613 del 12 de junio de 2003 se orden� la supresi�n y liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa y patrimonio propio e independiente;

Que mediante el Decreto-ley 1616 del 12 de junio de 2003 se cre� la empresa de servicios p�blicos domiciliarios denominada "Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P.", asign�ndole la obligaci�n de celebrar en forma directa con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom en Liquidaci�n y con las Teleasociadas en Liquidaci�n, un Contrato de Explotaci�n para el uso y goce de los bienes, activos y derechos requeridos para la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones, en los t�rminos del numeral 3 del art�culo 39 de la Ley 142 de 1994;

Que con base en los par�metros determinados en el art�culo 19 del Decreto-ley 1616 del 12 de junio de 2003, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom en Liquidaci�n, sus Teleasociadas en Liquidaci�n y Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. suscribieron el 13 de agosto de 2003, el Contrato de Explotaci�n, en virtud del cual Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. recibi� de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en Liquidaci�n y de las Teleasociadas en Liquidaci�n, el uso y goce de los bienes, activos y derechos que dichas entidades destinaban a la prestaci�n de los servicios de telecomunicaciones, a cambio de una contraprestaci�n a cargo de Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. y a favor de las citadas entidades o del patrimonio aut�nomo que ellas podr�an constituir por medio de un contrato de fiducia;

Que los bienes afectos a la prestaci�n del servicio no deben ser realizados, dada su especial destinaci�n legal y la obligaci�n constitucional de garantizar la prestaci�n continua del servicio p�blico de telecomunicaciones, raz�n por la cual, es necesario aclarar y modificar algunas disposiciones del Decreto 1613 de 2003, en relaci�n con las funciones y obligaciones del Liquidador tendientes al cumplimiento de las actividades que conducir�an al cierre de la liquidaci�n y a la consiguiente terminaci�n de la existencia legal de la Empresa;

Que el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, as� como el Contrato de Explotaci�n, establecen la obligaci�n al liquidador de celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio;

Que el art�culo 2� del Decreto-ley 254 de 2000 dispone que en el acto que ordene la supresi�n o liquidaci�n podr� establecerse la contrataci�n de una entidad fiduciaria para la administraci�n y enajenaci�n de activos;

Que mediante el Decreto 1917 del 9 de junio de 2005 se prorrog� el t�rmino de duraci�n del proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n hasta el 31 de diciembre de ese mismo a�o;

Que el par�grafo 1� del art�culo 2� del Decreto-ley 254 de 2000 faculta al Gobierno Nacional para prorrogar el t�rmino de duraci�n de la liquidaci�n hasta por un plazo igual al fijado en el acto que decreta la supresi�n y ordena la liquidaci�n de la entidad;

Que con fundamento en el informe de gesti�n presentado por el Liquidador, y con el fin de cumplir con los objetivos de la liquidaci�n se requiere ampliar el plazo previsto para su cierre,

Art�culo 1�. Modif�case el art�culo 2� del Decreto 1613 de 2003, el cual quedar� as�:

"Art�culo 2�. Duraci�n del proceso de liquidaci�n y terminaci�n de la existencia legal de la entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n el cual fue prorrogado mediante Decreto 1917 de 2005, se extender� hasta el 31 de enero del a�o 2006.

Vencido el t�rmino de liquidaci�n se�alado o declarada la terminaci�n del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalizaci�n de dicho plazo, terminar� para todos los efectos la existencia jur�dica de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n".

Art�culo 2�. Acl�rese y modif�case el art�culo 9� del Decreto 1613 de 2003, el cual quedar� as�:

"Art�culo 9�. Masa de la liquidaci�n. La masa de la liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n estar� constituida por los bienes de propiedad de Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n, a los que se refiere el art�culo 20 del Decreto-ley 254 de 2000 y la contraprestaci�n que pague el Gestor del Servicio en virtud del contrato de explotaci�n a que se refiere el art�culo anterior.

Par�grafo. Dada su especial destinaci�n legal y la obligaci�n constitucional de garantizar la prestaci�n continua del servicio p�blico de telecomunicaciones, los bienes afectos al servicio no est�n comprendidos dentro de la masa de la liquidaci�n, por tanto y sin perjuicio de los dispuesto en el inciso 2 del art�culo 12.2 del presente decreto, su inventario t�cnico y aval�o no son necesarios para efectos de proceder al cierre de la Liquidaci�n. No obstante, dichas actividades continuar�n adelant�ndose posteriormente por parte del Patrimonio Aut�nomo de Remanentes a que se refiere el numeral 12.27 del art�culo 12 del presente decreto, el cual se denominar� PAR.

Una vez se produzca el cierre del proceso liquidatorio el PAR se subrogar� autom�ticamente en los derechos y obligaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n en relaci�n con el convenio suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE para elaborar el inventario y realizar el aval�o de los bienes afectos al servicio".

Art�culo 3�. Modif�canse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4; y adici�nanse los numerales 12.26 y 12.27 al art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, los cuales quedar�n as�:

"Art�culo 12. Funciones del liquidador. El Liquidador actuar� como representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n y adelantar� el proceso de liquidaci�n de la Empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones se�aladas en el presente decreto y de las dem�s normas aplicables. En particular ejercer� las siguientes funciones:-

12.1. Realizar el inventario f�sico detallado y el aval�o de los activos no afectos a la prestaci�n del servicio y de aquellos bienes declarados como tales por el Gestor del Servicio y elaborar el inventario de los pasivos de la entidad, en los t�rminos del presente decreto.

12.2. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio.

Una vez suscrito el contrato de fiducia mercantil mencionado, los bienes afectos a la prestaci�n del servicio se transferir�n autom�ticamente al patrimonio aut�nomo constituido para tal fin, el cual se denominar� PARAPAT, con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n. Producido el cierre del proceso liquidatorio el pago de la contraprestaci�n derivada del Contrato de Explotaci�n lo realizar� el Gestor del Servicio al PARAPAT, quien la destinar� con base en los lineamientos fijados por el fideicomitente.

12.4. Adelantar las medidas necesarias para asegurar la conservaci�n y fidelidad de todos los archivos y los fondos acumulados de la entidad priorizando aquellos que puedan influir en la determinaci�n de obligaciones a cargo de la misma.

12.26. Determinar previamente al cierre del proceso liquidatorio el pasivo contingente a cargo de la Empresa en Liquidaci�n y provisionarlo hasta el monto de los recursos con que cuente la Liquidaci�n al momento de la terminaci�n de su existencia legal. El saldo restante del pasivo contingente, dentro del cual se encuentran las condenas derivadas de los procesos judiciales o administrativos y las obligaciones condicionales, que no se hayan provisionado, los gastos de funcionamiento del PAR y el pago de las dem�s obligaciones que el Liquidador identifique con anterioridad al cierre del proceso liquidatorio, se financiar�n tanto con los recursos provenientes del Contrato de Explotaci�n Econ�mica suscrito con el Gestor del Servicio., como con los recursos excedentes del PAR, una vez este cubra los gastos a que se refiere el siguiente inciso.

Los recursos provenientes de la administraci�n y/o realizaci�n de los activos no afectos al servicio p�blico de telecomunicaciones ser�n destinados al cumplimiento de las dem�s obligaciones que no tengan una fuente de financiaci�n o que respecto de las cuales la entidad en liquidaci�n no haya trasladado los recursos suficientes al PAR.

12.27. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la constituci�n del PAR, cuya finalidad ser� la administraci�n, enajenaci�n y saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administraci�n, conservaci�n, custodia y transferencia de los archivos; la atenci�n de las obligaciones remanentes y contingentes, as� como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminaci�n del proceso liquidatorio, y el cumplimiento de las dem�s actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias".

Art�culo 4�. Adici�nase el art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003, con el siguiente par�grafo:

"Par�grafo. El cumplimiento de la obligaci�n contenida en el presente art�culo se referir� �nicamente a los bienes inmuebles no afectos al servicio, y en caso de que al cierre del proceso liquidatorio no se hubiese cumplido en su totalidad, ello estar� a cargo del PAR".

Art�culo 5�. Adici�nase el Decreto 1613 de 2003 con el art�culo 44, el cual quedar� as�:

"Art�culo 44. Transferencia de la propiedad de los activos no afectos al servicio y de la subrogaci�n de contratos al PAR. Una vez se celebre el contrato de fiducia mercantil a que se hace referencia en el numeral 12.27 del art�culo 12 del presente decreto, se transferir� autom�ticamente al PAR la propiedad de los activos no afectos al servicio p�blico de telecomunicaciones con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n, as� como los recursos l�quidos de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n para el cumplimiento de las actividades. obligaciones o fines a cargo del mismo, determinadas en el presentedecreto, o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias.

As� mismo, producido el cierre del proceso liquidatorio, se subrogar�n autom�ticamente al PAR, �nicamente aquellos contratos o procesos de contrataci�n en curso y los convenios vigentes que el Liquidador previamente identifique a trav�s de la suscripci�n del acta correspondiente. Igualmente, se subrogar�n autom�ticamente aquellos contratos a los que se refiere el inciso 2� del art�culo 32 del presente decreto.

Si posteriormente existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos se transferir�n autom�ticamente al PAR, tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de su inventario, aval�o y saneamiento cuando este sea necesario, por parte del PAR".

Art�culo 6�. Derogatorias y vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y deroga todas las disposiciones contenidas en el Decreto 1613 de 2003 que sean contrarias a lo dispuesto en el mismo [�]�.

2.- LA EXCEPCI�N DE COSA JUZGADA FORMULADA POR EL MINISTERIO DE TECNOLOG�AS DE LA INFORMACI�N Y LAS COMUNICACIONES

El apoderado judicial del Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones indic�, al contestar la demanda, que sobre las pretensiones de la demanda ya existi� un pronunciamiento de esta Sala, en la sentencia de 11 de febrero de 2010, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[17], en la cual se declar� la nulidad del par�grafo del art�culo 2 del Decreto 4779 de 2005 y de la expresi�n �[�] no afectos a la prestaci�n del servicio [�]�, contenida en el numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, con la modificaci�n introducida por el decreto demandado.

Para desatar la excepci�n formulada, debe indicarse que el fen�meno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los art�culos 332 del C�digo de Procedimiento Civil y el art�culo 175 del C�digo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

�[�] ART�CULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes.

Se entiende que hay identidad jur�dica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los dem�s casos.

La sentencia dictada en procesos seguidos por acci�n popular produce cosa juzgada erga omnes.

Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regular�n por lo dispuesto en el C�digo Civil y leyes complementarias.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtir� efectos en relaci�n con todas las comprendidas en el emplazamiento.

�[�] ARTICULO 175. COSA JUZGADA. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendr� fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

La que niegue la nulidad pedida producir� cosa juzgada "erga omnes" pero s�lo en relaci�n con la "causa petendi" juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparaci�n directa y cumplimiento, producir� cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jur�dica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechar� a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaraci�n a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedar�n sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios [�]�

En relaci�n con el fen�meno de la cosa juzgada, esta Corporaci�n ha indicado que:

�[�] Pues bien, en cuanto al fen�meno de la cosa juzgada[18], cabe advertir que se le ha asimilado al principio del <<non bis in �dem>> y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a trav�s de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene car�cter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jur�dica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. [�]�[19]

�[�] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional[20] que es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.

El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisi�n en firme sea objeto de nueva revisi�n o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese car�cter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jur�dicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales[21].

La cosa juzgada responde a la necesidad social y pol�tica de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisi�n as� alcanzada[22].

El fen�meno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisi�n de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicci�n ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior.

Como tal, dicha figura jur�dica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definici�n o juzgamiento a trav�s de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jur�dica [�]�[23]

La doctrina[24] ha indicado que para que opere este fen�meno se requiere de la presencia de los siguientes elementos:

�[�] 1.- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada. Si en el primer proceso la sentencia no est� ejecutoriada, no opera la excepci�n de cosa juzgada sino la de pleito pendiente, que es previa y cuyos requisitos son fundamentalmente los mismos de la excepci�n de cosa juzgada; s�lo se diferencian en que el pleito pendiente supone la no terminaci�n del primer proceso, en tanto que la cosa juzgada, al basarse en el fallo ejecutoriado, parte de la finalizaci�n de aquel, tal como ya se explic� al estudiar la excepci�n previa.

2.- Que ese nuevo proceso sea entre una mismas partes, o, como lo anota el art. 332, que �haya identidad jur�dica de partes�.

3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art. 332). Tal como lo dice con particular acierto la Corte, �el objeto de la demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia�, que son precisamente los puntos sobre los cuales versa la parte resolutiva de la sentencia; Devis se�ala que el �objeto del proceso lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relaci�n con una cosa o varias cosas determinadas, o la relaci�n jur�dica declarada seg�n el caso�.

Ampliamente tratado por la doctrina debido a su importancia, el concepto de objeto del proceso resulta esencial entre otros muchos aspectos para precisar la existencia de la cosa juzgada; numerosas son las teor�as que pretenden explicar cu�l es la noci�n, y v�vido ejemplo de ellos son las posiciones de la Corte Suprema de Justicia y de uno de los redactora del C�digo, pues mientras la entidad que se encuentra en las pretensiones, el segundo lo ubica en la sentencia.

En realidad las dos posiciones son acertadas porque el objeto del proceso no s�lo se encuentra en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino tambi�n en lo decidido en la sentencia y es por eso que en orden a precisar si existe el mismo objeto en el nuevo proceso deben estudiarse los hechos, pretensiones y sentencia del anterior para confrontarlo con los hechos y pretensiones del segundo a fin de precisar si existe identidad y, caso de darse los otros requisitos, declarar la existencia de la cosa juzgada.

4. Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que origin� el anterior. La causa es la raz�n por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia. Esos motivos, por disposici�n del art. 76, deben aparecer expresados en toda demanda y surgen de los hechos de ella por cuanto de su an�lisis es como se puede saber si en verdad existe identidad de causa [�]�

Tanto el art�culo 332 del C�digo de Procedimiento Civil (en adelante CPC) como el art�culo 175 del CCA fueron derogados por el C�digo General del Proceso (Art�culo 303)[25] y por el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Art�culo 189)[26], sin embargo, dichas normas se encontraban vigentes al momento de formularse la excepci�n como lo advierte el apoderado de la cartera ministerial[27] y en relaci�n con ellas se realizar� el an�lisis de la excepci�n.

En la sentencia de 11 de febrero de 2010, se establecieron las pretensiones de la demanda, las normas violadas y el concepto de su violaci�n, en la siguiente forma:

�[�] La parte actora considera que el decreto acusado viola los art�culos 4�, 25, 29, 39, 42, 47 y 48 de la Constituci�n Pol�tica; 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto Ley 254 del 2000; 31, 32 y 33 del Decreto 2211 del 2004; y 44, 45, 46 y 84 del C.C.A. y estructura los siguientes cargos:

Primer cargo.- Sostiene que los c�nones constitucionales 4�, 25, 29, 39, 42, 47 y 48 fueron violados, por cuanto para dar por terminados los contratos de trabajo del personal protegido por la Ley 790 del 2002 y por las sentencias de constitucionalidad C-991 del 12 de octubre del 2004, C- 1039 del 5 de noviembre del 2003, C-174 del 2 de marzo del 2004 y las sentencias SU-388 y 389 del 13 de abril del 2005 y la T-726 de 8 de julio del 2004, el Gobierno Nacional expidi� de manera artificiosa el decreto objeto de demanda, con desconocimiento del procedimiento determinado por las normas para culminar el proceso de liquidaci�n de las sociedades por acciones empresas de servicios p�blicos oficiales, quebrando de tajo la protecci�n establecida para el derecho al trabajo, el derecho de asociaci�n sindical, los discapacitados, los menores de edad, el n�cleo familiar, el debido proceso y el principio de primac�a de la Constituci�n Pol�tica.

Segundo cargo.- A su juicio, con la expedici�n del Decreto 4779 del 2005 el Gobierno Nacional viol� el procedimiento contenido en el Decreto Ley 254 del 2000 y en el Decreto 2211 del mismo a�o, por cuanto el liquidador se encuentra obligado a realizar inventarios y aval�os de los bienes y enseres de manera cronol�gica y pormenorizada, al igual que a relacionar todos los bienes muebles e inmuebles de la masa liquidatoria de la empresa; que, sin embargo, el decreto acusado, de menor jerarqu�a que el Decreto Ley 254, pretende eximir de tal obligaci�n al liquidador, sin responder por el da�o que con su conducta le causa al patrimonio econ�mico de la Naci�n y a los trabajadores y sus familias que a�n se encuentran protegidos por virtud de la Ley 790 del 2002 y de los fallos de la Corte Constitucional arriba citados.

Tercer cargo.- Se�ala que los art�culos 44, 45 y 46 del C.C.A. establecen claramente la forma c�mo se deben publicar los actos administrativos relacionados con la liquidaci�n de las empresas del Estado, procedimiento que en este caso fue violado, ya que TELEUPAR S.A. E.S.P. se liquid� a partir del 30 de enero del 2006, tal como se demuestra con el aviso del diario La Rep�blica de 1� de febrero del 2006 [�]�.

En relaci�n con la norma violada, debe indicarse que en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2006-00129-01, en cuyo tr�mite se profiri� la sentencia de 11 de agosto de 2010, se pretend�a la nulidad de la totalidad del Decreto 4779 de 2005. En este proceso, igualmente, el demandante solicit� la nulidad del citado decreto, as� como de disposiciones espec�ficas del mismo, como son los art�culos 1, 3, 4 y 5 (inciso final).

En lo que se refiere a las normas violadas, en uno y otro proceso se enunciaron como violadas los art�culos 29 de la Carta Pol�tica; 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto Ley 254 de 2000.

No obstante, en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2006-00129-01 se indicaron como normas violadas los art�culos 4, 25, 39, 42 y 48 de la Constituci�n Pol�tica; 31, 32 y 33 del Decreto 2211 de 2004; 44, 45, 46 y 84 del CCA, los cuales no se mencionan en este proceso.

De forma an�loga, en este proceso se se�alan como violados los art�culos 113, 115, 121, 150 (numerales 1 y 23) y 189 (numerales 10, 15 y 22) de la Carta Pol�tica; 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 2000; 299 del Decreto 663 de 1993: y 1, 9, 12, 30, 32, 35, 40 y 42 del Decreto 1613 de 2003, los cuales no se enuncian en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2006-00129-01.

En relaci�n con los cargos formulados, se evidencia que en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2006-00129-01, los cargos primero y tercero, no coinciden con cargos formulados por el actor en este proceso.

En relaci�n con el segundo cargo, la Sala debe resaltar que fue este el que dio lugar a la declaratoria de nulidad del �[�] par�grafo del art�culo 2� del Decreto 4779 del 30 de diciembre del 2005 y de la expresi�n �� no afectos a la prestaci�n del servicio��, contenida en el art�culo 12, numeral 12.1 del Decreto 1613 del 2003, con la modificaci�n introducida por el Decreto 4749 del 2005 [�]�. El an�lisis que en su oportunidad realiz� la Secci�n fue el siguiente:

�[�] En el segundo cargo consideran los demandantes que el decreto acusado viola los art�culos 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto Ley 254 de 2000, en cuanto excluy� de la masa de la liquidaci�n los bienes afectos al servicio y eximi� al liquidador de hacer un inventario de los mismos.

El contenido de los mencionados art�culos, antes de la modificaci�n introducida por la Ley 1105 del 2006, vigente para la fecha de expedici�n del acto acusado, es el siguiente: (se citan)

La Sala considera pertinente destacar que el acto que se acusa dentro de sus facultades legales invoc�, adem�s del art�culo 189, numeral 15 de la Constituci�n Pol�tica y el Decreto Ley 254 del 2000, el art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, que dispone: (se citan)

A dicho art�culo 52 se refiri� expresamente el art�culo 2� del Decreto Ley 254 del 2000, como se advierte a continuaci�n: (se cita)

A juicio de la Sala, del estudio arm�nico de la anterior normativa se deduce que si bien es cierto que de conformidad con el par�grafo 1 del art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, el acto que ordene la disoluci�n, supresi�n y liquidaci�n de una entidad dispondr�, entre otras cosas, sobre la destinaci�n de los bienes, tambi�n lo es que dicha destinaci�n debe entenderse referida a determinar cu�les bienes est�n afectos al servicio y cu�les no, y no as� a s� har�n o no parte de la masa de liquidaci�n, pues de conformidad con los art�culos 20 y 21 del Decreto Ley 254 de 2000, la masa de la liquidaci�n la integran todos los bienesde la entidad a liquidar, a excepci�n de los recursos de seguridad social y los dem�s que establece el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, cuales, son, al tenor de su art�culo 299, los t�tulos que se hayan entregado a la entidad intervenida para su cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro; el dinero del mandante remitido a la entidad intervenida en desarrollo de un mandato o fideicomiso; las cantidades que se adeuden a la entidad intervenida y se encuentren afectas a una finalidad espec�fica por corresponder a obligaciones contra�das por ella por cuenta de un tercero; los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario; los valores de cesi�n o de rescate de los t�tulos de capitalizaci�n; los dep�sitos de ahorro o a t�rmino constituidos en establecimientos de cr�dito; las especies identificables que a�n encontr�ndose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona; y las especies identificables que aun encontr�ndose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que el art�culo 7� del Decreto 613 del 2003, por el cual se suprimi� y se orden� la disoluci�n y liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P., define los bienes afectos al servicio como aquellos necesarios para la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones, de acuerdo con la metodolog�a que se establezca en el contrato de explotaci�n y que su art�culo 9�, que fue precisamente modificado por el art�culo 2� del decreto que se acusa, preceptuaba que la masa de la liquidaci�n estar� constituida por los bienes de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar -Teleupar S.A. E.S.P. en liquidaci�n, a los que se refiere el art�culo 20 del Decreto Ley 254 de 2000 y por la contra prestaci�n que pague aquella entidad que se establezca como gestor del servicio por el contrato de explotaci�n.

En consecuencia, al confrontar el art�culo 2� del Decreto 4779 del 2005, que modific� el 9� del Decreto 1613 del 2003, con los art�culos 20 y 21 del Decreto Ley 254 del 2000, la Sala encuentra que, en efecto, el primero viol� los dos �ltimos citados, pues si ni el Decreto Ley 254 del 2000 ni el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero excluyeron de la masa de la liquidaci�n los bienes afectos al servicio, mal pod�a hacerlo el decreto acusado, que es de inferior jerarqu�a.

Ahora bien, no debe olvidarse que los bienes que hacen parte de la masa de la liquidaci�n son aquellos que pertenecen a la entidad en liquidaci�n, constituyen prenda general de sus acreedores y garantizan el pago de las obligaciones a cargo de la entidad, mientras que los excluidos pertenecen a personas diferentes a la entidad y le son entregados a la misma con el fin de que los administre y reporte una utilidad a su propietario, raz�n por la cual no puede un decreto como el acusado, sin autorizaci�n legal, sustraer los bienes afectos al servicio de su condici�n de garantes de las obligaciones contra�das por TELEUPAR S.A., en desmedro de sus acreedores.

Es tan cierto lo anterior, que tal como lo hace notar el representante del Ministerio P�blico ante esta Corporaci�n, el art�culo 21 del Decreto Ley 2504 fue objeto de modificaci�n por parte del art�culo 11 de la Ley 1105 del 2006, en los siguientes t�rminos: (se cita)

Lo anterior, por cuanto, como ya se expres�, los bienes que hacen parte de la masa de la liquidaci�n garantizan las obligaciones de la entidad liquidada; de ah�, que el precepto arriba transcrito imponga a la entidad que recibe los bienes reconocer su valor comercial, en caso de que no se cuente con el respaldo suficiente para garantizar el pasivo, normativa que no puede aplicarse al proceso de liquidaci�n de Teleupar S.A. E.S.P., por cuanto no se encontraba vigente al momento para el cual se expidi� el decreto objeto de controversia.

Otra inconformidad de la parte actora es el hecho de que el decreto acusado haya dispuesto que no son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para efectos de proceder al cierre de la liquidaci�n.

Sobre el particular, la Sala estima que le asiste raz�n a la parte actora, dado que el art�culo 18 del Decreto Ley 254 del 2000 establece que el liquidador dispondr� la realizaci�n de un inventario f�sico detallado de los activos de la entidad, sin que haga discriminaci�n entre los activos afectos y los activos no afectos al servicio, raz�n por la cual tambi�n se declarar� nulo, por este aspecto, el par�grafo del art�culo 2� del Decreto 4779 del 2005, al igual que el aparte �� no afectos a la prestaci�n del servicio��, contenido en el numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 del 2003, con la modificaci�n introducida por el art�culo 3� del Decreto 4779 del 2005 [�]�.

En el presente proceso, el demandante claramente manifiesta que conoce de la existencia del antecedente de la Sala, esto es, de la sentencia de 11 de febrero de 2010, y precisa que pretende es nuevo pronunciamiento de la Sala que cobije los art�culos que no han sido anulados y no una declaraci�n de cosa juzgada.

Lo anterior por cuanto frente al par�grafo del art�culo 2 del Decreto 4779 de 2005 y de la expresi�n �[�] no afectos a la prestaci�n del servicio [�]�, contenida en el numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, la sentencia de nulidad tiene fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

La Sala encuentra que los cargos que formul� el demandante en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2006-00129-01 contra el Decreto 4779 de 2005, no son los mismos que se formulan por parte del demandado en este proceso judicial contra aquel decreto.

Lo anterior por cuanto, en primer lugar, los cargos 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 se dirigen a cuestionar art�culos determinados del Decreto 4779 de 2005, los cuales no fueron objeto de declaratoria de nulidad en la sentencia de 11 de febrero de 2010 y, en segundo lugar, porque es evidente que los cargos por violaci�n de los art�culos 25, 113, 115, 121, 150 (numerales 1 y 23) y 189 (numerales 10, 15 y 22) de la Carta Pol�tica, no se formularon en el citado proceso judicial.

La Secci�n, siguiendo las reflexiones anteriores, considera que no ha operado el fen�meno de la cosa juzgada en el presente proceso y, en consecuencia, proceder� a desatar los cargos formulados por el demandante en contra del Decreto 4779 de 2005.

El problema jur�dico que esta Sala deber� resolver en el presente asunto se contrae a determinar si, de un lado, el Decreto 4779 de 2005 transgredi� las normas constitucionales y legales que le han debido servir de fundamento, espec�ficamente, los art�culos 29, 113, 115, 121, 150 (numerales 1 y 23) y 189 (numerales 10, 15 y 22) de la Constituci�n Pol�tica; los art�culos 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 2000; el art�culo 299 del Decreto 663 de 1993; y los art�culos 1, 9, 12, 30, 31, 32, 35, 40 y 42 del Decreto 1613 de 2003; y de otro lado, si fue expedido con desviaci�n de poder.

4.- EL AN�LISIS DEL PROBLEMA JUR�DICO Y DE LOS CARGOS FORMULADOS EN EL RECURSO DE APELACI�N

4.1.- PRIMER CARGO. El art�culo 3 del Decreto 4779 de 2005, en cuanto modifica el ordinal 2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, viola los art�culo 2, 4, 18, 20, 21, 22, 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 2000, as� como el mismo Decreto 1613 de 2003.

Los accionantes destacan que la precitada norma del Decreto 4779 de 2005 es violatoria de los citados art�culos por cuanto permite celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio, sin que hayan sido inventariados y avaluados por el liquidador de la entidad p�blica, a trav�s de la supresi�n de la obligaci�n de inventariar y avaluar dichos bienes antes de la celebraci�n del mencionado contrato, lo que permite que esos bienes dejen de ser prenda general de los acreedores y garant�a del pago de las obligaciones, en particular, de los trabajadores de la entidad en liquidaci�n.

Esta Sala, en sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[28], desat� un cargo formulado en forma similar al que aqu� se presente resolver, en contra del numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, modificado por el art�culo 3 del Decreto 4769 de 2005, disposici�n casi id�ntica a la contenida en el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, modificado por el art�culo 3 del decreto acusado[29], decisi�n judicial que la que se resolvi� lo siguiente:

�[�] 6.4.2. En cuanto a la demanda de nulidad en contra del art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005 que modific� el numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003:

Los demandantes consideran que el supuesto normativo consignado en el aparte normativo acusado, es violatorio del Decreto Ley 254 de 2000 y del propio Decreto 1603 de 2003, pues comparando las versiones del texto original del art�culo 12 de este �ltimo decreto con las de la modificaci�n introducida por el art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005 acusado, se observa que la intenci�n del Gobierno Nacional fue la de suprimir la obligaci�n del liquidador de Telecaquet� S.A. ESP de realizar el inventario f�sico detallado y el aval�o de todos los bienes de propiedad de la entidad estatal, a fin de cerrar el proceso liquidatorio y celebrar el contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio, sin que tales bienes hubieran sido inventariados y valorados en los t�rminos del Decreto 1603 de 2003.

El texto del aparte acusado del art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005 objeto de demanda dice lo siguiente:

�Art�culo 3�. Modif�canse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4 y adici�nanse los numerales 12.26 y 12.27 al art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, los cuales quedar�n as�:

�ARTICULO 12. Funciones del Liquidador. El Liquidador actuar� como representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S.A. ESP en Liquidaci�n y adelantar� el proceso de liquidaci�n de la Empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto Ley 254 de 2000, de las atribuciones se�aladas en el presente Decreto y de las dem�s normas aplicables. En particular ejercer� las siguientes funciones:

12.2. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio.

La versi�n original del numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, dec�a lo siguiente:

�ART�CULO 12. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. El Liquidador actuar� como representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Tulu� - Teletulu� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n y adelantar� el proceso de liquidaci�n de la Empresa, dentro del marco de las disposiciones del Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones se�aladas en el presente decreto, y de las dem�s normas aplicables. En particular, ejercer� las siguientes funciones:

12.2. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio, una vez los mismos hubieren sido inventariados y valorados por parte del liquidador. La suscripci�n de este contrato en representaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S.A. ESP en liquidaci�n, la ejercer� el Presidente de la Junta Liquidadora.� (el aparte subrayado fue suprimido por la norma acusada)

Comparados los dos textos normativos, se observa que fueron dos los cambios o modificaciones introducidos por el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, a trav�s del art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005 demandado: i) efectivamente elimin� la obligaci�n que ten�a el liquidador de la empresa, de realizar el inventario y valoraci�n de todos los bienes de la empresa, pues permite que de una vez el Liquidador celebre el contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n pero �nicamente de los bienes afectos al servicio, al tiempo que, ii) introdujo las especificidades del contrato de fiducia mercantil, afirmando que luego de suscrito, los bienes afectos a la prestaci�n del servicio se transferir�an autom�ticamente al patrimonio aut�nomo denominado PARAPAT, pero efectivamente como dicen los demandantes, sin que hubieran sido previamente inventariados y avaluados por parte del Liquidador.

Si se tiene de presente que de acuerdo con el art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, las funciones del Liquidador de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, las adelantar� teniendo como fundamento normativo las disposiciones del Decreto Ley 254 de 2000 y las del propio Decreto 1603, la Sala proceder� a determinar si el contenido del numeral 12.2 acusado, transgredi� alguno de los preceptos de las citadas legislaciones, en cuyo caso ser�a evidente la causal de nulidad relativa al desconocimiento de las normas en que deber�a fundarse el acto acusado.

De acuerdo con los apartes suscritos de las normas del Decreto Ley 254 de 2000, observa la Sala que no existe duda alguna en el sentido de que el Liquidador de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, estaba en la obligaci�n de adelantar el proceso liquidatorio de la empresa respetando las normas del decreto que le serv�a de fuente y que es de mayor jerarqu�a normativa que el Decreto 4769 de 2005, raz�n por la que no pod�a desconocer sus preceptivas legales.

En la medida en que de acuerdo con los art�culos 18, 20, 21, 22, 27 y 28 del Decreto Ley 254 de 2000, el Liquidador tiene que realizar un inventario f�sico y detallado de todos los bienes de la entidad, excluyendo aquellos que no forman parte de la masa de la liquidaci�n, inventarios que adem�s tienen que estar refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n, resulta violatorio de estas disposiciones superiores, la omisi�n del numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003 modificaci�n introducida por el art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005, al establecer que el Liquidador tiene la funci�n de celebrar contratos de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio, pero omitiendo el supuesto normativo que tra�a el texto original del Decreto 1603 de 2003, que obligaba a que el contrato de fiducia mercantil se deb�a celebrar, una vez los bienes afectos al servicio hubieran sido inventariados y valorados por el Liquidador.

Ahora bien, en los t�rminos en que fue redactado el art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005, que modific� el numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, lo que se observa es que elimin� la obligaci�n del Liquidador de realizar el inventario para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes no afectos al servicio previamente a la celebraci�n del contrato de fiducia mercantil y, en cambio, lo que estableci� el ordinal cuestionado fue que: ��los bienes afectos a la prestaci�n del servicio se transferir�n autom�ticamente al patrimonio aut�nomo constituido para tal fin, el cual se denominar� PARARAT, con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n��.

A juicio de esta Sala resulta ilegal y contraviene las disposiciones del Decreto 254 de 2000 arriba transcritas, pues en ning�n momento esta legislaci�n de mayor jerarqu�a normativa permite que en cambio del inventario de los bienes de la entidad liquidada, el Liquidador ponga en el contrato de fiducia mercantil los bienes afectos a la prestaci�n del servicio, pero con fundamento en una relaci�n �que no inventario-, realizada con base en los estados financieros de la entidad en liquidaci�n, que bien es sabido necesariamente no siempre coinciden con el estado f�sico de los mismos, desconociendo la exigencia contenida en el numeral 12.1. del mismo art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, modificado por el art�culo parcialmente acusado que tiene menor jerarqu�a que el decreto del a�o 2000 seg�n el cual, el Liquidador debe realizar el inventario f�sico detallado y el aval�o de los activos y pasivos de la entidad.

Fuerza concluir entonces, que los bienes que se transferir�n al PARAPAT, debieron haber sido inventariados y avaluados por el Liquidador con anterioridad a dicha transferencia, pero con base en el inventario f�sico y no en una simple relaci�n efectuada con base en los estados financieros de la liquidada empresa Telecaquet� S.A. ESP.

Es preciso acotar que en la sentencia del 11 de febrero de 2010, radicado 2006-00129-01, que se proh�ja en el presente fallo, relacionado con este asunto, se dijo lo siguiente:

�Otra inconformidad de la parte actora es el hecho de que el decreto acusado haya dispuesto que no son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para efectos de proceder al cierre de la liquidaci�n.

Sobre el particular, la Sala estima que le asiste raz�n a la parte actora, dado que el art�culo 18 del Decreto Ley 254 del 2000 establece que el liquidador dispondr� la realizaci�n de un inventario f�sico detallado de los activos de la entidad, sin que haga discriminaci�n entre los activos afectos y los activos no afectos al servicio, raz�n por la cual tambi�n se declarar� nulo, por este aspecto, el par�grafo del art�culo 2� del Decreto 4779 del 2005, al igual que el aparte �� no afectos a la prestaci�n del servicio��, contenido en el numeral 12.1 del art�culo 12 del Decreto 1613 del 2003, con la modificaci�n introducida por el art�culo 3� del Decreto 4779 del 2005�.

Por su parte, reiterando el anterior precedente jurisprudencial, en la sentencia del 22 de marzo de 2012 radicado 2006-00037-00 acumulados M.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez, en cuanto a la obligaci�n que tiene el liquidador de efectuar el inventario de los bienes, dijo lo siguiente:

�El par�grafo del art�culo 2� del acto acusado, es claro en disponer que �los bienes afectos al servicio no est�n comprendidos dentro de la masa de la liquidaci�n�, lo que significa que el Ejecutivo introdujo una modificaci�n que viola el ordenamiento jur�dico vigente, por lo que se declarar� su nulidad, pues la ley no distingui� entre los bienes afectos al servicio y los que no lo son, para efectos de excluir aquellos de la masa de liquidaci�n.

Adem�s el legislador dispuso que son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para proceder al cierre de la liquidaci�n, lo que, como lo afirma la parte actora, tambi�n fue violado por el par�grafo cuya nulidad se declarar�.� (las negritas de este inciso son nuestras)

De otra parte, los demandantes afirmaron que la modificaci�n introducida en el numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003 a trav�s del art�culo 3 del Decreto 4769 de 2005 es ilegal, al permitir que los bienes de propiedad de la entidad liquidada �afectos a la prestaci�n del servicio-, dejen de ser prenda general de los acreedores y garant�a de pago de las obligaciones, al no haber sido inventariados y a avaluados los activos de la empresa, afectando adem�s los derechos de los trabajadores de Telecaquet� S.A. ESP.

Sobre este puntual tema, en la sentencia del 11 de febrero de 2010, se dijo:

�Ahora bien, no debe olvidarse que los bienes que hacen parte de la masa de la liquidaci�n son aquellos que pertenecen a la entidad en liquidaci�n, constituyen prenda general de sus acreedores y garantizan el pago de las obligaciones a cargo de la entidad, mientras que los excluidos pertenecen a personas diferentes a la entidad y le son entregados a la misma con el fin de que los administre y reporte una utilidad a su propietario, raz�n por la cual no puede un decreto como el acusado, sin autorizaci�n legal, sustraer los bienes afectos al servicio de su condici�n de garantes de las obligaciones contra�das por TELEUPAR S.A., en desmedro de sus acreedores.

�Art�culo 11. El art�culo 21 del Decreto Ley 254 de 2000 quedar� as�:

�Art�culo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidaci�n. No formar�n parte de la masa de la liquidaci�n:

�a) Los recursos de seguridad social, los cuales deber�n ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional;

�b) Los bienes y derechos que determine el acto de supresi�n o disoluci�n, de conformidad con lo dispuesto en el par�grafo 1� del art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, siempre que dichos bienes est�n afectos al servicio y se requieran para la prestaci�n del mismo cuando se trata de la creaci�n de nuevas entidades o del traslado de competencias; cuando quiera que la entidad no posea otros bienes o recursos para atender la totalidad de sus pasivos, deber� reconocerse a la entidad en liquidaci�n, por la entidad que reciba los bienes u otra entidad que se se�ale, el valor comercial de los bienes que se transfieran o establecerse un mecanismo que permita a la liquidaci�n disponer de recursos, con cargo a dichos bienes, para atender total o parcialmente el pago de acreencias, todo ello en la forma que se�ale el reglamento;

�c) Los bienes p�blicos que posea la entidad en liquidaci�n, que conforme a la Constituci�n y la ley sean inalienables, inembargables e imprescriptibles;

�d) Los dem�s que establece el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero.

�Par�grafo. Los recursos destinados a la ejecuci�n de funciones, como consecuencia de la liquidaci�n, fusi�n o traslado de competencias, de las que trata el art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, conforman parte del organismo receptor de la correspondiente funci�n o competencia�.

Por tanto, con fundamento en los anteriores precedentes jurisprudenciales y en las puestas de presente en este fallo, la Sala declarar� la nulidad de la expresi�n �con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n�, contenida en el numeral 12.2. del art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003, cuya modificaci�n fue introducida por el art�culo 3� del Decreto 4769 de 2005, por cuanto no se puede asimilar el inventario f�sico de los bienes de la empresa a liquidar con una simple relaci�n de los mismos efectuada, con base en los estados financieros de la liquidaci�n. Adem�s porque introdujo una situaci�n f�ctica que excede el marco normativo del Decreto 254 de 2000 [�]�.

En atenci�n a la similitud de los cargos formulados en una y otra demanda y de los enunciados normativos juzgados en ambos procesos, la Sala reitera la posici�n expuesta en las citadas providencias judiciales toda vez que en la medida en que el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� el art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005, permite la transferencia autom�tica de los bienes afectos al servicio al patrimonio aut�nomo con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n, se transgrede los art�culos 18[30], 20[31], 21[32], 22[33], 27[34] y 28[35] del Decreto Ley 254 de 2000.

Lo anterior, por cuanto dichas normas obligan al Liquidador de las entidades p�blicas del orden nacional, de una lado, a realizar un inventario f�sico y detallado de todos los bienes de la entidad (dentro de los que se encuentran los bienes afectos al servicio, conforme lo indic� la Sala en la sentencia de 11 de febrero de 2010, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso)[36], excluyendo aquellos que no forman parte de la masa de liquidaci�n, inventarios que tienen que ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n, y de otro lado, a realizar un aval�o de los bienes de propiedad de la entidad, procesos que deben llevarse a cabo con anterioridad al cierre del proceso de liquidaci�n, como lo advirti� la providencia de 22 de marzo de 2012, Consejera Ponente: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez[37], obligaciones que no se satisfacen con una relaci�n de los bienes y tomando como referencia su valor en los estados financieros de la entidad en liquidaci�n, pues es obvio que estos no son ni un inventario ni un aval�o, por lo que se declarar� la nulidad del aparte �[�] con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n [�]�.

4.2.- SEGUNDO CARGO. El art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005 viola los art�culos 18, 20, 21 y 27 del Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto 1613 de 2003.

Los demandantes estiman que el art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005, que adicion� al art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003 un par�grafo que persigue diferenciar entre bienes afectos o no al servicio, para efectos de permitir el cierre del proceso de liquidaci�n de la entidad p�blica sin la realizaci�n de los inventarios, sin su refrendaci�n por parte del revisor fiscal de la liquidaci�n y sin su remisi�n a la Contralor�a General de la Rep�blica para su control.

Al respecto, debe indicarse que el art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003, regul� el estudio de t�tulos, en la siguiente forma:

�[�] Art�culo 32. Estudio de t�tulos. Durante la etapa de inventarios, el Liquidador dispondr� la realizaci�n de un estudio de t�tulos de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, con el fin de sanear cualquier irregularidad que pueda afectar su posterior enajenaci�n y de identificar los grav�menes y limitaciones existentes al derecho de dominio.

As� mismo, el Liquidador identificar� plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a t�tulo de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo u otro similar. En cuanto a los que no correspondan a la prestaci�n del servicio y que, por lo mismo, no hacen parte del Contrato de Explotaci�n, el Liquidador deber� establecer la posibilidad de transferir dicha condici�n a terceros; de lo contrario proceder a su restituci�n. Si la restituci�n no se obtuviere en este lapso, se ceder�n dichos contratos a la entidad a la cual se traspasen los remanentes de la liquidaci�n. [�]�.

El art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005, adicion� un par�grafo al citado art�culo, as�:

�[�] Art�culo 4�. Adici�nase el art�culo 32 del Decreto 1613 de 2003, con el siguiente par�grafo:

"Par�grafo. El cumplimiento de la obligaci�n contenida en el presente art�culo se referir� �nicamente a los bienes inmuebles no afectos al servicio, y en caso de que al cierre del proceso liquidatorio no se hubiese cumplido en su totalidad, ello estar� a cargo del PAR" [�]�.

Con la modificaci�n introducida por el art�culo 4� del Decreto 4779 de 2005, el Liquidador no est� obligado a realizar el estudio de t�tulos sobre los bienes inmuebles afectos al servicio, agregando que si al cierre del proceso de liquidaci�n no se ha cumplido esta tarea en su totalidad, le corresponder� realizarla al patrimonio aut�nomo de remanentes.

Si se observa la acusaci�n formulada por los demandantes, aquella est� relacionada con la posibilidad de cerrar el proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N sin que se hubiere realizado los inventarios y sin que estos hubieren sido refrendados por el revisor fiscal y remitidos a la Contralor�a General de la Rep�blica, por lo que, como lo observa el agente del Ministerio P�blico, la argumentaci�n esbozada no est� en consonancia con el contenido del art�culo que se refiere espec�ficamente al estudio de t�tulos de los inmuebles de propiedad de la entidad en liquidaci�n y no a la autorizaci�n de inventarios que corresponde al art�culo 31 del Decreto 1613 de 2003, norma que no fue modificada por el decreto acusado, por lo que la Sala, siguiendo lo pedido por el agente del Ministerio P�blico, considera que el cargo no tiene vocaci�n de prosperidad.

La misma posici�n asumi� esta Sala, en sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[38], que al estudiar un cargo parecido[39] respecto de una norma de similar contenido al que aqu� se juzga[40], indic�:

�[�] Para determinar si le asiste o no la raz�n a la Procuradur�a General de la Naci�n, resulta necesario transcribir el contenido del art�culo 31 del Decreto 1603 de 2003 que establece lo siguiente:

�ART�CULO 31. AUTORIZACI�N DE INVENTARIOS. Los inventarios que elabore el Liquidador, conforme a las reglas anteriores, deber�n ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n y autorizados por la Junta Liquidadora. Copia de los inventarios, debidamente autorizados por la Junta Liquidadora, deber�n ser remitidos a la Contralor�a General de la Rep�blica para un control posterior.�

Comparte la Sala el concepto del Ministerio P�blico, como quiera que efectivamente los demandantes efectuaron una confrontaci�n equivocada del art�culo acusado, por cuanto los supuestos de hecho y de derecho con fundamento en los cuales sustentaron la transgresi�n de las normas invocadas como vulneradas del Decreto Ley 254 de 2000, efectivamente se relacionan es con el contenido del art�culo 31 del Decreto 1603 de 2003, que tal y como lo afirm� la Procuradur�a, no fue la norma demandada por el actor ni fue modificado su contenido por el Decreto 4769 de 2005.

En suma, para la Sala, el par�grafo adicionado al art�culo 32 del Decreto 1603 de 2003 por el art�culo 4� del Decreto 4769 de 2005, se refiere a la exclusi�n del estudio de t�tulos de los bienes afectos a la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones mas no a la autorizaci�n de inventarios, norma frente a la cual enfocaron los actores su inconformidad al esgrimir que omit�a la refrendaci�n por el revisor fiscal y el control posterior por la Contralor�a General de la Rep�blica, pero lo que perdi� de vista es que estas situaciones f�cticas aluden a la AUTORIZACION DE LOS INVENTARIOS MAS NO AL ESTUDIO DE LOS TITULOS, motivo por el que al no haberse sustentado en debida forma las razones de inconformidad frente al par�grafo acusado del art�culo 4� del Decreto 4769 de 2005, la Sala se abstendr� de efectuar pronunciamiento de fondo frente al particular, tal y como as� se dispondr� en la parte resolutiva de este fallo. [�]�.

4.3.- TERCER CARGO. El inciso final del art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005 es violatorio del Decreto Ley 254 del 2000 y del Decreto 1613 de 2003.

Los demandantes estiman que el inciso final del art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005[41], alude a una situaci�n hipot�tica consistente en que se proceda al cierre el proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, sin que se hubiera realizado el inventario de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio, lo cual trasgrede los art�culos 4[42], 18[43] y 27[44] del Decreto Ley 254 de 2000, en la medida en que es al liquidador a quien le corresponde la realizaci�n de dicha actividad, la cual debe desarrollarse dentro del proceso de liquidaci�n. Adicionalmente, la disposici�n enjuiciada no permite que los inventarios sean refrendados por el revisor fiscal.

Agrega que la disposici�n acusada viola los ordinales 1� y 2� del texto original del Decreto 1613 de 2003, al asignarle al patrimonio aut�nomo una funci�n que es propia del liquidador, como es la elaboraci�n del inventario de los activos y, adicionalmente, vulnera el art�culo 30 del mencionado decreto, que enf�ticamente se�ala que es el liquidador quien debe realizar el inventario f�sico detallado del activo y del pasivo de la empresa en liquidaci�n.

Para desatar el cargo formulado, la Sala debe recurrir a la posici�n que asumi� anteriormente en la sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[45], que al estudiar un cargo casi id�ntico[46] respecto de una norma de similar contenido al que aqu� se juzga[47], indic�:

�[�] Efectivamente de acuerdo con el contenido de las normas acusadas, corresponde al Liquidador adelantar el proceso de liquidaci�n de las entidades enlistadas en el art�culo 1� del Decreto Ley 254 de 2000, para lo cual dispondr� la realizaci�n de un inventario f�sico de los activos de la entidad, que contar� con la relaci�n de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, sin discriminar que sean aquellos afectos o no a la prestaci�n del servicio, es decir, la norma no efectu� excepci�n alguna frente a una u otra clase de activos. Del mismo modo las normas prev�n, que dichos inventarios elaborados previamente por el liquidador, deber�n ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad liquidada, autorizados por la junta liquidadora seg�n el caso y, una vez sean autorizados deber�n ser remitidos a la Contralor�a General de la Rep�blica para el respectivo control fiscal posterior.

Por lo anterior, ri�e con los anteriores supuestos normativos, el supuesto f�ctico del inciso final del art�culo 5� del acto acusado, pues lo que en �ltimas prev� es que no todos los activos -en este caso �nicamente los no afectos al servicio- de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, sean objeto de inventario por parte del liquidador. No de otra manera puede darse el alcance interpretativo al aparte acusado seg�n el cual, si posteriormente al cierre del proceso liquidatorio existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos se transferir�n autom�ticamente al patrimonio aut�nomo de remanentes PAR, tomando como fundamento los estados financieros de la entidad liquidada.

La anterior situaci�n lo que evidencia tambi�n, es que aun habi�ndose efectuado el cierre del proceso liquidatorio de Telecaquet�, no todos los activos de la entidad fueron incluidos en el inventario para proceder a la liquidaci�n. Del mismo modo, tal y como lo afirmaron los actores, dichos activos sin inventariar al transferirse autom�ticamente al PAR, quedaron excluidos de refrendaci�n por parte del revisor fiscal y de control fiscal de la Contralor�a, control que se considera necesario para garantizar la legalidad y transparencia del proceso liquidatorio.

De otra parte, se�alan los actores que el aparte acusado transgrede tambi�n los ordinales 1� y 2� del texto original del Decreto 1603 de 2003, que perentoriamente se�alan que el inventario de los activos es una funci�n del liquidador, al asign�rsela a un fen�meno jur�dico que ni siquiera es una persona jur�dica como lo es el Patrimonio Aut�nomo de Remanentes PAR. Efectivamente no cabe duda alguna, que seg�n las disposiciones superiores del Decreto Ley 254 de 2000, el funcionario encargado de efectuar el inventario f�sico detallado de los activos de la entidad en liquidaci�n, es el liquidador.

La expresi�n contenida en el inciso acusado que dice: �Lo anterior, sin perjuicio de su inventario, aval�o y saneamiento cuando �ste sea necesario, por parte del PAR�,efectivamente le est� trasladando la funci�n del inventario de los activos de la entidad que es propia del liquidador, al patrimonio aut�nomo de remanentes PAR cuando lo cierto es que esta figura o instituci�n es constituida por el propio liquidador al celebrar el contrato de fiducia mercantil.

Recu�rdese que el objetivo de la constituci�n del PAR, no es otro, seg�n el numeral 12.27 adicionado al art�culo 12 del Decreto 1603 de 2003 que el de: �administrar, enajenar y sanear los activos no afectos al servicio; la administraci�n, conservaci�n, custodia y transferencia de los archivos; la atenci�n de las obligaciones remanentes y contingentes, as� como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminaci�n del proceso liquidatorio, y el cumplimiento de las dem�s actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente Decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades fiduciarias�.

De acuerdo con la preceptiva legal transcrita, al patrimonio PAR no le corresponde la funci�n de efectuar el inventario, aval�o y saneamiento de los activos no afectos al servicio que quedaron sin inventariar una vez cerrado el proceso liquidatorio de Telecaquet� S.A. ESP., por cuanto en primer lugar, se trata de una funci�n exclusiva del liquidador y no de una persona en abstracto y, segundo, porque no es posible efectuar el inventario de bienes �que la norma limit� a los no afectos al servicio sin inventariar-, luego de cerrado el proceso liquidatorio de la empresa de telecomunicaciones.

Por �ltimo, afirm� la parte demandante que el inciso final del art�culo 5� del Decreto 4769 de 2005, vulner� tambi�n el art�culo 30 del Decreto 1603 de 2003 , al permitir que el inventario y aval�o de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio se haga por el PAR y no por el Gestor del Servicio.

�ART�CULO 30. INVENTARIO DE PASIVOS. Simult�neamente con el inventario de activos, el Liquidador elaborar� un inventario de pasivos de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n, incluidos los laborales y las contingencias que surjan de las reclamaciones y procesos en curso, el cual se sujetar� a las siguientes reglas:

30.1 Incluir la relaci�n cronol�gica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n, incluyendo las obligaciones a t�rmino y aquellas que s�lo representan una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las garant�as.

30.2 Sustentar la relaci�n de pasivos en los estados financieros de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n y en los dem�s documentos contables que permitan comprobar su existencia y exigibilidad.

30.3 Registrar la relaci�n de las obligaciones laborales a cargo de la Entidad.�

De acuerdo con el aparte normativo transcrito, no vislumbra la Sala la supuesta violaci�n deprecada por la parte demandante, como quiera que el supuesto f�ctico de permitir que el inventario y aval�o de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio se haga por el patrimonio aut�nomo PAR y no por el Gestor del Servicio, est� consignado en el art�culo 29 del Decreto 1603 de 2003 que establece:

�ART�CULO 29. INVENTARIO Y VALORACI�N DE ACTIVOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE TULU� TELETULU� S. A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N. Dentro del plazo establecido en las normas vigentes sobre liquidaci�n de entidades p�blicas, el Liquidador deber� realizar el inventario f�sico detallado del activo y del pasivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n. En el encargo fiduciario se le se�alar� al liquidador el plazo para realizar la reconstrucci�n contable del activo fijo y su correspondiente valoraci�n, para lo cual celebrar� los contratos que se requieran con una o m�s firmas especializadas. El Liquidador se podr� apoyar en la entidad que se establezca como Gestor del Servicio para la realizaci�n del inventario y su valoraci�n.�

En vista de que el actor, en este punto en concreto, encaus� la solicitud de nulidad del inciso acusado con fundamento en la violaci�n del art�culo 30 y no del 29 del Decreto 1603 de 2003, adem�s de que efectu� una interpretaci�n distorsionada de este supuesto normativo, la Sala no acoger� este punto de disenso no obstante haberse advertido la configuraci�n de las dem�s razones para declarar la nulidad del inciso final del art�culo 5� del Decreto 4769 de 2005, tal y como as� se dispondr� en la parte resolutiva de este fallo [�]�

La Sala prohijar� los razonamientos expuestos en la decisi�n judicial anterior puesto que al establecerse en el inciso final del art�culo 5 del Decreto 4779 de 2005 que pueden existir activos no afectos al servicio sin inventariar, que los mismos se transferir�n autom�ticamente al patrimonio aut�nomo de remanentes y que su inventario, aval�o y saneamiento, cuando sea del caso, se realizar�a por dicho patrimonio aut�nomo, se desconoce que conforme a los art�culos 4, 18 y 27 del Decreto Ley 254 de 2000, le corresponde al liquidador de las entidades p�blicas del orden nacional adelantar bajo su inmediata direcci�n y responsabilidad el proceso de liquidaci�n y, en especial, realizar un inventario detallado de los activos de la entidad, los cuales deben ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n, proceso que como lo indic� esta Secci�n, en la sentencia de 22 de marzo de 2012, Consejera Ponente: Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez, debe llevarse a cabo con anterioridad al cierre del proceso de liquidaci�n[48].

Es por ello que esta Secci�n considera que debe declarar la nulidad de la totalidad del inciso final del art�culo 44 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� a esta norma, el art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005, tal y como lo ha solicitado el agente del Ministerio Publico en su concepto de fondo.

4.4.- CUARTO CARGO. El art�culo 1 del Decreto 4779 de 2005 es violatorio del Decreto Ley 254 de 2000 y del Decreto 1613 de 2003.

Los demandantes entienden que al accederse a la declaratoria de nulidad de los art�culos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 4779 de 30 de diciembre de 2005, debe igualmente declararse la nulidad de su art�culo 1 en la medida en que contempla una breve extensi�n del proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P., que no resulta suficiente para la realizaci�n de las actividades propias del proceso de liquidaci�n que se encuentran pendientes por desarrollar.

El art�culo 2 del Decreto Ley 254 de 2000 establece, en su par�grafo 1� que en el:

�[�] acto que ordena la supresi�n o disoluci�n se se�alar� el plazo de liquidaci�n, el cual ser� fijado teniendo en cuenta las caracter�sticas de la entidad y no podr� exceder de dos a�os, prorrogables por el gobierno por acto debidamente motivado hasta por un plazo igual [�]�.

Para el caso del proceso de liquidaci�n de TELEHUILA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, el Decreto 1613 de 2003, estableci�, en su art�culo 2�, que el proceso de liquidaci�n deber�a �[�] Art�culo 2�. Duraci�n del proceso de liquidaci�n y terminaci�n de la existencia de la entidad. El proceso de liquidaci�n deber� concluir a m�s tardar en un plazo de dos (2) a�os contados a partir de la vigencia del presente Decreto, prorrogables por el Gobierno Nacional por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual. [�] Vencido el t�rmino de liquidaci�n se�alado, terminar� para todos los efectos la existencia jur�dica de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar - Teleupar S.A. E.S.P. en Liquidaci�n. [�]�.

Teniendo en cuenta que el citado decreto fue publicado en el Diario Oficial 45.217 de 13 de junio de 2003, el t�rmino fijado en el acto administrativo culminaba el d�a 13 de junio de 2005. No obstante, no debe perderse de vista que el mencionado t�rmino de dos a�os, al tenor del par�grafo 1� del art�culo 2 del Decreto Ley 254 de 2000, pod�a ser prorrogado por el Gobierno Nacional hasta por 2 a�os m�s, esto es, hasta el 13 de junio de 2007.

Ahora bien, tenemos que el Gobierno Nacional ha prorrogado en repetidas oportunidades el plazo para desarrollar el proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar � TELEUPAR S.A. E.S.P. en Liquidaci�n. As� mediante el Decreto 1916 de junio 9 de 2005[49], el t�rmino de duraci�n del proceso de liquidaci�n de dicha empresa se prorrog�, en la siguiente forma:

�[�] Art�culo 1�.Duraci�n del proceso de liquidaci�n. El t�rmino de duraci�n del proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S. A., E.S.P., en Liquidaci�n se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005 [�]�.

Nuevamente se prorrog� ese plazo en el art�culo 1� del Decreto 4779 de 2005, as�:

�[�] Art�culo 1�. Modif�case el art�culo 2� del Decreto 1613 de 2003, el cual quedar� as�:

"Art�culo 2�. Duraci�n del proceso de liquidaci�n y terminaci�n de la existencia legal de la entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n el cual fue prorrogado mediante Decreto 1917 de 2005, se extender� hasta el 31 de enero del a�o 2006.

La Sala debe indicar que el Gobierno Nacional, tiene la potestad de emitir los actos administrativos que sean requeridos para prorrogar el t�rmino de duraci�n del proceso de liquidaci�n, siempre que no sobrepase el plazo fijado en el art�culo 2 del Decreto Ley 254 de 2000, que en total, es de 4 a�os, por lo que bien pod�a prorrogarse nuevamente la duraci�n del proceso.

De otro lado, le asiste raz�n al agente del Ministerio P�blico cuando subraya que las afirmaciones de los actores resultan ser especulaciones en relaci�n con la celeridad o eficiencia con que el Liquidador desarrollar� el proceso de liquidaci�n, recordando que en todo caso, el Gobierno Nacional pod�a prorrogar nuevamente la duraci�n del proceso de liquidaci�n, pues no se hab�a superado el t�rmino fijado en el Decreto Ley 254 de 2000, esto es, de 4 a�os, por lo que el cargo no tiene vocaci�n de prosperidad.

La posici�n anterior coincide con la esbozada en la en la sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[50], que al estudiar un cargo casi id�ntico[51] respecto de una norma de similar contenido al que aqu� se juzga[52], manifest�:

�[�] Lo primero que deber� determinar la Sala, es qu� dice la norma superior en la que deb�a fundarse el Decreto 4769 de 2005, en este caso, es el art�culo 2� del Decreto Ley 254 de 2000, que establece lo siguiente:

De acuerdo con el par�grafo 1� del art�culo 2� del Decreto-ley 254 de 2000, en el acto administrativo que ordena la supresi�n o disoluci�n de la empresa a liquidar, se deber� fijar el plazo de la liquidaci�n, que en todo caso no podr� exceder de dos a�os, t�rmino que podr� ser prorrogado por el Gobierno Nacional mediante acto motivado y hasta por un plazo igual, es decir, por dos a�os m�s.

Para el caso en estudio, se tiene que el acto que orden� la supresi�n y liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, fue el Decreto 1603 del 12 de junio de 2003, que en el art�culo 2� desarroll� en id�nticos t�rminos el par�grafo 1� del art�culo 2� del Decreto Ley 254 de 2000, al establecer lo siguiente:

�ART�CULO 2. El proceso de liquidaci�n deber� concluir a m�s tardar en un plazo de dos (2) a�os contados a partir de la vigencia del presente decreto, prorrogables por el Gobierno Nacional por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual.

Vencido el t�rmino de liquidaci�n se�alado, terminar� para todos los efectos la existencia jur�dica de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S. A. E.S.P. en Liquidaci�n.�

�ART�CULO 43. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgaci�n.�

El Decreto 1603 de 2003, comenz� a regir a partir de la fecha de su promulgaci�n, esto es el d�a 13 de junio de 2003 con la publicaci�n en el Diario Oficial 45.217 de dicha fecha. Si se computan dos a�os contados a partir de esta fecha, se tiene que el proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, en principio deb�a finalizar el 13 de junio de 2005, sin perjuicio de que mediante un acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional se prorrogara dicho t�rmino hasta por un plazo igual, es decir, por otros dos a�os.

Art�culo 1�.Duraci�n del proceso de liquidaci�n. El t�rmino de duraci�n del proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Tulu� Teletulu� S. A.,E.S.P. en Liquidaci�n se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005.�

Por su parte, el contenido del art�culo 1� del Decreto 4769 del 30 de diciembre de 2005, objeto de la presente demanda de nulidad, es del siguiente tenor literal:

�Art�culo 1�. Modif�case el art�culo 2� del Decreto 1603 de 2003, el cual quedar� as�:

�Art�culo 2�.Duraci�n del proceso de liquidaci�n y terminaci�n de la existencia legal de la entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S.A.ESP en Liquidaci�n el cual fue prorrogado mediante Decreto 1926 de 2005, se extender� hasta el 31 de enero del a�o 2006.

Vencido el t�rmino de liquidaci�n se�alado o declarada la terminaci�n del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalizaci�n de dicho plazo, terminar� para todos los efectos la existencia jur�dica de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�-Telecaquet� S.A. ESP. en liquidaci�n��

Como ya se transcribi�, el art�culo 1� del Decreto 4769 de 2005 acusado, prorrog� o extendi� el t�rmino de duraci�n del proceso liquidatorio de Telecaquet� S.A. ESP, por un mes m�s, es decir, hasta el 31 de enero de 2006, determinaciones que bien pod�a adoptar el Gobierno Nacional en los actos administrativos acusados y que a juicio de la Sala no comportan ilegalidad alguna, teniendo como fundamento las siguientes consideraciones.

El proceso de liquidaci�n de TELECAQUET� S.A. ESP podr�a prorrogarse por un t�rmino m�ximo de cuatro a�os, contados desde la fecha de supresi�n de la entidad el 13 de junio de 2003, es decir, hasta el 13 de junio de 2007. Sin embargo el Gobierno Nacional no se tom� todo este tiempo, como quiera que mediante los actos administrativos consignados en los decretos 1926 del 9 de junio de 2005 y 4769 del 30 de diciembre de 2005, el proceso de liquidaci�n de la empresa se extendi� hasta el 31 de enero de 2006, esto es, mucho antes de que se agotara el t�rmino m�ximo del que pod�a hacer uso el Ejecutivo, esto es, hasta el 13 de junio de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala no comparte la afirmaci�n de los demandantes seg�n la cual, el t�rmino establecido en el art�culo 1� del Decreto 4769 de 2005 es un ef�mero periodo en el que no se pueden desarrollar la totalidad de las actividades propias del proceso liquidatorio de Telecaquet� S.A. ESP, por cuanto apenas lo interpret� como si contara con un mes contado a partir de la expedici�n del Decreto 1926 de 2005 siendo que ya se ven�a ejecutando dicho proceso desde el 13 de junio de 2003, es decir, desde hac�a m�s de dos a�os y siete meses tiempo suficiente para adelantar el proceso liquidatorio de la entidad.

De all� que es compartida la afirmaci�n del Ministerio P�blico seg�n la cual, nada imped�a que la facultad de prorrogar el t�rmino inicial fijado para adelantar el proceso de liquidaci�n de Telecaquet� S.A. ESP se llevara a cabo mediante varios actos administrativos, como en el sub judice aconteci� con los decretos 1926 y 4769 ambos de 2005. As� mismo se observa que se trata de especulaciones del actor sobre la celeridad o eficiencia con la que el liquidador deb�a adelantar dicho proceso, la cual no comporta enjuiciamiento jur�dico alguno.

Por tal raz�n, se desestimar� la pretensi�n de nulidad en contra del art�culo 1� del Decreto 4769 de 2005, tal y como as� se dispondr� en la parte resolutiva de este fallo, como quiera que el actor no acredit� su afirmaci�n seg�n la cual, el periodo de liquidaci�n de la empresa era de brev�sima extensi�n y que por ello no alcanz� a desarrollarse la totalidad de las actividades propias del proceso liquidatorio. [�]�.

4.5.-QUINTO CARGO. El Decreto 4779 de 2005 viola el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica

La parte actora estima que la totalidad del Decreto 4779 de 2005, viola el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica en la medida en que permiti� que en el proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.P.S. EN LIQUIDACI�N no observe la plenitud de las formas propias de este tipo de proceso pues contempla que pueda terminarse sin que se hubiere desarrollado el inventario y aval�o de todos los bienes de propiedad de la entidad en liquidaci�n, sin que el revisor fiscal de esta refrende dichos inventarios y sin que sean enviados a la Contralor�a General de la Naci�n para su control posterior. Agrega la demandada que �[�] As� las cosas, la norma demandada deber�a anularse, incluido su art�culo 1� que al fijar una fecha tan pr�xima a la Expedici�n del Decreto 4779, permite el cierre del proceso liquidatorio sin el respeto del Art�culo 29 Constitucional [�]�.

La Sala, para desatar la acusaci�n, debe reiterar lo expuesto l�neas atr�s pues el argumento consistente en que el Decreto 4779 de 2005 fij� una fecha muy pr�xima para el cierre del proceso de liquidaci�n, lo cual no permitir�a la realizaci�n del inventario y avalu� de los bienes de TELEUPAR S.A. E.P.S. EN LIQUIDACI�N por parte de su liquidador con anterioridad al cierre del proceso, resulta ser una mera especulaci�n en relaci�n con la celeridad o eficiencia con que el Liquidador desarrollar� el proceso de liquidaci�n, recordando, que en todo caso, el Gobierno Nacional pod�a prorrogar nuevamente la duraci�n del proceso de liquidaci�n, pues no se hab�a superado el t�rmino fijado en el Decreto Ley 254 de 2000, esto es, de 4 a�os.

Tal y como lo destaca el agente del Ministerio P�blico, si bien algunas disposiciones del Decreto 4779 de 2005 se encuentran en contradicci�n con el Decreto Ley 254 de 2000, no hay evidencia que muestre, en concreto, que se transgredi� el derecho de defensa y contradicci�n de aquellas personas que intervienen en el tr�mite del proceso de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, como tampoco se ha acreditado que el decreto, en su integridad, se haya apartado de los postulados del Decreto Ley 254 de 2000, por lo que el cargo no tiene vocaci�n de prosperidad.

Cabe destacar que en la sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[53], se estudi� un cargo an�logo[54] en contra del Decreto 4769 de 2005, cuyo contenido es similar al decreto que aqu� se juzga, en la cual se manifest�:

�[�] La Sala no comparte las anteriores afirmaciones, pues tal y como se analiz� en precedencia al descartar la supuesta ilegalidad del art�culo 1� del Decreto 4769 de 2005, no es cierto que el t�rmino para adelantar el proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP, resultara insuficiente. De otra parte, si bien es cierto que por el hecho de que efectivamente se declare la nulidad de algunas disposiciones o apartes normativos de este decreto porque desconoci� algunas normas del Decreto Ley 254 de 2000, como por ejemplo las relativas a la funci�n del liquidador de la empresa de realizar el inventario y aval�o de la totalidad de los bienes de la entidad, igualmente lo es que el demandante no acredit� ni fundament� los hechos que evidenciaban la violaci�n de este derecho constitucional, como por ejemplo que se le hubiera vulnerado el derecho de defensa y contradicci�n de las personas acreedoras e intervinientes dentro del proceso liquidatorio de la empresa.

En suma, no observa la Sala que el Gobierno Nacional al expedir el acto acusado, se hubiera apartado de forma integral tanto del procedimiento contemplado para su expedici�n, como de los par�metros generales del Decreto Ley 254 de 2000 y del propio Decreto 1603 de 2003 trazados para la liquidaci�n de una entidad p�blica como lo es Telecaquet� S.A. ESP, se repite, no obstante se declare en este fallo la ilegalidad de algunas normas del Decreto 4769 de 2005 [�]�.

4.6.- SEXTO CARGO. El Decreto 4779 de 2005 viola las normas superiores en que deber�a apoyarse, en particular, los art�culos 113 y 150 de la Constituci�n Pol�tica

En s�ntesis, la parte demandante estima que el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto 4779 de 2005, invadi� las funciones propias del Congreso de la Rep�blica contenidas en el art�culo 150 de la Carta Pol�tica, por cuanto modific� el r�gimen de liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional.

Observan que la Ley 573 de 2000, la cual le confiri� facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir el r�gimen de liquidaci�n de entidades p�blica, no contempl� la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera introducirle modificaciones al r�gimen previsto en el Decreto Ley 254 de 2000 (expedida bajo las facultades de la Ley 573 de 2000), 6 a�os despu�s de vencerse el t�rmino para ejercer la citada facultad.

La Sala encuentra acertados los planteamientos del agente del Ministerio P�blico en la medida en que si bien algunas disposiciones del Decreto 4779 de 2005, desconocen el Decreto Ley 254 de 2000, una de las normas que integra el r�gimen de liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, lo cierto es que dicho decreto no modific� la norma superior, al tratarse de una norma de menor jerarqu�a al mencionado decreto ley.

Dicha norma de menor jerarqu�a, el Decreto 4779 de 2005, encuentra como uno de sus sustentos, el Decreto Ley 254 de 2000, raz�n por la que, al tenor del art�culo 84 del C.C.A., el juez debe verificar si en la expedici�n de esa norma se desconocieron los postulados de esa disposici�n legal que la fundamenta, pero no puede considerarse que la norma de menor jerarqu�a hubiera modificado la norma superior.

Cabe destacar que en la sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[55], se estudi� un cargo parecido[56] respecto del Decreto 4769 de 2005, cuyo contenido es similar al decreto que aqu� se juzga, en la cual se manifest�:

�[�] No est� de acuerdo la Sala con la interpretaci�n efectuada por el accionante, como quiera que el Decreto 4769 de 2005, si bien es cierto por el hecho que excluy� de la masa de la liquidaci�n de la empresa Telecaquet� S.A. ESP y por ende del inventario y aval�o, los bienes afectos a la prestaci�n del servicio -supuesto f�ctico y normativo que como ya se analiz� en precedencia contraviene las disposiciones del Decreto Ley 254 de 2000-, igualmente lo es que no por esta circunstancia el Gobierno Nacional modific� el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional, menos a�n el Ejecutivo asumi� las funciones propias del legislador.

En este sentido, tampoco resulta acertada la censura de la parte demandante seg�n la cual, el acto acusado fue expedido por el Gobierno Nacional desconociendo que para la fecha de su expedici�n, el d�a 30 de diciembre de 2005, hab�a expirado el t�rmino concedido por el Congreso de la Rep�blica en la Ley 573 de 2000. De all�, que no pod�a el gobierno introducir las modificaciones que hizo en el Decreto 4769 de 2005, por cuanto lo que hizo fue alterar el r�gimen de liquidaci�n de las entidades p�blicas previsto en el Decreto Ley 254 de 2000.

Lo anterior, por cuanto en primer lugar, la Ley 573 expedida por el Congreso de la Rep�blica el 7 de febrero de 2000, �mediante la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de precisas facultades extraordinarias en aplicaci�n del numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n�, dispuso en el art�culo 1� lo siguiente:

�Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de precisas facultades extraordinarias para que, en el t�rmino de quince (15) d�as contados a partir de la publicaci�n de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para:

7. Dictar el r�gimen para la liquidaci�n y disoluci�n de las entidades p�blicas del orden nacional.�

En ning�n caso el Gobierno podr� disponer la supresi�n y liquidaci�n de las siguientes entidades: Fondo Nacional del Ahorro �FNA�, Financiera de Desarrollo Territorial �Findeter�, Servicio Nacional de Aprendizaje �SENA� e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar �ICBF�.

Par�grafo 6�. En las liquidaciones de entidades p�blicas, la Naci�n podr� asumir o garantizar obligaciones de estas entidades, incluidas las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y contratos que haya realizado la entidad en liquidaci�n, las cuales no causar�n impuesto de timbre si se hace entre entidades p�blicas.

Art�culo 2�. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgaci�n.�

Una vez efectuado el an�lisis de la Ley 573 de 2000, se observa que en ning�n momento le otorg� un t�rmino perentorio al Gobierno Nacional para que efectuara la liquidaci�n de las entidades p�blicas, sino para que en ejercicio de las facultades extraordinarias el Presidente en el t�rmino de quince (15) d�as contados a partir de la publicaci�n de la presente ley, expidiera normas con fuerza de ley relativas al r�gimen para la liquidaci�n y disoluci�n de las entidades p�blicas del orden nacional, cometido que en efecto se cumpli� con la expedici�n del Decreto Ley 254 el 21 de febrero de ese mismo a�o.

Es as� como el Gobierno Nacional expidi� el Decreto 254 Ley de 2000 "Por el cual se expide el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional", que en el art�culo 1� estableci� lo siguiente:

�ART�CULO 1�-�mbito de aplicaci�n. El presente decreto se aplica a las entidades p�blicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresi�n o disoluci�n.

En lo no previsto en el presente decreto deber�n aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto org�nico del sistema financiero y del C�digo de Comercio sobre liquidaci�n, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad.

PARAGRAFO-Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un r�gimen propio de liquidaci�n, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades continuar�n rigi�ndose por ellas.�

ART�CULO 2�-Iniciaci�n del proceso de liquidaci�n. El proceso de liquidaci�n se inicia una vez ordenada la supresi�n o disoluci�n de una de las entidades a las cuales se refiere el art�culo 1� del presente decreto. El acto que ordene la supresi�n o liquidaci�n dispondr� lo relacionado con las situaciones a que se refiere el par�grafo primero del art�culo 52 de la Ley 489 de 1998. As� mismo, en dicho acto o posteriormente, podr� disponerse que la liquidaci�n sea realizada por otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podr� establecerse que la liquidaci�n se realice por una entidad fiduciaria contratada para tal fin o contratarse con una de dichas entidades la administraci�n y enajenaci�n de los activos. La expedici�n del acto de liquidaci�n conlleva:

PARAGRAFO 1�- Modificado por el art. 2, Ley 1105 de 2006. En el acto que ordena la supresi�n o disoluci�n se se�alar� el plazo de liquidaci�n, el cual ser� fijado teniendo en cuenta las caracter�sticas de la entidad y no podr� exceder de dos a�os, prorrogables por el gobierno por acto debidamente motivado hasta por un plazo igual.�

Dos comentarios sobre el particular: i) las normas del Decreto Ley 254 de 2000 se aplican a las entidades p�blicas del orden nacional respecto de las cuales se haya ordenado su supresi�n y disoluci�n. En el caso sub judice, seg�n el Decreto 1603 del 12 de junio de 2003 se orden� la supresi�n y liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A. ESP en Liquidaci�n[57] y, ii) El acto acusado Decreto 4769 de 2005, prorrog� la duraci�n del proceso de liquidaci�n de la empresa hasta el 31 de enero de 2006, plazo que como se dijo en precedencia, est� dentro de los dos a�os contados a partir de la vigencia del Decreto 1606 de 2003 prorrogables por otros dos a�os, supuesto normativo que se ajusta al t�rmino previsto en el par�grafo 1� de art�culo 2� del Decreto Ley 254 de 2000.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala no encuentra de qu� manera el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 4769 de 2005 invadi� las funciones propias del legislador, como quiera que en ning�n caso este acto administrativo, introdujo modificaciones al r�gimen de liquidaci�n de las entidades p�blicas previsto en el Decreto 254 de 2000, distinto es que hubiera contravenido algunas de sus disposiciones, juicio de valor que repercuti� en la declaratoria de nulidad de algunas de ellas tal y como as� se dispondr� en la parte resolutiva de esta providencia. [�]�

4.7.- S�PTIMO CARGO. El Decreto 4779 de 2005 fue expedido con desviaci�n de las atribuciones propias del funcionario que lo profiri�.

Los demandantes, inicialmente, consideran que el Presidente de la Rep�blica, al expedir el Decreto 4779 de 2005, trasgredi� el numeral 15 del art�culo 189 de la Carta Pol�tica pues la supresi�n y liquidaci�n de TELEUPAR S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI�N, no se est� llevando a cabo bajo los lineamientos del Decreto Ley 254 de 2000, sino que se guio por el procedimiento creado por el Decreto 4779 de 2005.

Posteriormente, insisti� en que el Gobierno Nacional modific� el r�gimen de liquidaci�n de las entidades del orden nacional, por lo que se violan los art�culo 115 y 121 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez que quien puede modificar dicho r�gimen es el Congreso de la Rep�blica, mediante una ley que modifique el Decreto Ley 254 de 2000 o por la v�a de otorgar facultades especiales al Ejecutivo para hacerlo.

La Secci�n acoger� los planteamientos expuestos en la sentencia de 11 de agosto de 2016, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso[58], que estudi� un cargo casi id�ntico[59], respecto del Decreto 4769 de 2005, cuyo contenido es similar al decreto que aqu� se juzga, en la cual se explic�:

�[�] Tal y como se reitera lo expresado en la Sentencia del pasado 4 de agosto de 2016, de plano descarta la Sala esta causal de nulidad, como quiera que no existe en el expediente prueba alguna que acredite que la expedici�n del Decreto 4769 de 2005, estuvo prevalida de una distorsionada fundamentaci�n legal, como quiera que fue expedido por el Gobierno Nacional, autoridad competente para suprimir la liquidaci�n y supresi�n de una empresa p�blica como lo es la empresa de telecomunicaciones Telecaquet�; bajo el cumplimiento de las formalidades previstas en las normas superiores, decretos 254 de 2000 y 1603 de 2003, por lo que no se observa que su contenido persiguiera fines distintos a los que fij� el ordenamiento jur�dico para adelantar este tipo de determinaciones. Distinto es que en el ejercicio de tal funci�n, hubiera incurrido en algunas irregularidades las cuales como se ha insistido, tendr�n su reproche al declararse la respectiva nulidad como se dispondr� en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo anterior, el hecho de que el Gobierno Nacional en el decreto demandado, hubiera desconocido algunas funciones del liquidador de Telecaquet� S.A. ESP y que tambi�n hubiera excluido de la masa de liquidaci�n de la empresa los bienes afectos al servicio, no por ello se puede acoger la tesis de que tales irregularidades comportaron per se la modificaci�n y alteraci�n del proceso de liquidaci�n de esta entidad p�blica, en los t�rminos de los decretos 254 de 2000 y 1603 de 2003, como lo pregon� el demandante.

De otra parte, no es acogido tampoco el cargo de la supuesta violaci�n de los art�culos 115 y 121 de la Constituci�n Pol�tica, porque el Gobierno asumi� funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la Ley. Esta determinaci�n es adoptada por la Sala, acogiendo los planteamientos jurisprudenciales esgrimidos por esta Secci�n, que descartaron la supuesta causal de desviaci�n de poder, al afirmar que el Gobierno asumi� facultades que no le correspond�a y que, el tema de la regulaci�n del proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Tulu� Telecaquet� S.A. ESP, no pod�a ser regulado a trav�s de un acto administrativo como lo es el Decreto 4769 de 2005, sino a trav�s de otro decreto con fuerza de ley que modificara el Decreto Ley 254 de 2000 o, que se contara previamente con la ley que le otorgara facultades expresas al Presidente para poder hacerlo.

Resulta ilustrativo transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta Secci�n, mediante el cual al analizar la naturaleza jur�dica de Teletulu� S.A. ESP, descart� la falsa motivaci�n del Decreto 1606 de 2003 que orden� su supresi�n y liquidaci�n, en los siguientes t�rminos:

�El acto acusado dispuso la supresi�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Tul�a � TELETULU� S.A. E.S.P.-, con fundamento, entre otras disposiciones, en los art�culos 189, numeral 15, de la Constituci�n Pol�tica y 52, numeral 3, de la Ley 489 de 1998, que son del siguiente tenor:

Seg�n el art�culo 38 de la Ley 489 de 1998, las entidades objeto de supresi�n, son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder P�blico en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios, las que relaciona as�:

Conforme a los Estatutos de TELETULU�, reformados mediante Escritura P�blica de 24 de abril de 2001 (folio 4 del exp. 2003 00329), dicha empresa es una sociedad de econom�a mixta por cuanto sus aportes oficiales son superiores al 50% de su capital social, que pertenece al sector de las telecomunicaciones; adem�s es una entidad del orden nacional, de conformidad con lo expuesto por el Ministerio de Comunicaciones al explicar que TELETULU� fue creada con autorizaci�n del Decreto Ley 130 de 1976, art�culo 21, que se concret� en el Decreto 2066 de 10 de agosto de 1981, que as� lo dispuso, lo cual no ha sido objeto de discusi�n.

De tal manera que de acuerdo con el art�culo 38 de la Ley 489 de 1998, en armon�a con el art�culo 52, ib�dem, la empresa TELETULU� S.A. E.S.P., pod�a ser sujeto pasivo de supresi�n por parte del Gobierno Nacional, en ejercicio de la atribuci�n conferida en el art�culo 189, numeral 15, de la Carta Pol�tica, para lo cual no se requer�a el consentimiento de las personas que constituyen la sociedad, ya que ello no se colige del texto legal, ni era del caso aplicar la Ley 142 de 1994 ni los C�digos Contencioso Administrativo y de Comercio, como lo entendi� la parte actora, porque, se repite, el Gobierno nacional aplic� la Ley que lo autoriz�, bajo ciertas condiciones, para suprimir entidades del orden nacional.

Como bien lo se�alaron las entidades demandadas, la facultad del Presidente de la Rep�blica en virtud de las funciones consagradas en el art�culo 189, numeral 15, de la Constituci�n Pol�tica, se sujeta a una Ley de Autorizaciones, en este caso la Ley 489 de 1998, y no a los c�digos o leyes ordinarias que regulan aspectos generales, luego no se puede inhibir su competencia Constitucional y los supuestos de la Ley 142 de 1994 son diferentes a los del art�culo 52 de la Ley 489 de 1998.� (subrayas fuera de texto) (Sentencia del 16 de Junio de 2011 radicado 1100103240002003-00329-01 acumulado M.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez).

En punto al tema de la supuesta falta de competencia del Gobierno Nacional para expedir el Decreto 4769 de 2005, por cuanto el �rgano competente para hacerlo era el Congreso de la Rep�blica, esta Secci�n tambi�n se refiri� al revisar la legalidad del decreto de supresi�n y liquidaci�n de TELECOM, en los siguientes t�rminos:

�La Constituci�n Pol�tica dispone en su art�culo 150-7 que es funci�n del Congreso �determinar la estructura de la administraci�n nacional y crear, suprimir o fusionar... otras entidades del orden nacional, se�alando sus objetivos y estructura org�nica�, as� como �crear o autorizar la constituci�n de empresas industriales y comerciales del Estado�. As� mismo, en su art�culo 189-15, la Constituci�n reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades para �suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.�

Armonizados estos preceptos constitucionales e interpretados sistem�ticamente se sigue que la creaci�n y supresi�n de empresas industriales y comerciales del Estado est� en manos del Congreso, quien puede hacerlo directamente o concediendo autorizaciones al Presidente de la Rep�blica; a este �ltimo incumbe privativamente suprimirlas en el orden nacional, por tratarse de entidades u organismos administrativos nacionales, observando estrictamente los criterios, objetivos y orientaciones que al efecto haya fijado el Congreso mediante ley. Se trata de dos competencias claramente diferenciadas: la de creaci�n o supresi�n, que el art�culo 150-7 atribuye al Congreso, quien puede ejercerla directamente mediante ley o delegando la de creaci�n en el Presidente, en virtud de autorizaciones; trat�ndose de la facultad de supresi�n, corresponde al Congreso fijar los criterios, objetivos y principios generales que el Ejecutivo debe observar al ejercerla (art�culos 150-7 y 189-15 CP); la segunda corresponde a la atribuci�n permanente conferida al Presidente de la Rep�blica quien debe ejercerla con estricta sujeci�n a la ley como suprema autoridad administrativa (art�culo 189-15 CP).

Por expresa remisi�n del art�culo 52 de la Ley 489 al art�culo 38 �dem, las entidades que pueden ser suprimidas son aquellas que integran la Rama Ejecutiva del Poder P�blico en el orden nacional, tanto en el sector central como en el sector descentralizado por servicios. El art�culo 38 las relaciona as�:

Fuerza es, entonces, concluir que al suprimir TELECOM, el Presidente de la Rep�blica ejerci� la facultad conferida por el art�culo 189, numeral 15 de la Constituci�n, con estricta sujeci�n a los criterios establecidos en los numerales 3� y 4� de la Ley 489 de 1998 que, seg�n qued� visto, le permit�an suprimir o disponer la disoluci�n y la consiguiente liquidaci�n de entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gesti�n administrativa aconsejasen la supresi�n o la transferencia de funciones a otra entidad, o cuando la conveniencia de esa decisi�n se establezca a trav�s de los indicadores de gesti�n y de eficiencia que emplean los �rganos de control �

Con fundamento en los anteriores precedentes jurisprudenciales, la Sala denegar� estos dos �ltimos cargos de la demanda, al advertir que el Decreto 4769 de 2005 lo expidi� el Gobierno Nacional sin advertir asomo de desviaci�n de poder y en el marco estricto del ejercicio de sus competencias constitucionales y legales [�]�

As� las cosas, no existiendo prueba alguna que permita inferir que el Decreto 4779 de 2005 haya sido expedida por el Gobierno Nacional persiguiendo un fin distinto del que le ha fijado el ordenamiento jur�dico y no acredit�ndose la violaci�n de los art�culo 115 y 121 de la Carta Pol�tica, pues se reitera, el Gobierno Nacional no modific� el r�gimen de liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional, pues lo que en realidad sucedi� en el presente asunto es que al ejercerse por el Ejecutivo, la potestad prevista en el numeral 15 del art�culo 189 de la Carta Pol�tica, se desconocieron las normas superiores que fundamentan el Decreto 4779 de 2005, entre ellas el Decreto Ley 254 de 2000, el cargo no tiene vocaci�n de prosperidad.

De conformidad con los razonamientos expuestos anterior, la Sala declarar� la nulidad del aparte �[�] con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n [�]� contenido en el numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� el art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005; as� como de la totalidad del inciso final del art�culo 44 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� a esta norma el art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005.

En relaci�n con las dem�s pretensiones de la demanda, esta Sala encuentra que los demandantes no desvirtuaron la presunci�n de legalidad del Decreto 4779 de 2005, raz�n por la que ser�n denegadas.

Finalmente en el plenario reposa, de una parte, la Resoluci�n 4153 de 18 de noviembre de 2015[60], por la cual se delega en la abogada Mar�a Cristina P�rez Corredor, identificada con la c�dula de ciudadan�a 53.166.881 y tarjeta profesional 177.760 (entre otros abogados), la facultad de representar judicialmente a la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico ante las autoridades jurisdiccionales, servidora p�blica que suscribe los alegatos de conclusi�n presentados por dicha cartera ministerial[61]; y de otro parte, el poder otorgado a la abogada Egna Margarita Rojas Vargas, identificada con la c�dula de ciudadan�a 36.307.451 y tarjeta profesional 203.307-D1, para representar al Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones[62], a quienes se les reconocer� como apoderados judiciales de estas entidades p�blicas.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del aparte �[�] con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n [�]� del numeral 12.2 del art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� el art�culo 3� del Decreto 4779 de 2005.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del inciso final del art�culo 44 del Decreto 1613 de 2003, en la redacci�n que le imprimi� a esta norma, el art�culo 5� del Decreto 4779 de 2005.

CUARTO: RECONOCER a los abogados Mar�a Cristina P�rez Corredor, identificada con la c�dula de ciudadan�a 53.166.881 y tarjeta profesional 177.760 del Consejo Superior de la Judicatura y Egna Margarita Rojas Vargas, identificada con la c�dula de ciudadan�a 36.307.451 y tarjeta profesional 203.307-D1 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderados judiciales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y del Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones respectivamente, en los t�rminos de los poderes que les fueron concedidos.

Se deja constancia que la anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en la sesi�n de la fecha.

[1] �[�] por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1613 de 2003 [�]�.

[3] �[�] por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar - Teleupar S.A. E.S.P. y se ordena su disoluci�n y liquidaci�n. [�]�.

[4] �[�] Por el cual se expide el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional [�]�.

[5] �[� ] Por medio del cual se actualiza el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero y se modifica su titulaci�n y numeraci�n [�]�.

[6] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot� D.C., once (11) de febrero del dos mil diez (2010). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2006-00129-01. Actor: LUIS MARCELINO GONZALEZ OCHOA Y OTROS. Demandado: GOBIERNO NACIONAL. Referencia: ACCION DE NULIDAD.

[16] �[�] por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1613 de 2003. [�]�

[17] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot� D.C., once (11) de febrero del dos mil diez (2010). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2006-00129-01. Actor: LUIS MARCELINO GONZALEZ OCHOA Y OTROS. Demandado: GOBIERNO NACIONAL. Referencia: ACCION DE NULIDAD.

[18] Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsecci�n, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras providencias.

[19] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N TERCERA � SUBSECCION A. Consejero ponente: Mauricio Fajardo G�mez. Bogot�, D.C., abril tres (3) de dos mil trece (2013). Expediente: 520012331000199708582 01 (26.611). Actor: Mar�a del Carmen Palma y otros. Demandado: Naci�n � Ministerio de Defensa � Ej�rcito Nacional. Referencia: Apelaci�n sentencia - Acci�n de reparaci�n directa

[23] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N CUARTA. Consejera Ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODR�GUEZ. Bogot� D.C. veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014). Radicaci�n: 760012331000200701330 02 (19377). Demandante: HERNANDO MORALES PLAZA. Demandado: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Asunto: Nulidad Ordenanza 219 de octubre 11 de 2006

[24] L�PEZ BLANCO, Hern�n Fabio. Procedimiento Civil, Tomo I, Bogot� D.C., DUPRE Editores, 2009. P�ginas 646-648.

[27] Folio 87, Cuaderno Principal. El apoderado judicial del ministerio cita el art�culo 175 del CCA.

[28] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[29] La norma demandada es del siguiente tenor: �[�] Art�culo 3�. Modif�canse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4; y adici�nanse los numerales 12.26 y 12.27 al art�culo 12 del Decreto 1613 de 2003, los cuales quedar�n as�:

"Art�culo 12. Funciones del liquidador. El Liquidador actuar� como representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar-Teleupar S. A. E.S.P. en Liquidaci�n y adelantar� el proceso de liquidaci�n de la Empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones se�aladas en el presente decreto y de las dem�s normas aplicables. En particular ejercer� las siguientes funciones: [�] 12.2. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administraci�n y enajenaci�n de los bienes afectos al servicio [�] Una vez suscrito el contrato de fiducia mercantil mencionado, los bienes afectos a la prestaci�n del servicio se transferir�n autom�ticamente al patrimonio aut�nomo constituido para tal fin, el cual se denominar� PARAPAT, con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n. Producido el cierre del proceso liquidatorio el pago de la contraprestaci�n derivada del Contrato de Explotaci�n lo realizar� el Gestor del Servicio al PARAPAT, quien la destinar� con base en los lineamientos fijados por el fideicomitente [�]�.

[30] ART�CULO 18�.-Inventarios. Modificado por el art. 9, Ley 1105 de 2006. El liquidador dispondr� la realizaci�n de un inventario f�sico detallado de los activos de la entidad, el cual deber� ser realizado dentro de (1) un plazo no superior a tres (3) meses a partir del inicio del proceso. �ste debe estar debidamente justificado tanto en los inventarios como en los documentos contables correspondientes y adem�s incluir� la siguiente informaci�n:

1. La relaci�n de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los cr�ditos y activos intangibles de que sea titular.

2. La relaci�n de los bienes corporales cuya tenencia est� en poder de un tercero indicando en cada caso el nombre del titular, la naturaleza del contrato y la fecha de vencimiento.

PARAGRAFO-En el inventario se identificar�n por separado aquellos bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el per�odo de la liquidaci�n.

[31] ART�CULO 20�.-Masa de la liquidaci�n. Integran la masa de la liquidaci�n todos los bienes, las utilidades, rendimientos financieros y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio de la entidad a liquidar.

a) Los recursos de seguridad social, los cuales deber�n ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional, y

[33] ART�CULO 22�.-Inventario de pasivos. Simult�neamente con el inventario de activos, el liquidador elaborar� un inventario de pasivos de la entidad, el cual se sujetar� a las siguientes reglas:

1. El inventario deber� contener una relaci�n cronol�gica pormenorizada de todas las obligaciones a cargo de la entidad, incluyendo las obligaciones a t�rmino y aquellas que s�lo representan una contingencia para ella, entre otras, las condicionales, los litigios y las garant�as.

2. La relaci�n de pasivos deber� sustentarse en los estados financieros de la entidad y en los dem�s documentos contables que permitan comprobar su existencia y exigibilidad.

[34] ART�CULO 27�.-Autorizaci�n de inventarios. Modificado por el art. 14, Ley 1105 de 2006. Los inventarios que elabore el liquidador, conforme a las reglas anteriores, deber�n ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n y autorizados por la junta liquidadora, cuando sea del caso.

1. Bienes inmuebles. El aval�o de los bienes inmuebles se regir� por las disposiciones legales sobre la materia, en especial la Ley 80 de 1993, decretos 855 de 1994 y 2150 de 1995 y normas concordantes.

2. Bienes muebles. El aval�o de los bienes muebles se practicar� por peritos evaluadores, cuya designaci�n deber� ser aprobada por la junta liquidadora, cuando sea del caso.

3. El aval�o de los bienes ser� sometido a la aprobaci�n de la junta liquidadora, cuando sea del caso, y copia del mismo ser� remitida a la Contralor�a General de la Rep�blica, con el fin de que se ejerza el control fiscal sobre el mismo.

PARAGRAFO-En todo caso el valor por el cual deber� enajenar el liquidador los activos ser� su valor en el mercado.

[36] Cabe recordar que la Sala, en la sentencia de 11 de febrero de 2010, Consejera Ponente: Mar�a Claudia Rojas Lasso, encontr� que, al confrontar el art�culo 2� del Decreto 4779 del 2005, que modific� el 9� del Decreto 1613 del 2003, con los art�culos 20 y 21 del Decreto Ley 254 del 2000, el primero viol� los dos �ltimos citados, puesto que si ni el Decreto Ley 254 del 2000 ni el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero excluyeron de la masa de la liquidaci�n los bienes afectos al servicio, mal pod�a hacerlo el decreto acusado, que es de inferior jerarqu�a.

[37] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Bogot�, D.C., veintid�s (22) de marzo de dos mil doce (2012). Radicaci�n numero: 11001-03-24-000-2006-00037-00 (acumulados). Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO Y OTROS. Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P�BLICO.

[38] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[39] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.3. Otro de los cargos de la demanda consisti� en la violaci�n en que a juicio de la parte demandante incurri� el art�culo 4� del Decreto 4769 de 2005 al adicionar al art�culo 32 del Decreto 1603 de 2003, un par�grafo que seg�n el demandante: ��persigue los mismos objetivos diferenciadores, entre los bienes afectos a la prestaci�n del servicio y los no afectos, a fin de permitir el cierre del proceso liquidatorio de Telecaquet� S.A. ESP, sin la realizaci�n de los inventarios, sin la refrendaci�n de los mismos por el revisor fiscal de Teletulu� en liquidaci�n, y sin su remisi�n a la contralor�a para el Control posterior� [�]�.

[40] El art�culo 4 del Decreto 4769 de 2005, era del siguiente tenor: �[�] Art�culo 4�. Adici�nase el art�culo 32 del Decreto 1603 de 2003, con el siguiente par�grafo: [�] "Par�grafo. El cumplimiento de la obligaci�n contenida en el presente art�culo se referir� �nicamente a los bienes inmuebles no afectos al servicio, y en caso de que al cierre del proceso liquidatorio no se hubiese cumplido en su totalidad, ello estar� a cargo del PAR" [�]�.

[41] �[�] Si posteriormente existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos se transferir�n autom�ticamente al PAR, tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de su inventario, aval�o y saneamiento cuando este sea necesario, por parte del PAR".[�]�

[42] ART�CULO 4�-Competencia del liquidador. Modificado por el art. 4, Ley 1105 de 2006. Es competencia del liquidador adelantar bajo su inmediata direcci�n y responsabilidad los procesos de liquidaci�n de las entidades de que trata el art�culo 1� del presente decreto.

El liquidador podr� contratar personas especializadas para la realizaci�n de las diversas actividades propias del proceso de liquidaci�n.

[43] ART�CULO 18�.-Inventarios. Modificado por el art. 9, Ley 1105 de 2006. El liquidador dispondr� la realizaci�n de un inventario f�sico detallado de los activos de la entidad, el cual deber� ser realizado dentro de (1) un plazo no superior a tres (3) meses a partir del inicio del proceso. �ste debe estar debidamente justificado tanto en los inventarios como en los documentos contables correspondientes y adem�s incluir� la siguiente informaci�n:

1. La relaci�n de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los cr�ditos y activos intangibles de que sea titular.

2. La relaci�n de los bienes corporales cuya tenencia est� en poder de un tercero indicando en cada caso el nombre del titular, la naturaleza del contrato y la fecha de vencimiento.

PARAGRAFO-En el inventario se identificar�n por separado aquellos bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el per�odo de la liquidaci�n.

[44] ART�CULO 27�.-Autorizaci�n de inventarios. Modificado por el art. 14, Ley 1105 de 2006. Los inventarios que elabore el liquidador, conforme a las reglas anteriores, deber�n ser refrendados por el revisor fiscal de la entidad en liquidaci�n y autorizados por la junta liquidadora, cuando sea del caso.

[45] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[46] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.4. En cuanto al cargo de nulidad en contra del inciso final del art�culo 5� del Decreto 4769 de 2005, consideran los demandantes que se evidencia por el hecho de que alude a una hipot�tica situaci�n en la cual se puede producir el cierre del proceso liquidatorio de Telecaquet� S.A. ESP, sin ni siquiera haberse realizado por completo el inventario de los bienes no afectos a la prestaci�n del servicio, con lo cual el Gobierno Nacional transgredi� los art�culos 4�, 18� y 27 del Decreto Ley 254 de 2000, pues el inventario y valoraci�n de activos adelantados posteriormente al cierre del proceso liquidatorio, no permite que esta faceta del proceso se adelante bajo la inmediata direcci�n y responsabilidad del liquidador; adem�s que el art�culo 18 es enf�tico en ordenar que el inventario f�sico detallado de los activos de la entidad, debe darse dentro del proceso liquidatorio y no con posterioridad a su cierre; adem�s que impide el control de la liquidaci�n de los inventarios por parte del revisor fiscal despu�s del cierre del proceso, lo cual vulnera del art�culo 27 del decreto ley [�] Igualmente considera la parte demandante que la norma parcialmente acusada, viola los ordinales 1� y 2� del texto original del Decreto 1603 de 2003, que perentoriamente se�alan que el inventario de los activos es una funci�n del liquidador al asign�rsela a un patrimonio aut�nomo que no es el liquidador, sino a un fen�meno jur�dico que ni siquiera es una persona jur�dica. As� mismo dicen que vulnera el art�culo 30 del Decreto 1603 de 2003, que enf�ticamente se�ala que es el liquidador quien deber� realizar el inventario f�sico detallado del activo y del pasivo de la empresa liquidada, quien se podr� apoyar en la entidad que se establezca como Gestor del Servicio para la realizaci�n del inventario y su valoraci�n. [�]�.

[47] El inciso final del art�culo 5 del Decreto 4769 de 2005, era del siguiente tenor: �[�] Art�culo 5�. Adici�nase el Decreto 1603 de 2003 con el art�culo 44, el cual quedar� as�: [�]

"ARTICULO 44. TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS NO AFECTOS AL SERVICIO Y DE LA SUBROGACION DE CONTRATOS AL PAR. Una vez se celebre el contrato de fiducia mercantil a que se hace referencia en el numeral 12.27 del art�culo 12 del presente decreto, se transferir� autom�ticamente al PAR la propiedad de los activos no afectos al servicio, p�blico de telecomunicaciones con base en una relaci�n de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidaci�n, as� como los recursos l�quidos de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet�, Telecaquet� S.A. E.S.P. en Liquidaci�n para el cumplimiento de las actividades, obligaciones o fines a cargo del mismo, determinadas en el presente decreto, o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias.

[48] En dicha sentencia judicial, se indic�: �[�] Adem�s el legislador dispuso que son necesarios el inventario t�cnico y aval�o para proceder al cierre de la liquidaci�n, lo que, como lo afirma la parte actora, tambi�n fue violado por el par�grafo cuya nulidad se declarar� [�]�.

[49] �[�] por medio del cual se prorroga el t�rmino del proceso de liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S. A., E.S.P. en Liquidaci�n [�]�.

[50] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[51] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.5. La parte demandante solicit� la declaratoria de nulidad del art�culo 1� del Decreto 4769 de 2005, al considerar que es violatorio de los art�culos 1� y 12 del Decreto 1603 de 2003 que establecen enf�ticamente que el r�gimen de liquidaci�n de Telecaquet� S.A. ESP, es el se�alado en el Decreto Ley 254 de 2000, como quiera que el art�culo 1� apenas extendi� el plazo de la liquidaci�n hasta el 31 de enero de 2006, cuando conforme al plazo estipulado en el texto original del art�culo 2� del Decreto 1603 de 2003, su duraci�n pod�a ser prorrogada por un periodo que permitiera cumplir a cabalidad la normatividad vigente o incluso, hasta por un plazo igual al fijado en el acto que decreta la supresi�n y ordena la liquidaci�n de la entidad. [�]�.

[52] El art�culo 1� del 4769 de 2005, era del siguiente tenor: �[�] Art�culo 1�. Modif�case el art�culo 2� del Decreto 1603 de 2003, el cual quedar� as�: [�] "ARTICULO 2�.DURACION DEL PROCESO DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA ENTIDAD.El proceso liquidatorio de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� - Telecaquet� S.A. E.S.P. en Liquidaci�n el cual fue prorrogado mediante Decreto 1926 de 2005, se extender� hasta el 31 de enero del a�o 2006.

Vencido el t�rmino de liquidaci�n se�alado o declarada la terminaci�n del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalizaci�n de dicho plazo, terminar� para todos los efectos la existencia jur�dica de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� - Telecaquet� S.A. E.S.P. en Liquidaci�n". [�]�.

[53] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[54] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.6. Respecto de la demanda de nulidad en contra de la integridad del Decreto 4769 de 2005 por haber violado el debido proceso, sostienen los accionantes que deviene porque el acto no observ� la plenitud de las formas propias del r�gimen del proceso de liquidaci�n de las entidades estatales, puesto que permite cerrar la liquidaci�n en la fecha establecida en su art�culo 1� sin que se haya desarrollado el inventario y aval�o de todos los bienes de propiedad de Telecaquet� S.A. ESP, adem�s sin que el revisor fiscal haya refrendado los inventarios y sin que la Contralor�a General de la Rep�blica hubiera efectuado el control posterior. Por tal raz�n, la norma demandada incluido su art�culo 1�, al fijar una fecha tan pr�xima a la expedici�n del Decreto 4769 permite el cierre del proceso liquidatorio sin el respeto al debido proceso constitucional [�]�.

[55] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[56] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.7. En cuanto al cargo relativo a la violaci�n en que incurri� el Decreto 4769 de 2005 por el desconocimiento de las normas superiores en que deber�a apoyarse, lo hizo consistir el actor en que los art�culos 1� al 6� del acto acusado, no s�lo transgredieron las normas del Decreto Ley 254 de 2000 y las del propio Decreto 1603 de 2003, sino tambi�n los art�culos 113 y 150-23 de la Constituci�n Pol�tica, como quiera que el Gobierno Nacional invadi� las funciones de la rama legislativa, en cuanto pretendi� modificar el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional, sin que se le hubieran otorgado expresas facultades para ello, transgrediendo las facultades propias del Congreso de la Rep�blica.

Censuraron que no encuentra la raz�n legal para que, si el r�gimen de liquidaci�n de las entidades estatales del orden nacional no exceptu� de su aplicaci�n a Telecaquet�, el Gobierno por la v�a de modificar el Decreto 1603 de junio de 2003, lo que hizo fue excluirla de la obligaci�n de cumplir la totalidad de actuaciones y tr�mites previstos en el Decreto ley 254 de 2000. [�]�.

[57] En la parte motiva del Decreto 1606 de 2003, el Gobierno Nacional esgrimi� lo siguiente: Que el art�culo 189 numeral 15 de la Constituci�n Pol�tica dispone que corresponde al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley;

Que el art�culo 52 de la Ley 489 de 1998, en su numeral 3 faculta al Presidente de la Rep�blica para suprimir o disponer la disoluci�n y la consiguiente liquidaci�n de las entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gesti�n administrativa aconsejen la supresi�n o la transferencia de funciones a otra entidad. Que igualmente el numeral 5 del mencionado art�culo se�ala que es causal para la liquidaci�n de entidades cuando existe duplicidad de funciones con otra u otras entidades.

[58] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI�N PRIMERA, Consejera ponente: MAR�A CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogot�, D.C., once (11) de agosto de dos mil diecis�is (2016). Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2010-00500-00. Actor: JORGE ALBERTO JURADO MURILLO. Demandado: AUTORIDADES NACIONALES - MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y OTROS.

[59] El cargo que se plante� en aquel proceso judicial fue sintetizado de la siguiente manera: �[�] 6.4.8. Finalmente la parte demanante esgrimi� como causales de nulidad del Decreto 4769 de 2005, la del desv�o de poder, al afirmar que el Presidente de la Rep�blica se desv�o de las atribuciones que le confiere el numeral 15 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, por cuanto la supresi�n y liquidaci�n de la Empresa de Telecomunicaciones de Caquet� Telecaquet� S.A.,ESP deb�a estar sometida al expreso marco normativo del Decreto Ley 254 y no, con base en un procedimiento espec�fico que denomin� �ad hoc� como el creado por el Decreto 4769 objeto de nulidad. Igualmente afirm� que esta atribuci�n presidencial, no es para suprimir entidades u �rganos nacionales de la manera que el Ejecutivo estime conveniente, sino para hacerlo de conformidad con la ley y el art�culo 29 superior.

As� mismo, el accionante invoc� como cargo independiente de la demanda, la transgresi�n en que incurri� la totalidad del Decreto 4769 de 2005, de los art�culos 115 y 121 de la Constituci�n Pol�tica, por cuanto el Gobierno al modificar el r�gimen de liquidaci�n de las entidades nacionales asumi� funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci�n y la Ley, porque el �nico que pod�a modificar la liquidaci�n de Telecaquet� S.A. ESP era el Congreso de la Rep�blica, bien por la v�a de expedir una Ley que modificara el Decreto Ley 254 de 2000 o bien, por la v�a de expedir una ley que le otorgara facultades expresas y especiales al Presidente para poderlo hacer [�]�.

[62] Folios 239-246, Cuaderno Principal. Se allega poder otorgado por el servidor p�blico Lu�s Leonardo Mongui Rojas, Jefe de la Oficina Asesora Jur�dica del Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones (E); la Resoluci�n 737 de 2018, mediante la cual se encarga de las funciones de Jefe de Oficina Asesora Jur�dica al se�or Lu�s Leonardo Mongui Rojas; y la Resoluci�n 3454 de 2015, expedida por el Ministro de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones, en el cual se delega en el jefe de la Oficina Asesora Jur�dica la facultad de constituir apoderados en procesos judiciales.

EXPEDIENTE:	11001 03 24 000 2010 00512 00
ACCI�N:	NULIDAD
DEMANDANTE:	JORGE ALBERTO JURADO MURILLO
DEMANDADO:	GOBIERNO NACIONAL
REFERENCIA:	ACCI�N DE NULIDAD EN CONTRA DEL DECRETO 4779 DE DICIEMBRE 30 DE 2005, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL