100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034214SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1100103270002000001401- 1008110081200024/11/2000SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1100103270002000001401- 10081_10081_2000_24/11/2000300342132000IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - Desapareció al haber sido declarada inexequible la Ley 508 de 1999 / DECAIMIENTO DEL ACTO - Se presenta al haber sido declarado inexequible el acto en el cual se fundamenta el decreto acusado / DEMANDA CONTRA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE SU PRESENTACION - Da lugar a sentencia estimatoria Es de advertir que la Ley 508 de 1999, sustento legal del decreto acusado, fue declarada inexequible a través de la sentencia C-557 de fecha 16 de mayo del año 2000, de suerte que al desaparecer el fundamento legal del decreto reglamentario, nos encontramos frente a un decaimiento del acto administrativo, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que establece en su numeral segundo, que los actos administrativos perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho y de derecho, tal como ocurrió en el presente caso al haber sido declarada inexequible la ley que daba sustento al decreto reglamentario parcialmente acusado, mediante sentencia notificada por edicto desfijado el 30 de mayo del año 2000. Por consiguiente y teniendo en cuenta que al momento de presentación de la demanda, 8 de marzo del año 2000, aun no había sido declarada la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 la Sala por tratarse de una acción pública declarará la nulidad del decreto reglamentario aquí acusado que carece de fundamento legal, pues las normas de creación del impuesto son abiertamente inconstitucionales.
Sentencias de NulidadGermán Ayala MantillaJUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 24/11/2000artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999Identificadores10030136129true1230793original30133998Identificadores

Fecha Providencia

24/11/2000

Fecha de notificación

24/11/2000

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Germán Ayala Mantilla

Norma demandada:  artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999

Demandante:  JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - Desapareció al haber sido declarada inexequible la Ley 508 de 1999 / DECAIMIENTO DEL ACTO - Se presenta al haber sido declarado inexequible el acto en el cual se fundamenta el decreto acusado / DEMANDA CONTRA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE SU PRESENTACION - Da lugar a sentencia estimatoria

Es de advertir que la Ley 508 de 1999, sustento legal del decreto acusado, fue declarada inexequible a través de la sentencia C-557 de fecha 16 de mayo del año 2000, de suerte que al desaparecer el fundamento legal del decreto reglamentario, nos encontramos frente a un decaimiento del acto administrativo, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que establece en su numeral segundo, que los actos administrativos perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho y de derecho, tal como ocurrió en el presente caso al haber sido declarada inexequible la ley que daba sustento al decreto reglamentario parcialmente acusado, mediante sentencia notificada por edicto desfijado el 30 de mayo del año 2000. Por consiguiente y teniendo en cuenta que al momento de presentación de la demanda, 8 de marzo del año 2000, aun no había sido declarada la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 la Sala por tratarse de una acción pública declarará la nulidad del decreto reglamentario aquí acusado que carece de fundamento legal, pues las normas de creación del impuesto son abiertamente inconstitucionales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: GERMÁN AYALA MANTILLA

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre del año dos mil.

Radicación número: 1100103270002000001401- 10081

Actor: JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Corresponde a la Sala proferir sentencia en el proceso promovido por el ciudadano JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra del artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999, expedido por el Gobierno Nacional, a fin de reglamentar parcialmente la Ley 508 de 1999.

EL ACTO ACUSADO

Corresponde al artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999, cuyo texto es el siguiente:

Decreto Número 2578 de 1999

(diciembre 23)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 508 de 1999.

ARTÍCULO 7.- Las transacciones que realicen las entidades financieras, que impliquen débitos a las cuentas de depósito para el giro de cheques de gerencia o cualquier otra transferencia de recursos de dichas cuentas efectuadas a través de medios electrónicos, se encuentras gravadas con el impuesto a que se refiere el artículo 116 de la Ley 508 de 1999, por las operaciones de canje, las operaciones de compensación y liquidación de los depósitos centralizados de valores y de las bolsas de valores sobre títulos desmaterializados y los pagos correspondientes a la administración de valores en dichos depósitos.

PARÁGRAFO.- Las operaciones de canje a que se refiere el presente artículo, corresponden a las definidas en el artículo 1° del Decreto número 1207 de 1996”.

ANTECEDENTES

El ciudadano Juan Rafael Bravo, el actor, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que sea retirado del ordenamiento jurídico el artículo trascrito, con los siguientes argumentos:

En primer lugar adujo violación del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, puesto que el hecho de que la norma legal creadora del impuesto, inciso tercero del artículo 116 de la Ley 508 de 1999 hubiese finalizado con la frase “según el reglamento que expida el Gobierno Nacional” no autoriza al ejecutivo para establecer hechos generadores del impuesto diferentes a los establecidos legalmente, pues ello derivaría en vulneración también al artículo 338 de la Carta.

En segundo lugar indicó que el inciso tercero del artículo 116 de la Ley 508 de 1999, consagró como hechos generadores del impuesto a las transacciones financieras, la disposición de recursos en depósitos en cuentas corrientes bancarias, la disposición de recursos en cuentas de ahorros y el giro de cheques de gerencia.

Que de otra parte, el código de comercio en el título XVII relativo a los contratos bancarios, diferencia tres clases, el de depósito en cuenta corriente, el de depósito a término y el de depósito de ahorro. En el mismo sentido, el Decreto 2520 de 1993, por el cual se expiden los estatutos del Banco de la República y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero al enumerar las operaciones autorizadas a los establecimientos bancarios, discriminan las cuentas corrientes bancarias, a término y de ahorros, conforme a las previsiones del Código de Comercio.

Conforme a ello, concluyó que si lo gravado fuera el manejo de las “cuentas de depósito”, como lo dice la norma acusada y no el manejo de las cuentas corrientes bancarias como lo dice la ley, quedarían gravadas las cuentas que se manejan en el Banco de la República, a pesar que existe diferencia entre las cuentas de depósito y las cuentas corrientes como lo establece claramente la Resolución 03 de 1997, expedida por la Junta Directiva del Banco y el Concepto de la DIAN 49775 de 1999.

En razón a la diferencia existente entre las cuentas corrientes bancarias y las cuentas de depósito del Banco de la República, el legislador no previó que tal entidad pudiera ser agente retenedor del impuesto, pues esta condición sólo se encuentra en cabeza de los establecimientos de crédito, definidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como instituciones financieras cuya función principal consiste en captar en moneda legal, recursos del público en depósitos a la vista, o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos, u otras operaciones de crédito, en tanto que de las funciones del Banco de la República están encausadas hacia la regulación de la moneda, los cambios internacionales y el crédito, la emisión de la moneda, ser banquero de los establecimientos de crédito, etc.

Como quiera que la norma acusada no califica las cuentas de depósito y establece que cualquier débito en ellas causa el impuesto a las transacciones financieras, amplió el hecho generador del tributo al no limitar únicamente al débito en cuenta corriente bancaria o de ahorros para disponer de los fondos, sino que hace referencia al débito en cualquier cuenta de depósito bancario, lo cual implica que además de los débitos en la cuentas autorizadas legalmente, quedarían gravados los cargos en cuentas de depósito simple, a término, con preaviso, en garantía, de pago por consignación y judiciales, así como las operaciones en las cuentas de depósito en el Banco de la República.

Por su parte, la Nación, a través de apoderado especial dio respuesta a la anterior demanda para solicitar que se nieguen sus pretensiones.

En primer lugar sostuvo que la Ley 508 de 1999, conocida como “Ley del Plan”, reconoció la necesidad de dar continuidad a las medidas de reconstrucción adoptadas mediante el Decreto de emergencia económica 195 de 1999, para afrontar la emergencia causada en el Eje Cafetero, razón por la cual estableció un impuesto nacional de carácter temporal cuya destinación de recursos se dirige a la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo de la zona afectada.

Así, adujo que el referido impuesto se estableció a cargos de los usuarios del sistema financiero, como de las entidades que lo integran, quienes detentan la condición de sujeto pasivo del tributo, según la manifestación general realizada por el legislador.

En relación con el hecho generador entendió que se trataba de la realización de transacciones financieras de disposición de recursos depositados en las cuentas corrientes bancarias o de ahorros, así como el giros de cheques de gerencia.

Precisó que de igual forma el legislador se ocupó de delimitar las operaciones exentas del impuesto, cuya enumeración taxativa se encuentra contenida en los parágrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 116 de la citada Ley 508 de 1999.

Conforme a lo expuesto advirtió que legislador determinó claramente todos los elementos del impuesto creado, como son sujetos, tarifa, base gravable y momento de causación, pero además de ello, señaló las operaciones exentas y los sujetos retenedores, dejando a cargo del Gobierno Nacional el ejercicio de la facultad reglamentaria indispensable para la correcta ejecución de la ley.

Sostuvo que el legislador estableció como hecho generador del tributo, la disposición de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros y el giro de cheques de gerencia, “y el hecho de que este(sic) no se haya referido en forma expresa a las comúnmente(sic) denominadas ‘cuentas de depósito’, en nada desvirtúa la naturaleza de gravadas de la disposición de recursos, a través de estas cuentas”.

En cuanto a los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, estimó que es claro que el legislador no diferenció entre las formas acordadas para el reembolso de los recursos, pero en cuanto hace a los depósitos a término, debe precisarse que los recursos captados por esta vía, son manejados por los establecimientos de crédito en las cuentas que administra el Banco de la República y que, obviamente, los débitos realizados por dichos establecimientos, como titulares de las referidas cuentas, causan el impuesto en comento, de tal suerte que es la institución financiera titular de la cuenta la que resulta gravada y no el beneficiario del título valor cuando quiera que se presente a redimirlo.

Arguyó que el considerar no gravada la disposición de los recursos depositados en las cuentas de los establecimientos de crédito en el Banco de la República, contradice el principio de equidad, base medular de la legislación tributaria al colocar a las instituciones financieras en una posición ventajosa y preferencial frente a los ahorradores, depositantes y en general, a los demás usuarios del sistema financiero.

De otra parte se refirió a la naturaleza jurídica del Banco de la República, que se halla sujeto al régimen de inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y participa de una doble naturaleza sometiéndose al derecho privado y al derecho público.

En lo que concierne a la inclusión de las transacciones de disposición de recursos de cuentas de depósito dentro del hecho gravable contemplado en la ley, consideró necesario efectuar precisiones de una parte en el sentido que los actos realizados por el Banco de la República en desarrollo de su actividad como establecimiento bancario, se someten a la normatividad propia del derecho privado, de suerte que la celebración de contratos de depósito suscritos por el Banco y las operaciones como banquero y prestamista de los establecimientos de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Interna 3 de 1997, se someterán a lo dispuesto en Código de Comercio, normatividad que establece que los contratos de depósito administrados por el Banco de la República participan de la naturaleza propia de la cuenta corriente bancaria, con la particularidad de que utilizan un mecanismo diverso al cheque para el retiro de recursos.

Luego de transcribir el artículo 1382 del Código de Comercio dijo que se infería que el manejo de los recursos depositados a través de sistemas electrónicos, como el sistema Sebra, no desvirtúa la naturaleza de cuenta corriente bancaria inherente a las llamadas cuentas de depósito, administradas por el Banco de la República.

Adujo que las diferencias que adujo el demandante corresponden a modalidades de operación que no tienen el alcance de desvirtuar la naturaleza mercantil de dichas cuentas.

Por último sostuvo que la Ley 508 no exceptuó a entidad financiera alguna por cuyo conducto se realícen las operaciones gravadas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El accionante fue enfático en advertir, que la norma legal violada es el artículo 116 de la Ley 508 de 1999, que claramente consagró como hechos generadores del impuesto a las transacciones financieras la disposición de recursos en depósitos en cuentas corrientes bancarias y de ahorros y el giro de los cheques de gerencia y en cambio, la norma acusada grava la disposición de recursos en cuentas de depósito.

Indicó que tal como se establece del Código de Comercio Título XVII y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los contratos que pueden celebrar los establecimientos bancarios son de depósito en cuentas corrientes, de depósito a término y de depósito en cuentas de ahorros.

Se refirió a contestación de la demandada presentada por la Administración, para concluir que ésta admitió que la ley sólo gravó la disposición de recursos en cuentas corrientes o de ahorros, pero que deben ser gravadas las cuentas de depósito, so pena de violación del principio de equidad tributaria. Frente a ello, sostuvo que el decreto acusado no se puede defender con argumentos de conveniencia, como lo precisó el Consejo de Estado en el fallo 5393 del 15 de julio de 1994.

Estimó que el decreto amplió de manera ilegal, el hecho gravado con el impuesto, puesto que no se puede afirmar que la cuenta de depósito que manejan las entidades financieras en el Banco de la República, es una cuenta corriente bancaria, al existir entre ellas diferencia como se desprende del Decreto 2520 de 1993, artículo 23. Igualmente se refirió a las características propias de las cuentas de depósito, establecidas en la Resolución Interna 03 de 1997 del Banco de la República.

Adujo que su posición resulta más evidente si se consulta el texto del proyecto de ley contentivo de la reforma tributaria del presente año, en donde se adiciona el hecho generador del tributo, con la realización de transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas de depósito del Banco de la República.

El apoderado de la Nación sostuvo que el legislador tuvo como criterio para imponer el gravamen, la disposición de recursos de las cuentas corrientes y de ahorros, de manera que como las cuentas de depósito participan de la naturaleza propia de la cuenta corriente bancaria, se encuentra comprendida dentro de dicho contrato bancario que en nada afecta su naturaleza.

A su juicio es claro que la disposición de recursos de las llamadas cuentas de depósito administradas por el Banco de la República, se encuentra afecta al gravamen establecido en la Ley 508 de 1999 y que la pretensión contraria, es violatoria del principio de equidad.

El Ministerio Público solicitó que se acceda a la pretensión del actor, pues la posición de la Administración se basa en simples apreciaciones personales.

La ley no consideró como hecho gravado las transacciones que realicen las entidades financieras que impliquen débitos a las cuentas de depósito, para el giro de cheque de gerencia o cualquier otra transferencia de recursos de dichas cuentas efectuadas a través de medios electrónicos, por lo cual resulta contraria a la Constitución y a la ley la afirmación que hace el apoderado de la Nación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la legalidad del artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999, en cuanto estableció que las transacciones que realicen las entidades financieras, que impliquen débitos a las cuentas de depósito para el giro de cheques de gerencia o cualquier otra transferencia de recursos de dichas cuentas efectuadas a través de medios electrónicos, se encuentran gravadas con el impuesto a que se refiere el artículo 116 de la Ley 508 de 1999.

La demanda de nulidad ataca el artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999, por exceso en la potestad reglamentaria, como quiera que ésta no está dada para modificar o extender el contenido de la ley, que fue lo que su juicio ocurrió al haberse incluidas como gravadas, las transacciones que realicen las entidades financieras, que impliquen débitos para el giro de cheques de gerencia o cualquier otra transferencia de recursos de dichas cuentas efectuadas a través de medios electrónicos, cuando el artículo 116 de la Ley 508 de 1999 estableció como hecho generador del impuesto a las transacciones financieras, la realización de las transacciones mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias o de ahorros y los giros de cheques de gerencia.

Visto el Decreto Reglamentario 2578 de 1999, que contiene la norma acusada, se observa que fue expedido para reglamentar parcialmente la Ley 508 de 1999 y en particular el artículo 116 de tal ley, norma que dice crear el impuesto a las transacciones financieras, apesar de que este tuvo origen en el Decreto Legislativo 2331 de 1998.

Sin embargo, es de advertir que la Ley 508 de 1999, sustento legal del decreto acusado, fue declarada inexequible a través de la sentencia C-557 de fecha 16 de mayo del año 2000, de suerte que al desaparecer el fundamento legal del decreto reglamentario, nos encontramos frente a un decaimiento del acto administrativo, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que establece en su numeral segundo, que los actos administrativos perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho y de derecho, tal como ocurrió en el presente caso al haber sido declarada inexequible la ley que daba sustento al decreto reglamentario parcialmente acusado, mediante sentencia notificada por edicto desfijado el 30 de mayo del año 2000.

Por consiguiente y teniendo en cuenta que al momento de presentación de la demanda, 8 de marzo del año 2000, aun no había sido declarada la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 la Sala por tratarse de una acción pública declarará la nulidad del decreto reglamentario aquí acusado que carece de fundamento legal, pues las normas de creación del impuesto son abiertamente inconstitucionales.

Por último se advierte que la expedición de la Ley 608 del año 2000, publicada el 15 de agosto del mismo año, que creó nuevamente el impuesto a las transacciones financieras, no purga el vicio de ilegalidad del acto acusado por lo que la decisión no será variada a pesar que el referido impuesto tenga actualmente consagración en tal ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DECLÁRASE la nulidad del artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

DANIEL MANRIQUE GUZMÁN GERMÁN AYALA MANTILLA

Presidente

JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIÉ DELIO GÓMEZ LEYVA

Raúl Giraldo Londoño

Secretario