100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034209AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001 - 03 - 27 - 000 - 1999 - 055 - 00 - 97819781200005/05/2000AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001 - 03 - 27 - 000 - 1999 - 055 - 00 - 9781_9781_2000_05/05/2000300342082000CONTRIBUCION DEL DOS POR MIL - No deducibilidad del impuesto de la renta / DOS POR MIL - Impuesto no deducible / GASTOS DE FINANCIACION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - Deducibilidad / CONTRIBUCION DE EMERGENCIA ECONOMICA - Naturaleza / ARTICULO 30 DECRETO 433 DE 1999 - legalidad por no existir exceso en la potestad reglamentaria En efecto, si bien como lo dice el actor, el mencionado artículo 38 de la Ley 488 de 1998 inicia refiriéndose a los gastos de financiación, dentro de los cuales se encuentran los intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio, no es menos cierto que en la parte final, como proposición aparte, pues está antecedida de una coma y una ‘y’, establece la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución del dos por mil, proposición que es reiterada en el inciso final del artículo 30 del Decreto 433 de 1999, por lo que en oposición a lo expuesto por el actor, el inciso acusado no excede la norma legal que dice reglamentar. De acuerdo con lo anterior, tampoco son de recibo las argumentaciones del actor y del coadyuvante, relativas a que la Corte definió la contribución establecida en los decretos legislativos de la emergencia económica como un ‘impuesto’ sin prohibir la deducción, toda vez que, como ya se dijo, en la citada providencia se precisó que la contribución en cuestión tenía el carácter de impuesto, pero no se refirió a la deducibilidad de la misma, pues no podía hacerlo en atención a que no estaba analizando el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 que regula dicha materia y una equivocada interpretación de la sentencia mencionada, en manera alguna puede convertir en deducible un ‘impuesto’ que la ley ha considerado como no deducible, máxime cuando los beneficios son de carácter restrictivo y necesitan expresa consagración legal. Se concluye que la disposición acusada no desconoció la norma superior citada como violada, toda vez que se limitó a reiterar lo establecido en la parte final del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, en cuanto a la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución (‘impuesto’ de acuerdo con la sentencia C-136/99 de la corte Constitucional) del dos por mil, por lo que tampoco se presentó el alegado exceso en ejercicio de la potestad reglamentaria.
Sentencias de NulidadDaniel Manrique GuzmánCARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO05/05/2000inciso final del artículo 30 del Decreto Reglamentario 433 de marzo 10 de 1999Identificadores10030136082true1230743original30133955Identificadores

Fecha Providencia

05/05/2000

Fecha de notificación

05/05/2000

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Daniel Manrique Guzmán

Norma demandada:  inciso final del artículo 30 del Decreto Reglamentario 433 de marzo 10 de 1999

Demandante:  CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO


CONTRIBUCION DEL DOS POR MIL - No deducibilidad del impuesto de la renta / DOS POR MIL - Impuesto no deducible / GASTOS DE FINANCIACION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - Deducibilidad / CONTRIBUCION DE EMERGENCIA ECONOMICA - Naturaleza / ARTICULO 30 DECRETO 433 DE 1999 - legalidad por no existir exceso en la potestad reglamentaria

En efecto, si bien como lo dice el actor, el mencionado artículo 38 de la Ley 488 de 1998 inicia refiriéndose a los gastos de financiación, dentro de los cuales se encuentran los intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio, no es menos cierto que en la parte final, como proposición aparte, pues está antecedida de una coma y una ‘y’, establece la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución del dos por mil, proposición que es reiterada en el inciso final del artículo 30 del Decreto 433 de 1999, por lo que en oposición a lo expuesto por el actor, el inciso acusado no excede la norma legal que dice reglamentar. De acuerdo con lo anterior, tampoco son de recibo las argumentaciones del actor y del coadyuvante, relativas a que la Corte definió la contribución establecida en los decretos legislativos de la emergencia económica como un ‘impuesto’ sin prohibir la deducción, toda vez que, como ya se dijo, en la citada providencia se precisó que la contribución en cuestión tenía el carácter de impuesto, pero no se refirió a la deducibilidad de la misma, pues no podía hacerlo en atención a que no estaba analizando el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 que regula dicha materia y una equivocada interpretación de la sentencia mencionada, en manera alguna puede convertir en deducible un ‘impuesto’ que la ley ha considerado como no deducible, máxime cuando los beneficios son de carácter restrictivo y necesitan expresa consagración legal. Se concluye que la disposición acusada no desconoció la norma superior citada como violada, toda vez que se limitó a reiterar lo establecido en la parte final del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, en cuanto a la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución (‘impuesto’ de acuerdo con la sentencia C-136/99 de la corte Constitucional) del dos por mil, por lo que tampoco se presentó el alegado exceso en ejercicio de la potestad reglamentaria.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: DANIEL MANRIQUE GUZMAN

Santa Fe de Bogotá, D. C., mayo cinco (5) de dos mil (2000).

Radicación número: 11001 - 03 - 27 - 000 - 1999 - 055 - 00 - 9781

Actor: CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El doctor Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad del inciso final del artículo 30 del Decreto Reglamentario 433 de marzo 10 de 1999, expedido por el Gobierno Nacional.

EL ACTO DEMANDADO

Lo es el inciso final del artículo 30 del Decreto Reglamentario 433 de marzo 10 de 1999, “por el cual se reglamenta la Ley 488 de 1988, el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones”.

El texto de la citada norma es el siguiente (en negrilla, el inciso acusado):

DECRETO NUMERO 433 de 1999

“Artículo 30.Deducción de intereses corrientes y moratorios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 y en el artículo 117 del Estatuto Tributario, los gastos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria serán deducibles siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta.

“ De acuerdo con lo establecido por el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 y por el artículo 115 del Estatuto Tributario, no son deducibles los intereses corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas, contribuciones, fiscales o parafiscales.

Tampoco es deducible la contribución establecida en los Decretos Legislativos de la Emergencia Económica de 1998, ni los intereses que se originen por su pago extemporáneo.” (se destaca)

LA DEMANDA

El accionante citó como violados los artículos 38 de la Ley 488 de 1998 y 113, 150-1 y 189-11 de la Constitución.

El concepto de la violación se sintetiza así :

No obstante que la citada norma legal dice adicionar el artículo 11 del Estatuto Tributario (referente a sujetos pasivos del impuesto de renta), ese no fue el propósito del legislador, por lo que a su juicio, dicho error material se salva entendiendo que remite al artículo 117 íb., que versa sobre intereses o gastos de financiación.

Expresó que de acuerdo con lo anterior la norma acusada violó el citado artículo 38 de la Ley 488 de 1998, pues sólo podía referirse al artículo 117 del Estatuto Tributario (deducción de intereses) y no al 115 íb. (deducibilidad de impuestos).

Destacó que a través de la sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, la Corte Constitucional definió la contribución establecida en los decretos de la emergencia económica de 1998 como un impuesto, sin prohibir la deducción del mismo impuesto, a su juicio procedente según el artículo 115 del Estatuto Tributario.

Finalmente expresó que con la expedición del acto acusado hubo exceso en el ejercicio de la función reglamentaria y en consecuencia, transgresión de los artículos 113, 150-1 y 189-11 de la Carta.

LA OPOSICION

La apoderada de la Nación presentó en forma extemporánea el escrito de contestación de la demanda, por lo que el mismo no se tendrá en cuenta.

LA IMPUGNACION

La doctora Myriam Eliana Martínez adujo los siguientes argumentos de impugnación a la demanda :

- El actor pretende convertir en deducible la contribución (hoy impuesto) que el legislador calificó expresamente como no deducible, sin que para ello exista justificación legal alguna, toda vez que, el cambio del concepto contribución por el de impuesto (sentencia C-136 de 1999) no autoriza para convertirla en deducible del impuesto de renta, pues la ley no le dio ese tratamiento y la referida sentencia de la Corte Constitucional no se refirió a dicho punto; y además, el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 consideró como no deducible la contribución (hoy impuesto) establecida en los Decretos Legislativos de la Emergencia económica, aspecto que corresponde a lo señalado en la norma acusada, contenida en el artículo 30 del Decreto 433 de 1999.

- El error en la remisión al artículo 11 del Estatuto Tributario no desvirtúa el contenido del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, ya que como lo afirmó el actor, es notorio que a dicho artículo no pretendía referirse el legislador, sino a los artículos 115 y 117 del Estatuto Tributario que tratan de las deducciones por impuestos y por intereses, y a la no deducibilidad de la contribución establecida en los decretos de emergencia económica de 1998; por lo que a su juicio, no puede entenderse que la norma legal versa sólo sobre gastos de financiación.

- El intérprete no puede ir en contra de la expresa voluntad del legislador de considerar un gravamen (contribución o impuesto) como no deducible del impuesto de renta, so pretexto de una equivocada interpretación del artículo 38 de la Ley 488 de 1998 o de la sentencia C-136 de 1999 de la Corte Constitucional, por lo que las peticiones de la demanda resultan contrarias a las previsiones contenidas en los artículos 150 numerales 11 y 12, 212 a 215, 230 y 338 de la Constitución.

Al respecto destacó que en la citada sentencia la Corte no se refirió al tema de las deducciones previstas en el artículo 38 de la Ley 488 de 1998.

- Finalmente señaló que las deducciones tributarias requieren de expresa consagración legal.

ALEGATOS DE CONCLUSION

El actor reiteró lo expuesto en la demanda, haciendo énfasis en que el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 sólo ‘tiene nexo o intentó referirse’ al artículo 117 del Estatuto Tributario, relativo a la deducción de intereses, sin que a su juicio tenga relación con el artículo 115 íb. relativo a impuestos deducibles; y que la eliminación de una deducción requiere disposición legal expresa.

La apoderada de la entidad demandada al alegar de conclusión reiteró lo aducido por la parte impugnadora.

La parte coadyuvante manifestó que en su entender es ostensible la violación en que incurrió el ejecutivo a través de la norma acusada, al tomar dentro del concepto de gastos de financiación no deducibles a la contribución del dos por mil, que de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional que decretó la exequibilidad del artículo 29 del Decreto 2331 de 1998, es un ‘impuesto’, que por su naturaleza se aparta de cualquier gasto destinado a la financiación de la actividad productora de renta que justifique su inclusión en la disposición legal vulnerada.

Y a continuación alegó que le asistía razón al actor para solicitar la nulidad del artículo 30 del Decreto 433 de 1999 por exceder el texto y finalidad del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, y desconocer el carácter de gasto necesario para la actividad productora de renta que tiene la contribución del dos por mil, que cumple con los requisitos de necesariedad y proporcionalidad previstos en los artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario para tomarse como un gasto deducible.

La Señora Procuradora Octava Delegada ante esta Corporación solicitó que no se accediera a las súplicas de la demanda y al efecto, luego de señalar que no eran muy claras las explicaciones del demandante, alegó que a su juicio, con la expedición de la norma acusada no se había incurrido en exceso del ejercicio de la potestad reglamentaria, puesto que dicha norma refleja lo dispuesto en el precepto reglamentado, al establecer que tampoco es deducible la contribución establecida en los Decretos Legislativos de la emergencia económica de 1998, ni los intereses que se originen en su pago extemporáneo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La controversia planteada a la Sala se concreta en determinar la legalidad del inciso final del artículo 30 del Decreto Reglamentario 433 de marzo 10 de 1999, expedido por el Gobierno Nacional, “por el cual se reglamenta la Ley 488 de 1988, el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones”.

El texto de citada norma es el siguiente (en negrilla, el inciso acusado):

DECRETO NUMERO 433 de 1999

“Artículo 30.Deducción de intereses corrientes y moratorios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 y en el artículo 117 del Estatuto Tributario, los gastos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria serán deducibles siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta.

“ De acuerdo con lo establecido por el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 y por el artículo 115 del Estatuto Tributario, no son deducibles los intereses corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas, contribuciones, fiscales o parafiscales.

Tampoco es deducible la contribución establecida en los Decretos Legislativos de la Emergencia Económica de 1998, ni los intereses que se originen por su pago extemporáneo.” (se destaca)

El actor aduce violación del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, pues a su juicio, la norma acusada sólo podía referirse al artículo 117 del Estatuto Tributario (deducción de intereses) y no al 115 (deducción de impuestos); destaca que a través de la sentencia C-136 de 1999 la Corte Constitucional definió la contribución establecida en los decretos de la emergencia económica de 1998 como un impuesto, sin prohibir la deducción del mismo y finalmente expresa que ante el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria fueron desconocidos los artículos 113, 150-1 y 189-11 de la Carta.

La parte coadyuvante indica que le asiste razón al actor porque la norma acusada excede el texto y finalidad del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, y desconoce el carácter de gasto necesario para la actividad productora de renta que tiene la contribución del dos por mil.

Y la entidad demandada defiende la legalidad de la disposición acusada y al efecto explica que el cambio del concepto contribución por el de impuesto en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional C-136 de 1999 no autoriza para convertirla en deducible del impuesto de renta, pues la ley no le dio ese tratamiento. Al respecto destacó que el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 consideró como no deducible la contribución en cuestión, aspecto que corresponde a lo previsto en la norma acusada.

El Decreto 433 de 1999 fue expedido por el Gobierno Nacional, en uso de las facultades constitucionales y en especial de las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 488 de 1998 y en el Estatuto Tributario.

La norma superior citada como violada es el artículo 38 de la Ley 488, el cual establece lo siguiente:

LEY 488 DE 1998

Artículo 38. Adiciónase el artículo 11 del estatuto tributario, con el siguiente inciso:

“Los gastos de financiación ordinaria, extraordinario o moratorios distintos de los intereses corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales, serán deducibles de la renta si tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, y distintos de la contribución establecida en los decretos legislativos de la emergencia económica de 1998.”

Al respecto se observa que no obstante el error en la remisión al artículo 11 del Estatuto Tributario, pues debe entenderse que se refiere al artículo 117 del Estatuto Tributario (deducción de intereses) y la imprecisa redacción de la citada norma superior, la misma establece en la parte final, que la contribución prevista en los decretos legislativos de la emergencia económica, esto es, la del dos por mil, no es deducible del impuesto de renta.

En efecto, si bien como lo dice el actor, el mencionado artículo 38 de la Ley 488 de 1998 inicia refiriéndose a los gastos de financiación, dentro de los cuales se encuentran los intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio, no es menos cierto que en la parte final, como proposición aparte, pues está antecedida de una coma y una ‘y’, establece la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución del dos por mil, proposición que es reiterada en el inciso final del artículo 30 del Decreto 433 de 1999, por lo que en oposición a lo expuesto por el actor, el inciso acusado no excede la norma legal que dice reglamentar.

En cuanto a la sentencia de C-136 de marzo 4 de 1999 mediante la cual la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 2331 del 16 de noviembre de 1998, dictado en desarrollo de las facultades de Estado de Emergencia Económica y Social declarado mediante Decreto 2330 de la misma fecha, se destaca que dicha Corporación declaró la exequibilidad del artículo 29 del Decreto 2331 de 1998 (que estableció la contribución del dos por mil) excepto las palabras "destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y, de esta manera, proteger a los usuarios del mismo en los términos del Decreto 663 de 1993 y de este Decreto".

En la citada providencia la Corte precisó que la denominada contribución del dos por mil ostenta el carácter de ‘impuesto’. Al respecto se pronunció así:

“-En cuanto a la naturaleza del gravamen, la Corte estima que no corresponde, a pesar del texto, a la de una contribución, toda vez que muy pronto se descubre por su estructura normativa, que el precepto tributario no contempla una retribución específica a favor de los sujetos pasivos.

En efecto, es percibible sin dificultad que se contribuye, haya o no beneficio o contraprestación hacia el contribuyente. Dice por eso el artículo 29, sujeto a análisis, que se establece una contribución temporal "a cargo de los usuarios del sistema financiero" pero que estará "destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y, de esta manera, proteger a los usuarios del mismo", sin que se prevea forma alguna encaminada a retornar de manera concreta e individual el gravamen a los contribuyentes.

Es, entonces, un típico impuesto, caracterizado por su alcance general y por no contemplar la norma que lo crea una retribución directa y mensurable a quien lo paga.

(…)

“ … la Corte considera que el impuesto creado por el artículo 29 del Decreto 2331 de 1998 es constitucional por el analizado aspecto, que toca con su naturaleza y destinación, aunque la exequibilidad debe ser declarada, como se hará, bajo tres condiciones que quedarán explícitas en la parte resolutiva de este Fallo: lo que se recaude no podrá dirigirse a sectores distintos de los materialmente afectados, según lo resuelto en la Sentencia C-122 del 1 de marzo de 1999; los fondos correspondientes no estarán sujetos a las participaciones y transferencias que la Constitución consagra sobre los ingresos corrientes de la Nación a favor de las entidades territoriales, ni al situado Fiscal; y el Congreso de la República, si bien puede, en ejercicio de su función y de conformidad con el artículo 215 de la Constitución, otorgar al impuesto transitorio carácter permanente, no le es posible asignarle destinación específica, por cuanto si lo hiciera vulneraría el artículo 359 de la Carta Política.”

De acuerdo con lo anterior, tampoco son de recibo las argumentaciones del actor y del coadyuvante, relativas a que la Corte definió la contribución establecida en los decretos legislativos de la emergencia económica como un ‘impuesto’ sin prohibir la deducción, toda vez que, como ya se dijo, en la citada providencia se precisó que la contribución en cuestión tenía el carácter de impuesto, pero no se refirió a la deducibilidad de la misma, pues no podía hacerlo en atención a que no estaba analizando el artículo 38 de la Ley 488 de 1998 que regula dicha materia y una equivocada interpretación de la sentencia mencionada, en manera alguna puede convertir en deducible un ‘impuesto’ que la ley ha considerado como no deducible, máxime cuando los beneficios son de carácter restrictivo y necesitan expresa consagración legal.

Así las cosas y de acuerdo con lo expresado por la impugnante y el Ministerio público, se concluye que la disposición acusada no desconoció la norma superior citada como violada, toda vez que se limitó a reiterar lo establecido en la parte final del artículo 38 de la Ley 488 de 1998, en cuanto a la no deducibilidad del impuesto de renta de la contribución (‘impuesto’ de acuerdo con la sentencia C-136/99 de la corte Constitucional) del dos por mil, por lo que tampoco se presentó el alegado exceso en ejercicio de la potestad reglamentaria.

Por las razones expuestas, la Sala denegará las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las súplicas de la demanda.

Se reconoce al doctor Héctor Mauricio Mayorga Arango como parte coadyuvante.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

DANIEL MANRIQUE GUZMAN GERMAN AYALA MANTILLA

Presidente de la Sección

JULIO E. CORREA RESTREPO DELIO GOMEZ LEYVA

RAUL GIRALDO LONDOÑO

Secretario