100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034167AUTOSala de lo Contenciosos Administrativo5837199904/11/1999AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo____5837_1999_04/11/1999300341661999DECAIMIENTO DEL ACTO - Pérdida de fuerza ejecutoria por declaración de inexequibilidad de normas en que se fundamentó La Corte Constitucional mediante sentencia C-702/99 de 20 de septiembre de 1999 declaró inexequibles, entre otras disposiciones, los artículos 54 y 120 de la mencionada Ley 489 de 1998. Significa lo precedente que en este caso operó lo que el artículo 66 del C.C.A. consagra como “pérdida de fuerza ejecutoria”, o decaimiento del acto, fenómeno este que se presenta, entre otros eventos, cuando han desaparecido los fundamentos de hecho o de derecho del mismo, y que se traduce en que los actos administrativos en tales condiciones no están llamados a producir efectos. Así las cosas, resulta innecesario suspender los efectos del Decreto acusado pues, por mandato legal, éstos ya no están llamados a producirse, por haber operado, como ya se dijo, la pérdida de su fuerza ejecutoria, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales en que se fundamentó. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Santa Fe de Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Radicación número: 5837. Actor: MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA. Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia : Acción Nulidad.
Sentencias de NulidadGabriel Eduardo Mendoza MarteloGOBIERNO NACIONALMARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA.04/11/1999Decreto 1182 de 29 de junio de 1999Identificadores10030135794true1230448original30133673Identificadores

Fecha Providencia

04/11/1999

Fecha de notificación

04/11/1999

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Norma demandada:  Decreto 1182 de 29 de junio de 1999

Demandante:  MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA.

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


DECAIMIENTO DEL ACTO - Pérdida de fuerza ejecutoria por declaración de inexequibilidad de normas en que se fundamentó

La Corte Constitucional mediante sentencia C-702/99 de 20 de septiembre de 1999 declaró inexequibles, entre otras disposiciones, los artículos 54 y 120 de la mencionada Ley 489 de 1998. Significa lo precedente que en este caso operó lo que el artículo 66 del C.C.A. consagra como “pérdida de fuerza ejecutoria”, o decaimiento del acto, fenómeno este que se presenta, entre otros eventos, cuando han desaparecido los fundamentos de hecho o de derecho del mismo, y que se traduce en que los actos administrativos en tales condiciones no están llamados a producir efectos. Así las cosas, resulta innecesario suspender los efectos del Decreto acusado pues, por mandato legal, éstos ya no están llamados a producirse, por haber operado, como ya se dijo, la pérdida de su fuerza ejecutoria, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales en que se fundamentó.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Santa Fe de Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Radicación número: 5837.

Actor: MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA.

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia : Acción Nulidad.

La ciudadana y abogada MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, del Decreto núm. 1182 de 29 de junio de 1999, “por el cual se modifica la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, expedido por el Gobierno Nacional.

I-. LA ADMISION DE LA DEMANDA

Como la demanda y sus anexos se ajustan a las previsiones de los artículos 137 a 142 del C.C.A., es del caso proceder a su admisión y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

II-. LA SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL

II.1-. En el mismo escrito de la demanda, en acápite especial, la actora solicitó la suspensión provisional aduciendo al efecto, en síntesis, que el Decreto acusado fue expedido sin que el Gobierno Nacional tuviere las expresas y extraordinarias facultades para hacerlo, lo cual viola el artículo 150, numeral 7, de la Constitución Política, porque el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, por virtud del cual se dictó aquél, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que al quedar sin piso legal debe suspenderse.

II. 2-. CONSIDERACIONES DE LA SALA :

A través del Decreto acusado el Gobierno Nacional modificó la estructura orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, invocando como fundamento las facultades conferidas en el artículo 189, numeral 16, de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

La citada disposición constitucional consagra como facultad del Gobierno Nacional la de “Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”.

El artículo 54 de la referida Ley 489 de 1998 consagra los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional.

Por su parte, el artículo 120 de la citada Ley, que según la actora sirve de sustento al acto administrativo acusado, aún cuando no se invoca en el epígrafe del mismo, le otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reestructurar las dependencias de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-702/99 de 20 de septiembre de 1999 declaró inexequibles, entre otras disposiciones, los artículos 54 y 120 de la mencionada Ley 489 de 1998.

Significa lo precedente que en este caso operó lo que el artículo 66 del C.C.A. consagra como “pérdida de fuerza ejecutoria”, o decaimiento del acto, fenómeno este que se presenta, entre otros eventos, cuando han desaparecido los fundamentos de hecho o de derecho del mismo, y que se traduce en que los actos administrativos en tales condiciones no están llamados a producir efectos.

Además, cabe señalar que, en este caso debe examinarse igualmente el contenido de los artículos 150, numeral 7 y 189, numerales 15 y 16 de la Constitución Política a efectos de concluir sobre la viabilidad de la argumentación aducida por el demandante, por cuanto se trata de normas relacionadas con el asunto en estudio.

Así las cosas, resulta innecesario suspender los efectos del Decreto acusado pues, por mandato legal, éstos ya no están llamados a producirse, por haber operado, como ya se dijo, la pérdida de su fuerza ejecutoria, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones legales en que se fundamentó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

R E S U E L V E:

I -. Admítese la demanda presentada por la ciudadana y abogada MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA. En consecuencia, se dispone:

a): Notifíquese personalmente al señor Ministro del Interior. Entrégueseles copia de la demanda y sus anexos.

b): Notifíquese personalmente al señor Procurador Sexto Delegado de lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado.

c): Fíjese el proceso en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas.

d): Solicítese a la Secretaría General del Ministerio del Interior que en el término de ocho (8) días envíe los antecedentes administrativos correspondientes al acto administrativo acusado, con la advertencia de que el desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria.

e): De conformidad con lo ordenado en el numeral 4 del artículo 207 del C.C.A., en concordancia con el Decreto 2867 de 1.989, deposite la actora la suma de cinco mil pesos ($5.000.oo) moneda corriente, dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la Secretaría.

II.- Tiénese como demandante a la ciudadana y abogada MARIA CRISTINA PINEDA ZULUAGA.

III-. Tiénese como demandada a la Nación - Ministerio del Interior -.

IV-. DENIEGASE la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de noviembre de 1999.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA