SENTENCIA 11001-03-28-000-2001-0029-01(2529) de 2002

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030034082SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-28-000-2001-0029-01(2529)200203/05/2002SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-28-000-2001-0029-01(2529)__2002_03/05/2002300340812002 POTESTAD REGLAMENTARIA - Titularidad. L�mites / COMISI�N NACIONAL DE TELEVISI�N - Elecci�n de miembros Seg�n lo establecido en el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n, corresponde al Presidente ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Entonces: (a) La potestad de reglamentar las leyes es atribuci�n solo del Presidente de la Rep�blica, y no de otras autoridades administrativas, que ha de ejercer, desde luego, con la colaboraci�n del ministro del ramo o director de departamento administrativo correspondiente, seg�n lo establecido en el art�culo 115 de la Constituci�n; (b) Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su ejecuci�n nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�n hay lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuanta determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley.

Seg�n lo establecido en el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n, corresponde al Presidente ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes. Entonces: (a) La potestad de reglamentar las leyes es atribuci�n solo del Presidente de la Rep�blica, y no de otras autoridades administrativas, que ha de ejercer, desde luego, con la colaboraci�n del ministro del ramo o director de departamento administrativo correspondiente, seg�n lo establecido en el art�culo 115 de la Constituci�n; (b) Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su ejecuci�n nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�n hay lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuanta determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley.

El ciudadano Antonio Beltr�n Ballesteros, en ejercicio de la acci�n de nulidad establecida en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, pretende se declare que son nulos los art�culos 4.�, B, literales c y d; 5.�, incisos segundo y tercero; 6.�, literal f y �ltimo inciso; 7.�, incisos primero, tercero, cuarto y quinto; 8.�, inciso primero, literal f, y par�grafo, inciso primero, en lo que dice �El Ministerio de Comunicaciones publicar�, e inciso segundo; 9.�, inciso primero; 10, incisos primero, tercero y cuarto; 11, y 13 del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001, �por el cual se reglamentan los literales c y d del art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996�.

El texto de los actos acusados, incluido el encabezamiento y el final del decreto de que hacen parte, es el siguiente:

por el cual se reglamentan los literales c) y d) del art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica

ART�CULO 4.� Grupos de electores. Son los constituidos por las personas jur�dicas h�biles para participar en la elecci�n en raz�n de su objeto social. Conforme lo dispuesto en el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996, los grupos de electores se integran as�:

B. Para elegir al miembro de la CNTV al que se refiere el literal d del art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996 podr�n participar:

Cuando las asociaciones gremiales o sindicales, cuenten con un objeto social que comprenda varios de los grupos referidos, optar�n por la inscripci�n en cualquiera de los grupos que corresponda a su objeto social.

Todos los afiliados podr�n participar en el grupo por el cual ha optado su asociaci�n.

f. Fotocopia aut�ntica del documento de identidad de los afiliados de la asociaci�n o liga que sean certificados para la inscripci�n.

Las facultades podr�n estar representadas para la inscripci�n y las dem�s etapas del proceso de elecci�n, por el correspondiente decano, director o equivalente, seg�n poder otorgado por el representante legal de la universidad a la cual pertenece la facultad.

ART�CULO 7.� Fecha l�mite para la inscripci�n de electores. Las inscripciones se har�n entre el primer jueves y el tercer viernes del mes de marzo, hasta las 16:00 horas.

La documentaci�n que no sea presentada completa dentro de plazo previsto ser� rechazada y la asociaci�n, liga o facultad no ser� inscrita.

Una vez presentada la documentaci�n no podr� subsanarse, complementarse o modificarse, con relaci�n a lo inicialmente suministrado.

La Registradur�a Nacional expedir� la lista de inscritos as� como el n�mero de afiliados que representa cada inscrito a m�s tardar, el �ltimo d�a h�bil de marzo. La lista de inscritos deber� contener la siguiente informaci�n: raz�n social, objeto social, representante legal, lista de afiliados con documento de identidad, y grupo en el cual se inscribe la asociaci�n, liga o facultad.

ART�CULO 8.� Inscripci�n de candidatos a la CNTV. Los aspirantes a ser electos por las asociaciones, ligas o facultades, deber�n presentar ante la Secretar�a General del Ministerio de Comunicaciones la siguiente documentaci�n, a m�s tardar el primer d�a h�bil de la cuarta semana de marzo:

f. Presentaci�n de su candidatura por cualquiera de las asociaciones, ligas o facultades inscritas para la elecci�n, que pertenezca al grupo de electores del miembro de la Comisi�n Nacional de Televisi�n al cual aspira. Cada asociaci�n, liga o facultad solo podr� presentar un candidato. Varias asociaciones, ligas o facultades pueden presentar a un mismo candidato.

El plazo para presentaci�n de la documentaci�n vence a las 16:00 horas del ultimo d�a de inscripciones. La documentaci�n que no sea presentada completa dentro del plazo previsto ser� rechazada y el candidato no ser� inscrito.

ART�CULO 9.� Elecci�n de miembros de la Comisi�n Nacional de Televisi�n. La elecci�n de los miembros de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, se efectuar� en dos etapas: En la primera de ellas, los representantes de las asociaciones, ligas o facultades inscritas elegir�n por el sistema constitucional de cuociente electoral, mediante voto directo, tres delegados por cada uno de los grupos de electores a los que se refiere el art�culo 4.� del presente decreto, de listas previamente inscritas.

ART�CULO 10. Procedimiento y fecha de elecci�n de delegados. La elecci�n de delegados se efectuar� entre listas de m�ximo tres candidatos, sin suplentes, integradas por representantes legales, miembros o afiliados de las asociaciones y de las ligas o por representantes de las facultades, previamente inscritas. Las listas podr�n inscribirse hasta el �ltimo viernes de marzo, sin posibilidad de modificaci�n. La inscripci�n de listas de candidatos a delegados se har�, directamente o por apoderado, ante la Registradur�a Nacional del Estado Civil.

La elecci�n de los delegados se llevar� a cabo el primer viernes del mes de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas. Las urnas, con la lista de inscritos h�biles para votar, y el n�mero de afiliados que representan, ser�n ubicadas en la sede de las Registradur�as de capitales y, en el caso de Bogot�, en la Registradur�a Distrital.

Solo podr�n participar en la elecci�n los representantes legales de las asociaciones y de las ligas y los representantes de las facultades que se encuentren previa y debidamente inscritas y que acrediten su representaci�n e identificaci�n ante los funcionarios correspondientes.

ART�CULO 11. Lista de delegados. El escrutinio general se har� con base en las actas elaboradas en las capitales de departamentos y en Distrito Capital, por una comisi�n escrutadora conformada por delegados del Registrador Nacional y del Ministerio de Comunicaciones que, como resultado, elaborar� la lista oficial de delegados para la elecci�n, la cual ser� publicada dentro de los cinco d�as h�biles siguientes a la fecha de elecci�n, con el nombre e identificaci�n de los tres delegados designados por grupo.

La lista de delegados deber� contener, por lo menos, los siguientes datos: identificaci�n del grupo por el cual han sido electos, identificaci�n de los delegados y votaci�n obtenida.

ART�CULO 13. Elecci�n. Las elecciones a las que se refiere el art�culo anterior se ajustar�n a las siguientes disposiciones:

b. Los electores solo podr�n votar por un candidato. En caso de resultar un mayor n�mero de votos respecto del n�mero de asistentes, al azar, se anular�n los votos sobrantes.

c. Los resultados de la elecci�n se definir�n por la mayor�a absoluta. Se repetir� la votaci�n por una sola vez en caso de que no sea posible obtener la decisi�n, entre quienes depositaron su voto, caso en el cual se suspende el t�rmino previsto en el inciso primero del art�culo anterior. En caso de empate, despu�s de repetida la votaci�n, se aplicar�n las normas previstas en el C�digo Electoral[1].

El ciudadano Antonio Beltr�n Ballesteros, ya se dijo, solicit� se declarasen nulos los art�culos 4.�, B, literales c y d; 5.�, incisos segundo y tercero; 6.�, literal f y �ltimo inciso; 7.�, incisos primero, tercero, cuarto y quinto; 8.�, inciso primero, literal f, y par�grafo, inciso primero, en lo que dice �El Ministerio de Comunicaciones publicar�, e inciso segundo; 9.�, inciso primero; 10, incisos primero, tercero y cuarto; 11, y 13 del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001.

�El Gobierno Nacional desde el pasado proceso eleccionario de los comisionados diferentes del gobierno, presuntamente para obstaculizar que las ligas de asociaciones de televidentes y las ligas y asociaciones de padres de familia podamos ejercer la democracia participativa como derecho constitucional y participar con alguna opci�n en la elecci�n de su representante, reform� la ley 335 de 1996 mediante el decreto en el sentido que las Universidades podr�an participar en la designaci�n de un miembro de la Junta Directiva de la CNTV. a trav�s de las facultades de educaci�n y comunicaci�n social independientemente cada una, cuando a la luz de la norma superior se concluye que estas integran y constituyen un solo sector; obs�rvese que as� lo asume el mismo gobierno cuando interpreta correctamente en el mismo Art�culo 4� Numeral A) en los literales b. que corresponde al gremio de Directores y libretistas y literal e. de Periodistas y cr�ticos de televisi�n.

Actitud esta que refleja un marcado inter�s del gobierno a trav�s de las Universidades P�blicas con sus facultades de educaci�n y comunicaci�n social que constituyen un n�mero suficiente para dominar el Colegio Electoral de Delegados de los sectores, que son quienes en �ltimas eligen al Comisionado de este literal d. del Art�culo 1� de la Ley 335 de 1996 y de esta manera lograr el cuarto miembro a su favor en la CNTV para garantizar la mayor�a cualificada en dicha CNTV y vulnerar de esta manera la autonom�a establecida por los Art�culos 75� 76� y 77� de la C. N.�

2. Censur� el demandante el art�culo 5.�, incisos segundo y tercero, as�:

�El Gobierno Nacional dentro de sus funciones constitucionales, legales y jurisprudenciales no tiene facultades para reformar la ley, al impedir que los asociados a organizaciones se�aladas por la ley que comprenda varios de los grupos referidos, no puedan participar sino en un solo grupo, cuando lo l�gico es que la organizaci�n que los representa de acuerdo con su objeto social que comprenda varios de los grupos referidos puedan participar con voceros de su respectivo grupo en la elecci�n respectiva, eso si con inscripci�n y demostraci�n previa que cada grupo en la organizaci�n por asambleas generales como organismos de decisi�n de las asociaciones design� delegado para su respectivo grupo y no vulnerar el derecho constitucional (Art�culo 40� de la C. N. y los derechos legales contemplados en los literales c) y d) del Art�culo 1� de la Ley 335 de 1996�.

�Con esta reglamentaci�n el Gobierno Nacional convirti� a esta elecci�n en una elecci�n popular, cuando en verdad lo que debi� atender es precisamente lo dispuesto por el legislador en trat�ndose de que este proceso se debe realizar por las personas jur�dicas a trav�s de sus representantes legales o delegados por poder; a mas de esto he de agregar que la norma demandada consigno una exigencia que desborda el mandato Constitucional que ya hab�a sido reglamentado por el mismo Gobierno mediante el Decreto 2150/95, en que se dispuso la supresi�n de tramites en la administraci�n p�blica, y que en su presentaci�n se consigna �... sobre simplificaci�n de tr�mites y racionalizaci�n de procedimientos administrativos, tiene por objeto fundamental, desarrollar el principio de la buena fe, combatir la corrupci�n y permitir el ejercicio de las libertades ciudadanas, hoy entorpecido por tantas exigencias absurdas y tantas formalidades innecesarias, que solo han contribuido a opacar la imagen de la Administraci�n P�blica ante los ojos de los particulares...�

Obs�rvese igualmente que la citada norma antitramitolog�a, dispuso dentro del T�tulo I del R�gimen General: �... 1.1 ... los colombianos ya NO TENDR�N QUE AUTENTICAR DOCUMENTOS ORIGINALES ANTE ENTIDADES P�BLICAS� (may�sculas para significar la importancia).

S�mese a ello el contenido del Art. 1� del Decreto 2150 que dispuso: �... Supresi�n de Autenticaciones y Reconocimientos. A las entidades que integran la Administraci�n P�blica les esta PROHIBIDO EXIGIR DOCUMENTOS ORIGINALES AUTENTICADOS o reconocidos notarial o judicialmente. (may�sculas para destacar la importancia)

Todo lo anterior en la comprensi�n que por mediante este Decreto 277 de 2.001 el Gobierno nacional exige a las organizaciones que pretenden participar en el proceso de elecci�n del Comisionado el aportar Fotocopia de la C�dula de Ciudadan�a, cuando por lo visto esta le es prohibido por disposici�n legal; exigencia esta que f�cilmente alcanzar�a la no despreciable cifra de cinco (5) millones de asociados en Federaciones o Ligas de Asociaciones de televidentes y cerca de otros siete (7) millones de padres de familia existentes en todo el pa�s agrupadas en Ligas y Asociaciones de Padres de Familia, si tenemos en cuenta que existen sistemas de televisi�n por cable comunitarios y privados en la totalidad de los municipios del pa�s y m�s de treinta millones de televidentes agrupadas en UNICOL, fijando dicho decreto 277 de 2.001, un termino perentorio de tan solo 18 d�as h�biles desde la publicaci�n en el diario oficial a la fecha del cierre fijado para el 16 de marzo de 2001, norma esta que de paso ha sido imposible adquirir por parte del Ministerio de Comunicaciones que se han negado a facilitarlo con el argumento en Secretar�a general que no ha sido enviado de Presidencia, lo que desde luego presuntamente constituye una maniobra por acto administrativo del Gobierno Nacional para dificultar a las organizaciones se�aladas por la ley su participaci�n en la elecci�n del miembro correspondiente y en cambio a las Universidades les facilita sus votos electorales como se ha demostrado en el presente escrito.

Ver art. 13 del 2150/95... en concordancia con los Arts. 26� y 30� del Decreto 266 de febrero 22 de 2000�.

4. El demandante acus� el art�culo 7.�, incisos primero, tercero, cuarto y quinto, as�:

�Con esta disposici�n el Gobierno nacional no solo transgrede la norma superior (Ley 335/96) sino la norma supralegal, trat�ndose de la exigencia de un LISTADO DE AFILIADOS CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD, cuando es la Registradur�a Nacional del Estado Civil la entidad con facultad especial conforme a sus funciones y competencias a la que corresponde la verificaci�n y cotejaci�n de dicha informaci�n acorde a la existencia de sus bases de datos contenidas en los registros de asociados con sus documentos registrados en el listado que figura en la C�mara de Comercio o dependencia que haya otorgado el respectivo reconocimiento y tengan registrados sus archivos o listado de asociados de la respectiva personalidad jur�dica, quien podr� certificar si corresponde o no dicho documento a ese u otro ciudadano, a m�s que se vulnera el contenido de los Arts. 13 y 38 de la carta Pol�tica, como quiera que se atenta contra los principios del derecho de asociaci�n con autodeterminaci�n en sus �rganos estatutarios, vulnerando la autonom�a que el Estado debe garantizar como derecho fundamental a las organizaciones se�aladas por la ley para la elecci�n del Comisionado respectivo como son las LIGAS DE ASOCIACIONES DE TELEVIDENTES que me respaldan y me candidatizan. Lo anterior para significar que este art�culo atenta contra el derecho de elegir y ser elegido libremente y condiciona la elecci�n a unas maniobras de inscripci�n sin dar el tiempo suficiente (solo 18 d�as h�biles) para cumplir los requisitos que por el n�mero de asociados de nuestras ligas y asociaciones son millones y que por consiguiente son dif�ciles de cumplir por el tiempo y de esta manera rechazar la participaci�n de nuestras organizaciones, como ya sucedi� el a�o anterior y est� estipulado en el ART�CULO 7� del presente cargo�.

5. Las razones de la acusaci�n del art�culo 8.�, inciso primero, literal f, y par�grafo, inciso primero, en lo concerniente, e inciso segundo, son las siguientes:

�El Gobierno Nacional solo est� facultado para expedir dentro del marco legal la reglamentaci�n y en ning�n momento para abrogarse funciones de la Registradur�a, como por ejemplo la inscripci�n de candidatos, el manejo de sus hojas de vida, la informaci�n e ideas de los proyectos de gesti�n de los candidatos y sobre todo la aprobaci�n de quienes deben integrar el Censo Electoral, las votaciones y los escrutinios, como esta reglamentado en el Art�culo 8� acusado. Creemos que estos aspectos deben ser vigilados y cumplidos por la sola Registradur�a del Estado Civil con veedores ciudadanos y debe ser posible bajo la participaci�n de la Procuradur�a General de las Naci�n, para garantizar su imparcialidad y la transparencia del proceso que tantas dudas e insatisfacciones dej� el proceso anterior, puesto que al intervenir directamente con la Registradur�a en todo el proceso desde la inscripci�n hasta la elecci�n, puede hacer tr�nsito el adagio: �Que el que escruta elige� �.

6. El demandante acus� los art�culos 9.�, inciso primero; 10, incisos primero, tercero y cuarto, y 11, as�:

�Las reglas de juego contempladas en estos art�culos en concordancia con otros de la misma l�nea en el Decreto acusado, atenta contra el derecho fundamental consagrado en el art�culo 13� de la C. N. con respecto a la igualdad, por cuanto que mientras las Ligas y asociaciones de padres de familia y las ligas de asociaciones de televidentes tenemos que recoger millones de c�dulas y autenticarlas para cuatro etapas en el proceso que son la recolecci�n de las millones de c�dulas de nuestros asociados, la inscripci�n en la Registradur�a, la aplicaci�n del cuociente en casi todas las ciudades colombianas donde funcionan ligas y asociaciones de padres de familia y ligas de televidentes para definir los primeros miles de delegados que designan despu�s los tres (3) delegados o electores definitivos en solo 18 d�as h�biles, que desde luego le otorga ventajas a las Universidades que adem�s como qued� ya descrito en otro de los cargos anteriores, las dividen en dos sectores cuando solo representan solo el de las universidades a trav�s de dos sectores de la educaci�n especializada y no se tiene en cuenta ni siquiera al cuerpo de docentes o los alumnos para compensar el esfuerzo de los sectores electores y de esta manera se consolida la maniobra del gobierno para evitar nuestra representaci�n, en favor de las facultades de educaci�n y comunicaci�n social, con la sola c�dula de los decanos que no superan ni siquiera las (50) cincuenta personas que si pueden recolectar en el tiempo estipulado para el proceso y de esta manera obtener el seis (6) electores del Colegio Electoral pr�cticamente en una sola o m�ximo dos (2) etapas, lo que representa el 50% de la elecci�n�.

El ciudadano Alberto Pico Arenas intervino en el proceso, alegando que el decreto 277 de 19 de febrero de 2.001 �es un atentado contra la democracia participativa, que vulnera derechos fundamentales como el debido proceso electoral, la igualdad de oportunidades, el derecho a elegir y ser elegido libremente y el derecho de asociaci�n�; que es contrario a lo establecido en el art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995, �que proh�be las entidades que conforman la administraci�n p�blica la exigencia de documentos autenticados notarial y judicialmente�; y que hay �indicios de perjuicios graves a las organizaciones se�aladas por la ley 335 de 1.996 en su art�culo 1.� en sus derechos al exigir las fotocopias autenticadas que est�n incidiendo en la participaci�n democr�tica de sus afiliados�.

El tercero interviniente, ciudadano Alberto Pico Arenas, present� alegato de conclusi�n, muy confuso, que, sin embargo, puede sintetizarse, as�: seg�n el art�culo 6.�, literal d, de la ley 182 de 1.995, modificado por el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996 -dijo-, la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n est� integrada, entre otros, por un miembro elegido por los siguientes tres grupos de electores: primer grupo, las ligas y asociaciones de padres de familia; segundo grupo, las ligas de asociaciones de televidentes y, tercer grupo, las facultades de educaci�n y de comunicaci�n social, sin embargo de lo cual, mediante el art�culo 4.�, B, literales a, b, c, d y e, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001 se establecieron para el efecto cuatro grupos de electores, as�: primer grupo, las ligas y asociaciones de padres de familia (literal a); segundo grupo, las ligas de asociaciones de televidentes (literal b); tercer grupo, las facultades de educaci�n (literal c) y, cuarto grupo, las facultades de comunicaci�n social (literal d). Y reiter� que el literal f del art�culo 6.� de ese decreto -que se�ala como requisitos para la inscripci�n de ligas y asociaciones anexar a la solicitud fotocopia aut�ntica del documento de identidad de sus afiliados- era contrario al art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995, seg�n el cual est� prohibido a los organismos y entidades p�blicas y privadas que ejerzan funciones p�blicas de car�cter administrativo exigir fotocopias aut�nticas.

Tambi�n aleg� el apoderado de la Naci�n, Ministerio de Comunicaciones. Dijo, en s�ntesis, que el �Ministerio de Comunicaciones se limit� a reglamentar con el decreto 277 de 2.001 conforme lo previsto en la Constituci�n y la ley la elecci�n de los comisionados de televisi�n de que tratan los literales c) y d) del art�culo 1 de la ley 335 de 1.996�; que �respecto al decreto 2.150 y la fotocopia autenticada de c�dulas, all� no se proh�be la exigencia de fotocopias autenticadas sino la de originales autenticados�; y que la �naturaleza de las facultades de comunicaci�n social es bien diferente al de las facultades de educaci�n, por lo cual tuvo sentido su participaci�n en grupos diferentes�.

La Procuradur�a S�ptima Delegada ante el Consejo de Estado rindi� concepto en este proceso.

Del cargo dirigido contra el art�culo 4.�, B, literales c y d, de decreto 277 de 19 de febrero de 2.001 dijo que no estaba llamado a prosperar, �porque el pretendido exceso de reglamento no se evidencia�, y que la ley �consagr� el derecho a participar tanto a las facultades de educaci�n como a las de comunicaci�n y es claro que una y otra se deben considerar individualmente pues de lo contrario no ser�a posible la representaci�n de estas en el proceso de elecci�n�.

Del cargo que plante� el demandante respecto del art�culo 5.�, incisos segundo y tercero, del mismo decreto, dijo la Procuradur�a que tampoco ese cargo deb�a prosperar porque, la participaci�n puede limitarse, dentro de cierto margen de razonabilidad, sin que por ello se desnaturalice su n�cleo esencial, y la limitaci�n establecida est� concebida razonablemente, en la medida en que persigue evitar la acumulaci�n de la representaci�n en una sola asociaci�n y, con ello, por el contrario, se propende a la realizaci�n material del postulado, en cuanto ampl�a el campo de la participaci�n.

Del art�culo 6.�, literal f y �ltimo inciso, que seg�n el demandante es violatorio del art�culo 1.� del decreto 2.150 de 5 de diciembre de 1.995, dijo la Procuradur�a que no se refiere a documentos que se reproduzcan fotomec�nicamente, sino documentos originales, de manera que no se quebranta esta �ltima disposici�n cuando se exige que la fotocopia de la c�dula se presente autenticada.

Tambi�n acus� el demandante el art�culo 7.�, incisos primero, tercero, cuarto y quinto, del que dijo la Procuradur�a que los t�rminos establecidos ser�an censurables solo en la medida en que por su cortedad restringieran el ejercicio de derechos, lo que en este caso no acontece, adem�s de que en ejercicio de la potestad reglamentaria el Gobierno goza de cierta libertad para se�alar procedimientos y, en consecuencia, fijar l�mites en el tiempo.

Del cargo dirigido contra el art�culo 8.�, inciso primero, literal f, y par�grafo, inciso primero, en lo concerniente, e inciso segundo, explic� la Procuradur�a que la disposici�n reflejaba el inter�s de rodear el proceso de transparencia y publicidad, pero no regul� aspectos como los que indic� el demandante, referidos con el proceso de escrutinio, pues lo �nico relacionado con el proceso es el acto de inscripci�n, que se realiza ante la Secretar�a General del Ministerio de Comunicaciones.

Y del cargo dirigido contra los art�culos 9.�, inciso primero; 10, incisos primero, tercero y cuarto, y 11, dijo la Procuradur�a que no estaba llamado a prosperar, por cuanto no tiene relaci�n alguna con la materia que regulan las disposiciones.

Concluy� la Procuradur�a que el decreto 277 de 19 de febrero de 2.001 se ajusta a la ley y solicit�, en consecuencia, se denegaran las pretensiones de la demanda.

Seg�n lo establecido en los art�culos 76 y 77 de la Constituci�n, la intervenci�n estatal en el espectro electromagn�tico utilizado por los servicios de televisi�n, el desarrollo y ejecuci�n de los planes y programas del Estado en esos servicios y la direcci�n de la pol�tica que en materia de televisi�n determine la ley, est�n a cargo de un organismo de derecho p�blico con personalidad jur�dica y autonom�a administrativa, patrimonial y t�cnica, sujeto a un r�gimen legal propio; la direcci�n y ejecuci�n de las funciones de la entidad estar� a cargo de una junta directiva, que designar� al director, integrada por cinco miembros con per�odo fijo, de los cuales el Gobierno designar� dos, otro ha de ser escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisi�n y los dos restantes seg�n dispusiera la ley, la cual, adem�s, ha de regular la organizaci�n y el funcionamiento de la entidad.

Se expidi� entonces la ley 182 de 1.995, �por la cual se reglamenta el servicio de televisi�n y se formulan pol�ticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisi�n Nacional de Televisi�n, se promueven la industria y actividades de televisi�n, se establecen normas para contrataci�n de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones�.

Mediante los art�culos 3.�, 4.� y 5.� de la ley 182 de 1.995 se dio nombre a la entidad, se reiter� cuales eran su naturaleza y su objeto y se determinaron sus funciones. Y en el art�culo 6.� se estableci� que la Comisi�n Nacional de Televisi�n tendr�a una Junta Directiva compuesta por cinco miembros, elegidos o designados para un per�odo de cuatro a�os que coincidiera con el del Presidente de la Rep�blica y el del Congreso, as�:

(b) Un miembro, �escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisi�n�;

(c) Un miembro, escogido por la C�mara de Representantes �de sendas ternas enviadas por asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas por los siguientes gremios que participan en la realizaci�n de televisi�n: de directores y libretistas, productores, t�cnicos, periodistas y cr�ticos de televisi�n�, y

(d) Un miembro, escogido por el Senado de la Rep�blica �de sendas ternas enviadas por las ligas y asociaciones de televidentes que tengan personer�a jur�dica, asociaciones de padres de familia que tambi�n tengan reconocida dicha personer�a, investigadores vinculados a universidades, academias colombianas reconocidas como tales por la ley�.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-497 de 7 de noviembre de 1.995, estim� que eran contrarios a los art�culos 113 y 136, numeral 1, de la Constituci�n los literales e y d del art�culo 6.� de la ley 182 de 1.985, en cuanto mediante tales disposiciones fue establecido que dos miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n fueran elegidos por cada una de las c�maras legislativas, siendo que �al Congreso y a cada una de sus c�maras, les est� prohibido inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades� y que ni el Congreso ni sus c�maras tienen �un poder general de designaci�n y nombramiento� m�s all� de las expresas competencias constitucionalmente atribuidas. Y as� declar� inexequibles las expresiones �de sendas ternas enviadas� y �el cual ser� escogido por la C�mara de Representantes� del literal e del art�culo 6.� de la ley 182 de 1.985, y las expresiones �de sendas ternas enviadas� y �el cual ser� escogido por el Senado de la Rep�blica� del literal d del mismo art�culo[3].

Despu�s fue expedida la ley 335 de 1.996, �por la cual se modifica parcialmente la ley 14 de 1.991 y la ley 182 de 1.995, se crea la televisi�n privada en Colombia y se dictan otras disposiciones�, que, como fue dispuesto en el art�culo 29 de la misma ley, entr� en vigencia a partir del 24 de diciembre de 1.996, fecha de su promulgaci�n[4].

Mediante el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996 fue modificado el art�culo 6.� de la ley 182 de 1.995 y, as�, se estableci� que la Comisi�n Nacional de Televisi�n tendr�a una Junta Directiva compuesta por cinco miembros elegidos o designados para un per�odo de dos a�os, reelegibles por un per�odo igual, de la siguiente manera:

(b) Un miembro, �escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisi�n�;

(c) �Un (1) miembro de las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas y con personer�as jur�dicas vigentes por los siguientes gremios que participan en la realizaci�n de televisi�n: actores, directores y libretistas, productores, t�cnicos, periodistas y cr�ticos de televisi�n, elegidos democr�ticamente entre las organizaciones se�aladas�, pero el �acto administrativo de legalizaci�n y posesi�n lo har� el Presidente de la Rep�blica�[5], y

(d) �Un (1) miembro por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educaci�n y de comunicaci�n social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personer�a jur�dica vigente, elegidos democr�ticamente entre las organizaciones se�aladas�, pero, tambi�n en este caso, el �acto administrativo de legalizaci�n y posesi�n lo har� el Presidente de la Rep�blica.�[6]

(a) La potestad de reglamentar las leyes es atribuci�n solo del Presidente de la Rep�blica, y no de otras autoridades administrativas, que ha de ejercer, desde luego, con la colaboraci�n del ministro del ramo o director de departamento administrativo correspondiente, seg�n lo establecido en el art�culo 115 de la Constituci�n;

(b) Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su ejecuci�n nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�n hay lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuanta determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley;

(d) La potestad reglamentaria de las leyes est� referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que no las establece la norma constitucional[7].

Pod�a, entonces, el Presidente de la Rep�blica reglamentar los literales c y d del art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996, como hizo mediante el decreto 277 de 19 de febrero de 2.001.

1. Del art�culo 4.�, B, literales c y d, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001 ha censurado el demandante, y as� lo reiter� el tercero interviniente coadyuvante, que contra lo establecido en el art�culo 6.�, literal d, de la ley 182 de 1.995, seg�n fue modificado por el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996, se hubiera dado participaci�n a las facultades de educaci�n y de comunicaci�n social, como si se tratara de dos grupos de electores, en lugar de uno solo, como es el sentido de la ley.

Mediante el art�culo 6.�, literal d, de la ley 182 de 1.995, seg�n fue modificado por el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996, se estableci� que en la designaci�n de uno de los miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n participar�an las �facultades de educaci�n y de comunicaci�n social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personer�a jur�dica vigente�.

Y en el art�culo 4.�, B, literales c y d, del decreto 277 de 2.001 se dispuso que en la elecci�n de ese miembro participar�an, en sendos grupos, las facultades de educaci�n, por una parte, y las facultades de comunicaci�n social, por otra.

No da el demandante raz�n de por qu� unas y otras facultades hayan de constituir un mismo grupo, aparte de que, seg�n dijo, �a la luz de la norma superior se concluye que estas integran y constituyen un solo sector�.

En verdad, la disposici�n legal solo tiene establecido que en la elecci�n participen tanto las facultades de educaci�n como las de comunicaci�n social, sin m�s, de manera que se�alar c�mo habr�a de tener lugar esa participaci�n es asunto que pod�a hacer el Presidente de la Rep�blica, con la colaboraci�n del ministro del ramo, para asegurar la ejecuci�n de la ley, seg�n lo expuesto.

2. Acus� el demandante el art�culo 5.�, incisos segundo y tercero, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001, que dijo violatorios de los art�culos 40 de la Constituci�n y de los literales c y d del art�culo 6.� de la ley 182 de 1.995, seg�n fue reformado por el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996.

Pues bien, seg�n lo establecido en los literales c y d del art�culo 6.� de la ley 182 de 1.995, seg�n fue reformado por el art�culo 1.� de la ley 335 de 1.996, uno de los miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional ha de ser elegido por asociaciones profesionales y sindicales de actores, directores y libretistas, productores, t�cnicos, periodistas y cr�ticos de televisi�n, y otro por ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educaci�n y facultades de comunicaci�n social, disposici�n que, en lo que corresponde, fue reproducida en el art�culo 4.� del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001.

Son esos los grupos de electores a que se refiere el art�culo 5.� de ese decreto, por el cual se dispuso que cuando por raz�n de su objeto las asociaciones gremiales o sindicales pudieran hacer parte de varios grupos, deb�an optar por uno solo, que es lo que censura el demandante, porque se impide a una misma asociaci�n participar en varios grupos.

Pero en ello no se advierte la violaci�n que alega el demandante sino, por el contrario, que se trata de una disposici�n providente, dirigida a obtener una participaci�n amplia y pluralista en la designaci�n de miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n, lo cual se encuentra, adem�s, conforme con el art�culo 40 de la Constituci�n, disposici�n en que se encuentra establecido el derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformaci�n, ejercicio y control del poder pol�tico.

3. Dos censuras, seg�n parece, dirigi� el demandante contra el art�culo 6.�, literal f y �ltimo inciso, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001.

La primera, contra el literal f, en que se dispuso que para la inscripci�n de ligas y asociaciones para participar en el proceso de elecci�n de miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n deb�an adjuntar a su solicitud de inscripci�n fotocopia aut�ntica del documento de identidad de sus afiliados, pues con ello -en opini�n del demandante- se viola el art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995, seg�n el cual a las entidades que integran la administraci�n p�blica les est� prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente; la segunda, porque el Gobierno -dijo el demandante- �convirti� a esta elecci�n en una elecci�n popular�, siendo que debi� disponer que las personas jur�dicas participaran a trav�s de sus representantes o apoderados.

Pues bien, mediante el art�culo 83 de la ley 190 de 1.995 se facult� al Presidente de la Rep�blica para �suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o tr�mites innecesarios existentes en la administraci�n p�blica�, y as� fue expedido el decreto 2.150 de 1.995, por cuyo art�culo 1.� se prohibi� a las entidades que integran la administraci�n p�blica exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente[8].

Integran la administraci�n p�blica, seg�n el art�culo 39 de la ley 489 de 1.998, los organismos que conforman la rama ejecutiva del poder p�blico y los dem�s organismos y entidades de naturaleza p�blica que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestaci�n de servicios p�blicos del Estado colombiano.

Y la Comisi�n Nacional de Televisi�n, ya se dijo, seg�n los art�culos 76 y 77 de la Constituci�n, 3.�, 4.� y 5.� de la ley 182 de 1.995, es una persona jur�dica de derecho p�blico, con autonom�a administrativa, patrimonial y t�cnica y con independencia funcional para el cumplimiento de sus atribuciones, sujeta a un r�gimen propio, a cuyo cargo est�n la intervenci�n estatal en el espectro electromagn�tico utilizado por los servicios de televisi�n, el desarrollo y ejecuci�n de los planes y programas del Estado en esos servicios y la direcci�n de la pol�tica que en materia de televisi�n determine la ley. Esto es, que la Comisi�n Nacional de Televisi�n integra la administraci�n p�blica y; por lo mismo, le resulta aplicable el art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995.

Entonces, seg�n el art�culo 68 del decreto 960 de 1.970, que trata del reconocimiento de documentos privados, quienes hayan suscrito un documento privado pueden acudir ante el notario para que este autorice el reconocimiento que hagan de sus firmas y del contenido de aquel. Ese reconocimiento, dice el art�culo 72, da plena autenticidad y fecha cierta al documento, y procede respecto del otorgado para pactar expresamente obligaciones.

Y seg�n los art�culos 73 y 74 del mismo decreto, sobre autenticaciones, el notario puede dar testimonio escrito de que la firma puesta en un documento corresponde a la de la persona que la haya registrado ante �l, previa confrontaci�n de las dos, o de que fue puesta en su presencia, estableciendo la identidad del firmante; y puede tambi�n autenticar una copia mec�nica o una literal de un documento, siempre que corresponda exactamente al original que tenga a la vista o comprenda la integridad del documento exhibido y lo reproduzca con entera fidelidad. La autenticaci�n solo procede respecto de documentos de que no emanen directamente obligaciones, no equivale al reconocimiento, tiene el valor de un testimonio fidedigno y no confiere al documento mayor fuerza de la que por s� tenga, dice el art�culo 77 del mismo decreto.

Tambi�n, conforme a los art�culos 252, 254, 295 y 296 del C�digo de Procedimiento Civil, ante los jueces pueden reconocerse las firmas y el contenido de documentos; pueden tambi�n los jueces autenticar copias cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspecci�n judicial, y los secretarios de oficinas judiciales, previa orden del juez donde se encuentre el original o copia autenticada, pueden autenticar documentos.

Son distintos, entonces, el reconocimiento de las firmas y el contenido de un documento, de la autenticaci�n de la firma puesta en un documento y de la autenticaci�n de la copia de un documento.

El art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995 proh�be exigir �documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente�, esto es, documentos respecto de los que el notario ha dado testimonio escrito de que las firmas puestas en los mismos corresponden a las registradas por quienes lo suscribieron o que fueron puestas en su presencia (documentos autenticados); o documentos cuyas firmas y contenido han sido reconocidos ante juez o notario por quienes lo suscribieron (documentos reconocidos).

No proh�be ese art�culo exigir copias autenticadas, que son aquellas respecto de las que el juez, secretario de oficina judicial o notario ha dado testimonio escrito de que corresponde exactamente al original o comprende la integridad del documento exhibido y lo reproduce con entera fidelidad, seg�n los casos.

Y ese es el caso, pues mediante el art�culo 6.�, literal f, del decreto 277 de 2.001 se estableci� la exigencia de copia aut�ntica del documento de identidad de los afiliados de la asociaci�n o liga que fueran certificados para la inscripci�n.

Todo lo anterior indica que no se observa la violaci�n alegada por el demandante.

Finalmente, si, como dice el demandante, las personas jur�dicas que participen en el proceso de elecci�n de miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n han de hacerlo a trav�s de sus representantes o apoderados, no se advierte cu�l sea la transgresi�n en que se ha incurrido con la disposici�n del �ltimo inciso del art�culo 6.�, por el cual se dispuso, precisamente, que las facultades pueden estar representadas para su inscripci�n y las dem�s etapas del proceso de elecci�n por el correspondiente decano, director o equivalente, seg�n poder otorgado por el representante de la universidad a la cual pertenezca la facultad. Pero, adem�s, no indic� el demandante qu� norma fue violada y el concepto de su violaci�n, y seg�n lo establecido en el art�culo 137, numerales 3 y 4, del C�digo Contencioso Administrativo, en toda demanda deben indicarse los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones y, cuando se trate de la impugnaci�n de actos administrativos, indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de la violaci�n, de donde resulta que el control de legalidad ha de limitarse a los hechos u omisiones expresados, a las normas que se dicen violadas y al concepto de la violaci�n alegado.

4. El demandante censur� el art�culo 7.�, incisos primero, tercero, cuarto y quinto, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001.

El cargo podr�a sintetizarse as�: el Gobierno viol� la Constituci�n y la ley 335 de 1.996 con la exigencia de una �lista de afiliados con documento de identidad�, porque es la Registradur�a Nacional del Estado Civil la entidad a que corresponde la verificaci�n de esa informaci�n; viol�, adem�s, los art�culos 13 y 38 de la Constituci�n, �como quiera que se atenta contra los principios del derecho de asociaci�n� y contra �el derecho de elegir y ser elegido libremente�, por la cortedad del tiempo se�alado para la inscripci�n de electores.

De lo primero cabe decir que la referencia a la Constituci�n y a la ley 335 de 1.996 resulta insuficiente para establecer la violaci�n alegada, pues las disposiciones violadas deben se�alarse con precisi�n, y debe explicarse el motivo de la violaci�n que se alegue, y no se hizo.

Adem�s, seg�n la disposici�n acusada es la Registradur�a la entidad que debe expedir la lista de inscritos, con la indicaci�n, entre otros datos, sus afiliados y sus documentos de identidad, y no el Gobierno.

Por lo dem�s, que -seg�n la opini�n del demandante- sea breve el tiempo de que disponen los electores para su inscripci�n, no denota violaci�n alguna a la Constituci�n o a la ley.

5. Del art�culo 8.�, inciso primero, literal f, y par�grafo, inciso primero, e inciso segundo, en lo concerniente, del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001, dijo el demandante que el Gobierno se arrog� facultades propias de la Registradur�a Nacional del Estado Civil.

Pero -aparte de la invocaci�n gen�rica a los art�culos 13, 29, 38, 58, 75, 76, 77 y 365 de la Constituci�n 1.� de la ley 335 de 1.996, que no se refieren al asunto- no se�al� el demandante qu� disposiciones habr�an sido violadas, esto es, aquellas que atribuyeron a la Registradur�a las facultades que seg�n dijo se arrog� el Gobierno.

6. De los art�culos 9.�, inciso primero; 10, incisos primero, tercero y cuarto, y 11 del decreto 277 de 19 de febrero de 2.001, dijo el demandante que son violatorios del art�culo 13 de la Constituci�n, por la situaci�n m�s gravosa en que -seg�n su opini�n- se encuentran las ligas y asociaciones de padres de familia y las ligas de asociaciones de televidentes frente a las facultades de educaci�n y de comunicaci�n social para participar en el proceso de elecci�n de uno de los miembros de la Junta Directiva de la Comisi�n Nacional de Televisi�n.

Seg�n el art�culo 13 de la Constituci�n todas las personas son iguales ante la ley y han de recibir la misma protecci�n y trato de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminaciones, lo que indica que no hay lugar a establecer diferencias sobre supuestos iguales, ni excepciones o privilegios que en condiciones id�nticas excluyan solo a unos.

Pero siendo que los art�culos 9.�, 10 y 11 contienen disposiciones comunes, aplicables por igual a las ligas y asociaciones de padres de familia, a las ligas de asociaciones de televidentes y a las facultades de educaci�n y de comunicaci�n social, no se advierte la violaci�n alegada.

7. El demandante acus� tambi�n el art�culo 13 del decreto 277 de 29 de febrero de 2.001, que fue parcialmente subrogado por el art�culo 1.� del decreto 590 de 4 de abril de 2.001, no obstante lo cual habr�a lugar a decidir sobre el fondo del asunto[9].

Pero contra el referido art�culo, en verdad, ninguna censura hizo el demandante, pues no se�al� qu� normas habr�an sido violadas ni, obviamente, el concepto de su violaci�n, sino que se limit� a acusarlo, ya se dijo, el control de legalidad est� limitado a los hechos u omisiones expresados, a las normas que se dicen violadas y al concepto de la violaci�n alegado.

El examen precedente indica que han de ser denegadas las pretensiones de la demanda, y as� se resolver�.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Quinta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

[1] Mediante el art�culo 1.� del decreto 590 de 4 de abril de 2.001 se dispuso: �ART�CULO 1.� El literal c del art�culo 13 del decreto 277 de 2.001 quedar� as�: / c. Los resultados de la elecci�n se definir�n por la mayor�a absoluta. Se repetir� la votaci�n las veces que sea necesario para obtener la decisi�n, entre quienes depositaron su voto. En este caso no aplicar� el t�rmino previsto en el inciso primero del art�culo anterior. / Si hubiere empate se repetir� la votaci�n por una vez. De persistir el empate, se aplicar�n las normas previstas en el C�digo Electoral�. (Diario Oficial, n�mero 44.382, 6 de abril de 2.001).

[3] Expediente D-906. Cabe se�alar como antecedente que mediante la ley 42 de 1.985, �por la cual se transforma el Instituto Nacional de Radio y Televisi�n �Inravisi�n� y se dictan otras disposiciones�, y particularmente los art�culos 9.�, literal d, y 11, inciso segundo, de esa ley, fue creado el Consejo Nacional de Televisi�n como �el m�ximo organismo rector de la televisi�n en el pa�s� y se dispuso que estar�a integrado, entre otros miembros, por dos representantes del Congreso, uno del Senado de la Rep�blica y otro de la C�mara de Representantes, con sus respectivos suplentes, elegidos por las comisiones sextas de cada c�mara para un per�odo de dos a�os. Estas disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 18 de septiembre de 1.986, bajo la consideraci�n de que eran violatorias de los art�culos 2.�, 55, 78, numeral 2, y 120, numeral 5, de la Constituci�n que entonces reg�a, b�sicamente porque no pod�a el Congreso incluir �dentro de la composici�n de dicho Consejo Nacional de Televisi�n a personas que, por mandato expreso de la Constituci�n, no pueden en su condici�n de tales intervenir en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes� (Gaceta Judicial, t. CLXXXVII, p�gs. 239 a 247). Y despu�s, mediante la ley 14 de 1.991, �por la cual se dictan normas sobre el servicio de televisi�n y radiodifusi�n oficial�, se estableci�, en el art�culo 10, literal h, de esa ley, que el Consejo Nacional de Televisi�n estar�a integrado por cuatro representantes de los partidos pol�ticos con representaci�n en el Congreso de la Rep�blica, con sus respectivos suplentes, elegidos dos por el Senado y dos por la C�mara entre los miembros de las comisiones sextas, para un per�odo de dos a�os. Mediante sentencia de 5 de septiembre de 1.991 esta disposici�n fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, que la encontr� contraria a lo establecido, principalmente, en los art�culos 113 y 136, numeral 1, de la Constituci�n que hoy rige y considerando, entre otras razones, que �las pol�ticas y planes generales dise�ados para ese servicio deben cumplirse sin la intromisi�n de las otras ramas del poder p�blico, incluido el Congreso, porque el orden constitucional vigente no lo autoriza para coadministrar y s� le proh�be �inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que son de la privativa competencia de otros poderes� [...] el precepto acusado [...] rompe el principio de separaci�n de funciones entre las ramas del poder p�blico, que impide el ejercicio de atribuciones por fuera de las condiciones establecidas en ella [...]� (Gaceta Especial Sala Constitucional, t. II, p�gs. 293 a 304).

[5] Por auto de 27 de mayo de 1.999 esta Secci�n hubo de explicar que seg�n lo establecido en el art�culo 1.�, literal c, de la ley 335 de 1.996, correspond�a �al Presidente de la Rep�blica �el acto administrativo de legalizaci�n y posesi�n�, lo cual indica que, pese a la impropia redacci�n de la norma legal, el Presidente de la Rep�blica, mediante acto administrativo, debe legalizar la elecci�n, es decir, darle estado legal, declar�ndola, y adem�s dar posesi�n al elegido� (expediente 2.287).

[7] Son muchas las sentencias que as� lo han explicado, y entre otras las de 17 de febrero de 1.962 (Anales del Consejo de Estado, t. LXIV, n�ms. 397 y 398, p�gs. 188 a 190), 10 de octubre de 1.962 (Anales del Consejo de Estado, t. LXV, n�ms. 399 y 400, p�gs. 38 a 40), 25 de abril de 1.970 (Anales del Consejo de Estado, t. LXXVIII, n�ms. 425 y 426, p�gs. 251 y 252) y 1 de octubre de 1.981 (Anales del Consejo de Estado, t. CI, n�ms. 471 y 472, p�gs. 217 y 218). M�s recientemente, las sentencias de 8 de febrero de 2.000 (expediente S-761) y 3 de marzo de 2.000 (expedientes 2.218 y 2.241, acumulados).

[8] El art�culo 1.� del decreto 2.150 de 1.995 fue modificado por el art�culo 1.� del decreto 1.122 de 1.999, �por el cual se dictan normas para suprimir tr�mites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administraci�n P�blica y fortalecer el principio de la buena fe�, aplicable a todos los organismos y entidades, p�blicos y privados, que ejercieran funciones p�blicas de car�cter administrativo, de cualquier orden, seg�n lo establecido en el art�culo 9.� del mismo. Pero el decreto 1.122 de 1.999 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-923 de 18 de noviembre de 1.999 (expediente 2.605). Despu�s, por el art�culo 1.�, numeral 5, de la ley 573 de 2.000, se facult� al Presidente de la Rep�blica para suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos y tr�mites sobre que vers� el decreto 1.122 de 1.999, con la precisi�n de que el �mbito de aplicaci�n de las normas que en su ejercicio se expidieran comprender�a a los organismos p�blicos de cualquier nivel y a los de naturaleza privada que por atribuci�n legal ejercieran funciones p�blicas de car�cter administrativo, solo en relaci�n con estas �ltimas; y en ejercicio de esa facultad se expidi� el decreto 266 de 2.000, por cuyo art�culo 26 fue nuevamente modificado el 1.� del decreto 2.150 de 1.995; pero el numeral 5 del art�culo 1.� de la ley 573 de 2.000 y el decreto 266 de 2000 �ntegramente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1.316 de 26 de septiembre de 2.000 (expedientes D-2.876 y D-2.877).

[9] El Consejo de Estado inicialmente sostuvo que no hab�a lugar a decidir de m�rito sobre demandas de nulidad de disposiciones derogadas, as�, por ejemplo, en sentencia de 5 de abril de 1.921: �No puede ser, por tanto, materia de pronunciamiento de nulidad una disposici�n que no existe. Con el criterio contrario podr�a intentarse demanda de nulidad contra toda la legislaci�n derogada del pa�s; llegar�ase entonces simplemente al absurdo� (Anales del Consejo de Estado, t. X, n�ms. 101 a 103, p�g. 298); y en sentencia de 11 de julio de 1.962: �El Consejo de Estado ha sostenido que cuando se ejercita la acci�n de simple nulidad contra un acto de la administraci�n que posteriormente queda derogado o sustituido por otro, no hay lugar a entrar a pronunciamiento de fondo en raz�n de que hay sustracci�n de materia y falta de objeto pr�ctico de la sentencia� (Anales del Consejo de Estado, t. LXV, n�ms. 399 y 400, p�g. 232). Posteriormente, a partir de la sentencia de 14 de enero de 1.991, ha sostenido un criterio distinto: �[...] es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos de car�cter general, impugnados en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad [...] pues solamente as� se logra el prop�sito �ltimo del otrora llamado contencioso popular de anulaci�n, cual es el imperio del orden jur�dico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo� (Anales del Consejo de Estado, t. CXXII, p�g. 64).

Fecha Providencia	03/05/2002
Fecha de notificaci�n	03/05/2002