100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033769SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativo2902199428/06/1994SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo____2902_1994_28/06/1994300337681994DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES / DECRETO LEGISLATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL CONSTITUCIONAL / CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA RESIDUAL / CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA / SANTAFE DE BOGOTA - Régimen Especial / ESTATUTO DE BOGOTA El Decreto acusado, expedido con fundamento en el artículo transitorio 41 de la Constitución y "por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", tiene la categoría de Ley por cuanto corresponde al ejercicio de una facultad excepcionalmente conferida por la Carta al Gobierno pero cuyo ejercicio corresponde normalmente al Congreso como legislador. Desde el punto de vista material y jerárquico, el Decreto analizado constituye un acto de naturaleza legislativa. Sin embargo, esta primera conclusión no implica que el control de constitucionalidad del citado Decreto corresponda a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado. No existe una cláusula general de competencia en materia de control de constitucionalidad en cabeza de un órgano judicial determinado. En ese sentido, la Constitución ha preferido realizar el reparto de competencias en esa materia sobre la base de los actos específicos sometidos al control, con el fin de ser consecuente con el sistema de control difuso, y para ello ha acudido de manera preferente, tanto en el régimen anterior como en el actual, al criterio orgánico o formal, que permite una aplicación más sencilla y práctica y, en consecuencia, contribuye a evitar conflictos de competencia o de jurisdicción. Como prueba de que la competencia respecto de las Leyes está basada en el criterio orgánico o formal y no en el material o jerárquico, los numerales 5 y 7 del artículo 241 se refieren al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de algunos Decretos específicos del Gobierno, con fuerza de Ley o legislativos, como son concretamente los dictados con fundamento en los artículos 150 numeral 10, 314, 212, 213 y 215 de la Constitución. Además, algunas normas transitorias de la Carta, como los artículos transitorios 5, 6 y 10 consagran igualmente y de manera expresa la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la constitucionalidad de los Decretos a que ellos hacen referencia. Para efectos del control de constituciona­lidad del Decreto 1412 de 1993, no se aplica el mencionado criterio material sino el formal u orgánico, por mandato expreso de la Constitución Política, ya que esta no atribuye su control a la Corte Constitucional, quedando sometido, en consecuencia, a la cláusula general de compe­tencia o competencia residual del Consejo de Estado, prevista en el artículo 237 - 2 de la citada Constitución. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) Radicación número: 2902 Actor: LUIS ALFONSO VELASCO PARRADO Y OTRO Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD
Sentencias de NulidadLibardo Rodríguez RodríguezGOBIERNO NACIONALLUIS ALFONSO VELASCO PARRADO Y OTRO28/06/1994Decreto 1421 de 1993Identificadores10030130596true1224693original30128595Identificadores

Fecha Providencia

28/06/1994

Fecha de notificación

28/06/1994

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Libardo Rodríguez Rodríguez

Norma demandada:  Decreto 1421 de 1993

Demandante:  LUIS ALFONSO VELASCO PARRADO Y OTRO

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES / DECRETO LEGISLATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL CONSTITUCIONAL / CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA RESIDUAL / CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA / SANTAFE DE BOGOTA - Régimen Especial / ESTATUTO DE BOGOTA

El Decreto acusado, expedido con fundamento en el artículo transitorio 41 de la Constitución y "por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", tiene la categoría de Ley por cuanto corresponde al ejercicio de una facultad excepcionalmente conferida por la Carta al Gobierno pero cuyo ejercicio corresponde normalmente al Congreso como legislador. Desde el punto de vista material y jerárquico, el Decreto analizado constituye un acto de naturaleza legislativa. Sin embargo, esta primera conclusión no implica que el control de constitucionalidad del citado Decreto corresponda a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado. No existe una cláusula general de competencia en materia de control de constitucionalidad en cabeza de un órgano judicial determinado. En ese sentido, la Constitución ha preferido realizar el reparto de competencias en esa materia sobre la base de los actos específicos sometidos al control, con el fin de ser consecuente con el sistema de control difuso, y para ello ha acudido de manera preferente, tanto en el régimen anterior como en el actual, al criterio orgánico o formal, que permite una aplicación más sencilla y práctica y, en consecuencia, contribuye a evitar conflictos de competencia o de jurisdicción. Como prueba de que la competencia respecto de las Leyes está basada en el criterio orgánico o formal y no en el material o jerárquico, los numerales 5 y 7 del artículo 241 se refieren al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de algunos Decretos específicos del Gobierno, con fuerza de Ley o legislativos, como son concretamente los dictados con fundamento en los artículos 150 numeral 10, 314, 212, 213 y 215 de la Constitución. Además, algunas normas transitorias de la Carta, como los artículos transitorios 5, 6 y 10 consagran igualmente y de manera expresa la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la constitucionalidad de los Decretos a que ellos hacen referencia. Para efectos del control de constituciona­lidad del Decreto 1412 de 1993, no se aplica el mencionado criterio material sino el formal u orgánico, por mandato expreso de la Constitución Política, ya que esta no atribuye su control a la Corte Constitucional, quedando sometido, en consecuencia, a la cláusula general de compe­tencia o competencia residual del Consejo de Estado, prevista en el artículo 237 - 2 de la citada Constitución.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Radicación número: 2902

Actor: LUIS ALFONSO VELASCO PARRADO Y OTRO

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano y abogado Luis Alfonso Velasco Parrado, obrando en nombre propio y como apoderado de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines "ATELCA", en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A. acude ante esta Corporación para demandar la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional de los artículos 56, 129, 130 - 8, 155, 156, 157, 159, 163, 164 incisos segundo, tercero y cuarto, 165, 166, 167 y 168 del Decreto 1421 de 1993, "por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé (sic) de Bogotá", expedido por el Gobierno Nacional en uso de las atribuciones conferidas por el artículo transitorio 41 de la Constitución Política.

Como quiera que mediante escrito de fecha 13 de mayo de 1994, obrante a folios 243 a 254 del expediente, el señor Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado plantea un conflicto de competencia entre la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la jurisdicción constitucional, debido a que en la actualidad se adelantan varios procesos de manera simultánea ante la Corte Constitucional y en esta Corporación en contra del mismo decreto cuya declaratoria de nulidad parcial solicitan los accionistas, la Sala Unitaria considera que para efectos de tramitar dicho conflicto se requiere estudiar la competencia del Consejo de Estado para conocer de la demanda instaurada, a lo cual se procede a continuación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. - La naturaleza jurídica del decreto demandado

Para la Sala Unitaria es claro, que el Decreto acusado, expedido con fundamento en el artículo transitorio 41 de la Constitución y "por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", tiene la categoría de ley por cuanto corresponde al ejercicio de una facultad excepcionalmente conferida por la Carta al Gobierno pero cuyo ejercicio corresponde normalmente al Congreso como legislador.

En efecto, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, "corresponde al Congreso hacer las leyes", y según el artículo 322 de la misma Carta, el régimen político, fiscal y administrativo del Distrito Capital de Santafé de Bogotá "será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios" (destacado fuera de texto). A su vez, con el fin de dar aplicación al nuevo régimen constitucional, el artículo transitorio 41 previó que "si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes" (destacado fuera de texto).

Lo anterior quiere decir que desde el punto de vista material y jerárquico, el decreto analizado constituye un acto de naturaleza legislativa.

Sin embargo, esta primera conclusión no implica que el control de constitucionalidad del citado Decreto corresponda a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado.

2.- El régimen de control de constitucionalidad en la Constitución Colombiana

A este respecto, lo primero que debe hacer notar la Sala Unitaria es que el constituyente de 1991 mantuvo el régimen de control difuso de constitucionalidad que se venía aplicando desde la Constitución anterior y desechó expresamente la posibilidad de implantar un régimen de control de constitucionalidad concentrado o unificado, como se planteó por el Gobierno en su proyecto de reforma constitucional.

La aplicación del mencionado régimen de control difuso implica que, a pesar de existir un órgano encargado fundamentalmente de "la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución" (Corte Suprema de Justicia en la Constitución anterior y Corte Constitucional en la Carta de 1991), según los términos del artículo 241, dicho control no está reservado de manera exclusiva y excluyente a ese órgano, sino que también corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones que pueden ejercerse ante el Consejo de Estado y ante los tribunales administrativos, y aún a todos los jueces de la República a través de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4o. de la carta, y de acciones especiales como la de tutela, prevista en el artículo 86 de la misma. Como expresión y consecuencia lógica de lo anterior, el mismo texto del citado artículo 241 agrega que la mencionada competencia de la Corte Constitucional para "la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución", la ejercerá "en los estrictos y precisos términos de este artículo" (destacado fuera de texto), procediendo a renglón seguido a enumerar las funciones que le corresponden, en forma tal que ellas no pueden entenderse sino como competencias de atribución taxativas y de ninguna manera como una cláusula general de competencia, como en algunas ocasiones se pretende afirmar.

3.- Distribución de competencias en materia de control de constitucio­nalidad entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado

De lo expresado anteriormente resulta de manera clara que no existe una cláusula general de competencia en materia de control de constitucionalidad en cabeza de un órgano judicial determinado. En ese sentido, la Constitución ha preferido realizar el reparto de competencias en esa materia sobre la base de los actos específicos al control, con el fin de ser consecuente con el sistema de control difuso, y para ello ha acudido de manera preferente, tanto en el régimen anterior como en el actual, al criterio orgánico o formal, que permite una aplicación más sencilla y práctica y, en consecuencia, contribuye a evitar conflictos de competencia o de jurisdicción.

Es así como, en el ya citado artículo 241, la Carta ha atribuido expresamente a la Corte Constitucional el control de constitucionalidad, entre otros, sobre los actos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación (numeral 1), las convocatorias a un referendo o a una Asamblea Constituyente igualmente por vicios de procedimiento en su formación (numeral 2), así como sobre los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional (numeral 3). Específicamente en relación con las leyes, el numeral 4 le atribuye la competencia para decidir sobre las demandas de inexequibilidad contra todas ellas, entendidas como actos emanados del Congreso de acuerdo con el artículo 150, consagrando así una compe­tencia general pero limitada a estos actos, dentro del listado de competencias de atribución que contiene todo el artículo 241. Igualmente, los numerales 8 y 10 atribuyen a la Corte la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno, de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.

Pero como prueba de que la competencia respecto de las Leyes está basada en el criterio orgánico o formal y no en el material o jerárquico, los numerales 5 y 7 del artículo 241 se refieren al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de algunos Decretos específicos del Gobierno, con fuerza de ley o legislativos, como son concretamente los dictados con fundamento en los artículos 150 numeral 10, 314, 212, 213 y 215 de la Constitución. Además, algunas normas transitorias de la Carta, como los artículos transitorios 5, 6 y 10 consagran igualmente y de manera expresa la competencia de la Corte Constitucional para conocer de la constitucionalidad de los Decretos a que ellos hacen referencia.

Concordante con lo anterior, el numeral 2 del artículo 237 consagra expresamente que corresponde al Consejo de Estado conocer de las acciones por inconstitucionalidad "de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional", lo cual ratifica de manera clara que en relación con los Decretos del Gobierno la cláusula general de competencia está atribuida al Consejo de Estado, mientras que a la Corte Constitucional corresponde una competencia de atribución específica. Si ello no fuera así, para la Sala Unitaria es evidente que la Constitución hubiera preferido repartir la competencia atribuyendo a la Corte el conocimiento no sólo de las leyes en general sino de los "Decretos del Gobierno con fuerza o categoría de ley", de tal manera que la competencia del Consejo de Estado respecto "de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte", en esas circunstancias sería sobre "los decretos dictados por el Gobierno Nacional que no tengan fuerza o categoría de ley" y sólo en las mismas circunstancias podría así interpretarse la atribución de competencia al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Por lo mismo, la Sala Unitaria concluye, que para efectos del control de constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993, no se aplica el mencionado criterio material sino el formal u orgánico, por mandato expreso de la Constitución Política, ya que esta no atribuye su control a la Corte Constitucional, quedando sometido, en consecuencia, a la cláusula general de competencia o competencia residual del Consejo de Estado, prevista en el artículo 237 - 2 de la citada Constitución.

De acuerdo con lo anterior, y previamente a decidir sobre la admisión de la demanda, en la parte resolutiva de esta providencia se solicitará a la H. Corte Constitucional remitir a esta Corporación, los procesos radicados bajo los números D - 469, D - 563 y acumulados números D - 590, D - 597 y D - 603, de los cuales son ponentes los señores magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa, relacionados por el señor Procurador Primero Delegado ante esta Corporación en el memorial de que se da cuenta al inicio de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

DECLARASE COMPETENTE para conocer de los procesos en los cuales se controvierte o se controvierta la constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993, "por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", expedido por el Gobierno Nacional. En consecuencia, solicítese a la H. Corte Constitucional remitir a esta Corporación los procesos radicados bajo los números D - 469, D - 563 y acumulados números D - 590, D - 597 y D - 603, de los cuales son ponentes los señores magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa. Con envío de copia íntegra de esta providencia, líbrese el correspondiente oficio.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Libardo Rodríguez Rodríguez

Consejero de Estado