SENTENCIA 4632B de 1993

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033408SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull4632B199327/08/1993SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_4632B__1993_27/08/1993300334071993COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Existen dos conceptos de la cosa juzgada "la material" y "la formal" la primera trae como consecuencia la imposibilidad de revisar nuevamente el asunto en cualquier otro proceso y con cualquier motivo o raz�n por haberse desplegado �ntegramente la actividad del Estado; la segunda predica la inmutabilidad de la decisi�n dentro del proceso y por los mismos hechos que condujeron a la decisi�n. Sin embargo el Art. 243 de la Carta, califica especialmente la cosa juzgada al agregarle la expresi�n constitucional ya que en el inciso 2 precisa entre los efectos de la sentencia la prohibici�n gen�rica a toda autoridad de reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, previsi�n de la que se infiere que cuando los motivos de la declaratoria de inexequibilidad fueren adjetivos la prohibici�n no opera. INVENTARIOS METODO DE VALUACION / POTESTAD REGLAMENTARIA El C�digo del Comercio en su Art. 450 deja como facultad del legislador en materia fiscal establecer los m�todos de valuaci�n de inventarlos, materia que por ende no corresponde a una competencia del ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria. Luego si la ley fiscal no ha creado ni definido los m�todos de valuaci�n de inventarlos ni los ha limitado en manera alguna puede hacerlo el reglamento. La norma acusada sin lugar a equ�vocos prev� cuales son los m�todos admitidos, lo que supone que por fuera de ellos no se aceptan otros. Comprobado el exceso de la utilizaci�n de la potestad reglamentaria, se deber� declarar la nulidad del precepto demandado. LEY - Prevalencia / NORMA TRIBUTARIA / NORMA CONTABLE El principio general de aplicaci�n de la ley, consistente en la aplicaci�n prevalerte de los preceptos especiales sobre los generales cuando los dos se refieren a la misma materia se encuentra contenido en el Art. 33 del Decreto 2075 / 92 luego por tratarse de un principio general, que predica la prevalencia de las normas tributarios sobre las contables para la determinaci�n del impuesto de renta, se considera que est� invadiendo la �rbita del legislador a quien corresponde gen�ricamente esta competencia y no al ejecutivo a trav�s de un Decreto reglamentario. A pesar de que tal principio en este Decreto en nada afecta las reglas generales sobre aplicaci�n de la ley, lo cierto es que el ejecutivo est� ejercitando una potestad que no posee y que de suyo comporta la declaratoria de nulidad.

Existen dos conceptos de la cosa juzgada "la material" y "la formal" la primera trae como consecuencia la imposibilidad de revisar nuevamente el asunto en cualquier otro proceso y con cualquier motivo o raz�n por haberse desplegado �ntegramente la actividad del Estado; la segunda predica la inmutabilidad de la decisi�n dentro del proceso y por los mismos hechos que condujeron a la decisi�n. Sin embargo el Art. 243 de la Carta, califica especialmente la cosa juzgada al agregarle la expresi�n constitucional ya que en el inciso 2 precisa entre los efectos de la sentencia la prohibici�n gen�rica a toda autoridad de reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, previsi�n de la que se infiere que cuando los motivos de la declaratoria de inexequibilidad fueren adjetivos la prohibici�n no opera.

El C�digo del Comercio en su Art. 450 deja como facultad del legislador en materia fiscal establecer los m�todos de valuaci�n de inventarlos, materia que por ende no corresponde a una competencia del ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria. Luego si la ley fiscal no ha creado ni definido los m�todos de valuaci�n de inventarlos ni los ha limitado en manera alguna puede hacerlo el reglamento. La norma acusada sin lugar a equ�vocos prev� cuales son los m�todos admitidos, lo que supone que por fuera de ellos no se aceptan otros. Comprobado el exceso de la utilizaci�n de la potestad reglamentaria, se deber� declarar la nulidad del precepto demandado.

El principio general de aplicaci�n de la ley, consistente en la aplicaci�n prevalerte de los preceptos especiales sobre los generales cuando los dos se refieren a la misma materia se encuentra contenido en el Art. 33 del Decreto 2075 / 92 luego por tratarse de un principio general, que predica la prevalencia de las normas tributarios sobre las contables para la determinaci�n del impuesto de renta, se considera que est� invadiendo la �rbita del legislador a quien corresponde gen�ricamente esta competencia y no al ejecutivo a trav�s de un Decreto reglamentario. A pesar de que tal principio en este Decreto en nada afecta las reglas generales sobre aplicaci�n de la ley, lo cierto es que el ejecutivo est� ejercitando una potestad que no posee y que de suyo comporta la declaratoria de nulidad.

Santaf� de Bogot� D.C. Veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993)

Procede la Sala a decidir definitivamente la cuesti�n planteada por el ciudadano Isidoro Ar�valo Buitrago en la acci�n de nulidad de la referencia.

Pretende el demandante que a trav�s de la acci�n p�blica de nulidad prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, se declare:

"Que el Se�or Presidente de la Rep�blica o el Gobierno Nacional, no pueden expedir normas sustantivas o adjetivas de derecho, ni reproducir normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional al amparo del numeral 20 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica".

Igualmente que se declare la nulidad de las siguientes disposiciones del Decreto reglamentario 2075 de diciembre 23 de 1992, as�:

"1.- La palabra "FISCAL", calificativo que se le dio a la cuenta de "Correcci�n Monetaria", contenida en los D�as. 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16 y 17.

"3.- Del inciso segundo, literal c) del Art. 6, la nulidad de la expresi�n "... pero los conceptos que comprende el segundo factor y su ajuste no dar�n lugar a depreciaci�n, amortizaci�n o agotamiento..."

"Del inciso segundo, la expresi�n "... as� como los dem�s factores que hagan parte del costo de los mismos, con excepci�n de aquellos que tengan una forma particular de ajuste..."

Del Par�grafo, la expresi�n "... los cargos diferidos no monetarios que no est�n en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados..."

"6.- Del inciso primero del Art. 14, las expresiones "tales como..." y "valorizaciones".

"Del numeral 1, las expresiones..."entre el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� el aumento del capital...�. y "...Este ajuste constituye un mayor valor de patrimonio y un d�bito en la cuenta correcci�n monetaria fiscal.

"Del numeral 2, la expresi�n "... entre el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� el reparto la disminuci�n..." y "... Este ajuste constituye un menor valor del patrimonio l�quido y un cr�dito en la cuenta correcci�n monetaria fiscal".

A continuaci�n se transcribe la enumeraci�n de normas de superior jerarqu�a y que el actor estima vulnerados por el Decreto 2075 de 1992.

El numeral 20 de la Nueva Carta Pol�tica no autoriza al Presidente de la Rep�blica para expedir decretos aut�nomos, los que se expidan invocando la norma citada, deben someterse a la ley, pues en materia tributaria, el Presidente �nicamente tiene facultad legislativa en los eventos previstos en los art�culos 212 a 215 de la Constituci�n y en los dem�s casos la competencia corresponde al Congreso, conforme lo previsto por los art�culos 150 y 338 ib�dem.

El art�culo 243 de la Constituci�n en concordancia con el art�culo 21 del Decreto Ley 2067 de 1991, dispone que el Gobierno Nacional no puede reproducir mediante decretos reglamentarios o aut�nomos normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

El Decreto Acusado, reprodujo varias normas del Decreto 2911 de 1991, declarado inexequible por medio de la sentencia N�. C - 608 del 14 de diciembre de 1991, expediente No. D - 69, Corte Constitucional.

A continuaci�n se resumen los cargos formulados contra los art�culos del Decreto acusado y cuya nulidad se reclama:

Art�culo 4. Cuenta de correcci�n monetaria se argumenta que el cambio de denominaci�n legal de la cuenta "correcci�n monetaria", por "correcci�n monetaria fiscal" impone llevar por sistema separado los ajustes contables y los ajustes tributarios, en contra de lo previsto en el Decreto 1744 de 1991, art�culo 1o. que no permit�a registros separados porque las bases, forma de calcular y de registrar los ajustes son iguales para fines contables y fiscales.

La norma acusada se quiere mantener no obstante que hac�a parte del Decreto 2912 de 1991, reglamentario del 2911 del mismo a�o y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

"El calificativo "Fiscal", adicionado por la norma acusada para mantener intacto el sistema de ajustes declarado inexequible, viola el numeral 11 del Art. 189, el Art. 113, 114, 121 y 150, primer inciso (sic) de la Constituci�n, por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al arrogarse facultades legislativas que competen exclusivamente al Congreso. Viola tambi�n el art�culo 243 de la misma Constituci�n y el Art. 21 del D.L. 2067/91 por desconocer el fallo de la Corte sobre la inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991, al reproducir el nombre de la Cuenta "Correcci�n Monetaria Fiscal", contenida en el segundo inciso del Art. 10 del Decreto 2911 de 1991.

"Viola tambi�n los Arts. 340 del Estatuto Tributario, el 348 del mismo Estatuto modificado por el Art. 13 del Decreto 1744 de 1991, los cuales (sic) se�alan expresamente que el nombre de la cuenta es "Correcci�n Monetaria", sin m�s calificativos." (fl. 32).

- Art�culo 6. Base de los ajustes fiscales. Se acusa el inciso segundo literal c) en lo que corresponde a la siguiente expresi�n: "...pero los conceptos que comprende el segundo factor y su ajuste no dar�n lugar a depreciaci�n, amortizaci�n o agotamiento

El legislador extraordinario quiso que la depreciaci�n se calculara sobre el valor patrimonial del bien a 31 de diciembre de 1991 y no utiliz� expresiones como costo fiscal, costo hist�rico, o costo ajustado, pues �stos �ltimos disminuyen el costo por depreciaci�n no establecido en las normas legales reglamentadas, incurriendo por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en violaci�n de los art�culos 150 inciso lo. y 189 numeral 11 de la Carta. As� mismo se estiman violados los art�culos 133, 153, 332 numeral 4 (modificado por el art�culo 3, del Decreto 1744 de 1991) del Estatuto Tributario.

"...as� como los dem�s factores que hagan parte del costo de los mismos, con excepci�n de aquellos que tengan una forma particular de ajuste......

"Sobre una misma partida no se podr� realizar un doble ajuste. Esta norma se deber� tener en cuenta para los traslados de inventarios durante el proceso productivo".

"El inventario final y el costo de ventas deber�n reflejar los ajustes correspondientes seg�n el m�todo de valuaci�n que se utilice".

Se afirma que las normas acusadas, son fiel reproducci�n del art�culo 13 incisos segundos, cuarto y quinto del Decreto 2911 de 1991, declarado inexequible.

Las normas demandadas, violan los art�culos 113, 114, 121, 150 inciso 1o., 189 numeral 11 de la Constituci�n Nacional, por extralimitaci�n de la potestad reglamentaria y arrogarse una competencia que pertenece al Congreso. Adem�s infringe el art�culo 243 de la Carta Pol�tica, por ser reproducci�n del Decreto 2911 de 1991, declarados inexequibles; los art�culos 333 y 331 - 1 del Estatuto Tributario, disposiciones reglamentadas.

"3. Para los activos enajenados durante el a�o, su costo de adquisici�n se incrementar� con el resultado que se obtenga de multiplicar dicho costo por la parte proporcional del PAAG anual que corresponda a los meses transcurridos entre el 1o. de enero del a�o o el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� la compra, si fue adquirido durante el a�o, y el �ltimo d�a del mes en el cual se efectu� su enajenaci�n; como contrapartida se registrar� un cr�dito en la cuenta de correcci�n monetaria fiscal." (fls. 39 / 40).

"...los cargos diferidos no monetarios que no est�n en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados..."

La violaci�n acusada se concreta en las razones que a continuaci�n se transcriben:

"Para fines contables el Art. 330 del Estatuto Tributario, modificado por el Art. 1 del Decreto 1744 de 1991, ordena que para efectos de la contabilidad comercial, tambi�n se utilizar� a partir de 1992 el sistema de ajustes integrales por inflaci�n, de acuerdo con lo previsto en este t�tulo". Es claro, entonces, que los Gastos pagados por Anticipado y los "Cargos Diferidos" de cualquier naturaleza no (sic) son objeto de ajuste. La norma acusada, al pretender restablecer la norma declarada inexequible, viola ostensiblemente el Art. 21 del D. L. 2067/91 y el Art. 243 de la Constituci�n. Viola tambi�n el Art. 336 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Art. 9 del Decreto 1744 de 1991, que expresamente disponen que los "cargos diferidos, cuales quiera que ellos sean, no son objeto de ajuste por inflaci�n. Viola tambi�n el numeral 11 del Art. 189 de la Constituci�n, por exceso de la potestad reglamentaria, y los Arts. 113, 114, 121 y 150, primer inciso, de la Carta Pol�tica por arrogarse la facultad legislativa que compete exclusivamente al Congreso, pues la potestad reglamentaria debe limitarse a desarrollar la norma legal sin extralimitar su letra ni su esp�ritu." (fls. 42 / 43).

"Adem�s en cualesquiera de las situaciones analizadas, la norma acusada viola ostensiblemente el Art. 243 de la Constituci�n Pol�tica y el Art. 21 del D. L. 2067 de 1991, por reproducir normas inexequibles, desconociendo el fallo de la Corte, que el Gobierno debe cumplir. Viola el numeral 11 del Art. 189 y los Arts. 113, 114, 121 y 150 primer inciso de la Constituci�n Pol�tica, por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria y por arrogarse la facultad legislativa que le compete al Congreso.

"Viola el Art. 346 del Estatuto Tributario por agregar las palabras "Tales como" y "Valorizaciones" no contenidas en la norma legal reglamentada, rebasando su contenido." (fl. 45).

- Art�culo 15, ajuste al patrimonio l�quido que ha sufrido aumentos o disminuciones durante el a�o.

Del numeral 1�,�.... entre el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� el aumento de capital..." y �.... este ajuste constituye un mayor valor del patrimonio l�quido y un d�bito en la cuenta de correcci�n monetaria fiscal."

"La norma legal dispone que el ajuste proporcional se debe hacer "desde el d�a en que ocurri� la disminuci�n mientras que la norma acusada, se�ala que se haga desde el primer d�a del mes siguiente en que ocurri� la disminuci�n, modificando el per�odo de ajuste se�alado en la Ley. Asimismo, se�ala que la cuant�a del ajuste se debite a la cuenta de "revalorizaci�n del patrimonio", con cr�dito a la cuenta correcci�n monetaria", la norma reglamentaria dispone que el valor del ajuste, "constituye un menor valor del patrimonio l�quido y cr�dito a la cuenta correcci�n monetaria fiscal", lo cual es totalmente diferente a lo dispuesto en la norma reglamentada.

"Las normas acusadas permiten al contribuyente registrar, discrecionalmente, el ajuste al patrimonio, por aumento o disminuci�n, a cualquier cuenta del patrimonio, mientras que la norma legal ordena que el registro debe hacerse en la cuenta de "revalorizaci�n (sic) del patrimonio" cuyo saldo no podr� repartiese sino hasta cuando se capitalice o se liquide la empresa, caso en el cual no se gravar� con el impuesto de renta, seg�n el inciso tercero del Art. 345 del Estatuto Tributario, modificado por el Art. 11 del Decreto 1744 de 1991. El reglamento, no puede cambiar el procedimiento del registro ni el nombre de la cuenta que la Ley estableci� para tal fin.

"Adem�s de lo anterior, el numeral 2 del Art. 15 del Decreto acusado, reproduce el numeral 2 del Art. 23 del Decreto 2911 de 1991, violando el Art. 243 de la Constituci�n y el Art. 21 del D. L. 2067 / 91, por reproducir normas declaradas inexequibles y desconocer el fallo de la Corte que el Gobierno est� obligado a cumplir. Viola el numeral 11 del Art. 189, los Arts. 113, 114, 121 y 150, primer inciso, de la Constituci�n por extralimitaci�n en el ejercicio de la potestad reglamentaria por arrogarse la facultad legislativa que le compete exclusivamente al Congreso.

"Viola el Art. 347 del Estatuto Tributario, modificado por el Art. 12 del Decreto 1744 de 1991, por rebosar el contenido y el esp�ritu de la norma legal reglamentada." (Fls. 48,49 y 50).

De este art�culo, la expresi�n "fiscales". El legislador extraordinario dispuso compensar las p�rdidas de un ejercicio gravable, con las utilidades de los cinco a�os siguientes, pero sin limitar las compensaciones �nicamente a las p�rdidas fiscales.

"La norma del Art. 18 del Decreto acusado, viola el Art. 243 de la Constituci�n Pol�tica y el Art. 21 del D. L. 2067 / 91 por reproducir normas declaradas inexequibles y desconocer el fallo de la Corte que el Gobierno est� obligado a cumplir".

'Viola, el numeral 11 del Art. 189 de la Constituci�n por extralimitaci�n de la potestad reglamentaria, y los arts. 113, 114, 121 y 150 primer inciso, por arrogarse la facultad legislativa que compete solo al Congreso". (Fl. 51).

�La norma reglamentaria acusada limitada el beneficio de la reducci�n te�rica, mientras que el Art. 15 del Decreto 1744 de 1991, se�ala que el citado beneficio se reconoce a quienes hayan efectuado los ajustes en la forma prevista "en este titulo" es decir, el t�tulo V del Libro Primero del Estatuto Tributario (Art. 329 al 355). Al sustituirse la palabra "t�tulo" por "Decreto", se modifica el alcance de la Ley que reglamenta limitando su aplicaci�n, exclusivamente, a lo dispuesto en el Decreto acusado.

"La norma acusada, viola el numeral 11 del Art. 189, por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, y los Arts. 113, 114, 121 y 150 primer inciso de la Constituci�n Pol�tica. Viola tambi�n lo dispuesto en el Art. 354 del Estatuto Tributario, adicionado por el Art. 15 del Decreto 1744 de 1991, por haber reemplazo a palabra "t�tulo, por "Decreto" apart�ndose de la letra y del esp�ritu de la norma legal reglamentada. - (fls. 52 / 53).

Art�culo 30, m�todos de valuaci�n de inventarios en su integridad. "El Art. 30 del Decreto acusado, ordena:

"Para efectos tributarios los m�todos de valuaci�n de inventarios permitidos son: UEPS (Ultimos en entrar primeras en salir), PEPS (Primeras en entrar primeras en salir) y PROMEDIO". (FL. 53).

"La norma acusada limita la valuaci�n de inventarios a tres m�todos: PEPS, UEPS y PROMEDIO, descartando otros m�todos de reconocido valor t�cnico como "el precio de �ltima factura", el "promedio ponderado movible", el "promedio simple" el "m�todo de la utilidad bruta", entre otros. Adem�s, la norma acusada se Limita a se�alar como m�todo de valuaci�n el "PROMEDIO", sin especificar a cu�l de los tres promedios conocidos se refiere, o, si por el contrario, se trata de una nueva forma de promediar.

"El Ordinal 3 del Art. 62 del Estatuto Tributario, dispone que ser� aceptado cualquier otro sistema de reconocido valor t�cnico dentro de las pr�cticas contables, autorizado por la Direcci�n General de Impuestos (sic) Nacionales".

"La norma acusada al limitar a tres los m�todos de valuaci�n de inventarios, elimina cualquier otro sistema t�cnico reconocido por la ciencia contable, para determinar el costo de ventas, dentro del cual est� comprendido el m�todo de valuaci�n de inventarlos, que el contribuyente puede utilizar con la autorizaci�n de la Direcci�n General de Impuestos.

"La norma acusada al establecer m�todos de valuaci�n de inventarios, no consagrados en la norma legal reglamentada, viola el numeral 11 del Art. 189, por extralimitaci�n de la potestad reglamentaria y los Arts. 113, 114, 121 y 150, primer inciso de la consci�n (sic), por arrogarse la facultad legislativa que le compete exclusivamente al Congreso. Viola el numeral 3 del Art. 62 del Estatuto Tributario que establece libertad para determinar el costo de lo vendido por sistemas deferentes al juego de inventarios y al de inventario permanente, dentro del cu�l est�n comprendidos diversos m�todos de valuaci�n de inventarios." (fls. 54, 55, 56).

"El ajuste por inflaci�n de los inventarios, se podr� hacer de manera individual o global por grupos homog�neos de bienes de caracter�sticas similares" (fl. 56).

"En efecto, al se�alar que el ajuste por inflaci�n de los inventarios..., sin aclarar cu�les, quedan comprendidos tanto los iniciales como los finales. Pero resulta que los inventarios finales no se ajustan, seg�n lo dispuesto en el art�culo 333 del Estatuto Tributario, modificado por el Art. 4o. del Decreto 1744 / 91, y el Art. 333 - 1 del mismo Estatuto, adicionado por el Art. 5 del Decreto 1744 de 1991, los cuales ordenan ajustar por inflaci�n el inventario inicial y las compras de mercanc�as o inventarios por trimestres, pero no los inventarios finales.

La norma acusada viola el numeral 11 del Art. 189, los Arts. 113, 114, 121, y 150 inciso primero, de la Constituci�n Pol�tica, por exceso en la potestad reglamentaria y por arrogarse la facultad legislativa que le compete exclusivamente al Congreso. Viola los Art. (sic) 333 y 333 - 1 del Estatuto Tributario, modificados y adicionados por los Arts. 4 y 5 del Decreto 1744 de 1991, por rebasar la letra y el esp�ritu de las normas legales reglamentadas. - " (fl. 57).

"Para efectos fiscales el ajuste por inflaci�n se podr� realizar tomando como base los ajustes contables mensuales o anuales que se hayan practicado, con las conciliaciones a que haya lugar". (fl. 58).

"La norma acusada se aparta del ordenamiento legal citado y da validez a los ajustes practicados con base en el Decreto 2911 de 1991, que entre otras cosas, (Art. 12 y 15) establec�a que la base para el ajuste de los activos no monetarios en Dic. 31 de 1991 era el costo hist�rico, mientras que el Art. 353 del Estatuto Tributario, se�ala que la base para ajustar los activos adquiridos con anterioridad a 1992 ser� "el valor patrimonial de los mismos al 31 de diciembre de 1991, incluidos los ajustes acumulados a esa fecha, y, por ende, la base y el ajuste por inflaci�n son mayores.

"El Art. 32 del Decreto acusado, viola el Art. 243 de la Constituci�n Pol�tica y el Art. 21 del D. L. 2067 / 91 por desconocer el fallo de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991, al pretender legalizar los ajustes practicados con base en una norma contraria al ordenamiento jur�dico.

"Viola el numeral 11 del Art. 189, por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria y los Arts. 113, 114, 121 y 150 primer inciso, de la Constituci�n, por arrogarse la facultad legislativa que le compete exclusivamente al Congreso." (fl. 60).

- Art�culo 33, especialidad en la aplicaci�n de las normas tributarias. En su integridad.

"Para efectos de la determinaci�n del impuesto sobre la renta y complementarios, ser�n aplicables las normas contables, salvo que exista disposici�n tributara, en cuyo caso priman estas �ltimas". (fl. 61).

"Sin embargo, la norma acusada, en concordancia con el Art. 4 del mismo decreto, obliga ajustar los terrenos y edificios, ajuste que constituye ingreso gravable originado, no en la explotaci�n econ�mica o el uso de la propiedad inmueble, sino en la existencia de dicha propiedad, con igual principio filos�fico al abolido impuesto de patrimonio.

"Al gravarse el ajuste por inflaci�n de los terrenos y edificios, indirectamente se est� gravando la propiedad inmueble, y si est� como principal, no puede gravarse con impuestos de car�cter nacional como son el de renta y patrimonio, el ajuste por inflaci�n, accesorio de aquella, tampoco puede gravarse.

Solicita se declare la legalidad de los preceptos acusados, con fundamento en las razones de oposici�n a la demanda que se transcriben a continuaci�n:

La invocaci�n de los numerales 11 y 20 del Art. 189 de la Carta, para la expedici�n del Decreto acusado, no contrar�an el mandato, de la Carta, pues la verdadera intenci�n del Gobierno, fue la de precisar aspectos que permitan la aplicaci�n del sistema de ajustes integrales por inflamaci�n en materia fiscal.

No existe violaci�n de las normas precisadas, en atenci�n a que la sentencia de inexequibilidad de la Corte Constitucional en relaci�n con el Decreto 2911 de 1991, no se refiri� a los aspectos de fondo de la norma, sino a la incompetencia del ejecutivo en raz�n a que las facultades extraordinarias de que dispon�a, se hab�an agotado con la expedici�n del Decreto 1744 de 1991.

Exceso de la potestad reglamentaria en relaci�n con cada uno de los art�culos del Decreto demandado.

La expedici�n del Decreto 2075 de 1992, tiene como finalidad, la de precisar aspectos fiscales en relaci�n con la aplicaci�n del sistema de ajustes, esta precisi�n conduce a denominar la cuenta a que se refiere el art�culo 4 del acto acusado, "correcci�n monetaria fiscal", sin que ello implique modificaci�n del sistema, el cual se define como uno solo con efectos contables y fiscales.

"Fiscalmente el sistema se basa y aplica sobre cifras y valores patrimoniales, esto es, "valor fiscal" de los activos que corresponden a los valores registrados en los denuncios fiscales.

"Como en uno y otro caso la base del ajuste es diferente, se hace necesario llevar en cuentas separadas los registros originados por �ste, es decir, una cuenta de correcci�n monetaria que refleje los valores de los ajustes con bases contables y otra que refleje el mismo concepto con bases fiscales, sin perjuicio de la conciliaci�n de estas dos cuentas al final del ejercicio.

"Eliminar la cuenta correcci�n monetaria fiscal implicar�a involucrar los valores patrimoniales de los activos no monetarios que son los objeto de ajuste, dentro del valor contable de los mismos. Esto, si bien no impide la aplicaci�n del sistema integral de ajustes por inflaci�n, porque en todo caso, las bases contables y fiscales de los ajustes tendr�an que reflejarse en la cuenta del activo objeto de reajuste, si dificultar�a la aplicaci�n del sistema. Como el reglamento est� establecido para permitir la adecuada aplicaci�n de la ley, no se ve c�mo la precisi�n que se hace en el art�culo 4�, puede acusarse de exceder la facultad reglamentaria cuando en primer t�rmino est� dirigida a regular la materia en su aspecto fiscal y de otra parte permite la correcta aplicaci�n del sistema que como se ha dicho reiteradamente es uno solo, con efectos contables y fiscales, por tanto, separar el manejo de la cuenta correcci�n monetaria fiscal de la contable, no implica en forma alguna modificaci�n al sistema ya establecido por la ley." (fl. 181 / 182).

"El Art. 6�. del Decreto 2075 de 1992 est� determinando los conceptos que forman parte del valor patrimonial de los activos no monetarios sujetos a ajustes, dentro de ellos obviamente se entienden incluidos los activos fijos despreciables o amortizables, pero respecto de ninguno de estos activos se est� reglamentando sobre los conceptos que integran el costo de los activos enajenados, como lo hace el art�culo 69 del E. T. ni el costo de los activos fijos pose�dos a 31 de diciembre de 1992.

"Entonces, cuando la expresi�n acusada dispone que los ajustes fiscales no dar�n lugar a depreciaci�n o amortizaci�n, pero que ello es sin perjuicio de que �stos puedan ser considerados el ya contenido en el E. T. en materia de costos. Como el sistema de ajustes integrales por inflaci�n opera a partir de 1992, la depreciaci�n o amortizaci�n calculadas ser�n las deducibles en dicha vigencia fiscal, luego la exclusi�n de la base de los ajustes a los activos fijos efectuados antes de 1992 es v�lida si se tiene en cuenta que el art�culo 133 del E. T. est� ordenando efectuar la depreciaci�n en la forma prevista en el t�tulo V del mismo Estatuto a partir de 1992 y en este t�tulo el art�culo 332 numeral 4o. dispone calcular la depreciaci�n o amortizaci�n sobre el "valor del bien" una vez ajustado por PAAG.

"Como esta norma no se refiere "a valor patrimonial del bien a 31 de diciembre de 1992" como afirma el demandante, no puede acusarse el reglamento de exceso de facultades porque partiendo de ese concepto general "valor del bien" podr�a v�lidamente excluirse de la base para el c�lculo (sic) de la depreciaci�n, el valor de los ajustes fiscales permitidos, toda vez que la base para calcular la depreciaci�n, est� constituida por el costo de adquisici�n, en los t�rminos que se especifican en el art�culo 131 del E. T"'. (fl. 183).

"En el caso especifico el Art. 66 del E.T. actualmente vigente est� determinando los factores que integran el costo de los activos m�viles, entonces como el sistema de ajustes abarca este concepto, debe partirse de la determinaci�n de costo contenida en la citada disposici�n para precisar el alcance de la ley como efectivamente lo hace el reglamento, esto es que el costo de los activos movibles sujetos a ajustes est� constituido por el costo de adquisici�n m�s los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de venta o utilizaci�n. Esto porque el sistema de ajustes est� fundamentado en la actual estructura del impuesto de renta.

"Ahora bien, en relaci�n con el inciso 4o. seg�n el cual el inventario final y el costo de ventas deben reflejar los ajustes, debe decirse que �sta es la consecuencia l�gica de los ajustes a compras de mercanc�as e inventarios, porque si estos rubros forman parte del inventario final y �ste a su vez es factor determinante para establecer los costos en ventas, sea cual fuere el m�todo de valuaci�n utilizado final y del costo en ventas, que se origina como resultado de los ajustes surge de los ajustes trimestrales realizados a las compras". (fl. 184).

Establece el procedimiento para ajustar los activos fijos enajenados durante el respectivo a�o gravable.

"Esta norma est� precisamente acorde con lo dispuesto en el art�culo 342 E.T. que dispone:

"El costo de venta de los activos fijos enajenados en el a�o se podr� ajustar en la parte proporcional del PAAG que corresponde al n�mero de meses de posesi�n del activo durante el a�o. (Subrayado fuera del texto).

"Como se destaca en la norma transcrita es el PAAG proporcional, no el PAAG acumulado como afirma el actor, y esta proporcionalidad es la misma establecida en el numeral 3o. art�culo 8o.

" Ahora, en cuanto al n�mero de meses de posesi�n del activo durante el a�o debe decirse, como el PAAG es anual o mensual, este c�lculo no puede hacerse partiendo del momento de la enajenaci�n, esto es de fecha a fecha sino de acuerdo al mes calendario, porque a todas las compras efectuadas en un mismo mes corresponde un PAAG igual. As� si estas se efectuaron en los d�as 8, 9 y 20 de marzo, a ellas corresponde aplicar el PAAG mensual de marzo es decir, el del mes inmediatamente anterior a la fecha del ajuste que ser� el lo. de abril.

"Si se trata de aplicar el PAAG anual, la proporci�n ser� en relaci�n con el n�mero de meses calendario, porque no es posible un PAAG mensual proporcional al n�mero de d�as, bajo la estructura del sistema y de otra parte, se contrar�a la misma t�cnica utilizada por el SENA, partir de la cual se determina el PAAG.

"En cuanto a la expresi�n los cargos diferidos no monetarios y que no est�n en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados" contenida en el par�grafo del art�culo 8o., que seg�n esta norma se someten a ajustes, debe decirse los cargos diferidos pueden ser monetarios y no monetarios, estos �ltimos se definen como aquellos que adquieren un mayor valor nominal por efecto de la p�rdida de poder adquisitivo de la moneda y corresponden a erogaciones que se causar�n en futuras vigencias.

"Los monetarios corresponden a inversiones monetarias que pueden realizarse en futuras vigencias pero sin sufrir ninguna variaci�n en su valor nominal, entonces no est�n sujetos a ajustes.

"Los cargos diferidos se originan en el caso de construcciones en curso, cultivos en per�odos improductivos y programas de ensanche.

"Es decir que en esta clase de inversiones pueden originarse cargos diferidos monetarios y no monetarios. Como el art�culo 8 se esta refiriendo a "Ajustes de otros activos no monetarios" debe entenderse que los cargos diferidos a que se refiere su par�grafo son de la misma naturaleza. y por tanto sujetos a ajustes.

"Esta disposici�n no contrar�a el art�culo 336 del E.T. modificado por el art�culo 9o. del Decreto 1744 de 1991, porque esta norma solo se refiere a intangibles luego al se�alar los pagos se entiende que es s�lo los originados en la adquisici�n o inversi�n en esta clase de activos. No puede aceptarse otra interpretaci�n a esta disposici�n, porque la claridad de su contenido no la admite". (Fls. 185 / 186).

"Mediante la expedici�n del Decreto 180 de enero 27 de 1993 se dispuso en su art�culo 10: "El art�culo 14 del Decreto 2075 de 1992 quedar� as�: Del patrimonio l�quido sometido a ajuste se debe excluir el valor patrimonial neto correspondiente a activos tales como "good will", "know how" y dem�s intangibles que sean estimados o que no hayan sido producto de una adquisici�n efectiva.

"Como se observa se excluye de la norma el concepto "valorizaciones" por tanto la violaci�n al art�culo 346 del Estatuto Tributario que se aduce, por su inclusi�n en la norma acusada, resulta por sustracci�n de materia sin efectos.

"En cuanto a la expresi�n "tales como" que se mantiene con la modificaci�n del art�culo 14 del Decreto 2075 de 1992, tenemos: No es cierto que lo taxativo en el art�culo 346 del Estatuto Tributario se convierta en enunciativo en el art�culo 14 acusado, porque en el texto de ambas disposiciones se incluye la expresi�n "y dem�s intangibles" es decir que en una y otra los conceptos se extienden a todos aquellos que tengan tal naturaleza".(fl. 186).

Art�culo 15, ajuste al patrimonio l�quido que ha sufrido aumentos o disminuciones en el mismo a�o.

Se acusan los numerales 1 y 2 por violaci�n del art�culo 347 del Estatuto tributario, por considerar que son distintos el per�odo de ajuste y las cuentas donde se registran los ajustes.

El art�culo 347 del Estatuto Tributario, se refiere a un derecho sustantivo que en nada se modifica por el acto acusado ya que �ste solo establece el mecanismo a trav�s del cual se hace posible la aplicaci�n del sistema.

�a - Constituci�n Pol�tica, Arts. 6, 113, 114, 121 y 150, primer inciso: 189, numeral 11, 243, 317 y 338.

"IV.2 EL NUMERAL 20 DEL ARTICULO 189 DE LA CONSTITUCI�N NO FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA EXPEDIR NORMAS SUSTANTIVAS 0 ADJETIVAS DE DERECHO EN MATERIA TRIBUTARIA NI PARA REPRODUCIR NORMAS DECLARADAS INEXEQUIBLES POR LA CORTE CONSTITUCIONAL". (fl. 23).

Se aduce que la palabra fiscales que se agrega en el reglamento, limita la compensaci�n de p�rdidas.

"Deducci�n de p�rdidas de sociedades. Las sociedades podr�n compensar las p�rdidas fiscales sufridas en cualquier a�o o per�odo gravable, con las rentas que se obtuvieren en los cinco per�odos gravables siguientes...

"Par�grafo. A partir del a�o gravable de 1992 los contribuyentes a quienes se les aplica el t�tulo V de este libro tomar�n como deducci�n dichas p�rdidas ajustadas por inflaci�n..." (Subrayado fuera del texto).

"Como se ha reiterado a trav�s de este escrito el sistema integral de ajustes por inflaci�n no modifica la estructura b�sica del impuesto de renta, por tanto, partiendo de esa misma estructura frente a la norma acusada tenemos las p�rdidas fiscales cuya deducci�n autoriza la legislaci�n tributaria en materia de impuesto sobre la renta. Son las p�rdidas de operaci�n o p�rdidas comerciales y las p�rdidas de capital. - A estas p�rdidas fiscales se refiere la disposici�n anteriormente transcrita, como amortizables en 5 a�os. Luego, como el sistema integral de ajustes no est� creado por este concepto nuevas deducciones es l�gico y adem�s necesario que en el reglamento se precise que se trata de "p�rdidas fiscales" porque ese y no otro puede ser el alcance de la ley mediante la cual se adopta y dise�a el sistema integral de ajustes por inflaci�n". (fl. 189).

No tiene raz�n de ser la pretendida violaci�n porque el Decreto 2075 ib�dem, en la parte acusada hace parte del t�tulo V del Estatuto Tributario.

"En esta oportunidad se reitera lo anterior adicionado en los siguientes t�rminos. Los m�todos de valuaci�n de inventarios UEPS., PEPS y promedio a que se refiere el art�culo 30 del Decreto 2075 de 1992 s�lo aparecen enunciados en las normas tributarias, no definidos. Es decir, que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3o. del art�culo 450 del C. de Co. cuando en una norma fiscal se mencionan m�todos de valuaci�n de inventarios, quiere decir que la legislaci�n fiscal los "permite", no que los crea". (fl. 190).

"En cuanto al hecho de que la norma acusada al referirse simplemente a promedio est� excluyendo otros m�todos, como el promedio ponderado, el promedio ponderado movible, que cita el actor, no es acertada tal afirmaci�n porque al referirse la norma a "Promedio" se entiende en todas sus modalidades". (fl. 191).

La norma acusada se limita a enunciar los m�todos de valuaci�n de inventarios permitidos pero no los define, porque �stos no son de creaci�n de la ley fiscal.

Esta norma prev� que los ajustes a inventarios pueden hacerse en forma individual o global pero por grupos homog�neos.

"El art�culo 333 del Estatuto Tributario que se dice violado, ordena ajustar los activos movibles o inventarios pose�dos al �ltimo d�a del a�o inmediatamente anterior, esto es el inventario inicial. Que el reglamento diga c�mo pueden hacerse esos ajustes no puede implicar violaci�n a la ley porque en ella se consagra en forma general la obligaci�n del ajuste.

"Es evidente que el reglamento facilita la forma de aplicaci�n, pues trat�ndose de inventarios, es l�gico que los bienes deban agruparse seg�n sus caracter�sticas pues de otra forma resultar�a demasiado complejo su manejo y control". (fl. 191).

"De acuerdo a lo anterior, se entiende que la vigencia del Decreto 2911 de 1991 corresponde al per�odo comprendido entre el 30 de diciembre de 1991, (fecha de expedici�n del Decreto) y el 14 de diciembre de 1992 (fecha de la sentencia de inexequibilidad).

"Sin embargo, como la aplicaci�n de los ajustes se previ� para la vigencia fiscal de 1992, y �sta no se hab�a cumplido el 14 de diciembre de 1992, no hubo oportunidad de aplicar el Decreto 2911 de 1991.

"Los "ajustes contables mensuales� a que se refiere esta disposici�n no se efectuaron con base en el Decreto 2911 de 1991, sino con base en el Decreto 2912 de 1991, que es el que regula los "ajustes contables mensuales", luego si su respaldo legal es este �ltimo Decreto ninguna incidencia en la legalidad de la norma tiene la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991 ". (Fls. 192 / 193).

El sistema integral de ajustes por inflaci�n se basa en la clasificaci�n de los activos en monetarios y no monetarios, disponiendo para los �ltimos los ajustes. Es as�, que si los inmuebles tienen tal car�cter, estar�n sujetos a los ajustes aunque el reglamento no los hubiera contemplado.

El concepto de los ajustes, es distinto de los grav�menes fiscales que pueden recaer sobre la propiedad inmueble, los cuales por mandato constitucional consisten en impuestos, por el contrario los ajustes por inflaci�n se traducen en un mayor costo del bien.

Se solicita de conformidad con la demanda y con fundamento en la expuesto en el escrito de alegatos que se declare la nulidad de las normas acusadas por cuanto el Gobierno se extralimit� en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

El art�culo 330 del Estatuto Tributario, modificado por el art�culo 1� del Decreto 1744 de 1991, establece los ajustes contables y fiscales bajo un solo sistema y con iguales efectos.

El acto acusado adopta dos sistemas de ajustes con efectos diferentes, obligando a los responsables a registrar separadamente y en libros principales y auxiliares los ajustes fiscales y contables.

Se solicita precisar los alcances del numeral 20 del art�culo 189 de la Constituci�n.

"Es claro entonces, que los dos sistemas, fiscal y contable, consagrados en el Decreto 2911, solamente pueden reestablecerse por el Congreso mediante la expedici�n de una ley, de acuerdo con la facultad consagrada en el inciso segundo, numeral 10 del Art. 150 de la Constituci�n, pero no mediante normas reglamentarias y menos invocando el numeral 20 del Art. 189 de la Constituci�n, (sic) Por tanto, la palabra "Fiscal", agregada a la Cuenta de Correcci�n Monetaria, para establecer un procedimiento fiscal distinto al contemplado en la norma superior, como lo afirman las apoderadas en el escrito de oposici�n, excede la potestad reglamentaria seg�n ha quedado demostrado en la demanda y y (sic) en este escrito". (fls. 226 / 227).

El sistema de ajustes est� regulado por normas especiales las cuales prevalecen sobre los generales de la primera parte del Estatuto Tributario, siempre y cuando no le sean contrarias.

El numeral 4 del art�culo 332 del Estatuto Tributario dispone que la depreciaci�n se calcular� sobre el valor del bien una vez ajustado por el PAAG, pero no define qu� debe entenderse por valor del bien.

La expresi�n valor del bien comprende los ajustes fiscales acumulados a diciembre 31 de 1991 y hacen parte de la base para calcular la depreciaci�n ya que la ley no hizo ninguna distinci�n.

La norma acusada al incluir en el costo de adquisici�n otros factores necesarios para ponerlos en venta o utilizaci�n, aumenta la base y el ingreso por correcci�n monetaria acarreando el pago de un mayor impuesto.

La norma reglamentada no se refiere al concepto de costo, sino que simplemente fija la base para calcular el ajuste.

Se cuestiona el recorte del per�odo de ajuste y no el �ndice o el procedimiento. La norma acusada se�ala un per�odo menor al previsto en la norma reglamentada, con lo cual se obtiene un menor costo ajustado y una mayor utilidad e impuesto a pagar.

El art�culo 9 del Decreto 1744 de 1991 dispuso que los gastos pagados por anticipado y los cargos diferidos no son objeto de ajuste, sin embargo, la norma acusada, interpretando mal el art�culo 338 del Estatuto Tributario introduce una diferenciaci�n no consagrada por la ley y somete a ajustes los cargos diferidos no monetarios, circunstancia que produce un mayor ingreso por correcci�n monetaria y un mayor impuesto a pagar.

- Art�culo 15. Ajuste al patrimonio l�quido que ha sufrido aumentos o disminuciones durante el a�o.

Se critica la disminuci�n del per�odo de ajuste el cual en la norma reglamentada va desde la fecha del aumento o disminuci�n, hasta el 31 de diciembre del respectivo a�o.

a) No es cierto que el sistema de ajustes integrales por inflaci�n no modifique la estructura b�sica del impuesto sobre la renta. Para los obligados, si se modifica. En efecto, antes, el ajuste por inflaci�n era opcional, hoy es obligatorio (Art. 329), antes el valor del ajuste no constitu�a renta gravable, ahora el (Art. 350); antes las compras o inventarios no se ajustaban, ahora s� (Art. 333 - 1), etc.

"b) Tampoco es cierto que el sistema integral de ajustes por inflaci�n no cree nuevas deducciones. Se�ala las siguientes a tipo de ejemplo. El componente inflacionario de los gastos financieros antes no era deducible, ahora s� (Art. 349); las p�rdidas ocasionales, cuando no exist�an ganancias de la misma naturaleza, no se pod�an deducir. Ahora se deducen de la renta bruta ordinaria (Art. 352); la p�rdida por exposici�n a la inflaci�n es una deducci�n nueva (Art. 350).

c) El tiempo para amortizar las p�rdidas fiscales y contables o comerciales fue ampliado para los obligados al sistema de ajustes, las cuales pueden compensarse de las utilidades que se obtengan en los cinco a�os siguientes, plazo m�s amplio que el establecido en el Art. 147 del E. T., el cual sigue vigente para los contribuyentes no obligados al sistema de ajuste.

"d) Adem�s de la anterior, debe tenerse en cuenta que las disposiciones del r�gimen general del impuesto sobre la renta son aplicables al sistema de ajustes por inflaci�n, siempre que no le sean contrarias a la normatividad especial de los ajustes. (Par�grafo 2, Art. 329 E. T.)". (Fls. 235 / 236).

- Art�culo 30. M�todos de valuaci�n de inventarios. La ley fiscal no ha creado ni definido los m�todos de valuaci�n de inventarios, de manera que la norma acusada proh�be los distintos a los permitidos a saber UEPS, PEPS y Promedio.

- Art�culo 31. Forma de ajustar los inventarios. Iguales argumentos a los expresados en la demanda.

"Con relaci�n a las teor�as mencionadas y despu�s de conocer la Sentencia C - 113 de marzo 2 de 1993, por lo cual declar� inexequible, parcialmente el Art. 21 del Decreto 2067 de 1992, seg�n la cual, la Corte es la competente para se�alar los efectos del fallo de la sentencia, no cabe duda que �stos son hacia el futuro, es decir, a partir de diciembre 15 de 1992, y, por tanto la norma acusada no es aplicable al a�o gravable de 1992, raz�n por la cual, resulta violatoria de la norma reglamentada y contraria a los efectos del fallo de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1992". (fl. 239).

No tienen raz�n de ser los argumentos de las apoderadas de la parte demandada en el sentido que el Decreto 2912 de 1991 no es reglamentario del 2911 del mismo a�o, pues resulta contrario a la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 1990, expediente 1922.

Viola el art�culo 317 de la Carta, puesto que la norma citada circunscribe exclusivamente a los municipios la facultad de gravar directa o indirectamente la propiedad inmueble.

"b) La imposibilidad de gravar los inmuebles con impuestos nacionales o departamentales no depende de la clasificaci�n en monetarios o no monetarios sino de la naturaleza del bien: Ser un inmueble, cuyo valor puede aumentar o decrecer con la inflaci�n y no por ello deja de ser inmueble. El impuesto de patrimonio sobre inmuebles se elimin� para el a�o de 1991, por ser inmuebles, a pesar de formar parte del patrimonio del contribuyente, sujeto a dicho impuesto previa exclusi�n de los inmuebles". (Fl. 244).

Reitera su petici�n de que se declare la legalidad de las normas demandadas con base en los argumentos que a continuaci�n se resumen:

En cuanto a la violaci�n del Art. 243 de la Carta, en concordancia con el art�culo 21 inciso 1o. del Decreto 2067 de 1991, advierte la demandada o que no se cumple respecto de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991 puesto que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no corresponde con un an�lisis de su contenido material y por ello no puede haber desconocimiento del valor de cosa juzgada de la sentencia C - 608 del 14 de diciembre de 1992 emanada de la Corte Constitucional.

Las siguientes son las caracter�sticas esenciales del sistema de ajustes por inflaci�n:

"Vigencia del sistema. - A partir del per�odo gravable de 1992. Aplicable a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar libros de contabilidad. Con efectos sobre el impuesto de renta. Elementos esenciales sobre su aplicaci�n el PAAG, la Cuenta correcci�n Monetaria (sic) y los conceptos sujetos a los ajustes basados en la limitante de activos no monetarios.

"De acuerdo a lo anterior se considera al sistema integral de ajustes por inflaci�n parte esencial en la estructura del impuesto de renta y complementarios y como consecuencia de ello la normatividad reglamentaria del mismo deber� armonizarse con todas y cada una de las normas que regulan el impuesto.

"El Decreto 2075 de 1992 est� reglamentando el Estatuto Tributario, en forma general, luego no est� subordinado exclusivamente al Decreto 1744 de 1991 como una legislaci�n aislada del contexto especial que regula todo el sistema tributario, esto es el Estatuto Tributario.

"As� las cosas no es posible pretender que el an�lisis a la legalidad de las disposiciones acusadas pueda hacerse mediante la simple confrontaci�n de los textos reglamentarios frente a las disposiciones superiores que el actor propone son las reglamentadas; porque el sistema integral de ajustes por inflaci�n no es independiente de la estructura b�sica del impuesto de renta y complementarios". (fl. 248).

En relaci�n con el argumento de exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, se remite a los argumentos expresados en la contestaci�n de la demanda respecto de cada una de las normas acusadas.

Finalmente se advierte que los m�todos de valuaci�n de inventarios no modifican el sistema de determinaci�n del costo y solo constituyen un mecanismo para la determinaci�n del inventario final (ver ejemplo folios 250 y 251).

La Procuradora Sexta Delegada, Solicita se acceda parcialmente a las s�plicas de la demanda, con base en las razones que en las l�neas siguientes se resumen:

Para la Colaboradora Fiscal, es indispensable precisar previamente los efectos de las sentencias declaratorias de inexequibilidad que haga la Corte Constitucional en relaci�n con leyes o decretos sometidos a su estudio.

"Como puede observarse en el inciso 2o. de la norma se consagra la prohibici�n a cualquier autoridad para reproducir el contenido material de la disposici�n declarada inexequible por razones de fondo. Es decir que si la raz�n para la declaratoria de inconstitucionalidad no toca el fondo del asunto tratado por la norma, su contenido queda intacto, pues los motivos de la declaratoria de inconstitucionalidad radican en otras circunstancias o en razones de procedimiento". (fl. 256).

"En otras palabras el contenido del articulado del Decreto 2911 de 1991, no lo ha encontrado la Corte contrario a las normas constitucionales, pues por la simple consideraci�n, de que el decreto hab�a sido dictado por el Gobierno sin facultades para hacerlo, la Corte se vio obligada a dejarlo sin operancia dentro del panorama jur�dico. En esa forma la inexequibilidad declarada con relaci�n al contexto del decreto, no tuvo como causa razones de fondo (subrayamos) como lo exige el art�culo 213 (sic) de la Constituci�n Nacional, para prohibir su reproducci�n y tan s�lo un fen�meno coyuntural como lo es el de la falta de facultades para dictarlo, fue lo que determin� la decisi�n de la Corte.

"En esas condiciones si al Gobierno se le invistiera de nuevas facultades extraordinarias; al ejecutarlas adecuadamente podr�a reproducir el art�culo que fue declarado inexequible por el (sic) fallo precipitado". (fl. 257).

Para la Procuradur�a carece de fundamento el cargo hecho a la palabra fiscal en los art�culos 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16 y 17 del decreto demandado como raz�n de la anterior afirmaci�n expresa que todas las disposiciones contenidas en el acto acusado tienen efecto tributario es decir son de car�cter fiscal por ello la palabra acusada ni le agrega ni le quita nada al texto.

Para efectos del manejo contable, las personas o empresas gozan de autonom�a para la valoraci�n de sus activos en cuanto a los ajustes por inflaci�n, aspecto no regulado por el Estatuto Tributario y los decretos concordantes, sino por el C�digo de Comercio, es decir que una empresa para cumplir con el Estatuto Tributario, puede contablemente utilizar diversos factores a los ajustes por inflaci�n, para el saneamiento de su propio sistema financiero.

El art�culo en comento, respecto al concepto de valor patrimonial que trae la ley para determinar y calcular el ajuste por inflaci�n correspondiente, descompone el valor patrimonial en dos factores cuya denominaci�n se explica por si sola, a saber, el costo hist�rico con las adiciones, mejoras y contribuciones de valorizaci�n, m�s los gastos e impuestos que afectan su costo, menos la depreciaci�n acumulada fiscal, la cual no puede operar sino sobre esa noci�n de costo hist�rico, el segundo factor hace relaci�n a los reajustes fiscales derivados de reaval�os catastrales, aumento del valor por valorizaci�n y en los mayores valores por acciones, aportes, bonos y dem�s t�tulos en raz�n de sus cotizaciones en bolsa, factor que l�gicamente no es susceptible de amortizaci�n, depreciaci�n o agotamiento, raz�n por la que la norma acertadamente dispuso que los ajustes se aplicaran �nicamente al costo hist�rico.

El cargo no debe prosperar, porque la norma acusada lo �nico que hizo fue sistematizar la forma de calcular el ajuste por inflaci�n.

No le asiste raz�n al demandante en cuanto a este cargo, pues el precepto acusado no contiene disposiciones de car�cter sustantivo, que modifiquen el sistema de ajustes por inflaci�n, la norma demandada, no hace sino reproducir las tablas del art�culo 5 Decreto 1744 de 1991 con la advertencia de orden puramente mec�nico de no realizar doble ajuste cuando se traslada la mercanc�a de los inventarios al proceso productivo.

Considera la Procuradur�a, que este cargo no debe prosperar por no existir violaci�n del Art. 243 de la Carta. De otra parte, el par�grafo demandado excluye los cargos que no est�n sujetos a ajustes por inflaci�n seg�n la ley.

El cargo no debe prosperar. Las razones de inocurrencia de violaci�n del Art. 243 de la Carta son las mismas antes expuestas de otra parte el par�grafo al hablar de ajuste a intangibles incluye solamente las cargas no monetarias que es lo que establece el art�culo 9 del Decreto 1744 de 1991.

Seg�n la Procuradur�a, le asiste raz�n al demandante al reclamar la nulidad de las expresiones "tales como" y "valorizaciones", contenidas en el Decreto Acusado, pues el art�culo 346 del Estatuto Tributario el cual hace una enumeraci�n taxativa de los valores a excluir.

Se afirma que el ejecutivo se excedi� en el ejercicio de su potestad reglamentaria con violaci�n del numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Nacional.

- Art�culo 15. Ajustes al patrimonio l�quido que ha sufrido aumentos o disminuciones.

La frase demandada "entre el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� el aumento del capital", debe ser anulada, as� como la expresi�n similar del numeral 2, pues contrar�an lo previsto en el art�culo 347 del Estatuto Tributario que ya puede ocurrir, que se tenga en cuenta un menor tiempo del que otorga la ley para el c�lculo del ajuste correspondiente.

En relaci�n con las frases contenidas en la parte final de los numerales 1 y 2 del art�culo 15 en estudio �stas no hacen sino repetir lo previsto en la ley, con un cambio de denominaci�n que no altera en ninguna forma el sentido y alcance de la norma.

Se acusa la expresi�n fiscal en el precepto, cargo que no estima valedero la Procuradur�a, pues su utilizaci�n no afecta de manera alguna los alcances de la norma reglamentada, se enfatiza en el sentido de que las disposiciones del Estatuto Tributario y sus normas complementarias est�n enderezadas a regular las obligaciones de los contribuyentes para con el fisco y por consiguiente, las utilidades o p�rdidas que lo afecten son de car�cter fiscal.

El cargo no est� llamado a prosperar, pues el art�culo se�ala un procedimiento para realizar la aplicaci�n de los ajustes constituyendo un desarrollo de lo dispuesto en el T�tulo V del Estatuto Tributario.

El Gobierno con esta norma excedi� sus facultades reglamentarias y dict� una disposici�n que s�lo puede serio por v�a legal, por ello merece la anulaci�n.

No se encuentra vicio de nulidad en esta norma, pues no est� limitando en ninguna forma el mecanismo de ajuste a los inventarios, El T�tulo V del Estatuto Tributario se�ala cuales son los inventarios a los que debe aplicarse el ajuste por inflaci�n.

No debe prosperar el cargo por las mismas razones expresadas antes en relaci�n con la acusaci�n de violaci�n del art�culo 243 de la Carta.

El cargo no debe prosperar, dado que la disposici�n acusada consagra un principio general de derecho consistente en que las normas especiales tienen prelaci�n sobre los de car�cter general.

Avoca la sala en esta oportunidad el estudio para pronunciamiento de fondo en relaci�n con la legalidad y constitucionalidad del Decreto 2075 del 23 de diciembre de 1992 emanado del Gobierno Nacional, por medio del cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.

Los cargos formulados se pueden identificar en dos grandes grupos como a continuaci�n se enuncian; el primero consistente en la violaci�n del inciso segundo del art�culo 243 de la Carta Pol�tica, por considerar que numerosos preceptos del acto demandado, reproducen normas del Decreto 2911 de 1991, declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional desconociendo por esta v�a, el principio de cosa juzgada constitucional; el segundo se concreta en la violaci�n de las normas del Estatuto Tributario que se pretende reglamentar, como consecuencia del exceso en el uso de la potestad otorgada al ejecutivo por el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Nacional.

Previamente a decidir el cargo primero, se procede a efectuar un an�lisis del art�culo 243 de la Carta Pol�tica a fin de establecer si en la contenci�n sub - examine se presente a no-desconocimiento del mandato en el contenido.

"Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional.

"Ninguna autoridad podr� reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci�n entre la norma ordinaria y la constitucional.

Se ha consagrado como principio fundamental de nuestro ordenamiento jur�dico, la jerarqu�a superior de la Constituci�n, catalogada �sta como norma de normas, posici�n de privilegio que se realiza en el mundo de los hechos en cuanto goce del atributo de imperatividad y tenga la capacidad e instrumentos para imponerse frente a circunstancias que la desconozcan o que ataquen el orden instituido; fen�meno social y jur�dico que se concreta en la instrumentaci�n de eficaces mecanismos de reacci�n contra su incumplimiento, entre los cuales los m�s destacados corresponden a las llamadas acciones p�blicas, entre ellas las de inexequibilidad.

Para efectos del control y mantenimiento de la superioridad de la Constituci�n, la propia Carta estableci� la jurisdicci�n constitucional, cuyo roll principal consiste en sustraer del mundo jur�dico y ordenar la inaplicaci�n de preceptos contrarios a la Carta Pol�tica.

La jurisdicci�n constitucional acciona de conformidad con los mandatos de la Carta de manera inmediata o mediata as�; directamente cuando dados ciertos presupuestos de hecho debe aprehender y emprender el examen de constitucionalidad de uno o de un conjunto de preceptos v. gr., los decretos legislativos que se dicten en uso de las facultades a que se refieren las normas sobre los estados de excepci�n; o bien por virtud de la acci�n de inexequibilidad, teleol�gicamente orientada a vigilar y promover el cumplimiento de la Carta y a que los poderes p�blicos que se ejerzan dentro de los precisos l�mites en �sta se�alados.

La anterior reflexi�n obviamente ubica la jurisdicci�n constitucional para los fines de este proceso en la Corte Constitucional, pues en sentido material instancias como el Consejo de Estado tambi�n ejercen esta competencia como suele ocurrir con la denominada acci�n de nulidad.

Con el prop�sito de acoplar los argumentos precedentes con la litis planteada a la Sala, a continuaci�n se avoca el estudio del fen�meno "cosa juzgada constitucional" previsto en el art�culo 243 de la Carta Pol�tica.

Procesalmente, el principio de la cosa juzgada hace relaci�n a la culminaci�n definitiva de una controversia porque en relaci�n con ella ha habido un pronunciamiento de fondo que le pone fin y que se traduce en el car�cter inmutable e intangible del fallo toda vez que se hayan observado a plenitud los tr�mites, condiciones y requisitos se�alados por la ley.

La cosa juzgada otorga a las providencias el atributo de verdad legal dentro del particular espectro de la contienda, o bien colectiviza sus efectos cuando se trata de una decisi�n p�blica, su prop�sito es el de dar certeza, seguridad a los asociados en relaci�n con los asuntos que se someten a pronunciamiento de los jueces.

Es necesario precisar recavando la doctrina y haciendo una obvia interpretaci�n del art�culo 243 de la Carta, la existencia de dos conceptos o denominaciones de la cosa juzgada "la material" y "la formal", la primera trae como consecuencia la imposibilidad de revisar nuevamente el asunto en cualquier otro proceso y con cualquier otro motivo o raz�n por haberse desplegado �ntegramente la actividad del Estado, la segunda predica la inmutabilidad de la decisi�n dentro del mismo proceso y por los mismos hechos que condujeron a la decisi�n. Sin embargo el art�culo 243 ib�dem, califica especialmente la cosa juzgada al agregarle la expresi�n constitucional ya que en el inciso segundo precisa entre los efectos de la sentencia la prohibici�n gen�rica a toda autoridad de reproducir el contenido material del acto jur�dico declarado inexequible por razones de fondo, previsi�n de la que se infiere sin necesidad de artificiosos an�lisis que cuando los motivos de la declaratoria de inexequibilidad fueron adjetivos la prohibici�n no opera, sin que ello implique la autorizaci�n t�cita a las autoridades para actuar sin observar las formas propias para el ejercicio de sus competencias.

Como consecuencia de los argumentos anteriores esta superioridad procede a verificar los argumentos de la sentencia C - 608 del 14 de diciembre de 1992, proferida por la Corte Constitucional y que declar� inexequible en su integridad el Decreto 2911 de 1991.

"Sin embargo, advierte la Corte que el Decreto 2911 de 1991, expedido el 30 de diciembre de 1991, es inconstitucional porque las facultades extraordinarias contenidas en el art�culo 25 de la Ley 49 de 1990, disposici�n que sirvi� de fundamento al Gobierno para expedirlo, ya hab�an sido utilizadas o ejercidas por el Presidente de la Rep�blica desde el 4 de julio de 1991, fecha en la que profiri� el Decreto No. 1744".

"La Corte, sin embargo considera que el Presidente dentro del termino legal solo puede ejercerlas por una vez, de modo que al expedir el correspondiente Decreto Ley agota su cometido".

Como puede observarse, para el pronunciamiento aludido no se examin� el contenido material del acto acusado (Decreto 2911 de 1991) pues �ste se fundament� en el agotamiento de competencias del ejecutivo para expedirlo, raz�n suficiente para desechar el cargo de reproducci�n de preceptos inexequibles en relaci�n con los art�culos 4; art�culo 5; incisos 2, 4, y 5 del art�culo 7; numeral 3 del art�culo 8: art�culo 14; numeral 1 y 2 del art�culo 15; art�culo 18; inciso 1 del art�culo 21; art�culo 33; del Decreto 2075 de 1992.

A continuaci�n precede la Sala a estudiar los cargos por violaci�n de preceptos constitucionales y legales, en el mismo orden en que fueron expuestos por el actor.

Concreta el demandante el cargo, en el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno al agregar a la cuenta de correcci�n monetaria la expresi�n fiscal.

La utilizaci�n de la expresi�n fiscal en la Cuenta de Correcci�n Monetaria, como bien lo afirma la Administraci�n no implica la modificaci�n del sistema de ajustes, el cual se define como uno solo con efectos contables y fiscales.

En aras de una mayor claridad, resulta suficiente invocar el encabezamiento que el Decreto 1744 de 1991 da al art�culo primero a saber: "Efectos contables y fiscales del sistema de ajustes integrales", expresi�n que nos permite corregir que gen�ricamente la denominaci�n de la cuenta corresponde a la de correcci�n monetaria y dependiendo de sus efectos �sta ser� contable o fiscal.

Como consecuencia de la breve exposici�n anterior, la Sala concluye que no hay lugar a declarar la nulidad de la expresi�n fiscal en el precepto demandado, pues si ella en nada modifica el sistema de ajustes, no puede decirse que el ejecutivo excedi� su potestad reglamentaria, sino que cumpli� con su deber constitucional al prever los mecanismos necesarios para hacer aplicable el Titulo V del Estatuto Tributario.

Por las mismas razones expuestas se habr� de negar la petici�n de nulidad de la palabra fiscal utilizada para calificar la cuenta de correcci�n monetaria, en los art�culos 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 y 17 del Decreto 2075 ib�dem.

El cargo consiste en la violaci�n de los art�culos 133, 332.4, 353 del Estatuto Tributario por parte del inciso final del art�culo 6 del Decreto 2075 ib�dem, se invoca adem�s la infracci�n de los art�culos 150 y 189 numeral 11, de la Carta Pol�tica.

Estima el demandante que con el acto acusado, se est� disminuyendo el gasto por depreciaci�n no establecido en las normas reglamentadas al se�alar que �ste se determina sin los ajustes fiscales acumulados a diciembre de 1991.

El art�culo 133 del Estatuto Tributario prev� que a partir de 1992 quienes deban efectuar ajustes a la depreciaci�n, la calcular�n conforme lo ordena el Titulo Y Libro 1 del Estatuto y en concordancia con el precepto citado, el art�culo 332 numeral 4 del mismo estatuto cuando se refiere a los bienes depreciables, establece que la depreciaci�n o amortizaci�n en el a�o, se determina sobre el valor del bien (subraya la Sala) una vez ajustado de acuerdo con PAAG.

De la norma anteriormente definida se tiene como consecuencia que el legislador no se refiri� a valor patrimonial del bien, sino a "valor del bien" de manera que si la ley no distingue, opera el principio general seg�n el cual no le es dado al interprete distinguir.

Vale finalmente agregar, que si el valor patrimonial de bien hace relaci�n a una valuaci�n que en t�rminos presentes hace del mismo su propietario, el guarismo representado por este valor, est� compuesto por varios elementos, a saber: su costo hist�rico o de adquisici�n m�s las adiciones, mejoras contribuciones por valorizaci�n e impuestos que lo afecten; el segundo elemento toca lo relacionado con reajustes fiscales (reaval�os), valorizaciones o mayores valores de papeles de libre negociaci�n en bolsa en raz�n de su cotizaci�n; este segundo elemento no es susceptible de depreciaci�n, amortizaci�n o agotamiento atendiendo a su propia naturaleza, por ello resulta l�gico que no se tenga en cuenta para el c�lculo de la depreciaci�n.

En el orden de ideas expuestas, la Sala acoge lo expresado por la Colaboradora Fiscal as� como lo dicho por la Administraci�n en la oposici�n a la demanda y sus dem�s actuaciones dentro del proceso en el sentido de que los ajustes integrales por inflaci�n operan a partir de 1992, raz�n por la cual los c�lculos de depreciaci�n o amortizaci�n ser�n deducibles para dicha vigencia fiscal lo que permite concluir que la exclusi�n de la base de los ajustes a los activos fijos efectuados antes del a�o mencionado es de recibo atendiendo a que el propio Estatuto Tributario dispone efectuar la depreciaci�n o amortizaci�n sobre el valor del bien una vez ajustado por el PAAG de conformidad con el art�culo 332 numeral 4o. del Estatuto citado. No prospera el cargo.

Para el demandante, la norma acusada al incluir la expresi�n "as� como los dem�s factores que hagan parte del costo de los mismos, con excepci�n de aquellos que tengan una forma particular de ajustes..." aumenta la base para el c�lculo del ajuste, la utilidad por correcci�n monetaria y el impuesto a cargo.

Se demanda adem�s la prohibici�n de realizar sobre una misma partida un doble ajuste por no estar regulada en la norma reglamentada.

Los cargos en relaci�n con las distintas partes del art�culo acusado no est�n llamados a prosperar por las razones siguientes.

Al determinar la norma acusada que al ajustar las compras de mercanc�as o inventarios se tendr�n en cuenta todos los factores que forman parte de los mismos, no est� violando ninguna disposici�n de car�cter superior, pues no precisa ning�n factor particular, sino que obliga a concordar el precepto con aquellos del mismo Estatuto Tributario que regulan lo atinente a la determinaci�n del costo, constituyendo este ejercicio la mec�nica normal para la aplicaci�n sistem�tica de cualquier estatuto legal.

Ahora bien, resulta inane hablar de ajuste a compras e inventarios sin hacer una referencia a su costo y obviamente �ste no siempre estar� representado por su valor de adquisici�n, de ah� que sea necesario aplicarle los dem�s factores previstos en el Estatuto Tributario, y a ello debe entenderse referido el Decreto 2075 ib�dem.

De otra parte, cuando el art�culo acusado precisa que sobre una misma partida no podr�a hacerse un doble ajuste, no est� haciendo nada distinto que reafirmando la esencia �nica del sistema, pues resulta natural que en el proceso de producci�n o transformaci�n se agrega valor a un bien por distintas razones como pueden ser fuerza de trabajo utilizada, nuevos insumos o productos incorporados, etc., lo que como resultado un nuevo producto o un producto transformado, circunstancia en la que aparece l�gico que no se puede realizar un ajuste sobre un mismo bien en los inventarios y en el proceso productivo.

Finalmente y como bien lo expresa la parte demandada, el inventario y el costo de ventas deben reflejar los ajustes a las compras de mercanc�as e inventarios ya que este rubro integra el costo de ventas; esperar lo contrario ser�a una negaci�n del sistema o una incorrecta aplicaci�n del mismo.

En s�ntesis el art�culo demandado no hace m�s que se�alar la mec�nica para la aplicaci�n de los ajustes a inventarios sin afectar la norma reglamentada y por lo mismo sin exceder las facultades constitucionales al respecto.

Se acusa el numeral 2 del art�culo en cuesti�n de contrariar el art�culo 342 del Estatuto Tributario, por considerar que disminuye el per�odo de ajustes de los activos no monetarios contemplados en el precepto, al prever que �stos se efectuar�n entre el primer d�a del mes siguiente a la realizaci�n de la operaci�n y el 31 de diciembre del mismo a�o.

Examinando el art�culo 342 del Estatuto Tributario se observa con claridad meridiana, que �ste se refiere al ajuste del costo de venta de los activos fijos enajenados durante el a�o, pero en proporci�n al n�mero de meses de posesi�n del activo. La norma en ninguna parte habla de d�as, de PAAG proporcional al tiempo de posesi�n del activo. Si se refiere a meses debemos entenderlo como se viene haciendo en atenci�n a lo previsto en el C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal, es decir per�odos de 30 d�as, pero adecuados a la filosof�a y naturaleza del sistema de ajustes, es decir meses conforme al calendario, puesto que el PAAG se determina por la variaci�n porcentual del �ndice de precios al consumidor para ingresos promedios elaborado por el DANE, c�lculo que se hace para cada mes calendario y que sirve para la determinaci�n del �ndice anual.

Respecto al cargo en contra del par�grafo del art�culo bajo examen, se invoca la violaci�n de los art�culos 330 y 336 del Estatuto Tributario por considerar que los cargos diferidos de cualquier naturaleza no son objeto de ajuste.

Se observa que la norma acusada se refiere a ajustes de activos no monetarios y los cargos diferidos respecto de estos activos pueden estar representados en construcciones en curso, cultivos en per�odo improductivo y programas de ensanche.

Ahora bien el art�culo 336 del Estatuto Tributario invocado como infringido, se refiere a los ajustes a intangibles distintos de los gastos pagados por anticipado y de los cargos diferidos pero para indicar que se ajustar�n por las mismas reglas aplicables a los activos fijos y en manera alguna da a entender que los cargos diferidos se excluyen del sistema de ajustes.

Concluye la Sala estimando la improcedencia de este cargo. - Art�culo 14. Valores a excluir del patrimonio l�quido.

Del inciso primero se acusan las expresiones "tales como" y "valorizaciones". Se invoca la violaci�n del art�culo 346 del Estatuto Tributario en atenci�n a que se agregan las expresiones antes citadas, no contenidas en la norma reglamentada.

Para la Sala la expresi�n "tales como" utilizada en cambio de "correspondientes" no cambia el sentido del precepto si lo miramos en su integridad, pues tambi�n se agrega "y dem�s intangibles que sean estimados..."

La predicada taxatividad no existe pues la expresi�n del art�culo 346 del Estatuto Tributario "y dem�s intangibles que sean estimados por el contribuyente", deja la f�rmula abierta, sin embargo ha de entenderse que por mandato expreso de la ley, s�lo los activos correspondientes a "good will" y "know how" se deben excluir del patrimonio l�quido, los dem�s intangibles a excluir ser�n los estimados por el contribuyente.

En lo relacionado con la expresi�n "valorizaciones" en el mismo art�culo atacado, la Sala se abstiene de cualquier an�lisis por raz�n del principio de sustracci�n de materia, puesto que el Decreto No. 180 de enero 27 de 1993, reglamentario del Estatuto Tributario, en su art�culo 10, modific� el art�culo 14 del Decreto 2075 de 1992, eliminando del texto del precepto la expresi�n "valorizaciones".

Art�culo 15. Ajuste al patrimonio l�quido que ha sufrido aumentos o disminuciones en el a�o.

Acusa el demandante los numerales 1 y 2 del art�culo 15 Decreto 2075 ib�dem, por infracci�n del Art. 347 del Estatuto Tributario por considerar que modifican el per�odo de ajuste y ordenan la cuenta en la que debe hacerse el registro ("Revalorizaci�n del patrimonio"), mientras que la ley reglamentada permite al contribuyente registrar discrecionalmente el ajuste al patrimonio.

En relaci�n con el tema del per�odo ya se hab�a dicho en l�neas anteriores que el PAAG se entiende anual o mensual; y en el �ltimo caso, �ste ser� equivalente a la variaci�n porcentual del �ndice de precios al consumidor registrada en el mes inmediatamente anterior, lo que quiere decir que las operaciones realizadas en el transcurso de un mes cualquiera, s�lo podr�n ajustarse en el mes siguiente, o bien ajustarse por la parte proporcional del PAAG, correspondiente a los meses transcurridos desde el aumento del capital hasta el 31 de diciembre del mismo a�o, pero siempre calculado en meses y nunca en fracciones de los mismos.

Ahora, en relaci�n con el segundo cargo consistente en el cambio de denominaci�n de las cuentas, la Sala observa que la variaci�n en la redacci�n no significa un desborde de la potestad reglamentaria, pues si el Art. 347 del Estatuto Tributario prev� que este ajuste se efect�a debitando la Cuenta de Correcci�n Monetaria y acreditando la cuenta de revalorizaci�n del patrimonio el Art. 15, produce los mismos efectos aunque difiera en la terminolog�a empleada pues acreditar la cuenta de revalorizaci�n sin que se refleje en el resultado del patrimonio l�quido carece de sentido, ya que contablemente y como lo expresa la Administraci�n los aumentos o disminuciones del patrimonio l�quido, se registran en la cuenta revalorizaci�n del patrimonio.

En s�ntesis la parte relativa a la denominaci�n de las cuentas muestra gramaticalmente expresiones diversas pero que desde el punto de vista contable y fiscal producen los mismos efectos previstos en el art�culo 347 del Estatuto Tributario, razones por las que se desecha el cargo formulado.

Se demanda de este precepto la expresi�n "fiscales en la parte que expresa: "las p�rdidas fiscales realizadas al finalizar.....

Se invoca la infracci�n del art�culo 351 de Estatuto Tributario por considerar que la norma reglamentaria limita la compensaci�n de p�rdidas.

Para la Sala este cargo no est� llamado a prosperar y al respecto comparte lo expresado por la parte demandada y por el Ministerio P�blico en su alegato final.

Surge del Estatuto Tributario que el sistema de ajustes por inflaci�n est� concebido para aplicarse en materia tributaria y que produce efectos en la determinaci�n del impuesto de renta y patrimonio art�culo 329 ib�dem y art�culo 1o. Decreto 2075.

Ahora bien, como el Estatuto Tributario hay que interpretarlo sistem�ticamente y en este contexto el Art. 147 ib�dem, al tratar la materia de las p�rdidas se refiere a la compensaci�n de las mismas con la denominaci�n "p�rdidas fiscales" y a su vez el par�grafo del mismo art�culo alude a la aplicaci�n del sistema integral de ajustes por inflaci�n y a la deducci�n de las p�rdidas fiscales una vez ajustados conforme al T�tulo V, Libro 1, hay que concluir que el reglamento precisa que la compensaci�n se refiere es a las "p�rdidas fiscales" por corresponder a las previstas en el Estatuto y no a otras, es decir que la norma se ajusta al mandato constitucional y legal y por ello habr� de declararse su legalidad.

Se demanda del inciso primero la expresi�n "... en este Decreto" en raz�n de que con ella se modifica el alcance de la ley reglamentada puesto que su aplicaci�n se limita exclusivamente a lo dispuesto en el Decreto Acusado.

Si bien es cierto que el precepto antes citado, utiliza la expresi�n "... en este t�tulo", tambi�n lo es, que el Decreto acusado est� reglamentado el Estatuto Tributario en lo relacionado con los ajustes integrales por inflaci�n los cuales para ser aplicados a partir de 1992, son regulados por el T�tulo V, Libro 1 del mismo Estatuto, as� que la expresi�n en este decreto, hace directa alusi�n a la ley desarrollada y por lo mismo no resulta contraria a ella; situaci�n distinta y sujeta a un an�lisis m�s minucioso se presentar�a si el decreto no hiciera alusi�n inmediata al conjunto de su preceptiva o a la directamente reglamentada, caso en el que s� podr�a presentarse el exceso en el ejercicio de las competencias del Art. 180, numeral 11 de la Carta Pol�tica. En conclusi�n no prospera el cargo.

Se acusa esta norma, porque limita a tres m�todos la valuaci�n de inventarios a saber UEPS, PEPS y Promedio, en contra de lo dispuesto por el Estatuto Tributario que prev� que el art�culo 62, que se admitir� cualquier sistema de reconocido valor t�cnico dentro de las pr�cticas contables y aceptado por la Direcci�n General de Impuestos Nacionales.

Retornando lo expresado en la providencia que decidi� la suspensi�n provisional, se encuentra que el C�digo de Comercio, en su art�culo 450 deja como facultad del legislador en materia fiscal establecer los m�todos de valuaci�n de inventarios, materia que por ende no corresponde a una competencia del ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria.

En conclusi�n y atendiendo los reclamos del demandante, si la ley fiscal no ha creado ni definido los m�todos de valuaci�n de inventarios ni los ha limitado, en manera alguna puede hacerlo el reglamento.

La norma acusada sin lugar a equ�vocos prev� cuales son los m�todos admitidos, lo que supone que por fuera de ellos no se aceptan otros.

Comprobado el exceso en la utilizaci�n de la potestad reglamentaria, la Sala determina declarar la nulidad del precepto demandado.

- Art�culo 31. Forma de ajustar los inventarios. Se invoca la infracci�n de los art�culos 333 y 333 - 1 del Estatuto tributario.

No se presenta la violaci�n denunciada y comparte aqu� la Sala el criterio de la demandada y de la colaboradora fiscal, en el sentido en que el reglamento prev� la forma como puede hacerse el ajuste a los inventarios, pero en manera alguna est� contrariando lo dispuesto por la ley, ya que si el reglamento no dice que inventarios o activos movibles son los que se deben ajustar, habr� que entender que son los comprendidos en el art�culo 333 del Estatuto Tributario es decir los inventarios iniciales. No prospera el cargo.

En relaci�n con este precepto demandado en su integridad, la Sala considera improcedente la solicitud de nulidad impetrada en primer lugar por las razones expuestas en relaci�n con la sentencia que declar� la inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991.

De otra parte ya se expres� que el sistema se ajustes por su naturaleza es uno s�lo, pero con efectos contables y fiscales y la norma acusada lo �nico que hace es autorizar la utilizaci�n de los ajustes contables para realizar los ajustes fiscales.

Para la Sala, la entidad demandada tiene raz�n al afirmar que los ajustes fiscales se previeron a partir de la vigencia de 1992 y que para la fecha en que se produjo la sentencia de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991, es decir el 14 de diciembre de 1992, no se hab�a cumplido el per�odo; luego el Decreto no se aplic� y como dijo la Corte Constitucional, reviven las normas que �ste trat� de reemplazar.

As� que los ajustes contables para el per�odo de 1992, est�n gobernados por las normas vigentes en el respectivo a�o. No prospera el cargo.

En cuanto a la reproducci�n de igual precepto contenido en el Decreto 2911 de 1991, la Sala se remite a lo expresado en relaci�n con los alcances del art�culo 243 de la Carta Pol�tica.

Se observa de otra parte, que el precepto acusado, contiene un principio general de aplicaci�n de la ley, consistente en la aplicaci�n prevalente de los preceptos especiales sobre los generales cuando los dos se refieren a la misma materia. Principio regulado de vieja data por la ley y que regularmente se incorpora en la mayor�a de estatutos, cuando �stos se ocupan de un tema en particular (Ley 153 de 1887, art�culo 3o.), a manera de ejemplo se puede mencionar el inciso segundo del art�culo primero del Decreto 01 de 1984 que expresa: "Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regir�n por est�s;...�.

Por tratarse de un principio general, que predica la prevalencia de las normas tributarios sobre las contables para la determinaci�n del impuesto de renta, se considera que est� invadiendo la �rbita del legislador a quien corresponde gen�ricamente esta competencia y no al ejecutivo a trav�s de un Decreto reglamentario.

Es cierto como lo dice la delegada del Ministerio P�blico, que la declaraci�n del principio en el Decreto reglamentario en nada afecta las reglas generales sobre aplicaci�n de la ley, pues su vigencia se conserva a pesar del enunciado demandado, pero en opini�n de la Sala a pesar de lo inocua que pueda resultar la norma acusada, con ella el ejecutivo est� ejercitando una potestad que no posee y que de suyo comporta la declaratoria de nulidad del precepto.

Se demanda la expresi�n "terrenos y edificios" correspondiente a los activos no monetarios que seg�n el precepto acusado, se deben ajustar.

Se considera por el actor, que con el ajuste por inflaci�n se est� gravando la propiedad inmueble y por esa v�a violando el art�culo 317 de la Constituci�n Nacional.

El cargo no est� llamado a prosperar como consecuencia obvia de la diferente naturaleza jur�dica del impuesto y de los ajustes.

Filos�ficamente los tributos son la expresi�n del principio de solidaridad y del deber de sostenimiento que tiene los ciudadanos para con el Estado por los beneficios directos o indirectos recibidos por �l, beneficios que se colectivizan y que por ende no suponen una contraprestaci�n equivalente y directa a lo erogado, pero que no niegan la posibilidad de que eventualmente as� sea. Los impuestos siempre representan un ingreso para el fisco y requieren previa definici�n y reglamentaci�n antes de su imposici�n.

Por el contrario, los ajustes por inflaci�n hacen relaci�n a una situaci�n que se presenta en el mundo de la f�ctico, pero que se reconoce con el fin de regular los efectos de la inflaci�n en los estados financieros, efectos que t�cnicamente se concretan en un mayor costo de bien.

En conclusi�n los tributos siempre se identifican con la expresa voluntad del �rgano que posee la potestad para imponerlos, mientras que los ajustes por inflaci�n regulan un fen�meno econ�mico ajeno a la voluntad de la Administraci�n o de los ciudadanos solo susceptible de ser influido o controlado a trav�s de pol�ticas econ�micas.

De otra parte los terrenos y edificios son activos no monetarios y aunque el reglamento no los hubiera mencionado los ajustes est�n previstos en el Estatuto Tributario.

Por lo expuesto en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

1 - ACC�DESE, parcialmente a la solicitud de nulidad impetrada por la parte actora en relaci�n con los siguientes preceptos:

Art�culo 30, Decreto 2075 de 1992. "M�todos de valuaci�n de inventarios. Para efectos tributarios, los m�todos de valuaci�n de inventarios permitidos son: UEPS, (�ltimas en entrar primeras en salir), PEPS (primeras en entrar primeras en salir) y PROMEDIO".

Art�culo 33. "Especialidad en la aplicaci�n de normas tributarias. Para efectos de la determinaci�n del impuesto sobre la renta y complementarios, ser�n aplicables las normas contables, salvo que exista disposici�n tributaria, en cuyo caso priman estas �ltimas (sic)".

Las dem�s disposiciones demandadas se estiman ajustadas a los preceptos superiores que le sirvieron de fuente.

2. - LEVANTASE, la medida de suspensi�n provisional decretada en relaci�n con la expresi�n:

"Entre el primer d�a del mes siguiente a aquel en el cual se efectu� el aumento de capital..." contenido en el art�culo 15 numerales 1 y 2 del Decreto 2075 de 1992.

Se deja constancia de que esta providencia se estudi� y aprob� en la sesi�n de la fecha.