AUTO 2344 de 1993

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033251AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull2344199313/05/1993AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2344__1993_13/05/1993300332501993SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR - Reestructuraci�n La estructura org�nica de una entidad, esta vendr�a a ser el andamiaje o los �rganos sobre los cuales descansa la entidad, es decir, las partes que la componen. Reestructurar es hacer cambios o modificaciones en la estructura o en la base de algo. Cuando se modifica la estructura de una entidad, esto es, se produce una reestructuraci�n, ello �nsitamente conlleva la creaci�n o supresi�n de cargos o empleos y la modificaci�n, creaci�n o adici�n de funciones en los distintos niveles o dependencias que hacen parte de ella, e incluso variar la denominaci�n de la misma y reasignar funciones. Siendo la Superintendencia del Subsidio Familiar una entidad de la Rama Ejecutiva adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pod�a ser objeto por parte del Gobierno Nacional de dicha facultad de reestructurar. Tal facultad est� supeditada a la necesidad de poner en consonancia la entidad con los mandatos de la reforma constitucional y en especial con la redistribuci�n de competencias y recursos que ella establece. SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR - Funciones / SUBSIDIO FAMILIAR No hay raz�n para que el Superintendente no pueda revisar los estados financieros de las entidades sometidas a su vigilancia, ya que no se trata de desconocer la validez de los estados contables rubricados por contador p�blico, sino que no existe nada m�s conducente que revele la situaci�n econ�mica de una entidad que sus estados Financieros Para proteger el manejo, aprovechamiento o inversi�n de los dineros recaudados con destino al pago del subsidio familiar, bien puede la entidad encargada por el Presidente de la Rep�blica. DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS - Temporalidad / MINISTERIO DE TRANSPORTE / PLANTA DE PERSONAL Con fundamento en el art. 20 transitorio de la Carta, el Gobierno no pod�a, de una parte, ampliar el t�rmino improrrogable de 18 meses para ejercer las facultades excepcionales previstas en el mismo concretamente para expedir las normas que adopten las nuevas plantas de personal de Ministerio de Trabajo y de Transporte y de sus entidades adscritas y vinculadas, y, de otra, ponerle limites temporales a unas funciones que, como las que se acaban de precisar, corresponden, la primera de ellas, constitucional y permanentemente al Presidente de la Rep�blica en virtud del numeral 14 del art�culo 189 en la Carta y, las dem�s, a las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas, con fundamento en los art�culos 24 y 40 del Decreto Ley 3130 de 1968 y 74 del Decreto Ley 1042 de 1978.

La estructura org�nica de una entidad, esta vendr�a a ser el andamiaje o los �rganos sobre los cuales descansa la entidad, es decir, las partes que la componen. Reestructurar es hacer cambios o modificaciones en la estructura o en la base de algo. Cuando se modifica la estructura de una entidad, esto es, se produce una reestructuraci�n, ello �nsitamente conlleva la creaci�n o supresi�n de cargos o empleos y la modificaci�n, creaci�n o adici�n de funciones en los distintos niveles o dependencias que hacen parte de ella, e incluso variar la denominaci�n de la misma y reasignar funciones. Siendo la Superintendencia del Subsidio Familiar una entidad de la Rama Ejecutiva adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pod�a ser objeto por parte del Gobierno Nacional de dicha facultad de reestructurar. Tal facultad est� supeditada a la necesidad de poner en consonancia la entidad con los mandatos de la reforma constitucional y en especial con la redistribuci�n de competencias y recursos que ella establece.

No hay raz�n para que el Superintendente no pueda revisar los estados financieros de las entidades sometidas a su vigilancia, ya que no se trata de desconocer la validez de los estados contables rubricados por contador p�blico, sino que no existe nada m�s conducente que revele la situaci�n econ�mica de una entidad que sus estados Financieros Para proteger el manejo, aprovechamiento o inversi�n de los dineros recaudados con destino al pago del subsidio familiar, bien puede la entidad encargada por el Presidente de la Rep�blica.

DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS - Temporalidad / MINISTERIO DE TRANSPORTE / PLANTA DE PERSONAL

Con fundamento en el art. 20 transitorio de la Carta, el Gobierno no pod�a, de una parte, ampliar el t�rmino improrrogable de 18 meses para ejercer las facultades excepcionales previstas en el mismo concretamente para expedir las normas que adopten las nuevas plantas de personal de Ministerio de Trabajo y de Transporte y de sus entidades adscritas y vinculadas, y, de otra, ponerle limites temporales a unas funciones que, como las que se acaban de precisar, corresponden, la primera de ellas, constitucional y permanentemente al Presidente de la Rep�blica en virtud del numeral 14 del art�culo 189 en la Carta y, las dem�s, a las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas, con fundamento en los art�culos 24 y 40 del Decreto Ley 3130 de 1968 y 74 del Decreto Ley 1042 de 1978.

Santa Fe de Bogot�, D.C., trece (13) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993)

Los ciudadanos Germ�n Plazas Gonz�lez, Luis Felipe Barreto Garc�a, Alfonso Pinz�n Villamil, Juvenil Romero, Jos� del Carmen Parada, Alfonso Garc�a Jaimes, Jorge Baca Rinc�n, Hernando Oviedo Polo, Porfirio Riveros Guti�rrez, Jos� Ezequiel Obando, Roosevel Jos� Carvajalino Barrag�n, Manuel Antonio Enciso Toquica, Robinson Antonio Avila Viloria y Jaime Manuel Jaraba Contreras, en ejercicio de la acci�n de nulidad consagrada en el articulo 84 del C.C.A., acuden ante esta Corporaci�n para de mandar la declaratoria de nulidad del Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992, "por el cual se reestructura el Ministerio de Obras P�blicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional", expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art�culo Transitorio 20 de la Constituci�n Pol�tica. Subsidiariamente solicitan la declaratoria de nulidad de los art�culos 49, 65, 66, 141 y 160 del citado Decreto.

Como quiera que la demanda re�ne los requisitos y formalidades que exigen los art�culos 137 y 139 del C.C.A., ser� admitida en la parte resolutiva de esta providencia.

En ac�pite especial de la demanda, los actores solicitan la sus pensi�n provisional de los art�culos 66, 140, 141 y 160 del decreto acusado, con fundamento en las razones que, en forma resumida, se expresan a continuaci�n (fls. 89 a 94):

1. - El art�culo 66, mediante el cual se crea la Subdirecci�n Transitoria como dependencia del Instituto Nacional de V�as, incurre en violaci�n manifiesta del Art�culo Transitorio 20 de la Carta Pol�tica, pues mientras las facultades que esta norma constitucional otorg� al Gobierno para las finalidades all� previstas lo fueron por el t�rmino de 18 meses, el acto acusado amplia dicho t�rmino a 3 a�os para que la Subdirecci�n Transitoria efect�e la liquidaci�n de los Distritos de Obras P�blicas del Ministerio de Obras P�blicas y Transporte, suprimidos por el Decreto.

De otra parte, mediante el citado art�culo 66 "... el Gobierno est� delegando las facultades del art�culo 20 transitorio en la denominada Subdirecci�n transitoria".

2. - El art�culo 140 del Decreto acusado, que consagra la supresi�n de empleo o cargo como causal de terminaci�n del v�nculo legal y reglamentario de los empleados p�blicos y de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales, incurre en violaci�n del art�culo 50 de la Constituci�n Pol�tica, pues los trabajadores del Ministerio de Transporte tienen pactada, mediante Convenci�n Colectiva "... una estabilidad seg�n la cual solo es posible despedirlos cuando incurran en una de las justas causas contempladas en el art�culo 7�. del Decreto 2351 de 1961.

"El art�culo 140 al fijar una nueva causal de terminaci�n de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales del Ministerio del Transporte est� violando no solo la Convenci�n Colectiva sino adem�s los art�culos 53 y 55 de la Constituci�n Nacional y los convenios 87 y 98 de la O. I. T. ratificados por las leyes 26 y 27 de 1976".

3. - El art�culo 141 del Decreto acusado, que trata sobre supresi�n de empleos...... adem�s de vulnerar las normas citadas en la fundamentaci�n del art�culo anterior viola el art�culo 115 de la C.N. pues delega en otras autoridades las facultades que le fueron otorgadas concretamente al Gobierno Nacional por medio del art�culo transitorio 20" (sic).

4. - El art�culo 160 del acto acusado, mediante el cual se regula lo concerniente a la "Adecuaci�n de la Estructura Org�nica del Ministerio de Obras P�blicas y Transporte a la del Ministerio de Transporte", incurre en violaci�n del Art�culo Transitorio 20 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez que amplia hasta el 31 de diciembre de 1993 el plazo para "..seguir legislando en uso de unas facultades que se agotaron en enero de 1993...... Igualmente, dicha ampliaci�n del plazo constituye una ostensible violaci�n del art�culo 150 - 7 de la Constituci�n, "... donde claramente se establece que esas atribuciones le corresponden de manera permanente al Congreso".

Previamente a avocar el estudio de la solicitud de suspensi�n provisional, la Sala reitera, una vez m�s, su competencia para ejercer el control constitucional de los decretos dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones que le confiri� el Art�culo Transitorio 20 de la Constituci�n Pol�tica, en virtud de la cl�usula residual de competencia que al Consejo de Estado le atribuye el numeral 2 del art�culo 237 de la misma Carta.

lo. - El art�culo 66 del Decreto 1271 de 1992, cuya suspensi�n provisional se solicita, es del siguiente tenor literal:

"Art�culo 66. Subdirecci�n Transitoria. - Cr�ase la Subdirecci�n Transitoria como dependencia del Instituto Nacional de V�as, la cual se encargar� de efectuar la liquidaci�n de los Distritos de Obras P�blicas y Transporte suprimidos por el presente decreto. Para este efecto, la Subdirecci�n Transitoria contar� con un t�rmino m�ximo de tres (3) a�os contados a partir de la vigencia del presente decreto, en los cuales el Gobierno Nacional elaborar� y ejecutar� un plan de liquidaci�n de los Distritos de Obras P�blicas. Dicho plan deber� sujetarse a los siguientes lineamientos:

"l. A partir de la vigencia del presente decreto, el instituto nacional de V�as s�lo podr� adquirir los compromisos de ejecuci�n de obra directa por parte de los Distritos de Obras P�blicas que sean aprobados por el Ministro de Transporte.

"2. El plan a que se refiere el presente art�culo deber� contemplar un procedimiento gradual de liquidaci�n de los Distritos de Obras P�blicas que sea ejecutado de manera directamente proporcional al t�rmino previsto en el presente decreto para su liquidaci�n.

"3. La liquidaci�n del personal vinculado a los Distritos de Obras P�blicas se har� directamente por la Subdirecci�n Transitoria mediante la aplicaci�n de las normas sobre desvinculaci�n de personal e indemnizaciones establecidas en el presente decreto.

"4. La Subdirecci�n Transitoria desarrollar� y ejecutar� un plan de capacitaci�n a los empleados oficiales de los Distritos de Obras P�blicas que sean desvinculados como producto de la reestructuraci�n contemplada en el presente decreto, con el prop�sito de fomentar la organizaci�n de cooperativas u otras formas asociativas entre ellos, destinadas a prestar servicios de conservaci�n, mantenimiento y atenci�n de emergencia de la red vial de la Naci�n.

"5. La enajenaci�n de los bienes se regir� por las disposiciones vigentes sobre la materia.

"6. Una vez finalizado el proceso de liquidaci�n de los Distritos de Obras P�blicas, o vencido el t�rmino contemplado para su liquidaci�n, cualquiera que sea el hecho que ocurra primero, la Subdirecci�n Transitoria proceder� a su propia liquidaci�n, la cual se efectuar� en un t�rmino m�ximo de tres (3) meses. Para este efecto, los funcionarios de la Subdirecci�n Transitoria a la que se refiere este art�culo quedar�n cobijados por las normas sobre desvinculaci�n de personal e indemnizaciones establecidas en el presente decreto".

Luego de realizar la debida confrontaci�n de la norma transcrita con el Art�culo Transitorio 20 de la Constituci�n Pol�tica, cuya transgresi�n flagrante se discute, la Sala no encuentra m�rito alguno para que, por las razones expuestas en sustento de la medida, proceda su suspensi�n provisional.

En efecto, la Sala considera que el hecho de que en la norma acusada se establezcan un t�rmino de tres (3) a�os para liquidar los Distritos de Obras P�blicas del Ministerio de Obras P�blicas y Transporte no pugna abiertamente con la referida disposici�n constitucional, pues suprimidos como fueron dichos Distritos mediante el art�culo 49 - del Decreto acusado, cuya suspensi�n provisional no se solicita, el proceso para llevar a cabo su liquidaci�n demanda, como resulta jur�dicamente obvio, un t�rmino que es independiente y que no guarda ninguna relaci�n con el de los dieciocho (1 8) meses dentro de los cuales el Gobierno Nacional deb�a proceder, como procedi�, a suprimir, fusionar o reestructurar, entre otras, las entidades de la rama ejecutiva a que se refiere.

De otra parte, tampoco resulta de recibo para la Sala el argumento de que mediante la norma cuya suspensi�n provisional se solicita el Gobierno est� delegando en la Subdirecci�n Transitoria del Instituto Nacional de V�as las facultades que le atribuy� el Art�culo Transitorio 20 de la Carta, pues de los t�rminos de tal disposici�n constitucional si bien le correspond�a al Gobierno la facultad de suprimir, de la cual hizo uso, no puede concluirse categ�ricamente en este momento procesal que la liquidaci�n de los organismos que se suprimieron corresponda tambi�n privativamente al Gobierno Nacional.

�Art�culo 140. Terminaci�n de la Vinculaci�n. - La supresi�n de un empleo o cargo como consecuencia de la supresi�n, fusi�n o reestructuraci�n de las entidades a que se refiere este decreto dar� lugar a la terminaci�n del v�nculo legal y reglamentario de los empleados p�blicos y a la terminaci�n de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales.

"Igual efecto se producir� cuando el empleado p�blico o el trabajador oficial, en el momento de la supresi�n del empleo o cargo, tenga causado el derecho a una pensi�n de jubilaci�n, legal o convencional, y se les suprima el empleo o cargo como consecuencia de la supresi�n, fusi�n o reestructuraci�n de las entidades a que se refiere el presente decreto".

De la lectura de la disposici�n cuya suspensi�n provisional se solicita, la Sala no encuentra que ella incurra en manifiesta infracci�n del art�culo 55. de la Carta, que garantiza el derecho de negociaci�n colectiva pues, en primer t�rmino, ella no parece estar limitando el ejercicio de tal derecho, ya que regula otras situaciones, y, en segundo lugar, la preconizada estabilidad laboral de los trabajadores del Ministerio de Transporte, que el actor deriva de la Convenci�n Colectiva de Trabajo, no puede concebirse como un derecho indefinido a conservar un empleo, que impida al Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades que le otorg� el Art�culo transitorio 10 ib�dem, consagrar como causal de terminaci�n del v�nculo legal reglamentario y de los contratos de trabajo, la supresi�n de los empleos cargos, como consecuencia de la reestructuraci�n de las entidades del Estado.

En cuanto a los cargos de violaci�n de los art�culos 53 de la Constituci�n Pol�tica y "...los convenios 87 y 98 de la O.I.T..", la Sala se ve impedida de analizarlos, por la sencilla raz�n de que el peticionario de la medida no expres� el concepto de su transgresi�n.

"Art�culo 141. Supresi�n de Empleos. - Dentro del t�rmino de los procesos que se lleven a cabo para ejecutar las decisiones de suprimir, fusionar o reestructurar las entidades a que se refiere este Decreto, las autoridades competentes suprimir�n los empleos o cargos vacantes y los desempe�ados por empleados p�blicos y trabajadores oficiales cuando ellos no fueren necesarios en las respectivas plantas de personal como consecuencia de dichas decisiones".

En cuanto al cargo de violaci�n del art�culo 11 5 de la Carta por parte de la disposici�n transcrita, en la medida en que, seg�n el actor, se "... delega en otras autoridades..." las facultades otorgadas al Gobierno por el Art�culo Transitorio 20 ib�dem, la Sala considera que no tiene vocaci�n de prosperar, por cuanto al expresarse en ella que "... las autoridades competentes suprimir�n los empleos o cargos ... (... )... cuando ellos no fueren necesarios en las respectivas plantas de personal..." (subraya la Sala), no puede entenderse, en este momento procesal, como una delegaci�n de tales facultades, sino como una simple referencia a todas aquellas autoridades p�blicas que seg�n la Constituci�n y la ley tienen competencia para ello.

De otra parte, y como quiera que el solicitante de la medida se limita a expresar que la disposici�n bajo estudio "... vulnera las normas citadas en la fundamentaci�n del art�culo anterior.." (sic), sin que por parte alguna exprese el concepto de su violaci�n, la Sala se abstiene de analizar este cargo.

4�. - El art�culo 160 del Decreto 2171 de 1992, cuya suspensi�n provisional tambi�n se solicita, dispone lo siguiente:

"Art�culo 160. Adecuaci�n de la Estructura Org�nica del Ministerio de Obras P�blicas y Transporte a la del Ministerio de Transporte. - La estructura org�nica, el presupuesto y las funciones del Ministerio de Obras P�blicas y Transporte y de sus entidades adscritas y vinculadas que se reestructuran mediante el presente decreto, as� como su respectiva planta de personal, continuar�n rigiendo hasta la fecha en que se promulguen las normas que adopten las nuevas plantas de personal para el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas, y se produzcan las respectivas incorporaciones. Dichas normas deber�n expedirse a m�s tardar el 31 de diciembre de 1993.

"PARAGRAFO. Para los efectos establecidos en el presente art�culo, la Junta Directiva de los establecimientos p�blicos que se reestructuran en el presente decreto deber� ser integrada con anterioridad al t�rmino aqu� establecido, para que, con el pleno ejercicio de sus funciones, adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestaci�n de los servicios a su cargo y, en especial, para que adopte y presente al Gobierno Nacional a trav�s del Ministerio de Transporte los proyectos de presupuesto, estructura interna y planta de personal de la respectiva entidad".

En cuanto a la solicitud de suspensi�n provisional de la norma transcrita, por ser manifiestamente violatoria del Art�culo Transitorio 20 de la Carta, la Sala considera que, efectivamente, con fundamento en dicha norma constitucional, el Gobierno no pod�a, de una parte, ampliar el t�rmino improrrogable de 18 meses para ejercer las facultades excepcionales previstas en el mismo, concretamente para expedir las normas que adopten las nuevas plantas de personal del Ministerio de Transporte y de sus entidades adscritas y vinculadas, y, de otra, ponerle limites temporales a unas funciones que, como las que se acaban de precisar, corresponden, la primera de ellas, constitucional y permanentemente al Presidente de la Rep�blica en virtud del numeral 14 del art�culo 189 en la Carta y, las dem�s, a las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas, con fundamento en los art�culos 24 y 40 del Decreto Ley 3130 de 1968 y 74 del Decreto Ley 1042 de 1978.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que resulta procedente decretar la suspensi�n provisional de los efectos del art�culo 160 del Decreto 2171 de 1992, pero limitando dicha medida a las frases o expresiones que traten sobre la ampliaci�n en el tiempo de las referidas facultades, es decir, a los siguientes textos: "Dichas normas deber�n expedirse a m�s tardar el 31 de diciembre de 1993, "contenida en su parte inicial y "... con anterioridad al t�rmino aqu� establecido....... contenida en su par�grafo.

Sobre la alegada violaci�n del art�culo 150 - 7 de la Carta, la Sala no encuentra que la disposici�n bajo estudio incurra en tal vicio, y menos de manera flagrante, pues, precisamente, el Decreto acusado, dictado dentro del t�rmino constitucionalmente establecido, con categor�a de ley, contiene las normas mediante las cuales se reestructuran las entidades a las que �l se refiere, en consonancia con las facultades otorgadas por el Art�culo Transitorio 20 ib�dem.

En m�rito de las anteriores consideraciones, la Secci�n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

lo. - ADMITESE la demanda presentada por los ciudadanos Germ�n Plazas Gonz�lez, Luis Felipe Barreto Garc�a, Alfonso Pinz�n Villamil, Juvenal Romero, Jos� del Carmen Parada, Alfonso Garc�a Jaimes, Jorge Baca Rinc�n, Hemando Oviedo Polo, Porfirio Riveros Guti�rrez, Jos� Ezequiel Obando, Roosevel Jos� Carvajalino Barrag�n, Manuel Antonio Enciso Toquica, Robinson Antonio Avila Viloria y Jaime Manuel Jaraba Contreras.

b) Tener como parte demandada a la Naci�n Colombiana, representada por los se�ores Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ministro de Obras P�blicas y Transporte y Ministro de Comercio Exterior, y por los se�ores Director del Departamento Nacional de Planeaci�n, Director del Departamento Administrativo de Aeron�utica Civil y Director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

c) Notif�quese personalmente esta decisi�n a los citados Ministros y Directores de Departamento Administrativo, con entrega de copia de la demanda y sus anexos.

d) De conformidad con el art�culo 56 del decreto 2651 de 1991, notif�quese personalmente la admisi�n de la demanda a la se�ora Agente del Ministerio P�blico ante esta Corporaci�n, con entrega de copia de la demanda y sus anexos.

e) F�jese en lista el presente negocio por el t�rmino de cinco (5) d�as, para que la parte demandada y los intervinientes, si los hubiere, puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la pr�ctica de pruebas.

f) Solic�tese a la Presidencia de la Rep�blica, por intermedio de su Secretaria General, el env�o de los antecedentes administrativos de acto acusado dentro del t�rmino de diez (1 O) d�as, contados a partir de aqu�l en que reciba el correspondiente oficio.

g) En acatamiento a lo dispuesto en el numeral 4) del art�culo 207 de C.C.A., el� concordancia con el Decreto 2867 de 1989, y en orden a cubrir los gastos ordinarios del proceso, el demandante deber� depositar la suma de cinco mil pesos ($5.000.00), en efectivo, dentro de los diez (10) d�as siguientes al de regreso del expediente a la Secretar�a de la Secci�n.

2�. - DECRETASE la suspensi�n provisional de los efectos de las siguientes frases del art�culo 160 del Decreto 2171 de 1992: "Dichas normas deber�n expedirse a m�s tardar el 31 de diciembre de 1993", contenida en su parte inicial y "... con anterioridad al t�rmino aqu� establecido", contenida en su par�grafo.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y tres.

REGLAMENTO CONSTITUCIONAL / CONTROL CONSTITUCIONAL / CONSEJO DE ESTADO - Competencia residual

Estoy en desacuerdo con la frase consignada en la parte motiva, que dice"... el Decreto acusado, dictado dentro de� t�rmino constitucionalmente establecido, con categor�a de ley...... Con car�cter transitorio la Asamblea Nacional Constituyente le confiri� al Gobierno Nacional facultades para reglamentar o desarrollar preceptos constitucionales. Esa sujeci�n de� Gobierno en su poder de reglamentaci�n solamente a la Constituci�n, demuestra, a mi juicio, que los Decretos que dimanan del art�culo transitorio 20, tienen la categor�a de Reglamentos o Decretos Constitucionales, los cuales, seg�n lo ha consignado la jurisprudencia de esta Corporaci�n y de la Corte Suprema de Justicia, se expiden con prescindencia e independencia de la ley, deben respetar �nicamente los textos constitucionales, y, por esta �ltima raz�n, tienen la misma fuerza o entidad normativa que la ley. Esa categor�a jur�dica de Reglamento o Decreto Constitucional es la que permite considerarlos como actos administrativos desde el punto de vista formal y justifica que el control de constitucionalidad sobre los mismos se ejercite por esta Corporaci�n, en virtud de la competencia residual que le atribuye el art�culo 237 ordinal 2�. ib�dem.

Santa Fe de Bogot�, D.C., trece (13) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993)

A�n cuando comparto la decisi�n adoptada en el proceso de la referencia, y su motivaci�n en general, sin embargo estoy en desacuerdo con la frase consignada en la p�gina 7 de la parte motiva, que dice "... el Decreto acusado, dictado dentro del t�rmino constitucionalmente establecido, con categor�a de ley .....

Considero que con car�cter transitorio la Asamblea Nacional Constituyente le confiri� al Gobierno Nacional facultades para reglamentar o desarrollar preceptos constitucionales, concretamente en el art�culo transitorio 20, para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de la Rama Ejecutiva, los Establecimientos P�blicos, las Empresas Industriales y Comerciales y las Sociedades de Econom�a Mixta del orden nacional, a fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la nueva Constituci�n Pol�tica y, en especial, con la redistribuci�n de competencias y recursos que ella establece.

Esa sujeci�n del Gobierno en su poder de reglamentaci�n solamente a la Constituci�n, demuestra, a mi juicio, que los Decretos que dimanan del art�culo transitorio 20, tienen la categor�a de Reglamentos o Decretos Constitucionales, los cuales, seg�n lo ha consignado la jurisprudencia de esta Corporaci�n y de la Corte Suprema de Justicia, se expiden con prescindencia e independencia de la ley, deben respetar �nicamente los textos constitucionales, y, por esta �ltima raz�n, tienen la misma fuerza o entidad normativa que la ley.

Ahora, respecto de los Decretos que el Gobierno expide como legislador transitorio, el Constituyente los califica expresamente como Decretos con fuerza de ley o Decretos Legislativos, y son aquellos que dicta: en virtud de las facultades extraordinarias que le confiere el Congreso a trav�s de una ley (art�culo 150 ordinal 10o. de la C.N.); en la circunstancia prevista en el art�culo 341 ib�dem; en los estados de excepci�n por guerra exterior y conmoci�n interior; y en caso de declaratoria del estado de emergencia econ�mica y social (art�culos 212, 213 y 215 ib�dem); y, por �ltimo, los expedidos con fundamento en las facultades que le confiri� la Asamblea Nacional Constituyente, ante la revocatoria del mandato del Congreso, en los art�culos transitorios 5�. y l0o. A todos estos Decretos el control de constitucionalidad se le ha adscrito a la Corte Constitucional, que es la competente para ejercerle sobre las leyes (art�culos 241, numerales 5�. y 7�., y transitorio 10o.).

Esa categor�a jur�dica de Reglamento o Decreto Constitucional es la que permite considerarlos como actos administrativos desde el punto de vista formal y justifica que el control de sobre los mismos se ejercite por esta Corporaci�n, en virtud de la competencia residual que le atribuye el art�culo 237 ordinal 2�. ib�dem.