100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033214SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-28000-2006-00038-00200723/02/2007SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-28000-2006-00038-00__2007_23/02/2007300332122007NULIDAD ELECTORAL - Circunscripción territorial / INCONSTITUCIONALIDAD - Declaratoria de elección de Representantes La acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa que se acusa, pues, como acción de nulidad que es, está dirigida, sin más, a dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo ilegal o inconstitucional. La acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa. Según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, se tiene que, para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. La pretensión de nulidad contra el acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010 con el fin de que, luego de inaplicar por inconstitucional el Decreto 4767 de 2005, se practique un nuevo escrutinio al cabo del cual se asigne a esa circunscripción territorial el número de Representantes que corresponda, de conformidad con la fórmula matemática Constitucional, aplicada a los resultados del censo nacional de población y vivienda practicado en 1985. Es claro, entonces, que la fórmula a la cual debía someterse el cálculo del número de Representantes a la Cámara que por cada circunscripción territorial se eligieron el pasado 12 de marzo de 2006, corresponde a aquella que, por expreso mandato de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 002 de 2005, fue fijada con ocasión de esa reforma, esto es, la consignada en la redacción original del artículo 176 de la Carta Política, pues, según se indicó, la modificación que ese Acto Legislativo le introdujo a ese precepto superior no implicó variación alguna de los términos con que inicialmente fue concebida la regla que se comenta. En esta oportunidad la vía procesal escogida por los demandantes de los procesos acumulados es la que, de conformidad con los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, permite controvertir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento. Y, como quiera que mediante el ejercicio de tal acción especial de nulidad no es posible pretender el restablecimiento de derecho particular alguno, es del caso concluir en el indebido planteamiento de la pretensión que en ese sentido formuló el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera. Es claro, entonces, que la demanda muestra falta de técnica en la formulación de las pretensiones, pues mediante la acción de nulidad solo se puede pretender la declaración de nulidad del acto administrativo que se demande por alguna de las causales de nulidad establecidas en la ley y, en modo alguno, una declaración consecuencial de esa declaración de nulidad. Tal conclusión se reafirma si se advierte que la pretensión de restablecimiento subjetivo planteada no podría dar lugar al ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es evidente que el acto demandado no implicó para el citado demandante la pérdida de un derecho subjetivo, v.gr. la pérdida de la calidad de Representante elegido, como para que válidamente pudiera pretender el restablecimiento de un derecho subjetivo afectado. En esta forma, no obstante la ineptitud sustancial parcial de la demanda presentada (proceso número 4025) esto es, en cuanto a la pretensión consecuencial precisada, la Sala asumirá exclusivamente el estudio de la pretensión de nulidad que en cada caso se formula y, en caso de que algún cargo prospere, se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo. ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Número de curules artículo 176 Constitución Política / CENSO POBLACIONAL - Aplicación de la fórmula matemática La demandante Adriana Vallejo de La Pava (proceso número 3972) cuestiona la constitucionalidad del acto de declaratoria de elección acusado en lo relativo al número de curules de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda que, por medio de ese acto, fueron proveídas. En ese sentido, plantea que en la determinación del tal número no se efectuó el cálculo aritmético fijado para el efecto en el artículo 176 de la Constitución Política, en los términos de la fórmula allí expresada, pues, de haber sido así, el resultado obtenido habría sido de cinco curules por proveer y no de cuatro, como finalmente quedó determinado en el acto demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4767 de 2005, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el número de Representantes a la Cámara, por cada circunscripción territorial, que se elegirían en los comicios a celebrar el 12 de marzo de 2006, cuya inaplicación también solicita. Con todo, pide la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado para, como consecuencia de ello, ordenar la realización de un nuevo escrutinio que, permita, a partir de las cifras del censo nacional de población y vivienda de 1985, proveer el número de curules que, de conformidad con la Constitución y la ley sea procedente. Precisado lo anterior, se recuerda que la solicitud de inaplicación al caso de la norma pertinente del artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 se estructura a partir de una única acusación. Se trata de aquella que, en criterio de la demandante Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972), permite sostener la inconstitucionalidad de la cifra allí señalada -aplicada al momento de declarar la elección acusada- como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006, en cuanto, según plantea, se trata de una cifra obtenida como resultado de un indebido entendimiento de la fórmula del inciso segundo del artículo 176 constitucional. En primer término, se advierte que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2006, ejecutoriada el pasado 23 de enero, esta Sala negó la pretensión de nulidad del Decreto 4767 de 2005, por el cual se señaló el número de Representantes a la Cámara a elegir el 12 de marzo de 2006, formulada en demanda en la que se planteó, entre otros, un cargo similar al expuesto por la demandante. Por tanto, para responder a las censuras planteadas en esta oportunidad, la Sala acude, con las precisiones que se expondrán más adelante, a los argumentos pertinentes que, con más detalle, se expusieron en la citada sentencia. No hay duda, entonces, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, eran cuatro los Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debía elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006. De otra parte, en relación con el contenido normativo de la disposición constitucional que se considera desconocida con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se tiene que, en materia de circunscripciones territoriales, esto es, las que corresponden a cada Departamento y al Distrito Capital de Bogotá, el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política, en su redacción original, fijó una fórmula aritmética para determinar el número de Representantes a la Cámara que a cada circunscripción corresponde elegir. Dicha fórmula fue mantenida en su tenor literal en la redacción del artículo 1 ° del Acto Legislativo 002 de 2005, que modificó el artículo 176 de la Constitución Política, cuya vigencia, según el artículo 2° de ese mismo Acto Legislativo, se cuenta “a partir de las elecciones a realizarse en el año 2006. ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Circunscripción territorial / REFORMA CONSTITUCIONAL - Alcance. Formula aritmética para proveer curules La fórmula a la cual debía someterse el cálculo del número de Representantes a la Cámara que por cada circunscripción territorial se eligieron el pasado 12 de marzo de 2006, corresponde a aquella que, por expreso mandato de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 002 de 2005, fue fijada con ocasión de esa reforma, esto es, la consignada en la redacción original del artículo 176 de la Carta Política, pues, según se indicó, la modificación que ese Acto Legislativo le introdujo a ese precepto superior no implicó variación alguna de los términos con que inicialmente fue concebida la regla que se comenta. Como lo planteado en este caso es, en primer término, una indebida interpretación, por parte del Gobierno Nacional, de la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, corresponde a la Sala, entonces, definir el sentido y alcance de esa norma superior, antes transcrita. Al respecto, la Sala encuentra que la redacción original del inciso segundo del artículo 176 de la actual Constitución Política -que coincide con la del Acto Legislativo 002 de 2005- no varió la manera como, desde la reforma constitucional de 1968, fueron articulados los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de curules para Representantes a la Cámara, en lo que, en una y otra época, corresponde a las circunscripciones ordinarias (hoy llamadas indistintamente territoriales, por la conversión a Departamentos de los antiguos Territorios Nacionales que no tenían esa categoría. Es claro que, como venía ocurriendo desde 1968 en materia de circunscripciones ordinarias, la redacción de la regla constitucional da cuenta de que la articulación de los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de escaños en la Cámara de Representantes conlleva, en la práctica, a la obtención independiente de un resultado por cada componente -territorial y poblacional- de dicha fórmula. En otras palabras, el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial es el resultado de sumar cada uno de los resultados parciales que se obtienen por la aplicación de cada uno de los criterios de la fórmula constitucional. A continuación, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la hermenéutica de cada uno de los componentes de esa fórmula. el primer componente de la fórmula que se analiza, esto es, el que responde a la aplicación del criterio territorial, debe interpretarse en el sentido de que, por medio de ese primer componente, se asigna a cada circunscripción territorial, por el sólo hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes Ahora, respecto del alcance del componente poblacional de la fórmula, se recuerda que el mismo quedó redactado en los siguientes términos: “uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.”. NULIDAD ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Marco legal / NUMERO DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Alcance del artículo 176 constitucional Es del caso anotar que en la oportunidad en la cual esta Sala se ocupó de estudiar las censuras que en su momento se dirigieron, de manera directa, contra el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se señaló que la representación que se obtiene por la aplicación de la segunda opción del criterio poblacional (fracción mayor de 125.000 habitantes) se justificaba por la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población que da derecho a un Representante (250.000 habitantes), surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población en la cifra total de habitantes de cada circunscripción. Y, con apoyo en esa finalidad, se sostuvo que la representación por fracción de población sólo podía operar al final de la labor de cálculo, en cuanto exigía la reunión simultánea de dos condiciones. De una parte, la aplicación efectiva de la primera opción, esto es, que con ella se obtuviera al menos una curul y, de otra, la producción de una fracción de población en el resultado de esa primera opción. Pero ocurre que en esta oportunidad, reexaminando el asunto, advierte la Sala que si bien es válido el planteamiento sobre la finalidad que inspiró el reconocimiento de la representación por fracción de población, no resultan igualmente explicables los condicionamientos a los que, en su momento, se entendió sometida esa eventual representación, pues, ahora se encuentra que tales límites, en realidad, no reflejan el verdadero sentido y alcance de la disposición constitucional en el punto que se analiza. para determinar el número de curules de una circunscripción territorial, en primer término, se le asignan dos curules independientemente del número de habitantes. Luego, para establecer las curules por el factor poblacional, se descuentan 250.000 habitantes del total de la población del respectivo departamento y, sobre el remanente de población, se hace el cálculo asignando una curul por cada 250.000 habitantes. Y, si dicho remanente es inferior a 250.000 habitantes, pero superior a 125.000, se le asigna una curul. Igualmente se asigna una curul en el evento de que, agotada la operación de asignación de curules a razón de una por cada 250.000 habitantes, quede un excedente superior a 125.000 habitantes. Interpretada en los anteriores términos la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 constitucional para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, considera la Sala que la hermenéutica expuesta coincide con la aplicada por el Gobierno Nacional al calcular el número de Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debió elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006. Lo anterior, por cuanto la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 da cuenta que el cálculo realizado por el Gobierno Nacional para efectos de determinar el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda se realizó de acuerdo con lo ordenado en el artículo 176 constitucional, según se explica a continuación. Se recuerda que el componente territorial de la fórmula asigna a cada circunscripción territorial, por el mero hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes. De otra parte, se tiene que, según se precisó antes, descontados los primeros 250.000 habitantes del total de la población de la respectiva circunscripción territorial, el componente poblacional de la fórmula plantea una disyuntiva así: Primera opción: Un representante por cada vez que, efectuado el descuento antes mencionado, la base general de población que da derecho a un escaño (250.000 habitantes) esté presente en la población de la circunscripción territorial. Segunda opción: Un único representante por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 mil habitantes) que surja, tanto al inicio del cálculo por la imposibilidad de aplicar la primera opción, como al final, esto es, luego de la aplicación efectiva de esa primera opción, una vez ésta se haya agotado. CENSO POBLACIONAL - Base general de la población en la circunscripción territorio. Ordenamiento jurídico aplicable La aplicación de las opciones que integran el componente poblacional de la fórmula se encuentra condicionada por la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, lo que obliga a que la representación que se obtiene por la base general de población. Precisado lo anterior, para la Sala es claro que, para la fecha en que fue expedido el Decreto 4767 de 2005 la población oficial de cada circunscripción territorial correspondía a la cifra de población ajustada que, en cada caso, resultó del censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 1985 por corresponder al censo vigente para la época, debidamente incorporado al ordenamiento jurídico mediante el artículo 54 transitorio de la Constitución Política de 1991. Por tanto, el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006 es el que surge de la operación aritmética que, para mayor claridad, se presenta en el siguiente cuadro: De manera que el Departamento de Risaralda tiene derecho a la representación que otorga el criterio territorial en forma igualitaria a todas las circunscripciones, a razón de dos curules. Adicionalmente, por razón de su población según el censo nacional de población realizado en el año 1985 y descontados los primeros 250.000 habitantes, esa circunscripción territorial alcanza dos curules en la Cámara de Representantes. Así las cosas, la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda no contraviene lo ordenado en el artículo 176 constitucional. Antes bien, es el resultado de la aplicación de la fórmula aritmética allí prevista, entendida según su correcta hermenéutica. Por todo lo anteriormente expuesto, no hay lugar a inaplicar el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 con fundamento en la razón de inconstitucionalidad esgrimida por la demandante, esto es, por la alegada indebida interpretación de la fórmula aritmética prevista en el artículo 176 de la Constitución Política para determinar el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial. Aceptada la constitucionalidad del número de Representantes a la Cámara por el Departamento del Risaralda previsto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 y como quiera que se trata de la misma cifra de curules sobre la cual recayó la declaratoria de elección acusada, es del caso concluir en la improsperidad del cargo que, por violación del inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política.
Sentencias de NulidadREPRESENTANTES A LA CAMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDAADRIANA VALLEJO DE LA PAVA Y OTRO23/02/2007Decreto 4767 de 2005Identificadores10030126913true1220645original30124955Identificadores

Fecha Providencia

23/02/2007

Fecha de notificación

23/02/2007

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Norma demandada:  Decreto 4767 de 2005

Demandante:  ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA Y OTRO

Demandado:  REPRESENTANTES A LA CAMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA


NULIDAD ELECTORAL - Circunscripción territorial / INCONSTITUCIONALIDAD - Declaratoria de elección de Representantes

La acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa que se acusa, pues, como acción de nulidad que es, está dirigida, sin más, a dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo ilegal o inconstitucional. La acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa. Según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, se tiene que, para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. La pretensión de nulidad contra el acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010 con el fin de que, luego de inaplicar por inconstitucional el Decreto 4767 de 2005, se practique un nuevo escrutinio al cabo del cual se asigne a esa circunscripción territorial el número de Representantes que corresponda, de conformidad con la fórmula matemática Constitucional, aplicada a los resultados del censo nacional de población y vivienda practicado en 1985. Es claro, entonces, que la fórmula a la cual debía someterse el cálculo del número de Representantes a la Cámara que por cada circunscripción territorial se eligieron el pasado 12 de marzo de 2006, corresponde a aquella que, por expreso mandato de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 002 de 2005, fue fijada con ocasión de esa reforma, esto es, la consignada en la redacción original del artículo 176 de la Carta Política, pues, según se indicó, la modificación que ese Acto Legislativo le introdujo a ese precepto superior no implicó variación alguna de los términos con que inicialmente fue concebida la regla que se comenta. En esta oportunidad la vía procesal escogida por los demandantes de los procesos acumulados es la que, de conformidad con los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, permite controvertir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento. Y, como quiera que mediante el ejercicio de tal acción especial de nulidad no es posible pretender el restablecimiento de derecho particular alguno, es del caso concluir en el indebido planteamiento de la pretensión que en ese sentido formuló el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera. Es claro, entonces, que la demanda muestra falta de técnica en la formulación de las pretensiones, pues mediante la acción de nulidad solo se puede pretender la declaración de nulidad del acto administrativo que se demande por alguna de las causales de nulidad establecidas en la ley y, en modo alguno, una declaración consecuencial de esa declaración de nulidad. Tal conclusión se reafirma si se advierte que la pretensión de restablecimiento subjetivo planteada no podría dar lugar al ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es evidente que el acto demandado no implicó para el citado demandante la pérdida de un derecho subjetivo, v.gr. la pérdida de la calidad de Representante elegido, como para que válidamente pudiera pretender el restablecimiento de un derecho subjetivo afectado. En esta forma, no obstante la ineptitud sustancial parcial de la demanda presentada (proceso número 4025) esto es, en cuanto a la pretensión consecuencial precisada, la Sala asumirá exclusivamente el estudio de la pretensión de nulidad que en cada caso se formula y, en caso de que algún cargo prospere, se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo.

ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Número de curules artículo 176 Constitución Política / CENSO POBLACIONAL - Aplicación de la fórmula matemática

La demandante Adriana Vallejo de La Pava (proceso número 3972) cuestiona la constitucionalidad del acto de declaratoria de elección acusado en lo relativo al número de curules de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda que, por medio de ese acto, fueron proveídas. En ese sentido, plantea que en la determinación del tal número no se efectuó el cálculo aritmético fijado para el efecto en el artículo 176 de la Constitución Política, en los términos de la fórmula allí expresada, pues, de haber sido así, el resultado obtenido habría sido de cinco curules por proveer y no de cuatro, como finalmente quedó determinado en el acto demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4767 de 2005, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el número de Representantes a la Cámara, por cada circunscripción territorial, que se elegirían en los comicios a celebrar el 12 de marzo de 2006, cuya inaplicación también solicita. Con todo, pide la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado para, como consecuencia de ello, ordenar la realización de un nuevo escrutinio que, permita, a partir de las cifras del censo nacional de población y vivienda de 1985, proveer el número de curules que, de conformidad con la Constitución y la ley sea procedente. Precisado lo anterior, se recuerda que la solicitud de inaplicación al caso de la norma pertinente del artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 se estructura a partir de una única acusación. Se trata de aquella que, en criterio de la demandante Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972), permite sostener la inconstitucionalidad de la cifra allí señalada -aplicada al momento de declarar la elección acusada- como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006, en cuanto, según plantea, se trata de una cifra obtenida como resultado de un indebido entendimiento de la fórmula del inciso segundo del artículo 176 constitucional. En primer término, se advierte que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2006, ejecutoriada el pasado 23 de enero, esta Sala negó la pretensión de nulidad del Decreto 4767 de 2005, por el cual se señaló el número de Representantes a la Cámara a elegir el 12 de marzo de 2006, formulada en demanda en la que se planteó, entre otros, un cargo similar al expuesto por la demandante. Por tanto, para responder a las censuras planteadas en esta oportunidad, la Sala acude, con las precisiones que se expondrán más adelante, a los argumentos pertinentes que, con más detalle, se expusieron en la citada sentencia. No hay duda, entonces, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, eran cuatro los Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debía elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006. De otra parte, en relación con el contenido normativo de la disposición constitucional que se considera desconocida con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se tiene que, en materia de circunscripciones territoriales, esto es, las que corresponden a cada Departamento y al Distrito Capital de Bogotá, el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política, en su redacción original, fijó una fórmula aritmética para determinar el número de Representantes a la Cámara que a cada circunscripción corresponde elegir. Dicha fórmula fue mantenida en su tenor literal en la redacción del artículo 1° del Acto Legislativo 002 de 2005, que modificó el artículo 176 de la Constitución Política, cuya vigencia, según el artículo 2° de ese mismo Acto Legislativo, se cuenta “a partir de las elecciones a realizarse en el año 2006.

ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Circunscripción territorial / REFORMA CONSTITUCIONAL - Alcance. Formula aritmética para proveer curules

La fórmula a la cual debía someterse el cálculo del número de Representantes a la Cámara que por cada circunscripción territorial se eligieron el pasado 12 de marzo de 2006, corresponde a aquella que, por expreso mandato de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 002 de 2005, fue fijada con ocasión de esa reforma, esto es, la consignada en la redacción original del artículo 176 de la Carta Política, pues, según se indicó, la modificación que ese Acto Legislativo le introdujo a ese precepto superior no implicó variación alguna de los términos con que inicialmente fue concebida la regla que se comenta. Como lo planteado en este caso es, en primer término, una indebida interpretación, por parte del Gobierno Nacional, de la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, corresponde a la Sala, entonces, definir el sentido y alcance de esa norma superior, antes transcrita. Al respecto, la Sala encuentra que la redacción original del inciso segundo del artículo 176 de la actual Constitución Política -que coincide con la del Acto Legislativo 002 de 2005- no varió la manera como, desde la reforma constitucional de 1968, fueron articulados los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de curules para Representantes a la Cámara, en lo que, en una y otra época, corresponde a las circunscripciones ordinarias (hoy llamadas indistintamente territoriales, por la conversión a Departamentos de los antiguos Territorios Nacionales que no tenían esa categoría. Es claro que, como venía ocurriendo desde 1968 en materia de circunscripciones ordinarias, la redacción de la regla constitucional da cuenta de que la articulación de los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de escaños en la Cámara de Representantes conlleva, en la práctica, a la obtención independiente de un resultado por cada componente -territorial y poblacional- de dicha fórmula. En otras palabras, el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial es el resultado de sumar cada uno de los resultados parciales que se obtienen por la aplicación de cada uno de los criterios de la fórmula constitucional. A continuación, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la hermenéutica de cada uno de los componentes de esa fórmula. el primer componente de la fórmula que se analiza, esto es, el que responde a la aplicación del criterio territorial, debe interpretarse en el sentido de que, por medio de ese primer componente, se asigna a cada circunscripción territorial, por el sólo hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes Ahora, respecto del alcance del componente poblacional de la fórmula, se recuerda que el mismo quedó redactado en los siguientes términos: “uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.”.

NULIDAD ELECCION DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Marco legal / NUMERO DE REPRESENTANTES A LA CAMARA - Alcance del artículo 176 constitucional

Es del caso anotar que en la oportunidad en la cual esta Sala se ocupó de estudiar las censuras que en su momento se dirigieron, de manera directa, contra el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se señaló que la representación que se obtiene por la aplicación de la segunda opción del criterio poblacional (fracción mayor de 125.000 habitantes) se justificaba por la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población que da derecho a un Representante (250.000 habitantes), surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población en la cifra total de habitantes de cada circunscripción. Y, con apoyo en esa finalidad, se sostuvo que la representación por fracción de población sólo podía operar al final de la labor de cálculo, en cuanto exigía la reunión simultánea de dos condiciones. De una parte, la aplicación efectiva de la primera opción, esto es, que con ella se obtuviera al menos una curul y, de otra, la producción de una fracción de población en el resultado de esa primera opción. Pero ocurre que en esta oportunidad, reexaminando el asunto, advierte la Sala que si bien es válido el planteamiento sobre la finalidad que inspiró el reconocimiento de la representación por fracción de población, no resultan igualmente explicables los condicionamientos a los que, en su momento, se entendió sometida esa eventual representación, pues, ahora se encuentra que tales límites, en realidad, no reflejan el verdadero sentido y alcance de la disposición constitucional en el punto que se analiza. para determinar el número de curules de una circunscripción territorial, en primer término, se le asignan dos curules independientemente del número de habitantes. Luego, para establecer las curules por el factor poblacional, se descuentan 250.000 habitantes del total de la población del respectivo departamento y, sobre el remanente de población, se hace el cálculo asignando una curul por cada 250.000 habitantes. Y, si dicho remanente es inferior a 250.000 habitantes, pero superior a 125.000, se le asigna una curul. Igualmente se asigna una curul en el evento de que, agotada la operación de asignación de curules a razón de una por cada 250.000 habitantes, quede un excedente superior a 125.000 habitantes. Interpretada en los anteriores términos la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 constitucional para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, considera la Sala que la hermenéutica expuesta coincide con la aplicada por el Gobierno Nacional al calcular el número de Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debió elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006. Lo anterior, por cuanto la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 da cuenta que el cálculo realizado por el Gobierno Nacional para efectos de determinar el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda se realizó de acuerdo con lo ordenado en el artículo 176 constitucional, según se explica a continuación. Se recuerda que el componente territorial de la fórmula asigna a cada circunscripción territorial, por el mero hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes. De otra parte, se tiene que, según se precisó antes, descontados los primeros 250.000 habitantes del total de la población de la respectiva circunscripción territorial, el componente poblacional de la fórmula plantea una disyuntiva así: Primera opción: Un representante por cada vez que, efectuado el descuento antes mencionado, la base general de población que da derecho a un escaño (250.000 habitantes) esté presente en la población de la circunscripción territorial. Segunda opción: Un único representante por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 mil habitantes) que surja, tanto al inicio del cálculo por la imposibilidad de aplicar la primera opción, como al final, esto es, luego de la aplicación efectiva de esa primera opción, una vez ésta se haya agotado.

CENSO POBLACIONAL - Base general de la población en la circunscripción territorio. Ordenamiento jurídico aplicable

La aplicación de las opciones que integran el componente poblacional de la fórmula se encuentra condicionada por la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, lo que obliga a que la representación que se obtiene por la base general de población. Precisado lo anterior, para la Sala es claro que, para la fecha en que fue expedido el Decreto 4767 de 2005 la población oficial de cada circunscripción territorial correspondía a la cifra de población ajustada que, en cada caso, resultó del censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 1985 por corresponder al censo vigente para la época, debidamente incorporado al ordenamiento jurídico mediante el artículo 54 transitorio de la Constitución Política de 1991. Por tanto, el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006 es el que surge de la operación aritmética que, para mayor claridad, se presenta en el siguiente cuadro: De manera que el Departamento de Risaralda tiene derecho a la representación que otorga el criterio territorial en forma igualitaria a todas las circunscripciones, a razón de dos curules. Adicionalmente, por razón de su población según el censo nacional de población realizado en el año 1985 y descontados los primeros 250.000 habitantes, esa circunscripción territorial alcanza dos curules en la Cámara de Representantes. Así las cosas, la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda no contraviene lo ordenado en el artículo 176 constitucional. Antes bien, es el resultado de la aplicación de la fórmula aritmética allí prevista, entendida según su correcta hermenéutica. Por todo lo anteriormente expuesto, no hay lugar a inaplicar el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 con fundamento en la razón de inconstitucionalidad esgrimida por la demandante, esto es, por la alegada indebida interpretación de la fórmula aritmética prevista en el artículo 176 de la Constitución Política para determinar el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial. Aceptada la constitucionalidad del número de Representantes a la Cámara por el Departamento del Risaralda previsto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 y como quiera que se trata de la misma cifra de curules sobre la cual recayó la declaratoria de elección acusada, es del caso concluir en la improsperidad del cargo que, por violación del inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejero ponente: DARIO QUIÑONES PINILLA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil siete (2007)

Radicaciones: 11001-03-28-000-2006-00038-00(3972-4025)

Actor: ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA Y OTRO

Demandado: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Procede la Sala a decidir los procesos acumulados de la referencia, promovidos mediante demandas dirigidas contra el acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010.

I. ANTECEDENTES

1. PROCESO NUMERO 3972

  1. LA DEMANDA

A. LAS PRETENSIONES

La Señora Adriana Vallejo de La Pava, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, presentó demanda para solicitar lo siguiente:

1° Inaplicar por inconstitucional el Decreto 4767 del 30 de diciembre de 2005 y, en su lugar, aplicar directamente el artículo 176 de la Constitución Política, con la modificación introducida al mismo mediante el Acto Legislativo 002 de 2005.

2° Como consecuencia de lo anterior, la nulidad consecuencial del Acta de declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda, proferida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, contenida en el Acta de Escrutinio y Parcial de Escrutinio, formulario E-26CR, de fecha 22 de marzo de 2006 “junto con la descripción de la actuación realizada por los referidos Delegados que se encuentra descrita en el Acta General de Escrutinio y el acta parcial de escrutinio anexa al referido formulario”.

3° Como consecuencia de lo anterior, la realización de un nuevo escrutinio a fin de establecer el umbral y la cifra repartidora que resulten conformes con lo ordenado en la Constitución Política y al cabo del cual se efectúe la declaratoria de elección que corresponda.

4° “Una vez probado que mi poderdante cumple con el número de votos, su partido el umbral y su votación la cifra repartidora, se ordene incluir el nombre de mi poderdante como ciudadana elegida a la Cámara de Representantes número 4 [sic], y se declare expresamente que deberá ocupar el cargo como representante a la Cámara elegida por la Circunscripción territorial - Departamento de Risaralda y se le expida la correspondiente credencial.”

B. LOS HECHOS.-

Como fundamento de las pretensiones, el apoderado de la demandante sostuvo, en resumen, lo siguiente:

1° La demandante se inscribió como candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Risaralda, correspondiéndole el código número 71-104 en la lista del Partido Social de Unidad Nacional.

2° El 12 de marzo de 2006 se llevaron a cabo los comicios para elegir Congresistas, quedando elegidos como Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda los Señores Juan Carlos Valencia Montoya, Diego Patiño Amariles, Carlos Enrique Soto Jaramillo y Diego Alberto Naranjo Escobar.

3° Según resultado del censo nacional de población y vivienda realizado en el año de 1985, la población oficial del Departamento de Risaralda es de 652.872 habitantes, lo cual le da derecho a esa entidad territorial a elegir cinco Representantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 176 de la Constitución Política.

4° La cifra de Representantes aludida no sólo no fue tenida en cuenta por el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 4767 de 2005, sino también por las autoridades electorales encargadas de realizar el escrutinio que culminó con el acto de elección acusado.

C. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LAVIOLACION.-

La demandante considera violados los artículos 3, 4, 40, 95, numeral 5°, 99, 103 y 176 de la Constitución Política y 12 de la Ley 153 de 1887. La violación de esas disposiciones la explicó con apoyo en los cargos cuya denominación y sustento se resumen a continuación:

Cargo dirigido contra el Decreto 4767 de 2005: Infracción, por falsa y errónea interpretación, del artículo 176 de la Constitución Política, que implicó una violación del principio de supremacía constitucional del artículo 4° ibídem.

1° El artículo 176 de la Constitución Política, con la modificación que le introdujo el Acto Legislativo 002 de 2005, vigente para las elecciones del año 2006, dispuso que “Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil. Para la elección de Representantes a la Cámara, cada Departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial (…) El presente acto legislativo entrará en vigencia a partir de las elecciones a realizarse en el año 2006”.

2° El Gobierno Nacional interpretó erróneamente el número de Representantes a que tiene derecho cada circunscripción electoral, pues no se hicieron correctamente las operaciones aritméticas que ordena la regla antes transcrita, fijando en cuatro el número de Representantes a elegir por el Departamento de Risaralda.

3° En el caso del Departamento de Risaralda, se tiene que la población de esa circunscripción territorial ascendía, en el año 1985 a 652.872 habitantes, según el censo nacional de población y vivienda llevado a cabo en esa anualidad. De manera que ese Departamento tiene derecho a dos Representantes por derecho propio, dos más por cada 250.000 habitantes (652.872 / 250.000 = 2,61) y uno más por el exceso de 152.872 que supera los 125.000 que exige la norma constitucional para tener derecho a un Representante por fracción.

4° La solicitud de inaplicación del Decreto 4767 de 2005 encuentra fundamento constitucional en el artículo 4° de la Carta Política, lo que, a su vez, impone la aplicación directa de la norma constitucional contenida en el artículo 176 constitucional.

5° Se hace necesario, entonces, efectuar un nuevo escrutinio para determinar a qué partido y candidato corresponde la quinta curul no asignada, pues la irregularidad anotada modifica el umbral y la cifra repartidora de que trata el artículo 263A de la Constitución Política.

Cargos dirigidos contra el acta de declaratoria de elección:

a) Falsa motivación.

Si bien es cierto que el acto de declaratoria de elección no contiene una motivación expresa en punto a las normas que le sirven de fundamento, es claro que una de esas normas es la del artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, en cuanto al número de curules a proveer. Por tanto, al resultar inconstitucional esa disposición, se tiene que la motivación del acto acusado es errónea al haberse tenido en cuenta un número de curules que no coincide con el ordenado por el artículo 176 de la Constitución Política.

b) Infracción de las normas en las que debió fundarse: artículos 4° y 176 de la Constitución Política y 12 de la Ley 153 de 1887.

El acto de declaratoria de elección también resulta nulo por no haberse fundado, en forma directa, en el contenido del artículo 176 de la Constitución Política, tal como lo ordenan los artículos 4° ibídem y 9° y 12 de la Ley 153 de 1887, en cuanto consagran el principio de legalidad y de jerarquía de la Constitución. Tal principio enuncia el deber de las autoridades, entre ellas, las electorales, de aplicar en forma directa el texto constitucional siempre que surjan antinomias entre esa norma superior y otra de menor jerarquía, como la presentada en este caso entre los artículos 176 constitucional y 1° del Decreto 4767 de 2005, en punto al número de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda que debían ser elegidos.

Cargo dirigido contra el Decreto 4767 de 2005 y contra el acto de declaratoria de elección: Infracción de las normas en que debió fundarse: artículos 3°, 5°, 40, 99 y 103 de la Constitución Política.

Por razón del desconocimiento del artículo 176 constitucional, al expedir y dar aplicación, al artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, tanto el Gobierno Nacional, como las autoridades electorales, respectivamente, incurrieron en las siguientes infracciones: i) Del artículo 40 constitucional, en concordancia con el artículo 99 ibídem, que garantizan el derecho a ser elegido en la quinta curul no asignada al Departamento de Risaralda en la conformación de la Cámara de Representantes; ii) Del artículo 3° constitucional, en concordancia con el artículo 103 ibídem, al limitarse la representación política que la Carta Política garantiza a la circunscripción electoral del Departamento de Risaralda; iii) Del numeral 5° del artículo 95 constitucional, al limitarse la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país a los ciudadanos que votaron en los comicios cuestionados.

1.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA

Ninguno de los elegidos Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010 contestó la demanda.

1.3 COADYUVANCIAS

El Señor José Fernando Bautista Quintero, actuando como ciudadano y en representación del Partido Social de Unidad Nacional, intervino en el proceso para coadyuvar las pretensiones de la demanda presentada por la Señora Adriana Vallejo de La Pava.

En ese sentido, manifestó que comparte con la demandante la interpretación que propone del artículo 176 de la Constitución Política, cuya aplicación en el caso concreto “permitirá que la doctora Adriana Vallejo de La Pava como miembro del Partido Social de Unidad Nacional ´Partido de la U´ y quien presentó su nombre dentro de la lista del partido, como candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento de Risaralda, sea la ciudadana llamada a ocupar la curul que se reclama”.

Por lo anterior, concluyó que la elección acusada, al estar fundada en el Decreto 4767 de 2005, resulta inconstitucional frente al contenido del artículo 176 superior.

2. PROCESO NUMERO 4025

2.1 LA DEMANDA

A. LAS PRETENSIONES.-

El Señor Luis Carlos Ramírez Múnera, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, presentó demanda para solicitar lo siguiente:

1° La nulidad de los actos administrativos de fecha 22 de marzo de 2006, por medio de los cuales se declaró la elección de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010.

2° El reconocimiento de los perjuicios causados al candidato afectado, en la cuantía que se determine en desarrollo del proceso.

B. LOS HECHOS

Como fundamento de las pretensiones, el apoderado del demandante sostuvo, en resumen, lo siguiente:

1° El demandante se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Risaralda en los comicios que se llevaron a cabo el 12 de marzo de 2006, al cabo de los cuales fueron elegidos Representantes por esa circunscripción territorial los Señores Juan Carlos Valencia Montoya, Diego Patiño Amariles, Carlos Enrique Soto Jaramillo y Diego Alberto Naranjo Escobar.

3° En tales comicios se cometieron “irregularidades de fondo en el sistema electoral, toda vez que generó confusiones en los votantes al momento de realizar su voto, generando resultados distintos al pretendido por los electores, en atención con su intención de elegir a su candidato”.

4° Ocurrió, así, que “en un gran porcentaje de las mesas, los jurados de votación erraron al momento de distribuir los votos entre los candidatos y el partido (sobre todo en aquellas listas donde el voto era preferente); contaron dos veces un voto (contabilizándolo tanto al candidato como al partido), se equivocaron al interpretar la ley electoral para la nulidad de los votos, anulando votos válidos; incurrieron en errores aritméticos al momento de realizar el conteo”.

5° Fue tal el impacto generado por las anomalías ocurridas que, mediante circular número 002 del 14 de marzo de 2006, el Procurador General de la Nación solicitó a los escrutadores que, oficiosamente, recontaran la votación a fin de verificar la veracidad de lo consignado por los jurados de votación. Esa labor, que apenas se hizo parcialmente, permitió encontrar errores en la distribución de votos, errores aritméticos, doble conteo de los votos, entre otras irregularidades.

Aclaró que la prueba de las irregularidades denunciadas surge de lo consignado en las actas de escrutinio zonal y municipal, las cuales “no fueron posibles de aportar toda vez que, aún cuando se realizó la solicitud a la Registraduría Municipal, no fue posible obtener tal información”.

C. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION.-

El apoderado del demandante, luego de transcribir el texto de los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo, anotó que, en el caso concreto, “el sistema electoral en sí presentó serios problemas en su aplicación, toda vez que ni los electores ni los jurados de votación entendieron con suficiencia la mecánica necesaria para llevar a buen fin las elecciones”.

Sostuvo que “la intención de esta acción electoral, primordialmente, radica en el hecho de poder motivar una revisión pormenorizada de las mesas con el fin de establecer a ciencia cierta si los jurados de votación le dieron aplicación expresa a la ley electoral, invalidando aquellos votos que si corresponden y determinando si la distribución de los votos entre los candidatos de los diferentes partidos corresponde a la realidad (…) lo que buscamos es que se conozca la realidad física de las elecciones contempladas en los votos, permitiendo con ello un beneficio, no sólo para mi poderdante, sino para todos los candidatos, electos o no, puesto que garantiza la transparencia y contundencia de quienes fueron electos para ocupar tan dignos cargos”.

Finalmente, indicó que, “con el ánimo de buscar la procedibilidad de la presente acción, me permito encuadrar los hechos relatados en la señalada [sic] en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, parte final del primer inciso, puesto que el sistema electoral impulsó la confusión de los electores, vulnerando su derecho fundamental al voto”.

2.2 CONTESTACION DE LA DEMANDA

Del demandado Carlos Enrique Soto Jaramillo.-

El Señor Carlos Enrique Soto Jaramillo, elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contestó la demanda, por intermedio de apoderado constituido para el efecto.

Destacó que las manifestaciones esbozadas por el actor son subjetivas, imprecisas y abstractas, en cuanto están referidas a irregularidades que no se determinan en modo alguno, como tampoco la manera cómo mediante ellas se logró alterar la voluntad de los electores.

Recordó al demandante que, además de las competencias de vigilancia y control que, en materia electoral, están a cargo de varias autoridades, la ley electoral prevé diferentes mecanismos que, en sede administrativa y por iniciativa de parte, permiten garantizar la pureza de las votaciones (artículos 118, 122 y 192 del Código Electoral). Lo anterior, para hacer ver que, de haberse promovido la reclamación del caso, ello hubiera permitido corregir las fallas o irregularidades que efectivamente hubiera demostrado.

Finalmente, llamó la atención sobre el indebido señalamiento de la causal de nulidad invocada por el demandante, al circunscribirlo a la parte final del primer inciso del artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, pues anotó que tal disposición no tiene más que un inciso y no señala una causal a la cual puedan referirse los hechos de la demanda, como tampoco lo hace el artículo 223, ibídem.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de las causales de nulidad invocadas por el accionante” y “genérica”.

Del demandado Diego Patiño Amariles.-

El Señor Diego Patiño Amariles, elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de la misma, en cuanto afirmó que el proceso electoral cuestionado se tramitó con sujeción a ley y, por tanto, es inaceptable lo alegado por el demandante en el sentido de sostener la ocurrencia de “irregularidades de fondo en el sistema electoral” y que, como consecuencia de esas irregularidades, se alteró la voluntad popular.

Explicó que, si bien se conoció que en algunas mesas de votación los jurados aplicaron criterios diferentes a los debidos, esa situación motivó la interposición de reclamaciones que permitieron el recuento de un considerable porcentaje de votos, corrigiéndose, así, la totalidad de los errores detectados, al punto de que en el escrutinio departamental no se presentó ninguna reclamación.

Finalmente, destacó que el demandante no acudió a las instancias administrativas a fin de corregir las irregularidades que alega como ocurridas, las cuales, en todo caso, no son claras, ni están referidas a hechos concretos o demostrables o que correspondan a alguna de las causales de nulidad de los invocados artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo; por el contrario, se exponen en términos generales, ambiguos y sin sustento probatorio.

Del demandado Juan Carlos Valencia Montoya.-

Por intermedio de apoderado, el Señor Juan Carlos Valencia Montoya, elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contestó la demanda para resaltar que la misma no formula cargo de nulidad alguno contra el acto de elección acusado -que más pareciera contra la constitucionalidad del nuevo sistema electoral- e incurre en un indebido ejercicio de la acción de nulidad de carácter electoral, pues la misma no fue concebida para “motivar una revisión pormenorizada de las mesas con el fin de establecer a ciencia cierta si l os jurados de votación le dieron aplicación expresa a la ley electoral”

Del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar.-

El Señor Diego Alberto Naranjo Escobar, elegido Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contestó la demanda, por intermedio de apoderado constituido para el efecto.

Sostuvo que lo manifestado por el demandante es ligero y tendencioso por lo abstracto e impreciso de los términos de la demanda, además de la carencia de respaldo probatorio de tales afirmaciones, habida cuenta de que la lectura del Acta de Escrutinio Departamental permite concluir que los registros definitivos de los escrutinios zonales y municipales no fueron objeto de reparo alguno en el escrutinio departamental.

En ese sentido, concluyó que “no existe una razón seria para instaurar la presente acción electoral, lo que sucede es que el actor con el ánimo de buscar un propósito particular pretende generar un ambiente de duda sobre la elección válida de los actuales representantes a la Cámara de Representantes por el Departamento de Risaralda, con fundamento en suposiciones que no puede identificar ni exponer razonadamente, demanda que bien puede ser calificada de temeraria y su autor debe ser castigado con una severa condena de costas (…) ya que mientras el día 13 de marzo de 2006 dirige escrito a mi representado felicitándolo por su elección y reconociendo la legitimidad de la misma, luego presenta la acción pública tendiente a desvirtuar la legalidad de la elección”.

Finalmente, propuso las excepciones que denominó y sustentó de la manera como se resume en cada caso:

1° Ausencia de causal de nulidad. En la demanda no se expresa en forma clara y precisa cuál es la causal de nulidad en que podría estar fundada la prosperidad de las pretensiones.

La cita que el demandante hace del artículo 227 del Código Contencioso Administrativo no es procedente como señalamiento de causal de nulidad alguna, pues ese precepto sólo se ocupa de regular las pautas generales que permiten hacer uso de la acción pública de nulidad de carácter electoral.

La supuesta confusión del electorado por la entrada en vigencia del nuevo sistema electoral es una carga que debe ser afrontada por todos los candidatos y, en ese sentido, si la causa de esa confusión es el sistema en sí mismo, lo procedente es cuestionar la constitucionalidad del mismo por la vía procesal del caso.

Es criterio reiterado de la jurisprudencia del Consejo de Estado la improcedencia del control integral de legalidad del proceso electoral, razón por la cual el examen del juez sólo puede abarcar los cargos que determine la demanda.

2° Inepta demanda por falta de requisitos legales. Ausencia de exposición de normas violadas y del concepto de la violación. La demanda tampoco contiene un análisis sobre las razones jurídicas que conducen a la nulidad que se solicita, pues no expone de qué modo los hechos denunciados permiten concluir en una infracción del ordenamiento.

3° Improcedibilidad de la acción electoral para obtener resarcimiento económico. No es válido que a través de la acción ejercida se busque el reconocimiento y pago de los perjuicios que se consideren causados por lo dispuesto en el acto administrativo acusado, pues para esa finalidad la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuyo trámite es diferente al seguido en este caso.

4° Falta de individualización del acto acusado. La demanda no individualiza claramente los actos que son atacados en nulidad. La declaratoria de nulidad que se pide del acta de escrutinio parcial da cuenta de que la pretensión de nulidad recae sobre los cómputos o escrutinios intermedios, lo cual desconoce la prohibición dispuesta al respecto en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo.

5° Presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. El acta general de escrutinio suscrita el 22 de marzo de 2006, por medio de la cual se declaró la elección acusada, goza de presunción de legalidad y así debe mantenerse, por expresar, de acuerdo con la ley, la manifestación libre de la voluntad de los electores del Departamento de Risaralda.

3. LA ACUMULACION

Mediante auto del 26 de octubre de 2006, esta Sala resolvió decretar la acumulación de los procesos electorales radicados bajo los números 3972 y 4025, promovidos ambos contra el acto de declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010.

4. ALEGATOS

De la demandante Adriana Vallejo de La Pava

En la oportunidad para alegar de conclusión, el apoderado de la demandante Adriana Vallejo de La Pava (proceso número 3972) intervino para insistir en la inconstitucionalidad del acto de declaratoria de elección acusado por razón de la inconstitucionalidad del Decreto 4767 de 2005 en el que aquél se funda, consistente en la contradicción que advierte entre el número de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda que resultó elegido y la fórmula aritmética dispuesta en el artículo 176 constitucional para la obtención de ese número en cada circunscripción territorial.

En primer término precisó que el dato poblacional al cual debió aplicarse la fórmula mencionada es el que corresponde a la población ajustada que resultó del censo nacional de población y vivienda realizado en el año 1985, tal como lo ha aceptado la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias del 26 de octubre de 1999 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente IJ-007, y del 2 de marzo de 2006 de la Sección Quinta, expediente 3813). Al respecto, explicó que al momento de la realización de un censo los datos obtenidos son, apenas, una muestra de la población en un porcentaje inferior al 100%, razón por la cual tales datos deben ajustarse a fin de superar el vacío de cobertura mencionado.

A continuación, se refirió a la que, según plantea, es la interpretación correcta de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política, según los criterios o métodos de interpretación que en cada caso se resumen:

Interpretación gramatical.

1° El texto del artículo 176 de la Constitución Política que se considera violado es del siguiente tenor: “Habrá dos Representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”.

2° Resulta claro, entonces, que la Constitución ordena que cada circunscripción territorial, por el hecho de serlo, esto es, sin tener en cuenta el factor poblacional, tenga derecho a elegir dos Representantes. Así surge de la conjunción copulativa “y” que sigue a la primera regla de ese enunciado, pues sólo con posterioridad a ella se alude a dicho factor.

3° La consecuencia jurídica del supuesto de hecho poblacional no es otra que cada circunscripción territorial tiene derecho a elegir un Representante más por cada doscientos cincuenta mil habitantes. Por tanto, el número adicional de Representantes resulta de aplicar la división en la cual i) el dividendo es el número de habitantes de una circunscripción territorial de acuerdo con los datos del censo nacional de población y vivienda realizado en el año 1985, según certificación que expide el Departamento Nacional de Estadística, DANE; ii) el divisor es la cifra de 250.000 habitantes; y iii) el número entero que surja como cuociente es el número de Representantes adicionales a los dos primeros.

4° A continuación aparece la conjunción disyuntiva “o”, que indica que la norma permite una alternativa para usar otro divisor y, por esa vía, determinar un número adicional de Representantes, sometido a una condición. Es así como, la fracción sobrante que no alcanza el divisor de la regla anterior, pero cuyo residuo es superior a ciento veinticinco mil habitantes, debe ser tenida en cuenta por el operador jurídico para adicionar una curul más al momento en que deba definir o publicar el número de curules, siempre y cuando dicha fracción se encuentre en exceso de los primeros doscientos cincuenta mil.

5° La expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” es la condición lógica que busca evitar que una región que, teniendo una población inferior a doscientos cincuenta mil habitantes, que es la regla inicial o común denominador para determinar la representación por factor poblacional, reclame una curul adicional por el sólo hecho de tener como población un número superior a 125.000 habitantes, como es el caso de los Departamentos como Casanare y Putumayo que cuentan con 147.472 y 174.219 habitantes, respectivamente. El constituyente condicionó la aplicación de la fracción al hecho de que la circunscripción territorial debe superar primero la base de 250.000 habitantes.

6° El soporte técnico de la interpretación gramatical lo constituye el concepto técnico que el Instituto Caro y Cuervo remitió al Consejo Superior de la Judicatura en el trámite de una acción de tutela conocida por esa Corporación, relacionado con la correcta interpretación que, desde la gramática, la filología y la ortografía, debe dársele al inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política.

Interpretación lógica.

1° La secuencia lógica del enunciado del artículo 176 de la Constitución Política es el siguiente: Habrá dos Representantes por cada circunscripción territorial (P) y (^) uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes (Q) o (#) fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil (R).

2° P indica que se tendrá derecho a dos Representantes por circunscripción. Q otorga el número de curules adicionales por el factor poblacional cuando al dividir la población de una circunscripción territorial por el denominador común de 250.000 habitantes, se obtiene un número entero.

3° R es una proposición condicional que da derecho a un Representante más, siempre que se tengan los primeros doscientos cincuenta mil y, adicionalmente, una fracción de habitantes mayor de 125.000 y menor de 250.000.

4° Como la conjunción ^ indica suma o adición, se tienen las siguientes alternativas: Alternativa A: (P ^ Q) cuando se es circunscripción territorial (P) y el cuociente arroja un número entero. Alternativa B: (P ^ Q # “R”) en el evento de que P y Q se cumplan y R no satisfaga la condición se puede obviar la proposición antecedida de #. Es decir, cuando teniendo los primeros doscientos cincuenta mil habitantes, la fracción resultante es inferior a 125.000 habitantes, bastará sumar el número que resulte P ^ Q. Alternativa C: (P ^ Q # R) Cuando R satisfaga la condición la disyunción # opera y permite adicionar un Representante por fracción mayor de 125.000 habitantes sobre los primeros 250.000.

Interpretación histórica. El análisis histórico reafirma el razonamiento expresado. Ciertamente, la evolución de la fórmula aritmética prevista constitucionalmente para la asignación de curules en la Cámara de Representantes y los trabajos preparatorios de la Constitución de 1991 en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente (Informe de Ponencia sobre Estructura, Composición y Funcionamiento de la Rama Legislativa del Poder Público y proposiciones formuladas en las sesiones de la Comisión Tercera y en las sesiones plenarias), permiten concluir que la intención del Constituyente de 1991 no fue la de reducir arbitrariamente la composición del Congreso, ni menos, aminorar la representación de todas y cada una de las regiones, al punto de que “en ninguna sesión de la Comisión Tercera, encargada de la reforma y estructura del Congreso, ni en las plenarias de la Asamblea, se dejó ver el más mínimo sentido o asomo de excluir los primeros 250.000 habitantes de cada circunscripción territorial, para empezar a asignar las curules correspondientes a la Cámara de Representantes”.

Interpretación sistemática y desde las fuentes formales y materiales.

1° La interpretación propuesta del inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política conlleva el desarrollo armónico de los derechos a elegir y ser elegido.

2° Es destacable que uno de los valores constitucionales que constituye fin esencial del Estado sea el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, el cual, a su vez, sirve de sustento axiológico, entre otros, del derecho a elegir y ser elegido y del derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

3° Un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución Política (sentencia C-574 de 1992, Corte Constitucional). Y ocurre que, dentro de los principios fundamentales reconocidos en la actual Carta Política, se encuentran el Estado Social de Derecho, la democracia participativa y pluralista, la igualdad y la supremacía de la Constitución.

4° El derecho fundamental a la conformación, ejercicio y control del poder político se ejerce a través de los representantes políticos. Por tanto, quedaría vacío de contenido o sería ineficaz, si el representante político se viera privado de ese derecho o privado en su ejercicio.

Interpretación teleológica. El fin de la fórmula adoptada por el Constituyente en el inciso segundo del artículo 176 superior no puede ser otro que el de garantizar la debida representación de cada uno de los Departamentos, permitiendo la reivindicación de aquella población menos favorecida.

Del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar.-

El apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar intervino en la oportunidad concedida para alegar de conclusión.

Además de reiterar las excepciones propuestas al contestar la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 3972), anotó que “del análisis conjunto de las dos (2) demandas acumuladas se puede concluir que dichos ataques de legalidad fueron infundados y que fueron la reacción ligera e infundada frente a un acto de elección que no les favoreció a los actores”.

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Procuradora Séptima Delegada (E) ante el Consejo de Estado rindió concepto de fondo para solicitar la desestimación de las pretensiones de las demandas acumuladas. Como sustento de esa petición se refirió, por separado, a cada una de las demandas, de la manera como se resume a continuación:

Demanda presentada por la Señora Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972)

En relación con la demanda presentada por la Señora Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972), transcribió apartes del concepto que en similares términos rindió esa Procuraduría Delegada en los procesos promovidos contra los actos de declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por los Departamentos del Huila, Nariño, Cauca, Caquetá, Atlántico y Antioquia, luego de precisar que en esos trámites como en éste “los supuestos de hecho y de derecho son idénticos”.

En tal concepto concluyó que “no hay por parte de las autoridades electorales desconocimiento del artículo 176 de la Carta Fundamental, tampoco por parte del Gobierno Nacional al expedir el Decreto 4767 del 2005, luego entonces, no es posible predicar del acto de elección vicio alguno”. Y, como razones de esa conclusión, expuso los argumentos que, en lo pertinente al caso, se resumen a continuación:

1° Se comparte con el demandante lo referido a la aplicación del censo nacional de población y vivienda del año 1985, como quiera que los resultados del mismo siguen vigentes en materia electoral, por razón de lo dispuesto en el artículo 54 transitorio de la Constitución Política y mientras no sea aprobado otro censo que lo sustituya.

2° El artículo 176 de la Constitución Política señala que cada una de las circunscripciones territoriales en que se halla dividido el territorio de la Nación elige dos Representantes, es decir que por la sola condición de circunscripción territorial elige dos Representantes.

3° No es ajustado a la Carta Política señalar que, además, elegirán uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes y otro más por fracción superior a ciento veinticinco mil habitantes, y entender para tal efecto, que a los dos primeros representantes se deben adicionar aquellos que resulten de las operaciones aritméticas que se efectúen sobre la base de considerar el total de la población del departamento, como lo plantea el demandante.

4° El actor plantea que la última parte del segundo inciso del artículo 176 constitucional, esto es, la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” se refiere o está conectado exclusivamente con el requerimiento de la fracción de los ciento veinticinco mil votos, lo cual no es cierto. Si así se entendiera el texto de la norma no tendría razón de existir; sería inocuo y superfluo, pues ocurriría igual que estuviese incorporado o no.

5° Interpretando esa expresión bajo el principio del efecto útil, esto es, garantizando una consecuencia real de la misma sobre sus destinatarios, se tiene que el número de Representantes que se deben elegir por el criterio poblacional debe partir de la deducción inicial de los doscientos cincuenta mil en cualquier caso, es decir, frente a cifras superiores a los doscientos cincuenta mil habitantes o frente a fracciones superiores a los ciento veinticinco mil habitantes. Por tanto, “para efectos de los Representantes adicionales, los primeros doscientos cincuenta mil habitantes no cuentan, éstos se deducen del total de la población certificada y sobre el resultado que arroje esta operación, es que se debe hacer la operación para efectos de determinar el total de representantes que elige la circunscripción territorial”.

6° La anterior hermenéutica “tiene una razón de ser, como es evitar que se presente una asimetría de representación congresional entre los departamentos de baja y alta población. Es verdad que el texto constitucional reconoce la diferencia de Representantes por el criterio poblacional -y ello es muy razonable-, pero también es verdad que tampoco debe existir una gran variación entre unos y otros departamentos, porque se establecería una desproporción que dejaría sin piso ese principio general y primer factor de determinación del número de representantes por cada circunscripción departamental, como lo es de dos”.

7° La interpretación gramatical o literal no puede desconocer que el sentido de las palabras no surge de manera independiente del contexto en el que éstas son emitidas y, menos aún, sin referencia al motivo y al propósito de su emisión.

Demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025)

1° Las excepciones denominadas “inexistencia de las causales de nulidad invocadas por el accionante” y “ausencia de causal de nulidad” no están llamadas a prosperar, en cuanto no pretenden enervar la acción incoada, sino plantear una mera crítica a la manera como fueron planteados los hechos, la cual, de ser cierta, obligará a que el demandante asuma las consecuencias que se deriven de su error.

2° Acerca de la excepción “genérica”, no se observa la ocurrencia de un hecho constitutivo de excepción.

3° En lo que tiene que ver con la excepción de “inepta demanda por falta de requisitos legales - ausencia de exposición de normas violadas y del concepto de violación” y con la de “falta de individualización del acto acusado”, la demanda cumple a cabalidad con los aludidos presupuestos.

4° Respecto de la excepción de “improcedibilidad de la acción electoral para obtener resarcimiento económico”, tal argumento no constituye excepción capaz de enervar el ejercicio de la acción, pues de existir alguna pretensión improcedente, es deber del juez desestimarla para pronunciarse sobre las procedentes.

5° La excepción de “presunción de legalidad de los actos administrativos demandados” se sustenta en argumentos que corresponde abordar al estudiar el fondo del asunto.

6° En cuanto al fondo del debate, se advierte que el demandante olvidó precisar las irregularidades que alega como sustento de su pretensión, lo cual impide adelantar el estudio del caso.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3°, del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998- y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 -modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003-, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de los procesos electorales de la referencia, promovidos para obtener la nulidad del acto que declaró la elección de los Señores Juan Carlos Valencia Montoya, Diego Patiño Amariles, Carlos Enrique Soto Jaramillo y Diego Alberto Naranjo Escobar como Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contenido en el Acta Parcial del Escrutinio de los Votos para Cámara de Representantes, formulario E-26CR, suscrito el 22 de marzo de 2006 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para ese Departamento.

Antes de resolver los cargos propuestos en las demandas acumuladas, son pertinentes algunas aclaraciones sobre determinadas cuestiones procesales previas que a continuación se precisan.

Primera cuestión procesal previa. De los impedimentos procesales.-

En el proceso promovido mediante demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025), dos de los demandados propusieron excepciones.

Así, mientras que el apoderado del demandado Carlos Enrique Soto Jaramillo, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de las causales de nulidad invocadas por el accionante” y “genérica”, el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar formuló las que llamó “ausencia de causal de nulidad”, “inepta demanda por falta de requisitos legales”, “improcedibilidad de la acción electoral para obtener resarcimiento económico”, “falta de individualización del acto acusado” y “presunción de legalidad de los actos administrativos demandados”.

Al respecto, la Sala considera que, pesar de que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos no hay lugar a proponer y tramitar excepciones previas, no hay duda de que las irregularidades procesales que tienen ese carácter deben analizarse, bien por petición de parte o de manera oficiosa, como impedimentos procesales.

En otras palabras, en el proceso contencioso administrativo los hechos constitutivos de excepciones previas no exigen un pronunciamiento a través de trámite incidental, sino que se analizan como irregularidades procesales, dado que tales hechos irregulares, aunque pueden ser planteados por el demandado o declarados por el juzgador, corresponden, en muchos casos, a presupuestos procesales de inexcusable observancia, en cuanto determinan la viabilidad del trámite de que se trate.

En este caso, considera la Sala que no todas las excepciones propuestas en el proceso promovido mediante demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) plantean asuntos cuyo análisis es procedente como cuestión procesal previa al estudio de fondo, según se explica a continuación.

Con las excepciones denominadas “inepta demanda por falta de requisitos legales”, “improcedibilidad de la acción electoral para obtener resarcimiento económico” y “falta de individualización del acto acusado” el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar alega el incumplimiento de determinados requisitos formales a los cuales se somete la interposición de la demanda que se presente en ejercicio de la acción de nulidad de carácter electoral, como condiciones mínimas para entender satisfecho el presupuesto procesal de demanda en forma en esta clase de procesos.

No ocurre lo mismo, con las excepciones denominadas “inexistencia de las causales de nulidad invocadas por el accionante”, “ausencia de causal de nulidad” y “presunción de legalidad de los actos administrativos demandados”, pues con ellas se ofrecen razones con las cuales se pretende del juez una conclusión desestimatoria de la prosperidad de los cargos con los cuales, el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) pretende desvirtuar la legalidad de la decisión acusada. Bajo ese entendido, el estudio de tales razones de defensa debe efectuarse en la oportunidad correspondiente al estudio de fondo.

Finalmente, respecto de la excepción genérica planteada por el apoderado del demandado Carlos Enrique Soto Jaramillo, basta con señalar que la misma no plantea, en términos concretos, -y no podría hacerlo, dada su naturaleza indeterminada- la falencia de un determinado presupuesto presupuestal, como para concluir que lo expuesto como sustento de esa excepción exige un pronunciamiento de esta Sala como cuestión previa al estudio de fondo. En todo caso, es evidente que lo alegado por el excepcionante no hace más que reiterar el deber que, para el juez, surge de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada” (Destaca la Sala). Por tanto, atendiendo a lo señalado en esa norma, de concluirse en la ocurrencia en el caso sub iudice de la hipótesis objetivamente señalada en esa norma, se procederá en consecuencia.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala, entonces, como primera cuestión procesal previa al estudio de fondo, determinar si los términos en que fue redactada la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) permiten tener por satisfechos los requisitos formales que el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar alega como incumplidos al proponer las excepciones que denominó “inepta demanda por falta de requisitos legales”, “improcedibilidad de la acción electoral para obtener resarcimiento económico” y “falta de individualización del acto acusado”.

El análisis, por separado, de cada una de tales exigencias se efectúa a continuación.

1° Indicación de las normas violadas y explicación del concepto de su violación.

En criterio del apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar, la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) “presenta una serie de falencias en su elaboración, a más de no establecer en forma clara y precisa la causal de nulidad que origina la acción electoral, como se indicó, tampoco realiza un juicioso análisis jurídico que lleve a la declaratoria de nulidad buscada, el actor tan sólo se limita a circunscribir sus dichos hipotéticos en lo enunciado en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo sin exponer cuál es el hecho irregular, cuáles son las normas que establecen dicho hecho y sobre todo cuál es el fundamento para afirmar su infracción”. Y, al alegar de conclusión, ese mismo apoderado insistió en que “se presenta el vicio de inepta demanda, toda vez que en el libelo no se indica en forma clara y precisa cuáles son las normas violadas, ni mucho menos cuál es el concepto de la violación”.

Al respecto, la Sala encuentra que tal reparo del excepcionante no coincide con lo que se desprende de la lectura de la demanda calificada por él como inepta, pues allí se advierte un capítulo denominado “Normas violadas y concepto de la violación”, en el cual, luego de la transcripción de los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo, aparece desarrollado el concepto de violación de las mismas, de la manera como quedó resumido en los antecedentes de esta providencia.

En esta forma, el requisito formal de la demanda de que trata el numeral 4° del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y que, según el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar, fue desatendido por el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025), en realidad, se entiende satisfecho.

En todo caso, el hecho de que respecto de determinadas normas invocadas como infringidas se omita el señalamiento expreso del concepto de su violación no impone considerar inepta la demanda, pues, sin perjuicio de la interpretación integral que el juez de conocimiento debe dar a la demanda a fin de precisar el verdadero fundamento y alcance de la pretensión, lo evidente es que aún en aquellos eventos en que no sea posible identificar el cargo que por violación de una determinada norma se plantee, ello no exime al juez de su deber de resolver sobre la alegada infracción de otras normas respecto de las cuales no se presente esa imposibilidad.

Con la exigencia del numeral 4° del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, según la cual “cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”, se pretende de la demanda un mínimo de razonabilidad que permita delimitar la problemática jurídica a considerar en la sentencia. En ese sentido, como lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequible esa norma, “en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio. En tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad”[1].

Con todo, no siendo cierta la irregularidad manifestada, no hay lugar a considerar indebida la formulación de la demanda, por razón del vicio alegado mediante la excepción denominada “inepta demanda por falta de requisitos legales”.

2° Improcedibilidad de pretensiones de restablecimiento de derechos subjetivos.

Es cierto, como lo plantea el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar, que la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) plantea una pretensión de restablecimiento de un derecho subjetivo patrimonial.

En efecto, como segunda pretensión de esa demanda se lee lo siguiente:

“2. Que por lo anterior se reconozcan los perjuicios causados al candidato afectado, en la cuantía que sea previamente determinada por un auxiliar de la justicia, en el momento en que sea resuelta favorablemente la presente acción.”

la acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa que se acusa, pues, como acción de nulidad que es, está dirigida, sin más, a dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo ilegal o inconstitucional.

En efecto, la acción de nulidad de carácter electoral busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa que se acusa, pues, como acción de nulidad que es, está dirigida, sin más, a dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo ilegal o inconstitucional.

De hecho, la acción de nulidad, llámese general o especial, pretende única y exclusivamente dejar sin efectos jurídicos un acto administrativo y, precisamente, ese objeto es lo que diferencia la acción de nulidad (simple o electoral) de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues esta última busca, además de la nulidad del acto administrativo, el restablecimiento de un derecho individual y concreto.

En esta oportunidad la vía procesal escogida por los demandantes de los procesos acumulados es la que, de conformidad con los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, permite controvertir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento. Y, como quiera que mediante el ejercicio de tal acción especial de nulidad no es posible pretender el restablecimiento de derecho particular alguno, es del caso concluir en el indebido planteamiento de la pretensión que en ese sentido formuló el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025).

Es claro, entonces, que la demanda muestra falta de técnica en la formulación de las pretensiones, pues mediante la acción de nulidad solo se puede pretender la declaración de nulidad del acto administrativo que se demande por alguna de las causales de nulidad establecidas en la ley y, en modo alguno, una declaración consecuencial de esa declaración de nulidad.

Tal conclusión se reafirma si se advierte que la pretensión de restablecimiento subjetivo planteada no podría dar lugar al ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es evidente que el acto demandado no implicó para el citado demandante la pérdida de un derecho subjetivo, v.gr. la pérdida de la calidad de Representante elegido, como para que válidamente pudiera pretender el restablecimiento de un derecho subjetivo afectado.

En esta forma, no obstante la ineptitud sustancial parcial de la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) -esto es, en cuanto a la pretensión consecuencial precisada-, la Sala asumirá exclusivamente el estudio de la pretensión de nulidad que en cada caso se formula y, en caso de que algún cargo prospere, se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la respectiva pretensión de restablecimiento del derecho subjetivo que se plantea de modo consecuencial.

3° Individualización del acto acusado.

Según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, se tiene que, “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos” (Subraya la Sala).

Ocurre que la primera pretensión de la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera se redactó en los siguientes términos (proceso número 4025,):

“1. Que se declare la nulidad de los actos de fecha 22 de marzo de 2006, a través de los cuales se declaró la elección de Representantes a la Cámara por el departamento de Risaralda para el período comprendido entre el año 2006 al año 2010, según consta en las actas de escrutinio general y parcial cuyas copias auténticas se adjuntan.”

Acerca de la forma como fue planteada esta pretensión, el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar considera indebida su formulación y, por esa vía, inepta la demanda, en cuanto sostiene que la referencia que se hace a las actas de escrutinio parcial dan cuenta de que lo solicitado es, en realidad, “que se declare la nulidad de los cómputos o escrutinios intermedios”.

En relación con el reparo formulado, sea lo primero precisar que el acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, está contenido en un único documento electoral, en este caso, en el Acta Parcial del Escrutinio de los Votos para Cámara de Representantes, formulario E-26CR, suscrito el 22 de marzo de 2006 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para ese Departamento. Así se desprende de la lectura de ese formulario que en copia autenticada aparece en uno de los procesos acumulados (folios 5 a 26, proceso número 3972).

Precisado lo anterior, la Sala considera que el señalamiento que en sentido plural hizo el demandante al momento de identificar el documento electoral contentivo del acto administrativo acusado no obliga a concluir en la indebida individualización “del acto por medio del cual la elección se declara”, en los términos exigidos por el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, antes trascrito.

En efecto, a pesar de que la nulidad parcial que persigue el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera la solicita de “los actos de fecha 22 de marzo de 2006”, no hay duda de que, al concretar, a renglón seguido, que tales actos corresponden a aquellos “a través de los cuales se declaró la elección de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período comprendido entre el año 2006 al año 2010”, es posible, sin mayor esfuerzo, entender correctamente individualizado el acto administrativo de declaración de elección acusado mediante la demanda en cuestión.

De modo que, si bien no hay duda de que la demandante incurre en error al referirse en sentido plural al documento electoral que contiene el acto administrativo por medio del cual la elección acusada por ella fue declarada, como quiera que tal documento es uno sólo (Acta Parcial del Escrutinio de los Votos para Cámara de Representantes, formulario E-26CR, suscrito el 29 de marzo de 2006 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para el Departamento de Risaralda), ocurre que tal error no impide entender que lo realmente pretendido por el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera es la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010.

Conviene precisar que la exigencia de la individualización del acto acusado de que trata el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo se explica por razón de la necesidad de determinar con claridad el acto definitivo sobre el cual es posible una declaración de nulidad por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, pues se recuerda que, en términos generales, el control de legalidad de los actos administrativos confiado a la jurisdicción contencioso administrativa (artículos 83 y 84, ibídem) se limita a los denominados actos administrativos definitivos, esto es, se circunscribe a aquellos actos administrativos propiamente dichos, en cuanto deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o ponen fin a una actuación administrativa (artículos 50 y 59, ibídem), lo cual excluye, por tanto, el examen de legalidad de los actos de trámite, cuya única finalidad es la de dar impulso a la actividad preliminar de la administración o servir de medio para que posteriormente se expida la decisión final o definitiva.

La Sala concluye, entonces, que, como en la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) es posible identificar como acto acusado en nulidad un acto definitivo susceptible de anulación por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, esto es, aquel por medio del cual la elección cuestionada fue declarada, para la Sala es claro que en este caso no hay lugar a considerar indebidamente individualizado el acto demandado.

Determinado lo anterior, la Sala procede al estudio de fondo de la controversia.

El fondo de la controversia

En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección de los Señores Juan Carlos Valencia Montoya, Diego Patiño Amariles, Carlos Enrique Soto Jaramillo y Diego Alberto Naranjo Escobar como Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, contenido en el Acta Parcial del Escrutinio de los Votos para Cámara de Representantes, formulario E-26CR, suscrito el 22 de marzo de 2006 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para ese Departamento.

La demandante Adriana Vallejo de La Pava (proceso número 3972) dirige la pretensión de nulidad contra el acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010 con el fin de que, luego de inaplicar por inconstitucional el Decreto 4767 de 2005, se practique un nuevo escrutinio al cabo del cual se asigne a esa circunscripción territorial el número de Representantes que corresponda, de conformidad con la fórmula matemática adoptada en la Constitución Política, aplicada a los resultados del censo nacional de población y vivienda practicado en el año 1985.

A su turno, el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) dirige la pretensión de nulidad contra el acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, como consecuencia de irregularidades que, según plantea, ocurrieron en la jornada electoral que culminó con la expedición de ese acto de declaratoria de elección.

Enseguida, la Sala procede al estudio de los cargos propuestos en las demandas acumuladas.

Primer cargo. Del indebido número de curules proveídas, derivado del equivocado cálculo aritmético efectuado por el Gobierno Nacional al fijar el número de Representantes a elegir por cada circunscripción territorial (proceso números 3972).

La demandante Adriana Vallejo de La Pava (proceso número 3972) cuestiona la constitucionalidad del acto de declaratoria de elección acusado en lo relativo al número de curules de Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda que, por medio de ese acto, fueron proveídas. En ese sentido, plantea que en la determinación del tal número no se efectuó el cálculo aritmético fijado para el efecto en el artículo 176 de la Constitución Política, en los términos de la fórmula allí expresada, pues, de haber sido así, el resultado obtenido habría sido de cinco curules por proveer y no de cuatro, como finalmente quedó determinado en el acto demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4767 de 2005, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el número de Representantes a la Cámara, por cada circunscripción territorial, que se elegirían en los comicios a celebrar el 12 de marzo de 2006, cuya inaplicación también solicita.

Con todo, pide la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado para, como consecuencia de ello, ordenar la realización de un nuevo escrutinio que, permita, a partir de las cifras del censo nacional de población y vivienda de 1985, proveer el número de curules que, de conformidad con la Constitución y la ley sea procedente.

A fin de resolver el asunto así planteado, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones generales sobre el alcance de la excepción de inconstitucionalidad para, posteriormente, resolver la que se entiende planteada en este caso contra el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005.

El fundamento de la excepción de inconstitucionalidad se encuentra en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales".

La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.

Se le califica como control de constitucionalidad concreto porque carece de la nota de generalidad que es propia del control en abstracto, puesto que la definición acerca de si existe o no incompatibilidad entre la norma inferior y las constitucionales debe producirse en el caso específico, singular, concreto, y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese marco jurídico preciso. Se habla, por tanto, en este caso de un efecto inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en el caso.

En síntesis, la excepción de inconstitucionalidad constituye una excepcional figura de control de constitucionalidad que, en términos del artículo 4° de la Constitución Política, impone a todos los funcionarios encargados de aplicar una determinada norma jurídica, sin excepción, el deber de inaplicarla en una situación concreta, con efectos sólo respecto de dicha situación, cuando quiera que razonablemente y en términos objetivos advierta que entre dicha norma y la Constitución Política existe incompatibilidad.

Precisado lo anterior, se recuerda que la solicitud de inaplicación al caso de la norma pertinente del artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 se estructura a partir de una única acusación. Se trata de aquella que, en criterio de la demandante Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972), permite sostener la inconstitucionalidad de la cifra allí señalada -aplicada al momento de declarar la elección acusada- como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006, en cuanto, según plantea, se trata de una cifra obtenida como resultado de un indebido entendimiento de la fórmula del inciso segundo del artículo 176 constitucional.

En primer término, se advierte que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2006[2], ejecutoriada el pasado 23 de enero, esta Sala negó la pretensión de nulidad del Decreto 4767 de 2005, por el cual se señaló el número de Representantes a la Cámara a elegir el 12 de marzo de 2006, formulada en demanda en la que se planteó, entre otros, un cargo similar al expuesto por la demandante Adriana Vallejo de la Pava (proceso número 3972).

Por tanto, para responder a las censuras planteadas en esta oportunidad, la Sala acude, con las precisiones que se expondrán más adelante, a los argumentos pertinentes que, con más detalle, se expusieron en la citada sentencia.

Acerca del contenido normativo de la disposición cuya inaplicación se solicita, se tiene que, en lo pertinente al caso, el Decreto 4767 de 2005, “Por el cual se fija el número de Representantes a la Cámara que se elegirán por Circunscripción Territorial, Circunscripción Especial y Circunscripción Internacional” (Diario Oficial número 46.137 del 30 de diciembre de 2005), es del siguiente tenor:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 176 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 2 de 2005, habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil;

Que de conformidad con lo señalado en el citado artículo, para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial;

(…)

Que si bien en el año 1993 se realizó un Censo Nacional de población y vivienda, este no fue adoptado mediante ley de la República, tal como lo exige la Ley 179 de 1993, y en consecuencia, para determinar el correspondiente número de Representantes a la Cámara, por circunscripción territorial deben tenerse en cuenta los resultados del Censo Nacional de población y vivienda realizado por el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, el 15 de octubre de 1985, como lo establece el artículo 54 transitorio de la Constitución Política, los cuales fueron certificados por el DANE;

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211 del Código Electoral, se hace necesario publicar el número de Representantes a la Cámara que se elegirán por Circunscripción Territorial, Circunscripción Especial y Circunscripción Internacional,

DECRETA:

Artículo 1°. En las elecciones que se realicen el próximo 12 de marzo de 2006, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá, elegirá el número de Representantes a la Cámara que a continuación se señala:

(…)

Risaralda 4 (cuatro)

(…)

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.”

No hay duda, entonces, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, eran cuatro los Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debía elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006.

De otra parte, en relación con el contenido normativo de la disposición constitucional que se considera desconocida con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se tiene que, en materia de circunscripciones territoriales, esto es, las que corresponden a cada Departamento y al Distrito Capital de Bogotá, el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política, en su redacción original, fijó una fórmula aritmética para determinar el número de Representantes a la Cámara que a cada circunscripción corresponde elegir.

Dicha fórmula fue mantenida en su tenor literal en la redacción del artículo 1° del Acto Legislativo 002 de 2005, que modificó el artículo 176 de la Constitución Política, cuya vigencia, según el artículo 2° de ese mismo Acto Legislativo, se cuenta “a partir de las elecciones a realizarse en el año 2006”.

Posteriormente, la redacción de esa fórmula varió con la modificación que al artículo 176 de la Constitución Política le introdujo el artículo 1° del Acto Legislativo 003 de 2005. No obstante, según previsión expresa del artículo 2° de este último Acto Legislativo, “Lo dispuesto en este Acto Legislativo en relación con la conformación de la Cámara de Representantes por circunscripciones territoriales regirá a partir de las elecciones que se celebren en el año 2010”.

Es claro, entonces, que la fórmula a la cual debía someterse el cálculo del número de Representantes a la Cámara que por cada circunscripción territorial se eligieron el pasado 12 de marzo de 2006, corresponde a aquella que, por expreso mandato de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 002 de 2005, fue fijada con ocasión de esa reforma, esto es, la consignada en la redacción original del artículo 176 de la Carta Política, pues, según se indicó, la modificación que ese Acto Legislativo le introdujo a ese precepto superior no implicó variación alguna de los términos con que inicialmente fue concebida la regla que se comenta.

Así las cosas, la fórmula aritmética que se alega como infringida es aquella expresada en los siguientes términos:

“Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.”

Ahora bien, como lo planteado en este caso es, en primer término, una indebida interpretación, por parte del Gobierno Nacional, de la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, corresponde a la Sala, entonces, definir el sentido y alcance de esa norma superior, antes transcrita.

Al respecto, la Sala encuentra que la redacción original del inciso segundo del artículo 176 de la actual Constitución Política -que coincide con la del Acto Legislativo 002 de 2005- no varió la manera como, desde la reforma constitucional de 1968, fueron articulados los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de curules para Representantes a la Cámara, en lo que, en una y otra época, corresponde a las circunscripciones ordinarias (hoy llamadas indistintamente territoriales, por la conversión a Departamentos de los antiguos Territorios Nacionales que no tenían esa categoría).

A continuación, se presentan, de manera esquemática tales semejanzas, destacando los factores cuantitativos que constituyen la única diferencia que surge de la literalidad de cada una de las fórmulas:

Criterios de

Asignación de curules

Reforma constitucional

de 1968

Constitución Política

de 1991 (A.L. 002 de 2005)

Criterio territorial

Dos Representantes por cada Departamento.

Dos Representantes por cada circunscripción territorial.

Criterio poblacional

Uno más por cada cien mil o fracción mayor de cincuenta mil habitantes que tenga en exceso sobre los primeros cien mil.

Uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Es claro que, como venía ocurriendo desde 1968 en materia de circunscripciones ordinarias, la redacción de la regla constitucional da cuenta de que la articulación de los criterios territorial y poblacional en la configuración de la fórmula de asignación de escaños en la Cámara de Representantes conlleva, en la práctica, a la obtención independiente de un resultado por cada componente -territorial y poblacional- de dicha fórmula.

En otras palabras, el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial es el resultado de sumar cada uno de los resultados parciales que se obtienen por la aplicación de cada uno de los criterios de la fórmula constitucional.

A continuación, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la hermenéutica de cada uno de los componentes de esa fórmula.

Fue intención del Constituyente de 1991 mantener el mínimo de representación igualitaria que a cada circunscripción ordinaria reconoció la reforma constitucional de 1968, acudiendo para ello a la aplicación directa del criterio territorial, esto es, asignando a cada circunscripción electoral un número idéntico y estable de escaños, independientemente de la población de la respectiva circunscripción.

De manera que el primer componente de la fórmula que se analiza, esto es, el que responde a la aplicación del criterio territorial, debe interpretarse en el sentido de que, por medio de ese primer componente, se asigna a cada circunscripción territorial, por el sólo hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes.

Se dice que sin ninguna consideración a su población, pues, se insiste, además de que así se desprende del tenor literal de la fórmula, ocurre que desde la reforma constitucional de 1968, el Constituyente consideró necesario garantizar el principio de igualdad por el factor territorial en materia de representación política en la Cámara de Representantes.

Ahora, respecto del alcance del componente poblacional de la fórmula, se recuerda que el mismo quedó redactado en los siguientes términos:

“uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.”.

En primer lugar, esta Sala considera pertinente precisar el sentido de la condición o exigencia que aparece al final de la fórmula, redactada en los siguientes términos: “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”.

Al respecto, contrario a la tesis expuesta por la demandante, considera la Sala que ese condicionamiento se predica de la totalidad del componente poblacional de la fórmula, es decir, tanto de la representación que se obtiene “por cada doscientos cincuenta mil habitantes”, como de la que surge por la “fracción mayor de ciento veinticinco mil” y no, únicamente, de esta última.

Lo anterior, al menos, por dos razones.

En primer lugar, por una razón lógica. La expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” es un condicionamiento que se predica de la totalidad del componente poblacional de la fórmula que se estudia y no, únicamente, de la representación que se obtiene por fracción mayor de 125.000 habitantes, según surge del propio tenor literal de la norma constitucional.

Para la Sala no hay duda de que si lo pretendido por el Constituyente con la introducción de la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” hubiera sido, sin más, reafirmar la manera eventual como opera la representación que se obtiene por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 habitantes), lo lógico hubiera sido acudir a un texto con redacción diferente.

En otras palabras, si lo pretendido era hacer expreso lo que se entendía implícito en la tradicional redacción de la norma (véanse las reformas constitucionales de 1930, 1940, 1945 y 1959), lo lógico hubiera sido adoptar un texto que, en realidad, reflejara esa finalidad, esto es, que reafirmara la manera eventual como opera la representación por fracción de población.

Bajo la tesis hermenéutica que propone la demandante, según la cual la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil” es un condicionamiento que se predica exclusivamente de la representación que se obtiene por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 habitantes), habría que concluir que la manera eventual como opera esa representación excepcional estaría referida, exclusivamente, al agotamiento de “los primeros doscientos cincuenta mil”.

En otras palabras, la tesis propuesta por la demandante implicaría aceptar que la representación que se obtiene por fracción mayor de 125.000 habitantes sólo opera en aquellos eventos en que esa porción surge inmediatamente se agotan “los primeros” 250.000 habitantes, lo cual limitaría irrazonablemente la representación excepcional que el Constituyente quiso garantizar a todas las circunscripciones que contaran con una fracción considerable de población luego de agotar, en ilimitado número de veces -no sólo una-, la base general de población.

La segunda razón es de naturaleza histórica. El condicionamiento que se analiza, es decir, aquel que obliga a aplicar el factor poblacional de la fórmula a un número de habitantes menor al de la totalidad de la respectiva circunscripción, se introdujo en el constitucionalismo colombiano, por primera vez y con ese alcance, en la reforma constitucional de 1968.

En efecto, los reformistas de 1968 introdujeron la expresión “que tenga en exceso sobre los primeros cien mil” en la configuración de la fórmula de distribución de curules en la Cámara de Representantes con el fin de impedir que la aplicación del criterio poblacional -en la forma como tradicionalmente venía haciéndose- condujera, en la práctica, a un resultado distinto del pretendido con la reforma, orientada, más que a otorgar una representación territorial fija, a reducir el número de Representantes que en los siguientes comicios se elegirían con base en el dato poblacional que arrojó el censo nacional de población que para la época era aplicable.

Ciertamente, consta en tales antecedentes el rechazo expreso de la aplicación simple o sin condicionamiento alguno del factor poblacional de la fórmula de distribución de curules en la Cámara de Representantes, como quiera que, según se precisó por los reformistas de entonces, en la nueva configuración de esa fórmula “no hay razón alguna en que para la distribución por la población, vuelva a contarse la que muchas veces no es suficiente siquiera para obtener las dos sillas iniciales, si jugara libremente la base”[3].

Con todo, la Sala concluye que la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, contenida en el inciso segundo del artículo 176 de la Carta Política, es un condicionamiento que, desde su introducción en la reforma constitucional de 1968, pretende impedir que la aplicación ilimitada del componente poblacional de la fórmula conduzca, en la práctica, a aumentar irrazonablemente el número de Representantes a la Cámara. Y, bajo ese entendido, es claro que tal condicionamiento se predica de la totalidad del componente poblacional de la fórmula y, por tanto, obliga a que la representación que se obtiene por la base general de población (250.000 habitantes) como la que se obtiene de manera eventual por la base excepcional de población (fracción mayor a 125.000 habitantes) se calcule sobre la cifra total de población de la respectiva circunscripción, luego de descontar de ella los primeros 250.000 habitantes.

Esclarecido el alcance de la condición a la que se somete la representación que se obtiene por el factor poblacional, es del caso precisar el sentido de cada uno de los componentes de ese factor.

Descontados los primeros 250.000 habitantes del total de población de la respectiva circunscripción territorial, la primera parte del componente poblacional de la fórmula, esto es, la expresión “uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil”, plantea una disyuntiva que se resuelve entendiendo que la segunda opción (fracción mayor de 125.000 mil habitantes) regula una hipótesis eventual que puede operar, o bien al comienzo de la labor de cálculo, ante la imposibilidad de aplicar en el caso concreto la primera opción por no alcanzar el mínimo de habitantes exigido (cada 250.000 habitantes), o bien al final, de manera posterior o sucedánea a la aplicación efectiva de esa primera opción (cada 250.000 habitantes); pero en todo caso, por una vez.

Al respecto, es del caso anotar que en la oportunidad en la cual esta Sala se ocupó de estudiar las censuras que en su momento se dirigieron, de manera directa, contra el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005, se señaló que la representación que se obtiene por la aplicación de la segunda opción del criterio poblacional (fracción mayor de 125.000 habitantes) se justificaba por la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población que da derecho a un Representante (250.000 habitantes), surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población en la cifra total de habitantes de cada circunscripción.

Y, con apoyo en esa finalidad, se sostuvo que la representación por fracción de población sólo podía operar al final de la labor de cálculo, en cuanto exigía la reunión simultánea de dos condiciones. De una parte, la aplicación efectiva de la primera opción, esto es, que con ella se obtuviera al menos una curul y, de otra, la producción de una fracción de población en el resultado de esa primera opción.

Pero ocurre que en esta oportunidad, reexaminando el asunto, advierte la Sala que si bien es válido el planteamiento sobre la finalidad que inspiró el reconocimiento de la representación por fracción de población, no resultan igualmente explicables los condicionamientos a los que, en su momento, se entendió sometida esa eventual representación, pues, ahora se encuentra que tales límites, en realidad, no reflejan el verdadero sentido y alcance de la disposición constitucional en el punto que se analiza.

En efecto, del tenor literal de la fórmula de representación poblacional (uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil) no surge una limitante en el sentido de que la segunda opción sólo puede operar luego del agotamiento eficaz de la primera y que, por tanto, no pueda operar desde el comienzo del cálculo, es decir, a falta de la base general de población (250.000 habitantes), descontados los primeros 250.000 habitantes del total de la población.

Además, esa limitante tampoco surge de la finalidad pretendida por la disposición, esto es, de la necesidad de otorgar representación a un número significativo de habitantes que, siendo apenas una porción de la base general de población, surge luego de advertirse la presencia, al menos en una única vez, de esa base general de población. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que, según se precisará enseguida, la representación poblacional es cuestión que se determina luego de descontar de la población total de la respectiva circunscripción territorial la base general de población (250.000 habitantes), como quiera que la representación poblacional, en una y otra opción, se obtiene a partir de determinado número de habitantes que las circunscripciones “tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”. Por tanto, la fracción de población que da derecho a un representante, cuando tal opción opera al comienzo del cálculo, es decir, en ausencia de la base general de población (250.000 habitantes), es cuestión que, en la práctica, resulta luego de descontar por una vez los primeros 250.000 habitantes del total de la población de la respectiva circunscripción territorial.

En ese sentido, es válido sostener que la representación por fracción de población, tanto si opera al comienzo de la labor de cálculo, esto es, en reemplazo de la primera opción (cada 250.000 habitantes), como si opera al final, es decir, de manera posterior o sucedánea a la aplicación efectiva de la primera opción (cada 250.000 habitantes), en la práctica siempre implicará la presencia, al menos una vez, de la base general de población (250.000 habitantes) en el total de la población de la circunscripción territorial de que se trate, descontados los primeros 250.000 habitantes. Esto quiere decir que las circunscripciones territoriales que no tengan más de 250.000 habitantes como población total, no alcanzan curul alguna por el factor poblacional, pues la exigencia constitucional para la aplicación de ese criterio es el de que, descontados los primeros doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos tenga más de 125.000.

Es decir que, para determinar el número de curules de una circunscripción territorial, en primer término, se le asignan dos curules independientemente del número de habitantes. Luego, para establecer las curules por el factor poblacional, se descuentan 250.000 habitantes del total de la población del respectivo departamento y, sobre el remanente de población, se hace el cálculo asignando una curul por cada 250.000 habitantes. Y, si dicho remanente es inferior a 250.000 habitantes, pero superior a 125.000, se le asigna una curul. Igualmente se asigna una curul en el evento de que, agotada la operación de asignación de curules a razón de una por cada 250.000 habitantes, quede un excedente superior a 125.000 habitantes.

Interpretada en los anteriores términos la fórmula aritmética prevista en el inciso segundo del artículo 176 constitucional para calcular el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial, considera la Sala que la hermenéutica expuesta coincide con la aplicada por el Gobierno Nacional al calcular el número de Representantes a la Cámara que el Departamento de Risaralda debió elegir en los comicios del 12 de marzo de 2006.

Lo anterior, por cuanto la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 da cuenta que el cálculo realizado por el Gobierno Nacional para efectos de determinar el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda se realizó de acuerdo con lo ordenado en el artículo 176 constitucional, según se explica a continuación.

Se recuerda que el componente territorial de la fórmula asigna a cada circunscripción territorial, por el mero hecho de serlo y sin ninguna consideración a su población, dos curules en la Cámara de Representantes.

De otra parte, se tiene que, según se precisó antes, descontados los primeros 250.000 habitantes del total de la población de la respectiva circunscripción territorial, el componente poblacional de la fórmula plantea una disyuntiva así: Primera opción: Un representante por cada vez que, efectuado el descuento antes mencionado, la base general de población que da derecho a un escaño (250.000 habitantes) esté presente en la población de la circunscripción territorial. Segunda opción: Un único representante por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 mil habitantes) que surja, tanto al inicio del cálculo por la imposibilidad de aplicar la primera opción, como al final, esto es, luego de la aplicación efectiva de esa primera opción, una vez ésta se haya agotado.

Como surge de lo anotado, la aplicación de las opciones que integran el componente poblacional de la fórmula se encuentra condicionada por la expresión “que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil”, lo que obliga a que la representación que se obtiene por la base general de población, como la que se obtiene de manera eventual por la base excepcional de población, se calcule sobre la cifra total de población de la respectiva circunscripción, luego de descontar de ella los primeros 250.000 habitantes.

Precisado lo anterior, para la Sala es claro que, para la fecha en que fue expedido el Decreto 4767 de 2005 la población oficial de cada circunscripción territorial correspondía a la cifra de población ajustada que, en cada caso, resultó del censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 1985 -por corresponder al censo vigente para la época, debidamente incorporado al ordenamiento jurídico mediante el artículo 54 transitorio de la Constitución Política de 1991-.

Por tanto, el número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda en los comicios del 12 de marzo de 2006 es el que surge de la operación aritmética que, para mayor claridad, se presenta en el siguiente cuadro:

Criterio

Territorial

Criterio Poblacional

Total

Población

1985

Exceso

Opción 1

Cada 250.000 h

Opción 2

Fracción > 125.000 h

2

652.872

402.872

1

1

4

De manera que el Departamento de Risaralda tiene derecho a la representación que otorga el criterio territorial en forma igualitaria a todas las circunscripciones, a razón de dos curules. Adicionalmente, por razón de su población -según el censo nacional de población realizado en el año 1985- y descontados los primeros 250.000 habitantes, esa circunscripción territorial alcanza dos curules en la Cámara de Representantes.

En efecto, una vez descontados los primeros 250.000 habitantes, el exceso que se produce (402.872) alcanza a contener una única vez la base general de población (402.872 / 250.000 habitantes = 1.61), generándose una fracción (152.872 habitantes) que resulta suficiente para obtener una curul adicional por la base excepcional de población (fracción mayor de 125.000 habitantes).

Así las cosas, la cifra fijada en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 como número de Representantes a la Cámara que correspondía elegir al Departamento de Risaralda no contraviene lo ordenado en el artículo 176 constitucional. Antes bien, es el resultado de la aplicación de la fórmula aritmética allí prevista, entendida según su correcta hermenéutica.

Por todo lo anteriormente expuesto, no hay lugar a inaplicar el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 con fundamento en la razón de inconstitucionalidad esgrimida por la demandante, esto es, por la alegada indebida interpretación de la fórmula aritmética prevista en el artículo 176 de la Constitución Política para determinar el número de Representantes a la Cámara que corresponde elegir a cada circunscripción territorial.

Aceptada la constitucionalidad del número de Representantes a la Cámara por el Departamento del Risaralda previsto en el artículo 1° del Decreto 4767 de 2005 y como quiera que se trata de la misma cifra de curules sobre la cual recayó la declaratoria de elección acusada, es del caso concluir en la improsperidad del cargo que, por violación del inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política, se formuló contra el número de curules de Representantes a la Cámara por el Departamento del Risaralda que, por medio del acto acusado, fueron proveídas.

En esta forma, dado que no prosperó el mencionado cargo de inconstitucionalidad formulado contra el acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento del Risaralda para el período 2006 a 2010, no hay lugar a declarar la nulidad que con fundamento en esa censura se solicitó.

En ese orden de ideas, tampoco es posible concluir en la prosperidad de los demás cargos planteados (falsa motivación, violación del principio de supremacía constitucional y desconocimiento de determinadas garantías y derechos políticos), en cuanto plantean vicios cuya verificación en el caso concreto estaba supeditada a la demostración del cargo por inconstitucionalidad ya analizado.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Segundo cargo. De las irregularidades alegadas como ocurridas en la jornada electoral que concluyó con el acto de elección acusado (proceso número 4025).

El demandante Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) controvierte la legalidad del acto que declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, por razón de las siguientes irregularidades que, según plantea, ocurrieron en la jornada electoral que culminó con ese acto de declaratoria de elección: i) confusiones de los votantes al momento de sufragar que generaron un resultado electoral distinto al que corresponde a la verdadera voluntad popular; ii) doble contabilización de los votos, tanto al candidato como al partido, principalmente respecto de las listas con voto preferente; iii) anulación de votos válidos con fundamento en una indebida interpretación de la ley electoral; y iv) errores aritméticos en el conteo de votos.

Al respecto, la Sala encuentra una razón suficiente para concluir en la denegación de las pretensiones de la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) en relación con todos los cargos propuestos.

Se trata, como lo anotan los apoderados de los demandados al contestar la demanda en cuestión y la Procuradora Séptima Delegada (E) en su concepto de fondo, de la imprecisión de los fundamentos de hecho de dicha demanda.

Ante tal constatación, la Sala encuentra innecesario cualquier consideración en relación con la norma jurídica en la que se fundamentan los cargos antes resumidos, esto es, la causal de nulidad invocada por el demandante al señalar que “con el ánimo de buscar la procedibilidad de la presente acción, me permito encuadrar los hechos relatados en la señalada [sic] en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, parte final del primer inciso, puesto que el sistema electoral impulsó la confusión de los electores, vulnerando su derecho fundamental al voto”.

Ciertamente, se trataría de una tarea que no conduciría a ningún efecto práctico, vista la deficiente formulación de las irregularidades denunciadas como sustento de la pretensión de nulidad.

Se dice que los reparos fueron planteados indebidamente, pues el demandante no precisó los supuestos fácticos mínimos que harían posible el análisis las anomalías que, según él, vician de nulidad el acto declaratorio de la elección acusada.

A continuación, la Sala presenta, de manera detallada, las razones de dicha imprecisión que, en forma generalizada, se predica de todas las irregularidades denunciadas por el demandante Luis Carlos Ramírez Múnera como sustento de su pretensión de nulidad.

1° Confusiones de los votantes al momento de sufragar que generaron un resultado electoral distinto al que corresponde a la verdadera voluntad popular.

El demandante incurre, al menos, en las siguientes imprecisiones: No explica en qué consistió la confusión de los votantes, es decir, de qué manera se hizo palpable. No indica a cuál de los diferentes aspectos del sistema electoral o de la jornada electoral, propiamente dicha, se refirió la desorientación de los sufragantes al momento de depositar su voto. No se esfuerza por identificar la posible causa de dicha confusión. No precisa las mesas de votación en que la irregularidad tuvo ocurrencia.

2° Doble contabilización de los votos, tanto al candidato como al partido, principalmente respecto de las listas con voto preferente.

En la demanda no se señala, en modo alguno, los registros electorales en que se presentó una indebida contabilización de votos, en la modalidad referida. Es decir, no se indican las mesas de votación en las que se presentó ese indebido registro, ni las listas y los candidatos frente a los cuales se produjo el error que se endilga a los jurados de votación, los cuales, tampoco se determinan. Y, menos aún, se explica en que consistió la inconsistencia que, en cada caso particular, permite al demandante concluir en la indebida contabilización de los votos, bien en relación con la lista, o bien respecto del candidato.

3° Anulación de votos válidos con fundamento en una indebida interpretación de la ley electoral.

Al igual que ocurrió con las anteriores anomalías, en ésta se advierte que el demandante omite señalar las mesas de votación en que, según su afirmación, se presentó la irregularidad. Tampoco explica en qué consistió el error de interpretación de la ley electoral -que no concreta en disposición alguna- en que incurrieron los jurados de votación, que tampoco determina.

4° Errores aritméticos en la contabilización de los votos.

La manera como el demandante expone esta anomalía no ofrece a la Sala ningún elemento de juicio que permita algún grado de concreción del cargo, pues no contiene la demanda precisión alguna en relación con los registros en que, según se plantea, se incurrió en error aritmético y, menos, en qué consistió, en cada caso, el yerro advertido.

Tampoco se alude a la existencia de reclamación alguna en ese sentido, al tenor de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral, según el cual, constituye causal de reclamación el error aritmético en que se haya incurrido en las actas de escrutinio al sumar los votos consignados en ellas.

Esa indeterminación de la demanda es relevante, como quiera que reiterada jurisprudencia de esta Sala[4] sostiene que, en virtud de la reforma introducida al artículo 223 del Código Contencioso Administrativo por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, las causales de reclamación dejaron de constituir motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se verifique el agotamiento del debate, en sede administrativa, de la irregularidad denunciada, pues sólo de esa manera resulta posible examinarla por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, en cuanto se hayan acusado los actos administrativos mediante los cuales se resolvieron las reclamaciones relacionadas con el punto.

Con todo, es evidente que la falta de concreción en los aspectos fácticos relevantes de cada uno de los cargos, hacen imposible el análisis de los mismos.

Aquí conviene aclarar que la labor de investigación a cargo de las autoridades electorales competentes no permite, sin más, entender satisfecha la exigencia procesal en cabeza del demandante de precisar los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo. Ello es así porque tal actividad no puede, en ningún caso, relevar al demandante de su carga procesal de efectuar en la demanda un señalamiento concreto del hecho constitutivo de la causal de nulidad electoral que invoca. Y es en la demanda, en consideración a que en ella se fija el marco del litigio a resolver, determinante de la actividad decisoria del juez y de la probatoria que incumbe a las partes, con las consecuencias que para el ejercicio del derecho de defensa ello conlleva.

De manera que, en esta oportunidad, la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta, así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia.

En esta forma, es del caso despachar desfavorablemente los cargos planteados en la demanda presentada por el Señor Luis Carlos Ramírez Múnera (proceso número 4025) como sustento de su pretensión de nulidad.

Lo anterior releva a la Sala de emitir pronunciamiento sobre la pretensión de reconocimiento de perjuicios, planteada por el demandante como consecuencia derivada de la prosperidad de la pretensión de nulidad.

Conclusión

Dada la falta de prosperidad de la totalidad de los cargos propuestos contra el acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Risaralda para el período 2006 a 2010, es del caso negar las pretensiones de la demandas acumuladas.

III. LA DECISION

Por lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1° No prospera la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado del demandado Diego Alberto Naranjo Escobar.

2° Deniéganse las pretensiones de las demandas acumuladas.

3° En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso archívese el expediente.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON REINALDO CHAVARRO BURITICA

Presidenta

FILEMON JIMENEZ OCHOA DARIO QUIÑONES PINILLA

VIRGILIO ALMANZA OCAMPO

Secretario

[1] Sentencia C-197 de 1999.

[2] Expedientes acumulados 3975 y 4032

[3] Ponencia elaborada por el Senador Raúl Vásquez Vélez para el primer debate en Senado del texto unificado de los proyectos de reforma constitucional.

[4] Sentencia del 7 de diciembre de 1995, expediente 1472. Criterio reiterado recientemente en las sentencias del 6 de mayo de 2005, expedientes 3513 y 3544 y del 17 de agosto de 2006, expediente 4051.