SENTENCIA 1295 de 1992

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030033118SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1295199227/03/1992SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1295__1992_27/03/1992300331161992ANATOCISMO / POTESTAD REGLAMENTARIA Conforme a las normas civiles y comerciales que regulan el anatocismo, debe entenderse por tal el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados oportunamente, y no los sistemas de pago libremente acordado entre las partes en un negocio jur�dico que contemplen la capitalizaci�n de intereses, teniendo para ello en cuenta la cuant�a, plazo y periodicidad en que deban cancelarse dichos rendimientos. El acto acusado, por limitarse a precisar lo que son los intereses "atrasados" o "Pendientes", para efectos de la aplicaci�n de la regla general contenida en las normas reglamentarias, seg�n la cual hay lugar al cobro de intereses sobre intereses "atrasados" o "Pendientes", no quebrant� el numeral 3 del art�culo 120 de la Constituci�n de 1886, ni las disposiciones reglamentadas contenidas en los art�culos 886 del C. de Co. y 2335 del C.C., en concordancia con la regla tercera del art�culo 1617 ib�dem.

Conforme a las normas civiles y comerciales que regulan el anatocismo, debe entenderse por tal el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados oportunamente, y no los sistemas de pago libremente acordado entre las partes en un negocio jur�dico que contemplen la capitalizaci�n de intereses, teniendo para ello en cuenta la cuant�a, plazo y periodicidad en que deban cancelarse dichos rendimientos. El acto acusado, por limitarse a precisar lo que son los intereses "atrasados" o "Pendientes", para efectos de la aplicaci�n de la regla general contenida en las normas reglamentarias, seg�n la cual hay lugar al cobro de intereses sobre intereses "atrasados" o "Pendientes", no quebrant� el numeral 3 del art�culo 120 de la Constituci�n de 1886, ni las disposiciones reglamentadas contenidas en los art�culos 886 del C. de Co. y 2335 del C.C., en concordancia con la regla tercera del art�culo 1617 ib�dem.

Santaf� de Bogot�, D.C., veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992)

El ciudadano GUILLERMO GONZALEZ CHARRY ha acudido ante esta Corporaci�n a demandar la nulidad del Decreto Reglamentario 1454 de 4 de Julio de 1989 "por el cual se reglamentan disposiciones en materia de intereses", expedido por el GOBIERNO NACIONAL.

Art�culo 1o. Para efectos de lo dispuesto en los art�culos 886 del C�digo de Comercio y 2235 del C�digo Civil, en concordancia con la regla cuarta del art�culo 1617 del mismo C�digo, se entender� por intereses pendientes o atrasados aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente.

En consecuencia, no se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago que contemplen la capitalizaci�n de intereses, por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuant�a, plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligaci�n. �nicamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicaci�n de dichos sistemas, respecto de obligaciones civiles, est� sujeto a la prohibici�n contemplada en la regia 4a. del art�culo 1617 y en el art�culo 2235 del C�digo Civil; trat�ndose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicaci�n del art�culo 886 del C�digo de Comercio.

Como normas violadas se se�alan en la demanda los art�culos 76 numerales 1o. y 2o., y 120 numeral 3o. de la Constituci�n Nacional de 1886, 886 del C�digo de Comercio; 25, 1617 numerales 3o. y 4o. y 2235 del C�digo Civil.

Para fundamentar los cargos de violaci�n, se aduce en la demanda, en s�ntesis, lo siguiente:

El art�culo 886 del C�digo de Comercio prescribe una regla general, concordante con el C�digo Civil, y es la de que los intereses no producen intereses, o sea la prohibici�n del denominado anatocismo, y dos excepciones a dicha regla general: 1a): que el acreedor haya presentado demanda judicial de cobro de los intereses vencidos, siempre que lo est�n al menos con un a�o de anterioridad. Es decir, que entre la fecha de vencimiento y la de la demanda medie no menos de un a�o; y 2a.): o que, alternativamente y con posterioridad al vencimiento, no antes se celebre un acuerdo de pago, com�nmente denominado de refinanciaci�n, el cual no ser� posible si los intereses tienen menos de un a�o de vencidos.

"Si la obligaci�n es de pagar una cantidad de dinero, la indemnizaci�n de perjuicios por la mora est� sujeta a las reglas siguientes:

4a. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, c�nones y pensiones peri�dicas".

Ya no s�lo para el caso de los intereses moratorias, sino para todos los dem�s, el art�culo 2235 prescribe esta regla perentoria y absoluta: "Se proh�be estipular intereses de intereses".

Como puede encontrarse en los textos de aritm�tica, el inter�s compuesto consiste en acumular peri�dicamente al capital los intereses producidos por �ste para luego liquidar nuevos intereses, con base en el monto as� formado. Es decir que, por definici�n, el inter�s compuesto implica liquidar intereses sobre intereses, lo cual constituye al ANATOCISMO que, salvo las dos excepciones expresadas en el art�culo 886 del C�digo de Comercio, est� rotundamente prohibido por la ley.

Por tanto, estipular cualquier sistema de pago que implique la liquidaci�n de intereses sobre intereses, salvo que estuviera expresamente autorizado por la ley, constituye ANATOCISMO.

El art�culo 1o. en su inciso lo., acusado, procede a interpretar los C�digos Civil y de Comercio, pues el Gobierno crey� necesario definir qu� se entiende por intereses pendientes, para efectos de la aplicaci�n de los art�culos 886 del C�digo de Comercio y 1617 del C�digo Civil, para lo cual decidi� que son los atrasados, exigibles y no pagados oportunamente.

Desde luego, con el acto de definir lo que ninguno de los c�digos mencionados defini�, el Gobierno est� interpret�ndolos por v�a general, cosa que no puede v�lidamente hacer, ni so pretexto de reglamentarlos ni de regular lo concerniente a intereses civiles y comerciales.

La interpretaci�n, por v�a general, corresponde s�lo al autor de la norma, as� como la interpretaci�n en los casos particulares, llamada usual, corresponde a los jueces bajo cuya jurisdicci�n se encuentren dichos casos. Ambas formas est�n incorporadas en nuestro Derecho Positivo mediante el numeral 1o. del art�culo 76 de la Constituci�n y los art�culos 25 y 26 del C�digo Civil, respectivamente.

Como puede apreciarse, el decreto acusado se inicia con la usurpaci�n de las funciones del legislador, puesto que asume para el Gobierno la atribuci�n primera del referido art�culo 76, y puesto que desconoce el art�culo 25 del C�digo Civil, que tambi�n da s�lo al legislador la facultad de interpretar la ley con autoridad, de manera general y mediante la fijaci�n de su sentido.

Enseguida el decreto acusado pasa a prescribir, imperativamente, las siguientes reglas:

a) "No se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago que contemplen la capitalizaci�n de intereses, por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuant�a, plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligaci�n". (subrayas del actor).

El anatocismo se define como capitalizaci�n de intereses y equivale a estipular el inter�s compuesto. As�, pues, el decreto acusado contradice las normas del C�digo Civil que proh�ben en forma absoluta la estipulaci�n de intereses compuestos, y la del C�digo de Comercio que tambi�n la proh�be, salvo las dos excepciones indicadas anteriormente.

Agregar en general, como lo hace el decreto acusado, que mediante dichos sistemas de pago las partes pueden determinar la cuant�a de los intereses no es otra cosa que permitir la libre estipulaci�n de intereses, es decir, no solo rebasar las tasas autorizadas por la ley sino pactar el cobro de intereses de intereses. As�, la regla copiada reitera la inclusi�n del anatocismo dentro de los sistemas que pueden usar los contratantes en materia de intereses.

"�nicamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicaci�n de dichos sistemas, respecto de obligaciones civiles, est� sujeto a la prohibici�n contemplada en la regla 4a., del art�culo 1617 y en el art�culo 2235 del C�digo Civil...;".

Como puede apreciarse en esta parte el decreto acusado dispone que la prohibici�n especial del art�culo 1617 y la general del 2235, solo se aplican, en materia civil, cuando haya atraso en el pago de cuotas de intereses resultantes de sistemas de pago que incluyan el anatocismo.

De donde se concluye que, fuera de esos sistemas, haya o no haya atraso, tambi�n podr�a estipularse al anatocismo, es decir, exactamente lo contrario a lo prohibido por la ley.

�....trat�ndose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicaci�n del art�culo 886 del C�digo de Comercio. . .".

Regla que reduce la aplicaci�n de esta norma al caso de que haya mora en el pago de las referidas cuotas, lo cual equivale a modificar sustancialmente dicho art�culo, quit�ndole la aplicaci�n limitada que le dio el legislador, tanto en cuanto a la prohibici�n general del anatocismo como a su autorizaci�n en el caso de sus dos excepciones.

Violaci�n del art�culo 120 numeral 3o. de la Constituci�n Pol�tica. De conformidad con la doctrina constitucional, los presupuestos necesarios para el ejercicio de la potestad reglamentaria son:

a) Que la ley sea reglamentable, es decir, que no pueda ejecutarse por s� misma.

b) Que la ley cuya reglamentaci�n se pretende requiera por su naturaleza un complemento o desarrollo especial, para que sus normas desciendan del plano de lo muy general a lo particular.

c) Que el reglamento se mantenga, en lo esencial, dentro de los preceptos de la ley, para no exceder�a en sus normas b�sicas ni llegar a crear instituciones o situaciones no contempladas en su texto.

Al confrontar el texto del decreto acusado con el numeral 3o. del art�culo 120 de la Constituci�n Pol�tica, examinados a la luz de los referidos presupuestos y de las doctrinas del Consejo de Estado, como la consignada en providencia de 23 de Noviembre de 1984 de esa misma Secci�n Primera (caso Empresa de Servicios Temporales, Anales del Segundo Semestre del mismo a�o, n�mero 483 - 484, p�gina 164), se observa enseguida la ostensible violaci�n de dicho numeral por parte del Gobierno.

Si se lee el art�culo 886 del C�digo de Comercio se ve de inmediato que, en �l no hay materia de reglamentaci�n. Establece una regla general y concreta: Los intereses pendientes no producir�n intereses, y las dos excepciones a que atr�s se ha hecho referencia.

Si se repasan los textos de los art�culos 1617 numerales 3o. y 4o. y 2235 del C�digo Civil, la conclusi�n es igualmente di�fana. Sin duda, la orden de que los intereses atrasados no produzcan nuevos intereses, extensiva a toda clase de rentas, pensiones peri�dicas y c�nones, y la de que "Se proh�be estipular intereses de intereses", no admite reglamentaci�n alguna.

Cualquiera que se expida, como ocurri� en este caso, resulta interpretativa o modificatoria o derogatoria de los c�digos que se pretendi� reglamentar, lo cual es violatorio del art�culo 120 numeral 3o. de la Carta.

Se le imprimi� el tr�mite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las siguientes etapas: admisi�n de la demanda, fijaci�n en lista, alegaciones y concepto fiscal. No se decretaron pruebas por ser el asunto de puro derecho.

III.l. - En el auto admisorio de la demanda, proferido el 26 de Octubre de 1989, se deneg� la suspensi�n provisional del acto acusado por cuanto no aparec�a a primera vista el quebrantamiento de las disposiciones invocadas como infringidas.

III.2. - En el t�rmino de fijaci�n en lista se hizo presente el ciudadano y abogado EDUARDO OSPINA ACOSTA con el fin de coadyuvar la demanda.

En su escrito manifest� que en materia de normas constitucionales violadas, se aten�a a la enumeraci�n de las mismas y a los argumentos expuestos por el demandante. Y en lo tocante con las normas legales, considera manifiestamente violadas, los art�culos 717, 1626 y 2235 del C�digo Civil y los art�culos 822 y 886 del C�digo de Comercio, todos ellos en concordancia con las reglas sobre interpretaci�n de la ley consagradas en el art�culo 28 del C�digo Civil.

Cuando la regla tercera del art�culo 1617 del C�digo Civil dispone que "los intereses atrasados no producen inter�s", debe entenderse prohibida toda estipulaci�n que tenga por objeto el cobro, a t�tulo de indemnizaci�n de perjuicios, de intereses por concepto de la mora en el pago de obligaciones de dinero que hayan tenido su origen, a su turno, en intereses; vale decir, que la regia tercera del art�culo 1617 s�lo proscribe el pacto de intereses sobre deudas de intereses en mora o no pagados oportunamente; y as� se compagina perfectamente con las directrices del Decreto 1454, que interpreta los vocablos "intereses atrasados" como aquellos que son exigibles y no han sido pagados oportunamente y que autoriza exclusivamente la capitalizaci�n de los intereses remuneratorios que se hayan capitalizado, o sea, aquellos para cuyo pago el prestatario ha entrado a gozar de un plazo para su pago, que suspende su exigibilidad por el momento.

En cambio, cotejando el Decreto 1454 con el reglamentado art�culo 2235 del C�digo Civil, se encuentra, por el contrario, que el inciso segundo del art�culo primero del cuestionado decreto, en cuanto que autoriza la capitalizaci�n de intereses remuneratorios, para permitir que, a su vez entren a redituar, mediante la concesi�n por el acreedor al deudor de un plazo para su cancelaci�n, viola abiertamente la norma civil, la cual, sin distinci�n de ninguna clase, proh�be "estipular intereses de intereses", norma esta que rige tambi�n en materia mercantil, por la invocaci�n expresa del art�culo 822 del C�digo, de Comercio.

Sabido es que, cuando la ley no distingue, no le es l�cito al int�rprete hacerlo; y como quiera que el inciso segundo del art�culo primero del Decreto 1454 se fundamenta en una de estas distinciones, a saber: la que hace su inciso primero, para admitir la excepci�n de la fructificaci�n de intereses remuneratorios capitalizados, es ilegal.

El decreto acusado igualmente conculca el reglamentado art�culo 886 del C�digo del Comercio. En verdad, el inciso primero del art�culo lo. de dicho decreto, al interpretar la expresi�n "intereses pendientes" del art�culo 886 del estatuto mercantil y entenderla en el sentido de que tales intereses pendientes son aquellos ya exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente, viola tambi�n manifiesta y abiertamente la ley, que establece que "cuando el legislador las (las palabras de la Ley) haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar� en �stas su significaci�n legal (C.C., art. 28) y que tiene dicho que "los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran".

(C.C., art. 717). Esta es la interpretaci�n correcta que debe darse al giro "intereses pendientes", como lo confirma la ubicaci�n de aquella disposici�n dentro del tratado relativo al pago de las obligaciones, pago que se encuentra definido por el art�culo 1626 del C.C. como "la prestaci�n de lo que se debe".

Y de acuerdo con el art�culo 886, estos intereses pendientes solo pueden producir nuevos intereses por virtud de pacto entre las partes y dentro de las condiciones previstas en �l: que tengan un a�o de causados y que tal pacto sea sobreviniente al vencimiento (refinanciaci�n).

Por manera que el inciso segundo del art�culo primero del Decreto 1454, en tanto y en cuanto que autoriza el pacto de capitalizaci�n de intereses remuneratorios desde el mismo otorgamiento del pr�stamo a inter�s y sin ninguna limitaci�n, es, y de bulto, tan ilegal como su inciso lo.

Finalmente arguye que con el decreto acusado se dota a los agiotistas de profesi�n de un arma de gran poder para la explotaci�n de las personas que, necesitadas de dinero y por lo general. para satisfacer sus apremios m�s vitales, tienen que ponerse en sus manos.

lll.3. - Antes que del negocio se le diera traslado al se�or Fiscal de la Corporaci�n para su vista de fondo, intervino el ciudadano abogado Robins�n Ricardo Rada Gonz�lez para solicitar que se le tenga como PARTE COADYUVANTE.

El decreto acusado en su art�culo lo., inciso 2o., viola y es contrario a los art�culos 14 y 16 de la Ley 57 de 1931, sustitutivos de los art�culos 123 y 124 de la Ley 45 de 1923.

El Gobierno de la Rep�blica fomentar� y estimular� el restablecimiento y organizaci�n de los Bancos hipotecarios cuyas principales funciones, como aqu� se prescribe, ser�n las de emitir c�dulas y hacer pr�stamos a largos plazos para ser cubiertos por medio de anualidades o cuotas por las cuales se amortice el capital o intereses. .

Los bancos hipotecarios y secciones hipotecarias de los bancos comerciales quedan autorizados para efectuar las siguientes operaciones y no otras:

1. Hacer pr�stamos a largos plazos garantizados con hipotecas y que deban ser cubiertos los pagos peri�dicos de intereses y amortizaci�n a capital (las subrayas son del coadyuvante).

Es de meridiana claridad que si se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago donde las partes intervinientes negocien dejar al descubierto intereses corrientes causados, capitalizar la parte pendiente es incurrir en anatocismo. Precisamente esta prohibici�n la trae el art�culo 16 acabado de citar, el cual perfecciona los art�culos 1o. de la Ley 45 de 1923 y el 14 de la Ley 57 de 1931, tambi�n citado, pues es perentoria la prescripci�n que hace al decir "quedan autorizados para efectuar las siguientes operaciones y no otras".

Al estar estatuida la prohibici�n de no cubrir los intereses de cada per�odo y de no amortizar el capital en los cr�ditos hipotecarios a largo plazo, otorgados por los bancos hipotecarios, es obvio que se refiere a los actos de comercio de que trata el art�culo 886 del C�digo de Comercio y a los art�culos 1617 -3 y -4 y 2235 del C�digo Civil, que son los que arbitrariamente se arroga la facultad de interpretar el ejecutivo a trav�s de la norma acusada, creando permisibilidades que est�n vedadas para el mutuo comercial en general y el mutuo comercial cuando el acreedor es un banco hipotecario o secci�n hipotecaria de un banco comercial, que sea garantizado a largo plazo y con hipoteca.

La Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -, se hizo parte en el proceso y por medio de apoderado contest� la demanda, escrito en el cual sostuvo, principalmente, lo siguiente:

El Decreto 1454 de 1989 constituye un v�lido ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada al Presidente de la Rep�blica por el ordinal tercero del art�culo 120 de la Carta Fundamental, puesto que, tal como lo se�al� el Consejo de Estado en sentencia de fecha Abril 25 de 1970, proferida dentro del proceso de nulidad de los Acuerdos 24 y 34 de 1962 del Consejo Municipal de ltag��, "en la tarea reglamentaria el Gobierno debe desarrollar no solo lo que hay impl�cito en ella, lo que est� en la entra�a misma de la norma reglamentada aunque las palabras no lo expresen, en forma tal que el reglamento no debe atenerse �nicamente a la expresi�n literal de la norma, porque si as� fuera su funci�n se limitar�a a una mera reproducci�n de ella; es necesario entonces que el poder reglamentario desentra�e el contenido impl�cito, la finalidad espec�fica de la ley sustantivo, con lo cual podr� moverse con mayor desenvolvimiento y agilidad teniendo en cuenta desde luego siempre el principio de no rebasar ni la letra, ni la intenci�n ni la materia intr�nseca y si se quiere finalista del precepto sustantivo. Porque nadie duda que una copia servil, literal de la ley que se reglamenta ser�a la negaci�n misma de la facultad reglamentaria y su utilidad pr�ctica ser� tambi�n totalmente negativa". (Sentencia abril 25 de 1970, Secci�n Cuarta - Consejo de Estado; Consejero Ponente: Hernando G�mez Mej�a). (Anales 1970, primer semestre, tomo 78, n�meros 425-426, p�g. 247). (Tomado de la Obra Diccionario Jur�dico - Evoluci�n Jurisprudencial - Consejo de Estado - Biblioteca Jur�dica Dik�).

Adem�s, ya desde tiempo atr�s ha sostenido el Consejo de Estado en repetidas oportunidades que los C�digos, al igual que las dem�s disposiciones legales, pueden ser objeto de reglamentaci�n.

Ahora, la reglamentaci�n de las disposiciones legales, incluidos los C�digos, requiere en no pocas oportunidades de la labor interpretativa del Gobierno, sin que por esto pueda llegar a afirmarse que �ste est� violando lo dispuesto en los art�culos 76 ordinal 1o. y 120 ordinal 3o. de la Constituci�n Pol�tica, ni el art�culo 25 del C�digo Civil, como se desprende de la sentencia de Septiembre 2 de 1976- Secci�n Cuarta - Consejo de Estado. Consejero Ponente: Bernardo Ortiz Amaya, (Anales 1976, Tomo XCI, p�gina 403).

El decreto acusado lo que busca es aclarar las disposiciones que reglamenta. Para ello especifica que dichas normas tienen como campo de aplicaci�n los intereses vencidos y no pagados, esto es, respecto de los cuales ha transcurrido el t�rmino pactado para su cancelaci�n, precisi�n necesaria porque la orientaci�n principal de la norma radica en aclarar la viabilidad de la "capitalizaci�n" de intereses no vencidos.

El demandante al afirmar que salvo dos excepciones del C�digo de Comercio, est� prohibido el anatocismo, entendido �ste como todo sistema que implique la liquidaci�n de intereses sobre intereses, est� desconociendo las propias definiciones citadas por �l, que circunscriben la figura al cobro de intereses sobre intereses vencidos y que, por lo tanto, no cobijan la "capitalizaci�n de intereses no exigibles".

Cuando de demanda asimila el concepto de anatocismo con el de inter�s compuesto supone tambi�n que este �ltimo concepto es el regulado por las disposiciones legales referidas, conclusi�n que tampoco es v�lida porque el inter�s compuesto es un concepto matem�tico que implica la suma peri�dica o repetida de los intereses al capital y no el simple cobro de inter�s sobre inter�s.

Por anatocismo hay que entender gen�ricamente el cobro de intereses sobre intereses vencidos, aunque jur�dicamente no exista un aumento o acumulaci�n de las sumas debidas por concepto del principal de la deuda. En otras palabras, para que exista anatocismo es suficiente con que se cobren intereses sobre una suma debida por concepto de intereses, independientemente de que los intereses se capitalicen o no; inclusive, si los intereses se capitalizan no necesariamente resulta como consecuencia jur�dica un aumento del principal de la deuda, pues las sumas capitalizadas no pierden su naturaleza de intereses, aserto que se confirma con el primer p�rrafo del art�culo 2224 del C�digo Civil, de acuerdo en el cual s�lo se debe como principal del pr�stamo la suma num�rica pactada en el contrato.

En el art�culo 1617 del C�digo Civil la referencia es a intereses atrasados, luego se proh�be all� en forma plena el anatocismo, pero �nicamente cuando exista mora del deudor en el pago de los intereses. Esta norma no se refiere a intereses que todav�a sean exigibles y, por lo tanto, el decreto acusado se ajusta plenamente a ella.

En el art�culo 2235 del C�digo Civil se proh�be la estipulaci�n de intereses sobre intereses. El contenido de esta prohibici�n no es tan absoluto como lo indica la demanda ni muchos menos claro. El tratadista Fernando V�lez al interpretar este art�culo considera que se limita a situaciones en las cuales se cobran intereses sobre intereses vencidos, lo cual quiere decir que dicha norma no se refiere a intereses que todav�a no son exigibles, sino a los pactos referidos al cobro de intereses sobre intereses que no se cancelen oportunamente.

El art�culo 886 del C�digo de Comercio tambi�n se refiere a intereses vencidos, como se desprende literalmente de su texto, pues las dos situaciones que contempla no podr�an darse si por intereses pendientes se tuvieran aquellos que todav�a no son exigibles. Entonces, es ineludible concluir que el C�digo de Comercio regula intereses pendientes de pago, es decir, aquellos que se encuentran atrasados por haber vencido el plazo se�alado para su cancelaci�n.

Queda establecido que las normas civiles y comerciales regulan el anatocismo, entendido como el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados oportunamente, tal como lo dispone el inciso 1o. del Decreto 1454 de 1989; no es cierto, por lo tanto, que el concepto de anatocismo cobije cualquier sistema de pago que implique liquidaci�n de intereses sobre intereses.

Termina la parte demandada la defensa del acto acusado manifestando que son de uso corriente en las matem�ticas financieras los conceptos de tasa de inter�s nominal y de tasa efectiva de inter�s, y que al contrario de lo que sostiene la demanda, el uso de �sta y, por ende, del concepto de capitalizaci�n de intereses es lo que verdaderamente puede permitir un control a las tasas m�ximas de inter�s, advirtiendo que dicha capitalizaci�n de intereses, que es previa a la liquidaci�n y exigibilidad de los mismos, es presunta y no real, pues se deriva de las f�rmulas matem�ticas que establecen equivalencias entre distintas formas de pago. Lo real, lo cierto en el mundo jur�dico, son los intereses liquidados y exigibles en una obligaci�n determinada, cualquiera que sea el sistema usado para liquidarlos; y es sobre estos �ltimos que se aplican las disposiciones reglamentadas por el Decreto 1454 de 1989 y no sobre la fase previa a esa determinaci�n, en cuyo caso existe plena libertad para los contratantes.

III.5.- Por su parte, el doctor ALVARO MENDOZA RAMIREZ, procedi� a IMPUGNAR LA DEMANDA, arguyendo principalmente lo siguiente:

A. El art�culo 1617 del C�digo Civil s�lo proh�be el cobro de intereses sobre intereses que se encuentren en situaci�n de mora, por no haber sido cubiertos a tiempo, En consecuencia, impl�citamente permite el cobro de intereses sobre intereses que no se encuentren atrasados, por lo cual el Decreto 1454 de 1989 se ajusta perfectamente a su texto.

B. El art�culo 2235 del C�digo Civil ha de interpretarse, al tenor del art�culo 30 del mismo estatuto, en consonancia con el art�culo 1617 citado. En tal sentido, el primero de dichos art�culos solo proh�be el cobro en el mutuo de intereses sobre intereses atrasados' As� mismo, ha de interpretarse en consonancia con el art�culo 886 del C�digo de Comercio, el cual solo proh�be, igualmente, el cobro de intereses sobre intereses pendientes.

C. Al t�rmino "pendientes" contenido en el art�culo 886 del C�digo de Comercio no ha de equipar�rselo con el de "causados". como pretende hacerlo el coadyuvante, en la medida en que es el propio art�culo 717 del C�digo Civil el que establece que pendiente es aquello que se debe, es decir, lo que es necesario pagar por resultar ya exigible. Tanto es as� que el art�culo 886 del estatuto mercantil except�a de la prohibici�n en �l contenido el cobro de cr�ditos sobre intereses que tengan por lo menos un a�o de atraso. En consecuencia, dicho art�culo no contiene una prohibici�n absoluta al cobro de intereses sobre intereses, sino exclusivamente una prohibici�n relativa, de cobrar intereses sobre intereses exigibles, atrasados o pendientes.

D. El Decreto 1454 de 1989 no viol� el alcance de la potestad reglamentaria, pues en orden a permitir la cumplida ejecuci�n de las leyes, se limit� a desentra�ar el contenido de las disposiciones reglamentadas, lo cual es funci�n del Presidente en ejercicio de la mencionada potestad.

E. La capitalizaci�n de intereses y el cobro de intereses usurarios son fen�menos diferentes, sujetos a regulaciones diferentes. La composici�n de intereses, per se, no es buena ni mala, dependiendo �nicamente de c�mo se utiliza. Se constituye �nicamente en un instrumento matem�tico para medir el verdadero costo para un deudor del dinero utilizado por �l y el real provecho para un acreedor en la colocaci�n de sus recursos.

F. La aplicaci�n de las reglas de la "tasa efectiva de inter�s", que tienen en cuentas la composici�n de cr�ditos, permite al deudor pagar en una forma m�s acorde con sus posibilidades concretas, abri�ndole la puerta para que negocie con su financiador, sin perjuicio para �ste, de dichas posibilidades concretas.

G. El Decreto 1454 de 1989 busc� abrir un camino, no precisamente a la usura, sino a una medida de favor para los deudores, permiti�ndoles desembolsos adecuados de capital e intereses, objetivo igual al buscado por los sistemas de cr�dito a largo plazo de las corporaciones de ahorro y vivienda, que implican forzosamente la capitalizaci�n de intereses.

El se�or Fiscal Primero de la Corporaci�n en su vista de fondo manifiesta que cuando el decreto acusado dice en su art�culo 1o. que "se entender�" por intereses pendientes o atrasados aquellos que sean exigibles, es decir, aquellos que no han sido pagados oportunamente, est� haciendo una aclaraci�n, o si se quiere, una definici�n muy obvia y que encaja perfectamente con el sentido que deben tener �as palabras "intereses pendientes"; lo cual quiere decir que el decreto demandado hace expl�cito lo impl�cito o sobreentendido.

Como las normas invocadas por el decreto demandado se refieren exactamente a la prohibici�n de los intereses de intereses y a la clase referida de entre ellos, cuales son los intereses pendientes, hubo s�lo el ejercicio de la facultad reglamentaria.

En consecuencia no deben prosperar las pretensiones del actor y sus coadyuvantes.

El decreto demandado dice reglamentar los art�culos 1617 numeral 4o. y 2235 del C�digo Civil y 886 del C�digo de Comercio que el actor y los coadyuvantes estiman violados, al igual que los art�culos 120 numeral 3o. y 76 numeral 1o. de la Constituci�n de 1886, vigente al momento de instaurarse la demanda y tramitarse el proceso .

Concretamente afirman los censores que el inciso 2o. del Decreto 1454 de 4 de Julio de 1989 acusado, contrar�a abiertamente la prohibici�n que en forma absoluta contiene la regla 3a. del art�culo 1617 del C�digo Civil (esta regla es la directamente reglamentada, pues es la que se refiere a los intereses atrasados, expresi�n utilizada por aqu�l), el 2235 ib�dem y el 886 del C�digo de Comercio.

No ofrece dificultad alguna apreciar que los preceptos civiles se�alados contemplan en forma no solamente clara, sino perentoria y tajante la prohibici�n de pactar intereses de intereses, llamada tambi�n "inter�s compuesto que consiste en acumular peri�dicamente al capital los intereses producidos por �ste para luego liquidar nuevos intereses, con base en el monto as� formado, lo que se ha denominado secularmente Anatocismo que, como ha quedado dicho, proscribe categ�ricamente la preceptiva civil referida.

La regla tercera del art�culo 1617 del C.C. que, como ya se dijo, es la directamente reglamentada -no la regla cuarta a la cual se refiri� err�neamente la norma reglamentaria, que para la Sala no tiene ninguna incidencia-, proh�be el cobro de intereses sobre aqu�llos "atrasados", es decir, aplicando el criterio del art�culo 28 ib., lo pendiente, lo insatisfecho o no cumplido en su oportunidad, vale decir, para el caso sub-lite, los intereses que no fueron cubiertos en el tiempo u oportunidad se�alado para ello en el respectivo negocio jur�dico. Y, la raz�n de la disposici�n, es el querer del legislador de evitar que se sancione doblemente el incumplimiento contractual, lo que acontecer�a si se permitiese el cobro de intereses sobre intereses atrasados pendientes de pago.

Por consiguiente, son estos intereses colocados en condiciones moratorias los que no permiten, de conformidad con la norma reglamentada del C.C. el cobro de nuevos intereses. Pero, a contrario sensu, los intereses no atrasados si pueden llegar a producir intereses.

Ahora bien; no se opone a lo anterior, como bien lo observa la parte impugnadora de la acci�n de nulidad, la norma establecida en el art�culo 2235 del mismo C�digo Civil, seg�n la cual "se proh�be estipular intereses de intereses" ' que se refiere espec�ficamente al mutuo o pr�stamo de consumo, La �armon�a legis" impone la necesidad de concluir, para evitar la oposici�n entre los dos art�culos del mismo Estatuto o el sometimiento del contrato de mutuo a un criterio diferente a aqu�l que opera para el resto de las obligaciones dinerarias provenientes de fuente distinta, lo cual no parece razonable, que el art�culo 2235, en cuanto proh�be cobrar intereses de intereses, debe entenderse y aplicarse teniendo en cuenta el criterio sentado por la regla tercera del art�culo 1617 del mismo C�digo Civil. Y, sirve tambi�n de fuente de interpretaci�n, para determinar los alcances del art�culo 2235 del C. C., la estipulaci�n que contiene el art�culo 886 del C�digo de Comercio, en cuanto marca claramente una voluntad del legislador en el sentido de prohibir el cobro de intereses sobre intereses �nicamente respecto de aqu�llos que sean exigibles, en la medida en que la precitada norma emplea la expresi�n "pendientes", es decir, lo que se debe, lo exigible, que no es equivalente a lo "causado", que s�lo se, debe, cuando se, dan los supuestos para que se produzca su exigibilidad, y con ello la consiguiente situaci�n de mora, si es que no se cancelan; prohibici�n que, por lo dem�s, no es absoluta sino relativa, ya que los permite en las relaciones jur�dicas entre comerciantes, cuando a causa de la mora se produce demanda judicial del acreedor, caus�ndose en tal evento desde la presentaci�n de aqu�lla; cuando se trate de intereses debidos con un a�o de anterioridad, por lo menos; o, cuando se produce un acuerdo posterior al vencimiento.

En s�ntesis: conforme a las normas civiles y comerciales que regulan el anatocismo, debe entenderse por tal el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados oportunamente, y no los sistemas de pago libremente acordados entre las partes en un negocio jur�dicos que contemplen la capitalizaci�n de intereses, teniendo para ello en cuenta la cuant�a, plazo y periodicidad en que deban cancelarse dichos rendimientos.

P(Ir tanto, debe llegarse a la conclusi�n de que la norma reglamentaria acusada, por limitarse a precisar lo que con los intereses "atrasados" o "pendientes", para efectos de la aplicaci�n de la regla general contenida en las normas reglamentadas, seg�n la cual hay al cobro de intereses sobre intereses "atrasados" o "pendientes", no quebrant� el numeral 3o. del art�culo 120 de la Constituci�n de 1886, ni las disposiciones reglamentadas contenidas en los art�culos 886 del C. de Co. y 2235 del C. C., en concordancia con la regla tercera del art�culo 1617 ib.

Finalmente, debe llegarse a una conclusi�n sobre la eventual violaci�n del art�culo 76, numerales lo. y 2o. de la Constituci�n de 1886, que la parte actora hace consistir en el hecho de que, por medio del acto acusado, se est� haciendo una interpretaci�n de las normas reglamentadas, lo cual corresponde y correspond�a al Congreso de la Rep�blica, por medio de la ley.

En realidad de verdad, como lo sostiene tanto el se�or Fiscal Primero de la Corporaci�n como la parte demandada, el decreto acusado lo que busca es aclarar o precisar las disposiciones que reglamenta; precisi�n o aclaraci�n necesaria por cuanto la orientaci�n principal de la norma radica en precisar o aclarar la viabilidad de la "capitalizaci�n" de intereses no vencidos y, por consiguiente, no exigibles, y ello, en sentir de la Sala, constituye un v�lido ejercicio de la potestad reglamentaria, punto que, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades esta Corporaci�n y lo recuerda la apoderada de la Naci�n: "en la tarea reglamentaria el Gobierno debe desarrollar no s�lo lo que hay impl�cito en ella, lo que est� en la entra�a misma de la norma reglamentaria aunque las palabras no lo expresen, en forma tal que el reglamento no debe atenerse �nicamente a la expresi�n literal de la norma, porque si as� fuera su funci�n se limitar�a a una mera reproducci�n de ella; es necesario entonces que el poder reglamentario desentra�e el contenido impl�cito, la finalidad espec�fica de la ley sustantivo, con lo cual podr� moverse con mayor desenvolvimiento y agilidad teniendo en cuenta desde luego siempre el principio de no rebasar ni la letra, ni la intenci�n ni la materia intr�nseca y si se quiere finalista del precepto sustantivo" (Sentencia de abril 25 de 1970, Secci�n Cuarta, Ponente Hernando G�mez Mej�a, Anales de 1970, primer semestre, tomo 78, p�g. 247).

Para la Sala, entonces, no existe el alegado quebrantamiento de los numerales 1o. y 2o. del art. 76 de la Constituci�n de 1 886.

En consecuencia, no est�n llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, o�do el concepto del Ministerio P�blico,

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda promovida por el Dr. Guillermo Gonz�lez Charry, a que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta providencia.

C�piese, notif�quese, comun�quese al se�or Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, y ejecutoriado arch�vese el expediente.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n de fecha discutida y aprobara por la Sala en su sesi�n de fecha veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992).

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA SALA, ERNESTO RAFAEL ARIZA MU�OZ YESID ROJAS SERRANO

La prescripci�n del pacto de intereses sobre intereses se desconoce palmariamente en el decreto acusado, al eliminar �ste dicha prohibici�n para dar paso a que se convengan libremente estipulaciones entre las partes que les permitan a �stas determinar la cuant�a en que se capitalizan los intereses de una obligaci�n y el plazo y periodicidad en que deben cancelarse. La norma reglamentada, por ser exceptiva, no puede menos que interpretarse restrictivamente. Empero, el gobierno nacional con el pretexto de reglamentarla, al establecer una nueva excepci�n ampl�a su sentido y alcance, contrariando su esp�ritu.

Santaf� de Bogot�, D.C., treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992)

Con todo respeto me aparto de la decisi�n mayoritaria de la Sala aduciendo las mismas razones que me llevaron a presentar ponencia favorable en forma parcial a las s�plicas de la demanda.

El art�culo 1617 numeral 3o. del C�digo Civil prescribe: "Los intereses atrasados no producen inter�s".

El art�culo 2235 del mismo C�digo dispone: "Se proh�be estipular intereses de intereses".

El tratadista Arturo Valencia Zea, expresa: "... Dos textos legales proh�ben la capitalizaci�n de intereses. Seg�n la regla 3a. del art. 1617, "los intereses atrasados no producen inter�s": y conforme al art. 2235, "se proh�be estipular intereses de intereses". Dos cosas bien claras expresan estos textos legales: 1) que cuando se estipula que los intereses se paguen peri�dicamente, est� vedado capitalizar los intereses atrasados y de este modo formar una sola deuda; 2) que la mora en el pago de intereses no engendra perjuicios, pues los intereses en s� mismos son lucro cesante y la ley no quiere que un lucro cesante sea causa de un nuevo lucro cesante..." (Derecho Civil, Tomo III, De las Obligaciones, S�ptima Edici�n, 1986, p�g. 357).

Por su parte, el profesor Guillermo Ospina Fern�ndez afirma. ��superando las contradicciones que la sola ex�gesis de los textos legales en comento parece ofrecer y atendiendo a la finalidad moralizadora que ha determinado su establecimiento, cual es la de proscribir una modalidad usuraria altamente peligrosa para los deudores, estimamos nosotros que las reglas 3a. y 4a. del art. 1617 del C�digo Civil proh�ben el anatocismo, no s�lo en el campo del mutuo civil, sino tambi�n en todos los otros contratos en que se estipulen frutos de frutos civiles...� (R�gimen General de las Obligaciones, Tercera Edici�n, 1980, p�g. 305).

Esta prohibici�n de pactar intereses de intereses, que tiene un sentido teleol�gico de protecci�n al deudor, admite, quiz�s por el acentuado m�vil del lucro en la actividad mercantil, dos excepciones consagradas en el art�culo 886 del C�digo de Comercio:

1a. Que el acreedor haya presentado demanda judicial de cobro de los intereses vencidos, siempre que sean debidos al menos con un a�o de anterioridad,

2a. O que, alternativamente y con posterioridad al vencimiento, no antes, se celebre un acuerdo de pago, el cual no ser� leg�timamente posible si los intereses tienen menos de un a�o de debidos.

Antes de establecer las excepciones, la expresada norma consagra a manera de regla general que "Los intereses pendientes no producir�n intereses".

Es la ley, pues, la que establece el principio y las excepciones. Sin embargo, el decreto demandado, que es de car�cter reglamentario, cuyo sustento y marco de validez lo constituye aqu�lla, raz�n por la cual no puede modificarla, adicionarla o ampliarla, ni restringirla, en su esencia o sustancia entr� a tipificar una modalidad o especie de anatocismo al establecer, sobre la premisa de que por intereses pendientes o atrasados deben entenderse aquellos que sean exigibles, que "no se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago que contemplen la capitalizaci�n de intereses, por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuant�a, plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligaci�n".

Una m�s y distinta excepci�n a las que contempla el art�culo 886 del C�digo de Comercio agrega el acto acusado, desbordando los l�mites de la potestad reglamentaria, y contrariando abiertamente no s�lo el principio que aquella norma como los preceptos se�alados del C�digo Civil consagran, sino tambi�n la Constituci�n de 1886, vigente, que al otorgar ese poder al Gobierno Nacional lo limit�.

Es que ciertamente, la capitalizaci�n de intereses consiste en acumular los devengados o causados al capital y la suma de ambos factores considerarla como nuevo capital que genera los correspondientes intereses, lo que, en esencia, en nada se diferencia del anatocismo o inter�s compuesto, sino que, por el contrario, se confunde, o, mejor, se identifica con �l.

La proscripci�n del pacto de intereses sobre intereses se desconoce palmariamente en el Decreto Reglamentario 1454, al eliminar �ste dicha prohibici�n para dar paso a que se convengan libremente estipulaciones entre las partes que les permitan a �stas determinar la cuant�a en que se capitalizan los intereses de una obligaci�n y el plazo y periodicidad en que deben cancelarse.

Los dos p�rrafos finales del inciso 2o. del art�culo 1o. del decreto impugnado, son igualmente violatorios de la ley que pretende reglamentar, por las siguientes razones:

�nicamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicaci�n de dichos sistemas, respecto de obligaciones civiles, est� sujeto a la prohibici�n contemplada en la regla 4a. (sic) del art�culo 1617 y en el art�culo 2235 del C�digo Civil��

Este p�rrafo invierte el sentido de la regla que en los art�culos que enuncia proh�be el anatocismo.

En efecto, s�lo acepta que, en trat�ndose de la aplicaci�n de los sistemas de pago, a los que se refiere la proposici�n inicial del mismo inciso, �nicamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes, est� sujeto a la prohibici�n contemplada en la regla 4a. (debe entenderse 3a.) del art�culo 1617 y en el art�culo 2235 del C�digo Civil. Lo cual quiere decir, en buen romance, que ', fuera de dichos sistemas, haya o no haya atraso, tambi�n podr� estipularse el anatocismo.

"trat�ndose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicaci�n del art�culo 886 del C�digo de Comercio".

Aqu� el quebrantamiento de la ley tambi�n se percibe, por cuanto restringe la aplicaci�n del art�culo 886 al evento de que solamente se d� el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes de la aplicaci�n de sistemas de pago que contemplen la capitalizaci�n de intereses con la libertad que se se�ala en el p�rrafo inicial del inciso 2o. del art�culo lo. del decreto demandado.

La norma reglamentada, por ser exceptiva, no puede menos que interpretarse restrictivamente. Empero, el Gobierno Nacional con el pretexto de reglamentarla, al establecer una nueva excepci�n ampl�a su sentido y alcance, contrariando su esp�ritu.

Adem�s, introducir, con el mismo pretexto, normas nuevas, implica, como lo ha sostenido esta Corporaci�n, un acto exorbitante, una extralimitaci�n de funciones, que constituye una clara violaci�n de la voluntad legislativa.

Debi�, a mi juicio, con base en las consideraciones precedentes, declararse la nulidad del inciso 2o. del art�culo 1o. del Decreto Reglamentario 1454 de 4 de Julio de 1989 y denegarse las dem�s s�plicas de la demanda.

Fecha Providencia	27/03/1992
Fecha de notificaci�n	27/03/1992