AUTO de 1963

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032599AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull196301/04/1963AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null___1963_01/04/1963300325971963DECRETOS REGLAMENTARIOS - Suspensi�n provisional / INCAPACIDAD TECNICA DE OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Se niega la suspensi�n provisional del literal a) del art�culo 95 del Decreto N� 0570 de 1960, dictado por el Gobierno Nacional como reglamentaci�n de la Ley 126 de 1959. Lo que hizo el precepto acusado no fue otra cosa que desarrollar aquello que ya estaba t�citamente regulado en el Art. 4� de la Ley 126 de 1959 y en el 71 del Regla de Calificaci�n y Clasificaci�n de las Fuerzas Militares. No puede sostenerse, por lo tanto, que la norma acusada haya creado situaciones distintas a las ya en funcionamiento de de Calificaci�n y Clasificaci�n de las Fuerzas Militares. No puede sostenerse, infringi� la disposici�n reglamentada, mal pod�an quebrantarse los preceptos constitucionales que se citan en la demanda, ya que la supuesta violaci�n de esto s�lo se producir�a a trav�s de la transgresi�n de aqu�lla. Por otra parte, el art�culo 3� de la Ley 126 de 1959 se limita a definir uno de los tantos casos de incapacidad t�cnica, pero sin regular el fen�meno en su totalidad. Por ello no puede decirse que lo preceptuado en esa norma impida al Gobierno desarrollar en reglamento otros motivos que aparecen impl�citos en la ley, especialmente si se considera que ellos son similares al contemplado en el art�culo que se comenta, razonamiento que cobra mayor fuerza al estudiar la disposici�n del art�culo 81 del Reglamento de Calificaci�n y Clasificaci�n, en la cual se expresa cu�les son los Oficiales que deben figurar en la lista numero 5 con la calificaci�n de "malos".

DECRETOS REGLAMENTARIOS - Suspensi�n provisional / INCAPACIDAD TECNICA DE OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

Se niega la suspensi�n provisional del literal a) del art�culo 95 del Decreto N� 0570 de 1960, dictado por el Gobierno Nacional como reglamentaci�n de la Ley 126 de 1959. Lo que hizo el precepto acusado no fue otra cosa que desarrollar aquello que ya estaba t�citamente regulado en el Art. 4� de la Ley 126 de 1959 y en el 71 del Regla de Calificaci�n y Clasificaci�n de las Fuerzas Militares. No puede sostenerse, por lo tanto, que la norma acusada haya creado situaciones distintas a las ya en funcionamiento de de Calificaci�n y Clasificaci�n de las Fuerzas Militares. No puede sostenerse, infringi� la disposici�n reglamentada, mal pod�an quebrantarse los preceptos constitucionales que se citan en la demanda, ya que la supuesta violaci�n de esto s�lo se producir�a a trav�s de la transgresi�n de aqu�lla. Por otra parte, el art�culo 3� de la Ley 126 de 1959 se limita a definir uno de los tantos casos de incapacidad t�cnica, pero sin regular el fen�meno en su totalidad. Por ello no puede decirse que lo preceptuado en esa norma impida al Gobierno desarrollar en reglamento otros motivos que aparecen impl�citos en la ley, especialmente si se considera que ellos son similares al contemplado en el art�culo que se comenta, razonamiento que cobra mayor fuerza al estudiar la disposici�n del art�culo 81 del Reglamento de Calificaci�n y Clasificaci�n, en la cual se expresa cu�les son los Oficiales que deben figurar en la lista numero 5 con la calificaci�n de "malos".

Adm�tese la demanda formulada por el doctor Bernardo Enrique Peralta Ortiz contra el art�culo 95, literal a), del Decreto n�mero 0570 de 9 de marzo de 1960, dictado por el Gobierno Nacional. En consecuencia se dispone:

2� Comuniq�ese esta providencia al se�or Ministro de Guerra y notif�quese personalmente al Secretario General de ese despacho.

3� F�jese el negocio en lista por el t�rmino de cinco d�as a fin de que las partes y el Agente del Ministerio P�blico soliciten las pruebas que a bien tengan.

El doctor Bernardo Enrique Peralta Ortiz demanda del Consejo de Estado la declaratoria de nulidad y la suspensi�n provisional del art�culo 95, literal a), del Decreto n�mero 0570 de 9 de marzo de 1960, expedido por el Gobierno Nacional, por estimar que ese ordenamiento reglamentario desborda los l�mites de la ley que desarrolla y, de consiguiente, infringe los art�culos 16, 20, 26, 30, 55, 120, 166 y 169 de la Constituci�n Nacional.

En auto de 22 de marzo de 1963, dictado en el negocio de Bernardo Zuleta y con la ponencia del Consejero que suscribe esta decisi�n, dijo la Sala:

"La funci�n administrativa es la actividad del Estado encomendada al �rgano ejecutivo y dirigida a la aplicaci�n de la Constituci�n, de la ley, y de los ordenamientos inferiores, y la potestad reglamentaria es la funci�n administrativa en cuanto desarrolla en normas generales y abstractas aquellos mismos estatutos para efectos de su adecuada realizaci�n. La causa primaria de ese poder especial se encuentra en la necesidad de ejecutar en su plenitud el derecho objetivo, y el l�mite de su ejercicio se halla en el mismo estatuto que se pretende reglamentar y en la obligaci�n de aplicarlo en su totalidad.

"Esa doctrina fluye natural y espont�neamente del art�culo 120, producci�n de textos. En su ejercicio hay un proceso previo de a�o numeral 3�, de la Constituci�n Nacional. Al Presidente de la Rep�blica corresponde, en desempe�o de su funci�n administrativa general y de su poder reglamentario en particular, expedir las �rdenes, resoluciones y decretos necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes. As�, el campo en que se mueve aquella potestad est� fijado por la obligaci�n de realizar �ntegramente el mandamiento superior. Tanta ser� la materia reglamentable, cuanta aparezca de la necesidad de aplicar correctamente el estatuto que se desarrolla.

La funci�n reglamentaria no es una actividad mec�nica de relisis y evaluaci�n de la ley, de indagaci�n de sus fines, y de investigaci�n sobre su contenido general y sus alcances parciales. Como producto de ese estudio, el reglamento debe ser reflejo fiel del estatuto desarrollado y de cada uno de sus preceptos. En �l puede desenvolverse, no s�lo lo que aparezca expl�citamente regulado en la ley, sino tambi�n lo que se encuentre impl�cito en ella".

Con apoyo en la doctrina transcrita se estudiar�n los planteamientos de la demanda. Dice el art�culo 4� de la Ley 126 de 1959 que la separaci�n del servicio se clasifica seg�n su forma y causales, as�: "a) Retiro temporal con pase a la reserva... 5� Por incapacidad t�cnica..." En el precepto no se se�ala el alcance de la �ltima expresi�n, pero ella indica, por lo menos, que comprende todos aquellos casos en que el oficial haya $ido incluido en la �ltima categor�a de la clasificaci�n, m�xime si se considera que en ella s�lo aparecen quienes a trav�s de sus actuaciones hayan demostrado, entre otras cosas, la m�s baja capacidad militar.

De acuerdo con el art�culo 71 del Reglamento de Calificaci�n y Clasificaci�n de las Fuerzas Armadas, all� se establecen cinco listas para efectos de seleccionar el personal: En la n�mero 1 se incluyen los "sobresalientes"; en la n�mero 2, los "distinguidos"; en la n�mero 3�, los "satisfactorios"; en la n�mero 4, los "deficientes"; y en la n�mero 5, los "malos". Puede decirse, pues, que los que figuren en esta �ltima lista que constituyen la escala inferior, no han acreditado capacidad t�cnica alguna. Por consiguiente, ellos quedan impl�citamente comprendidos en la regulaci�n del art�culo 4� de la Ley 126 de 1959, y pueden ser retirados con pase a la reserva.

As�, pues, lo que se hizo en el art�culo acusado no fue otra cosa que desarrollar aquello que ya estaba t�citamente regulado en la ley y en el Reglamento de Calificaci�n y Clasificaci�n. Por lo tanto, no se puede sostener que la norma enjuiciada haya creado situaciones distintas a las ya existentes o que con ella se haya violado el mandato superior de la ley. Y si no se infringi� la disposici�n reglamentada, mal pod�an quebrantarse los preceptos constitucionales que se citan en la demanda, ya que la supuesta violaci�n de �stos s�lo se producir�a a trav�s de la transgresi�n de aqu�lla.

Conviene anotar, adem�s, que el art�culo 39 de la Ley 126 de 1959 se limita a definir uno de los tantos casos de incapacidad t�cnica, pero sin regular el fen�meno en su totalidad. Por esa circunstancia, no se puede sostener que lo preceptuado en esa norma impida al gobierno desarrollar en el reglamento otros motivos que aparecen impl�citos en la ley, especialmente si se considera que ellos son similares al contemplado en el art�culo que se comenta. Este razonamiento cobra mayor fuerza al estudiar la disposici�n 81 del Reglamento de Clasificaci�n, en la cual se expresa cu�les son los oficiales que deben figurar en la lista n�mero 5�, con la calificaci�n de "malos".

Las razones enunciadas son suficientes para que esta Sala unitaria considere que no es procedente la suspensi�n provisional solicitada.

En m�rito de lo expuesto, no se accede a decretar la suspensi�n provisional pedida en la demanda.

NOTA DEL RELATOR: Por sentencia de fecha 17 de julio de 1964, el Consejo de Estado fall� definitivamente el negocio en que recay� este auto. En ella, se transcribi� �ntegramente la providencia sobre suspensi�n provisional, y se agreg� que como las razones en ella expuestas no hab�an sido desvirtuadas durante la tramitaci�n del juicio, no era del caso declarar la nulidad del literal a) del art�culo 95 del Decreto Reglamentario n�mero 570 de 1960. Por otra parte, en sentencias de 17 de julio de 1964 (caso del subteniente Edilberto Castrill�n, Exp. No. 1801) y de 20 de agosto del mismo a�o (caso del teniente Antonio Chamorro Hormaza, Exp. No. 2115), la Corporaci�n neg� la nulidad de los decretos que ordenaron el retiro del servicio activo del Ej�rcito en forma temporal alegando la "incapacidad t�cnica de los actores". Las demandas alegaban la inconstitucionalidad del mencionado precepto, solicitaban que se declarara su inaplicabilidad y, como consecuencia, la nulidad de los actos administrativos enjuiciados que en �l se hab�an apoyado. La negativa del Consejo se apoy�, en uno y otro caso, en que los argumentos presentados para sostener la inaplicabilidad del literal a) del art�culo 95 del Decreto 570 de 1960 eran id�nticos a los sostenidos en la demanda del doctor Peralta Ortiz, por lo cual los razonamientos de la sentencia del 17 de julio eran aplicables en un todo a los respectivos casos sub lite.