AUTO 2468 de 1963

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032598AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull2468196327/05/1963AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2468__1963_27/05/1963300325961963DECRETOS REGLAMENTARIOS - Suspensi�n provisional / PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS � Definici�n / FINALIDADES DE LA LEY 155 DE 1959 El legislador expidi� la Ley 155 de 1959 en ejercicio de la facultad que le confiere el art�culo 32 de la Constituci�n, seg�n el cual a �l corresponde se�alar las actividades econ�micas que pueden ser intervenidas con los fines indicados en el mandato constitucional. El objeto de la intervenci�n tiene que ser el de restringir, en los casos y para las finalidades que el legislador se�ale, la libertad de que en principio gozan las personas para trabajar, dedicando su actividad a cualquier clase de industrias y tambi�n la de ejercitar por ciertos aspectos la PLENA IN RE POTESTAS en que ha consistido el derecho de propiedad, para encauzarlo hacia su funci�n social, que implica obligaciones para su titular. Cuando la Constituci�n autoriza al legislador para dictar las normas pertinentes cuando �ste considere que alguna forma de actividad econ�mica es susceptible de causar da�o a la comunidad si no se la encauza en un sentido en que sea �til a todos y no perturbe el conjunto de la econom�a nacional, reconoce impl�citamente la existencia de un ORDEN PUBLICO ECONOMICO, de un campo en el cual pueden configurarse abusos de la libertad individual de obrar, y en consecuencia facultad al legislador para se�alar l�mites al ejercicio de esa clase de actividades. DECRETO 3226 DE 1962, REGLAMENTARIO DE LAS DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS DE LA LEY 155 DE 1959 De sus disposiciones, se suspenden provisionalmente las siguientes: a) El art�culo 17, por cuanto implica modificaciones al C. de P. C. (art�culos 152, 107 y 97) y no est�, dentro de las facultades del Gobierno, como suprema autoridad administrativa, reglamentar nada atinente a los procedimientos judiciales, precisamente porque ellos no son materia administrativa. S�lo al Congreso corresponde expedir c�digos y reformar sus disposiciones; b) El art�culo 20, porque restringe el plazo que la Ley 155 otorga al investigado para contestar el acta de conclusiones y presentar sus descargos; c) El art�culo 22, por cuanto permite al Gobierno dictar la resoluci�n sobre los hechos investigados a�n sin o�r el concepto del Consejo de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n, al paso que el art�culo 14 de la Ley 155 exige dicho concepto para expedir tal resoluci�n; d) El art�culo 24, ya que excede las facultades reglamentarias del Gobierno al establecer sanciones que no fueron previstas por la ley reglamentada y sin estar expresamente facultado para hacerlo, y e) El art�culo 27 por la misma raz�n que el anterior.

DECRETOS REGLAMENTARIOS - Suspensi�n provisional / PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS � Definici�n / FINALIDADES DE LA LEY 155 DE 1959

El legislador expidi� la Ley 155 de 1959 en ejercicio de la facultad que le confiere el art�culo 32 de la Constituci�n, seg�n el cual a �l corresponde se�alar las actividades econ�micas que pueden ser intervenidas con los fines indicados en el mandato constitucional. El objeto de la intervenci�n tiene que ser el de restringir, en los casos y para las finalidades que el legislador se�ale, la libertad de que en principio gozan las personas para trabajar, dedicando su actividad a cualquier clase de industrias y tambi�n la de ejercitar por ciertos aspectos la PLENA IN RE POTESTAS en que ha consistido el derecho de propiedad, para encauzarlo hacia su funci�n social, que implica obligaciones para su titular. Cuando la Constituci�n autoriza al legislador para dictar las normas pertinentes cuando �ste considere que alguna forma de actividad econ�mica es susceptible de causar da�o a la comunidad si no se la encauza en un sentido en que sea �til a todos y no perturbe el conjunto de la econom�a nacional, reconoce impl�citamente la existencia de un ORDEN PUBLICO ECONOMICO, de un campo en el cual pueden configurarse abusos de la libertad individual de obrar, y en consecuencia facultad al legislador para se�alar l�mites al ejercicio de esa clase de actividades.

DECRETO 3226 DE 1962, REGLAMENTARIO DE LAS DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS DE LA LEY 155 DE 1959

De sus disposiciones, se suspenden provisionalmente las siguientes: a) El art�culo 17, por cuanto implica modificaciones al C. de P. C. (art�culos 152, 107 y 97) y no est�, dentro de las facultades del Gobierno, como suprema autoridad administrativa, reglamentar nada atinente a los procedimientos judiciales, precisamente porque ellos no son materia administrativa. S�lo al Congreso corresponde expedir c�digos y reformar sus disposiciones; b) El art�culo 20, porque restringe el plazo que la Ley 155 otorga al investigado para contestar el acta de conclusiones y presentar sus descargos; c) El art�culo 22, por cuanto permite al Gobierno dictar la resoluci�n sobre los hechos investigados a�n sin o�r el concepto del Consejo de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n, al paso que el art�culo 14 de la Ley 155 exige dicho concepto para expedir tal resoluci�n; d) El art�culo 24, ya que excede las facultades reglamentarias del Gobierno al establecer sanciones que no fueron previstas por la ley reglamentada y sin estar expresamente facultado para hacerlo, y e) El art�culo 27 por la misma raz�n que el anterior.

Referencia: Decretos del Gobierno. Nul. Decreto N� 3226, Dic. 10, 1962, Minfomento. Providencia que decide la solicitud de suspensi�n provisional.

El doctor Mario Aramburo, abogado y vecino de Medell�n, fund�ndose en los art�culos 62 y 66 del C.C.A., presenta demanda para "que sean anulados, en su totalidad o parcialmente", la mayor parte de los art�culos que integran el Decreto del Gobierno Nacional distinguido con el n�mero 3236 y expedido el 10 de diciembre de 1962, por medio del cual fue reglamentada la ley 155 de 1959 sobre pr�cticas comerciales restrictivas.

Y en cuanto en ella se solicita ordenar la suspensi�n provisional de muchos de los art�culos impugnados, se procede en el presente auto a estudiar y resolver tal pedimento de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 95 del C.C.A.

Para precisar cu�les son, en definitiva, las normas del decreto impugnado que el actor estima ostensiblemente contrarias a preceptos constitucionales y legales y a las que endereza, por consiguiente, la demanda de suspensi�n, debe tenerse en cuenta el cap�tulo IV del libelo, advirtiendo que la ordenaci�n y redacci�n general de �ste lo hace confuso y dificulta el estudio de la suspensi�n. Lo indicado en esta clase de demandas es formalizar el cargo de violaci�n de normas superiores citando concretamente las que el demandante cree violadas por cada norma que impugna y explicando en lo relativo a cada una el concepto o raz�n por la cual estima que la violaci�n se configura. Pero la demanda no siempre fue fiel a esta t�cnica sencilla y clara para plantear y razonas los cargos que formula.

En el Cap�tulo I "Lo que se demanda", enumera los art�culos que pide sean anulados total o parcialmente, que son la mayor parte de los que forman el Decreto, pero no todos ellos. No obstante, en los renglones finales de ese cap�tulo dice:

"Tambi�n solicito la suspensi�n provisional del Decreto acusado (es decir, de todo �l, aun cuando no ha pedido la anulaci�n de la totalidad de sus disposiciones); o subsidiariamente, de partes de ese Decreto, de acuerdo con la motivaci�n que expondr� adelante".

Trae el libelo en seguida un largo Cap�tulo II titulado "Hechos fundamentales de la acci�n", en el cual refiri�ndose a cada uno de los art�culos cuya anulaci�n pide seg�n la enumeraci�n del Cap�tulo I, expresa lo que en una demanda contencioso administrativa de simple nulidad debiera titularse m�s bien concepto de la violaci�n. Pero ocurre que all� se mezclan razones de simple conveniencia, sobre las cuales al juzgador no le es dado decidir, con razones de inconstitucionalidad e ilegalidad. Y aqu� casi siempre olvida citar concretamente la norma superior que estima violada por cada una de las disposiciones acusadas.

En el Cap�tulo III del libelo, denominado "Fundamentos de derecho y disposiciones que se estiman violadas", hace el actor amplias disquisiciones respaldadas en doctrinas extranjeras y citas de jurisprudencia nacional sobre lo que debe ser el ejercicio del poder reglamentario, para llegar a la conclusi�n de que el Gobierno se ha salido de los l�mites del ejercicio leg�timo de esa facultad en el Decreto 3236 de 1962. Sostiene "que el poder reglamentario ha sido indebidamente ejercido en esta ocasi�n, porque ha trasgredido los c�nones que lo limitan: el decreto reglamentario infringe la Constituci�n, viola el estatuto que se pretende reglamentar porque o lo contradice o lo excede, y viola otras leyes". M�s adelante afirma: "Puede decirse que todo el reglamento es injur�dico, porque las escasas disposiciones que han quedado al margen de la acusaci�n son triviales redundancias de claras normas de la ley". Y para terminar esta acusaci�n general de injuridicidad expresa el libelo: "Por todo ello es enjuiciable (el decreto) con la acci�n de exceso y de desviaci�n de poder, de inexequibilidad e ilegalidad y por esa v�a es anulable".

Todo lo anterior se resumir�a en que el actor considera que el Gobierno se ha excedido en el ejercicio de la facultad reglamentaria que al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa confiere expresamente el ordinal 3� del art�culo 120 de la Codificaci�n constituyen manifiestas violaciones de normas positivas de derecho". Y don s�lo pueden tenerse en cuenta las disposiciones reglamentarias impugnadas con cita concreta en cada caso de las normas superiores que el actor estima infringidas y el concepto de la violaci�n de �stas. La acusaci�n de inconstitucionalidad, en t�rminos generales, hecha as� al Decreto no, es atendible.

V�ase ahora c�mo plantea y limita el actor lo atinente a la suspensi�n provisional en el Cap�tulo IV de la demanda. Aqu� comienza por solicitar la suspensi�n de "todas las disposiciones acusadas porque ellas constituyen manifiestas violaciones de normas positivas de derecho". Y agrega que "todas las normas acusadas constituyen clara violaci�n de las de derecho positivo que se han mencionado antes como transgredidas". Pero no tiene en cuenta el demandante que en el Cap�tulo III, despu�s de la disquisici�n sobre los l�mites del poder reglamentario, se limit� a citar, en t�rminos generales tambi�n, como violadas por el reglamento, la ley reglamentada, los art�culos que cita de la Carta y otros de diferentes c�digos y leyes, sin dejar en claro cu�l o cu�les de estas normas superiores es violada por cada ordenamiento del Decreto. Esto hace imposible el estudio de lo relativo a la suscripci�n provisional y de todos los art�culos acusados en la demanda, ya que para pronunciarse el juzgador sobre ese pedimento es necesario que se le diga concretamente, frente a cada disposici�n del reglamento, qu� norma superior viola. S�lo as� puede hacerse la simple comparaci�n requerida para encontrar evidente la inconformidad de cada parte del reglamento con las normas superiores que el actor estima infringidas en �l.

Por las razones anteriores, el estudio de la solicitud de suspensi�n provisional ha de limitarse a los art�culos del Decreto que el demandante se�ala como violatorios de las determinadas normas superiores que cita a prop�sito de cada uno de ellos al presentar la petici�n subsidiaria que enuncia as�: "Pero si el Honorable Consejo de Estado tuviere una opini�n m�s ce�ida, subsidiariamente solicito que sean provisionalmente suspendidos los siguientes art�culos, que condensan impresionantes antinomias:�

En los p�rrafos siguientes cita el demandante cada uno de los art�culos del Decreto reglamentario a que contrae la solicitud de suspensi�n provisional y las normas superiores de la Constituci�n y de la ley que, en su opini�n, han sido infringidas con cada una. El concepto de la violaci�n hay que buscarlo separadamente y est� no poco difuso en las glosas que hace en el Cap�tulo II, en el cual s�lo a veces cita las normas que cree violadas por cada disposici�n del reglamento impugnado.

Para poner orden en el estudio de las acusaciones precisadas por el demandante en el Cap�tulo IV de su libelo, sobre suspensi�n de los art�culos que en �l determina, o de parte de ellos, por ser evidente, seg�n �l, su inconformidad con las normas superiores que se�ala como violadas, conviene primero tomar en su conjunto la ley reglamentada, o sea la 155 de 1959 "por la cual se dictan algunas disposiciones sobre pr�cticas comerciales restrictivas", a fin de procurar una interpretaci�n arm�nica de sus preceptos al efectuar su comparaci�n con los ordenamientos reglamentarios que han sido impugnados en el concepto de que la infringen. La suspensi�n provisional no procede, como es sabido, sino cuando de esa comparaci�n surge clara y ostensible la violaci�n de la norma superior por la disposici�n impugnada. Y al juzgar sobre la legalidad de un reglamento ejecutivo debe tenerse en cuenta que no siempre cada ordenamiento reglamentario se relaciona solo con otro ordenamiento aislado de la ley reglamentada.

El legislador expidi� la Ley 155 de 1959 en ejercicio de una facultad excepcional que le confiere el art�culo 32 de la Carta al disponer que "El Estado puede intervenir por mandato de la ley en la explotaci�n de industrias o empresas p�blicas y privadas, con el fin de racionalizar la producci�n, distribuci�n y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protecci�n a que tiene derecho". Corresponde, pues, al legislador se�alar las actividades econ�micas que pueden ser intervenidas con los fines indicados. El objeto de la intervenci�n tiene que ser restringir, dentro de los casos y para las finalidades que el legislador se�ale, la libertad de que en principio gozan las personas y tambi�n la de ejercitar por ciertos aspectos la plena in re potestas para trabajar, dedicando su actividad a cualquier clase de industrias, en que ha consistido el derecho de propiedad para encauzarlo hacia su funci�n social, que implica obligaciones para su titular. As�, cuando el legislador considere que alguna forma de actividad econ�mica es susceptible de causar da�o a la comunidad si no se la encauza en un sentido en que sea �til a todos y no perturbe el conjunto de la econom�a nacional, puede dictar las normas pertinentes.

Reconoce as� impl�citamente la Constituci�n la existencia de un orden p�blico econ�mico, un campo en el cual pueden configurarse abusos de la libertad individual de obrar y en consecuencia faculta al legislador para se�alar l�mites al ejercicio de esa clase de actividades.

En desarrollo de aquel precepto constitucional fue expedida la Ley 155 de 1959. Estableci� ella ciertas prohibiciones que limitan la libre actividad de los empresarios y erigi�, por tanto, en infracciones punibles los hechos que veda. Y, desde luego, el cumplimiento de sus mandatos qued� confiado a las otras dos ramas del Poder P�blico, a cada una de las cuales corresponde, dentro de su respectiva esfera, la aplicaci�n de la ley.

La m�s trascendental prohibici�n, la esencial, en el contenido de la Ley 155 de 1959 y que est� condensada en su t�tulo, es la del art�culo primero. Puede decirse que las de los art�culos cuarto, quinto, sexto, s�ptimo, octavo y noveno apenas son desarrollos m�s detallados o modalidades de lo que se instituye en el primero.

Lo relativo a la competencia desleal tiende propiamente a una protecci�n m�s eficaz de leg�timos derechos de los empresarios, mediante la regulada intervenci�n de la autoridad administrativa, y al definido establecimiento de una acci�n civil ante los jueces en favor de los perjudicados por hechos de los competidores desleales.

Para una recta interpretaci�n de la Ley 155 no se debe, pues, considerar separadamente, es decir, sin relacionarlos o armonizarlos entre s�, los textos que erigen en contravenciones ciertos hechos con los que atribuyen la competencia y establecen el procedimiento para investigarlos, juzgarlos y sancionarlos y las sanciones a los infractores.

El decreto reglamentario tendr�, por tanto, que ser juzgado a la luz de una interpretaci�n arm�nica de los diversos textos de la ley.

TEXTO DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO A QUE SE CONTRAE EL PEDIMENTO DE SUSPENSION PROVISIONAL

Dice el demandante en el Cap�tulo sobre suspensi�n provisional, refiri�ndose a las disposiciones del Decreto que impugna y para las cuales impetra dicha medida:

1. El art�culo segundo porque viola claramente el 1� de la ley reglamentada y el 29 de la Constituci�n Nacional.

V�ase ahora c�mo explica el demandante el concepto de las violaciones en los p�rrafos que destina a comentar el art�culo segundo del Decreto dentro del Cap�tulo II de la demanda, titulado: "Hechos fundamentales de la acci�n.

Art. 2� La redacci�n de este art�culo no permite saber si dicta un ment� del par�grafo del art�culo 1� de la ley o si se refiere ya al art�culo 4�. Por el orden de materias y por el uso de las palabras acuerdos o convenios, que son clave del texto del par�grafo, y tambi�n del art�culo 1� del Decreto que lo reglamenta, m�s parece que en este art�culo segundo se contin�a la materia tratada en el primero. Sobre este supuesto se puede tachar el reglamento de ilegal.

Y como el actor hab�a expresado arriba el concepto en que le parece ilegal el art�culo 1� del Decreto y los cargos al segundo son en parte consecuenciales de los formulados al primero, en cuanto a que violan el art�culo primero de la ley reglamentada, es menester estudiar los cargos a ambos art�culos del Decreto, aun cuando la solicitud concreta de suspensi�n provisional se refiere s�lo al segundo.

"Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producci�n, abastecimiento, distribuci�n o consumo de materias primas, productos, mercanc�as o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de pr�cticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, con el prop�sito de determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los productores de materias primas.

"PARAGRAFO. El Gobierno, sin embargo, podr� autorizar la celebraci�n de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector b�sico de la producci�n de bienes o servicios de inter�s para la econom�a general.

"Para efectos de la autorizaci�n facultativa que se consagra en el par�grafo del art�culo de la Ley 155 de 1959, en la celebraci�n de acuerdos o convenios limitativos de la libre competencia a trav�s de concentraciones jur�dico econ�micas, se consideran sectores b�sicos de inter�s para la econom�a y bienestar social, los siguientes:

a) El procesamiento manufacturero y de art�culos destinados a satisfacer la alimentaci�n, vestuario, sanidad, vivienda, combustibles y dem�s bienes de consumo esencial y frecuente dentro de la estructura del gasto de las familias.

b) Las industrias dedicadas a la prestaci�n de los servicios de transporte, energ�a el�ctrica, acueductos, oleoductos, gasoductos, telecomunicaciones, bancarios seguros y educacionales, y

c) Todas aquellas actividades econ�micas que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, tengan o llegaren a tener en lo futuro el car�cter de industrias b�sicas o complementarias a la producci�n de hierro".

El Gobierno no podr� autorizar la celebraci�n de acuerdos o convenios de concentraciones jur�dico econ�micas cuando tiendan a controlar simult�neamente actividades econ�micas inherentes a los sectores agropecuarios, industriales y comerciales.

El cargo al art�culo primero del Decreto, fundado en violaci�n del art�culo primero de la ley, consiste sustancialmente en que el Gobierno introdujo en el reglamento la expresi�n concentraciones jur�dico econ�micas, cuando el art�culo 1� de la ley habla s�lo de acuerdos o convenios, y, en general, de toda clase de pr�cticas, procedimientos o sistemas .

El art�culo primero de la Ley 155 proh�be los acuerdos o convenios y los procedimientos o pr�cticas que limiten la producci�n, distribuci�n o consumo de g�neros y servicios, y en general, "toda clase de pr�cticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, con el prop�sito de determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los productores de materias primas". Se subraya la frase que establece la finalidad que se busca con la prohibici�n general que contiene el art�culo, porque ella resulta indispensable para interpretar el pensamiento fundamental del legislador en todo el contexto de la ley. El primer inciso del art�culo no establece distinciones o limitaciones en cuanto a las actividades econ�micas a que deba aplicarse.

El par�grafo deja al buen criterio del Gobierno determinar los casos de excepci�n, en vista de la finalidad que all� mismo se enuncia. En efecto, por �l se faculta al Gobierno para autorizar la celebraci�n de acuerdos o convenios que, no obstante limitar la libre competencia, "tengan por fin defender la estabilidad de un sector b�sico de la producci�n de bienes o servicios de inter�s para la econom�a general".

Y por medio del art�culo primero del Decreto reglamentario ha ejercido el Gobierno la facultad de se�alar lo que considera sectores b�sicos de inter�s para la econom�a en los cuales los acuerdos limitativos de la libre competencia son autorizables, siempre y cuando que ellos se enderecen precisamente a defender la estabilidad de tales sectores.

En la glosa que hace la demanda al art�culo primero del Decreto critica el empleo de la expresi�n "concentraciones jur�dico econ�micas", per cuanto la ley s�lo habla de acuerdos o convenios de las empresas. Pero tal expresi�n no contrar�a evidentemente la norma legal. Ella solo parece traducir, quiz� pleon�sticamente, la idea cardinal del art�culo primero de la ley, pues habr� que entender que donde quiera que haya un convenio o acuerdo o se haya establecido un sistema o pr�ctica de los que la norma legislativa proh�be, se configura la concentraci�n jur�dico econ�mica de las empresas de que habla el Decreto. Y esto parece ser as� por cuanto, sean cuales fueren las estipulaciones del pacto o convenio o la forma en que se establecieren entre las empresas tales pr�cticas, que envuelven compromisos, resultar�a configur�ndose una obligaci�n rec�proca, la cual implicar�a un acto jur�dico para ligarlas, y como ese acto jur�dico tendr�a por finalidad un resultado econ�mico que a todas vincular�a, el hecho vendr�a a configurar lo que el Decreto denomina "concentraci�n jur�dico econ�mica". Esta expresi�n por s� sola no parece ser a primera vista limitativa de lo que establece la ley, como lo piensa el actor. Hay que conformar la interpretaci�n del art�culo primero del Decreto a lo que dice la ley y entender que concentraci�n jur�dico econ�mica ser� la celebraci�n de pactos o convenios o el establecimiento conjunto de ciertas pr�cticas o procedimientos que, cuando tengan por resultado la limitaci�n de la libre competencia en perjuicio de los consumidores o de los productores de materias primas a quienes se someta a precios inequitativos, deben ser objeto de la intervenci�n de la autoridad competente .

Por eso no se encuentra que la expresi�n del art�culo primero del Decreto no contenida en el de la Ley viole �ste de modo manifiesto.

Ahora bien, como la suspensi�n provisional se concreta al art�culo 2� del Decreto por creer violado tambi�n con �l el primero de la ley en cuanto a la expresi�n concentraciones jur�dico econ�micas empleada en el reglamento, hay que reconocer que por ese motivo no aparece ostensiblemente la pretendida violaci�n, seg�n lo ya explicado.

Las cr�ticas al art�culo 2� envuelven tambi�n meras disparidades de criterio sobre cuestiones de conveniencia. Y as� dice, el demandante, por ejemplo, que "no se ve raz�n alguna legal para que actividades distintas no se combinen, ni para que ellas no puedan mediante acuerdos limitar la competencia". No tiene �l en cuenta la generalidad de la prohibici�n del art�culo primero de la ley, el cual no distingue sobre si los convenios y pr�cticas limitativas de la libre competencia se refieren a actividades econ�micas homog�neas o heterog�neas. Tampoco tiene en cuenta el actor la ampl�sima capacidad de apreciaci�n que el par�grafo del art�culo 1� deja al Gobierno para establecer las excepciones a lo dispuesto, en general, en el mismo art�culo, autorizaci�n que parece incluir tambi�n la de establecer excepciones o salvedades a las excepciones que el mismo Gobierno estatuya. Y esto es lo que dispone el art�culo 2� del Decreto cuando, despu�s de se�alar en el primero los casos en que pueden autorizarse convenios limitativos de la competencia, except�a los que tiendan a limitarla simult�neamente en actividades econ�micas inherentes a los sectores agropecuarios, industriales y comerciales. Quiz� ha ordenado esto el Gobierno considerando que son ellos b�sicos de la econom�a, como lo declara con raz�n el art�culo primero del Decreto, cuando habla de los productos alimenticios y de vestuario, y tambi�n susceptibles de que alianzas de productores y distribuidores de todos o de algunos de ellos impongan precios inequitativos para el consumidor y en detrimento quiz� de los productores independientes, sin que ello est� justificado por la defensa de la estabilidad del correspondiente sector b�sico en orden al inter�s de la econom�a nacional en conjunto.

V�ase ahora si el art�culo segundo del Decreto viola de modo ostensible el art�culo cuarto de la ley reglamentada, aun cuando este cargo, en rigor, no debiera considerarse para los efectos de la suspensi�n por no haber sido precisado por el actor al pedir esta medida cautelar. Dice el art�culo cuarto de la ley:

"Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un art�culo determinado, materia prima, producto, mercanc�a o servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), q m�s, estar�n obligadas a informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre s�, sea cualquiera la forma jur�dica de dicha consolidaci�n, fusi�n o integraci�n.

"PARAGRAFO 1�. El Gobierno Nacional deber� objetar la operaci�n, previo concepto del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n, si tiende a producir una debida restricci�n a la libre competencia".

El mismo demandante duda de si el art�culo impugnado reglamenta el par�grafo del art�culo primero de la ley o el cuarto, pero dice que "m�s parece que en este art�culo segundo se contin�a la materia tratada en el primero" del decreto. Esta sola duda bastar�a para no encontrar ostensible la violaci�n del art�culo cuarto de la ley por la disposici�n impugnada. Y es lo cierto que el art�culo segundo del Decreto se relaciona con el primero de la ley y no con el cuarto. Esto es claro si se para mientes en que la obligaci�n de informar al Gobierno sobre proyectadas operaciones de "fusi�n, consolidaci�n o integraci�n entre s�" que establece el art�culo 4� de la ley, es relativo solo a empresas cuyos activos individualmente considerados, o en conjunto, asciendan a veinte millones de pesos o m�s, en tanto que las disposiciones del art�culo primero de la ley y su par�grafo no establecen limitaciones cuantitativas y se refieren a cualquier clase de acuerdos o convenios (expresi�n mucho m�s amplia que las de fusi�n, consolidaci�n o integraci�n) y tampoco hace distingos sobre si se trata de morosas que se dediquen a una misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora (como se hace en el art�culo cuarto), sino que proh�be esos convenios en cuanto tiendan a determinar precios inequitativos en perjuicio de consumidores o de productores de materias primas. Por tanto, es razonable considerar que el art�culo segundo del Decreto se refiere al art�culo primero de la ley o, m�s propiamente, a su par�grafo, y no al cuarto. El Gobierno en ejercicio de las facultades que se le dan en dicho par�grafo se repite no tiene a primera vista traba legal para disponer que no se autorice la celebraci�n de acuerdos o convenios entre empresas en los casos previstos en el art�culo 2� del Decreto.

En conclusi�n de lo expuesto, no hay fundamento para decretar la suspensi�n provisional del art�culo 2� del Decreto en raz�n de que viole ostensiblemente los art�culos primero y cuarto de la ley reglamentada.

Respecto de la violaci�n por ese mismo ordenamiento reglamentario del art�culo 3� de la Carta, que consagra las libertades de trabajo e industria, habida consideraci�n de que la Ley 155 de 1959 introduce restricciones, fundada en el art�culo 32, al ejercicio omn�modo de esas mismas libertades y de que no se ha demostrado evidente incompatibilidad entre el art�culo segundo del Decreto, de cuya suspensi�n provisional se trata, y el primero ni el cuarto de la ley reglamentad menos clara resulta la pretendida infracci�n del citado art�culo 39 de la Carta.

Dice en lo pertinente, el Cap�tulo de la demanda sobre suspensi�n provisional:

2. El art�culo cuarto, porque viola manifiestamente el 2� de la ley reglamentada, el 135 de la Constituci�n y el Decreto 2703 de 1959.

Cono el actor ha pedido que se decrete la nulidad del art�culo tercero del Decreto, aunque respecto de �ste no ha solicitado la suspensi�n, y en el Cap�tulo II del libelo hace a dicho art�culo algunos reparos que luego desarrolla y precisa m�s al atacar el art�culo cuarto, dada la relaci�n que hay entre estas dos disposiciones y la aseveraci�n que hace el actor de que en dichos art�culos tercero y cuarto del Decreto se reglamenta el segundo de la ley, infringi�ndolo, precisa ver si realmente estos ordenamientos reglamentarios violan flagrantemente dicho art�culo segundo de la Ley 155 de 1959.

Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman determinado art�culo o servicio, y que tengan capacidad para determinar precios en el mercado, por la cantidad que controlen del respectivo art�culo o servicio, estar�n sometidas a la vigilancia del Estado para los efectos de la presente ley.

3�. Las funciones de vigilancia que se consagran en el art�culo 2� de la Ley 155 de 1959, ser�n ejercidas por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, o por las entidades gubernamentales delegadas, mediante el estudio de los siguientes documentos que deben suministrar semestralmente las empresas sujetas a la intervenci�n del Estado: (viene despu�s una enumeraci�n de los documentos informativos que han de suministrar las empresas).

4�. La Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica podr� delegar las funciones de vigilancia y control conferidas por la ley a los Gobernadores de los Departamentos y a los Alcaldes Municipales de los Distritos que tengan m�s de veinticinco mil (25.000) habitantes. Los Gobernadores podr�n subdelegar estas funciones previa autorizaci�n especial de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica".

"Por medio de este art�culo y del siguiente, se reglamenta el art�culo 2� de la ley. El art�culo segundo reglamentado es una norma in�til: decir que las empresas que en �l se relacionan est�n sometidas a la vigilancia del Estado para los efectos de la ley, es redundante, pues ellas y todas las restantes est�n sometidas al Estado en cuanto al cumplimiento de dicha ley. Basta releer las disposiciones de �sta para llegar a esa conclusi�n".

Despu�s entra en consideraciones que s�lo se refieren a la conveniencia, como, por ejemplo, la de que a los Alcaldes tengan que entregar las empresas hasta informaciones que deben mantenerse en secreto, y la de incapacidad t�cnica que supone en tales funcionarios para la debida apreciaci�n de hechos econ�micos, etc. Dice tambi�n el actor que "El art�culo acusado (aqu� habla del tercero) no define lo sustancial, la manera de individualizar a las empresas que se hallen en el estado de tan dr�stica vigilancia".

Pero todas esas consideraciones, ya se ha dicho, son s�lo relativas a la conveniencia y acierto de las medidas reglamentarias de los art�culos tercero y cuarto y no revelan infracci�n de la norma superior que cita. El art�culo tercero del Decreto reglamentario no resulta a la luz de esas consideraciones contrario al art�culo 135 de la Constituci�n, ni aL segundo de la ley reglamentada, ni al Decreto Extraordinario 2703 de 1959.

Al desarrollar luego el concepto de violaci�n para referirse concretamente al art�culo cuarto del Decreto impugnado es cuando el actor hace consideraciones atinentes a infracci�n de dichas normas por �ste y por el tercero.

Dice el demandante en el Cap�tulo II del libelo, al tratar del art�culo cuarto del Decreto:

"Este art�culo autoriza delegaciones y subdelegaciones de las funciones de vigilancia y control conferidas por la ley. Las palabras vigilancia y control pueden aceptarse como sin�nimas, y as� interpretadas sin reparo del Consejo de Estado no habr� un exceso en el reglamento al delegar tambi�n el control, de que no habla la ley".

Antes de seguir adelante, y por lo que respecta a la palabra control, a�adida en el art�culo cuarto del Decreto reglamentario a la expresi�n "vigilancia" que se emplea en el art�culo segundo de la ley, parece que tal palabra no a�ade nada esencial al sustantivo empleado por el legislador. La Academia Espa�ola no ha incorporado todav�a en su Diccionario al galicismo "control", el cual no est� incluido en la �ltima edici�n que se ha tenido a la vista (la de 1956). Seg�n los diccionarios usuales esta palabra significa apenas comprobaci�n y supone el examen, la inspecci�n, el registro de la cosa sujeta a �l. As� entendida la palabra, tendr�a que aceptarse cierta sinonimia entre vigilancia y control.

Por lo dem�s, cuando el legislador dispone que las empresas de que trata el art�culo segundo y, necesariamente, todas aquellas a que puedan aplicarse las prohibiciones consagradas por �l en el texto de la ley, quedan sometidas a la vigilancia del Estado, quiere decir, simplemente, que lo est�n a la de las autoridades de la Rep�blica, dentro de la esfera de competencia que les se�alan la Constituci�n y las leyes. En verdad, no era estrictamente necesario el texto del art�culo 2� al repetir, en cierto modo, lo que dice el 32 de la Carta aplic�ndolo a la labor de impedir las pr�cticas restrictivas de la libre competencia que la ley proh�be al Gobierno le corresponde ejecutar y hacer cumplir los mandatos del legislador y al Jefe de la Administraci�n que es el Presidente de la Rep�blica, le est�n atribuidas, por disposici�n constitucional, las funciones de cumplir las leyes y velar por su exacto cumplimiento y de ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo las �rdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecuci�n de ellas. (Ordinales 2� y 3� de la Carta). As�, pues, con el art�culo segundo de la ley o sin �l, el Presidente de la Rep�blica deber�a disponer la manera de hacer cumplir los preceptos que ella contiene.

En ese mismo orden de ideas dice el demandante, al expresar el concepto de violaci�n del art�culo cuarto del Decreto:

"El Gobierno, que es el Presidente de la Rep�blica con el Ministro o con los Ministros respectivos, pone la vigilancia en manos de un funcionario subalterno, que es el Superintendente de Regulaci�n

Econ�mica, con lo que hace una merma de garant�as para los ciudadanos, pero, m�s que poner en esas manos la atribuci�n, por medio del reglamento lo autoriza para delegarlas, hasta en Alcaldes de aldeas; y a�n m�s, autoriza a los Gobernadores para subdelegarlas sin limitaci�n alguna, en donde se ve la poca importancia o el poco cuidado que atribuye la administraci�n nacional a una materia tan relevante y delicada".

Hasta aqu� las glosas son relativas a la conveniencia de las medidas reglamentarias que el demandante impugna, pero no a su legalidad. De ah� en adelante ya precisa este cargo.

Se est� refiriendo aqu� al art�culo cuarto, pero involucra consideraciones que sobre el 3� no hizo al expresar el concepto de violaci�n de normas superiores al tratar de �ste. Por eso hay que hilvanar estos dos art�culos en este estudio sobre suspensi�n provisional.

"La delegaci�n va contra los principios de derecho p�blico, cuando en �ste se establece la supremac�a de la Carta y que los �rganos constitucionales tienen una competencia creada, y no derecho propio a ejercer la soberan�a. En el sistema de la competencia, el �rgano tiene su poder recibido de la Constituci�n y de la ley y no puede ejercerlo sino en los l�mites que la Constituci�n y la ley establezcan, las cuales crean su competencia, por lo cual en el ejercicio de sus atribuciones se halla bajo ese poder creador y no puede a su vez crearlo para otros. Por esto nuestra Carta ha tenido que autorizar al Presidente de la Rep�blica en el art�culo 135 para delegar en los Ministros, en los Jefes de Departamentos Administrativos y en los Gobernadores algunas funciones, pero exigiendo que �stas sean se�aladas por la ley. Y �sta (Decreto 2703 de 1959) se�al� las funciones que hasta ahora son delegables por el se�or Presidente. Hubiera sido necesario, pues, que la ley reglamentada hubiera autorizado al Gobierno para delegar la vigilancia en la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, para que esta delegaci�n fuera exequible. Las subdelegaciones establecidas en el art�culo son, con mayor raz�n, nulas".

Aun cuando la petici�n de suspensi�n provisional no se refiere al art�culo 3� del Decreto, que adscribe a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica las funciones de vigilancia que para el cumplimiento de las disposiciones de la ley atribuye al Estado el art�culo 2� de �sta, conviene de una vez hacer notar que el Decreto 3.235 de 1962 ha sido dictado cuando ya exist�an disposiciones de jerarqu�a legislativa en virtud de las cuales se cre� dicho organismo como dependencia del Ministerio de Fomento y se le adscribieron funciones, quedando el Gobierno autorizado para se�alarle otras. En efecto, el Decreto 1652 de 1960 contiene las disposiciones org�nicas del Ministerio de Fomento y en su art�culo 3� se menciona la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica como uno de los organismos encargados de ejecutar la pol�tica de ese Ministerio. Y el Decreto 1653, dictado el mismo d�a y expedido como el anterior en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Rep�blica en la Ley 19 de 1958 y en desarrollo de otro Decreto Extraordinario, el 550 de 1960, cre� la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica y le se�al� funciones. Estas est�n determinadas en el art�culo 2� y son relativas a la intervenci�n en materia de costos de art�culos de consumo popular y de tarifas de servicios p�blicos para el efecto de regular unos y otros. El ordinal f) agrega: "Las dem�s funciones que la ley o el Gobierno le se�alen". All� se encuentra, pues, la facultad expresa al Gobierno para se�alarle a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica una �rbita de competencia especial dentro del Ministerio de Fomento.

Parece que, de conformidad con las disposiciones citadas, no hay objeci�n constitucional ni legal para que a la mencionada Superintendencia se le atribuya, no s�lo la vigilancia, sino lo que es m�s determinado y espec�fico se le adscriba competencia, o sea la facultad de tomar la iniciativa y de juzgar y decidir con autoridad en los procesos administrativos cuyo objeto sea poner en pr�ctica los preceptos del legislador, contenidos en la Ley 155 de 1959.

Por lo dicho, el art�culo 3� del Decreto, en cuanto a delegaci�n de funciones a la nombrada Superintendencia no viola la norma constitucional ni la legal citadas por el demandante. Y no debe pasarse por alto que no es en el art�culo 2� de la ley sino en el 12 y siguientes donde se confiere al Ministerio de Fomento la competencia para ejercer la intervenci�n y se se�ala el procedimiento que ha de seguirse.

En cuanto a la subdelegaci�n autorizada por medio del art�culo 4� del Decreto en Gobernadores y Alcaldes de las funciones de vigilancia y control conferidas por la ley, aparentemente de las muy gen�ricas del art�culo 2� de la ley por cuanto �ste establece que las empresas, en orden al cumplimiento de los prop�sitos del legislador, quedan sometidas a la vigilancia del Estado debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se ha dicho y explicado atr�s que la palabra control hay que entenderla apenas como un sin�nimo de vigilancia. Parece que quien est� obligado a vigilar o velar atentamente por algo debe y puede comprobar o inspeccionar lo que es objeto de su vigilancia.

Tambi�n se ha dicho que es una obligaci�n gen�rica de las autoridades velar por el cumplimiento de las leyes. Por eso, como lo anota el mismo actor, el art�culo 2� de la ley, al limitarse a encomendar al Estado, es decir a las autoridades, la vigilancia enderezada a que se cumplan sus mandatos resulta innecesario, ya que la Constituci�n impone a las autoridades un deber de vigilancia en orden a que se pongan en ejecuci�n sus normas. Cuando �stas consisten en prohibiciones que limitan o restringen el principio de la libertad y convierten en hechos il�citos algunos que antes no lo eran, crean contravenciones, tomada esta palabra en su sentido lato. De ah� mismo surge el deber de las autoridades pol�ticas o, m�s estrictamente, de polic�a, en el sentido de estar atentas a evitar que las contravenciones ocurran, y tambi�n a descubrirlas y a procurar que la autoridad a quien corresponda tome a su cargo el conocimiento de la infracci�n o contravenci�n de la norma para que pueda ejercitar su cometido de enjuiciar el hecho y sancionar a sus autores. Se deduce de lo dicho que una cosa es el deber de vigilancia para evitar las contravenciones y aun para descubrirlas, a efecto de que las leyes tengan estricto cumplimiento, y otra cosa es la atribuci�n de facultades o competencia para enjuiciar los hechos prohibidos y sancionar a sus autores.

Para evitar que se infrinjan las prohibiciones contenidas en la Ley 155 de 1959 parece de todo punto de vista necesaria la vigilancia de las autoridades de polic�a y no hay objeci�n legal a que todas ellas colaboren, cada cual dentro de su radio de acci�n, para que no se frustren los prop�sitos de la ley. Dentro de ese criterio, bien puede la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica (organismo administrativo al que el Gobierno, facultado por el Decreto Extraordinario 1653 de 1960 atribuye la competencia que la Ley 155 de 1959 hab�a dado al Ministerio de Fomento para ejecutar las medidas de intervenci�n que ella autoriza y ordena) subdelegar en Gobernadores y Alcaldes ciertas funciones suyas e imponerles algunos deberes con el fin de que la vigilancia se haga m�s eficaz.

Al efecto, el art�culo 3� del Decreto dice que puede subdelegarse la recepci�n y estudio de los documentos que en �l se enumeran. Parece que al estatuir el art�culo 3� del Decreto la obligaci�n que tienen las empresas de presentar los informes documentados de que �l trata, quiso romper el c�rculo vicioso que resultar�a de la pura letra del art�culo 2� de la ley, pues si la mera vigilancia se limitara a las empresas que tienen la capacidad econ�mica suficiente para imponer precios, muchas veces no tendr�a la autoridad medio alguno para saber cu�les son. Los informes exigidos en el art�culo 3� sirven para tal efecto. Es un ejemplo de funci�n de simple vigilancia, puesto que del estudio no parece que haya de surgir una decisi�n sino un informe al superior y quiz� un concepto. Las decisiones de cualquier clase que hayan de adoptarse en vista de lo inspeccionado y comprobado mediante el ejercicio de las funciones de vigilancia subdelegadas, no parecen estar incluidas en la subdelegaci�n. A la luz de otras disposiciones del mismo decreto, hay que entender que las decisiones s�lo puede tomarlas la propia Superintendencia que va a ejecutar la pol�tica de intervenci�n a que se refiere la Ley 155 de 1959, encomendada por el art�culo 12 y siguientes de ella al Ministerio de Fomento con la colaboraci�n de otros organismos oficiales mencionados en esos textos y mediante los tr�mites procesales establecidos tambi�n en la ley. A primera vista tampoco hay �bice legal para que la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica subdelegue en Gobernadores y Alcaldes funciones netamente investigativas, con la finalidad de hacer operante la vigilancia, o destinadas a allegar pruebas de hechos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de la ley, en todo lo cual podr�a consistir el control de que habla el art�culo 4� del Decreto impugnado.

Teniendo en cuenta la recta interpretaci�n que hay que darle a la disposici�n impugnada, o sea al art�culo 4�, armoniz�ndola con lo que dispone la misma ley reglamentada, los principios constitucionales y legales sobre el deber de vigilancia de las autoridades en cuanto al cumplimiento de las leyes y, m�s a�n, de las autoridades de polic�a en cuanto a la prevenci�n e investigaci�n de contravenciones, no es contrario al art�culo 4� de la Ley, ni al 135 de la Carta, y menos al D.L. 1703 de 1959 sobre delegaci�n de funciones a los Gobernadores, el que la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica pueda subdelegar en Gobernadores y Alcaldes funciones de mera vigilancia y control, entendiendo estas expresiones como qued� explicado.

Lo que no parece delegable en autoridades subalternas, es la competencia para decidir, el poder de apreciar, juzgar, permitir o autorizar o sancionar los hechos sometidos por la ley al Ministerio de Fomento y delegado leg�timamente, como se ha visto, a un organismo de posterior creaci�n legal, la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, dependiente de ese Ministerio. Pero esto no resultar�a del art�culo 4� en s� mismo, sino de la manera de ejecutarlo. Y ya se ha dicho que los art�culos del Decreto relativos al procedimiento tambi�n indican que el enjuiciamiento y decisi�n de los hechos son de competencia de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica.

Por tanto, no viola ostensiblemente el art�culo cuarto las normas citadas por el demandante.

Pide el demandante la suspensi�n del art�culo sexto "porque viola ostensiblemente el art�culo 9� (sic) de la ley reglamentada, par�grafo tercero".

En el Cap�tulo II expone que "La ley impone una caducidad a la facultad del Gobierno Nacional para objetar la fusi�n, que se cumple a los treinta d�as de presentado el informe por los empresarios"... "El Gobierno en el reglamento alarga ese plazo, con alargamiento indefinido que excede, como es obvio, la facultad reglamentaria".

Quiso referirse el actor indudablemente al art�culo 4� de la ley y no al 9�. El art�culo 4�, ya transcrito, obliga a las empresas que se dediquen a la misma actividad, etc., "cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones pesos o m�s" a "informar al Gobierno Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre s�...�

El par�grafo 1� dispone que "el Gobierno Nacional objetar� la operaci�n, previo concepto del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n, si tiende a producir una indebida restricci�n a la libre competencia".

Y el par�grafo 2�, que se dice ostensiblemente violado por el sexto del Decreto, dice:

"Si pasados treinta d�as de haberse presentado el informe de que trata este art�culo, no se hubiere objetado por el Gobierno la operaci�n, los interesados podr�n proceder a realizarla".

"Para los efectos de la autorizaci�n presuntiva que se establece en el par�grafo 2� del art�culo 4� de la ley, el t�rmino de treinta d�as empezar� a contarse desde la fecha en que la respectiva solicitud de fusi�n, consolidaci�n o integraci�n... pase al estudio del Consejo Directivo de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica".

Como la mencionada Superintendencia es, por virtud del Decreto, la dependencia del Gobierno Nacional competente para objetar o permitir la operaci�n que las empresas informen tener en proyecto, se supone que el informe va acompa�ado de la solicitud y �sta debe tramitarse por la Oficina competente. El proyecto requiere un estudio y concepto previo de otro repartimiento oficial, a cuya pericia confi� el legislador dictaminar sobre el caso: el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n. Pero como desde que se introduce la solicitud con el informe la cuesti�n entra al estudio del Gobierno Nacional por conducto de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, cuyo Consejo Directivo est� integrado en ella, parece que lo dispuesto en el Decreto quiere decir que el plazo de treinta d�as se cuenta, como lo ordena el par�grafo 2� del art�culo 4�, desde la presentaci�n en dicha Superintendencia de la solicitud con el respectivo informe de las empresas.

No aparece, pues, a primera vista, la violaci�n del art�culo sexto del Decreto.

Se pide la suspensi�n provisional de dos literales de �l alegando que "el literal a) viola manifiestamente el art�culo 4�, par�grafo 1� de la ley reglamentada", y el literal d) "porque es abiertamente contradictorio con el (art�culo) tercero del mismo Decreto".

"Toda solicitud tendiente a lograr la autorizaci�n estatal para la celebraci�n de concentraciones jur�dico econ�micas deber� contener los siguientes informativos:

"a) Certificaci�n expedida por la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica sobre la circunstancia de que ninguna de las empresas que pretendan fusionarse ha sido sancionada o reconvenida por la pr�ctica de sistemas o procedimientos restrictivos de la libre competencia".

"d) Certificaci�n de la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica sobre presentaci�n de los documentos exigidos por el art�culo 3� del presente decreto, correspondientes al semestre anterior a la fecha de a solicitud".

El actor ataca el literal a) por considerar que "el hecho de haber sido sancionado por pr�cticas restrictivas de la libre competencia no priva del derecho de fusionarse con fusiones que no tiendan a producir limitaciones indebidas..." y agrega que "muchas veces la fusi�n buscar� precisamente curar a la empresa de la necesidad de ese mal procedimiento, salvo que la sanci�n, vigente a la saz�n, hubiere consistido en retirarle el permiso de funcionar, caso en el cual el certificado resulta exigencia innecesaria porque el Ministerio, que para el efecto se identifica con la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica, dispone de ese antecedente".

El cargo de ilegalidad del literal a) por violaci�n del par�grafo 1� del art�culo 4� de la ley en el concepto arriba expresado no parece tener fundamento, ya que dicho par�grafo dice simplemente: "El Gobierno Nacional deber� objetar la operaci�n, previo concepto del Consejo de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n, si tiende a producir una indebida restricci�n de la libre competencia", y no se advierte a primera vista que la obligaci�n de presentar certificado relativo a no haber sufrido sanciones viole ese par�grafo.

No procede, pues, la suspensi�n provisional del literal a) del art�culo 7� del Decreto.

El literal d) del art�culo 7�, seg�n el demandante "es abiertamente contradictorio al art�culo 3� del mismo Decreto".

Las demandas de nulidad, y m�s a�n las peticiones de suspensi�n provisional, s�lo pueden fundarse en violaciones de normas superiores y no en pretendidas contradicciones entre los textos de un mismo decreto reglamentario. Si ocurren incongruencias o dificultades de interpretaci�n de �ste se resolver�n seg�n las reglas de hermen�utica y deber� prevalecer en �ltimo an�lisis la intenci�n del legislador claramente manifestada en el art�culo 1� y, para el caso de las fusiones, en el 4� de la Ley 155 de 1959.

No hay, pues, fundamento para suspender el literal d) del art�culo 7� del Decreto.

La petici�n de suspensi�n provisional la funda el actor en que "viola claramente el 4� de la ley reglamentada".

Dice el Cap�tulo II de la demanda que por medio del art�culo 8� se arroga "una facultad que no le da la ley, y es la de revocar o suspender una autorizaci�n de consolidaci�n a las empresas que infringieren las normas de la ley reglamentada". Agrega el actor que "las empresas pueden fusionarse si el Gobierno no objeta la operaci�n y su fusi�n entra en el derecho com�n: la nueva persona estar� sometida a disoluci�n en los casos de la ley y de su contrato. La revocaci�n de que trata el art�culo 8� tendr�a por efecto volver las cosas a su estado anterior, o sea al estado de personas independientes. Ha equivocado en este caso el Gobierno el procedimiento propio: si la empresa producto de la fusi�n infringe la ley, ha de ser sancionada de acuerdo con �sta, o sea con el retiro de las acciones de los mercados p�blicos o con la prohibici�n de funcionamiento, o bien con las otras sanciones que la ley autoriza. Pero en manera alguna con sanciones de creaci�n reglamentaria".

"Las autorizaciones que el Gobierno Nacional confiera o haya conferido para la consolidaci�n, fusi�n o integraci�n de empresas industriales dedicadas a una misma actividad econ�mica, podr�n ser suspendidas temporalmente o. revocadas, cuando se compruebe la violaci�n de las normas antimonop�licas consagradas por la Ley 155 de 1959 por parte del consorcio industrial integrado por la concentraci�n jur�dico econ�mica de las empresas que operaban independientemente".

Ya se ha transcrito arriba el art�culo 4� de la ley para el efecto de comparar su texto con el del art�culo 8� del Decreto.

Es cierto que la disposici�n legal impone a las empresas en los casos comprendidos en la hip�tesis respectiva la obligaci�n de informar las fusiones, consolidaciones o integraciones que proyecten y someter la ejecuci�n del proyecto al examen del Gobierno, y que a �ste impone el deber de objetar la operaci�n, previo el concepto del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica, "si tiende a producir una indebida restricci�n de la libre competencia". Parece claro que las objeciones ser�n razonadas y que podr�n dar lugar a que el proyecto se modifique en tal forma que ellas desaparezcan; pero, de todos modos, la decisi�n final del Gobierno (Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica) trae como consecuencia que la operaci�n se pueda efectuar si no hay objeciones y que no se lleve a la pr�ctica en caso contrario. Si contra las objeciones del Gobierno se efectuare la operaci�n ser�a nula por objeto il�cito, seg�n el art�culo 19 de la Ley.

Si la operaci�n se efect�a porque el Gobierno no la objeta, ser� v�lida. Es entonces cuando podr�a sobrevenir la aplicaci�n del art�culo 8� del Decreto, cuando la concentraci�n de empresas, ya en desarrollo de las actividades proyectadas y no objetadas, infringiera comprobadamente las normas antimonop�licas de la ley reglamentada. Es obvio que entonces el Gobierno s�lo podr�a aplicar, previo el correspondiente proceso administrativo, las sanciones autorizadas por la misma ley en su art�culo 14. Y ser�a la norma de este art�culo la que resultar�a violada eventualmente, en un caso concreto, si la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica suspendiera o revocara el acto por el cual se hubiera abstenido de objetar o hubiera positivamente autorizado la operaci�n contemplada en el art�culo 4� de la Ley 155. Si tal violaci�n del art�culo 14 de la ley ocurriera, los interesados tendr�an a su disposici�n los recursos legales, y entre ellos el muy eficaz que consigna el art�culo 16 de la ley, precisamente para el caso de resoluciones prohibitivas del funcionamiento de la empresa o empresas infractoras de las normas antimonop�licas. Ese recurso consiste en demandar la resoluci�n ante el Consejo de Estado, con el efecto de que la demanda suspender�a autom�ticamente la ejecuci�n del acto impugnado en ella. Por lo pronto, y como el cargo se formula concretamente por violaci�n del art�culo 4� de la ley y �sta no aparece evidente a primera vista por los conceptos que expresa el actor, no hay lugar 1 tampoco a la suspensi�n provisional del art�culo 8� del Decreto.

La petici�n de suspensi�n provisional de �ste la funda el demandante en que "infringe claramente los art�culos 30 y 44 de la Constituci�n y el 4� de la le reglamentada".

"Los consorcios industriales que existan antes de la vigencia de la Ley 155 de 1959 y las concentraciones jur�dico econ�micas que se hayan organizado con posterioridad a su vigencia, deber�n presentar a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica dentro de los noventa d�as siguientes a la vigencia del presente Decreto reglamentario los documentos requeridos por el art�culo 3� de este estatuto, y necesitar�n autorizaci�n de la citada entidad para continuar ejerciendo sus actividades econ�micas".

Para explicar el concepto de la violaci�n, dice el actor en el Cap�tulo II del libelo:

"La ley reglamentada dispuso en su art�culo final que regir� desde su sanci�n y fue sancionada el 24 de diciembre de 1959. Por lo tanto las combinaciones o uniones o ligas de empresarios realizadas antes de su vigencia no quedaron sometidas a ning�n requisito para su validez ni para continuar ejerciendo su actividad econ�mica. El art�culo adolece adem�s, de exceso, porque somete a toda concentraci�n a requisitos, sin cuidar de que est� o no dentro de los supuestos de la ley reglamentada. Y, de otro lado, porque exige permiso para continuar ejerciendo sus actividades a empresas consolidadas aunque se hayan fusionado de acuerdo con la ley, con lo cual da efecto retroactivo al reglamento mismo. Por lo dem�s, las empresas consolidadas no deben quedar sujetas, despu�s de coaligarse v�lidamente, a otra cosa que a los procedimientos que la ley estatuye para sancionar a los que infrinjan sus mandatos. El art�culo 9� es ilegal en cuanto da a la ley efecto retroactivo, que no tiene, y somete a los consorcios formados antes y despu�s de la vigencia de la ley, a autorizaci�n estatal para funcionar, requisito que la ley reglamentada no exige..." "Nuestra Carta ampara los derechos adquiridos con justo t�tulo contra la acci�n de leyes nuevas, en su art�culo 30 y s�lo permite dar efecto retroactivo a leyes expedidas por motivos de utilidad p�blica o inter�s social definidos por el legislador. Como la ley reglamentada no es una ley formalmente retroactiva de las que excepcionalmente autoriza la Carta, y por el contrario expl�citamente defiere su vigencia para el tiempo posterior a su sanci�n, el art�culo acusado es nulo. De la irretroactividad de la ley participa, por razones an�logas, el reglamento, por lo cual es nula la disposici�n de �ste que trata de exigir revalidaci�n de actos legalmente cumplidos".

Se procede a estudiar los cargos que quedan limitados, por lo visto, a violaci�n del art�culo 30 de la Constituci�n, en cuanto supone el demandante que, cualesquiera forma de concentraci�n jur�dico econ�mica que se hubiera pactado por las empresas con anterioridad a la Ley 155 de 1959 o que se hubiese establecido desde la vigencia de ella hasta la del Decreto, constituye un derecho adquirido por los interesados para continuarlas.

La ley reglamentada fue expedida en desarrollo del art�culo 32 de la Carta, como arriba se dijo, y establece prohibiciones que limitan a las empresas su actividad por razones de inter�s social. Esas limitaciones no se refieren al derecho mismo de propiedad, puesto que no se va a privar de ella a los empresarios, sino al ejercicio de su actividad como tales. Y el art�culo 18 del C.C. dice:

"Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad p�blica restrinjan derechos amparados por la ley anterior tienen efecto general inmediato".

"Si las leyes establecieren nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se conceder� a los interesados el t�rmino que la ley se�ale, y si no lo se�ala, el de seis meses".

Las prohibiciones y restricciones instituidas por la Ley 155 de 1959 a la absoluta libertad de que antes gozaban las actividades econ�micas de las empresas comenzaron, pues, a regir desde el 24 de diciembre de aquel a�o, d�a de su sanci�n. Puede suceder que de hecho, por no existir hasta la expedici�n del Decreto reglamentario, o sea hasta el 10 de diciembre de 1962, la organizaci�n administrativa necesaria para hacer cumplir esas normas, se haya prolongado el ejercicio de actividades por ellas prohibidas.

En el art�culo 3� del Decreto se ha ideado un medio para obtener la informaci�n necesaria en orden a averiguar si las empresas, en general, est�n violando o no las prohibiciones de la ley antimonop�lica. Es la obligaci�n que se les impone de informar sobre los puntos enumerados en dicha disposici�n. Viene luego el art�culo noveno del Decreto y les ordena a las empresas comprendidas en la hip�tesis del art�culo 4� de la ley que dentro de los noventa d�as siguientes a la vigencia del Decreto env�en a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica esos mismos informes, beber� iniciarse, con vista de ellos y de las dem�s pruebas que puedan allegarse, una investigaci�n que tiene por objeto saber si tales empresas est�n desarrollando actividades que infringen las prohibiciones de la ley. En caso afirmativo, tales actividades, aunque est�n respaldadas por contratos v�lidos en la �poca de su celebraci�n, han dejado de ser l�citas desde cuando entr� en vigencia la ley que ellas infringen. Las empresas afectadas podr�an, por consiguiente, ser declaradas infractoras de las normas vigentes.

Pero es m�s: el art�culo noveno del Decreto dispone impl�citamente que las concentraciones a que se refiere el art�culo 4� de la ley que est�n funcionando actualmente y fueron constituidas antes, rindan su informe para dar lugar a que el Gobierno objete o permita en lo sucesivo su actividad econ�mica. Las formas de organizaci�n a que el art�culo 4� de la ley se refiere son modos de ejercer las empresas su actividad. Si se halla que esos modos de ejercer la correspondiente industria infringen las normas antimonop�licas, no hay raz�n para que se considere que el Gobierno atente contra un derecho adquirido si las objeta para que no puedan seguir operando en contravenci�n a las normas vigentes desde el 24 de diciembre de 1959. Y m�s a�n, desde el 10 de diciembre de 1962. No aparece ning�n ostensible desconocimiento de derechos adquiridos conforme al art�culo 30 de la Carta. Ni tampoco al 44, porque ya la libertad absoluta para formar compa��as o asociaciones y para que las fundadas anteriormente sigan funcionando, est� restringida y condicionada por la Ley 155 de 1959 en cuanto a los convenios o las pr�cticas que ella proh�be. Tampoco se ve ostensible violaci�n de esta ley, pues no se le da a ella en el art�culo noveno el efecto retroactivo que pretende el autor.

Para pedir su suspensi�n provisional dice el actor que en ella se extienden las incompatibilidades establecidas en el art�culo 5� de la ley reglamentada, transgredi�ndolo, as� como el art�culo 3� de la Carta.

En el cap�tulo II de la demanda explica el cargo diciendo que "se agregan nuevas incompatibilidades a las consagradas en la ley que reglamenta, al incluir en la prohibici�n a los dependientes de las empresa industriales que tengan funciones distintas a las de la direcci�n o administraci�n".

Tambi�n ataca el art�culo 10� por discriminatorio, pues se refiere s�lo a las empresas industriales, en tanto que el art�culo 5� de la ley establece la incompatibilidad para las "empresas cuyo objeto sea la producci�n, abastecimiento, distribuci�n o consumo de los mismos bienes o prestaci�n de los mismos servicios..." Aun cuando esta cr�tica puede ser razonable, constituye apenas una omisi�n en el reglamento, subsanable por el Gobierno, y no propiamente una violaci�n del art�culo reglamentado.

Respecto al cargo de que la parte final del art�culo 10� del decreto reglamentario establece incompatibilidades no previstas en el art�culo 5� de la ley, por cuanto el mismo texto del aparte final impugnado est� diciendo que las incompatibilidades consagradas en la citada disposici�n legal se extienden a los funcionarios designados en ella, se tiene lo siguiente:

"Exti�ndase la incompatibilidad establecida en el art�culo 7� de la Ley 5� de 1947, para los miembros de las Juntas Directivas y los Gerentes de establecimientos de cr�dito y Bolsas de valores, a los Presidentes, Gerentes, Directores, representantes legales, administradores y miembros de Juntas Directivas de empresas cuyo objeto sea la producci�n, abastecimiento, distribuci�n o consumo de los mismos bienes o la prestaci�n de los mismos servicios, siempre y cuando tales empresas, individual o conjuntamente consideradas, tengan activos por valor de veinte millones de pesos o m�s".

Cu�l es la incompatibilidad establecida en la ley de 1947� El art�culo respectivo dice en lo pertinente:

"Los miembros de las Juntas Directivas y los Gerentes de los establecimientos bancarios no podr�n pertenecer a Juntas Directivas de otros establecimientos de cr�dito, ni a las Bolsas de Valores, con excepci�n de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica".

La ley 155 de 1959 extendi� esas incompatibilidades a todas las empresas a que su art�culo 5� se refiere, pero no se limit� a prohibir que los gerentes y los miembros da las juntas directivas de unas empresas pudieran ser miembros de las juntas directivas de otras. Dijo que no podr�an serlo "los Presidentes, Gerentes, Directores, representantes legales, administradores (se subraya) y miembros de juntas directivas". �Qu� es entonces lo prohibido Que sean miembros de las juntas directivas de unas empresas los que desempe�en en las otras cualesquiera de las funciones enumeradas. Y debe observarse que las denominaciones de los cargos dicen relaci�n a funciones directivas y administrativas. El esp�ritu de la disposici�n, armoniz�ndolo con el conjunto de la ley, dados los objetivos que ella persigue muy claramente, es el de prohibir que alguien pueda tener puesto en las juntas directivas de las otras empresas a que se refiere el art�culo cuando est� ejerciendo funciones ya propiamente directivas, ya administrativas en alguna de ellas. Para los fines de la ley ser�a prohibido, pues, ser miembro de la junta directiva de una empresa quien desempe�ara en otra funciones de direcci�n o de administraci�n, cualquiera que sea la palabra con que se denomine el cargo. De otro lado, las palabras directores y administradores no tienen id�ntica significaci�n para el legislador, pues si lo tuvieran no las habr�a empleado ambas, m�xime cuando separada mente mencion� a los miembros de juntas directivas, a los cuales tambi�n suele llam�rseles directores en el lenguaje corriente.

La palabra director significa el que dirige, rige o gobierna algo, aun cuando sea una sola parte o una sola actividad de la organizaci�n correspondiente. A su vez, la palabra administrador se predica de quien administra, y administrar es un verbo de significaci�n m�s amplia y el�stica que dirigir, puesto que se aplica, seg�n el Diccionario de la Academia Espa�ola, no s�lo al que gobierna o rige sino al que simplemente cuida de algo. Y as�, por ejemplo, el administrador de un dep�sito de granos o de maderas puede ser apenas el que cuida de �l y lleva nota de lo que entra y lo que sale, sin que tenga propiamente ninguna facultad de decisi�n y s�lo est� a su cargo la responsabilidad de custodiar o guardar las cosas depositadas. El mismo Diccionario tiene como segunda acepci�n de administrar: "Servir o ejercer alg�n ministerio o empleo". Basta, por tanto, que alguien tenga un cargo al servicio de otro para que el ejercicio respectivo sea administrar. Y as�, administrar el cargo equivale a desempe�arlo, a cumplir las funciones de cualquier clase que se le hayan adscrito al dependiente o empleado. En consecuencia, se llega a que administrador en un sentido lato puede denominarse a cualquiera que sirva o desempe�e una funci�n. Como la ley reglamentada no ha dado una definici�n de esa palabra que restrinja su contenido a las personas que ocupen en las empresas cargos con funciones y responsabilidades decisorias, haciendo equivalentes a los administradores y a los directores pues �stos al dirigir s� deciden, aun cuando su funci�n se limite por la cuant�a o la trascendencia de lo que tengan a su cargo no parece evidente que el art�culo 10� del Decreto reglamentario exceda lo dispuesto en el art�culo 5� de la ley reglamentada .

"Para el control de las incompatibilidades establecidas en el art�culo 5� de la Ley 155 de 1959, las empresas industriales sujetas a la intervenci�n del Estado deber�n presentar semestralmente a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica las n�minas de las Juntas Directivas y de los funcionarios de representaci�n legal, direcci�n y administraci�n".

Esto no contrar�a ni excede, al menos de un modo evidente, lo dispuesto en el art�culo 5� de la ley, seg�n lo ya expresado.

"Tales incompatibilidades exti�ndanse a los dependientes de las respectivas empresas industriales que ejerzan funciones distintas a la direcci�n o administraci�n de las mismas".

Hay que convenir en que la redacci�n de este aparte no fue afortunada. Se entiende, por el primer aparte, que la prohibici�n o incompatibilidad del art�culo quinto de la ley se aplica a toda clase de funcionarios de direcci�n o administraci�n de las empresas relacionadas, de modo que quienes desempe�en cualquier funci�n directiva o administrativa en una de ellas no podr�n ser miembros de las juntas directivas de las otras. Y en esto, como se ha explicado, parece que el art�culo reglamentario no se excede del texto de la ley. Pero se agreg� en el segundo y �ltimo aparte algo que resulta anodino por imposibilidad de que se realice la hip�tesis que contempla, ya que habr�a de preguntarse: �Cu�les son los dependientes de una empresa cuyas funciones no pertenezcan ni a la direcci�n ni a la administraci�n de ella y, sobre todo, a esta �ltima

Por lo dicho, no es el caso de suspender provisionalmente la parte final del art�culo 10� del Decreto en concepto de que viole por exceso el texto del art�culo 5� de la ley reglamentada.

La violaci�n del art�culo 39 de la Constituci�n tampoco resulta evidente, pues no se ve c�mo la prohibici�n de ser miembro de una junta directiva quien desempe�e cualquier funci�n directiva o administrativa en otra de las empresas relacionadas atente contra la libertad de escoger cualquier profesi�n u oficio.

Pide su suspensi�n provisional el demandante "en cuanto exige escalas de precios, porque viola claramente el art�culo 9� de la ley reglamentada que hace opcional la fijaci�n de precios de venta".

Aqu� se da de una vez el concepto en que la violaci�n le parece manifiesta. Y en el Cap�tulo II de la demanda se explica con m�s amplitud ese concepto. Dice que el art�culo 9� de la ley da libertad a las empresas industriales para fijar o no precios de venta al p�blico. Y hace varias consideraciones sobre la conveniencia de que tal libertad exista. Agrega que "la ausencia de listas de precios no constituye competencia desleal". M�s adelante opina: "El autor del reglamento es decir, el Gobierno X ha querido en esto no propiamente atender al inter�s de la ley, sino al suyo propio que el legislador no tuvo en mira, procur�ndose un medio f�cil, mec�nico y ciego de control de un aspecto de la libre concurrencia y de la concurrencia desleal, cual es que el productor venda a precios inferiores a los que exige a los distribuidores independientes..." (Se subraya).

Y en otro aparte sostiene: "Erigir, pues, en infracci�n a la ley una omisi�n que no implica transgresi�n, con el solo fin de evitar procurarse elementos de convicci�n es un mal uso de la facultad reglamentaria".

"Para efectos de la restricci�n establecida por el art�culo 7� de la ley, constituyen competencia desleal por parte de las empresas industriales que distribuyen directamente o por medio de filiales sus propios medios de producci�n, la ausencia de escalas de precios..."

El art�culo 7� de la ley, a que se refiere el 13 del decreto, dice as�: "Las empresas industriales que establezcan o hayan establecido sistemas directos de distribuci�n de sus productos o por intermedio de empresas comerciales, aut�nomas o filiales, no podr�n vender sus art�culos, mercanc�as o productos por procedimientos que impliquen competencia desleal para con los comerciantes independientes que negocien con los mismos art�culos o productos".

El propio demandante reconoce que implica competencia desleal el que un productor venda a precios inferiores a los que exige a los distribuidores independientes de sus productos. Esto justifica el que el Gobierno, al reglamentar la ley, exija a las empresas de que trata el art�culo 13� la fijaci�n de escalas de precios, de modo que los distribuidores independientes de los productos de aqu�llas no puedan ser v�ctimas de ese procedimiento desleal. Aunque el actor dice que la omisi�n de la fijaci�n de escalas de precios no constituye por s� misma la competencia desleal, el Gobierno, con el objeto de impedir que tal forma de competencia il�cita se practique, parece que puede disponer que las empresas a que alude fijen y hagan conocer las escalas de precios estableciendo la presunci�n de que est�n compitiendo en forma desleal con los distribuidores independientes, las que as� no procedan. El que el Gobierno haya querido por ese medio facilitarse la vigilancia y descubrimiento del hecho que el legislador proh�be, ordenando que tales empresas productoras y distribuidoras a la vez establezcan sus escalas de precios, no parece violar el art�culo 9� de la ley, sino instituir un procedimiento para que no se incurra en la pr�ctica desleal que la ley proh�be.

"Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al p�blico, ni la misma empresa directamente, o por medio de filiales o distribuidores, ni los comerciantes independientes podr�n venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor, so pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de competencia desleal".

Este art�culo contempla una hip�tesis en parte distinta de la del art�culo 7�, pero se relaciona con �l y no parece que establezca la libertad de fijar precios de venta al p�blico, seg�n lo pretende el actor. La hip�tesis es que, si los fija, ni la empresa productora, ni sus filiales y distribuidores, ni los comerciantes independientes, pueden vender a otros precios, pues cualquiera de ellos que lo haga incurre en competencia desleal.

Por lo razonado hasta aqu� no parece que el art�culo 13 del Decreto viole, al menos de un modo claro y manifiesto, el art�culo 9� de la ley reglamentada, el cual debe relacionarse con el 7�. As�, pues, no procede la suspensi�n provisional del art�culo 13.

Se pide la suspensi�n provisional de �l en cuanto proh�be cesar en la producci�n agropecuaria sin causa justificada, porque viola claramente el art�culo 39 de la constituci�n.

El art�culo 16 del Decreto considera como actos de competencia desleal, desarrollando la definici�n del art�culo 10� de la ley, algunos no especificados en la enumeraci�n no taxativa del art�culo 11. El decreto agrega algunos, entre ellos el del literal b) que dice:

"El abandono de cosechas, cultivos o plantaciones o de productos agropecuarios, y el cese de su producci�n, sin causa justificada".

No es evidente que lo establecido en el literal copiado viole la libertad de industria como dice el actor, quien agrega en su comentario del Cap�tulo II que "en virtud de esa libertad cada cual puede ocuparse en lo que le parezca conveniente, siempre que se trate de una actividad l�cita, sin tener que explicar por qu� lo hace ni por qu� dej� de hacer lo que antes hac�a".

Lo que se considera en el literal impugnado competencia desleal es el cese en la actividad productora, el abandono del trabajo. Ese acto negativo estar�a m�s bien relacionado con el ejercicio del derecho de propiedad. Y no limitar�a su uso, sino una forma de abuso de ese derecho en virtud de que �l es una funci�n social, que implica obligaciones, seg�n el principio consagrado en el art�culo 30 de la Carta. Con las autorizaciones del art�culo 32, ya se ha dicho, se expidi� la Ley 155 de 1959, que impone ciertas restricciones a la libre actividad de las empresas en beneficio de la sociedad. El abandono injustificado de la producci�n de art�culos esenciales a la econom�a y a la masa de consumidores, como son los agropecuarios, es lo que ha sido comprendido por el literal b) del art�culo 16, entre los actos de competencia desleal que gen�ricamente prev� el art�culo 10� de la ley reglamentada. Se fund� el Gobierno en ese art�culo, quiz� por considerar dicho abandono contrario al honrado y normal desenvolvimiento de la industria agropecuaria. No aparece, pues, evidente infracci�n del art�culo 39 de la Carta por el concepto expresado en la demanda.

La suspensi�n provisional del literal b) del art�culo 16 del Decreto no procede por dicha raz�n.

El demandante pide su suspensi�n provisional "porque viola el art�culo 76 (1� y 2�) de la Constituci�n y adem�s el 107 y el 252 del C�digo Judicial".

"Este art�culo es claramente ilegal e inconstitucional; ilegal porque la ley al estatuir que las acciones por perjuicios originadas en infracciones de ella se tramitan por la v�a ordinaria ha dejado intactos la competencia y el procedimiento vigentes, que el Decreto cambia; inconstitucional, porque los C�digos, en este caso el de Procedimiento Civil, no pueden ser reformados siquiera por el Congreso en la forma com�n, sino que est�n sometidos a requisitos especiales en el art�culo 80 de la Carta".

Lo transcrito basta para conocer el concepto de la violaci�n. El art�culo acusado dice:

"Ser� competente para conocer de la acci�n indemnizatoria de perjuicios establecida por el par�grafo del art�culo 11 de la Ley 155 de 1959, el juez competente del domicilio del damnificado, y en raz�n de la cuant�a de los da�os causados. Esta demanda no estar� sujeta a reparto, y deber� ser acogida y sustanciada de plano".

"Todos los perjuicios que se causen a terceros por las pr�cticas, procedimientos o sistemas prohibidos por esta ley o por actos de competencia desleal, dan acci�n de perjuicios por la v�a ordinaria".

Era esto cuanto la ley necesitaba establecer. Estatuido el derecho a la acci�n y dicho que ella se tramitar�a en juicio ordinario, el C�digo de Procedimiento Civil contiene todas las normas que debe obedecer la jurisdicci�n para que el juicio se inicie y prosiga hasta el fallo. No est� dentro de las facultades del Gobierno como suprema autoridad administrativa reglamentar nada atinente a los procedimientos judiciales, precisamente porque ellos no son materia administrativa. Y es evidente que al Congreso corresponde expedir c�digos en todos los ramos de la legislaci�n y reformar sus disposiciones.

Por ser uniforme y demasiado conocida la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto se omite citar en esta providencia cualquiera de los fallos en que esa alta Corporaci�n ha declarado, en guarda de la Constituci�n, que la reglamentaci�n de las leyes que versan sobre materias civil y penal, organizaci�n judicial y normas procesales no es de la competencia del Presidente de la Rep�blica.

El art�culo 17 del Decreto, en cuanto establece que para el caso de las demandas sobre indemnizaciones de perjuicios ocasionados por transgresiones a la Ley 155 de 1959 es competente el juez del domicilio del demandante, modificando las reglas contenidas al respecto en el art�culo 152 del C. de P. C, y en cuanto dispone que estas demandas no se someter�n a reparto y deber�n ser acogidas y sustanciadas de plano, y modifica, por tanto, el art�culo 107, en relaci�n con el 97 del mismo C�digo, resulta claramente violatorio de estas disposiciones legales y de las normas constitucionales citadas tambi�n por el demandante. Debe ordenarse la suspensi�n provisional del art�culo 17 del Decreto por tales razones.

Solicita el actor la suspensi�n provisional de este art�culo "porque viola claramente el r�gimen probatorio, y concretamente el art�culo 593 del C.J. y todos los siguientes y concordantes del t�tulo 17, en concordancia con el 282 del C.C.A."

Se transcribe en seguida el art�culo impugnado para mejor apreciar los conceptos en que el actor lo considera violatorio de los art�culos del C. de P. C. sobre pruebas.

"Las denuncias que se hagan ante el Ministerio de Fomento por violaciones a las normas consagradas en la ley antimonop�lica podr�n presentarse oralmente o por escrito, y su motivaci�n consistir� en la enumeraci�n concreta del infractor o infractores, de su domicilio social o comercial y de los actos o hechos configurativos de la violaci�n denunciada. La prueba sumaria requerida por el art�culo 12 de la ley 155 de 1959, en dos declaraciones extrajudiciales, o en la informaci�n del denunciante ratificada bajo la gravedad del juramento ante una autoridad judicial, en orden a evitar la temeridad de la denuncia".

"Al aceptar denuncias orales, sin establecer que hayan de consignarse en una diligencia escrita, suprime una garant�a de la ley a favor del empresario acusado..." "Una denuncia verbal que no se consigne en una diligencia escrita, es como una demanda verbal carente del mismo requisito, por lo tanto genera arbitrariedad e injusticia".

Este primer cargo ninguna relaci�n tiene con los art�culos del C. de P. C. que cita como violados. M�s bien hubiera podido referirse a lo que el C. de P. P. establece sobre requisitos de la denuncia. Pero el actor no cita este art�culo como violado.

Por otra parte, la circunstancia de que la disposici�n reglamentaria acusada no diga expresamente que la demanda verbal debe recogerse en una acta no quiere decir que esta indispensable formalidad se excuse. Si as� no se hiciera �c�mo constar�a entonces la denuncia presentada, con todo su contenido

"En cuanto a la prueba sumaria, tras limitarla caprichosamente a una sola de las formas en que puede presentarse, la hace consistir en el denuncio mismo, juramentado. Es obvio que el denuncio no es prueba de la existencia del hecho denunciado sino afirmaci�n de que se ha cometido ese hecho y el juramento no le agrega nada cuantitativo. Por lo dem�s, todo denuncio ha de ser jurado, de acuerdo con nuestra legislaci�n, luego el estatuido en la ley que se reglamenta ha de someterse a ese requisito como garant�a contra el abuso del derecho..." "Aceptar como prueba sumaria el denuncio, as� sea jurado, es derogar uno de los presupuestos que ella ha establecido y despojar al acusado de una garant�a".

Antes de estudiar este cargo debe tenerse en cuenta lo que dispone el art�culo 12 reglamentado:

"El Ministerio de Fomento, de oficio o por denuncia de cualquier persona, podr� promover por intermedio de la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Sociedades An�nimas, o la Superintendencia de Cooperativas las investigaciones por violaciones a esta ley.

En caso de que el control de la empresa no est� adscrito a las entidades antes dichas, la investigaci�n estar� a cargo del Ministerio de Fomento. La denuncia deber� ser admitida por el Ministerio, siempre que se presente debidamente motivada, y acompa�ada de prueba sumaria.

No se trata, pues, de dictar un fallo, sino de que la autoridad competente inicie una investigaci�n relativa a hecho incluido entre los que la ley antimonop�lica define como contravenciones. No es tampoco una demanda civil. Se trata de un asunto de derecho p�blico. Y la materia se asimila m�s a la penal, a la que gen�ricamente corresponde.

La ley exige, para que estas denuncias obliguen a abrir la investigaci�n, que se presenten debidamente motivadas y acompa�adas de prueba sumaria justificativa. Seg�n el art�culo 14 del C. de P. P. toda denuncia debe ser juramentada y recibirse con los requisitos se�alados. Pero el art�culo 12 de la ley exige, adem�s, en el caso contemplado, la prueba sumaria del hecho como requisito para iniciar la investigaci�n, con lo cual parecer�a que no basta la disposici�n juramentada del denunciante, como lo sostiene el actor. Con todo, es indispensable tener en cuenta que, seg�n el mismo art�culo 12 de la ley, la autoridad competente puede iniciar de oficio la investigaci�n. Queda entonces al criterio del funcionario competente y bajo su responsabilidad, iniciarla con base en los datos e informes que lleguen a su conocimiento y le parezcan atendibles para ese efecto. Y si el funcionario competente puede proceder de oficio a investigar, �por qu� no puede el Gobierno disponer en la reglamentaci�n que la denuncia juramentada y formulada con los dem�s requisitos de contenido establecidos en el art�culo 18 del Decreto, sea suficiente para lo mismo

La cr�tica del actor al art�culo 18, en cuanto limita la prueba sumaria de que habla el art�culo 12 de la ley reglamentada, es admisible, ya que como la jurisprudencia y la doctrina lo dicen por prueba sumaria ha de entenderse la prueba plena a�n no sometida a contradicci�n, o, m�s claro, aquella que la parte a quien afecta no ha tenido oportunidad de infirmar o controvertir. Las declaraciones de dos testigos h�biles y acordes constituyen, pues, prueba sumaria, pero no son la �nica prueba sumaria, como lo dice el art�culo 18 del Decreto. A la luz de lo expuesto, y dada la facultad de proceder de oficio a investigar, �no podr�a ser prueba sumaria suficiente un documento que provenga de la empresa y en el cual aparezca empleando alguna de las pr�cticas prohibidas Claro que s�. Pero, se repite, la facultad que tiene el Ministerio (ahora la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica) para proceder de oficio a investigar las presuntas infracciones de la ley antimonop�lica le impone tambi�n la obligaci�n de iniciar las averiguaciones cuando a su conocimiento lleguen informes, aun cuando no sean presentados con las formalidades de la denuncia, si los informantes aportan elementos documentales o de otra �ndole suficientemente dignos de ser considerados como base de investigaci�n.

En definitiva, los cargos formulados por el actor al art�culo 18 no estriban siquiera en aparentes violaciones de las normas que �l cita en la petici�n de suspensi�n provisional, sino de otras a que alude sin citarlas en el Cap�tulo II que titula "Hechos fundamentales de la acci�n" y tampoco aparece evidente la violaci�n de �stos.

En rigor, no estaba obligada esta Sala Unitaria a estudiar este punto, por falta de cita concreta de las normas violadas. Lo ha hecho, sin embargo, por deferencia a los razonamientos que hace el actor al emitir su concepto de violaci�n.

Se pide su suspensi�n "porque viola manifiestamente el art�culo 13 de la ley reglamentada".

"La ley establece un plazo prudencial hasta de treinta d�as para que el investigado conteste el traslado del acta de conclusiones y se justifique. El reglamento reduce ese t�rmino a diez d�as con lo cual el sistema de la ley, de prudente ponderaci�n de las circunstancias seg�n el cual el traslado podr� ser de menos o de m�s de diez d�as, con l�mite a treinta, no ser� aplicado".

En este caso s� basta comparar lo establecido en el art�culo 13 de la ley reglamentada con lo que dispone el decreto, respecto al t�rmino del traslado, para que resulte la contradicci�n evidente.

"Del acta de conclusiones se dar� traslado por un t�rmino prudencial hasta de treinta (30) d�as a las entidades denunciadas o que en el curso de la investigaci�n resultaren implicadas, a fin de que puedan formular sus descargos".

El art�culo reglamentario impugnado se�ala un t�rmino igual de diez d�as para todos los casos. Es evidente que esta disposici�n r�gida, al reducir a diez d�as el t�rmino, cuando el legislador quiso que fuera hasta de treinta d�as, dejando la fijaci�n dentro de ese margen al prudente criterio del funcionario, contradice la flexible norma superior de procedimiento.

Procede, pues, por ese concepto la suspensi�n provisional del art�culo 20 del Decreto.

Se pide su suspensi�n provisional "porque infringe claramente el art�culo 14 de la ley reglamentada".

"La ley somete la Resoluci�n del Ministerio de Fomento al concepto previo del Consejo de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n; el reglamento en el art�culo acusado dispone que la Resoluci�n puede dictarse aun sin concepto previo del Consejo. La norma reglamentaria es obviamente nula.

Este cargo tambi�n resulta fundado en la evidencia. El art�culo 14 de la ley exige al Ministerio por el concepto del Consejo de Pol�tica Econ�mica y Planeaci�n antes de dictar la resoluci�n sobre los hechos investigados. No est� facultado el Gobierno para autorizar en el reglamento la omisi�n de una formalidad ordenada expresamente en la ley.

La petici�n de suspensi�n provisional de �ste se funda en que viola manifiestamente los art�culos 14 y 17 de la ley reglamentada y los art�culos 26 y 30 de la Carta, y el C�digo Civil en los art�culos 2.124 y siguientes y concordantes; el de Comercio en los art�culos 532, 552 y 589, siguientes y concordantes.

El concepto de la violaci�n se expresa en los apartes que se transcriben, por considerarlos esenciales:

"La ley reglamentada establece cu�les penas pueden imponerse a los transgresores de sus mandatos, por medio del art�culo 14; en el 17 prev�, adem�s, la adopci�n de medidas que no constituyen propiamente sanciones. El reglamento agrega a las penas autorizadas por la ley otras mayores. Es sabido que las normas de derecho correccional y punitivo son de derecho estricto, y que el juez, en este caso el ejecutor administrativo, no puede hacer en ello concesiones de m�s ni de menos no autorizadas expresamente por el legislador. El derecho universal se inspira tambi�n en el principio milla poena sine lege".

Para razonar sobre la procedencia de la suspensi�n provisional basta lo transcrito.

El art�culo 14 de la ley establece y autoriza a imponer para las contravenciones a ella las siguientes sanciones:

"b) Prohibici�n de funcionamiento de la empresa para el caso de reincidencia en la violaci�n de esta ley".

"Adem�s de estas sanciones y de conformidad con la gravedad de los hechos, podr� imponer multas hasta de quinientos mil pesos ($ 500.000) a favor del Tesoro Nacional".

"Adem�s de las sanciones establecidas por el art�culo 14 de la ley, la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica o las entidades gubernamentales delegadas podr�n imponer las siguientes:

"a) Cancelaci�n de la personer�a jur�dica y de la inscripci�n en el Registro P�blico de Comercio.

"b) P�rdida de las concesiones, privilegios o prerrogativas de que gozan las personas naturales o jur�dicas sancionadas.

"c) Inhabilitaci�n de tres a diez a�os para ejercer el comercio y las actividades econ�micas de las personas naturales o jur�dicas infractoras o incursas; y

"d) Inhabilitaci�n para ejercer el comercio durante un lapso de tres a diez a�os para los funcionarios de empresas por la participaci�n punible que les resulte".

Ninguna de las sanciones que contiene el art�culo transcrito est�n previstas y autorizadas en el 14 de la ley reglamentada. Este pudo pecar por defecto cuando no previo para empresas distintas de las sociedades an�nimas, y ante la primera infracci�n comprobada, penas diferentes de la multa hasta por $ 500.000.00 Pero ciertamente s�lo estableci� y autoriz� a imponer las sanciones expresadas.

El propio Gobierno dice en el art�culo 24 que "Adem�s de las sanciones establecidas en el art�culo 14 de la ley" se podr�n imponer por las autoridades gubernamentales las que �l agrega. Esto no puede hacerlo el Gobierno en la reglamentaci�n sin exceder manifiestamente sus facultades reglamentarias. Establecidas las sanciones por la ley y en ausencia de expresa autorizaci�n al Gobierno para instituir otras, debe ce�irse a ellas. Hay que reconocer, por tanto, que el art�culo 24 del decreto excede y viola la norma del art�culo 14 de la ley reglamentada.

El actor, en su Cap�tulo de peticiones sobre suspensi�n provisional, menciona el 28 donde quiso indudablemente referirse al 25. Excus�ndole este lapsus, se estudia el cargo. Considera �l que el "art�culo 28 (sic), l�ase 25) viola expresamente el literal b) del art�culo 14 de la ley reglamentada, que establece la sanci�n en caso de reincidencia y adem�s viola claramente los art�culos 43, 76 (13� y 15�) 80, 204 y 206 de la Constituci�n Nacional".

"Por medio de este art�culo el autor del reglamento contin�a agregando sanciones, si as� puede llamarse a una medida como la que establece fuera del espec�fico ordenamiento legal".

Agrega que el art�culo busca la bancarrota directa del empresario, o la indirecta, enfrent�ndole competidores privilegiados. Y que la Administraci�n no puede modificar el arancel, ni el r�gimen de impuestos, ni cambiar las normas legales que rigen la actividad crediticia.

"En caso de reincidencia por violaci�n de las normas restrictivas consagradas por la ley, el Gobierno propiciar� la importaci�n y producci�n de materias primas o mercanc�as similares, mediante est�mulos cambiarios, arancelarios, fiscales y crediticios como medida tendiente a formalizar el mercado en forma competitiva".

El mismo demandante piensa que lo establecido en este art�culo no es propiamente una sanci�n al contraventor, aun cuando en �l se diga que el Gobierno s�lo proceder� a propiciar esas medidas ante su reincidencia. Adem�s, al expresar que el Gobierno propiciar� las medidas que all� anuncia no est� diciendo que las dictar� �l mismo, si no es competente, sino que har� lo que est� dentro de sus atribuciones para que esas medidas se tomen con el objeto muy claro de defender a los consumidores y a la misma econom�a nacional en su conjunto contra el monopolio que llegue a establecerse mediante el empleo de pr�cticas restrictivas de la competencia y al favor de un r�gimen de ciertos est�mulos oficiales.

Puesto que estas medidas no aparecen propiamente como una sanci�n no resulta violado de manera manifiesta por el art�culo 25 del Decreto el 14 de la ley. Y en cuanto a las medidas de que se trata apenas ser�n propiciadas y no ordenadas directamente por el Gobierno, si no est� dentro de su competencia, no aparece tampoco evidente la violaci�n de los art�culos citados de la Carta.

Se pide la suspensi�n provisional de este art�culo "porque viola manifiestamente la ley reglamentada en todos sus art�culos, toda vez que �sta no proh�be todo monopolio sino los ileg�timos, ni castiga todo desplazamiento de competidores sino los que se hagan indebidamente".

"Las empresas industriales que en alguna forma se beneficien de las medidas de protecci�n econ�mica que dicte el Gobierno no podr�n establecer sistemas comerciales de distribuci�n y venta que en alguna forma tiendan a configurar un monopolio de la distribuci�n, al desplazamiento de las empresas comerciales independientes, o a derivar, al amparo de la protecci�n industrial, utilidades de �ndole puramente comercial".

"Este art�culo no reglamenta a ninguno otro de la ley, sino que relaciona de manera vaga las disposiciones de �sta con otra materia de que no cuida la ley reglamentada, cual es la materia de concesiones, privilegios, facilidades, etc. concedidos por el Estado".

Esta norma del reglamento podr�a en determinadas condiciones servir para la recta ejecuci�n de la ley, pero en la forma adoptada constituye un exceso porque puede limitar actividades l�citas.

Pone algunos ejemplos, como el de las empresas ensambladoras, el industrial de econom�a pesada, que sin usar procedimientos indebidos de hecho no puede tener competidor, el industrial poseedor de una patente, etc. Y agrega el actor:

"Lo que la ley proh�be y sanciona son los monopolios il�citos impuestos por procedimientos que condensen malas pr�cticas industriales o comerciales, mala fe, abuso del derecho y delito".

Bien le�do el art�culo 26 del Decreto parece que nada a�ade el art�culo 1� de la ley, donde se establece la prohibici�n de las pr�cticas que tiendan a limitar la libre competencia con el prop�sito de mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los productores de materias primas. El art�culo 26 busca el que las empresas industriales beneficiadas con medidas de protecci�n no abusen de ellas, aprovech�ndolas para establecer monopolios de la distribuci�n o convirtiendo en fuente de indebidas utilidades comerciales la protecci�n misma.

Parece que en cierto modo el art�culo 26 contemplara un caso particular de las pr�cticas monopol�sticas prohibidas por el art�culo 1� de la Ley 155 de 1959.

Las glosas del actor tienden m�s bien a poner de presente los abusos que podr�an cometerse por mala aplicaci�n del art�culo 1�. Pero esto no implica que �l viole la ley en su conjunto, excedi�ndose de sus previsiones.

No se encuentra, pues, motivo para decretar la suspensi�n provisional de este art�culo como manifiestamente violatorio de la ley reglamentada: El propio actor lo reconoce as� impl�citamente en uno de sus p�rrafos arriba transcrito y subrayado.

Se pide en la demanda su suspensi�n provisional "porque viola el art�culo 18 de la ley reglamentada, el 1� del C�digo Penal y los art�culos 23 y 26 de la Constituci�n Nacional".

Conviene copiar aqu� el art�culo impugnado, para leer despu�s el concepto de la violaci�n que trae el Cap�tulo II de la demanda.

"Art�culo 27. Los revisores fiscales, auditores e interventores de las empresas, adem�s de ejercer la vigilancia establecida por el art�culo 18 de la ley, se har�n penalmente responsables si no denuncian oportunamente los hechos calificados como violatorios a las normas antimonop�licas consagradas por la Ley 155 de 1959".

Dice el demandante que en este art�culo se estatuye una responsabilidad penal a dichos funcionarios de las empresas cuando no denuncien las violaciones a la Ley 155. Y agrega:

Ya se ha comentado que el reglamento no puede erigir en delitos hechos que la ley no lleva a esa categor�a; en este caso el reglamento hace de ley para crear un nuevo delito, o mejor, nuevos delincuentes, porque olvid� asignar la pena correspondiente. Es natural que si la violaci�n de la ley se hiciere en forma criminosa, como es posible, el Revisor Fiscal que encubriera el delito se har�a responsable en los t�rminos establecidos en la ley penal para sancionar a encubridores. Pero esa responsabilidad, se supone, no hay que declararla. Fuera de ese caso, y de la cooperaci�n que hiciere un Revisor Fiscal en la perpetraci�n del acto actual, que lo har�a directamente responsable, de acuerdo con la legislaci�n penal, sus negligencias en la vigilancia de la observancia de la ley reglamentada no lo convierten en delincuente. El reglamento ha ido m�s all� de sus poderes. Nuestra Carta dispone que nadie podr� ser reducido a prisi�n o arrestado, ni detenido, y que nadie podr� ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes. El art�culo peca, por lo tanto, de ilegalidad y de inconstitucionalidad.

Como el actor cita concretamente como violados por el 27 del decreto los art�culos 18 de la ley reglamentada, 1� del CP y 23 y 26 de la Constituci�n, v�ase primero qu� dice el 18 de la Ley 155 de 1959.

Los revisores e interventores deber�n ejercer una estrecha vigilancia para darle cumplimiento a la presente ley.

Se limita la disposici�n legal a se�alar un deber a esos funcionarios, pero ciertamente omiti� establecer una sanci�n a quienes no lo cumplan En estas circunstancias, el decreto reglamentario no pod�a establecer ninguna, pues no le corresponde al reglamento llenar semejante vac�o de la ley sin usurpar una atribuci�n propia del legislador. Es verdad tambi�n que el art�culo impugnado no establece: sanci�n alguna para el acto de no denunciar la infracci�n de la Ley 155 que est� cometiendo la empresa y conozcan sus revisores fiscales, auditores e interventores. Se limita a declarar que se har�n penalmente responsables. �Y a qui�nes corresponder�a conocer de esos casos A los jueces respectivos, quienes no encontrar�an una disposici�n penal violada, pues la ley no erigi� ese solo hecho en delito y por ende no le se�al� pena. El cabal conocimiento de las leyes, que debe presumirse en los jueces, podr� hacer inocua en la pr�ctica la norma contenida en el art�culo 27 del Decreto reglamentario. Pero es claro que �l desborda el 18 de la ley. Y podr�a tambi�n suceder que, por ignorancia o descuido, cualquier juez llegara a instaurar procedimiento penal con la sola base del art�culo 27 del Decreto, o sea por el mero hecho de no denunciar uno de los dichos funcionarios de las empresas las contravenciones a la ley en que ellas incurran. Si esto sucediere por virtud del art�culo impugnado, esas personas podr�an ser molestadas con providencias judiciales sin haber "motivos previamente definidos en las leyes" con lo cual, pretendiendo obedecer el art�culo reglamentario de que se trata, se violar�a claramente el art�culo 23 de la Carta, aun cuando no hubiera lugar a medidas privativas de la libertad, como la detenci�n preventiva, ni a otras de las que la norma constitucional menciona.

1� Adm�tese la anterior demanda; comuniq�ese al Ministerio de Fomento; notif�quese al respectivo se�or Agente del Ministerio P�blico; y f�jese el negocio en lista por el t�rmino de cinco d�as para los efectos del numeral 3� del art�culo 126 del C.C.A.

2� Se ordena la suspensi�n provisional impetrada respecto de los art�culos 17, 20, 22, 24 y 27 del Decreto n�mero 3236 del 10 de diciembre de 1962, por medio del cual se reglamenta la Ley 155 de 1959 sobre pr�cticas comerciales restrictivas, y no se accede a decretar la suspensi�n de las dem�s disposiciones del Decreto a que se refiere la respectiva solicitud del demandante. Comuniq�ese a la Superintendencia de Regulaci�n Econ�mica del Ministerio de Fomento, lo resuelto en esta providencia, para los efectos legales consiguientes, acompa��ndole copia de ella.

3� Recon�cese a los doctores Jos� Luis Aramburo y Jorge Uribe Restrepo como apoderados, principal y sustituto respectivamente, del doctor Mario Aramburo, en los t�rminos y para los efectos indicados en el respectivo memorial poder.