SENTENCIA 2494 de 1991

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032523SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2494199110/12/1991SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2494__1991_10/12/1991300325211991PERSONAL DOCENTE / ACCION DISCIPLINARIA Al se�alar la disposici�n acusada como sujetos pasivos de la acci�n disciplinaria a los educadores oficiales, se est� refiriendo exclusivamente a los docentes que prestan sus servicios en virtud de una relaci�n legal y reglamentaria y no a otra clase de docentes, porque la locuci�n �educadores oficiales� se contrae, por mandato legal, a aqu�llos y no a otros docentes, pues no existen educadores oficiales con otro tipo de vinculaci�n laboral en el sector p�blico. DECLARASE LA NULIDAD del inciso segundo del art�culo 6� de la frase �cualquiera sea la �ndole de la relaci�n laboral� del art. 16, del art�culo 23; del literal a) del art�culo 27 y de la locuci�n �escuela nueva� del art�culo 76 del Decreto n�mero 2480 de 1.986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional. REVOCA LA SUSPENSI�N PROVISIONAL del segundo inciso del art�culo 76 del Decreto n�mero 2480 de 1.986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional. PERSONAL DOCENTE / PROCESO DISCIPLINARIO - Agravantes Se excedi� lo previsto en el Decreto - ley, en virtud de que en la norma se establece un l�mite en el tiempo (3 a�os anteriores a la comisi�n de la falta que se sanciona), a efecto de considerar como circunstancia agravante de la responsabilidad el haber incurrido el docente inculpado en faltas graves, cuando en la norma del decreto - ley que regula la gradaci�n de sanciones, establece sin restricci�n alguna que se tenga en cuenta para tales efectos los antecedentes personales del infractor. No se pod�a entonces, a trav�s de un decreto reglamentario, limitar en el tiempo la facultad del funcionario sancionador.

Al se�alar la disposici�n acusada como sujetos pasivos de la acci�n disciplinaria a los educadores oficiales, se est� refiriendo exclusivamente a los docentes que prestan sus servicios en virtud de una relaci�n legal y reglamentaria y no a otra clase de docentes, porque la locuci�n �educadores oficiales� se contrae, por mandato legal, a aqu�llos y no a otros docentes, pues no existen educadores oficiales con otro tipo de vinculaci�n laboral en el sector p�blico.

DECLARASE LA NULIDAD del inciso segundo del art�culo 6� de la frase �cualquiera sea la �ndole de la relaci�n laboral� del art. 16, del art�culo 23; del literal a) del art�culo 27 y de la locuci�n �escuela nueva� del art�culo 76 del Decreto n�mero 2480 de 1.986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional.

REVOCA LA SUSPENSI�N PROVISIONAL del segundo inciso del art�culo 76 del Decreto n�mero 2480 de 1.986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional.

Se excedi� lo previsto en el Decreto - ley, en virtud de que en la norma se establece un l�mite en el tiempo (3 a�os anteriores a la comisi�n de la falta que se sanciona), a efecto de considerar como circunstancia agravante de la responsabilidad el haber incurrido el docente inculpado en faltas graves, cuando en la norma del decreto - ley que regula la gradaci�n de sanciones, establece sin restricci�n alguna que se tenga en cuenta para tales efectos los antecedentes personales del infractor. No se pod�a entonces, a trav�s de un decreto reglamentario, limitar en el tiempo la facultad del funcionario sancionador.

El ciudadano Hernando Osorio Delgado, en ejercicio de la acci�n definida en el art. 84 del C�digo Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 1 de 1984), impetra de la corporaci�n sea declarada la nulidad de varias disposiciones contenidas en el decreto No. 2480 de 1986 - - 31 de julio - - , expedido por el Presidente de la Rep�blica y refrendado por el ministro de educaci�n, "por el cual se reglamenta parcialmente el decreto extraordinario 2277 de 1979". Las aludidas disposiciones son las siguientes:

p) Los art�culos 74, 75, 76 y 77 integrantes del art�culo 76, primer inciso, y el par�grafo del mismo.

El demandante cita como normas violadas los art�culos 2, 20, 26, 30, 55, 77, 92, 120 (numeral 3o.) y 193 de la Constituci�n Pol�tica vigente en la �poca de la presentaci�n del libelo; los art�culos 3o., 10, 21, 32, 37, 46, 49, 50 y 55 del decreto - ley 2277 de 1979 (el que reglamenta parcialmente el acto acusado); los art�culos 43, 44 y 45 de la ley 153 de 1887; los art�culos 180, 351 (numeral 4o.) del decreto 1440 de 1979; el art. 1o. del decreto 85 de 1980; el art. 12 del decreto - ley 2400 de 1968 y el art. 66 del C�digo Contencioso Administrativo.

"PRIMERO: El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri� la Ley 8a. de 1979, y o�do el concepto de la Comisi�n Asesora, previsto en el art�culo 3o. de dicha Ley, expidi� el Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979.

SEGUNDO: El inciso 3o. del art�culo 55 del Decreto 2277 de 1979, establece que el Gobierno Nacional reglamentaria el procedimiento para aplicar las sanciones y garantizar el derecho de defensa del inculpado. El procedimiento comprende el conjunto de acciones administrativas mediante las cuales se denuncia, se comprueba, se sanciona la falta y se ejerce el derecho de defensa.

TERCERO: El Ejecutivo Nacional dentro de su funci�n de reglamentaci�n expidi� el Decreto No. 596 de 1980, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2277 de 1979 en relaci�n con la parte disciplinaria aplicable a los educadores oficiales.

CUARTO: El Gobierno Nacional profiri� el Decreto 2372 de 1981 mediante el cual se sustituy� el Decreto 596 del 14 de marzo de 1980, reglamentario del procedimiento disciplinario aplicable a los educadores oficiales.

QUINTO: El Presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto Reglamentario No. 897 de 1981, por el cual se introduce modificaciones (sic) al Decreto 259 de 1981.

SEXTO: El Presidente de la Rep�blica en ejercicio de la Potestad Reglamentaria profiri� el Decreto 2480 del 31 de julio de 1986 por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2277 de 1979.

SEPTIMO: El inciso 3o. del art�culo 55 del Decreto 2277 de 1979, los Decretos 596 de 1980, 2372 de 1981, 2480 de 1986, este �ltimo hasta el art�culo 73 se refiere a aspectos relacionados con el R�gimen Disciplinario aplicable a los educadores oficiales, mientras que los art�culos 74, 75, 76 y 77 del mismo Decreto hablan sobre el tiempo de servicio para el nuevo ascenso, revocatoria de las resoluciones de ascenso, tiempo doble, competencia para determinar el tiempo doble

OCTAVO: Es claro entonces que se pretendi� a trav�s del �ltimo Decreto citado (2480 de 1986) crear un nuevo R�gimen Disciplinario aplicable a los docentes oficiales, sin embargo, �ste contiene aspectos que no guardan relaci�n con tal naturaleza (en especial el T�tulo IV denominado 'Disposiciones Varias') y que son materia de cuestionamiento en la presente acci�n" (fls, 5 y 6).

Para el actor, las disposiciones arriba enumeradas son violatorias de normas de superior jerarqu�a por los siguientes CONCEPTOS:

1) "El inciso 2o. del art�culo 6o. del Decreto 2480 de 1986, al establecer de manera extensiva una favorabilidad en materia administrativa, contradice de manera directa y en forma ostensible lo postulado en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional, al aplicar a las actuaciones administrativas las prescripciones del citado art�culo de la Constituci�n Nacional que el constituyente reserv� a los procesos penales, como se desprende del mismo claro texto y sentido de la disposici�n, de las excepciones contenidas en el art�culo 27 de la misma Carta y de la reglamentaci�n del 26 hecha por la Ley 53 de 1887.

El art�culo 27, que establece tres (3) excepciones a la disposici�n anterior no se refiere, tampoco a juicios previos diferentes a los penales.

Los art�culos 43 a 45 de la Ley 153 de 1887 que reglamentan los art�culos 26 y 28 de la Constituci�n Nacional tampoco se refieren, finalmente a juicios civiles o laborales ni, mucho menos, a actuaciones puramente administrativas

Tampoco es de recibo la postura de algunos doctrinantes quienes trasladan de manera extensiva la favorabilidad en materia laboral (art�culo 21 del C�digo Sustantivo del Trabajo) al campo de los actos administrativos:

a: - - Es verdad averiguada que existen claras caracter�sticas diferenciales entre una ley laboral y un acto administrativo, que relevan toda profundizaci�n sobre el tema". (fls. 6, 7 y 8).

Se refiere luego, el accionante a la presunci�n de legalidad que ampara a los actos administrativos, a su impugnaci�n por la v�a jurisdiccional para solicitar la declaratoria de nulidad o la no aplicabilidad de los mismos, a la vida jur�dica de aquellos mientras que sean anulados o suspendidos por la jurisdicci�n contencioso - administrativa, principios que se fundamentan en el art�culo 193 de la Constituci�n Nacional y el art. 66 de la C.C.A., para culminar afirmando que "Por lo mismo que la favorabilidad es una excepci�n, su naturaleza es restrictiva, no puede ser t�cita ni se le presume y menos hacerse extensiva, sino que por el contrario debe resultar de una cl�usula expresada en la ley. Para el caso que nos ocupa ninguna norma legal permite en forma expresa la mal denominada favorabilidad de que trata el inciso 2o. del art�culo 6o. del decreto demandado".

II) Respecto a la supuesta ilegalidad del inciso 20. del art�culo 7o. del Decreto 2480 de 1986, manifiesta que ella se da porque rebasa el esp�ritu y la letra de los art�culos 46, literal f), 48, 49 y 50 del Decreto 2277 de 1979, "al hablar la norma demandada de la prescripci�n de la sanci�n de que tratan la violaci�n a los deberes y prohibiciones o causales de mala conducta, ya que el art�culo 48 dice que las sanciones ser n impuestas en forma progresiva y con la prescripci�n anotada, se deber volver a iniciar con la primera sanci�n al cabo de un a�o, lo cual hace inaplicable la causal de "incumplimiento sistem�ticos a los deberes y prohibiciones' prescrita en el literal f) del art�culo 46 y respecto de los art�culos 49 y 50 no podr� tenerse en cuenta como antecedente para tasar la sanci�n, cuando una sanci�n es impuesta tres (3) a�os atr�s" (fl. 9).

III) Considera "evidente la transgresi�n del inciso lo. del art�culo 9o. del Decreto 2480 de 1986 al se�alar cu�les son los inmediatos superiores para efectos de la investigaci�n y aplicaci�n de las sanciones al literal b) del art�culo 32 del Decreto 2277 de 1979 al dejar por fuera el de 'coordinador o prefecto de establecimiento' al tener �sta la categor�a de Directivo Docente". (fls. 9 y 10).

IV) "El art�culo 16 del Decreto 2480 de 1986 al determinar cu�les son los sujetos pasivos de la acci�n disciplinaria seg�n las modalidades de vinculaci�n y al manifestar que 'cualquiera sea la �ndole de su relaci�n laboral', excede el contenido del art�culo 30 del Decreto 2277 de 1979 al contemplar este �ltimo a los vinculados mediante un acto condici�n, relaci�n legal o estatutaria cuando expresa 'los empleados oficiales de R�gimen especial que una vez posesionados quedan vinculados'." (Fl. 10).

V) "El inciso 2o. del art�culo 20 del Decreto 2480 de 1986 al describir que para efectos de la toxicoman�a se tendr� en cuenta el da�o que se cause a la comunidad educativa por raz�n del consumo del tr�fico de drogas o substancias estupefacientes o narc�ticas, sometidas al control y prohibici�n de las autoridades, va m�s all� de la norma reglamentaria (literal a, del art�culo 46) al no contemplar �sta en su contenido 'el da�o que se cause a la comunidad educativa o el tr�ficos de drogas o substancias' t�rminos ajenos a la norma sustantiva". (fl. 10).

VI) "El art�culo 21 del Decreto 2480 de 1986 restringe el contenido del literal b) del art�culo 46 del Decreto 2277 de 1979 al limitar la pr�ctica de aberraciones sexuales 'entre docentes y alumnos' cuando la ley no establece ninguna clase de limitaci�n en trat�ndose del sujeto pasivo de dicha conducta". (fl. 10).

VII) Estima tambi�n el demandante que "Por el contrario el art�culo 22 del Decreto 2480 de 1986 excede al literal c) del art. 46 del Decreto 2277 de 1979 en el sentido que la norma reglamentaria no contempla lo atinente al mayor o menor provecho indebido, basta que se d� la conducta independiente de la cuantificaci�n de �sta, aspecto que s� juega para efectos de la tasaci�n de la sanci�n, cercenando de manera indirecta el art�culo 50 del Decreto 2277 de 1979". (fl. 10).

VIII) De igual manera, considera que el art�culo 23 al estipular "un provecho il�cito para el educador no comprendido en la norma objeto de reglamentaci�n" excede el literal d) del art�culo 46 del Decreto 2277 de 1979.

IX) De otra parte, indica que "El art�culo 26 del Decreto 2480 de 1986 en su 'denominaci�n' establece una equivalencia entre los conceptos atenuantes y eximente, cuando seg�n el Diccionario de la Lengua Espa�ola, dichos t�rminos son diametralmente opuestos, el uno disminuye mientras el otro exonera de toda responsabilidad". Y que "el literal e) del art�culo mencionado al contemplar la 'ignorancia invencible' contraviene el art�culo 9o. del C�digo Civil Colombiano que consagra el principio de que la 'ignorancia invencible' contraviene el art�culo 9o. del C�digo Civil Colombiano que consagra el principio de que la 'ignorancia de la ley no sirve de excusa". (fl. 11).

X) "El literal a) del art�culo 27 del Decreto 2480 de 1986 supera el alcance del art�culo 50 del Decreto 2277 de 1979, pero si bien es cierto que este �ltimo para efectos de la gradaci�n de las sanciones tiene en cuenta los antecedentes del infractor, no se fija alguna en el tiempo de tres (3) a�os, como s� lo hace el literal a) de la norma que es materia de cuestionamiento El Decreto acusado, de car�cter reglamentario, agrega un requisito adicional (un plazo) a los antecedentes para efectos de tenerlos como agravantes, sin que la norma sustantiva, que consagra este fen�meno establezca dicho lapso de tiempo. De tal manera que cuando la reglamentaci�n impone un t�rmino m�ximo de tres (3) a�os, est� rebasando la funci�n de desarrollo de la ley para desempe�ar la facultad normativa de ella". (fl. 11).

XI) "El inciso 2o. del art�culo 30 del Decreto 2480 de 1986 al negar la posibilidad de recurrir el acto que niegue la acumulaci�n, cercena el numeral 4o. del art�culo 351 del C�digo de Procedimiento Civil, que consagra la procedencia del Recurso de apelaci�n contra el Auto que decida un incidente y �ste de conformidad con los art�culos 135 y 150 del mencionado Estatuto, se tramita como tal.".

XII) "La parte final del art�culo 35 del Decreto 2480 de 1986 al consagrar la destituci�n de las personas nombradas seg�n el Decreto 85 de 1980, sin m�s f�rmula de juicio que el deber para la Autoridad Nominadora 'solicitar y analizar los descargos correspondientes y expedir una resoluci�n motivada' deja a disposici�n de �sta la posibilidad de 'analizar' y negarle la solicitud de pruebas, violando de manera ostensible el principio esencial del derecho de defensa del destituido y por ende el ya consagrado principio constitucional del 'debido proceso' de que trata el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional. No puede perderse de vista que la destituci�n de un funcionario que carezca de 'fuero especial', es la consecuencia l�gica de un proceso disciplinario el cual culmina con una decisi�n de la naturaleza anotada, pero previo el lleno de una serie de pasos o aspectos que lo integran y no precisamente el resultado de unas simples diligencias de caracter�sticas tan especiales como las consagradas en el c�non que se demanda, las cuales no dan oportunidad al inculpado de conocer el informe o queja en su contra, las pruebas que se alleguen a la investigaci�n, a pedir, que se practiquen las pertinentes solicitas (sic), ha de ser o�do en declaraci�n de descargos, para lo cual podr� pedir la asesor�a de un abogado o de su sindicato, as� como interponer los recursos que fueren procedentes en tal evento".

"La destituci�n al contrario de la 'Insubsistencia' que es el ejercicio de la facultad discrecional de que goza la administraci�n p�blica (art�culo 26 del Decreto Ley 2450 de 1968 y 107 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973) tiene car�cter de sanci�n disciplinaria, raz�n por la cual se viola el art�culo 12 del Decreto Ley 2400 de 1968, �sta s�lo es procedente como sanci�n disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento establecido en la ley para tal fin.

No obstante consagrarse en el numeral 2o. del inciso 2o. del art�culo lo. del Decreto 85 de 1980 que los educadores nombrados por este R�gimen deben ser declarados insubsistentes y no destituidos, la norma reglamentaria (art�culo 35 del Decreto 2480 de 1986) as� lo estatuye modificando la norma superior y excediendo la facultad atribuida por la ley".(fls. 12 y 13).

XIII) Se�ala asimismo el accionante que "la parte in fine del art�culo 58 del Decreto 2480 de 1986 al establecer para la pr�ctica de pruebas un plazo de veinte (20) d�as t�rmino que no puede prorrogarse, vulnera el art�culo 180 del C�digo de Procedimiento Civil, que s� lo consagra para los casos en que no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes y elimina la facultad oficiosa al funcionario investigador, cuando ello no es posible que tenga operancia en el t�rmino preestablecido en la norma que se cuestiona". (fl. 13).

XIV) Censura del mismo modo al art�culo 65 por cuanto estima que "al crear un procedimiento abreviado, cuando se trate de la condena de un educador por delito o delitos dolosos, adolece de los vicios ya anotados en relaci�n con el debido proceso consagrado en el art�culo 26 de la Constituci�n Nacional". (fl. 13).

XV) Se�ala tambi�n el accionante que el inciso 2o. del art�culo 74 no s�lo es contradictorio de su inciso lo., sino que viola los art�culos 10 y 21 del Decreto 2277 de 1979, en virtud de que al educador se le asciende varios grados en el Escalaf�n Nacional Docente sin que �ste hubiere permanecido en cada uno de los grados anteriores por el tiempo previsto en el referido art�culo para tener derecho a ascender de un grado a otro. Adem�s, dice el demandante que "el Nuevo Estatuto (Decreto Ley 2277 de 1979) no permite la acumulaci�n de grados sino en las excepciones antes mencionadas y lo cual conllevar�a a la desnaturalizaci�n de los objetivos y fines de una carrera administrativa". (fl. 14), y agrega que "En relaci�n con el art�culo 21 del Decreto 2277 de 1979, el exceso de la norma demandada estriba en el hecho, que mientras �ste exige el cumplimiento de los requisitos para el ascenso inmediatamente anterior, el inciso lo. del art�culo 74 del Decreto 2480 de 1986 dispone lo contrario al consagrar que en ning�n caso el docente perder el tiempo de servicio laborado, en raz�n que se pretende cambiar el significado gramatical de las palabras cumplir y acreditar". (fl, 14).

XVI) "El art�culo 75 del Decreto 2480 de 1986 viola en forma directa el art�culo 30 de la Constituci�n Nacional que estatuye la irretroactividad de la ley". (fls. 16 a 17). "Dado que la retroactividad es una excepci�n su naturaleza es restrictiva, no puede ser t�cita ni se le presume, sino que por el contrario debe resultar de una cl�usula expresada en la ley, tal como ocurre en materia penal (art�culos 44 y 45 de la Ley 153 de 1887), leyes interpretativas (art�culo 14 del C�digo Civil, 58 del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal), Laboral (art�culo 21 del C�digo Sustantivo del Trabajo) y de ninguna manera se puede hacer extensiva entrat�ndose de actuaciones o actos administrativos como ocurre en el caso que nos ocupa (art�culo 75 del Decreto 2489 de 1986). Adem�s toca directamente con los art�culos 193 de la Constituci�n Nacional y 66 del C�digo Contencioso Administrativo". (fls. 18 a 19).

XVII) En cuanto al inciso lo. del art�culo 76 sostiene el libelista que "rebasa lo dispuesto en el art�culo 37 del Decreto 2277 de 1979, al consagrar la figura de la 'Escuela Nueva', concepto que no aparece en la norma �ltima citada para efectos de tiempo doble, �sta hace menci�n �nicamente a 'Escuelas Unitarias' �reas rurales de dif�cil acceso y poblaciones apartadas". (fls. 19 a 20).

Asimismo estima que "el inciso 2o. de la norma demandada (art�culo 76 del Decreto 2480 de 1986) excede el art�culo 37 del Decreto 2277 de 1979 al no contemplar o hacer referencias en su tenor al tiempo de servicio prestado por los educadores con t�tulo docente en los 'territorios Nacionales' (Intendencias y Comisar�as) para efecto de su contabilizaci�n como tiempo doble". (fl, 20).

XVIII). Finalmente el demandante afirma que "los art�culos 74, 75, 76 y 77 del Decreto 2480 de 1986 que integran el T�tulo IV denominado 'Disposiciones Varias', violan los art�culos 77 y 92 de la Constituci�n Nacional en relaci�n con el principio de 'unidad de materia' al ordenar que las leyes o t�tulos de estos, deben referirse a una misma materia y corresponder precisamente el contenido o texto". (fl. 20).

"Los art�culos citados pretenden eliminar en la pr�ctica agregados artificiales que nada tengan que ver con la misma materia, quieren que todos los asuntos contenidos en una ley o acto administrativo tengan comunidad intelectual de materias; esto significa que los puntos vertidos en la ley o acto deben ir encaminados a una misma finalidad y aunque el ser considerados separadamente puede parecer distintos, est�n todos ordenados en una misma direcci�n de tratamiento de un tema.

En verdad la intenci�n del art�culo 77 de la Constituci�n Nacional es la de rechazar agregados al tema central, por materia se comprende el objetivo de la ley o acto administrativo el cual puede obtenerse por l�neas de normatividad que son distintas pero que converjan hacia su objetivo.

No siendo precisamente �ste el comportamiento asumido por el Presidente de la Rep�blica al proferir el Decreto 2480 de 1986, en especial los art�culos 741 75, 76 y 77; �stos hacen menci�n a materias diferentes al 'R�gimen Disciplinario' al reglar sobre tiempo de servicio para el nuevo ascenso, revocatoria de las resoluciones de ascenso, tiempo doble y competencia para determinar el tiempo doble". (fl. 20).

Mediante providencia fechada el 4 de agosto de 1987 (fls. 52 a 58), se neg� la suspensi�n provisional de las normas acusadas respecto de las cuales el accionante habr�a solicitado la adopci�n de esa medida, con excepci�n de la frase "Escuela Nueva" y todo el inciso segundo del art�culo 76 del Decreto 2480 de 1986 cuya nulidad s� se decret�.

La se�ora Fiscal Quinta del Consejo de Estado, en extensos planteamientos y mesurado estudio, solicita la declaratoria de nulidad del inciso 2o. del art. 6o., del art. 9o., del literal a) del art. 26, del literal a) del art. 27 en la frase "tres a�os anteriores", del art. 35, en la frase "t�rmino que no podr� prorrogarse" del art. 58 y de los art�culos 65 y 76 y que sean denegadas las dem�s s�plicas de la parte actora.

Agotado el tr�mite procedimental de rigor y no observ�ndose defecto que amerita la invalidaci�n de lo actuado.

En el mismo orden se�alado en la demanda, se estudiar n las censuras que, respecto de cada una de las disposiciones acusadas del decreto reglamentario 2480 de 1986, formul� el accionante y se expondr� el criterio de la Sala al respecto. As� se tiene:

"La disposici�n permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

Ciertamente el art. 26 de la Constituci�n vigente para la �poca de la presentaci�n de la demanda y el art. 44 de la ley 153 de 1887, indicados por el impugnador como violados por la norma transcrita, consagran una excepci�n al principio legal de la irretroactividad de la ley, pero exclusivamente en materia penal. Tambi�n lo es que el art. 21 del C.S, del T establece la aplicaci�n del derecho m�s favorable, pero en el �mbito de las relaciones laborales.

Igualmente, es verdad, que el proceso disciplinario en general constituye el llamado Derecho Penal Administrativo que seg�n algunos tratadistas se nutre del Derecho Penal, ya que aplica sanciones, pero de ninguna manera puede subsumirse plenamente en �ste, pues mira hacia las llamadas "faltas" o "contravenciones" administrativas, distintas de las contravenciones cl�sicas o de polic�a, gradaciones de la conducta punitiva que son materia exclusiva del Derecho Penal.

Ahora bien en virtud del poder disciplinario, las autoridades administrativas, sin perjuicio del que corresponde a la Procuradur�a General de la Naci�n, cumplen una funci�n sancionadora, sancionando, administrativamente a los funcionarios incursos en "faltas" de ese tipo y de sus decisiones se condensan en actos administrativos - - no judiciales - - sometidos al procedimiento administrativo se�alado por la ley y al control jurisdiccional y deben ser respetuosas dichas autoridades, de ciertas garant�as que, asimismo, son comunes a las del Derecho Penal en general.

No obstante, no puede admitirse que, en raz�n de las referidas similitudes entre el Derecho Penal y el "Derecho Penal Administrativo" - - cuya denominaci�n m�s exacta es, en este campo, "Derecho Disciplinario" - que la totalidad de los preceptos constitucionales y legales reguladores del Derecho Penal, per se, sean aplicables a dicha rama, y mucho menos a trav�s de una normatividad de inferior categor�a jer�rquica como lo es un decreto reglamentario, puedan hacerse extensivos los privilegios que por mandato constitucional y legal se han reservado �nicamente a una materia muy especifica, como lo es la criminal. De ah� que para la Sala, por carecer de esa jerarqu�a legal a que se ha hecho referencia, el principio de car�cter excepcional consagrado en la disposici�n acusada, resulta violatorio del art. 26 de la anterior Constituci�n (tercer inciso del art. 29 de la nueva Carta de 1991) y del art. 44 de la ley 153 de 1887.

"Sancionado un educador, prescribe la sanci�n en un (1) a�o calendario cuando se trata de deberes y prohibiciones y en tres (3) a�os cuando se trate de causales de mala conducta".

No atina el censor en sus planteamientos acerca de la violaci�n del literal f) del art. 46 y de los art�culos 48, 49 y 50 del decreto - ley 2277 de 1979 que, en su orden, erigen el incumplimiento sistem�tico de los deberes o la violaci�n reiterada de las prohibiciones como causal de mala conducta de los educadores oficiales, establecen las sanciones por infracci�n de los deberes y prohibiciones y suposici�n en forma progresiva, determinan las sanciones por mala conducta de los mismos y la gradaci�n de dichas sanciones, por cuanto no es cierto que la prescripci�n de la sanci�n prevista en la disposici�n acusada implique la inaplicaci�n de la causal de mala conducta consagrada en el literal f) del art. 46 y de las sanciones por infracci�n de los deberes y prohibiciones (art. 48) o por mala conducta (art. 49) o la gradaci�n de las sanciones en general (art. 50).

En efecto, lo que la disposici�n acusada establece es la prescripci�n de la sanci�n - - no del proceso - - , mas ello no entra�a la exoneraci�n de la misma, sino la imposibilidad de ejecutarla una vez hayan transcurrido los t�rminos estipulados de conformidad con la naturaleza o la fuente de la sanci�n. Vale decir, la disposici�n parte de la base de que al educador se le sancion� por la comisi�n de la falta, y lo que castiga es la inactividad de la Administraci�n para ejecutarla, fen�menos de distinta estirpe y de ah� que se disponga la prescripci�n de la sanci�n.

Por manera que la sanci�n, jur�dicamente, se impuso; sucede que no se puede cumplir despu�s de transcurrido el t�rmino indicado en la disposici�n, lo cual no obsta para que, en caso de que el educador sancionado incurra nuevamente en hechos constitutivos de infracci�n a sus deberes y prohibiciones o de mala conducta, le sean impuestas en forma progresiva las sanciones previstas en la ley y efectuar su gradaci�n al tenor de los derroteros plasmados en el art. 50 del decreto - ley 2277 de 1979. Se repite: una cosa es la sanci�n y otra la prescripci�n; aqu�lla sirve, aunque haya prescrito, como antecedente disciplinario, porque, como sanci�n subsiste.

No es, pues, violatorio de las citadas normas constitucionales y legales, el analizado segundo inciso del art. 7o. del decreto 2480 de 1986, y ha de denegarse, por tanto, la solicitud de la nulidad.

"Por infracci�n a los deberes y prohibiciones. - - Para investigar y aplicar las sanciones de que trata el art�culo 48 del decreto ley 2277 de 1979, se considera como inmediato superior:

a) El Director del establecimiento educativo o quien haga sus veces respecto de los docentes y directivos docentes de educaci�n pre - escolar o b�sica primaria;

b) El Rector, respecto de los docentes y directivos docentes de b�sica secundaria o media vocacional;

c) El Director de N�cleo de Desarrollo Educativo, respecto de los directores y rectores;

d) El Jefe de Distrito Educativo, respecto de los Directores de N�cleo de Desarrollo Educativo y supervisores de Educaci�n;

Para los Inspectores Nacionales, as� como para los Jefes de Distrito Educativo donde estos cargos sean de car�cter docente directivo, el inmediato superior ser el mismo Superior Acad�mico, entendiendo por �ste al Jefe de la Direcci�n, Oficina, Divisi�n o Secci�n de Ense�anza Primaria, B�sica Secundaria o Media respectiva.

En sentir de la Sala, esta disposici�n no transgrede el art. 32 del decreto - ley 2277 de 1979 seg�n lo cree el actor. Esta norma define el car�cter docente de ciertos cargos directivos y establece que, en consecuencia, deber n ser provistos con educadores escalafonados, porque ella no atribuye a los directivos all� se�alados la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los maestros Por tanto, bien pod�a el Gobierno Nacional otorgar a todos los directivos a que el art. 32 del decreto - ley 2277 de 1979 se refiere, o s�lo a unos de tales directivos, aludida competencia, que fue lo que hizo al se�alar que el director del establecimiento educativo', el rector, el director de n�cleo de desarrollo educativo, el jefe de distrito educativo se consideran superiores inmediatos respecto del personal que discrimina el inciso ya no atribuyendo tal car�cter ni a los supervisores ni a los inspectores de educaci�n a que se contrae el literal e) ib�dem. Es evidente que ese inciso, en sus literales, s�lo se ocupa en definir qui�n es el inmediato superior de tales funcionarios para lo se�alado en el art 48 del decreto - ley 2277 de 1979. No se declarar , entonces, la nulidad del inciso lo. del art. 9o.

"Sujetos de la acci�n. - - Son sujetos de la acci�n disciplinaria los educadores oficiales escalafonados, cualquiera que sea la Indole de su relaci�n laboral sin perjuicio de lo previsto en el art�culo siguiente".

En opini�n del actor, tal disposici�n quebranta el art. 3o. del decreto - ley 2277 de 1979, que define as� a los educadores oficiales:

"Educadores oficiales. - - Los educadores que presten sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal, son empleados oficiales de R�gimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la Administraci�n por las normas previstas en este Decreto".

De acuerdo con lo anterior, tales docentes inequ�vocamente son empleados oficiales sometidos a un r�gimen especial y se hallan vinculados a la Administraci�n mediante una relaci�n legal y reglamentaria. De suerte que al se�alar la disposici�n acusada como sujetos pasivos de la acci�n disciplinaria a los educadores oficiales, se est refiriendo exclusivamente a los docentes que prestan sus servicios en virtud de una relaci�n legal y reglamentaria y no a otra clase de docentes, porque la locuci�n "educadores oficiales" se contrae, por mandato legal, a aqu�llos y no a otros docentes, pues no existen educadores oficiales con otro tipo de vinculaci�n laboral en el sector p�blico.

Despr�ndese de lo anterior que la frase "cualquiera que sea la �ndole de la relaci�n laboral" contenida en el art. 16 del decreto 2480 de 1986, resulta ser un ap�ndice que excede lo previsto en el art. 3o. del decreto - ley 2277 de 1979, pues la norma se refiere a los educadores oficiales, los cuales no son otros que los definidos en el mencionado art�culo.

Es imperioso, entonces, la declaratoria de nulidad de la mencionada frase: "cualquiera sea la �ndole de la relaci�n laboral"

"Para los efectos de la toxicoman�a se tendr� en cuenta el da�o que se cause a la comunidad educativa por raz�n del consumo o tr�fico de substancias estupefacientes o narc�ticas sometidas al control o prohibici�n de las autoridades".

No comparte la Sala los planteamientos del accionante en el sentido de que lo dispuesto en el canon transcrito va m�s all� de lo previsto en el literal a) del art. 46 del decreto - ley 2277 de 1979 que reglamenta; para la Sala, la circunstancia de que la conducta del docente toxic�mano haya producido da�o a la comunidad educativa, a la luz del art. 50 ib�dem, que establece la gradaci�n de las sanciones, comporta un factor determinante de �sta, por cuanto resultan ser m�s graves las consecuencias del proceder del docente adicto a las drogas toxic�manas, cuando con el mismo se produce da�o a la comunidad que cuando sus h�bitos no trascienden a �sta.

Por tanto, en el primer caso, el educador amerita una sanci�n m�s dr�stica que en el segundo.

La disposici�n demandada, por ende, no transgrede el literal a) del art�culo 46 del decreto - ley 2277 de 1979, porque no lo entiende como configurante de tipicidad, sino que se refiere s�lo a la clasificaci�n. En consecuencia, no se dispondr� su nulidad.

"En la aplicaci�n del literal b) del art�culo 46 del Decreto n�mero 2277 de 1979 se tendr� en cuenta que ning�n comportamiento que atente contra la libertad y el pudor sexuales debe tener lugar bajo ninguna circunstancia entre docente y alumno".

A su turno, el art�culo 46, literal b), a que se refiere la disposici�n y que el demandante estima conculcado, reza:

"Causales de mala conducta. - - Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

No ve la Sala que la disposici�n contenida en el art. 21 del decreto reglamentario 2480 de 1986 vaya m�s all� del alcance del literal b) del art. 46 del decreto - ley 2277 de 1979 que se ha transcrito tambi�n para una m�s f�cil comparaci�n. Aunque �ste s�lo habla de la pr�ctica del homosexualismo y de aberraciones sexuales entre docentes y alumnos, �l no estipula un campo m�s cerrado en esta materia, sino que solamente hace �nfasis en la no aceptaci�n, bajo ning�n punto de vista, de comportamientos que atenten contra la libertad y el honor sexuales entre docentes y alumnos. A juicio de la Corporaci�n, se quiso resaltar la especial gravedad que debe darse a una conducta de tal naturaleza dentro del proceso disciplinario, pero no exonerar de responsabilidad a los educadores que incurran en homosexualismo o en aberraciones sexuales con personas distintas a los alumnos que es la conclusi�n a que se llega de acuerdo con los planteamientos de la parte actora.

"En la aplicaci�n del literal c) del art�culo 46 del decreto 2277 de 1979 se tendr� en cuenta el mayor o menor provecho indebido obtenido por el docente para s� o para un tercero, as� como el da�o causado a la econom�a del establecimiento o al proyecto concreto a que estuvieren destinados los fondos respectivos"

La Sala estima que al determinarse en este art�culo que para la aplicaci�n del literal c) del art. 46 del decreto - ley 2277 de 1979, que cataloga como causal de mala conducta "la malversaci�n de fondos, bienes escolares o cooperativas", al tener en cuenta las circunstancias indicadas, no excede ese literal, porque �nicamente est precisando unos par metros para una adecuada y mejor calificaci�n y gradaci�n de la conducta para efectos de la sanci�n contemplada en el art. 50 del decreto - ley mencionado, no ha, por tanto, de anularse.

"En la aplicaci�n del literal d) del art�culo 46 del Decreto 2277 de 1979 se tendr� en cuenta el provecho il�cito para el educador, o para el estudiante o para un tercero o el perjuicio por estos �ltimos como resultado de cualquier negociaci�n con calificaciones, certificados de estudio o de trabajo, o documentos p�blicos".

La norma que se pretende reglamentar (literal d) del art. 46) se refiere al "tr�fico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo, o documentos p�blicos". Se trata de una an�mala situaci�n que no permite las gradaciones que le hace la disposici�n reglamentaria, dado que incide en la fe p�blica que descansa en la probidad de los educadores, bien jur�dicamente tutelado por el literal d) del art. 46 del decreto - ley. Es por ello que la Sala decretar su nulidad.

"Circunstancias atenuantes o eximentes. - - Se consideran como circunstancias que aten�an o eximen la responsabilidad, las siguientes:

En su ataque a este art�culo, el demandante no dice cu�l es la norma de superior jerarqu�a que se quebrante; solamente afirma que en �l se consideran como equivalentes los vocablos "atenuante" y "eximente".

Ahora bien, no obstante la existencia de la deficiencia anotada, gramaticalmente hablando (las cuales son abundantes en el texto del decreto reglamentario), la Sala considera �til apuntar que en el art�culo cuestionado, realmente, no se da a las palabras mencionadas una paridad o sinonimia en su significado, puesto que de su lectura se colige que en �l se quiso determinar que las circunstancias en �l previstas, podr�an tomarse por la autoridad nominadora como causal para disminuir la responsabilidad del docente inculpado, y, entre otros, como eximente de la misma. Esa es la cabal inteligencia que amerita la disposici�n.

Empero, no escapa al Consejo de Estado la ostensible carencia de precisi�n del art�culo 26 que se comenta, toda vez que no se determin� los eventos en los cuales los comportamientos en �l se�alados deb�an tenerse como liberadores de responsabilidad o s�lo como atenuantes de ella. Dicho en otras palabras, la disposici�n se qued� corta en la especificaci�n, no de las razones, sino de las circunstancias en que deb�an operar dichas causales como eximentes o como atenuantes de responsabilidad; lo que significa que hubo un inadecuado desarrollo del texto legal, que inclusive permite convertir la disposici�n reglamentaria en un instrumento que, en manos de sancionadores inescrupulosos, podr�a tornarse en medio para dejar impunes faltas verdaderamente graves cometidas por educadores, a quienes por amistad o por cualquier otro motivo rec�ndito, se les exonerar�a de responsabilidad por la comisi�n de aqu�llas.

No obstante, esta circunstancia no determina por s� misma la viabilidad de la declaratoria de nulidad del citado art�culo 26.

De otra parte, en cuanto al cuestionamiento que se hace al mismo art�culo 26 del decreto 2480 de 1986, en raz�n de estipular como circunstancia de atenuaci�n o de exoneraci�n de responsabilidad "la ignorancia invencible", la Sala siente no compartir el criterio de la Agencia del Ministerio P�blico, no porque se aparte de la m�s sana hermen�utica, sino porque el actor no cit� ninguna norma concreta de superior jerarqu�a (y esta jurisdicci�n es eminentemente rogada) y porque el art. 40 del C.P. erige "la ignorancia invencible" como causal de inculpabilidad (n�m. 4o.).

"Circunstancias agravantes. - - Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad, las siguientes:

a) El haber sido objeto de sanci�n por mala conducta dentro de los tres (3) a�os anteriores a la comisi�n de la nueva falta;............................".

Ciertamente asiste raz�n al demandante cuando sostiene que esta disposici�n excede lo previsto en el art. 50 del decreto - ley 2277 de 1979, en virtud de que en ella se establece un limite en el tiempo (3 a�os anteriores a la comisi�n de la responsabilidad el haber incurrido el docente inculpado en faltas graves, cuando el mencionado art. 50 que regula la "gradaci�n de sanciones", establece sin restricci�n alguna que se tengan en cuenta para tales efectos los antecedentes personales del infractor. No se pod�a entonces, a trav�s de un decreto reglamentario, limitar en el tiempo la facultad del funcionario sancionador en este aspecto.

No atina el demandante en la argumentaci�n que puso fin de demostrar que la disposici�n transcrita infringe una norma de rango superior a la que deb�a sujetarse (art�culos 351, n�m. 4o y 150, del C de P.C.).

En efecto, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1o del C C A. que al definir el radio de su aplicaci�n dispone que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regir n por �stas y en lo no previsto en ellas se aplicar n las normas contenidas en su parte primera, en el procedimiento administrativo disciplinario de los docentes oficiales, que se rige por lo previsto en los decretos 2277 de 1979 y 2480 de 1986, no cabe aplicar el C�digo de Procedimiento Civil, puesto que por mandato legal en caso de cualquier vac�o en tales estatutos, debe recurrirse al C�digo Contencioso Administrativo.

No siendo aplicable en el campo de las actuaciones administrativas, como es el procedimiento disciplinario, el C�digo de Procedimiento Civil, no es dable dilucidar la legalidad de la disposici�n demandada, bajo la �ptica de las disposiciones consagradas en �l, puesto que es un instituto ajeno a esta clase de actuaciones. Lo �nico que sorprende en este art�culo es la forma interrogativa, no enunciativa, de su titulaci�n, m�s ello no hace vocaci�n a su legalidad o quebranto de c nones de rango superior.

No obstante lo dispuesto en el art�culo 1o. del presente Decreto, las personas que hayan sido nombradas de acuerdo con el art�culo 1o. Del Decreto 085 de 1980 y se encuentren amparadas por el fuero especial que se�ala esa disposici�n podr�n ser destituidas por las causales mencionadas en dicha norma; pero, en todo caso, la autoridad nominadora deber solicitar y analizar los descargos respectivos y expedir una resoluci�n motivada".

Considera el actor que al consagrar este art�culo la destituci�n de las personas nombradas seg�n el decreto 85 de 1980, sin ninguna otra f�rmula de juicio que la de solicitar y analizar los descargos, deja en manos de la autoridad nominadora el aceptar o negar la solicitud de pruebas, viol�ndose as� el derecho de defensa del docente y el principio del debido proceso de que trataba el art. 26 de la Constituci�n vigente en la �poca.

El art. 1o. del decreto 85 de 1980 establece unas excepciones a la regla general consagrada en el art 5o. del decreto 2277 de 1979, en el sentido de que a partir de la vigencia de este �ltimo estatuto no pueden nombrarse para ejercer la docencia en planteles oficiales de educaci�n quienes no posean t�tulo docente o acrediten estar inscritos en el Escalaf�n Nacional, pues permite designar en las zonas rurales de dif�cil acceso a personas que demuestren tener t�tulo de bachiller en cualquier modalidad, siempre y cuando no exista personal titulado o en formaci�n que est� en capacidad de prestar el servicio, y en los institutos de educaci�n media diversificada, t�cnicos agr�colas, centros auxiliares de servicios docentes, concentraciones de desarrollo rural y dem�s instituciones que ofrezcan educaci�n diversificada en los niveles de media vocacional e intermedia profesional, a personas con t�tulo de bachiller t�cnico o de bachiller en otra modalidad, pero s�lo en las reas tecnol�gicas, cient�ficas o art�sticas.

Tambi�n se establece en esa norma (art. 1o. del decreto 85 de 1980) que las personas nombradas de conformidad con lo anterior, tienen un plazo de tres a�os contados a partir de la fecha de posesi�n, para inscribirse en el escalaf�n docente y que en caso de no hacerlo, la autoridad nominadora podr� declararlos insubsistentes.

Igualmente se estatuye que durante el referido periodo dichas personas podr�n ser separadas de sus cargos solamente por las causales previstas en los art�culos 29, 30, 47, 48, 49, 51 y 53 del decreto - ley 2277 de 1979.

Se tiene entonces que esas personas vinculadas a la docencia oficial seg�n los nortes del art. 1o. del decreto 85 de 1980, s� pueden ser destituidas de sus cargos, porque el fuero especial que los ampara hace relaci�n no a esta medida sancionatoria de faltas disciplinarias, sino exclusivamente a la declaratoria de insubsistencia esto es, a su remoci�n en ejercicio del poder discrecional de la autoridad nominadora, As�, en esta disposici�n se prev� que pueden ser destituidos por orden de autoridad competente, por infracci�n de sus deberes y prohibiciones, por mala conducta, por ineficiencia profesional (art�culos 29, 48, 49 y 51 del decreto - ley 2277 de 1979). Adem�s, tambi�n se dispone que pueden ser suspendidos de sus empleos en los eventos contemplados en los art�culos 30 y 53 ib�dem y retirados del servicio por abandono del cargo (art. 47 del mismo estatuto).

De suerte que es equivocado afirmar, como lo hace el accionante, que respecto de las referidas personas, s�lo puede la Administraci�n declarar insubsistentes sus nombramientos, pues, precisamente, esto es lo que se le prohibe hacer, salvo despu�s de que haya transcurrido un lapso de tres (3) a�os a partir de la fecha de su posesi�n, siempre y cuando no se haya inscrito en el escalaf�n nacional docente. Mientras que por normatividad legal, s� puede destituirlas, por las causales taxativamente enumeradas en el art. 1o. del decreto 85 de 1980.

Por lo dem�s, piensa la Sala, al establecer la disposici�n acusada que en todo caso la autoridad nominadora "deber solicitar y analizar los descargos respectivos", se est advirtiendo a aqu�lla que de ninguna manera le es dable conculcar el derecho de defensa del encartado; por consiguiente, no significa que se les est� cercenando tal derecho porque no se le da la posibilidad (le pedir pruebas, puesto que s� se obliga al funcionario sancionador a analizar los descargos, ello presupone, en sana l�gica, que debi� darse al docente la ocasi�n de presentarlos y con esos descargos, la oportunidad de solicitar las pruebas en que se fundamentan los descargos, porque no puede concebirse el an�lisis de los descargos sin el de las pruebas que le sirven de sustento toda vez que el concepto de "descargos" subsume el de las probanzas en que se apoyan.

De acuerdo con lo anterior, no es viable declarar la nulidad del art. 35 del decreto 2480 de 1986, acusado.

"De la pr�ctica de las pruebas. - - Dentro de los tres (3) d�as siguientes al recibo de los descargos, el Secretario Ejecutivo, dictar el auto decretando la pr�ctica de las pruebas que considere pertinentes, las cuales se practicar n en un plazo hasta de veinte (20) d�as, t�rmino que no podr� prorrogarse.

Para el decreto y la pr�ctica de pruebas se observar el principio de contradicci�n previsto en el C�digo de Procedimiento Civil".

Se propone por el actor la nulidad del aparte que establece la improrrogabilidad del t�rmino de veinte (20) d�as que se tiene para practicar las pruebas, en raz�n de que se infringe, seg�n �l, el art, 180 del C. de P.C., que s� consagra la posibilidad de la pr�rroga del t�rmino probatorio cuando no sea posible practicar, dentro de las oportunidades que disponen las partes, aqu�llas pruebas que el juez haya ordenado de oficio.

La improcedencia de aplicar el C�digo de Procedimiento Civil a las actuaciones administrativas regladas en los decretos 2277 de 1979 (ley) y 2480 de 1986 (reglamentario, parcialmente acusado en el sub judice), ya se analiz� en este prove�do y, por los mismos motivos que se expusieron al tratar sobre la legalidad del inciso segundo del art. 30 del decreto �ltimamente mencionado, sirven de apoyo ahora, al Consejo de Estado para no declarar la nulidad de la disposici�n que en esta oportunidad se cuestiona.

"Procedimiento abreviado. - - Recibida por la Junta Seccional la sentencia en firme que condene a un educador por delito o delitos dolosos, �sta proceder de inmediato a decidir sobre la clase de sanci�n a que hubiere lugar. Sin embargo, antes de fallar la Junta podr� solicitar al Secretario Ejecutivo la pr�ctica de las diligencias que considere necesarias para adoptar la decisi�n y deber en todo caso o�r al inculpado".

Se acusa este art�culo por el actor, porque, seg�n �l, se vulnera el principio del debido proceso consagrado en el art. 26 de la Constituci�n de 1886 Pero, en criterio de la Corporaci�n, esta situaci�n no se presenta, por cuanto la sanci�n al docente obedecer�a en ese evento, al hecho de haber sido condenado mediante sentencia en firme por un delito o delitos dolosos, y de ah� que no se requiera de otras pruebas distintas a la respectiva sentencia para demostrar el presupuesto f�ctico que autoriza sancionar al educador. Por manera, que no es menester agotar todo el procedimiento disciplinario porque la comisi�n de la falta, en este caso es delito, ya que fue debidamente demostrada en el proceso penal, en de modo que cualquier diligencia con este fin sobrar�a, dado que la autoridad sancionadora se halla frente a una causal de sanci�n originada en el hecho que fue suficientemente probado ante la jurisdicci�n en lo penal.

"Tiempo de servicio para el nuevo ascenso. - - El art�culo 23 del Decreto 259 de 1981 quedar as�:

'El tiempo de servicio para el nuevo ascenso se contar a partir de la fecha en que se hubieren cumplido todos los requisitos para el ascenso inmediatamente anterior: tiempo de servicio y curso de capacitaci�n

si fuere el caso. El tiempo de servicio laborado por el docente, que �ste acredite, con el lleno de las formalidades del caso, debe contabilizarse y de este hecho quedar constancia en la correspondiente resoluci�n. En ning�n caso el docente perder el tiempo de servicio laborado. Pero su demora u omisi�n en solicitar el ascenso s�lo le afectar para la determinaci�n de la fecha de efectos fiscales. Si la documentaci�n presentada por un docente no re�ne los requisitos exigidos, se proceder a su devoluci�n para que subsane la omisi�n. Corregida la deficiencia observada se empezar a contar el t�rmino de sesenta (60) d�as calendario, como m�ximo, para la expedici�n de la resoluci�n de ascenso.

Cuando por acumulaci�n de requisitos un docente deba ascender varios grados, la Junta Seccional debe decidir dichos ascensos mediante un solo acto administrativo' ".

Centra, pues, el censor la cr�tica en lo que ata�e al �ltimo inciso y la hace consistir en un quebranto del art. 10 del decreto - ley 2277 de 1979, porque seg�n ese p�rrafo es posible que un educador ascienda varios grados en el Escalaf�n sin que hubiera permanecido en cada uno de los grados anteriores por el tiempo establecido en el citado art�culo 10 del decreto - ley.

El art. 10, consecuencia obvia del art. 9o. que establece el Escalaf�n Nacional Docente para la clasificaci�n de los educadores conformado por catorce grados en orden ascendente del I al 14, se�ala los requisitos para ingreso y ascenso en los distintos grados. Dice que el grado 1 corresponde el que haya obtenido el t�tulo de bachiller pedag�gico; el grado 2, al que sea "perito o experto en educaci�n" o "bachiller pedag�gico" siempre que haya permanecido 3 a�os en el grado I y as�, seg�n el t�tulo que vaya obteniendo ir ascendiendo Mas la norma de tipo legal permite que un docente entre de lleno en el escalaf�n en un grado superior, como es el caso, por ejemplo, del "licenciado en ciencias de la educaci�n" o el "profesional con t�tulo universitario diferente al de Licenciado en Ciencias de la Educaci�n" que entra de una vez al grado 7 sin haber pertenecido necesariamente a los grados anteriores. De modo que es la propia norma legal la que permite la "acumulaci�n de requisitos" para ascender varios grados, sin necesidad de que haya permanecido, indispensablemente, tiempos en los grados anteriores.

No observa, pues, la Sala la violaci�n anotada por el demandante, y de all� que haya de denegar la anulaci�n.

Revocatoria de las resoluciones de ascenso. - - Las resoluciones de ascenso dictadas en contradicci�n del art�culo anterior ser n revocadas por las Juntas Seccionales o a solicitud de parte en los t�rminos de los art�culos 66 y 69 del C�digo Contencioso Administrativo"

La censura tambi�n la basa el actor en el art. 10 del decreto - ley 2277 de 1979. Supone que al resultar anulado el art. 74 del decreto reglamentario, se impone, como consecuencia, la anulaci�n del siguiente. Por lo tanto, establecida la legalidad del art. 74, es apenas l�gico que el art. 75 se declare ajustado tambi�n a derecho, m�xime si se observa que la revocatoria directa de los actos administrativos los acomoda a las normatividades que sobre el t�pico indica el C�digo Contencioso Administrativo que unos a�os antes - - en 1984 - - hab�a comenzado a regir. En otras palabras, el decreto reglamentario s�lo pretendi�, a trav�s del art. 75, actualizar la actuaci�n administrativa en materia de ascensos en el escalaf�n docente a la nueva realidad constitucional con el fin de facilitar su aplicaci�n, lo que no constituye en modo alguno violaci�n a la potestad reglamentaria por cuanto la normatividad del nuevo C�digo (decreto - ley 1 de 1984) guarda, a grandes rasgos, semejantes lineamientos que institu�a el decreto 2733 de 1959 sobre "revocatoria directa"(art�culos 21 a 25).

17o.) Tambi�n estima el demandante que los ya mencionados art�culos 74 y 75 y, adem�s, los art�culos 76 y 77, que integran el TITULO IV del decreto 2480 de 1986, que se denomina "DISPOSICIONES VARIAS", deben ser anulados por quebrantar los art�culos 77 y 92 de la Carta Fundamental vigente en la �poca (que corresponden a los art�culos 158 y 169 de la Constituci�n de 1991) en relaci�n con el principio de la "unidad de materia" al ordenar que las leyes o titular de �stas, deben corresponder al contenido o texto; de all� que al hablar ese t�tulo de "DISPOSICIONES VARIAS" se aleja de lo que pretendi� reglamentar, o sea, el "REGIMEN DISCIPLINARIO", y reglar sobre el tiempo de servicio para los ascensos, revocatoria de las resoluciones, tiempo doble y competencia para determinar ese tiempo doble (fl 20).

La Sala cree necesario puntualizar que el decreto 2480 acusado se expidi� en ejercicio de las facultades que le otorgaban al presidente de la Rep�blica los ords. 3o. y 12o. del art. 120 de la Constituci�n Pol�tica de 1886 (hoy ords. 11 y 21 del art. 189 de la nueva Carta de 1991) y no s�lo en lo que ata�e al "R�gimen Disciplinario", sino "parcialmente" lo atinente al "ejercicio de la profesi�n docente" que es de lo que se ocupa el decreto - ley 2277 de 1979, conocido con raz�n como "ESTATUTO DOCENTE". Por eso no ten�a que circunscribirse a temas sobre R�gimen disciplinario de los docentes.

Adem�s, las reglas contenidas en el T�tulo IV ("DISPOSICIONES VARIAS") se refieren todas a cuestiones relacionadas con los educadores en general y los oficiales en particular, por lo que ni a�n aceptando que los art�culos 77 y 92 de la anterior Constituci�n fueran aplicables a los decretos reglamentarios, se configurar�a la pretendida violaci�n por parte de los art�culos en comento.

18o.) No obstante lo expuesto, como el actor tambi�n propone la nulidad del art. 76 por rebasar lo dispuesto en el art. 37 del decreto - ley 2277 de 1979 al consagrar la figura de "escuela nueva" como aspecto para contabilizar "tiempo doble" de servicio, que no aparece en el decreto - ley, vali�ndose de la misma motivaci�n de que hizo uso cuando accedi� a su suspensi�n provisional. En efecto, el art. 37 dice a la letra:

"Tiempo doble. - - A los educadores con t�tulo docente que a partir de la fecha de expedici�n de este Decreto desempe�en sus funciones en escuelas unitarias, reas rurales de dif�cil acceso y poblaciones apartadas, se les tendr� en cuenta como doble el tiempo de servicio para efectos de ascenso en el escalaf�n...''.

"El tiempo de servicio prestado por los educadores con t�tulo docente en los Territorios Nacionales (Intendencias y Comisar�as) se les tomar como doble para efectos de ascenso en el Escalaf�n"

El Gobierno Nacional determinar los criterios para definir dichas reas y poblaciones".

Que es lo que hizo, al precisar que las poblaciones de los entonces llamados Territorios Nacionales (las antiguas intendencias y comisar�as) eran "rurales" de dif�cil acceso y poblaciones apartadas, como la misma realidad geogr�fica lo revelaba y lo sigue revelando. El esp�ritu de la norma legal es claro: crear una especie de est�mulo para los docentes que presten sus servicios de tales en esas reas y poblaciones. No se acceder , pues, la nulidad, y ha de disponerse el levantamiento de la suspensi�n provisional que de ella se resolvi� en el auto correspondiente.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

1o. - Decl�rase la nulidad del inciso segundo del art. 6o.; de la frase "cualquiera sea la �ndole de la relaci�n laboral" del art. 16; del art. 23; del literal a) del art. 27 y de la locuci�n "escuela nueva" del art. 76 del decreto No. 2480 de 1986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional.

2o. - - No se accede a declarar la nulidad del segundo inciso del art, 7o,; del primer inciso del art, 9o.; del segundo inciso del art. 20; de los arts, 21, 22, 26, 30, 35, 58, 65, 74, 75 y 77 del mismo decreto.

3o, - - Queda sin efecto la suspensi�n provisional del segundo inciso del art. 76 a que se refiere el auto de cuatro (4) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987),

4o, - - Deni�ganse las dem�s peticiones de la demanda incoada por el ciudadano Hernando Osorio Delgado,

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE AL MINISTERIO DE EDUCACION Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE, CUMPLASE,

La anterior providencia fue aprobada por la Sala en sesi�n celebrada el d�a 27 de noviembre de 1991.