SENTENCIA 1123 de 1990

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032399SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull1123199027/11/1990SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_1123__1990_27/11/1990300323971990COLDEPORTES - Facultades / RECONOCIMIENTO DEPORTIVO / PERSONERIA JURIDICA En la formulaci�n de cargos se incurre en una mixtura entre los fen�menos de reconocimiento deportivo y personar�a jur�dica, susceptible de generar confusi�n, como que los preceptos enjuiciados s�lo dicen relaci�n a la figura del reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes. Al no contener, por modo, las normas encausadas, prevenci�n de revocatoria o cancelaci�n de personar�as jur�dicas, como que ellas, gravitan sobre el reconocimiento, limit�ndose el p�rrafo acusado a prescribir la comunicaci�n a la autoridad que otorg� esa personar�a, el mandamiento superior no queda vulnerado. DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO / DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO En el �mbito del derecho disciplinario, la contravenci�n o falta, como presupuesto causa�, conlleva como secuela la imposici�n de t�picas medidas como la multa, la suspensi�n, la destituci�n, En el derecho administrativo y en cuanto dice relaci�n a la manifestaci�n de voluntad administrativa, su desustanciaci�n, esto es la p�rdida de su aplicabilidad, de su obligatoriedad, de la oposici�n con mandamientos jur�dicos superiores, culmina, en su caso, con medidas t�picamente administrativas y ajenas definitivamente a una significaci�n pena�, como lo constituye la revocatoria, reglada por los art�culos 69 a 73 del C.C.A. Resulta entonces equivocado calificar la susodicha revocatoria de un acto administrativo, como el otorgado por las Juntas Administradoras Seccionales como sanci�n punitiva, cuando, por ministerio de la ley esa medida, que es una consecuencia particularmente prevista para las manifestaciones de voluntad administrativa y por las causases especiales normadas, determina la desaparici�n o extinci�n de aqu�l.

En la formulaci�n de cargos se incurre en una mixtura entre los fen�menos de reconocimiento deportivo y personar�a jur�dica, susceptible de generar confusi�n, como que los preceptos enjuiciados s�lo dicen relaci�n a la figura del reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes. Al no contener, por modo, las normas encausadas, prevenci�n de revocatoria o cancelaci�n de personar�as jur�dicas, como que ellas, gravitan sobre el reconocimiento, limit�ndose el p�rrafo acusado a prescribir la comunicaci�n a la autoridad que otorg� esa personar�a, el mandamiento superior no queda vulnerado.

En el �mbito del derecho disciplinario, la contravenci�n o falta, como presupuesto causa�, conlleva como secuela la imposici�n de t�picas medidas como la multa, la suspensi�n, la destituci�n, En el derecho administrativo y en cuanto dice relaci�n a la manifestaci�n de voluntad administrativa, su desustanciaci�n, esto es la p�rdida de su aplicabilidad, de su obligatoriedad, de la oposici�n con mandamientos jur�dicos superiores, culmina, en su caso, con medidas t�picamente administrativas y ajenas definitivamente a una significaci�n pena�, como lo constituye la revocatoria, reglada por los art�culos 69 a 73 del C.C.A. Resulta entonces equivocado calificar la susodicha revocatoria de un acto administrativo, como el otorgado por las Juntas Administradoras Seccionales como sanci�n punitiva, cuando, por ministerio de la ley esa medida, que es una consecuencia particularmente prevista para las manifestaciones de voluntad administrativa y por las causases especiales normadas, determina la desaparici�n o extinci�n de aqu�l.

Santaf� de Bogot�, D.C., veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa (1990)

Entra la Sala a decidir la solicitud de nulidad que, en acci�n de ciudadano impetrara, en escrito de 13 de febrero de 1.989, el Dr. C�sar Castro Perdomo, y en forma parcial, contra el art�culo 9� y par�grafo 11 del Decreto Reglamentario 515 de febrero 17 de 1.986.

Como se ha anotado, materia del presente proceso lo constituye el Decreto Reglamentario 515 de febrero 17 de 1.986 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1.984 y se dictan disposiciones sobre el deporte, la educaci�n f�sica y la recreaci�n", dictado por el se�or Presidente de la Rep�blica en ejercicio de lo previsto en el numeral 3o. del art�culo 120 de la Constituci�n Nacional.

Las previsiones normativas, materia de enjuiciamiento se circunscriben en el libelo demandatario:

"... y podr� ser suspendido o revocado definitivamente cuando se compruebe que el organismo deportivo reconocido no cumple sus fines, o las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias. La providencia mediante la cual se suspende o revoca definitivamente el reconocimiento deportivo deber� motivarse y, contra ella procede el recurso de reposici�n".

El par�grafo del art�culo 11 se demanda"... pero solo en la parte que est� subrayada. ".

"PARAGRAFO.- Del resultado de la visita se informar� a la autoridad que otorg� la personar�a jur�dica, el director del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (COLDEPORTES) o el de la Junta administradora seccional de deportes correspondiente, para lo de su competencia y, especialmente para que verifique si es preciso suspender o revocar definitivamente el reconocimiento deportivo que les corresponde otorgar a dichas entidades.".

Como mandamientos jur�dico - positivos de rango superior que el libelista estima conculcados por el ordenamiento decretal cita e invoca: Art�culo 10 del Decreto Extraordinario No. 2845 de 1.984. Art�culo 28 de la Constituci�n Nacional. Art�culo 332, inciso 3o. del C�digo de Procedimiento Civil.

En memorial de octubre 4 de 1.989, el ente demandado, a trav�s de mandatario judicial impugn� la demanda incoada oponi�ndose a las pretensiones en la misma formuladas, solicitando in fine del respectivo escrito:

"Teniendo en cuenta los argumentos y razones expresados en este escrito frente a los hechos y presuntas violaciones argumentadas por el actor contra las normas demandadas, manifiesto a los HH. Consejeros que mi representado, el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte - COLDEPORTES - se opone a las pretensiones de la demanda, bajo la consideraci�n general de que las normas acusadas fueron expedidas de acuerdo con los ordenamientos jur�dicos a que estaban sometidas, por lo cual deber� ratificarse la presunci�n de legalidad de que ellas est�n investidas. En consecuencia, solicito que se rechacen las pretensiones de la demanda y se ordene el archivo del expediente.".

El Sr. Agente del Ministerio P�blico, en su concepto de fondo considera que "... no deben prosperar las s�plicas de la demanda.�.

Como antecedentes administrativos, configurativos de la causa petendi, se expone en el escrito demandatario los siguientes:

"l. El legislador extraordinario expidi� el Estatuto Org�nico del deporte, la educaci�n f�sica y la recreaci�n, mediante la expedici�n del Decreto Extraordinario No. 2845 de 1.984 (Noviembre 23)".

"2. Aquel estatuto hab�a previsto en su art�culo 29 que el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes) otorgar�a la personar�a jur�dica a los organismos deportivos".

"3. El Par�grafo del mismo estatuto determinaba que el Gobierno fijara los requisitos para otorgarlas y las causases para suspender o cancelar la respectiva personar�a jur�dica".

"4. El estatuto org�nico del deporte en su art�culo 10 instituy� el reconocimiento deportivo para que los clubes deportivos pudieran desarrollar sus actividades sociales y c�vicas".

"5. Pero resulta que en relaci�n a lo relativo a las personar�as jur�dicas de los organismos deportivos, el art�culo 29 y el Par�grafo de este fueron declarados inconstitucionales por la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia n�mero 61 de 1.985 de agosto 15 de 1.985 en la que fue ponente el Doctor Ricardo Medina Moyano (q e p d) y actor el ciudadano Cesar Castro Perdomo".

"6. El estatuto org�nico en ninguna parte erigi� las causases de suspensi�n o revocatoria del reconocimiento deportivo, ni estableci� ninguna prohibici�n sobre el particular".

"7. Aquel estatuto tampoco estableci� la pena disciplinaria de suspensi�n o revocatoria del reconocimiento deportivo".

"8. Sin embargo, el Gobierno Nacional mediante el Decreto demandado, con desviaci�n de poder al reglamentar el Estatuto Org�nico (Decreto Extraordinario 2845 de 1.984) suplant� al legislador: porque instituy� la pena disciplinaria de suspensi�n o revocatoria del reconocimiento deportivo y reiter� lo mismo sobre las personer�as jur�dicas y porque instituy� unas causases para esas suspensiones o revocatorias".

"9. En consecuencia las normas acusadas son nulas y deben suspenderse provisionalmente porque violan el Estatuto Org�nico del Deporte, la educaci�n f�sica y la recreaci�n y adem�s el art�culo 28 de la Constituci�n Nacional sobre legalidad de las penas y de las sanciones y tambi�n la cosa juzgada".

"10. Al incoar esta acci�n pretendo salir en defensa del orden jur�dico que estimo quebrantado".

Con el escrito de demanda, el actor solicit� la declaratoria de la medida precautelar de la suspensi�n provisional, la que fuera atendida por el conductor procesal en providencia de marzo lo de 1.989, como se advierte del p�rrafo segundo de la parte resolutiva en lo que fuera materia de solicitud, y disponiendo la admisi�n de la demanda.

En memorial de 18 de mayo del precitado a�o, la entidad demandada, por intermedio de apoderado interpuso recurso de s�plica ".... contra el auto de fecha 1 o. de marzo de 1.989, mediante el cual el H. Consejero Ponente admiti� la demanda de nulidad parcial del art�culo 9o. y del par�grafo del art�culo 11 del Decreto Reglamentario No. 515 expedido por el se�or presidente de la Rep�blica, el 17 de febrero de 1.986, y decret� la suspensi�n provisional de las disposiciones, citadas, de acuerdo con los siguientes t�rminos: "Objeto del Recurso: El Recurso interpuesto tiene como objeto y finalidad el que se revoque el ordinal 2o. de la parte resolutiva, dictado por el Consejero Ponente....".

Tramitado que fuere el medio de impugnaci�n aludido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Secci�n Primera, en prove�do de agosto 25 de 1.989, acogiendo los razonamientos consignados en escrito del recurso, resolvi� revocar el ordinal segundo del auto suplicado.

En escrito de 26 de febrero de 1.990 el Dr. Libardo Rodr�guez Rodr�guez dirigido al ponente en el presente proceso, pone en conocimiento su impedimento para conocer del prementado asunto, fundado en la causal 12 del art�culo 142 del C�digo de Procedimiento Civil, el cual es aceptado en providencia de 23 de marzo del mismo a�o y disponiendo la respectiva diligencia de sorteo de conjuez la cual se lleva a efecto el 24 de abril siguiente, resultando electo el Dr. Luis B. Fl�rez Su�rez, quien ante el Sr. Presidente de la Secci�n Primera, toma posesi�n del cargo el d�a 18 de mayo del mismo a�o.

N�cleo central del enjuiciamiento instaurado contra las disposiciones especificadas del Decreto Reglamentario 0515 de 1.986, gravita sobre las situaciones que, en s�ntesis, la Sala se permite puntualizar:

1.) Vulneraci�n del Decreto-Ley 2845 de 1.984, particularmente en su mandamiento 10, que en parte alguna de sus previsiones incorpora la suspensi�n o revocaci�n del reconocimiento deportivo, como tampoco sobre la suspensi�n o definitiva cancelaci�n de la personar�a jur�dica de los clubes profesionales, en tanto que, el ordenamiento decretal cuestionado, con desviaci�n de poder, los estatuye y norma.

En id�ntica l�nea de acusaci�n, se transgrede el numeral 3o del canon 120 del C�digo Pol�tico, por cuanto en ausencia de facultad para reglamentar lo relacionado con las prementadas figuras de suspensi�n y revocatoria de aquellas situaciones, es decir, reconocimiento y personar�a jur�dica, la disposici�n reglamentaria los incluye expresamente.

".... el legislador extraordinario �nicamente autoriz� a las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes para conceder el reconocimiento deportivo a los clubes deportivos profesionales para desarrollar sus actividades pero no las autoriz� para decretar la suspensi�n o la revocatoria de este reconocimiento.....

"En consecuencia, el Gobierno Nacional al reglamentar el Decreto Extraordinario 2845 de 1.984,....y al hacer uso del numeral 3' del 120 de la Constituci�n como el mismo Gobierno lo manifiesta en el Decreto 515 de 1.986, no solo se excedi� en el uso del poder reglamentario sino que viol� el mismo decreto 2845 de 1.984 que quiso reglamentar, al desviar su poder reglamentario para un fin no previsto en la ley extraordinaria...".

2o.) Desacato al canon 28 de la Carta, con causa a que el Decreto demandado prescribe, sin poder jur�dico para hacerlo, las penas de suspensi�n o revocatoria del reconocimiento, sin que exista mandato legal ordinario o extraordinario que le sirvan de sustento jur�dico - positivo.

" .... El concepto de violaci�n lo hago consistir en que mientras el constituyente garantiza la realidad de las penas y los delitos, al establecer que nadie podr� ser penado sino mediante previa ley en que se haya prohibido el hecho y determin�ndose la pena correspondiente, en cambio las disposiciones demandadas que no est�n incorporadas dentro de tina ley ordinaria o extraordinaria, sino en un simple decreto reglamentario, pretenden y ordenan la pena disciplinaria a los Clubes Deportivos de la suspensi�n o revocatoria del reconocimiento deportivo por unos hechos que �l reglament� por s� y entre s�, crea sin ninguna facultad el Estatuto Org�nico del Deporte, la educaci�n y la recreaci�n".

3o.) Desatenci�n a lo preceptuado por el inciso 3o. del art�culo 332 del Estatuto de Enjuiciamiento Civil, por entrar en franca contradicci�n con el principio de la res judicata pro ventate habetur , originada de la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de Agosto de 1.985, por la cual fuera declarado inexequible el art�culo 29 del Decreto 2845 de 1.984, sobre personar�a jur�dica de los organismos deportivos.

"... El concepto de la violaci�n lo hago consistir en que mientras la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia... declaro inexequible el art�culo 29 y su Par�grafo del Decreto Extraordinario No. 2845 de 1.984, sobre personar�as jur�dicas a los Clubes Deportivos y decret� con toda la fuerza de una ley jurisdiccional que el Gobierno no pod�a inmiscuirse en lo relativo a las suspensiones y cancelaciones de las personar�as jur�dicas de los clubes deportivos profesionales, en cambio, las normas demandadas violan ostensiblemente la prohibici�n hecha por la H. Corte Suprema de Justicia y desconocen sus consecuencias jur�dicas".

Examinado con el debido detenimiento el contenido de los cargos concretados por el actor, es incuestionable que en su formulaci�n se incurre en una mixtura entre los fen�menos de reconocimiento deportivo y personar�a jur�dica, susceptible de generar confusi�n, como que los preceptos enjuiciados solo dicen relaci�n a la figura del reconocimiento deportivo, lo que sin lugar a dubitaci�n alguna se evidencia de los textos del Decreto Reglamentario, cuando en la norma 9a. se introduce el contenido con la proposici�n: "El reconocimientos deportivo que otorguen los directores del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes)..." y con igual sentido de exclusi�n de revocatoria o suspensi�n alguna en relaci�n con la susodicha personar�a jur�dica, ha de considerarse la regla del par�grafo al numeral 2o. del art�culo 11 acusado, porque en realidad lo que all� se prev� es la comunicaci�n ".... a la autoridad que otorg� la personar�a jur�dica....... como resultado de la inspecci�n, vigilancia y control de los organismos deportivos previstos en el articulo 10 ib�dem, pero no, ha de repetirse, determinan la suspensi�n o revocatoria de ese status de persona jur�dica.

En la disposici�n misma correspondiente el art�culo 10 del Decreto 2845 de 1.984, se contemplan en forman diferenciada el reconocimiento, en su primer inciso como instrumento para el cumplimiento de los objetivos del espec�fico mandato de " ... tener adem�s personar�a jur�dica......� ordenado en el inciso final.

Precisamente por lo expuesto, el - cargo atribuido forzosamente queda desustanciado cuando y para el petitum se expone "Las disposiciones acusadas autorizan al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes) y a las Juntas Seccionales de Deporte, a imponer sanciones a los organismos deportivos de suspensi�n y revocatoria del reconocimiento deportivo y de sus personar�as jur�dicas sin que ello est� autorizado por el decreto Extraordinario 2845 de 1.984.... " (fls. 57).

Particularmente, la invocaci�n de quebranto a la precitada sentencia proferida por aquella corporaci�n jurisdiccional, por las normas acusadas, evidencian que el mandamiento superior cuya tutela se impetra, es decir, el art�culo 332, inciso 3o. del entonces vigente C�digo de Procedimiento Civil, en la inteligencia que: "La sentencia dictada en procesos seguidos por acci�n popular produce cosa juzgada erga omnes", se hace girar por el enjuiciante sobre un punto o causa de padecimiento jur�dico que las previsiones decr�tales acusadas, en verdad no infligen al precepto, porque, ya se ha anotado, como los contenidos jur�dicos cuestionados no se dirigen ni a suspender, ni a cancelar la personar�a jur�dica de los entes o clubes que de conformidad con el Decreto Ley reglamentado, deben tenerla.

No sobra se�alar c�mo, en el cuerpo de disposiciones del Decreto discutido definitivamente se legisla, en forma por dem�s diferenciada, en tomo al reconocimiento de la personar�a jur�dica, como tema sub - an�lisis. En su regla primera se alude con car�cter de premisa para la participaci�n en competiciones, representaci�n nacional o seccional; solicitud de sede; recepci�n de subsidios; disfrute de asesor�as o servicios, con el reconocimiento deportivo correspondiente, al paso que en su precisi�n 2a. ese reconocimiento se supedita a la formalidad documental de allegar ".... el certificado de personar�a y representante legal, actualizado a la fecha de la petici�n, si es de los organismos que la requieren para su funcionamiento...".

En el alegato de conclusi�n, el accionante al referirse al punto de acusaci�n sub-examine, concluye con adverar una comuni�n conceptual inter - partes, al exponer, en lo pertinente, que:

".... Lo que sucede alrededor de este punto, tiene que ver con la desviaci�n en que incurri� el ejecutivo al expedir la norma demandada, pues se facult� a las Juntas Administradoras as� como a Coldeportes para suspende o revocar seg�n el caso la calificaci�n que se le hubiere dado a un determinado club deportivo, so pretexto de estar ejerciendo la facultad reglamentaria, luego consider� que esa relaci�n con el primer punto: existe coincidencia de opiniones de las partes involucradas en el presente proceso al igual que coincidencia con lo expresado por el Honorable Consejo de Estado en sus diferentes manifestaciones.... ".

Empero, no ha de pasar de largo la Sala el razonamiento que, como causa de ... lo que se demanda.... " particulariza el accionante al se�alar las disposiciones que controvierte como determinantes de la imposici�n de la suspensi�n y revocatoria, no solo del reconocimiento deportivo sino de " .... sus personar�as jur�dicas....", como igualmente, al invocar el prove�do de la H. Corte Suprema, circunscribe su efecto, en la parte que de ella depreca y pormenoriza, en el hecho de conculcar las normas demandadas " .... Ostensiblemente la prohibici�n hecha por la H. Corte Suprema de Justicia y desconocer sus consecuencias jur�dicas ... "para referirse a que "el Gobierno nacional no pod�a inmiscuirse en lo relativo a las suspensiones y cancelaciones de las personar�as jur�dicas de los clubes deportivos profesionales....", posici�n argumental que bien pod�a, como hubo oportunidad de anotarse, generar confusi�n a la que hubo de aludir la parte impugnante.

En este orden de ideas, la Sala, en este primer thema deciden dum, ha de compartir lo respondido por el ente demandado en el escrito respectivo:

De tal manera que para el an�lisis cae legalidad de las normas acusadas, debe tenerse presente que ellas se refieren la figura de "reconocimiento deportivo" de los clubes y �lo al "otorgamiento de personer�a jur�dica" a los mismos organismos, figura esta �ltima que es independiente de aquella. Por lo tanto, el art�culo 29 del Decreto 2845 y la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia de fecha 15 tic agosto de 1.985 que lo declar� inexequible, lo mismo que los argumentos relacionados con el otorgamiento cancelaci�n de la personer�a jur�dica a los clubes deportivos, no tiene relaci�n con la controversia planteada y,, en consecuencia, no puede servir de referencia para el an�lisis de la legalidad de las normas demandadas.".

Al no contener, por modo, las normas encausadas prevenci�n de revocatoria o cancelaci�n de personer�as Jur�dicas, como que ellas, por lo ya dicho gravitan sobre el reconocimiento, limit�ndose el p�rrafo acusado a prescribir la comunicaci�n a la autoridad que otorg� esa personar�a, el mandamiento superior no queda vulnerado por lo que se hace necesario declarar la improsperidad del cargo.

Por lo que respecta al cargo especificado de estatuir la disposici�n controvertida la "pena disciplinaria a los Clubes Deportivos de la suspensi�n o revocatoria del reconocimiento deportivo, por unos hechos que el reglamento, por s� y ante s� crea, sin ninguna facultad del Estatuto Org�nico del Deporte, la educaci�n y la recreaci�n.... "; es necesario afirmar que sensu strictu , no toda contradicci�n con una norma dotada de precepto y consecuencia, conlleva indefectiblemente el car�cter de sanci�n con la intelecci�n punitiva con la cual el accionante trata y califica la suspensi�n y revocatoria. Si ello pudiese enmarcarse dentro de una �rbita universal, significar�a en su concepci�n te�rica que, todo acto jur�dico l�gico o al�gjco que no consultase la hip�tesis legal, o transgrediere los presupuestos, condiciones, exigencias o requisitos previstos y ordenados por los esquemas normativos, para las conductas o comportamientos reglados, quedar�an incorporados en la esfera del t�pico apotegma penal "Nullum crimen sine lege"; y ello no puede ser, en tanto reglas especiales de derecho e inconcusos principios de proped�utica jur�dica indican que la esencial coercitividad que integra el objeto del derecho positivo, se manifiesta de distinta maneras, con diversidad de consecuencias y tratamiento, seg�n ratio materiae de lo que esos mismos presupuestos jur�dicos pretendan realizar como instrumento adecuado de su eficacia. Obvio resulta afirmar que en la �rbita contravencional, como en la delictual, la coactividad tiene su propio sentido, naturaleza y efecto.

Se pretende con el aserto que antecede significar, que la sanci�n es un vocablo de precisi�n jur�dica que comprende las innumeras situaciones particulares que sobrevienen en gracia a la realizaci�n de los distintos supuestos previstos en las regias positivas de derecho. Traduce la sanci�n la consecuencia jur�dica impuesta por el legislador para los eventos de inatenci�n, desacato, inobservancia, transgresi�n etc. de un deber jur�dico.

En el jus poenale impera, adem�s de la tipicidad concretada en la citada m�xima "nullum crimen sine lege", el de la legalidad de la medida punitiva "nullum crimen sine poena legalis ".

En los dominios del ius privatum, la sanci�n, en el prenotado sentido, se resuelve a trav�s de la imposici�n de la nulidad, la rescisi�n, la indemnizaci�n la ejecuci�n forzada, las medidas precautelares, etc.

En el �mbito del derecho disciplinario, la contravenci�n o falta, como presupuesto causal, conlleva como secuela la imposici�n de t�picas medidas como la multa, la suspensi�n, la destituci�n. En el derecho administrativo y en cuanto dice relaci�n a la manifestaci�n de voluntad administrativa, su desustanciaci�n, esto es la p�rdida de su aplicabilidad, de su obligatoriedad, de la oposici�n con mandamientos jur�dicos superiores, culmina, en su caso, con medidas t�picamente administrativas y ajenas definitivamente a una significaci�n penal, como lo constituye la revocatoria, reglada por los art�culos 69 a 73 del C�digo Contencioso Administrativo.

Ese espec�fico tipo de extinci�n, procede cuando de actos de car�cter particular y concreto se trata, de conformidad con la hip�tesis del art�culo 73 precitado; sin que la desaparici�n que se produce por su aplicaci�n y la manera en su contenido prevista, conlleve o comporte �ndole penal alguna. E igualmente es aplicable la revocatoria por las especiales causas se�aladas para los actos administrativos en general, en el mandamiento 69 ib�dem. Sin mayor esfuerzo podr� advertirse que el acto por el que se cancela el reconocimiento examinado es susceptible de ubicarse en las susodichas causases, m�xime cuando, en armon�a con lo estatuido por el art�culo 1 0 de] Decreto 2845 de 1.984 "... los clubes deportivos son organismos de derecho privado, que cumplen funciones de inter�s p�blico y social...".

Por ello resulta equivocado calificar la susodicha revocatoria de un acto administrativo, como el otorgado por las Juntas Administradoras Seccionales como sanci�n punitiva, cuando por ministerio de la Ley esa medida, que es una consecuencia particularmente prevista para las manifestaciones de voluntad administrativa y por las causases especiales normadas, determina la desaparici�n o extinci�n de aquel, como ya se ha anotado.

En este orden de ideas es l�gico deducir que si bien la norma u ordenamiento reglamentado no consagr� la revocatoria como medida de extinci�n del acto de reconocimiento, el hecho de haberlo consagrado el Decreto que ahora se enjuicia no extralimita la potestad reglamentaria, si se considera que ella, la revocatoria, es una medida legal operante y aplicable para los actos administrativos en general, sin que por tal, sea procedente afirmar que en la hip�tesis de no haberlo incorporado el art�culo 9' del Decreto 0515 de 1.986, se hubiera atemperado �ntegramente a la ordenaci�n reglamentada, y por el contrario, la contradice y quebranta cuando es otra Ley la que en forma general, se repite, y para el tipo de actos que se enjuician, le es aplicable. Afirmar lo contrario, ser�a introducir un grave riesgo de conceptuaci�n a la necesaria interpretaci�n l�gico sistem�tica, por cuanto en su fondo significar�a que entre normas en relaci�n de coordinaci�n, como lo son el Decreto 00 1 de 1.984, dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el art�culo 11 de la Ley 58 de 1.982 y el Decreto 2845 de 1.984, proferido a su vez por la misma autoridad en ejercicio de igual tipo de facultades conferidas por la Ley 5a. de 1.983, existir�a un vedamiento de aplicaci�n de la facultad revocatoria regulado por el primero para los actos administrativos derivados del segundo por el solo hecho de haber sido contemplada esa medida en el Decreto Reglamentario que hace posible y efectiva su ejecuci�n, m�xime cuando esa instrumentaci�n, es necesario advertirlo, como contenido impl�cito deferido al Gobierno a trav�s de los cometidos de vigilancia e inspecci�n consignados en el art�culo 4o. y supeditaci�n de reconocimiento administrativo "a ser otorgado a las Juntas de Deportes, cuando cumplan los requisitos exigidos por el presente decreto y por sus normas reglamentarias....", como reza en lo pertinente el texto de mandato 6o. del plurimencionado Decreto 2845 de 1.984 (subrayado de la Sala).

Y precisamente y por expresa permisi�n del ordenamiento decretal cuya tutela objetiva se ha invocado, es por lo que el Gobierno Nacional estaba plenamente legitimado para normar los condicionamientos previstos en los art�culos 2o. y 3o., cuyo cumplimiento en un amplio espectro de posibilidades, regula en los art�culos 4o. y 5o.. En may�scula inconsecuencia devendr�a la facultad para reglar exigencias o requisitos, otorgada a las Juntas Administradoras, por el precitado art�culo 6o., pero despojando la facultad reglamentaria de la medida esencialmente indispensable y l�gicamente consecuente de proveer con la suspensi�n o la revocatoria, cuando esos "....requisitos exigidos por el presente Decreto y por sus normas reglamentarias ....... sean inobservados, insatisfechos o transgredidos. A contrario sensu, llegar�ase por esta v�a a la inadmisible aserci�n de la existencia de normas jur�dicas primarias, en su acepci�n kelseniana, sin posibilidad de aplicaci�n de su contenido consecuencial.

Y por lo que dice relaci�n a la suspensi�n gubernativa, como es necesario entenderlo ac�, del reconocimiento contemplado en el art�culo 9o. debatido, en ausencia de un deber jur�dico de obrar en un determinado y exclusivo sentido, ordenado por mandamiento legal, es jur�dicamente razonable y por tanto de comuni�n con lo aducido en la impugnaci�n de la demanda, en la inteligencia de deducir que si al funcionario se le ha dotado del poder de desustanciar definitivamente la voluntad administrativa formalmente expresada, mediante revocatoria, en el �mbito de lo contenido en el art�culo 9o. enjuiciado, a fortiori, ha de entenderse que, salvo mandato especial sobre la materia, como se ha anotado, la misma autoridad se halla revestida del poder de adoptar la medida de suspensi�n del acto de reconocimiento, cuando se incurra en algunos de los presupuestos previstos en el precepto antedicho.

Por ultimo, estima la Sala que el quebranto en el patrimonio econ�mico y moral que por la aplicaci�n de la revocatoria o suspensi�n del reconocimiento, parecen cimentar la calificaci�n de " ... pena disciplinaria a los Clubes Deportivos... " como as� se especifica en el libelo demandatorio, al puntualizar en el escrito de conclusi�n que " ... al suspenderse el reconocimiento deportivo, la entidad afectada con tal disposici�n no va a poder seguir actuando como lo ven�a haciendo; no va a poder hacer uso de las facultades deportivas y en consecuencia, va a sufrir igualmente un perjuicio econ�mico por no poder desarrollar su objeto social precisamente cuando se trata de clubes con deportistas profesionales los cuales derivan sus ingresos de las taquillas al hacer uso de las facilidades deportivas. ....Debe resaltarse que adem�s de los perjuicios econ�micos que pudieran sufrir los clubes profesionales es importante resaltar que independientemente de si se trata de un club profesional o no tal medida conlleva igualmente una sanci�n moral ante la comunidad de la respectiva (sic) entidad que se ve afectada por tal decisi�n pues se van a tejer toda clase de comentarios no solo en la vecindad sino a trav�s de los medios de prensa hablados y escritos los cuales propagan la noticia a grandes bombos pero resulta que si la entidad logra establecer su estatus no va a recibir el mismo despliegue publicitario que su suspensi�n o revocaci�n caus� en su momento....", es propio y derivado, no solo de la sanci�n estrictamente penal y disciplinaria, sino de toda consecuencia legal que como la revocatoria o suspensi�n de un acto administrativo puede ser frust�nea de esperanzas, expectativas e intereses y derechos subjetivos los cuales est�n provistos, en su caso, de la debida protecci�n legal.

A m�rito de lo expuesto, en parte alguna el art�culo 28 de la Constituci�n Nacional, resulta vulnerado por las disposiciones cuestionadas, como tampoco el mandamiento 10 del Decreto 2845 invocado, porque la no espec�fica autorizaci�n para adoptar las medidas de revocatoria o suspensi�n, no priva a los organismos del Gobierno para aplicarlas.

En consecuencia, la Secci�n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la Ley, o�do el concepto del se�or Agente del Ministerio P�blico,

La providencia anterior fue discutida y aprobada por la Sala en reuni�n celebrada el d�a veintid�s (22) de noviembre de mil novecientos noventa (1.990).