Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Miguel Lleras Pizarra

Norma demandada:  inciso 1° del artículo 1° del Decreto 1227 de 1975

Demandante:  JULIO ORTIZ MARQUEZ

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL

IMPUESTO SUCESORAL Y DE GANANCIAS OCASIONA­LES – Última declaración de renta del causante / DECLARACION DE RENTA – Ultima del causante: alcance

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero del ponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO

Bogotá, D. E., veintiuno (21) de septiembre (09) de mil novecientos setenta y seis (1976)

Radicación número: 3897

Actor: JULIO ORTIZ MARQUEZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Admisión de demanda y suspensión provisional.

El doctor Julio Ortiz Márquez en ejercicio de la acción popular de nulidad solicita que se decrete la del inciso 1° del artículo 1° del Decreto 1227 de 1975 "por el cual se dictan disposiciones reglamenta­rias en materia de impuesto sucesoral y de ganancias ocasionales". Además, solicita que se decrete la suspensión provisional.

El acto acusado es así:

"Para los efectos de los artículos 11 y 41 de los Decretos 2143 y 2821 de 1974, respectivamente, se entiende por última declaración de renta del causante la correspondiente al año o período inmediata­mente anterior al de apertura del proceso”.

Se señalan como violados el numeral 3° del artículo 120 de la Constitución, el artículo 10 del Decreto legislativo 2143 de 1974, el ar­tículo 11 del Decreto legislativo 2143 de 1974, los artículos 19, 29 y 39 del Decreto legislativo 2143 de 1974, el artículo 1395 del Código Civil en concordancia con el 1012 de la misma obra, el artículo 41 del De­creto legislativo 2821 de 1974.

Entre las varias extensas y muy claras explicaciones que contiene la demanda se encuentra la siguiente:

"En el artículo acusado, o sea el primer inciso del Decreto 1227 de 1975, se incurre en dos galimatías. Es el primero relegar la condi­ción de última declaración de renta del causante, a la condición de penúltima, o antepenúltima, o tras antepenúltima, según el transcurso del tiempo, porque al obligarse a los herederos a presentar como de­claración a la cual debe ajustarse la relación de bienes que sustituyó la diligencia de inventarios, no la última suscrita por el causante, antes de su muerte, sino la que preceda en un año a la apertura del proceso, se da fatalmente el caso que sean los herederos, de su propio puño, quienes hacen la declaración y no el causante.

"Ejemplo: Este falleció el día 19 de octubre de 1974, es decir al momento mismo de entrar en vigencia la reforma tributaria. Su úl­tima declaración, tiene que ser forzosamente la correspondiente al año fiscal de 1973, si es que el respectivo proceso se inició dentro del plazo corrido entre el supuesto día del fallecimiento y antes del 20 de diciembre, fecha en que se inician las vacaciones judiciales.

"Demos ahora por sentado que el respectivo proceso no se inició dentro del plazo transcurrido entre el 1° de octubre y el 20 de diciem­bre de 1974 sino el día primero de agosto del presente año de 1976. ¿Cuál es la declaración que precede en un año a la fecha de apertura del proceso No puede ser la última presentada y firmada por el cau­sante en 1973, porque entre 1974 y 1976 median dos años. Tiene que ser la correspondiente al año fiscal de 1974, necesariamente, porque entre el 1° de agosto de 1976, día de la apertura del proceso, y la presentada en febrero del mismo año, correspondiente a la vigencia fiscal 1975, no median sino seis meses. Entonces, lo que el decreto acusado entiende por última declaración del causante es la que tuvieron que presentar los herederos en el año de 1974. Lo que quiere decir que la última declaración de renta del causante, es decir, la de 1973, quedó de penúltima, de antepenúltima el año entrante y, así sucesivamente.

"El segundo galimatías consiste en que se entiende por bienes relictos, es decir los dejados por quien muere, los que pertenecen a los herederos y no al causante. En efecto, aquéllos, al hacer su decla­ración tienen que relacionar como renta los productos de los bienes relictos. Y es bien sabido que los frutos de los bienes relictos perte­necen a los herederos desde el momento en que se abre la sucesión, esto es el día del fallecimiento del causante (artículo 1012 del C. C.) que puede anteceder en varios años a la terminación del proceso mor­tuorio. Ello da margen a que se efectúe una doble imposición debido a que la relación de bienes de que trata el artículo 10 del Decreto 2143 de 1974, que hoy reemplazo la antigua diligencia de inventarios, es la que determina el activo y el pasivo de la sucesión, y en el activo de lo que el decreto demandado entiende por última declaración, en la parte correspondiente a rentas, tienen que figurar los ingresos prove­nientes de los frutos de los bienes relictos, frutos que pertenecen a los herederos, precisamente por haberse producido con posterioridad a la muerte del causante. Pero es más, como todo lo adquirido por los he­rederos a título de sucesores del causante está sujeto al impuesto de sucesión y al de ganancias ocasionales, pues, fatalmente, por este solo concepto, los herederos tienen que cubrir tales impuesto sobre sus propios bienes, es decir, sobre los frutos de los bienes relictos, frutos que, se repite son bienes suyos (art. 1395 del C. C), ya que se causan con posterioridad a la muerte del causante.

Entre los varios artículos de preceptos de superior jerarquía, que se indican como vulnerados conviene transcribir lo siguiente:

IMPUESTO SUCESORAL Y DE GANANCIAS OCASIONALES

"El artículo 11 del Decreto legislativo 2143 de 1974:

"A la demanda de apertura del proceso de sucesión, deberá agre­garse copia sellada por la Administración de Impuestos Nacionales, de la última declaración de renta del causante, y copia sellada por ésta misma dependencia de la declaración de los bienes relictos. Si no pu­dieren acompañarse, serán pedidas por el Juez a esa administración, de oficio o a petición de parte. Mientras estos documentos no obra­ren en el expediente, no se podrá demandar la partición válidamente, ni ésta será decretada por el Juez.

El artículo 41 del Decreto 2821 del mismo año:

"Dentro de los treinta (30) días siguientes a la desfíjación del edicto emplazatorio o antes, si así lo pidieren los interesados, se for­mará un inventario compuesto por la declaración de bienes relictos contemplada en el artículo 10 del Decreto 2143 de 1974, por la rela­ción de los créditos pasivos que figuren en la declaración de renta del causante, por las deudas que hubieren sido reconocidas dentro del proceso, por los bienes y deudas de la sociedad conyugal y por los de­más créditos activos y pasivos que fueren admisibles, de acuerdo con la ley.

"Dentro del mismo término deberá acreditarse que se efectuaron las publicaciones ordenadas por la ley.

"Si hubiere cónyuge sobreviviente y no estuviere separado de bie­nes, su declaración de renta deberá presentarse antes de la diligencia de inventarios y avalúos, la cual no podrá aprobarse sin el cumpli­miento de este requisito".

El artículo 10 del Decreto 2143 de 1974:

"Para efectos de la liquidación del impuesto sucesoral, debe pre­sentarse ante la Administración de Impuestos Nacionales, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, una declaración de los bienes relictos, la cual comprenderá los correspon­dientes valores y reemplazará la diligencia de inventarios y avalúos anteriormente contemplada por la ley. El valor que tengan los bienes relictos en la declaración establecida en este artículo, será el que se tome en cuenta para su partición y para liquidar el impuesto suce­soral, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran resultar de las liquidaciones oficiales correspondientes al último patrimonio decla­rado por el causante, o determinado por aforo.

"Si dicha declaración, confrontada con el patrimonio del causan­te en la última declaración de renta y patrimonio presentada antes de su muerte, mostrare disminuciones en el valor global de los bienes, o en el de parte de éstos, los interesados deberán explicarlas y sumi­nistrar las pruebas pertinentes.

Al comparar la disposición acusada con los arts. 10 y 11 del De­creto legislativo 2143 de 1974 y 41 del 2821 del mismo año, (las trans­critas) que se indican como vulnerables surge a primera vista y sin dificultad que la remisión que hace la ley a la declaración de renta de la que depende la partición y que sustituye la antigua diligencia de inventarios y avalúos es la que hizo el causante antes de morir o sea la última anterior a su muerte. El proceso de sucesión puede demo­rarse mucho tiempo y la demanda puede ser presentada varios años después de la muerte del de cujus pero como los derechos y deberes de los sucesores surgen en el momento mismo de la muerte del causante según lo prescribe el Código Civil, los bienes y las rentas que se ob­tengan con posterioridad a dicho momento no son objeto del proceso de sucesión salvo cuando hayan de distribuirse los frutos obtenidos después del fallecimiento por actos de administración de los herede­ros. Pero esos nuevos bienes no son objeto del juicio para fijar los derechos del fisco ni determinar los valores de quienes tengan derecho a suceder.

La advertencia que hace la demanda sobre las palabras usadas en el inciso 2ª del artículo 10 del Decreto 2143 de 1974 es suficiente para que salte a primera vista la contradicción entre la norma acu­sada y la de ese artículo en el que se alude a la declaración de renta y patrimonio presentada antes de su muerte.

Para acceder a la suspensión provisional no es necesario analizar las demás impugnaciones del demandante.

Por tanto se.

RESUELVE

1° Admítese la demanda;

2° Notifíquese al fiscal;

3° Fíjese en lista por el término legal;

4° Mientras se dicta sentencia suspéndese provisionalmente el ar­tículo 1° del Decreto número 1227 de 1975 por el cual se dictan dispo­siciones reglamentarias en materia de impuestos sucesoral y de ga­nancias ocasionales que reza: "Para efectos de los artículos 11 y 41 de los Decretos 2143 y 2821 de 1974, respectivamente, se entiende por última declaración de renta del causante la correspondiente al año o período inmediatamente anterior al de apertura del proceso”.

Comuniqúese al Ministro de Hacienda y Crédito Público. Copíese, publíquese, notifíquese y cúmplase.

MIGUEL LLERAS PIZARRO. JORGE A. TORRADO TORRADO, SECRETARIO