SENTENCIA 2223 de 1976

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032167SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2223197619/10/1976SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2223__1976_19/10/1976300321651976LIB ERTAD DE ENSE�ANZA � Naturaleza y alcance / INSTITUTOS DOCENTES PUBLICOS Y PRIVADOS - Inspecci�n y vigilancia / EDUCACION - Competencias del Congreso en materia de educaci�n / EDUCACION � Funciones del Gobierno Nacional / REGLAMENTOS - Reglamentos "secundum legis" / PENSUMES Y PROGRAMAS � Facultades de Derecho

Sentencias de NulidadCarlos Galindo PinillaGOBIERNO NACIONALLUIS RICARDO PAREDESDecreto 1837 de 1974 Identificadores10030119370true1212115original30117531Identificadores

LIBERTAD DE ENSE�ANZA � Naturaleza y alcance / INSTITUTOS DOCENTES PUBLICOS Y PRIVADOS - Inspecci�n y vigilancia / EDUCACION - Competencias del Congreso en materia de educaci�n / EDUCACION � Funciones del Gobierno Nacional / REGLAMENTOS - Reglamentos "secundum legis" / PENSUMES Y PROGRAMAS � Facultades de Derecho

Bogot�, D. E., diecinueve (19) de octubre (10) de mil novecientos se�tenta y seis (1976)

El ciudadano Luis Ricardo Paredes, en ejercicio de la acci�n p�bli�ca contencioso administrativa, demand� la nulidad del Decreto 1837 de 1974 por medio del cual se se�alan las exigencias acad�micas para optar el t�tulo de doctor en derecho; se precisa en qu� consisten los ex�menes preparatorios y cu�l su finalidad; se prescriben cursos de especializaci�n como suced�neos de los ex�menes preparatorios, a opci�n del interesado y se establece un a�o de judicatura o servicio profesional, tambi�n opcional y subsidiario de la tesis de grado.

Para dictar este decreto el Gobierno invoc� "sus facultades consti�tucionales y legales y en especial las que le otorga el art�culo 11 del De�creto ley 970 de 1970�, cuyo texto es del siguiente tenor:

"Los planes de estudio determinar�n las asignaturas comunes y obligatorias, las complementarias, las optativas, el orden en que algunas de ellas deban seguirse, y los dem�s requisitos acad�micos para la obtenci�n de t�tulos y grados".

El demandante impetr� la suspensi�n provisional del acto cuya de�claraci�n de nulidad pretende, porque estim� que la violaci�n de la ley era manifiesta. La Sala Unitaria no accedi� a esta solicitud porque con�sider� que una conclusi�n sobre la legalidad o ilegalidad del acto no pod�a ser el producto de una simple confrontaci�n entre �ste y las nor�mas superiores aducidas por el actor, sino el resultado de un estudio de fondo, propio de la sentencia definitiva, a trav�s del cual se precisen las competencias gubernamentales en materia educativa.

Primero: "Abuso de poder o vicio de incompetencia". Afirma el ac�tor que el art�culo 11 del Decreto ley 970 de 1970, transcrito en p�rrafo anterior, no le otorga al Gobierno la facultad que �ste dice ejercer, ni lo autoriza de ninguna manera para cumplir funciones propias del le�gislador ordinario ni la especial del numeral 11 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, pues se limita a se�alar materias propias de los planes de estudio. Agrega que del expresado art�culo 11 tampoco se de�riva ninguna facultad o poder normativo de otra naturaleza, ni siquie�ra la potestad de reglamentaci�n prevista en el ordinal 3� del art�culo 120 de la Constituci�n Nacional. Expresa en s�ntesis que la norma no faculta y que �nicamente define planes de estudio.

Segundo: "Reproducci�n de normas anuladas". Bajo este t�tulo sos�tiene el demandante que "el Gobierno reprodujo la esencia de otras dis�posiciones que hab�an sido declaradas inexistentes, inexequibles o nu�las con lo cual al expedir el decreto acusado, incurri� en violaci�n de lo dispuesto en el art�culo 99 del C�digo Contencioso Administrativo".

Tercero: "Expedici�n irregular" del Decreto 1837 de 1974. Sostiene el demandante que el Gobierno dict� el mencionado decreto sin consul�tar previamente al Consejo Nacional de Facultades de Derecho, al Con�sejo Superior de la Administraci�n de Justicia, ni a la Academia de Ju�risprudencia, no obstante que esas consultas est�n prescritas por el ar�t�culo 9� del Decreto 970 de 1970.

Cuarto: "Violaci�n de los ordinales 7� y 8� del art�culo 20 de la Ley 16 de 1958", pues conforme a est�s disposiciones la facultad de refor�mar el p�nsum de los estudios de derecho se le otorg� al Gobierno con la �nica finalidad de "auspiciar la formaci�n especializada de jueces, fiscales y dem�s funcionarios del Ministerio P�blico..." y que, por lo tanto, no se le otorg� un poder general de reforma de los p�nsumes pa�ra atender a otras finalidades. Agrega el actor que el decreto acusado no se dict� dentro del marco de esa finalidad espec�fica y que, por con�siguiente viola los expresados ordinales del art�culo 20 de la citada ley.

Afirma el demandante que al tenor de la norma constitucional citada, le compete a la ley, exigir t�tulos de idoneidad, definirlos y clasificar�los, se�alar su importancia y valor legar' y determinar en qu� medida habilitan para el ejercicio de la profesi�n; as� mismo, dice, le compete al legislador establecer los requisitos para ejercer las profesiones, lo cual supone ya la previa capacidad profesional de las personas. De esta interpretaci�n que hace del art�culo 3�, previa referencia a la senten�cia de la Corte del 14 de diciembre de 1970, concluye que si no es de la competencia del legislador la determinaci�n de los requisitos para op�tar el t�tulo de doctor en derecho, mucho menos le ha de corresponder esa funci�n al Gobierno; ello corresponde, seg�n su concepto a las uni�versidades pues se trata de cuestiones de tipo puramente acad�mico.

El se�or Agente del Ministerio P�blico, despu�s de expresar sus dudas, se muestra perplejo frente al problema planteado y termina su vista en los siguientes t�rminos:

"No dejando de desconocer el gran esfuerzo que hace el libe�lista en la presentaci�n de su demanda, no por ello desaparecen todas las dudas que sobre su presunci�n de legalidad subsisten, y por tal raz�n por pocas que �stas sean, no puede decretarse su nu�lidad".

La Constituci�n Nacional consagra la libertad de ense�anza como un principio fundamental de nuestra organizaci�n pol�tica, por las im�plicaciones que ella tiene en relaci�n con el ejercicio de las dem�s for�mas esenciales de la libertad personal. Naturalmente, se le ha institui�do condicionada al bien com�n, porque nuestra Carta fundamental se ha estructurado en una concepci�n filos�fico pol�tica que no concibe a la persona como ente aislado, sino inscrito, necesariamente, en un contexto social. Por ello el art�culo 41 despu�s de prescribir la garant�a de la libertad de ense�anza, precisa que el ejercicio de �sta debe perse�guir dos objetivos cardinales: el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formaci�n intelectual, moral y f�sica de los educandos. As� mismo prev� que el Estado ejerza la suprema inspecci�n y vigilancia de los institutos docentes p�blicos y privados en orden a ase�gurar que la libertad sea cierta y eficaz, vale decir que no se abuse de ella en perjuicio de los dem�s y que su ejercicio no se desv�e y, antes bien se mantenga siempre orientado hacia sus finalidades esenciales.

Es obvio que la ejecuci�n del precepto constitucional supone un complejo normativo de jerarqu�a inferior a trav�s del cual se determi�nen o especifiquen los fines sociales de la cultura, y se se�ale c�mo ha de entenderse, de acuerdo con las exigencias de los tiempos, la mejor formaci�n de los educandos en los tres �rdenes que se�ala la Carta; para estructurar esta normatividad es menester una evaluaci�n de las necesidades culturales y profesionales de la comunidad colombiana en un determinado momento hist�rico de su desarrollo, que permita es�tablecer los niveles de ense�anza requeridos y las metas generales que con ellos deban perseguirse. Todas estas regulaciones de tipo muy gene�ral constituyen por s� mismas verdaderas definiciones pol�ticas en cuan�to determinan la orientaci�n general del Estado en la cuesti�n educa�tiva y en cuanto canalizan el ejercicio de la libertad de ense�anza para alcanzar las metas se�aladas. De otra parte la institucionalizaci�n constitucional de la inspecci�n y vigilancia de los institutos de educa�ci�n implica tambi�n otra serie normativa que le se�ale sus cauces y que consagra los medios para su ejercicio, en orden a que la iniciativa privada y las actividades docentes del Estado se adecuen a las metas trazadas. El contenido de estas disposiciones tiene igualmente una sig�nificaci�n pol�tica evidente porque precisan en qu� medida el Estado puede actuar en la esfera privada y en qu� grado puede condicionarla.

La alta alcurnia pol�tica de tales definiciones es la primera y fun�damental raz�n para concluir que el �nico �rgano habilitado constitucionalmente para dictarlas es el Congreso; pero, adem�s, se llega a esta misma conclusi�n si se advierte que las normas correspondientes deben ser el desarrollo de un precepto constitucional que consagra una libertad esencial de las personas y que la propia carta siempre defiere, al legislador ordinario la reglamentaci�n de aqu�llos de sus preceptos donde se instituye una libertad p�blica o un derecho fundamental de la persona, al punto de ser �ste un aut�ntico principio general de nues�tro derecho constitucional. Por lo dem�s el art�culo 76 de la Constituci�n contiene una cl�usula general de competencia en virtud de la cual le incumbe, en principio al Congreso hacer las leyes, salvo sobre las ma�terias reservadas constitucionalmente a la rama ejecutiva.

Pero como las orientaciones generales sobre la educaci�n que se impartan a trav�s de las normas que expida el legislador ordinario o com�n, no constituyen herramienta jur�dica suficiente para la ejecu�ci�n del precepto constitucional sobre la ense�anza, este conjunto nor�mativo exige otro que lo complemente a un nivel t�cnico y que le sir�va de desarrollo; para ese efecto la Constituci�n tiene prevista la fa�cultad que le permite al Gobierno expedir las �rdenes, decretos y reso�luciones necesarias para la cumplida ejecuci�n de las leyes; de su ejer�cicio surge otro cuerpo normativo de jerarqu�a inferior que son los re�glamentos, en sentido propio o reglamentos "secundum legis".

En este nivel t�cnico y reglamentario se sit�a, lo relativo a los p�nsumes de estudio para los distintos ciclos educativos y para las carre�ras universitarias, as� como los programas de los cursos correspondien�tes. En la ense�anza primaria, en la educaci�n media y en la formaci�n intermedia el Gobierno se ha preocupado desde hace muchos a�os por expedir los decretos reglamentarios correspondientes, muy minuciosos y detallados. No as� en la ense�anza universitaria, por lo cual los ins�titutos docentes han disfrutado de una autonom�a m�s o menos am�plia. Sin embargo ello no significa que el Gobierno carezca de ese po�der reglamentario, pues una vez que el legislador defina las orientacio�nes fundamentales del ciclo universitario y, en particular, la de sus diferentes vertientes profesionales, el Gobierno est� en capacidad de regular lo relativo a p�nsumes y programas como exigencias m�nimas de" estudio, para que se cumplan las orientaciones legislativas, obvia�mente, sin menoscabo de la libertad de ense�anza.

En relaci�n con los estudios del derecho; el Decreto ley n�mero 970 de 1970 dictado por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso y, por lo mismo, con fuerza id�ntica a la de la ley, contiene las orientaciones fundamentales de esa ense�anza es�pec�fica y prev� la existencia de planes y programas m�nimos, a los cua�les deben acomodarse los p�nsumes y programas que cada unidad do�cente tenga a bien adoptar. Estos �ltimos requieren la aprobaci�n gu�bernamental para asegurar que satisfacen las exigencias de los planes o programas m�nimos (art�culos 8�, 9�, 10 y 11 del Decreto 970 de 1970, declarados exequibles por la Corte Suprema de Justicia).

Del texto de las disposiciones antes citadas se deduce claramente que le incumbe al Gobierno adoptar los planes y programas m�nimos bajo la forma de disposiciones reglamentarias (art�culo 8� ib�dem), lo cual guarda armon�a perfecta con las disposiciones constitucionales que distribuyen las competencias entre la rama legislativa y la ejecutiva. Por consiguiente, si en los textos del decreto ley de que se viene hacien�do m�rito no resultara clara, la cuesti�n relativa a quien le incumbe la determinaci�n de los planes o programas m�nimos para los estudios del derecho, la sola hermen�utica constitucional nos llevar�a a la misma conclusi�n, pues tales materias de car�cter t�cnico constituyen preci�samente el objeto propio de la potestad reglamentaria, instituida para hacer viable la ejecuci�n de la ley.

Puede suceder que el encabezamiento del Decreto 1837 de 1974 que es objeto de la pretensi�n de nulidad no sea lo suficientemente preciso en la menci�n de las facultades que se invocaron para dictarlo, y que el demandante tenga raz�n cuando dice que del art�culo 11 del Decre�to 970 no se deriva ninguna atribuci�n especial. Pero es lo cierto que de los art�culos 8�, 9� y 10 ib�dem emana la atribuci�n de dictar los pla�nes m�nimos en funci�n reglamentaria y, lo que es a�n m�s importan�te y definitivo, que esos planes m�nimos dada su propia naturaleza t�c�nica, constituyen un desarrollo necesario de la norma legal, propio de la potestad reglamentaria.

El articulado del Decreto 1837 de 1974 contiene un verdadero plan m�nimo sobre ex�menes preparatorios y sobre cursos de especializaci�n optativos y subsidiarios de aqu�llos, sobre requisitos tambi�n m�nimos para las tesis de grado y la judicatura o el servicio profesional sustitutivo de aqu�lla, a elecci�n del interesado. Todo ello constituye una re�glamentaci�n t�cnica de los estudios del derecho en su fase final, o sea la que precede inmediatamente a la obtenci�n del t�tulo que, a juicio de la Sala puede considerarse como un desarrollo de los principios b�sicos prescritos en los art�culos 10 a 15 del Decreto ley 970 de 1970, que el Gobierno est� habilitado para dictar en ejercicio de su funci�n pro�pia y permanente de reglamentar las leyes. En tal virtud no es funda�do el cargo de "abuso de poder o vicio de incompetencia".

Sostiene el demandante que el decreto acusado reprodujo en lo esencial disposiciones que hab�an sido declaradas inexequibles, nulas o inexistentes. Se refiere a los art�culos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto ley 970 de 1970 declarados inexequibles por la Corte Suprema de Jus�ticia y el art�culo 11 del Decreto 1391 de 1970 que esta Sala consider� inexistente, como consecuencia del fallo de la Corte, raz�n por la cual se abstuvo de hacer un pronunciamiento de m�rito, sobre la legalidad o ilegalidad del acto, (providencia de mayo 17 de 1974. Expediente 1980).

La Corte Suprema de Justicia declar� la inexequibilidad de las dis�posiciones antes citadas porque institu�an una dualidad de t�tulos pro�fesionales, el de abogado y el de doctor en derecho, con lo cual el Go�bierno hab�a excedido las facultades que se le otorgaron �nicamente para promover la reforma del p�nsum de los estudios de derecho y no para crear nuevos t�tulos de idoneidad para el ejercicio de la profesi�n del derecho.

Antes de pronunciarse la sentencia de inexequibilidad el Gobierno expidi� los Decretos reglamentarios n�meros ,971 y 1391 de 1970, por medio de los cuales se prescrib�an las diferentes condiciones y exigen�cias acad�micas para la obtenci�n del t�tulo de abogado y del t�tulo de doctor en derecho, previstos en el Decreto 970 de 1970.

Esta Sala consider� en la providencia antes mencionada que el De�creto 1391 de 1970, en cuanto reglamentario de la dualidad de t�tulos creada por el Decreto ley 970 de 1970 hab�a perdido su existencia ju�r�dica por efecto del fallo de inexequibilidad.

Con posterioridad a la sentencia de la Corte, el Gobierno dict� el decreto cuya declaraci�n de nulidad se pretende ahora y en el cual se reproducen varias de las disposiciones del Decreto 1391 de 1970, pero sobre la base de que para el ejercicio de la profesi�n de abogado no existen dos clases de t�tulos, sino uno solo. De esta suerte, como lo ex�pres� la Sala Unitaria en el auto de suspensi�n provisional "la identi�dad de las disposiciones ser�a apenas aparente, como queda dicho, los objetivos que se persiguen parecen diferentes, siendo tambi�n distintos los contextos normativos dentro de los cuales se insertan unas y otras". Ahora la Sala Plural cuando se trata de pronunciar la sentencia defini�tiva en este proceso, no solamente reitera el concepto transcrito, sino que lo afirma categ�ricamente y no en la forma condicional que la �n�dole del auto de suspensi�n provisional le impon�a al consejero sustan�ciados Por consiguiente tampoco ha de prosperar este otro cargo de la demanda, pues dadas las diferencias apuntadas no existe la identidad normativa que aduce el demandante y, en consecuencia, no le asiste raz�n al actor cuando afirma que las disposiciones del decreto acusado reproducen otras declaradas inexequibles, nulas o inexistentes.

En el fallo pronunciado por la Corte s�lo se declar� la inexequibi�lidad de los art�culos 16, 17, 21, 22 y 23 del decreto extraordinario por las razones ya dichas. Los art�culos restantes no fueron objeto de esa declaraci�n y se limitan como ya se expres� a se�alar las orientaciones generales de los estudios del derecho, con lo cual el Gobierno hizo uso adecuado de la facultad de que lo revisti� el Congreso para promover esos estudios en orden a una formaci�n especializada de jueces, fisca�les y dem�s funcionarios del Ministerio P�blico seg�n el texto de la ley de autorizaciones. Igualmente, como el decreto acusado pretende desa�rrollar aquellas orientaciones generales mediante la adopci�n de pla�nes o programas m�nimos de pregrado, lo cual armoniza cabalmente con los ordinales 79 y 89 del art�culo 20 de la Ley 16 de 1968, tampoco es fundado el cargo de violaci�n de dichos ordinales,

En cuanto a la violaci�n del art�culo 39 de la Constituci�n Nacio�nal, que aduce el demandante, la Sala considera que el cargo tambi�n es infundado porque seg�n se expres� y se demostr� antes, le compete al Gobierno, en ejercicio de su potestad reglamentaria ordinaria dic�tar los decretos, resoluciones y �rdenes para la cumplida ejecuci�n de la ley que es, precisamente, lo que ha hecho al expedir el acto acusado. En efecto, sus disposiciones est�n enderezadas a la ejecuci�n de las orientaciones y de los principios fundamentales contenidos en los ar�t�culos 1� a 15 del Decreto ley 970 de 1970.

El decreto acusado no contiene ninguna disposici�n sobre el ejer�cicio mismo de la profesi�n de abogado, materia ya regulada amplia�mente por la ley, sino una serie de disposiciones acad�micas y t�cnicas para el discernimiento del t�tulo. En consecuencia no puede predicarse de ellas, violaci�n del art�culo 39 de la Constituci�n Nacional.

Sostiene el demandante que el decreto acusado se expidi� irregular�mente porque no se consult� previamente al Consejo Nacional de Fa�cultades de Derecho, ni al Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia, ni a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como lo dis�pone el art�culo 99 del Decreto ley 970 de 1970.

En el t�rmino probatorio y a solicitud del actor se pidi� al Minis�terio de Justicia una certificaci�n al respecto, que se transcribe en se�guida:

"Ref.: Respuesta al Despacho n�mero 127. Juicio n�mero 2223. Honorable Consejero:

Por medio del presente, me permito dar respuesta al despacho de la referencia, en el cual se solicita remitir, con destino al pro�ceso n�mero 2223, la copia aut�ntica de las consultas emitidas motivo de la expedici�n del Decreto 1837 de 1974, de acuerdo a las exigencias del art�culo del Decreto ley 970 de 1970.

Refiri�ndome al caso en cuesti�n, quiero manifestarle que el Decreto 1837 fue expedido con un car�cter especial para "regla�mentar el discernimiento del t�tulo de doctor en derecho", por lo cual no estuvo sometido a las exigencias del art�culo 9� del Decreto 970 de 1970, en el sentido de que debieran haber sido consultados al Consejo Nacional de Facultades de Derecho, al Consejo Supe�rior de la Administraci�n de Justicia y la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lo anterior se colige precisamente, porque el art�culo 9� del Decreto 970 se aplica "para la determinaci�n de los planes y pro�gramas m�nimos de los estudios de derecho". En consecuencia, no se tiene en cuenta lo anotado, cuando se trata espec�ficamente de un caso diferente, como es la "reglamentaci�n administrativa pa�ra el discernimiento del t�tulo de doctor en derecho", materia del Decreto 1837 de 1974.

Afirma el ministerio que no se consult� a las entidades que se�ala el art�culo 9� del Decreto ley 970 de 1970 porque el decreto no con�tiene un plan o programa m�nimo de estudio del derecho sino una "re�glamentaci�n administrativa" para el discernimiento del t�tulo, pero la verdad es que el acto acusado contiene un plan m�nimo de examenes preparatorios, se�ala sus finalidades, prev� un plan tambi�n m��nimo de especializaci�n como suced�neo de tales ex�menes y consagra una serie de exigencias acad�micas como la tesis de grado y, en subsi�dio de �sta, instituye el a�o de judicatura o de servicio profesional a opci�n del interesado. Todas esas disposiciones significan que las facul�tades de derecho han de adoptar sus planes y programas de estudios a esas condiciones que, de esta suerte, vienen a constituir en estricto ri�gor un plan m�nimo de estudios que comprende la etapa de pregrado. En consecuencia la Sala considera que para expedir el decreto acusado, el Gobierno debi� consultar a las entidades que le se�ale el art�culo 9� antes citado, as� el concepto que emitieran no fuese obligatorio. Como omiti� ese requisito, el decreto acusado adolece de un vicio formal que lo hace ilegal, raz�n por la cual la Sala concluye que este cargo, a di�ferencia de los restantes, es fundado.

Podr�a cuestionarse si el legislador puede condicionar el ejercicio de la potestad reglamentaria a conceptos previos, no obligatorios, de entidades especializadas o de organismos consultivos.

Al respecto estima la Sala que no teniendo car�cter obligatorio ta�les conceptos, una exigencia legal de esta naturaleza no entra�a men�gua de la atribuci�n constitucional de reglamentaci�n de las leyes, y antes bien ello constituye garant�a de acierto. A lo anterior cabr�a agregar que en el caso de autos no fue el legislador el autor del con�dicionamiento sino el propio Gobierno al ejercer las facultades extra�ordinarias de que fue investido, o sea que el mismo Gobierno se impuso ese condicionamiento.

Como quiera que del texto del art�culo 9� del Decreto ley 970 de 1970 s�lo subsiste la exigencia de la consulta al Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia y a la Academia de Jurisprudencia, el de�creto acusado es ilegal por haber omitido la consulta a tales entidades en �l proceso previo a su expedici�n.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten�cioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nom�bre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley

declara la nulidad del Decreto 1837 de 1974 "por el cual se deroga el Decreto 1229 del 28 de junio de 1974" y se reglamenta el discernimiento del t�tulo de doctor en derecho.

CARLOS GALLUDO PINLLLA, ALFONSO ARANGO HENAO, CARLOS BETANCUR JARAM�LO, HUMBERTO MORA OSEJO

Del Consejero doctor Humberto M Expediente n�mero 2223. Actor: Luis Ricardo Paderes M.

1� La sentencia, tras verificar que el Decreto 1837 de 1974 fue expedido por el Gobierno, como afirma, con base en el Decreto ley 970 de 1970, espec�ficamente en el art�culo 11 ibidem, declara su nulidad por considerar que no se observ� el art�culo 9� del mismo decreto, por�que no se consult� previamente al Consejo Superior de la Administra�ci�n de Justicia y a la Academia de Jurisprudencia. Pero, el decreto acusado se dict�, como tambi�n afirma la sentencia, en ejercicio de la potestad reglamentaria que el art�culo 120, ordinal 3�, de la Constitu�ci�n atribuye al Gobierno, la cual no puede ser condicionada por un requisito no se�alado por la Constituci�n, como el que prescribe el ar�t�culo 9� del Decreto 1837 de 1974, que contrar�a su alcance y finalidad, as� tenga un mero car�cter consultivo, no obligatorio.

2� En consecuencia, como el art�culo 9� del Decreto ley 970 de 1970 contrar�a manifiestamente el art�culo 120, ordinal 3� de la Cons�tituci�n, la Sala debi�, de conformidad con el art�culo 215 de la Carta, no darle aplicaci�n, con base en la excepci�n de inconstitucionalidad y, por lo mismo, negar las peticiones de la demanda.

Pero la sentencia, en lugar de abstenerse de aplicar al mencionado precepto por inconstitucional, estim� que como el Gobierno se abstuvo de aplicarlo, expidi� irregularmente el Decreto 1837 de 1974 y, con este fundamento, declar� su nulidad: la sentencia se atuvo a un precepto inconstitucional para declarar la nulidad de un acto expedido con ba�se en la Constituci�n.