100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032143SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2349197617/03/1976SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2349__1976_17/03/1976300321411976SENTENCIAS – Consulta / EXPROPIACION – Consulta de las sentencias NORMA DEMANDADA: DECRETO 1576 DE 1974 – ARTICULO 37 / DECRETO 1576 DE 1974 – ARTICULO 38 / DECRETO 1576 DE 1974 –ARTICULO 40 / DECRETO 1576 DE 1974 –ARTICULO 41
Sentencias de NulidadCarlos Galindo PinillaGOBIERNO NACIONALGUILLERMO A. BENAVIDES M.artículo 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 1576 de 1974 Identificadores10030119229true1211974original30117390Identificadores

Fecha Providencia

17/03/1976

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Carlos Galindo Pinilla

Norma demandada:  artículo 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 1576 de 1974

Demandante:  GUILLERMO A. BENAVIDES M.

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


SENTENCIAS – Consulta / EXPROPIACION – Consulta de las sentencias

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1576 DE 1974 – ARTICULO 37 / DECRETO 1576 DE 1974 – ARTICULO 38 / DECRETO 1576 DE 1974 –ARTICULO 40 / DECRETO 1576 DE 1974 –ARTICULO 41

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS GALINDO PINILLA

Bogotá, D. E., diecisiete (17) de marzo (03) de mil novecientos setenta y seis (1976)

Radicación número: 2349

Actor: GUILLERMO A. BENAVIDES M.

Demandado:

(Sesión del día 12 de marzo de 1976). Ref.: 2349.

El doctor Guillermo A. Benavides, obrando en ejercicio de acción pública contencioso administrativa pretende la nulidad de las siguientes disposiciones del Decreto 1576 de 1974 (agosto l9), "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 135 de 1961 con las reformas introducidas a esta por las Leyes 1ª de 1968 y 4ª de 1973 en lo relativo a la adquisición de tierras, el Decreto 2395 de 1963 y el Decreto 1356 de 1974": El aparte del inciso primero del artículo 37 que se transcribe en la demanda y los artículos 38, 39, 40, 41 y 42.

La Sala Unitaria, a solicitud del actor decretó la suspensión provisional de los siguientes apartes de las disposiciones acusadas:

"Artículo 37... Solicitada la consulta el Instituto enviará al tribunal el expediente administrativo y las resoluciones que decretaron y aprobaron la expropiación del fundo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expiración del término de que trata el inciso anterior.

El auto que resuelve favorablemente la solicitud ante el tribunal, no requiere notificación".

"Artículo 38... El presidente del tribuna! procederá a repartir el negocio el mismo día de su llegada... Vencido el plazo anterior, el tribunal dispondrá de un día para decidir si acepta o no la consulta. .. o estuviera basada en nulidad por vicios en la actuación administrativa.

3. Dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que lo ordene.

"Artículo 40. Si el trámite administrativo se adelantó de conformidad con los ordenamientos legales. En caso negativo, y sin pronunciamiento de fondo sobre la calificación de las tierras o viabilidad de la expropiación, ordenará rehacer el procedimiento defectuoso, quedando en firme la actuación anterior a éste".

"Artículo 41... cincuenta por ciento (50%) del contado inicial en dinero efectivo, si se trata de tierras adecuadamente explotadas.".

Esa decisión se fundó en las siguientes razones:

"En la Ley 135 de 1961 se instituyó "una actuación jurisdiccional de consulta ante los tribunales de lo contencioso administrativo, en relación con las providencias administrativas sobre expropiación cuyo procedimiento se señalaría en el decreto reglamentario (Art. 61 de dicha ley). Al efecto se expidió el Decreto 719 de 1968 que fue demandado en acción de nulidad, pero esta corporación no tuvo ocasión de pronunciarse sobre el mérito de la pretensión porque el decreto fue derogado por el artículo 25 de la Ley 4ª de 1973, en cuyos artículos 4º a 5º se determinó el respectivo procedimiento.

Bajo la vigencia de la Ley 4ª citada, el Gobierno, en ejercicio de la potestad reglamentaria dictó el decreto acusado en el cual se reiteran las modalidades del procedimiento previsto en la Ley 4ª pero se agregan algunas prescripciones no contenidas en ésta como se advierte de la comparación de los dos textos.

Ley 4ª de 1973. Artículo 61. "4. Contra la resolución que ordena una expropiación no cabe recurso alguno por la vía gubernativa, ni las acciones contencioso administrativas que la ley consagra, pero podrá consultarse con el tribunal administrativo, con jurisdicción en el departamento o territorio nacional en que se encuentre el bien o en que radiquen los derechos reales objeto de expropiación. Si se extendiera a varios, conocerá a prevención cualquiera de los respectivos tribunales. La consulta se tramitará, sí así la solicitare el propietario o interesado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación y versará sobre la calificación de las tierras y su calidad de expropiables.

El tribunal aprobará o modificará la calificación de las tierras y determinará la viabilidad de la expropiación de conformidad con el siguiente procedimiento.

Los términos para fundamentar la consulta, así como la fijación en lista en caso de aceptación del recurso y con el fin de que las partes puedan presentar los alegatos que tuvieren a bien, serán de tres (3) días. El tribunal resolverá la consulta, previo un dictamen de tres (3) peritos que se designarán así:

Uno sorteado de la lista del Cuerpo Especial de Peritos para la Reforma Agraria, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; otro de la lista que para el efecto elabore el Comité Asesor de la Política Agropecuaria con personas idóneas; y un tercero sorteado de ambas listas. Mientras se elaboran las listas del Comité Asesor de la Política Agropecuaria, los tres (3) peritos se sortearán de la lista de peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Los peritos dispondrán de un término de diez (10) días para rendir el dictamen y el tribunal fallará dentro de los cinco (5) días siguientes. El incumplimiento de los términos señalados por parte de los magistrados del tribunal, será causal de mala conducta.

5. Ejecutoriada que se halle la providencia sobre expropiación, se adelantará el juicio ante el respectivo juez del circuito. El Instituto podrá solicitar en la demanda que se le ponga en inmediata posesión de las tierras cuya expropiación ordenó adelantar, pero esta posesión no podrá hacerse efectiva en tanto no se hayan cumplido los plazos a que se refiere el inciso 1º del artículo 67 de esta ley. Para solicitar tal entrega el Instituto deberá consignar el valor del predio en bonos agrarios de la clase B, si se tratare de tierras incultas, o en dinero efectivo la parte que deba pagarse como primer contado de la operación, si se tratare de otra clase de tierras. Para este solo efecto se tendrá como valor de las tierras el señalado en el catastro o en el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conforme a las reglas del Decreto 2395 de 1963.

Hecha la petición, el juez ordenará la entrega dentro del término de dos (2) días y dispondrá que la diligencia se realice en un plazo no mayor de diez (10) días. Contra la decisión del juez que ordena la entrega no cabe recurso alguno. Es entendido que el Instituto reconocerá intereses a la tasa que señala la presente ley, sobre el valor no consignado, de conformidad con la sentencia de expropiación, desde la fecha en que entre en posesión de las tierras. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones que se fundamenten en hechos tales como la calificación de tierras o su inexpropiabilidad y en general, sobre la viabilidad de expropiación, que tuviere oportunidad de discutirse por el demandado en las etapas anteriores.

Las apelaciones en el juicio de expropiación se concederán siempre en el efecto devolutivo con excepción de la del auto que niega la expropiación que lo será en el suspensivo.

6. En la tramitación de los juicios de expropiación de predios destinados a programas de reforma agraria, se observarán las normas del Código de Procedimiento Civil, pero lo relativo a la forma de pago de las tierras y de los créditos hipotecarios y la manera de regular la indemnización, se regirá por las disposiciones de la presente ley y del Decreto 2395 de 1963".

Decreto 1576 de 1974. Artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

"Artículo 37. La consulta. Oportunidad. Contra la resolución que ordena una expropiación no cabe recurso alguno por la vía gubernativa, ni las acciones contencioso administrativas ordinarias, pero podrá consultarse ante el tribunal administrativo con jurisdicción en el departamento o territorio nacional en donde se encuentre ubicado el inmueble. Si el inmueble estuviere situado en varias jurisdicciones territoriales conocerá a prevención cualquiera de los respectivos tribunales.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación el propietario interesado podrá proponer ante la Gerencia del Instituto o ante la oficina seccional que practique la notificación, la consulta de la resolución para ante el correspondiente tribunal administrativo.

Solicitada la consulta, el Instituto enviará al tribunal el expediente administrativo y las resoluciones que decretaron y aprobaron la expropiación del fundo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expiración del término de que trata el inciso anterior. Si así no lo hiciere, el interesado podrá pedir al tribunal que, bajo los apremios legales, requiera al Instituto para que remita el expediente dentro del término que le señale. El auto que resuelva favorablemente la solicitud ante el tribunal, no requiere notificación.

Artículo 38. Trámite de la consulta.

Recibido el expediente se procederá de la siguiente manera:

El presidente del tribunal procederá a repartir el negocio el mismo día de su llegada.

Hecho el reparto, el tribunal ordenará al interesado que, por escrito, fundamente la consulta, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva. El escrito de fundamentación de la consulta deberá llenar los requisitos señalados en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Vencido el plazo anterior, él tribunal dispondrá de un (1) día para decidir si acepta o no la consulta.

El tribunal sólo admitirá la consulta que reúna los requisitos legales, y que verse sobre la calificación de las tierras, su calidad de expropiables, o estuviere basada en nulidad por vicios en la actuación administrativa.

El auto que admita la consulta se notificará personalmente al Gerente del Instituto o a su apoderado.

4. En caso de aceptación de la consulta y cuando el tribunal lo juzgue necesario, en la misma providencia se dispondrá la práctica de un peritazgo por tres (3) expertos designados mediante sorteo público, así:

Uno, de la lista del Cuerpo Especial de Peritos para la Reforma Agraria, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; otro, de la lista que para el efecto elabore el Comité Asesor de la Política Agropecuaria; y un tercero, sorteado de ambas listas.

Mientras se elabora la lista del Comité Asesor de la Política Agropecuaria, los tres (3) peritos se sortearán de la lista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

5. Dentro de los diez (10) días siguientes a su posesión, los peritos deberán rendir el dictamen, del cual se dará traslado a las partes por tres (3) días para que, si lo estiman del caso, soliciten su adición o ampliación.

Si el Tribunal lo considera procedente dispondrá que, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que lo ordena, se hagan las ampliaciones o aclaraciones pertinentes.

El tribunal podrá decretar de oficio la adición o aclaración del dictamen.

6. Rendido el dictamen, su aclaración o ampliación, se fijará el negocio en lista por tres (3) días para que las partes presenten sus alegatos, luego de lo cual y dentro de los cinco (5) días posteriores, el tribunal deberá decidir la consulta.

Parágrafo. El incumplimiento de los términos señalados por parte de los magistrados del tribunal, será causal de mala conducta.

Artículo 39. Dictamen pericial.

El dictamen sólo puede versar sobre la calificación de las tierras, y si el derecho de exclusión o el derecho de compra en favor del propietario han sido reconocidos conforme a las normas vigentes, tanto en lo que respecta a su área, como a la aptitud productiva de ésta.

Cuando se trate de expropiación de predios ocupados por pequeños arrendatarios, aparceros o similares, el dictamen versará sobre el número» de tales tenedores, las superficies que ocupen, y si dan las circunstancias de que trata el parágrafo 2º del artículo 10 bis de la Ley 135 de 1961 (Ley 1ª de 1968, artículo 29).

En todo caso, los peritos deberán dictaminar si la explotación o mejoras que se encuentren en el predio al momento de su examen son anteriores o posteriores a la fecha de la diligencia del examen del inmueble practicada por el Instituto durante el trámite administrativo de adquisición.

Artículo 40. Decisión del tribunal.

La decisión del tribunal solo podrá declarar:

Si el trámite administrativo se adelantó de conformidad con los ordenamientos legales. En caso negativo, y sin pronunciamiento de fondo sobre la calificación de las tierras o viabilidad de la expropiación, ordenará rehacer el procedimiento defectuoso, quedando en firme la actuación anterior a éste.

Si la calificación de las tierras y la determinación del área adquirible se hicieron conforme a la ley. Si no fue este el caso, sustituirá la calificación por la que corresponda o determinará la porción excluible.

3. Si la expropiación decretada es viable en los términos de la resolución consultada o con modificaciones que el tribunal le introduzca.

Parágrafo. El tribunal sólo podrá pronunciarse sobre la causal o causales invocadas en el escrito de sustentación de la consulta.

Artículo 41. Iniciación del proceso, entrega anticipada. En firme la resolución de expropiación o la decisión del tribunal administrativo, si se hubiere interpuesto consulta, se adelantará el proceso de expropiación ante el juez competente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 67 de la Ley 135 de 1961, el Instituto podrá solicitar en la demanda que se le ponga en inmediata posesión de las tierras objeto de expropiación, y así lo ordenará el juez, dentro del término de dos (2) días, aun antes de la notificación y traslado de la demanda, si el Instituto consigna el valor total en bonos agrarios de la clase B, cuando se tratare de tierras calificadas como incultas; el cincuenta por ciento (50%) del contado inicial, en dinero efectivo, si se trata de tierras adecuadamente explotadas, o la totalidad de lo que corresponda pagar como contado inicial, en los demás casos.

El monto de lo que deba consignarse se calculará teniendo en cuenta las reglas del Decreto 2395 de 1963, con base en el avalúo catastral vigente, o en el administrativo practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dentro de las diligencias de adquisición. Si la expropiación versa sobre partes del fundo, la consignación se hará en la proporción que corresponda al área adquirible dentro del avalúo total. Cuando la expropiación se refiera a un predio en el cual concurren diferentes calificaciones, la consignación se hará calculando para cada porción el contado inicial que le corresponda de acuerdo con su respectiva calificación.

El Instituto reconocerá intereses, a la tasa señalada en el artículo 19 de este decreto, sobre el valor no consignado, de conformidad con la sentencia de expropiación.

El juez ordenará la entrega del inmueble, con todas sus anexidades y mejoras, la cual deberá hacerse en un plazo no mayor de diez (10) días.

La decisión mediante la cual se accede a la solicitud de entrega no es susceptible de recurso alguno, pero la que la niegue podrá ser apelada.

No podrá admitirse oposición del demandado en el acto de la diligencia de entrega cuando tenga como fundamento hechos tales como la calificación y mensura de las tierras, determinación de la zona adquirible o excluible, forma de pago, inexpropiabilidad o, en general, sobre viabilidad de la expropiación, materias que debieron discutirse en la etapa administrativa o en el recurso de consulta.

La oposición de terceros se tramitará y resolverá en la forma establecida por el numeral 3º del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.

Las apelaciones en el proceso de expropiación se concederán siempre en el efecto devolutivo, con excepción de la que se surta con la providencia que niega la expropiación, que lo será en el suspensivo.

"Artículo 42. Dictamen pericial.

Dentro del proceso de expropiación la designación de los peritos se hará por sorteo público, en la forma prevista en el numeral 49 del artículo 38".

De la simple confrontación entre las disposiciones de la Ley 4ª de 1973 y las del decreto acusado se viene en conclusión a lo siguiente:

Que en los artículos del decreto, materia de la pretensión de nulidad se han consagrado disposiciones nuevas no contenidas en la ley que se dice reglamentar, dictadas con el evidente propósito de colmar aparentes vacíos procesales. Pero ocurre que en el derecho procesal existen preceptos muy precisos para solucionar esa clase de situaciones como los artículos 282 del Código Contencioso Administrativo y 5º del Código de Procedimiento Civil.

"Artículo 282. Los vacíos en el procedimiento establecido en esta ley se llenarán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de las leyes que lo adicionan y reforman, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo".

"Artículo 59 Vacíos y deficiencias del Código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente Código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal".

La razón de ser de las disposiciones transcritas, estriba en la naturaleza de la norma procesal cuya ejecución incumbe a los jueces (Art. 57 C. N.) y no a la administración, por ser aquéllos los encargados por la Constitución de administrar justicia; de manera que, cuando una deficiencia normativa dificulte la ejecución del precepto procesal, el juez está obligado a disponer de los medios adecuados para alcanzar la eficacia de la ley procesal (Art. 48 de la Ley 135 de 1961) para lo cual debe proceder como está previsto en los artículos antes transcritos. Así, en la materia contencioso administrativa (como es el caso del "proceso de consulta" previsto en la Ley 4ª de 1973), mediante la aplicación analógica de los preceptos del Código de la materia y en subsidio, de los consagrados en el Código de Procedimiento Civil; en tratándose de asuntos regulados directamente por el Código de Procedimiento Civil (como es el caso del proceso de expropiación a que se refiere la misma Ley 4ª) mediante la misma regla analógica, en la forma que señala el artículo 5º del referido Código de Procedimiento Civil.

Las disposiciones del decreto reglamentario no contenidas en la ley y que, por lo tanto la adicionan, son:

Primera. La primera parte del inciso 3º del artículo 37 en cuanto señala un término de treinta (30) días para que el Instituto de la Reforma Agraria envíe al tribunal el expediente con la resolución de expropiación contra la cual se haya propuesto la consulta, es una disposición no prevista en la Ley 4ª. De acuerdo con las normas procesales vigentes "a falta de término legal para un acto el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento" (Art, 119 C. de P. C). En tal virtud si el Instituto no envía de inmediato el expediente al tribunal, la persona que ha propuesto la consulta debe ped'rle al mismo tribunal que ordene a aquél, hacerlo dentro del término que estime necesario. Resulta entonces claro que lo dispuesto en el aparte del inciso del acto acusado que se comenta, no sólo excede manifiestamente lo preceptuado en la Ley 4ª de 1973, sino que desconoce una facultad asignada por la ley procesal a los jueces.

Segunda. El aparte final del último inciso del artículo 37, en cuanto dispone que el auto por el cual se resuelve favorablemente la solicitud ante el tribunal no requiere notificación es también disposición nueva, no contenida en la ley que se dice reglamentar y, además, es manifiestamente contrario al precepto procesal según el cual, en principio, toda providencia judicial debe notificarse salvo aquellas que contienen órdenes dirigidas al secretario del despacho judicial y las demás expresamente señaladas en la ley.

Tercera. Se dispone en el numeral 1º del artículo 38 que el presidente del tribunal procederá a repartir el negocio el mismo día de su llegada. Tampoco contiene la Ley 4ª norma alguna al respecto y de conformidad con las disposiciones legales vigentes (Decreto 1265 de 1970 artículos 6º, 89 y 19) le corresponde a las corporaciones judiciales, en ejercicio de la facultad de expedir su reglamento, señalar el día o días para el reparto de los asuntos que se reciban.

Cuarta. Se prescribe en el numeral 2º del artículo 38 del Decreto acusado que el escrito de fundamentación de la consulta deberá llenar los requisitos señalados en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. No obstante que la Ley 4ª de 1.973 no contiene tal precepto, resulta indiscutible que todo escrito en el cual se formula una pretensión debe estimarse como una demanda, y por lo tanto debe sujetarse a las exigencias que la ley prevé para tal acto procesal; por consiguiente esta disposición reglamentaria resulta ser la reiteración de lo preceptuado en la ley, razón por la cual no puede considerarse manifiestamente ilegal.

Quinta. En el inciso 3º del artículo 37 se le señala al tribunal el término de un (1) día para disponer si acepta o no la consulta. La Ley 4ª de 1973 no contiene precepto alguno al respecto, pero en la ley procesal (Art. 124 del C. de P. C.) sí están señalados los términos para dictar las resoluciones judiciales. De conformidad con estas disposiciones, si el auto es admisorio del recurso, en cuanto esta providencia es de trámite o de sustanciación, debe dictarse dentro del término de tres (3) días: si es inadmisorio de diez (10) días. En consecuencia el precepto del acto acusado, es manifiestamente violatorio de la ley.

Sexta. La parte final del inciso 2° del mismo numeral 3º que corresponde a la frase "o estuviere basada en nulidad por vicios de la actuación administrativa" constituye una causal nueva de la consulta, pues en la Ley 4 ª de 1973 se instituyó este trámite jurisdiccional únicamente para cuestionar la calificación administrativa de las tierras y su calidad de expropiares, razón por la cual la disposición reglamentaria es manifiestamente ilegal.

Séptima. En el inciso 3º del numeral 3° del mismo artículo 37 se dispone que la admisión de la consulta se notificará personalmente al Gerente del Instituto o a. su apoderado. Si bien es verdad que la Ley 4ª no contiene regulación al respecto, no es menos cierto que por tratarse de una forma específica de demanda en una materia contenciosa, administrativa que implica restablecimiento de un derecho particular, el auto admisorio que abre la posibilidad del proceso debe notificarse personalmente a la entidad contra quien se dirige la pretensión. En tal virtud el precepto reglamentario viene a ser una reiteración de la norma legal y, por lo tanto, no es manifiesta su ilegalidad.

Octava. Los incisos 2° y 3º del numeral 5º del referido artículo 37 contienen disposiciones que a pesar de no estar previstas en la Ley 4ª de 1973 son una reiteración de lo preceptuado en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta clase de asuntos, salvo en cuanta señala un término de tres días para que los peritos aclaren o adicionen su dictamen, pues a este respecto el artículo 238 citado confié al juez la potestad de fijar un término prudencial que no podrá exceder de diez (10) días. En consecuencia la disposición acusada sólo es manifiestamente ilegal en ese punto.

Novena. En el numeral l9 del artículo 40 se prevé como materia de declaración en la sentencia del tribunal la conformidad o la inconformidad del trámite administrativo de expropiación con los respectivos ordenamientos legales, con lo cual se le asigna al procedimiento de la consulta un objeto que no está consagrado en la lev. En efecto el aparte cuarto del artículo 61 de la Ley 4ª de 1973 dice que el trámite de la consulta., únicamente "versará sobre la calificación de las tierras y su calidad de expropiables". Por consiguiente todo este numeral es manifiestamente ilegal.

Décima. A pesar de que lo contenido en el parágrafo del referido artículo 40 no está expresamente consagrado en la Ley 4ª de 1973 sin embargo está implícito en ella, en cuanto este procedimiento especial se inspira en el principio dispositivo y en la regla general del proceso, según la cual la sentencia debe limitarse a las peticiones que se formulen en la demanda.

Decimoprimera. La Ley 4ª de 1973 establece que el Instituto podrá solicitar que se le ponga en inmediata posesión de las tierras cuya expropiación haya solicitado ante el respectivo juez del circuito, para lo cual debe consignar "en dinero efectivo la parte que deba pagarse como primer contado de la operación, si se tratare de otra clase de tierras", es decir de aquellas que no puedan reputarse como incultas. En cambio en el inciso 2º del artículo 40 del decreto reglamentario ese valor se rebaja al 50% del contado inicial, con lo cual se ha incurrido en manifiesta violación de la ley".

El señor Fiscal 1° manifestó:

"Como puede verse de lo parcialmente transcrito, ya en el auto de suspensión provisional el honorable Consejero ponente hizo un estudio muy extenso y muy jurídico de las normas objeto de la demanda, frente a las que se indicaron como violadas, a lo cual nada tiene que agregar esta Fiscalía, pues comparte totalmente lo que ya ha sido allí muy bien expuesto.

En cuanto a las disposiciones que no merecieron la suspensión provisional, se dice que en relación con ellas no concurre el presupuesto de manifiesta ilegalidad porque son reiteración de las disposiciones legales que se dice reglamentar. Y como en realidad de eso se trata, considera esta Fiscalía que si bien estas últimas son redundantes, no por ello se violan normas superiores y por lo mismo no debe decretarse su nulidad.

Como conclusión de lo expuesto, en concepto de este despacho, deben anularse las normas que ya fueron suspendidas y negarse lo que no fue objeto de tal medida provisoria".

La Sala Plural reitera el razonamiento transcrito y lo acoge como fundamento de su decisión de fondo, con la siguiente salvedad:

En cuanto al aparte del artículo 37 que dice: "Solicitada la consulta el Instituto enviará el expediente administrativo y las resoluciones que decretaron y aprobaron la expropiación del fundo, dentro de los treinta días siguientes a la expiración del término de que trata el inciso anterior", la Sala considera aue no se trata de un término dentro del proceso sino de un plazo anterior al proceso en el cual la administración debe realizar una obligación que se deriva de la ley. En tal virtud se concluye que dadas estas consideraciones dicha prescripción sí puede estimarse como materia de reglamentación.

Las demás prescripciones de los artículos 37 a 42 del Decreto 1576 de 1974 cuya nulidad también pretende el actor y de las cuales no hace mención específica, contienen disposiciones ya consignadas en la ley y, por lo mismo, apenas son una reiteración de éstas. Podría discutirse la conveniencia técnica de esa práctica empleada para la reglamentación de la ley, pero lo cierto es que de ninguna manera podría considerárselas como violatorias de normas superiores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Declara la nulidad de los siguientes apartes de las disposiciones del Decreto reglamentario número 1576 de 1974 (agosto 19):

"… auto que resuelva favorablemente la solicitud ante el tribunal, no requiere notificación.".

"Artículo 38 El presidente del tribunal procederá a repartir el negocio el mismo día de su llegada,

...Vencido el plazo anterior, el tribunal dispondrá de un día para decidir si acepta o no la consulta.

....o estuviera basada en nulidad por vicios en la actuación administrativa.

3...dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que lo ordene...

"Artículo 40... Si el trámite administrativo se adelantó de conformidad con los ordenamientos legales. En caso negativo, y sin pronunciamiento de fondo sobre la calificación de las tierras o viabilidad de la expropiación, ordenará rehacer el procedimiento defectuoso, quedando en firme la actuación anterior a éste...".

"Artículo 41... el cincuenta por ciento (50%) del contado inicial, en dinero efectivo, si se trata de tierras adecuadamente explotadas...".

En lo demás niéganse las peticiones de la demanda.

Levántase el decreto de suspensión provisional del siguiente aparte del artículo 37 del Decreto 1576 de 1974:

"Solicitada la consulta el Instituto enviará al tribunal el expediente administrando y las resoluciones que decretaron y aprobaron la expropiación del fundo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expropiación del término de que trata el inciso anterior...".

Previa ejecutoria archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ALFONSO ARANGO HENAO, CARLOS GALLUDO PINULA, HUMBERTO MORA OSEJO, ALVARO PEREZ VIVES JORGE A. TORRADO TORRADO, SECRETARIO