SENTENCIA de 1969

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032066SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull196927/03/1969SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null___1969_27/03/1969300320641969SUSPENSION PROVISIONAL � Finalidad / SUSPENSION PROVISIONAL � Improcedencia de esta medida provisional respecto de normas derogadas / SITUACIONES JURIDICAS CONSOLIDADAS � Las situaciones concretas nacidas v�lidamente bajo el imperio de la ley antigua merecen absoluto respeto

Sentencias de NulidadJuan Hern�ndez S�enzGOBIERNO NACIONALJUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGAart�culos 2� y 22 del Decreto 980 de 1966Identificadores10030118734true1211466original30116896Identificadores

SUSPENSION PROVISIONAL � Finalidad / SUSPENSION PROVISIONAL � Improcedencia de esta medida provisional respecto de normas derogadas / SITUACIONES JURIDICAS CONSOLIDADAS � Las situaciones concretas nacidas v�lidamente bajo el imperio de la ley antigua merecen absoluto respeto

Bogot�, D. E., marzo veintisiete (27) de mil novecientos sesenta y nueve (1969)

El doctor Juan Rafael Bravo Arteaga pide del Consejo que declare nulos los art�culos 2� y 22 del Decreto 980 de 1966, "en la parte que disponen que para determinar el valor de las exenciones tributarias de que tratan los art�culos 34 y 35 del Decreto legislativo N� 2349 de 1965, se debe restar del valor de la renta invertida en vivienda o en formaci�n del capital de nuevas sociedades an�nimas el aumento del pasivo del contribuyente entre el a�o en que se pide la exenci�n y el a�o inmediatamente anterior", seg�n las voces de la demanda. Funda su petici�n en que las normas impugnadas quebrantan los mencionados art�culos 34 y 35 del Decreto legislativo 2349 de 1965, textos que, conforme dice el hecho 4� del libelo, fueron derogados por el Decreto legislativo 1333 de 1967 pero que tienen pleno efecto en lo que ata�e a las liquidaciones de impuestos correspondientes a 1965, 1966 y parte de 1967 y a las reclamaciones por los mismos ejercicios, seg�n lo asevera el hecho 5�.

Y como el actor estima que tal quebranto es ostensible, impetra la suspensi�n provisional de los art�culos acusados.

La facultad que le confiere el legislador a la jurisdicci�n contencioso administrativa para suspender provisionalmente los actos cuya ilegalidad sea manifiesta, tiene el prop�sito cardinal de que se preserve en todo tiempo y en todo lugar el orden jur�dico normativo como inter�s supremo de la colectividad organizada en Estado de derecho. Y s�lo por v�a refleja o derivada de esa finalidad fundamental, puede predicarse que en un caso concreto el ejercicio de aquella facultad conduzca tambi�n al amparo de derechos particulares que hubiese vulnerado el acto ostensiblemente contrario a norma de superior categor�a.

Naturalmente, la incolumidad del orden jur�dico objetivo, que tutela el contencioso al tomar aquella medida provisoria, no puede verse afectada en el presente y el futuro por normas que dejaron de regir al ser derogadas, o sea, que perdieron la existencia como reglas de derecho, as� como tampoco hay motivo para impetrar la suspensi�n provisional cuando su fundamento es el presunto quebranto de textos derogados, es decir que dejaron de hacer parte del conjunto de reglas jur�dicas jerarquizadas en que descansa el orden institucional, que debe preservarse de cualquier atentado.

Pero si es inadmisible e inoperante la suspensi�n provisional y aun el ejercicio de la acci�n de simple nulidad, en cuanto persiga el mismo fin, en las hip�tesis que acaban de estudiarse, no puede traducirse ello en el desamparo absoluto de las situaciones jur�dicas particulares o subjetivas creadas mientras tuvieron vigencia las normas que luego, dejaron de existir.

Al contrario, aquellas situaciones concretas nacidas v�lidamente bajo el imperio de la ley antigua merecen absoluto respeto por parte de toda especie de autoridades y, en el evento de que un acto o norma de categor�a inferior intente desconocerlas o hacerlas nugatorias ya sea directa o indirectamente, su titular puede ejercer las acciones conducentes para conseguir el restablecimiento de su derecho, conforme a la naturaleza de �ste, por cuanto lo �nico que no puede lograrse es una declaraci�n de nulidad por v�a general y abstracta con base en el quebranto de disposiciones que perdieron existencia actual por haber sido derogadas.

Seg�n qued� visto, la acci�n incoada es de mera nulidad y se fundamenta en el desconocimiento de los art�culos 34 y 35 del Decreto legislativo 2349 de 1965 que el demandante le imputa a los textos reglamentarios acusados.

Pero como acontece que el art�culo 1� del Decreto legislativo 1333 de 1967, dictado con mucha anterioridad a la presentaci�n de la demanda, derog� en forma expresa las aludidas disposiciones en que la acusaci�n se fundamenta y as� lo asevera de modo categ�rico el propio actor (hecho 4� del libelo), resulta indudable, seg�n lo antes expuesto, que es imposible la suspensi�n provisional impetrada, as� como tampoco hay lugar al tr�mite de la demanda por carecer de materia el litigio que con ella comenzara.

En tal virtud, no se accede a admitir la presente demanda ni a decretar la suspensi�n provisional solicitada en ella.