100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030032063SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull2932197930/01/1979SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_2932__1979_30/01/1979300320611979
Sentencias de NulidadMario Enrique PérezBENJAMIN ARDUA DUARTEDECRETO No. 239 DE 1973 Identificadores10030118718true1211450original30116880Identificadores

Fecha Providencia

30/01/1979

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Mario Enrique Pérez

Norma demandada:  DECRETO No. 239 DE 1973

Demandante:  BENJAMIN ARDUA DUARTE


NUMEROS DE MIEMBROS DE LOS CONCEJOS DE ADMINISTRACION DE LAS COOPERATIVAS- Debe ser señalado por la Asamblea General / POTESTAD REGLAMENTARIA – Se desborda al fijar el número de miembros de los Concejos de Administración de las Cooperativas

Se podría argumentar que el Decreto Extraordinario 1598 de 17 de julio de 1963, expedido por el Gobierno Nacional también en virtud de las autorizaciones conferidas por la Ley 1º del mismo año dispone en su artículo 44 que los consejos de administración de las cooperativas deberán estar integrados "en número no inferior a tres, ni superior a nueve, elegidos por la Asamblea General" y que, por tanto, el Decreto impugnado se ajusta a la legislación cooperativa vigente, pues la reglamentación que él contiene, en cuanto al número de miembros, está comprendida en el que autoriza el citado Decreto 1598. Lo anterior equivaldría a aceptar una intervención impropia del Gobierno Nacional porque el número de miembros corresponde señalarlo a la Asamblea General, dentro de la composición que trae el Decreto 1598, es cierto, pero precisándolo ella. Consiguientemente, en lo relacionado con el número de miembros de la Junta de Directores el artículo 1° del decreto acusado desborda el poder reglamentario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente:MARIO ENRIQUE PEREZ

Bogotá, D. E., treinta (30) de enero (01) de mil novecientos setenta y nueve (1979)

Radicación número:

Actor: BENJAMIN ARDUA DUARTE.

Demandado:

Referencia: Expediente No. 2932.

El ciudadano y abogado Benjamín Ardila Duarte, en ejercicio de la llamada acción popular, demandó ante esta Corporación la nulidad del Decreto que se inserta a continuación:

"DECRETO No. 239 DE 1973 "(Febrero 19)

"por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1630 de 1963.

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades constitucionales, y en especial de las que les confiere el ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional,

"DECRETA"

"Artículo 1° La Junta de Directores del Instituto Nacional de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo estará integrada por cinco (5) miembros designados por la Asamblea General.

"Artículo 2° Para ser elegido miembro de la Junta de Directores de que trata el artículo anterior, tanto en su carácter de principal como de suplente, se deberán reunir los requisitos que para el efecto señalan los estatutos de la entidad.

"Artículo 3° Para ser gerente del Instituto Nacional de Financia-miento y Desarrollo Cooperativo se requiere igualmente señalar los requisitos que señalan los estatutos.

"Artículo 4° El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 003 de 1968 y 144 de 1973.

"Comuníquese y cúmplase".

El actor estima que el anterior decreto quebranta los artículos 12 y 120 —numeral 3°— de la Constitución Nacional.

En el concepto de la violación, el demandante dice que la transgresión del articulo 12 de la Carta radica en que el Decreto Ley reglamentado no regula, como en cambio sí lo hace el reglamentario, lo concerniente al número y requisitos de los miembros de la Junta de Directores y Gerente del Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo —Financiacoop—, que es materia reservada por el citado artículo al legislador. Con respecto al numeral 3° del artículo 120 de la misma, afirma que hubo excesos por parte del Presidente de la República. En la sustentación del último aserto, con el alcance de definir los límites del poder reglamentario, transcribe la sentencia de 10 de octubre de 1962, del Consejo de Estado, de que fue ponente el doctor Carlos Gustavo Arrieta, en la que se hace un detenido estudio sobre el particular.

Conviene explicar que el Decreto Ley reglamentado, que es el 1630 de 1963, fue expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al Presidente de la República en el ordinal d) del artículo 11 de la Ley 1º. De 1963, que expresa:

"Artículo 11. Con el objeto de asegurar que el sector básico del trabajo nacional se beneficie efectivamente de las medidas ordenadas en la presente Ley, facultase al Presidente de la República hasta el 20 de julio de 1963, para lo siguiente:

"d. Reformar y actualizar la legislación sobre cooperativas; organizar y financiar la Superintendencia respectiva y crear los organismos de fomento y educación cooperativos necesarios, asegurando su financiación y funcionamiento, a fin de lograr el desarrollo técnico del cooperativismo".

Comenta el actor que en ejercicio de estas facultades extraordinarias el Gobierno Nacional había podido crear, como organismo oficial, el Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo —Financiacoop—, pero que lejos de hacerlo, en el artículo 1° del Decreto Ley reglamentado se limitó a decir que "apoyará el establecimiento" de un instituto de esa naturaleza, señalando al efecto algunas condiciones mínimas, entre las cuales se destaca la de "que su administración se rija por normas estrictas de control democrático". Agrega que en el Decreto Ley reglamentado "no se fija como límite mínimo de organización o de funcionamiento, número y calidades de los miembros de la Junta de Directores, ni mucho menos, calidades de los gerentes la ley dejó esto al campo de la libertad de los socios, expresada en los correspondientes estatutos, que por otra parte, deben ser aprobados, en su establecimiento como en sus modificaciones, por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, tal como se ha hecho".

En su concepto de fondo, el señor Fiscal Primero de la Corporación opina que debe accederse a la nulidad pretendida, porque la reglamentación se refiere a cuestiones no contempladas en el estatuto reglamentado. En este sentido, expresa: "No obstante que en el artículo 44 del Decreto 1598 de 1963, se hable para integrar los Consejos de Administración, de un número de socios no inferior a tres, ni superior a nueve, elegidos por la Asamblea General, considera esta Fiscalía que si por un decreto reglamentario tal número se limita a cinco, a pesar de que esta cifra se encuentra dentro del camino de tres a nueve, tal determinación está restringiendo la facultad de la Asamblea, ya que era a esta entidad a quien correspondía actuar dentro de tales extremos de acuerdo con las circunstancias que en cada oportunidad se pudieran presentar".

No observándose ninguna causal que invalide lo actuado, se procede a decidir la acción.

Consideraciones de la Sala

Como ya se anotó, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley 1º de 1963, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley No. 1630 de 19 de julio del mismo año, "por el cual se dictan normas sobre fomento financiero de las sociedades cooperativas", por cuyo artículo 1° quedó obligado a apoyar el establecimiento de un Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo y a colaborar en su financiación, acatando las condiciones mínimas que al efecto señala, entre las que se mencionan las siguientes: "a) Que se rija por las disposiciones cooperativas que le sean pertinentes", "b) Que se mantenga de modo permanente el principio de la libre adhesión", "c) Que su administración se rija por normas estrictas de control democrático". "d) Que asegure la igualdad de derechos y obligaciones de las sociedades que la integran" y e) Que les sirva a los socios sin ánimo de lucro"

Como lo anota el actor el decreto-ley reglamentado no señaló entre las reglas de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo —Financiacoop— el número de miembros de la Junta de Directores, ni las calidades de éstos y del gerente. Evidentemente, las bases mínimas que el decreto-ley establece permiten deducir que su finalidad fue la de abogar por un instituto cuyo funcionamiento se rija por principios cooperativos democráticos que no desconozcan la voluntad de los socios, manifestada a través de sus órganos de gobierno, como la Asamblea General, a la cual está reservada la atribución estatutaria de integrar las juntas de dirección, señalando autónomamente el número de sus miembros y los requisitos que deben llenar tanto éstos como el gerente. Por consiguiente, al fijar el Decreto Reglamentario acusado en su artículo 1° el número de cinco miembros para la junta de Directores y en los artículos 29 y 3° requisitos para ellos y el gerente, incurrió el Gobierno Nacional en una injerencia fuera de su competencia por tratarse de una entidad de derecho privado. Además, esta intervención no encaja dentro de la inspección y vigilancia a que el nombrado instituto está sometido por parte de la Superintendencia de Cooperativas y Bancaria.

Se podría argumentar que el Decreto Extraordinario 1598 de 17 de julio de 1963, expedido por el Gobierno Nacional también en virtud de las autorizaciones conferidas por la Ley 1º del mismo año dispone en su artículo 44 que los consejos de administración de las cooperativas deberán estar integrados "en número no inferior a tres, ni superior a nueve, elegidos por la Asamblea General" y que, por tanto, el Decreto impugnado se ajusta a la legislación cooperativa vigente, pues la reglamentación que él contiene, en cuanto al número de miembros, está comprendida en el que autoriza el citado Decreto 1598. Lo anterior equivaldría a aceptar una intervención impropia del Gobierno Nacional porque el número de miembros corresponde señalarlo a la Asamblea General, dentro de la composición que trae el Decreto 1598, es cierto, pero precisándolo ella. Consiguientemente, en lo relacionado con el número de miembros de la Junta de Directores el artículo 1° del decreto acusado desborda el poder reglamentario.

Aunque los artículos 2° y 3° del Decreto demandado dicen que los miembros de la Junta de Directores y el Gerente del Instituto deben reunir los requisitos que señalen los Estatutos, también exceden la potestad reglamentaria, pues siendo ello materia propia de los estatutos, el Decreto Reglamentario nada tenía que regular al respecto. Si bien el decreto remite a los Estatutos y hay por lo mismo una reiteración aparentemente inocua, en cierta forma la reglamentación anotada no solamente es superflua sino que constituye injerencia indebida.

Al demandar el actor la totalidad del Decreto 239 de 1973, obviamente quedó comprendido su artículo 4°, por el cual se determina la vigencia de él y se derogan las disposiciones contrarias y, en especial, los Decretos 003 de 1968 y 144 de 1973. Como en el libelo, a pesar de la solicitud global de nulidad, no se hace ninguna impugnación o siquiera mención a este artículo en particular, es preciso negar su declaratoria de nulidad.

Se estiman suficientes las consideraciones que anteceden para concluir que se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con su Fiscal colaborador,

FALLA

1° Declárense nulos los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto No. 239 de 19 de febrero de 1973, "por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1630 de 1963", expedido por el Gobierno Nacional.

2° Niégase las restantes súplicas de la demanda.

3° Envíese copia íntegra de este fallo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su conocimiento y cumplimiento.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiséis de enero de mil novecientos setenta y nueve (1979).

Los consejeros,

ALFONSO ARANGO HENAO, (NO ASISTIO); CARLOS GALINDO PINILLA, HUMBERTO MORA OSEJO, MARIO ENRIQUE PEREZ. RAFAEL MIRANDA BUELVAS, SECRETARIO