SENTENCIA 4335 de 1978

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030031975SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull4335197814/08/1978SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_4335__1978_14/08/1978300319731978

Sentencias de NulidadAlvaro Orejuela G�mezPEDRO M. CHARRIA ANGULOart�culo 8� del Decreto Reglamentario 116 de 1976Identificadores10030118246true1210978original30116408Identificadores

Funcionarios administrativos del trabajo. No est�n facultados para declarar derechos individuales ni de�finir controversias, cuya decisi�n est� atribuida a los jueces. El art�culo 8� del Decreto 0116 de 1976 al atribuir a los fun�cionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los Alcaldes Municipales y a los Inspectores de Polic�a, la facul�tad de hacer efectiva la indemnizaci�n -sanci�n- excedi� la ley que pretend�a reglamentar.

Bogot�, D. E., catorce (14) de agosto (08) de mil novecientos setenta y ocho (1978)

El doctor Pedro M. Charria Angulo, obrando en su propio nombre, y en acci�n p�blica de nulidad de que trata el art�culo 66 del C�digo Contencioso Administrativo, present� demanda ante esta Corporaci�n, en la que solicita la "nulidad del art�culo 8� del Decreto Reglamentario 0116 del 23 de enero de 1976, en su parte final que dice: ". . . e impondr� las sanciones contempladas en el art�culo 3� de la Ley 52 de 1975".

"Art�culo 8� Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social investidos con el car�cter de Jefes de Polic�a; los Alcaldes Munici�pales y los Inspectores de Polic�a, vigilar�n el cumplimiento del presente Decreto e impondr�n las sanciones contempladas en el art�culo 3� de la Ley 52 de 1975". (Se subraya).

El demandante invoca como disposiciones infringidas con el pronunciamiento de la norma enjuiciada, los art�culos 55, 58 y 120, numeral 3� de la Constituci�n Nacional; 2� del C�digo de Procedimiento Laboral (Decreto-ley 2158 de 1948); 1�, 2� y 3� de la Ley 52 de 1975; 41 del Decreto-ley 2351 de 1965, adoptado como ley permanente por el art�culo 3� de la Ley 48 de 1968.

En un completo y diserto estudio jur�dico el actor hace el an�lisis de cada una de las normas precedentes, con el objeto de demostrar la raz�n que le asiste para pedir la declaratoria de nulidad de la disposici�n en referencia.

Como en la demanda se solicitaba, igualmente, la suspensi�n provisional de la parte final del precepto acusado, �sta fue decretada, mediante providencia del 22 de junio de 1976, proferida por la Sala Unitaria de la Secci�n Segunda del Consejo de Estado.

Habi�ndose tramitado el juicio dentro de las formalidades legales y sin que se advierta causal de nulidad alguna que pudiese invalidarlo, esta Corporaci�n procede a dictar el fallo correspondiente, previas las siguientes

Estima la Sala que los razonamientos expuestos en el auto antes aludido, para decretar la medida provisoria impetrada, por estar ajustados estrictamente a derecho, son suficientes en esta oportunidad para darlos como fundamento de la decisi�n definitiva que habr� de tomar la entidad en el caso subj�dice, sin que crea necesario agregar otras apreciaciones distintas, que solamente complemen�tar� con las que en forma acertada hace la Fiscal�a Quinta del Consejo, en su vista reglamentaria.

Por medio del Decreto n�mero 0116 del 23 de enero del presente a�o, se reglament� la Ley 52 de 1975 que reconoci� intereses anuales a las cesant�as de los trabajadores particulares. En el art�culo 89 del Decreto 0116 de 1976, se atri�buy� a los Inspectores del Trabajo y Alcaldes Municipales la funci�n de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del referido Decreto, relacionadas con la obligaci�n legal a cargo de los patronos de pagar intereses a los trabajadores sobre el valor de sus cesant�as. En la parte final del mismo art�culo se les concede la facultad a estos funcionarios para imponer las sanciones contempladas en el art�culo 3� de la Ley 52 de 1975. Seg�n el libelo esta norma, tal como aparece publicado su texto en el Diario Oficial, se limita a preceptuar que aqu�lla rige desde su sanci�n, con lo cual se quebranta dicho precepto, ya que �sta no contempla en parte alguna de su regulaci�n, sanciones a cargo de los patronos y mal podr�a el Decreto Reglamentario atribuir a los Inspectores del Trabajo y Al�caldes Municipales una potestad sobre materia inexistente. Adem�s, se agrega, que se han quebrantado con la disposici�n demandada, en forma ostensible y ma�nifiesta, normas de superior jerarqu�a, pues se otorg� a los funcionarios del Trabajo y Alcaldes Municipales, la declaratoria de derechos individuales en favor de los trabajadores y la definici�n de controversias sobre indemnizaciones, cues�ti�n de exclusiva competencia de la justicia laboral.

Sea lo primero advertir que, el art�culo 3� de la Ley 52 de 1975 que se dice reglamentar por el art�culo 89 del Decreto 0116 del a�o en curso, no concedi� a los Inspectores del Trabajo y a los Alcaldes Municipales, la facultad de imponer sanciones a cargo de los patronos, pero s� se consagr� en el art�culo 19 del nu�meral 39 de la misma ley, la obligaci�n de �stos de cancelar al asalariado una indemnizaci�n y por una sola vez, un valor adicional igual al de los intereses cau�sados, en caso de que el pago de los mismos sobre el monto del auxilio de cesant�a no se efect�e dentro de los plazos all� previstos. Por ello desde el punto de vista de la sanci�n no cabe duda de su existencia y probablemente, debido a una cita equivocada, se hizo referencia a un art�culo distinto de la ley, con lo cual no proceder�a por este solo hecho decretar la suspensi�n del acto acusado.

Sin embargo, lo que importa determinar es si al tenor de las normas invocadas como de superior jerarqu�a a las del precepto impugnado, los funcionarios admi�nistrativos del Trabajo y Alcaldes Municipales tienen facultad de imponer las sanciones contempladas en el art�culo 1� numeral 3� de la Ley 52 de 1975.

La indemnizaci�n consagrada en el art�culo 19 del numeral 39 de la Ley en cita, establece un derecho en favor del trabajador consistente en que el patrono debe reconocer y pagar, por una sola vez, al asalariado, un valor adicional igual al de los intereses causados, en caso de que el pago de los mismos sobre el valor del auxilio de cesant�a no se efect�e dentro de los plazos all� se�alados. Pero en el efecto de que el patrono no haga dicho reconocimiento, surge un claro con�flicto jur�dico cuya decisi�n corresponde a la jurisdicci�n del trabajo, que seg�n el mandato contenido en el art�culo 29 del C�digo de Procedimiento Laboral, est� instituida para definir esa clase de controversias que se deriven directa o indi�rectamente del contrato de trabajo.

De esta manera ni los funcionarios del trabajo ni los Alcaldes Municipales tienen facultad para definir los conflictos de tal naturaleza, pues la atribuci�n de imponer las sanciones originadas en el mismo no es de su competencia.

Siendo, adem�s, un derecho individual el reconocido en el art�culo 1� nu�meral 3� de la Ley 52 de 1975, que consagr� los intereses anuales a las cesant�as de los trabajadores particulares y la obligaci�n del patrono de cancelar al asala�riado, por una sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados, en el caso de que el pago de los mismos sobre el monto del auxilio de cesant�a no se realice dentro de los plazos all� previstos, los funcionarios administrativos tampoco tienen competencia para declarar dichos derechos, ni definir esos con�flictos, como lo expresa el art�culo 41, numeral 1� del Decreto 2351 de 1965, que se�ala lo siguiente: "Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisi�n est� atribuida a los jueces, aunque s� para actuar en estos casos como conciliadores".

De lo anterior se desprende que de la confrontaci�n de la norma acusada en su parte final, con las disposiciones mencionadas, surge la violaci�n ostensible de �stas al haberse otorgado a los Inspectores del Trabajo y Alcaldes Municipales, la declaratoria de derecho y la definici�n de controversias sobre indemnizaciones, lo que es de competencia exclusiva de la justicia laboral.

"El art�culo l�, numeral 3� de la Ley 52 de 1975, obliga al patrono a cancelar al trabajador, a t�tulo de indemnizaci�n y por una sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados, en caso de que el pago de los mismos sobre el valor del auxilio de cesant�a no se efect�e dentro de los plazos all� se�alados.

"Esta disposici�n no indica qu� autoridad debe hacer efectiva esa san�ci�n que afecta al patrono por su incumplimiento en el pago de los intereses sobre la cesant�a debida al trabajador-.

"Y no era necesario indicarlo, cree esta Fiscal�a, pues es funci�n de los jueces del trabajo, definir los derechos individuales del trabajador y conocer de la ejecuci�n de obligaciones emanadas de la relaci�n de trabajo.

"En la forma como est� concebido el art�culo 1� numeral 3� de la Ley 52, la sanci�n para el patrono constituye al mismo tiempo 'indemniza�ci�n' para el trabajador, quien adquiere derecho a recibir por el retardo en el pago de intereses sobre la cesant�a, un valor adicional igual al de los inte�reses causados.

"Sin embargo, pueden darse m�ltiples circunstancias que en un mo�mento dado hagan discutible ese derecho en cada caso concreto, y ser� en�tonces el Juez Laboral, el �nico llamado a resolver la situaci�n, d�ndole la raz�n a quien la tenga seg�n la ley, es decir, declarando el derecho.

"Lo anterior es asunto vedado a las autoridades de polic�a, pues seg�n el art�culo 41 del Decreto 2352 de 1965, . . dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individuales ni definir con�troversias cuya decisi�n est� atribuida a los jueces, aunque s� para actuar en esos casos como conciliadores'.

"Nadie discute que es deber de las autoridades de Polic�a velar por el cumplimiento de las normas sustantivas, pero su funci�n es eminentemente preventiva y de vigilancia; una vez creado el conflicto o la controversia, �sta deber� ser desatada por la autoridad jurisdiccional competente para ello.

"El art�culo 8� del Decreto 0116 de 1976, al atribuir a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, investidos con el car�cter de Jefes de Polic�a, a los Alcaldes Municipales y a los Inspectores de Polic�a, la facultad de hacer efectiva la indemnizaci�n-sanci�n mencionada anterior�mente, excedi� la ley que pretend�a reglamentar y contrari� la distribuci�n de competencias hechas en el Decreto 528 de 1964, en el C�digo de Procedi�miento Civil y en el art�culo 41 del Decreto 2352 de 1965".

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad�ministrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto fiscal,

Decl�rase la nulidad del art�culo octavo (8�) del Decreto n�mero 0116 del 23 de enero de 1976, en su parte final que dice: ". . . e impondr�n las sanciones contempladas en el art�culo 3� de la Ley 52 de 1975".

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesi�n del once (11) de agosto de mil novecientos setenta y ocho (1978).

ALVARO OREJUELA GOMEZ, AYDEE ANZOLA LINARES, IGNACIO REYES POSADA, SA�MUEL BUITRAGO HURTADO.