100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030031740AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull195929/07/1959AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null___1959_29/07/1959300317381959Transportes industriales. — No hay disposición legal que establezca que el Presidente de la República puede delegar en uno de sus Ministros, la potestad reglamentaria ni la hay especialmente para el caso de reglamentar la industria del transporte, luego a PRIMA FACIE aparece que el artículo 2º del Decreto acusado viola en forma manifiesta el artículo 135 de la Constitución en cuanto delega .en el Ministerio de Obras Públicas la facultad de modificar o ampliar la reglamentación que el Decreto adopta. — La promulgación de Decreto reglamentario se hace publicándolo en el periódico oficial. — La Ley no obliga sino en virtud de su promulgación.. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA Bogotá, veintinueve (29) de julio de mil novecientos cincuenta y nueve (1959) Radicación número: Actor: TRANSPORTE INDUSTRIALES, S. A Demandado: Referencia: Auto, Tomo 73, págs. 132 y siguientes del copiador de la Secretaría.
Sentencias de NulidadAlejandro Domínguez MolinaTRANSPORTE INDUSTRIALES, S. A29/07/1959Decreto 2049 de 1956Identificadores10030115425true1207692original30113720Identificadores

Fecha Providencia

29/07/1959

Fecha de notificación

29/07/1959

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Alejandro Domínguez Molina

Norma demandada:  Decreto 2049 de 1956

Demandante:  TRANSPORTE INDUSTRIALES, S. A


Transportes industriales. — No hay disposición legal que establezca que el Presidente de la República puede delegar en uno de sus Ministros, la potestad reglamentaria ni la hay especialmente para el caso de reglamentar la industria del transporte, luego a PRIMA FACIE aparece que el artículo 2º del Decreto acusado viola en forma manifiesta el artículo 135 de la Constitución en cuanto delega .en el Ministerio de Obras Públicas la facultad de modificar o ampliar la reglamentación que el Decreto adopta. — La promulgación de Decreto reglamentario se hace publicándolo en el periódico oficial. — La Ley no obliga sino en virtud de su promulgación..

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA

Bogotá, veintinueve (29) de julio de mil novecientos cincuenta y nueve (1959)

Radicación número:

Actor: TRANSPORTE INDUSTRIALES, S. A

Demandado:

Referencia: Auto, Tomo 73, págs. 132 y siguientes del copiador de la Secretaría.

... Es cierto que el artículo 52 y siguientes del Código de Régimen Político y Municipal, se refieren únicamente a la ley y que no existe disposición expresa que haga extensivas estas normas a los Decretos reglamentarios. Sin embargo, la doctrina no ha vacilado en sostener que también estos deben ser promulgados para que sea obligatoria su observancia. Ahora bien, como en Colombia promulgar y publicar expresan una misma idea, pues según el inciso 2° del artículo 52 citado, la promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, es obvio que la promulgación de su Decreto reglamentario se hace publicándolo en el periódico oficial.

Mas, como el mismo artículo determina que la Ley no obliga sino en virtud de su promulgación, la sanción por la falta de ésta, no es la nulidad sino su no obligatoriedad. Lo mismo cabe decir del Decreto no publicado.

Esta es la doctrina del tratadista Jéze quien al respecto expresa: En principio la no publicidad de un acto una vez realizado no puede ejercer influencia sobre su validez; no se trata de una forma del acto, pues no se adhiere a él. La sanción es una cuestión de oponibilidad a los interesados...

La publicación de los reglamentos que debe efectuarse después que se han dictado, es la condición de su fuerza obligatoria, pero no de su validez: la sanción normal es la in oponibilidad a los interesados. (Gastón Jéze, Principios Generales de Derecho Administrativo, Tomo III. pág. 306).

De acuerdo con lo anterior, si la no publicación del reglamento no influye en su validez sino sobre su fuerza obligatoria, o en otros términos, antes de su publicación el reglamento es válido, aunque no obliga su observancia, cuando el reglamento no se publica o se publica en forma parcial y paulatina, no resulta a prima facie con ello que haya manifiesta violación de los artículos 52 y 56 del Código de Régimen Político y Municipal, porque lo que sucede es que tal reglamento no obliga o sólo obliga parcialmente promulgado.

Tampoco es posible encontrar a simple vista que un Decreto ejecutivo viola en forma manifiesta la ley, porque se limita a adoptar un reglamento cuyas normas no inserta en su texto y cuya publicación se ordena hacer posteriormente. En efecto, fuera de que no existe una disposición legal que establezca la forma material como deben redactarse los Decretos o que prohiba expedirlos en la forma como aparece el que es objeto de la demanda, existen antecedentes en la historia legislativa del país que hacen pensar que cuando se adoptan codificaciones no es indispensable insertarlas en el texto de la ley que las acoge.

Así: por medio de la Ley 38 de 1887 se adoptó como Código de la República el Código de Minas del extinguido Estado de Antioquia con algunas reformas que dicha ley sépala, sin que en ella se insertara el texto de dicho Código que sólo había sido promulgado en aquel Estado. Igual cosa ocurrió en la Ley 57 de 1887 que adoptó el Código de la República, con las adiciones y reformas de que ella trata, el de Comercio del extinguido Estado de Panamá y el Penal del extinguido Estado de Cundinamarca. Y aunque ninguno de estos Códigos se incluyó en el cuerpo de las dos leyes que los adoptaron, para que así recibieran la publicación en el Diario Oficial, no se ha dicho que dejaran de ser promulgados para todos los habitantes de la Nación cuando la verdad fue que sólo lo habían sido para los territorios de sus respectivos Estados.

Estas consideraciones llevan a la Sala a no tener como manifiesta violación de los artículos 52 y 56 de la Ley 4° de 1913, por la forma como aparece que el Decreto acusado adoptó como normas para la construcción, inspección, reparación y clasificación de embarcaciones fluviales el proyecto que aprobó la comisión que fue establecida para su elaboración.

En concepto de la demanda, el artículo 2° del Decreto demandado viola el artículo 135 de la Constitución Nacional porque facultó al Ministerio de Obras Públicas (ni siquiera al Ministro) para interpretar, modificar, ampliar, etc., el estatuto de navegación y esta es una delegación de funciones que no puede hacer el Presidente de la República.

Estudiado este cargo, el auto recurrido, para el solo efecto de la suspensión, observa que como en el artículo 1° de la Ley 4° de 1907 se atribuye al Ministerio de Obras Públicas la inspección técnica y administrativa de las empresas públicas de transporte, no se ve que el artículo 2º del Decreto 2.049 de 1956 viole el artículo 135 de la Carta por cuanto faculta al mismo despacho ministerial para interpretar, modificar, ampliar y reglamentar el mismo Decreto. A este respecto lo único qué debe hacer el Ministerio es no contrariar en uso de esas facultades las normas adoptadas por el Decreto. El propio artículo 2° del Decreto (el cual no hace más que ceñirse a la Ley 4° de 1907 en lo relativo a las atribuciones ejecutivas que ella confiere al Ministro), dice que las ejercerá para mantener la operabilidad y actualidad de la reglamentación que por medio del mismo Decreto se adopta. Esta parece una previsión necesaria en materias técnicas que indefinidamente se perfeccionan y requieren en su regulación modificaciones que vayan poniendo al día lo que resulte anticuado o inoperante. Lo inconveniente para los fines del servicio público sería una reglamentación estática que no permitiera su paulatina adaptación a los nuevos descubrimientos científicos y a los procedimientos técnicos que se demuestre (sic) ser más eficaces.

La Sala no comparte estas apreciaciones del distinguido Consejero ponente. En efecto, si el Decreto acusado es reglamentario del servicio público del transporte fluvial, como lo asevera el auto recurrido y se ha dejado dicho anteriormente, por el hecho de que la inspección que tiene el Poder Ejecutivo sobre todas las empresas públicas de conducciones o transportes, la ejerza el Ministerio de Obras Públicas, por virtud del artículo 1° de la Ley 4° de 1907, no se puede entender que se dio a este despacho la facultad de reglamentar esa inspección. Si así se interpretara la atribución dada por el legislador, no habría sido necesario el Decreto y no se habría dictado el número 899 de 1907, reglamentario de. la ley y todos los posteriores que cita la providencia suplicada, entre los cuales se encuentra el Decreto 2.674 de 1942 que expresamente deroga el artículo 3° del 2.049 de 1956. Por consiguiente, si para la reglamentación se han necesitado decretos ejecutivos, ella sólo puede modificarse o ampliarse mediante otro u otros decretos dictados por el mismo Poder Ejecutivo.

La facultad reglamentaria corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa conforme al ordinal 5° del artículo 120 de la Constitución Nacional. Y si bien es cierto que las funciones que le corresponden en tal carácter, pueden ser delegadas, sólo la ley puede señalar las que son delegables según lo dispuesto en el artículo 135 de la misma Carta Fundamental. Es así que no hay disposición legal que establezca que el Presidente de la República puede delegar en alguno de sus Ministros, la potestad reglamentaria ni la hay especialmente para el caso de reglamentar la industria del transporte, luego a prima facie aparece que el artículo 2° del Decreto acusado viola en forma manifiesta el artículo 135 de la Constitución Nacional en cuanto delega en el Ministerio de Obras Públicas la facultad para modificar o ampliar la reglamentación que el Decreto adopta. En consecuencia, la Sala sí encuentra procedente la suspensión provisional del artículo 2° del Decreto 2.049 de 1956 en este punto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 167
de 1941, y por ello, reforma el auto suplicado...

Actor: Transportes Industriales, S. A. — Auto de 29 de julio de 1959. Sala de lo Contencioso Administrativo. Tomo 73, págs. 132 y siguientes del copiador de la Secretaría. — Consejero Ponente: Dr. Alejandro Domínguez Molina