100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030755SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull4738195416/06/1954SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null__4738_1954_16/06/1954300307531954SECRETARIOS DE LAS COMISIONES REVISORAS DE LOS CODIGOS – Tiene la calidad de empleados públicos / EMPLEADO PUBLICO - Características / FACULTAD REGLAMENTARIA - Límites CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: ANZOLA ESCOBAR Bogotá, diez y seis (16) de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954) Radicación número: 4738 Actor: GILBERTO RINCON GOMEZ Demandado:
Sentencias de NulidadAnzola EscobarGILBERTO RINCON GOMEZ16/06/1954Decreto 1160 de 7 de mayo de 1953Identificadores10030114519true1206795original30112811Identificadores

Fecha Providencia

16/06/1954

Fecha de notificación

16/06/1954

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Anzola Escobar

Norma demandada:  Decreto 1160 de 7 de mayo de 1953

Demandante:  GILBERTO RINCON GOMEZ


SECRETARIOS DE LAS COMISIONES REVISORAS DE LOS CODIGOSTienela calidad de empleados públicos / EMPLEADO PUBLICO - Características / FACULTAD REGLAMENTARIA - Límites

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: ANZOLA ESCOBAR

Bogotá, diez y seis (16) de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954)

Radicación número: 4738

Actor: GILBERTO RINCON GOMEZ

Demandado:

Referencia: Expediente 4738. Gilberto Rincón Gómez. Nulidad artículo 2°, Decreto ejecutivo 1160 de 1953, del Ministerio de Justicia.

El Gobierno Nacional dictó con fecha 30 de julio de 1952 el Decreto legislativo número 1813, "por el cual se autoriza al Gobierno Nacional para crear comisiones revisoras de los Códigos", del siguiente tenor:

El Designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949 sé declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que se hace necesario llevar a cabo una revisión general de los códigos y de las leyes y decretos que los adicionan y reforman, con el objeto de armonizar tales textos y de sistematizar los preceptos, de acuerdo con la técnica jurídica y en conformidad con las actuales necesidades del país.

DECRETA:

Artículo 1o Autorizase al Gobierno Nacional para crear Comisiones Revisoras de los distintos códigos y de las leyes y decretos que los adicionan y reforman.

Artículo 2o Queda facultado el Gobierno para fijar el número de miembros que deban integrar cada comisión y sus asignaciones respectivas, y para reglamentar todo lo relativo a los trabajos de las referidas comisiones.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 30 de julio de 1952.

ROBERTO URDANETA ARBELAEZ

(Siguen las firmas de los Ministros del Despacho).

En desarrollo del Decreto-ley, el Gobierno, representado por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, dictó el Decreto ejecutivo número 817 de 18 de marzo de 1953, "por el cual se crean Comisiones Revisoras de algunos Códigos", para disponer, entre otras cosas:

Artículo 3o Cada una de estas comisiones tendrá un Secretario y una Mecanotaquígrafa, de libre nombramiento y remoción del Gobierno (Se subraya).

Artículo 8o La Secretaría de cada comisión funcionará permanentemente, atenderá las órdenes de la Presidencia y de la corporación y será responsable de los documentos relativos a los proyectos, deliberaciones y, en general, a las sesiones de la comisión. Vino luego el Decreto 1160 de 7 de mayo del mismo año, también ejecutivo, que en su artículo segundo dispone:

Los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Decreto 817 de 1953, no adquieren la calidad de empleados públicos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3o y 8o del mismo Decreto.

Enterado el Doctor Gilberto Rincón Gómez de esta última determinación del Gobierno, en ejercicio de la acción popular o ciudadana, formuló demanda ante el Consejo en orden a obtener que con citación y audiencia del Ministerio Público y previos los trámites legales se declare por sentencia definitiva:

Primera. Que es nulo el artículo 2o del Decreto ejecutivo número 1160 de fecha 7 de mayo del presente año, según el cual: Los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos, creadas por el Decreto 817 de 1953, no adquieren la calidad de empleados públicos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3o y 8o del mismo Decreto;

Segunda. Que al dictar la disposición mencionada, cuya declaratoria de nulidad solicito en la petición anterior, la Rama Ejecutiva del Poder Público se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le concede la Constitución Nacional;

Tercera. Que igualmente, al expedir la prementada disposición, la Rama Ejecutiva del Poder Público invadió la órbita perteneciente a la Rama Legislativa del mismo Poder Público, al dictar por medio de un decreto ordinario, normas reguladoras del servicio público, relativas a empleados nacionales y modificativas de los Códigos vigentes, funciones claramente asignadas por nuestra Constitución como privativas del Congreso Nacional; y

Cuarta. Que, como consecuencia de lo anteriormente expresado, los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos, creadas por el Decreto número 817 de 1953, tienen la calidad de empleados públicos nacionales y deben considerarse como tales, por reunir las condiciones todas que para tener el aludido carácter establecen la Constitución Nacional y el Código de Régimen Político y Municipal.

Como hechos sustentantes de la acción, a más de los que ya vienen indicados, anota el demandante:

E) Las normas que reglamentan el funcionamiento de las Comisiones Revisoras de los Códigos establecen que cada una de ellas tendrá un Secretario, al cual se le señala una asignación mensual de un mil quinientos pesos ($ 1.500.00), pagaderos por el Tesoro Nacional, y se le fijan funciones de carácter permanente, responsabilidades y una dependencia absoluta respecto del Presidente de la Comisión, cuyas órdenes está obligado a cumplir; elementos que configuran claramente el carácter de empleados públicos nacionales, que tienen los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Gobierno;

F) Por otra parte, los prementados Secretarios de las Comisiones son nombrados y pueden ser removidos libremente por el Gobierno, por medio de decreto; están obligados a tomar posesión ante el Ministerio de Justicia, igual que los demás empleados dependientes del mismo Ministerio, para poder entrar a desempeñar su cargo y recibir el sueldo mensual; y tienen funciones claramente definidas
y determinadas en providencia del Gobierno Nacional, lo que les da el
carácter de empleados públicos nacionales, de acuerdo con normas
expresas del Código de Régimen Político y Municipal;

G) El Decreto ley número 1813 de 1952 se limitó a darle autorización al Gobierno Nacional para crear las Comisiones Revisoras de los Códigos y de las leyes y decretos que los adicionan y reforman y a facultarlo para fijar el número de miembros de cada Comisión y sus asignaciones, y para reglamentar lo relativo a su funcionamiento. El Gobierno, sin extralimitarse en el ejercicio de la potestad
reglamentaria que le asigna la Constitución, no podía tomarse la facultad de preceptuar que los Secretarios de las Comisiones no tienen el carácter de empleados públicos; menos habiéndoles señalado asignación mensual, funciones definidas y permanentes y una total subordinación y dependencia absoluta, respecto del Presidente de la respectiva Comisión y, en fin, todas las características que tipifican a un empleado público nacional de acuerdo con los preceptos de la Constitución y del Código de Régimen Político y Municipal;

I) La presente acción no busca proteger intereses privados, que se reputen lesionados por el acto cuya nulidad se demanda, ni el restablecimiento de derechos que se consideren vulnerados por el mismo acto, sino que con ella se trata de ejercer la tutela legal establecida en favor de todos los ciudadanos, con miras a mantener el orden jurídico.

El actor estima como Violadas con ocasión del acto acusado las disposiciones de los artículos 63, 65 y 76 de la Constitución Nacional; 5o, 6o, 239, y 241 del Código de Régimen Político y Municipal, como otras de lejana incidencia en la cuestión sub-lite.

Cuanto hace al concepto de violación de las normas citadas, sustenta el actor, en síntesis:

Al dictar la disposición mencionada, cuya declaratoria de nulidad solicito en la petición anterior, la Rama Ejecutiva del Poder Público se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le concede la Constitución Nacional.

Al expedir la prementada disposición, la Rama Ejecutiva del Poder Público invadió la órbita perteneciente a la Rama Legislativa del mismo Poder Público, al dictar por medio de un decreto ordinario normas reguladoras del servicio público, relativas a empleados nacionales y modificativas de los Códigos vigentes, funciones claramente asignadas por nuestra Constitución como privativas del Congreso Nacional.

Salta a la vista la violación de los preceptos constitucionales antes transcritos que implica el artículo 2o del Decreto ejecutivo número 1160 del 7 de mayo del presente año, al establecer que los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos, creadas por el Decreto 817 de 1953, no adquieren la calidad de empleados públicos, con todo y haber sido designados para desempeñar un cargo permanente, cuyas funciones, responsabilidades y deberes fueron claramente determinados en una disposición reglamentaria, en forma detallada; de habérseles señalado una asignación mensual por concepto de sueldo; de tratarse de funcionarios de libre nombramiento y remoción del Gobierno, a quienes se les exige tomar solemne posesión de sus cargos para poder entrar a ejercerlos. En otras palabras, reuniéndose en los referidos Secretarios todas las condiciones que la Constitución establece para que una persona tenga el carácter de empleado público, el Organo Ejecutivo del Poder Público, por medio de la disposición demandada, por sí y ante sí, hace tabla rasa de los preceptos transcritos y, excediéndose en el ejercicio de sus atribuciones, por medio de un decreto ordinario, dispone que no adquieren la calidad de empleados públicos que nuestra Constitución les da.

Otras consideraciones de derecho hace el demandante en abundamiento de sus tesis, a las que adelante referirá la Sala sentenciadora.

En el mismo libelo solicitó el actor la suspensión provisional del acto acusado, medida cautelar que fue denegada por proveído del 21 de septiembre del año pasado dictada por el Consejero actuante, decisión que por no haber sido recurrida para ante la Sala de Decisión adquirió en su tiempo firmeza procesal.

Admitida la demanda y avisado el Ministerio del ramo, se le dio a la instancia el trámite adecuado hasta obtener la vista del Señor Fiscal colaborador Doctor Justo Franco V., quien conceptúa que debe accederse a las súplicas de la demanda.

En firme el auto de citación para sentencia, corresponde dictar el fallo que proceda, lo que hace la Sala considerando:

El Señor Fiscal colaborador con precisión jurídica confuta el problema cuestionado por todos sus aspectos, y en forma que la Sala, para fundamentar su decisión, habrá de seguir el pensamiento del Ministerio Público, toda vez que, se repite, en dicha pieza se cuestiona y precisa en síntesis notable la sujeta materia de la litis. Dice el Señor Fiscal y con él la Sala sentenciadora:

Este Despacho en orden a emitir el concepto de fondo que le corresponde, considera:

La inconformidad del demandante con el acto que acusa se hace consistir en que se desconoce a los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos la calidad de empleados públicos a pesar de que se les señalaron funciones detalladas y se les fijó un sueldo mensual a cargo exclusivo del Tesoro Nacional, habiendo tenido que posesionarse de sus respectivos cargos ante el Ministerio de Justicia; que la Rama Ejecutiva del Poder Público se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria e invadió la órbita de la Rama Legislativa al establecer por medio de un decreto ordinario normas reguladoras del servicio público, relativas a empleados nacionales.

La disposición acusada es del siguiente tenor:

"Los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Decreto 817 de 1953 no adquieren la calidad de empleado públicos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3o y 8o del mismo Decreto".

En primer término, para determinar la calidad de un funcionario es necesario tener en cuenta la función que desempeñe, ya que ésta es el factor determinante de la categoría y naturaleza del cargo ejercido por un individuo dentro de la organización política del Estado, encaminada a satisfacer las necesidades generales.

El artículo 63 de la Constitución prescribe:

"No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento".

El artículo 65 ibídem preceptúa:

"Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir con los deberes que le incumben".

Por su parte, el artículo 76 de la misma obra, al detallar las funciones del Congreso, establece en su numeral 10:

"Regular el servicio público, determinando los puntos de que tratan los artículos 62 y 132 y las demás prescripciones constitucionales".

Y el artículo 62 de la Carta dispone:

"La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación, y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro Público".

Por medio del Decreto legislativo número 1813 de 1952, se autorizó al Gobierno para crear las Comisiones Revisoras de los distintos Códigos y leyes y decretos que los adicionan y reforman, quedando facultado para fijar el número de miembros y las respectivas asignaciones, y para reglamentar todo lo relativo a los trabajos de las referidas Comisiones.

Posteriormente se expidió el Decreto legislativo número 563 de 1953, por el cual se adiciona el Decreto legislativo número 1813 de 1952, y dispuso entre otras cosas: que los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público pueden formar parte de las Comisiones Revisoras de Códigos; que los miembros de tales Comisiones no adquieren la calidad de empleados públicos, ni los funcionarios designados para integrarlas (Rama Jurisdiccional y Ministerio Público) disfrutarán de remuneración especial por este concepto, quedando limitada su intervención a la simple discusión de los proyectos que deben suscribir como miembros de dichas Comisiones; y se autorizó al Gobierno para designar Magistrados auxiliares de los que entraran a formar parte de las Comisiones Revisoras para suplir las deficiencias del servicio a que hubiere lugar, fijándoles a estos auxiliares una asignación mensual equivalente a las tres cuartas partes del sueldo del Magistrado principal.

Con fundamento en lo dispuesto en los Decretos legislativos anotados se expidió el Decreto ejecutivo número 817 de 18 de marzo de1953, por medio del cual se crearon cinco Comisiones para que elaboraran los proyectos de reforma de los Códigos Civil, de Comercio, Penal, de Organización Judicial y Procedimiento Civil, y de Procedimiento Penal.

Por medio del artículo 3o del anterior Decreto se dispuso:

"Cada una de estas Comisiones tendrá un Secretario y una Mecanotaquígrafa, de libre nombramiento y remoción del Gobierno, con asignaciones mensuales de mil quinientos pesos ($ 1.500.00) y quinientos pesos ($ 500.00), respectivamente".

Y en el artículo 8o ibídem se ordenó:

"La Secretaría de cada Comisión funcionará permanentemente, atenderá las órdenes de la Presidencia y de la corporación, y será responsable de los documentos relativos a los proyectos, deliberaciones y, en general, a las sesiones de la Comisión".

Finalmente se expidió el Decreto ejecutivo número 1160 de 7 de mayo de 1953, que es el acusado, y en su artículo 2o dijo:

"Los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Decreto 817 de 1953, no adquieren la calidad de empleados públicos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3o y 8o del mismo Decreto".

Del análisis de los preceptos constitucionales anotados anteriormente, y en especial del artículo 76 numeral 10° en concordancia con el artículo 62 ibídem, se desprende que privativamente corresponde a la Rama Legislativa del Poder Público regular el servicio público, determinando por medio de una ley los casos de incompatibilidad de funciones, responsabilidad de funcionarios, calidad y antecedentes para el desempeño de ciertos empleos, etc., y si esto es así, asiste la razón al demandante en cuanto afirma que la Rama Ejecutiva, por medio del Decreto sub lite, que no tiene el carácter de legislativo, invadió la órbita de la Rama Legislativa y se excedió en su función reglamentaria, de que está investido el Presidente de la República.

El Doctor José Joaquín Castro Martínez, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a las características y condiciones de la función pública, partiendo del principio de que para definir la calidad de funcionario o empleado es indispensable tener en cuenta, como primer elemento de análisis, la función y considerar las características de ella, a saber: regularidad, permanencia, continuidad, temporalidad y ocasionalidad, dice así:

"La condición de regularidad es imprescindible e inmodificable porque la Constitución prescribe que 'no habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en la ley o en el reglamento', de donde se deduce que los derechos y obligaciones emanados del ejercicio de los cargos públicos se cifran en la aplicación de las disposiciones que hayan creado la función. Ahora, la distinción entre continuidad, permanencia y temporalidad tiene por objeto precisar la responsabilidad y la calidad del empleo para los efectos del propio servicio y para los reconocimientos y prestaciones a que haya lugar".

Condiciones secundarias de la función pública:

"Sentado el principio de que la función es el elemento esencial del empleo, podemos concluir que las demás circunstancias sólo influyen para modificarlo en las condiciones de ejercicio y reglamentación dentro del conjunto de servicios públicos y en particular de aquellos a que el cargo pertenezca. Por consiguiente: No se modifica la función por causa del procedimiento para la designación del empleado, ni porque el cargo sea de voluntaria o de forzosa aceptación, ni porque sea gratuito o remunerado, ni porque sea indefinido o transitorio, ni porque las actividades sean intelectuales o materiales o mixtas".

En el caso de autos, el Gobierno, por medio de los Decretos legislativos 1813 de 1952 y 563 de 1953, fue autorizado para crear las Comisiones Revisoras de los Códigos, y fue así como, en virtud de esa autorización, expidió el Decreto 817 de 1953, que crea las Comisiones, fija asignaciones, crea los cargos de Secretarios de dichas Comisiones, les fija a éstos las respectivas asignaciones y les señala funciones, designa tanto a los miembros de las Comisiones como también a los Secretarios, y este Decreto tiene el carácter de reglamentario. Ahora bien, si posteriormente se expidió el Decreto 1160 de 1953, que es el acusado, y por medio de él se pretende dictar una nueva reglamentación de los Decretos legislativos,1 dentro de este nuevo reglamento no puede entrarse a definir la calidad de empleados en relación con los Secretarios, porque como ya se dejó dicho, tal calidad sólo puede determinarla el legislador por medio de una ley (artículo 62 de la Constitución), y ello no puede ser materia de un decreto reglamentario. Es decir, un decreto de inferior jerarquía no puede modificar uno de superior jerarquía.

De otro lado, se observa que a los Secretarios de las Comisiones Revisoras de Códigos les corresponde la calidad de empleados públicos nacionales no sólo por la naturaleza de la función que les fue asignada sino también porque llenan los requisitas legales que corresponden a los empleados públicos, detallados en los artículos 5o, 6o, 239, 241 y 251 de la Ley 4^ de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal), y Decretos 1537 de 1940, 554 de 1941 y Decreto 1600 de 1945, y artículo 63 de la Constitución.

A las argumentaciones anteriores puede agregarse:

La persona que en una u otra forma presta personalmente su actividad o sus oficios al Estado, lo hace, o en desarrollo de un vínculo contractual anterior especial o generalmente convenido; ya como obrero o simple trabajador; o como empleado público en cualquiera de las especificaciones de la ley. Claro es que cualquier sujeto puede en íorma esporádica o incidental, es decir, de hecho, prestarle servicios al Estado; pero apenas habrá para qué advertir que de estas actividades surgen determinadas relaciones de orden jurídico entre el particular y el Estado, pero en todo caso distintas de las que han de tenerse en cuenta para efectos de este fallo.

La determinación o calificación de si la persona que presta sus servicios al Estado asume o no el carácter de empleado público cuestión no simplemente adjetiva no pueda resolverse por medio de un decreto. Es la norma sustantiva (Constitución, ley, ordenanza, acuerdo o decreto del mismo carácter) el estatuto que normativamente y en forma general hace la determinación.

Entonces, si la norma sustantiva crea una determinada función, adscribe su desarrollo a un cargo creado para ese preciso fin, se inviste de él a una persona determinada, y ésta por las vías legales asume la función correspondiente, consecuencialmente, por razón de estos hechos, adquiere por ministerio de la ley dicha persona el carácter de empleado público sin necesidad de decreto posterior que así lo declare. Y seguirá siéndolo, irrevocablemente, aunque una disposición adjetiva posterior, provenga ella de la más elevada jerarquía, opte por desconocerle esa determinada calidad creada por la ley. Es que el status o la calidad de empleado la otorga la norma sustantiva y no el decreto reglamentario, como que éste apenas si puede desarrollar el dictado del estatuto superior.

En consecuencia, si en el caso el acto-ley creó la función "Secretaría de las Comisiones Revisoras de los Códigos", le señaló al cargo funciones permanentes y se designó luego al funcionario que debía servirlo, si se le fijó asignación mensual pagadera por el Tesoro Público y si oficialmente se le dio al nombrado posesión del destino, no puede menos de concluirse que la persona sobre la cual reflejaron todos estos actos oficiales asumió por razones de derecho y en razón de los hechos la condición de empleado público. Y este es el caso de autos.

Es más: en el mismo Decreto y por el mismo artículo acusado se creó .también el puesto de Mecanógrafa al servicio de la Secretaría con funciones anexas a ese determinado oficio. Y como para esta empleada nada proveyó el Decreto que se acusa, cabe concluir que según el pensamiento ejecutivo las mecanógrafas sí conservaron el carácter de empleado público que inicialmente les dio el Decreto ley. Este divorcio ilógico entre la calidad oficial de los dos empleados no puede legalmente admitirse, no sólo por las razones ya dichas sino porque siendo la mecanógrafa de todo despacho oficial, como lo es el creado por la ley que viene comentándose, empleada subalterna directa del secretario, no podría compaginarse el hecho de un secretario sin carácter oficial pero con autoridad y mando sobre persona, ella sí, empleado público, y tanto más cuanto que uno y otra cooperan unidamente y en proporción de su oficio al desarrollo de un servicio público. Sucede, además, que en la jerarquía oficial el inmediato superior del empleado subalterno siempre se ha considerado, y forzoso es considerarlo, como empleado público.

El profesor Castro Martínez en su obra Tratado de Derecho Administrativo, trae la siguiente cita tomada de Marcel Walini, Traite Elémentaire de Droit Administratif, 5° editión:

El legislador, soberano, tiene siempre competencia para organizar por sí mismo el servicio público. Las autoridades investidas de poder reglamentario sólo tienen competencia para formular las normas de organización del servicio público.

Y comentando la cita, el tratadista colombiano desarrolla el tema en pasajes que es oportuno transcribir, toda vez que su contenido confirma integralmente las tesis precisadas antes por la Sala sentenciadora del Consejo. Dicen ellos:

La organización de los servicios públicos consiste en determinar la función. Es este un elemento de naturaleza jurídica que comprende el conjunto de atributos y reglas destinados a dar aplicación al procedimiento.

Creada la función se procede a distribuirla. Esto comprende dos aspectos: la jerarquización y la especificación. Tanto la función administrativa como la puramente técnica son susceptibles de repartirse en diferentes grados para hacer más eficaz el servicio. De ahí resulta que la unidad directiva, la dependencia y la subordinación corresponden a la investidura.

La jerarquía en la función se determina por su distribución en grados de dependencia. A la cabeza se encuentra la función directiva, que se refiere a la acción de conjunto sobre la totalidad del servicio, comprendidas las funciones subalternas. Al distribuirse las funciones deben especificarse, es decir, que a cada empleado corresponda una función legal y reglamentariamente definida y reconocida. La distribución específica de las funciones se hace por empleos o cargos públicos. Cada uno de ellos corresponde a una función o grupo de funciones definidas y precisas.

La doctrina contenida en los conceptos anteriores evidencia cómo es fundada la tesis de la ponencia, que, concretamente, establece que el Ejecutivo, en uso de la atribución reglamentaria de la ley, así sean decretos legislativos, sólo puede desarrollar la función que ha sido creada para fines de un servicio oficial, distribuyéndola entre el personal directivo y el subalterno que haya sido autorizado, unidades todas que necesariamente sólo pueden actuar en su calidad de empleados públicos.

Ahora bien: en el caso, el Gobierno, legislativamente, creó la función, luego en uso de la facultad reglamentaria distribuyó la función subalterna, jerarquizándola en varios cargos o empleos, e hizo las designaciones correspondientes, procediendo en todos esos pasos en uso y desarrollo de clarísimas atribuciones suyas. Más, como finalmente, desinvistió a los Secretarios del carácter de empleados públicos, resulta ilegal esa determinación porque en ella vino a desconocerle no sólo al acto-ley sino al decreto reglamentario sus características legales y sus consecuencias o efectos especiales en relación con estos subalternos.

Deberán, en consecuencia, resolverse las súplicas de la demanda así: Es procedente, y habrá de declararse, la nulidad del artículo acusado en la parte que establece "que los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Decreto 817 de 1953 no adquieren la calidad de empleados públicos", toda vez que siendo, connaturalmente, y para todos los efectos legales, los Secretarios de las Comisiones referidas empleados públicos, resulta ilegal la disposición ejecutiva que los desposee de la investidura de tales.

Las súplicas de los numerales segundo y tercero no son procedentes; lo solicitado envuelve simples apreciaciones de derecho propias para ser consideradas en la motivación del fallo, y que lo han sido, precisamente, como fundamento de la declaratoria de nulidad del acto acusado.

La declaración del numeral cuarto petitorio tampoco resulta procedente, porque en acciones de simple nulidad la única disposición que cumple es la encaminada a resolver si el acto acusado es o no ilegal.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, en un todo de acuerdo con su Fiscal colaborador, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Declárase nulo el artículo 2o del Decreto ejecutivo número 1160 de fecha 7 de mayo de 1953, acusado en el presente juicio en la parte que establece "que los Secretarios de las Comisiones Revisoras de los Códigos creadas por el Decreto 817 de 1953 no adquieren la calidad de empleados públicos", y

Segundo. No es el caso de hacer las demás declaraciones solicitadas en la demanda con que se inició el presente asunto.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese el expediente.

RAFAEL RUEDA BRICEÑO, DANIEL ANZOLA ESCOBAR, JOSE ENRIQUE ARBOLEDA V., MANUEL BUENAHORA, BAUDILIO GALAN RODRIGUEZ, ILDEFONSO MENDEZ, ANTONIO JOSE PRIETO. GUILLERMO NOVOA RODRIGUEZ, SECRETARIO