100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030737SENTENCIA-- Seleccione --nullnull194515/05/1945SENTENCIA_-- Seleccione --_null_null___1945_15/05/1945300307351945COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS SECCIONALES DE TITULOS PROFESIONALES - No puede ser asignada sino por el legislador
Sentencias de NulidadCarlos Rivadeneira G.Ministerio de Educación NacionalSaúl Zarrate Rengifo15/05/1945inciso 2° del artículo 18 del Decreto ejecutivo número 2736 de 3 de noviembre de 1936Identificadores10030114408true1206675original30112703Identificadores

Fecha Providencia

15/05/1945

Fecha de notificación

15/05/1945

Sala:  -- Seleccione --

Sección:  null

Subsección:  null

Consejero ponente:  Carlos Rivadeneira G.

Norma demandada:  inciso 2° del artículo 18 del Decreto ejecutivo número 2736 de 3 de noviembre de 1936

Demandante:  Saúl Zarrate Rengifo

Demandado:  Ministerio de Educación Nacional


COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS SECCIONALES DE TITULOS PROFESIONALES - No puede ser asignada sino por el legislador

CONSEJO DE ESTADO

Consejero ponente:CARLOS RIVADENEIRA G

Bogotá, mayo quince (15) de mil novecientos cuarenta y cinco (1945)

Radicación número:

Actor:

Demandado:

Ante la Corte Suprema de Justicia ocurrió el doctor Saúl Zarrate Rengifo, solicitando, por escrito de 7 de junio de 1940, la declaración de que es inexequible, "por extralimitación de la potestad reglamentaria..., el inciso 2° del artículo 18 del Decreto ejecutivo número 2736 de 3 de noviembre de 1936", concebido, junto con el inciso 1° no demandado, así:

"Artículo 18. Las decisiones de las Juntas Seccionales de Títulos Profesionales pueden ser apeladas dentro del término de tres días, después de su notificación, ante la respectiva Junta Central, en última instancia.

"Las que profirieren las Juntas Centrales lo serán ante el Mi­nisterio de Educación Nacional. Cuando las resoluciones de estas Juntas sean suscritas por el Ministro, como Presidente de ellas, pueden ser acusadas ante el Consejo de Estado, de acuerdo con las normas generales indicadas en la Ley 130 de 1913...."

Como hechos fundamentales de esta solicitud alega el actor:

"a) El Poder Legislativo expidió en 1935 la Ley 67;

"b) El Poder Ejecutivo, con el objeto de reglamentar la men­cionada Ley, expidió el Decreto aludido, en lo referente al ejercicio de la medicina;

"c) El inciso 2° del artículo 18 del Decreto en referencia con­sagra el recurso de acusación para ante el honorable Consejo de Estado, de las decisiones proferidas por las Juntas Centrales de Títulos Profesionales, cuando sean suscritas por el Ministro de Educación Nacional, como Presidente de ellas. Esto es, con­sagra un recurso en el procedimiento, para cuyo conocimiento le impone atribuciones, determinándole competencia, al Con­sejo de Estado;

"d) El honorable Consejo de Estado es una entidad creada por la Constitución Nacional. (Título XIII, Constitución Nacional);

"e) Al honorable Consejo de Estado, como entidad constitu­cional que es, solamente le puede imponer atribuciones, y en consecuencia, fijar competencia, el Congreso Nacional (Ley 130 y las que la adicionan y reforman); y

"f) El Poder Ejecutivo solamente tiene la potestad reglamen­taria para proveer al necesario cumplimiento y ejecución de las leyes (artículo 115, numeral 3° Constitución Nacional)."

Esta es la demanda sometida hoy a la decisión del Consejo, por ha­ber declarado la Corte, en providencia de seis de abril último, con base en el artículo 53 del Acto legislativo número 1 de 1945, que el negocio es hoy de la competencia de esta entidad, a cuyo estudio llegó el día dos del mes en curso.

Dicho lo anterior con el objeto de dejar determinado el fundamento del litigio, así como también con el de dejar claramente establecido que la considerable demora que en su decisión se observa, y que va del 21 de septiembre de 1940, fecha en que el expediente pasó al despacho del sustanciador para fallo, al seis de abril último, día en que la Corte se declaró incompetente, por cambio de la legislación, para seguir co­nociendo de él, no es imputable al Consejo, se procede, ya que la tra­mitación está agotada, a resolverlo en el fondo, y para ello se adelantan las siguientes consideraciones:

El Decreto a que pertenece el artículo acusado es simplemente regla­mentario según se deduce del contexto mismo de sus disposiciones y de su preámbulo, que es de este tenor:

"....por el cual se reglamenta la Ley 67 de 1935 en lo refe­rente al ejercicio de la medicina, y se indica el procedimiento que debe seguirse en los asuntos relacionados con el ejercicio ilegal de la misma profesión...."

Por medio de decretos de esta naturaleza, o sea simplemente regla­mentarios, no puede el Orégano Ejecutivo dar a las autoridades contencioso-administrativas atribuciones jurisdiccionales, tanto por habilitarlo tal facultad tan sólo para llenar vacíos que faciliten la cumplida ejecu­ción de las leyes, como por estar esa autorización reservada por el cons­tituyente al Órgano Legislativo.

Al respecto esta misma corporación, en sentencia de 14 de septiem­bre de 1939, dijo lo siguiente, que es bastante para evidenciar el cargo que el demandante formula, y, por ende, para declarar inexequible la última parte del referido inciso 2°, que es la afectada por él:

"Mas el Consejo observa que no tratándose propiamente de una resolución ministerial que haya puesto fin a una actua­ción administrativa, esta corporación no es competente para decidir del negocio, pues aunque es verdad que el mencionado inciso 2° del artículo 18 del Decreto 2736 dice que las provi­dencias de la Junta Central de Títulos Médicos pueden ser re­visadas por el Consejo de Estado, esta corporación ha sosteni­do que sólo la ley puede darle competencia para conocer de un juicio, pero no un simple decreto ejecutivo.

"Así lo dejó sentado el Consejo en sentencias de 7 de mayo de 1937 y 17 de agosto del mismo año, sin que se vea razón alguna que determine a cambiar esta jurisprudencia.

"En dichos fallos, invocados por el señor Fiscal, se dijo lo si­guiente:

'Díjose en la providencia que reclama el señor apoderado de Antonio Artuz, y que está fechada el 12 del pasado febrero, que no se admite ni se da curso a la demanda contra dos resolucio­nes sucesivas de la Junta Central de Títulos Odontológicos porque el Consejo carece de jurisdicción para revisar tales actos. .

'El señor apoderado opone a esta tesis el artículo 18 del De­creto 2736 de 1936, que reglamenta la Ley 67 de 1935 en lo re­ferente al ejercicio ilegal de tal profesión, artículo que a la letra enseña: "…..Cuando las resoluciones de esta Junta (la Central) sean suscritas por el Ministro como Presidente de ella, pueden ser acusadas ante el Consejo de Estado de acuerda con las normas generales de la Ley 130 de 1913."

'Este nuevo aspecto de la cuestión sugiere varias observacio­nes: como preliminar, la de que hay diferencia jurídica, de es­pecie a especie, entre la resolución de una Junta de la cual for­ma parte un Ministro dado, Junta técnica para determinado servicio, y el acto creador de situaciones concretas que elabora y firma el Ministro, solamente en su calidad de tal y como ór­gano individual del Estado y bajo su personal responsabilidad.

'La revisión de los actos del Gobierno o de los Ministros, que no sean de la clase de los sometidos a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia corresponde al Consejo de Estado (artículo 78, Ley 130 de 1913). Y no es ni acto del Gobierno (artículo 79 de la Constitución Nacional), ni del Ministro (artículo 75 del Código Político y Municipal), el que se ha traído en copia como cabeza de este proceso; es el producto de una deliberación de un órgano corporativo, técnico, que se denomina Junta Central de Títulos Odontológicos, entidad creada en ley preexistente, que forma un organismo distinto al que representa el Ministro, relacionado en la forma legal transcrita.

'La jurisdicción, se ha dicho en varias ocasiones por este Con­sejo y por la Corte Suprema, como facultad de administrar jus­ticia, como competencia, sólo deriva o puede derivar de la ley. El Poder Ejecutivo no puede dar atribuciones al Consejo de Es­tado, no puede reducirle tampoco el campo de acción que la Constitución y la ley le han señalado. Es la ley, por delegación constitucional, la única que puede establecer y reglamentar la jurisdicción contencioso-administrativa, que por su índole muy singular debe mantener bien definida e independiente del po­der constituido la zona de sus actividades. Es verdad que el artículo 1° de la Ley 130 de 1913 declara que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo "tiene por objeto la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público, de los ciudadanos en general o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los límites señalados por la presente ley." Pero esta simple declaración de la ley no es una autorización general de jurisdicción, pues es claro que ésta solamente existe en los casos definidos por la ley especial, desde que la juris­dicción no se adquiere por deducción ni por analogía. Es por esto por lo que la última parte de la disposición citada deter­mina que la jurisdicción se ejerce en los casos y dentro de los límites que señala la ley'." Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

de­clara nulo el inciso 2° del artículo 18 del Decreto número 2736 de 1936, en su última parte, o sea en la que dice:

"....Cuando las resoluciones de estas Juntas sean suscritas por el Ministro, como Presidente de ellas, pueden ser acusadas ante el Consejo de Estado, de acuerdo con las normas generales indicadas en la Ley 130 de 1913."

Copíese, notifíquese y archívese.

ANIBAL BADEL, GABRIEL CARREÑO MALLARINO, JORGE LAMUS GIRON, CARLOS RIVADENEIRA G., GONZALO GAITAN, TULIO ENRIQUE TASCON, GUILLERMO HER­NANDEZ RODRIGUEZ. —LUIS E. GARCIA V., SECRETARIO