SENTENCIA de 1931

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Sentencias de NulidadSOCIEDAD AGRICOLA Y DE INMIGRACION Y FRANCISCO DE VILLA 09/03/1931Decreto ejecutivo n�mero 499 de 13 de marzo de 1926Identificadores10030114290true1206537original30112587Identificadores

ADJUDICACION DE BALDIOS A CAMBIO DE TITULOS DE CONCESI�N - No puede ser objeto de facultad reglamentaria

Referencia: Sentencia en donde se declara nulo el Decreto ejecutivo n�mero 499 de 13 de marzo de 1926 originario del Ministerio de Industrias, por el cual se provee al cum�plimiento de la Ley 63 de 1872, sobre cesi�n de bald�os al Estado Soberano de Antioquia.

Vistos: Con fecha 18 de junio de 1926 los doctores Pe�dro M. Carre�o y Rafael Trujillo G�mez, como apoderados el primero de la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n, reconsti�tuida por escritura p�blica n�mero 319 de 24 de marzo de 1899, Notar�a 1� del Circuito de Medell�n, y el segundo de don Francisco de Villa en su propio nombre y en su calidad de socio vicepresidente liquidador de la antigua Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n, constituida por escritura de la misma Notar�a, n�mero 478 de 7 de agosto de 1878, deman�daron 3a nulidad del Decreto ejecutivo n�mero 499 de 13 de marzo de 1926, originario del Ministerio de Industrias, por el cual se provee al cumplimiento d�la Ley 63 de 1872, expresando la demanda que la acci�n se establece en uso del derecho que consagra el art�culo 78 de la Ley 130 de 1913, para que dicho Decreto se declare inexequible en to�dos sus art�culos, por inconstitucional, ilegal y lesivo de de�rechos civiles de las personas que los mencionados apoderados representan.

En uso de las facultades que le confiere el art�culo 120 de la Constituci�n, y

1� Que la Ley 63 de 1872 autoriz� la cesi�n de doscien�tas mil hect�reas de tierras bald�as al Estado Soberano de Antioquia para el fomento de la inmigraci�n.

2� Que con el prop�sito de hacer efectiva la cesi�n, el Gobierno General expidi� a favor de dicho Estado los bonos o t�tulos correspondientes, con fecha 3 de junio de 1873.

3� Que habiendo sido aceptados y recibidos los bonos por el extinguido Estado, aquella entidad ech� sobre s� la obli�gaci�n exigida por la Ley 63 de fomentar la inmigraci�n.

4� Que los bonos o t�tulos fueron expedidos nominativa�mente, expres�ndose que s�lo eran amortizables en adjudica�ciones a favor del Gobierno del Estado; y

5� Que hasta hoy ni el antiguo Estado ni el actual De�partamento de Antioquia han solicitado la correspondiente adjudicaci�n de los bald�os y tampoco realizado la inmigra�ci�n prevista en la Ley,

Art�culo 1� El Departamento de Antioquia, por medio del Gobernador, deber� proceder, dentro del t�rmino de un ano, a solicitar la adjudicaci�n de las tierras bald�as de que se trata, mediante la amortizaci�n de todos los bonos expe�didos a su favor por el Gobierno General el 3 de junio de 1873.

Art�culo 2� Con las solicitudes de adjudicaci�n debe' rao acompa�arse los planos de los lotes que sean elegidos, de acuerdo con los art�culos 55 y 96 del C�digo Fiscal.

Art�culo 3� Expirado el t�rmino indicado en el art�culo 1� de este Decreto, quedar�n sin valor los bonos o remanen�te de bonos expedidos a favor del Estado de Antioquia el 3 de junio de 1873.

Art�culo 4� El Departamento de Antioquia quedar� obligado a destinar, con el objeto exclusivo de transmitir su dominio a ios inmigrantes, la mitad, por lo menos, de las tierras que se le adjudiquen. Del resto podr� disponer con libertad, pero s�lo para fines Ordenados a la inmigraci�n.

Art�culo 5� Al elaborar los p�anos y al verificar las ad�judicaciones de que se trata, deber�n respetarse los derechos de terceros, especialmente los de los cultivadores, ocupantes o colonos establecidos en las regiones que comprendan a los bald�os solicitados.

Primero. La Naci�n, due�a de las tierras bald�as, cedi� al Estado Soberano de Antioquia, conforme a la Ley 63 de 1872, doscientas mil hect�reas de tierras en territorio antioque�o para el fomento de ta inmigraci�n donde el Presidente del Estado o la legislatura del mismo lo determinase.

Segundo. Dos a�os despu�s de la cesi�n de esas doscientas mil hect�reas de tierras bald�as para el fomento de la inmigraci�n, por el inciso 3� del art�culo 1� de la Ley 18 de 1874 se reconoci� al Estado Soberano de Antioquia el dere�cho de tomar parte de esas tierras a ambos lados de la zona del ferrocarril de Antioquia en lotes alternados de diez mil hect�reas con otros lotes de bald�os que por el mismo inciso 3� del art�culo 1� de la citada Ley 18 de 1874 se le cedieron tambi�n al referido Estado para auxiliar y facilitar la cons�trucci�n y explotaci�n de la v�a f�rrea.

Tercero. La Legislatura del Estado Soberano de Antio�quia, a quien correspond�a la facultad de disponer la enajena�ci�n o aplicaci�n a usos p�blicos de los bienes que fueran propiedad p�blica del Estado, seg�n el inciso 4� del art�culo 24 de la Constituci�n del Estado Soberano de Antioquia de 1864, expidi� la Ley XXXVI de 1877, "por la cual se fomenta una Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n a quien pod�an cederse en propiedad cien mil hect�reas de bald�os cedidos al Estado por la Ley 63 de 1872 para el fomento de la inmigra�ci�n, y le cedi� igualmente" todos los derechos y acciones de dicho Estado que le correspondieran de conformidad con la Ley nacional 63 de 1872 y con el inciso 3� del art�culo 1� de la Ley nacional 18 de 1874.

Cuarto. Al se�or Francisco Javier Cisneros le adjudic� el Estado de Antioquia, en propiedad, en remate p�blico, el 4 de marzo de 1878 esas cien mil hect�reas cedidas por la re�petida Ley 63 de 1872, para el fomento de la inmigraci�n, con la obligaci�n de formar una sociedad que fomentara la agricultura y la inmigraci�n.

Quinto. Por la escritura p�blica n�mero 478, de 7 de agosto de 1878, otorgada en la Notar�a 1� de Medell�n, se constituy� la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n, con el objeto principal que indica su nombre, y en ella aport� en propiedad el se�or Cisneros, como socio, las cien mil hect�reas de bald�os que adquiri� del Estado en licitaci�n p�blica, con el derecho de tomarlas en lotes alternados, a ambos lados del camino de hierro, conforme al inciso 3� del art�culo 1� de la Ley nacional de 1874.

Sexto. Por haber surgido diferencias �ntrelos socios de esta Sociedad y siendo objeto del litigio la liquidaci�n de la Sociedad, se convino en poner t�rmino a todas las diferencias por medio de una transacci�n que consta en la escritura p�blica n�mero 692 de fecha 24 de marzo de 1899, Notar�a 2� de Medell�n, y en ella se estipul� la reconstituci�n de dicha Sociedad la cual se hizo por medio de la escritura p�blica n�mero 319 de fecha 24 de marzo de 1899. Notar�a 1� del Circuito de Medell�n, y cuyo objeto es el mismo se�alado en la escritura p�blica n�mero 478 de 7 de agosto de 1878, Notar�a 1� de Medell�n, y en la cual el Departamento de Antioquia in�gres� como cesionario de los derechos del se�or Cisneros en la primitiva Sociedad.

S�ptimo. Siendo evidente que la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n representa hoy al Departamento de Antioquia en los derechos cedidos al extinguido Estado del mismo nom�bre y tiene en su haber la propiedad sobre cien mil hect�reas de bald�os que adquiri� del Estado en licitaci�n p�blica, con el derecho de tomarlas en lotes alternados del camino de hie�rro, conforme al inciso 3� del art�culo 1� de la Ley nacional 18 de 1874. la Sociedad ha usado de esos derechos pidiendo la entrega de las expresadas cien mil hect�reas de tierras bal�d�as en la forma expresa y terminante que prescribe el ar�t�culo 1� de la Ley 18 de 1874, y con el derecho consagrado en la Ley 63 de 1872.

Octavo. Pedida por la Sociedad la adjudicaci�n y en�trega de tales bald�os, el Gobierno debi� disponer la inmediata entrega, como lo previno imperativamente el art�culo 2� de la Ley nacional 63 de 1872; y el Poder Ejecutivo se ha negado con insistencia a cumplir ese mandato del legislador, poniendo a la Sociedad en la Incapacidad de aplicarlas al fo�mento de la inmigraci�n.

Noveno. El nombre de la Sociedad Agr�cola y de Inmi�graci�n y sus estatutos (escritura p�blica n�mero 319, otor�gada ante el Notario del Circuito de Medell�n el 24 de marzo de 1899) dicen claramente que uno de los objetos principales de la Sociedad es el fomento de la inmigraci�n.

D�cimo. La Sociedad para fomentar la inmigraci�n en Antioquia introdujo al Departamento inmigrantes extranje�ros y colonos de otros Departamentos, fund� valiosas fincas de agricultura, pastales para ganado y abri� caminos a tra�v�s de las selvas v�rgenes, pero no ha podido continuar su labor, ni conservar siquiera lo hecho, por la negativa del Go�bierno a hacer la adjudicaci�n y la entrega de los bald�os que corresponde a la Sociedad, en propiedad, con justo t�tulo, con arreglo a las leyes civiles.

Und�cimo. Al reglamentar el Gobierno Nacional la Ley 63 de 1872 por medio del Decreto acusado, ha estableci�do condiciones para la existencia del derecho conferido por la Ley precitada; ha calificado de autorizaci�n la cesi�n perpe�tua e irrevocable que consagra la Ley referida para descono�cer los derechos leg�tima mente adquiridos por terceros, y ha fijado un t�rmino perentorio y extintivo de un a�o para la validez de obligaciones legalmente contra�das por el Estado en la emisi�n de los t�tulos o bonos referidos, interpretando err�neamente el esp�ritu y la letra de la Ley 63 de 1872, que cedi� tierras y no t�tulos o bonos de concesi�n; ha fijado nuevas condiciones para la distribuci�n y aplicaci�n d� las tierras cedidas por dicha Ley y que hoy pertenecen ya a terce�ros adquirentes, como lo son nuestros poderdantes; ha esta�blecido la instransmisibilidad de los bonos o t�tulos susodi�chos al tenor de lo dicho en el considerando 4.� del Decreto, limitando �nicamente al Departamento de Antioquia la fa�cultad de solicitar con dichos bonos o t�tulos la adjudicaci�n de tierras; ha impuesto al Departamento de Antioquia o a quien sus derechos represente en relaci�n con esta adjudi�caci�n de bonos, la obligaci�n perentoria de solicitar dentro del t�rmino de un a�o la adjudicaci�n de las tierras represen�tadas en los t�tulos o bonos, sin que haya mandato alguno legal que autorice para imponer a un beneficiario de bonos o t�tulos esta obligaci�n, ya que el ejercicio de un leg�timo dere�cho civil no puede quedar sometido a los mandatos u �rdenes de autoridad alguna cuando en este ejercicio no est� afectado el orden p�blico y cuando s�lo mira al inter�s privado del titular del derecho.

Como disposiciones violadas por el Decreto acusado, se citan las siguientes: art�culos 31, Inciso 1�, 32, inciso 1�,49, 57 y 120, inciso 2.�, de la Constituci�n; las Leyes 63 de 1872' y 18 de 1874; la .Ley XXXVI del Estado Soberano de Antio�quia en su art�culo 8�, art�culos 5� (inciso 1.�, numeral 1.�) de la Ley 57 de 1887; 12, 38 y 322 de la Ley 153 de 1887; 25, 28 y 669 del C�digo Civil, y 15 de la Ley 72 de 1890. Y se consi�dera el acto acusado violatorio adem�s de todas las disposiciones del C�digo Civil y sus concordantes que reconocen el dominio, uso y goce de los derechos civiles y la fuerza de las enajenaciones, remates p�blicos o cualquiera otra forma de estas; y d�las disposiciones sustantivas que reconocen la va�lidez y fuerza de los contratos celebrados con arreglo a, las leyes.

Ordenada la suspensi�n provisional del Decreto y surtida la tramitaci�n legal correspondiente, con fecha 20 de junio del a�o �ltimo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo, en ejercicio de la facultad que confiere el art�culo 33 de la Ley 169 de 1896, en relaci�n con el 104 de la 130 de 1913, dict� un auto para mejor proveer, consistente en orde�nar la tra�da de algunos documentos al proceso, y como ellos llegaron en oportunidad, es el momento de fallar en definitiva, a lo que se precede con base en las consideraciones que siguen:

Primeramente precisa establecer que la demanda no es atendible por el Consejo en cuanto all� se pide la nulidad del Decreto ejecutivo materia del juicio en concepto de violaci�n directa de determinados preceptos de la Constituci�n; pues como bien se sabe, al tenor de los art�culos 41 del Acto legis�lativo n�mero 3 de 1910, 78 de la Ley 130 de 1913 y 2.� de la 56 de 1914, relacionados entre s�, corresponde a la Corte Su�prema de Justicia decidir sobre la constitucionalidad de los decretos del Gobierno. Luego el an�lisis del Decreto n�mero 499 de 1926 que puede hacerse en el presente fallo, habr� de referirse a su conformidad o disconformidad con la ley y a cuanto signifique lesi�n de derechos civiles de la parte de�mandarte, lo que no quiere decir que en caso de encontrarse inexequibilidades de esta clase, el acto acusado deje de violar, por repercusi�n consecuencial en el orden jur�dico, principios de los consignados en la Constituci�n Nacional, pero cuya declaratoria no toca al Consejo de Estado.

De las leyes que se han dictado sobre el asunto en cues�ti�n y de los documentos que figuran en el juicio, resultan acreditados los hechos que pasan a expresarse:

a) Que por la Ley 63 de 12 de junio de 1872, el Estado de Antioquia adquiri� de la Naci�n una extensi�n de terrenos bald�os, as�:

Art�culo 1.� C�dense al Estado de Antioquia doscien�tas mil hect�reas de tierras bald�as para el fomento de la in migraci�n.

Art�culo 2.� En consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional dispondr� la inmediata entrega, al Presidente del Estado Soberano de Antioquia, de las citadas tierras, tom�ndolas de las del territorio antioque�o donde dicho Presi�dente las solicitare, para destinarlas al fomento de la inmigraci�n, de la manera que lo estime conveniente a los intereses del Estado. La facultad que se concede al Presidente de An�tioquia, cesa inmediatamente que se re�na la Legislatura, la cual determinar� la distribuci�n, para el fin indicado, del resto de las tierras de que a�n no hubiere dispuesto el Jefe del referido Estado.

Art�culo 3� Los gastos que ocasione la mensura de las tierras cedidas por el art�culo primero, y los dem�s que sean necesarios para llevar a efecto la cesi�n, ser�n de cargo del Gobierno del Estado.

b) Que el Estado Soberano ele Antioquia expidi� la Ley XXXVI de 4 de diciembre de 1877, en la cual dispuso la cesi�n, para fomento de la inmigraci�n, de 100,000 hect�reas de aquellas tierras bald�as, en los siguientes t�rminos:

Art�culo 1� C�dense en favor del individuo o compa��a que lo solicite cien rail hect�reas de, tierras bald�as, represen�tadas en bonos territoriales de los que posee el Estado, en los t�rminos y bajo las condiciones de la presente Ley.

Art�culo 2� La adjudicaci�n se har� en licitaci�n p�bli�ca, dentro de los noventa d�as siguientes a la sanci�n de esta Ley, en la fecha que de el Poder Ejecutivo del Estado.

Art�culo 3� Esta Ley se publicar� en todos los Distri�tos del Estado, con la invitaci�n del caso, y con veinte d�as de anticipaci�n al fijado para la licitaci�n y consiguientes re�mate y adjudicaci�n.

Art�culo 4� Las propuestas se har�n en pliego cerrado y sellado, y se abrir�n por el Consej� del Estado, � las doce del d�a se�alado para el remate.

La adjudicaci�n se har� en la misma sesi�n a la persona o compa��a que haya presentado la propuesta que ofrezca mayores ventajas para el Estado.

Art�culo 5� El cesionario pagar� al Estado las cien mil hect�reas expresadas, consignando para ello en la Administraci�n General del Tesoro la suma respectiva en billetes de la deuda p�blica del Estado, computados al precio que estime conveniente el Consejo del Estado, o en dinero, que se desti�nar� a la amortizaci�n de �stos, de conformidad con el par�grafo del art�culo segundo de la Ley 300 de 1875, adicional a las de cr�dito p�blico.

1� A consignar dentro de sesenta d�as, contados de la fecha del rem�tenla suma de pesos ofrecida en su propuesta y en las especies referidas.

2� A formar una sociedad an�nima, agr�cola y de inmigraci�n, cuyo capital suscrito no baje de cien rail pesos, sin incluir en �ste el valor de las tierras que obtenga, el que deber� suscribirse dentro del t�rmino de ciento ochenta d�as, contados desde la fecha del remate, y a constituir dentro de este mismo t�rmino la expresada sociedad, elevando sus estatutos a escritura p�blica.

3� A dar principio a los trabajos agr�colas de la socie�dad expresada, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la escritura de la constituci�n e incorporaci�n legal de ella.

4� A otorgar una fianza a satisfacci�n del Poder Eje�cutivo del Estado, para garantizar la devoluci�n al Tesoro, de los bonos b t�tulos que le hayan sido endosados y cedidos a virtud de esta Ley, en caso de que no diere cumplimiento a lo preceptuado en los incisos anteriores.

Art�culo 7� El Administrador General del Tesoro man�tendr� en dep�sito los valores que consigne en su oficina el cesionario, de acuerdo con el art�culo 59 y el inciso 1� del ar�t�culo 6�, para devolverlos al interesado en el caso del inciso 4.� del citado art�culo 6�, o para cancelare incinerar al fin de dicho t�rmino los billetes; o destinar el dinero a la amortizaci�n de �stos, si el cesionario hubiere cumplido con las estipu�laciones contenidas en los incisos 2� y 3� del art�culo 6�.

Art�culo 8o El Administrador General del Tesoro endo sar� al cesionario los t�tulos de bald�os en referencia, expre�sando ru� el Estado transmite en propiedad dichos t�tulos al cesionario, y que le cede desde esa fecha todos los derechos y acciones a que por ellos tiene derecho, de conformidad con la Ley nacional 63 de 12 de junio de 1872, y con el inciso 3� del articulo 1� de la Ley nacional 18, de 4 de mayo de 1874.

Art�culo 9� Decl�ranse libres de derechos de consumo, por el t�rmino de cuatro a�os, todas las m�quinas e instru�mentos agr�colas y de miner�a, y los materiales y �tiles de construcci�n que introduzca la sociedad cuyo establecimiento se fomenta por la presente Ley, siempre que dichos objetos sean exclusivamente dedicados a los trabajos de la misma so�ciedad, en zonas de sus propiedades territoriales.

Art�culo 10. Ex�mese a la sociedad de que se trata del pago de derechos de registro para el otorgamiento de la es�critura de asociaci�n y estatutos de ella, y para el de la escritura a su favor de las tierras que obtenga.

Art�culo 11. Autor�zase al Poder Ejecutivo para con�tratar con el Consejo Directivo de la Sociedad citada, el esta�blecimiento de inmigrantes; pudiendo ceder a t�tulo de remuneraci�n a dicha Sociedad el resto de los t�tulos de bal�d�os que posea el Estado, para dar as� cumplimiento por su parte a la Ley nacional 63 de 12 de junio de 1872.

Art�culo 12. Autor�zase igualmente al Poder Ejecutivo para tomar acciones en la Sociedad mencionada por cuenta del Estado y por valor de diez mil pesos.

Esta suma se pagar� en cuatro a�os, por mensualida�des vencidas, a contar del d�a en que aqu�lla se constituya por escritura p�blica, aunque los dem�s accionistas paguen sus acciones en distintos t�rminos.

En los Presupuestos de gastos de los bienios respecti�vos se incluir� la cantidad necesaria para el pago de dichas acciones, como cr�dito abierto al Poder Ejecutivo para que pueda suscribirlas, si lo tiene a bien.

c) Que por escritura n�mero 334, de 8 de junio de 1878, Notar�a 1� de Medell�n, el se�or Francisco J. Cisneros adqui�ri� del Estado de Antioquia las 100,000 hect�reas de bald�os a que se refiere la Ley que acaba de transcribirse, de cuya es�critura se copia lo pertinente, as�:

En consecuencia el expresado Administrador General del Tesoro dijo: que por cuanto est�n cumplidas por el se�or Francisco J. Cisneros las obligaciones detalladas por los incisos 1� y 4� del art�culo 6� de la Ley XXXVI, de 4 de diciembre de 1877, expedida por la Asamblea Legislativa del Estado, por la cual se fomenta una sociedad agr�cola y de. inmigraci�n� registro oficial n�mero 42,�cumpliendo con lo ordenado por el Poder Ejecutivo en su Resoluci�n de fecha 20 de abril de 1878 que queda inserta, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 8.� de la Ley XXXVI ya citada, otorga: que a nombre del Es�tado Soberano de Antioquia cede, endosa y traspasa al ya mencionado se�or Francisco X Cisneros, natural de la isla de Cuba y ciudadano de los Estados Unidos de Norte Am�rica, los veinte t�tulos de tierras bald�as, n�meros veinte a treinta y nueve, de a cinco mil hect�reas (sic) cada uno, expedidos por el Gobierno Nacional a favor del Estado Soberano de Antio�quia con fecha tres de junio de mil ochocientos setenta y tres, cediendo y traspasando, como cede y traspasa tambi�n al dicho se�or Cisneros, todos los (sic) derechos que al Estado corres�ponden sobre las tierras bald�as a que se refiere la Ley nacio�nal 63 de 12 de junio de 1872, y los que le fueron reservados al Estado y a �ste corresponden,' seg�n lo dispuesto por el inciso 3� del art�culo 1� de la Ley nacional 18, de 4 de mayo de 1874.

No se pagan derechos de registro porque el Fisco est� exento de esa obligaci�n.

En este estado, se advierte: que ha entregado los t�tu�los al se�or Juan de S. Mart�nez, como recomendado del se��or Cisneros, que firma�L�zaro F. Lince�Juan de S. Mar�t�nez�Alejandro Botero U�Juan P. del Corral�Juan B. Zea, Notario 1�

d) Que por instrumento n�mero 478, otorgado el 7 de agosto de 1878 en la Notar�a del Circuito de Medell�n, los se�ores Francisco Javier Cisneros, Francisco de Villa y Jorge Bravo, fundaron, con arreglo a la Ley 36 de 1877, la Sociedad
Agr�cola y de Inmigraci�n, entre cuyos objetos se cuentan el de adquirir en propiedad las cien mil hect�reas de tierras bald�as de que trata la Ley 36 citada, hasta obtener, previas las formalidades legales, la posesi�n judicial o legal de ellas, y promover la inmigraci�n extranjera del pa�s en los terrenos de su pertenencia. Sobre capital social y acciones, la escritura reza as�:

Art�culo 2.� El capital de la Sociedad es limitado y se compone: 1.�, de doscientas mil hect�reas de tierras en t�tulos de bald�os; y 2� de cien mil pesos en dinero.

Art�culo 3� Div�dese el capital social en seiscientas mil acciones, que pertenecen a los actuales socios, en esta forma: a Francisco Javier Cisneros, doscientas mil acciones; a Fran�cisco de Villa, trescientas mil acciones, y a Jorge Bravo, cien mil acciones.

Como un par�ntesis aclarativo conviene fijar que este fallo hace referencia �nicamente a los bald�os que fueron ce�didos al Estado de Antioquia por la Ley 63 de 1872, y parte de los cuales vinieron al patrimonio de la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n en fuerza de la adjudicaci�n al se�or Cisneros y del aporte de �ste a la Sociedad, seg�n se ve de la relaci�n de documentos de que acaba de hablarse. Porque si en algunas de estas piezas figuran igualmente 100,000 hect�reas cedidas a Antioquia por la Naci�n de conformidad con la Ley 18 de 1874 para auxiliar y facilitar la construcci�n y explota�ci�n de la v�a f�rrea que pusiera en comunicaci�n el interior d� dicho Estado con el r�o Magdalena, tierras de que tara bien se hizo due�o el se�or Cisneros en su calidad de contra�tista de ese ferrocarril y que aport� a la Sociedad Agr�cola, de tales bald�os no procede tratar en la presente ocasi�n, porque ellos no se hallan comprendidos en el Decreto 499 de 1926, materia del juicio.

Ahora bien: por este Decreto, que fue copiado arriba, el Poder Ejecutivo dice proveer, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 120 de la Constituci�n, al cumpli�miento de la Ley 63 de 1872, o sea aquella por la cual la Na�ci�n cedi� al Estado Soberano de Antioquia 200,000 hect�reas de tierras bald�as para el fomento de la inmigraci�n. Y refiri�ndose a los bonos o t�tulos que para hacer efectiva esa cesi�n expidi� el Gobierno Nacional a favor del Estado de Antioquia con fecha 3 de junio de 1873, fuera de algunos preceptos que se relacionan �nicamente con el procedimiento general se�alado en el C�digo Fiscal en punto a titulaci�n de bald�os, dispone (art�culo 1�) que el Departamento de Antioquia, por conducto del Gobernador, deber� proceder, dentro del t�rmino de un a�o y mediante la amortizaci�n de todos los bonos de que se ha hecho m�rito, a solicitar la ad�judicaci�n de los respectivos bald�os, agregando (art�culo 3�), que expirado ese t�rmino quedar�n sin valor tales bonos o su remanente.

Por de contado que la decisi�n que profiera el Consejo sobre la legalidad o ilegalidad del Decreto en referencia, no implica, ni implicar podr�a, declaraci�n alguna respecto a la propiedad que la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n tenga sobre los bonos o t�tulos de bald�os de 3 de junio de 1873 que del Estado Soberano de Antioquia adquiri� el se�or Cisneros en el traspaso que se le hizo en 1878 y que esa sociedad considera como suyos en fuerza de la escritura por la cual ella se constituy� en agosto del mismo a�o, ya que declaraciones de esa clase son del exclusivo resorte de la justicia ordinaria a su tiempo y en su caso. Pero en el juicio administrativo que se comtempla, bastan los elementos que obran en autos y que indudablemente muestran una vinculaci�n entre la Sociedad Agr�cola y los bald�os de la Ley 63 de 1872, para que en el supuesto de que exista en el Decreto acusado cualquier ilega�lidad o lesi�n de derechos relativamente a los bonos represen�tativos de esos bald�os, pueda conced�rsele a la nombrada Sociedad personer�a en la acci�n que establece de nulidad del Decreto.

Si, pues, conforme al art�culo 322 de la Ley 153 de 1887, los derechos adquiridos con arreglo a la abolida legislaci�n de los extinguidos Estados subsistir�n seg�n las reglas esta�blecidas en la. parte primera de esta Ley, y por el art�culo 28 ib�dem, todo derecho real adquirido bajo una ley y en con�formidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinci�n, prevalecer�n las disposiciones de la nueva, ley, los derechos que sobre las tierras bald�as de la Ley 63 de 1872 o bonos de 1873, que al tenor d�la Ley del Estado Soberano de Antioquia n�mero XXXVI de 1877 adquiri� en 1878 el se�or Cisneros y que la Sociedad Agr�cola y de Inmigraci�n cuenta en su patrimonio, subsist�an bajo la legislaci�n imperante el 13 de marzo de 1926, fecha del Decreto n�mero 499, y el ejercicio de esos derechos, verbigracia, lo relativo a la adjudicaci�n a cam�bio de los t�tulos o bonos, hab�a de regirse por las disposicio�nes legales entonces vigentes, o sea el C�digo Fiscal de 1912.

Y como en este C�digo se prescriben las leyes concer�nientes a las adjudicaciones de bald�os a cambio de t�tulos de concesi�n, sin que figure ninguna que autorice al Gobierno para fijar, en uso de la potestad reglamentaria del art�culo 120 de la Constituci�n, tiempo dentro del cual deban solici�tarse tales adjudicaciones, ni mucho menos se le otorga fa�cultad para decidir de la validez de aquellos t�tulos fuera del tiempo que se�ale el Decreto n�mero 499 de 1926, materia de la acusaci�n, que seg�n se vio fija un a�o para que se solicite la adjudicaci�n de los bald�os de que se viene hablando, por amortizaci�n de los bonos de 1873, con el item de la caduci�dad de Sos bonos pasado ese t�rmino, es manifiestamente ile�gal, por violaci�n de las Leyes 63 de 1872 y XXXVI de 1877 (Estado Soberano de Antioquia), y de los art�culos 28 y 322 de la Ley 153 de 1887, relacionados con el T�tulo II, Libro 1� del C�digo Fiscal, y lesivo de derechos civiles de los demandantes, debiendo declar�rsela nulidad de dicho Decreto en su totalidad, ya que sus disposiciones forman un solo cuerpo por la correspondencia d�las unas con las otras.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, o�do el concepto del se�or Fiscal y administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de ley, declara nulo en todos sus art�culos el Decreto ejecutivo n�mero 499 de 13 de marzo de 1926, originario del Ministerio de Industrias.

Fecha Providencia	09/03/1931
Fecha de notificaci�n	09/03/1931