100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030609SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-25-000-2012-00109-00(0466-12)201323/05/2013SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-25-000-2012-00109-00(0466-12)__2013_23/05/2013300306072013PRIMA SEMESTRAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL CONGRESO – Principio de jerarquía normativa no vulnera el derecho de igualdad sólo protege derechos adquiridos Es claro para la Sala que en momento alguno se vulneró el principio de jerarquía normativa con el contenido de los artículos demandados, toda vez que el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992 facultó al ejecutivo para dictar las normas que fijaran los salarios y prestaciones de los empleados del Congreso, entre otros y, al ser una nueva planta de personal la que se conformó a través de la Ley 5ª de 1992, ésta debía sujetarse a las previsiones que el Gobierno Nacional expidiera en desarrollo de la mencionada Ley 4ª, con base en la cual se han fijado los salarios y prestaciones a partir del año 1992. Ahora bien, es evidente que la estipulación relacionada con la continuidad en el pago de la prima especial y la protección de derechos prestacionales a los empleados que hacían parte de la planta antigua y que continuarían desempeñándose en la nueva, en garantía de su estabilidad laboral, tiene la única finalidad de salvaguardar los derechos adquiridos que éstos tenían desde su antigua vinculación con el Congreso, sin que ello implique desconocimiento del derecho a la igualdad de los empleados que pertenecen a la nueva planta, pues estos desde su vinculación estaban sometidos a las previsiones que en materia salarial y prestacional expidiera cada año el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992. FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1992 / LEY 5 DE 1992 / LEY 52 DE 1978 / LEY 28 DE 1983 NORMA DEMANDADA: DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 9, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO) / DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 10, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00109-00(0466-12) Actor: SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES Demandado: GOBIERNO NACIONAL ACCIÓN DE NULIDAD Decide la Sala, en única instancia, la acción de simple nulidad formulada por el ciudadano Sergio Antonio Escobar Jaimes contra el Gobierno Nacional.
Sentencias de NulidadLuis Rafael Vergara QuinteroGOBIERNO NACIONAL SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 9, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO) / DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 10, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO)Identificadores10030112778true1204431original30111223Identificadores

Fecha Providencia

23/05/2013

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Luis Rafael Vergara Quintero

Norma demandada:  DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 9, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO) / DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 10, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO)

Demandante:  SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES

Demandado:  GOBIERNO NACIONAL


PRIMA SEMESTRAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL CONGRESO – Principio de jerarquía normativa no vulnera el derecho de igualdad sólo protege derechos adquiridos

Es claro para la Sala que en momento alguno se vulneró el principio de jerarquía normativa con el contenido de los artículos demandados, toda vez que el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992 facultó al ejecutivo para dictar las normas que fijaran los salarios y prestaciones de los empleados del Congreso, entre otros y, al ser una nueva planta de personal la que se conformó a través de la Ley 5ª de 1992, ésta debía sujetarse a las previsiones que el Gobierno Nacional expidiera en desarrollo de la mencionada Ley 4ª, con base en la cual se han fijado los salarios y prestaciones a partir del año 1992. Ahora bien, es evidente que la estipulación relacionada con la continuidad en el pago de la prima especial y la protección de derechos prestacionales a los empleados que hacían parte de la planta antigua y que continuarían desempeñándose en la nueva, en garantía de su estabilidad laboral, tiene la única finalidad de salvaguardar los derechos adquiridos que éstos tenían desde su antigua vinculación con el Congreso, sin que ello implique desconocimiento del derecho a la igualdad de los empleados que pertenecen a la nueva planta, pues estos desde su vinculación estaban sometidos a las previsiones que en materia salarial y prestacional expidiera cada año el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.

FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1992 / LEY 5 DE 1992 / LEY 52 DE 1978 / LEY 28 DE 1983

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 9, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO) / DECRETO 1033 DE 2011 (4 DE ABRIL) – ARTICULO 10, GOBIERNO NACIONAL (NO NULO)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00109-00(0466-12)

Actor: SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

ACCIÓN DE NULIDAD

Decide la Sala, en única instancia, la acción de simple nulidad formulada por el ciudadano Sergio Antonio Escobar Jaimes contra el Gobierno Nacional.

LA DEMANDA

SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES, en ejercicio de la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A. (fls. 833 a 867), solicita al Consejo de Estado, declarar la nulidad de los artículos 9º y 10º del Decreto 1033 de abril 4 de 2011 proferido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fija la escala de salarios para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Invoca como violados los artículos 1, 4, 13, 25, 29, 150 numeral 19 y 230 de la Constitución Política.

Señala que las normas invocadas vulneran los principios del debido proceso, el trabajo y la jerarquía de las normas pues se perjudica a los empleados del Congreso Nacional cobijados por la Ley 5ª de 1992 y a quienes pertenecían a la planta de personal creada en virtud de las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983 estableciendo una desigualdad entre iguales.

Precisa que en la planta de personal actual del Congreso de la República no existe una diferencia real entre sus empleados; por lo tanto, la norma acusada no puede establecer condiciones diferentes entre ellos pues ello redunda en la vulneración del derecho a la igualdad.

Resume la Sentencia C-007 de 1996, en la que se hizo un recuento de la evolución histórica en materia de protección del derecho a la igualdad por parte de la Corte Constitucional y los requisitos que se exigen para admitir un trato distinto a las personas, concluyendo que cuando la norma acusada hace una discriminación entre unos y otros empleados que conforman la misma planta de personal creada por la Ley 5ª de 1992 se vulnera ese derecho.

La violación al principio del debido proceso la hace consistir en que las normas acusadas violan lo previsto en el literal 4) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, pues se desmejoraron los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios del Congreso mal denominados de Ley 5ª de 1992, máxime cuando esta disposición solo se ocupó de establecer el reglamento, sin inmiscuirse en prestaciones sociales o primas.

Aduce que del preámbulo de la Constitución Política se deriva la protección del trabajo como principio del Estado Social de Derecho, cuya vulneración se materializó en los artículos acusados, en cuanto no se protegieron los derechos adquiridos previstos en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 55 de 1987, toda vez que no se respetó el nivel de cargos ni el rango de remuneración al establecer una prima de gestión para unos cargos y no para otros, a pesar de pertenecer al mismo nivel y rango salarial y de no estar consagrada dicha prima en ninguna otra disposición normativa, ni siquiera las que cobijan al Ejecutivo.

Considera violado el principio de jerarquía normativa en el entendido que el Decreto 1033 de 2011 es de rango inferior a las Leyes 52 de 1978, 55 de 1887 y 4ª de 1992 además porque pretende derogar los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 52; así mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 1992 es al Congreso a quien le corresponde establecer los parámetros y criterios que debe tener en cuenta el Ejecutivo para fijar la escala salarial y prestacional, sin que ello lo faculte para vulnerar los derechos adquiridos ante la inexistencia de una diferencia real.

LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El Departamento Administrativo de la Función Pública se opuso a las pretensiones de la demanda, con apoyo en los siguientes argumentos (fls. 34 a 47):

Precisó que la Constitución Política de Colombia identifica varias clases de leyes, entre las que se encuentran las orgánicas, las estatutarias, las cuadro o marco y las ordinarias o comunes y se refirió a la Sentencia C- 133 de 1993 de la Corte Constitucional en la que se hizo alusión a las leyes cuadro o marco, citó un aparte y de él resaltó que la expedición de éstas implica la distribución de poderes y facultades legislativas entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional y que este debe sujetarse a los parámetros o “marcos” dados por aquél y bajo ese entendido, desarrollar o concretar los objetivos o criterios para los que se ha concebido la correspondiente ley.

Sostuvo que bajo la anterior perspectiva fue expedida la Ley 4ª de 1992 mediante la cual se señalaron las normas, criterios y objetivos a los que se debía sujetar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública.

Al referirse a la competencia del legislador para definir los conceptos de salario, citó apartes de la sentencia C-681 de 2003 de la Corte Constitucional y la de abril 2 de 2008 dictada en el proceso con radicación No. 11689 de esta Corporación y solicita no perder de vista que el decreto cuya anulación parcial se pretende fue expedido en desarrollo de las normas generales contenidas en la referida Ley 4ª y por tanto, habilitan al ejecutivo para modificar disposiciones incluso de rango legal en asuntos salariales y prestacionales aplicables a los empleados públicos del Estado; además, la fijación de dicho régimen debe consultar el marco general de la política macroeconómica y fiscal y la racionalización de los gastos públicos, así como las limitaciones de orden presupuestal de cada organismo o entidad.

Explicó que para los empleados del Congreso de la República existen 3 regímenes en materia salarial y prestacional, a saber: i) que rige a los empleados que pertenecían a las plantas de personal consagradas en las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983 y pasaron a ocupar cargos en la planta de personal de la Ley 5ª de 1992, quienes continuarían devengando las primas y prestaciones sociales que venían recibiendo desde antes de ser incorporados en la nueva planta de personal; ii) los vinculados con posterioridad a la Ley 5ª de 1992 que se rigen por las normas generales aplicables a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva y iii) los que integran la planta de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas, cuyo salario está determinado por el respectivo Congresista, quien escoge dentro de los rangos previstos en el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992.

Se refirió a los regímenes diferenciados y citó apartes de la sentencia C-665 de 1998 en torno al tema del principio de la igualdad y el trato diferenciado y de allí concluyó que es factible que existan tratamientos desiguales de orden salarial, siempre que estén sustentados en supuestos que constitucionalmente admitan la diferencia de trato sin discriminación, lo que no implica vulneración del derecho al trabajo.

Destacó que los empleados que ingresan a laborar a una entidad bajo el vigor de una ley, no pueden pretender que se les haga partícipes de un régimen salarial y prestacional que regía en la entidad antes de su vinculación laboral, alegando vulneración del derecho a la igualdad, a pesar de que las funciones desarrolladas sean las mismas.

Sostuvo que el Gobierno procura garantizar los derechos adquiridos a aquellos empleados que estuvieron vinculados a regímenes salariales anteriores, evitando que se violen sus derechos fundamentales; además, el legislador está investido de facultades para establecer los factores específicos que determinan el régimen salarial de los servidores públicos que no son necesariamente comunes a todos los empleados del Estado y si en el artículo 369 de la Ley 5ª de 1992 el Gobierno Nacional creó una nueva planta de personal, sin establecer un régimen de primas igual al que regía con antelación, ello obedece a razones de tipo macroeconómico; además, el marco normativo al que se sujetó se lo permitía.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Vencida la etapa probatoria, el Despacho ordenó correr traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público, mediante providencia de enero 30 de 2013 (fl. 48).

El demandante allegó sus alegaciones a través de memorial que obra de folios 49 a 54 en el que sostuvo que el reconocimiento de la prima especial es una norma consagrada en el parágrafo único del artículo 2º de la Ley 55 de 1967 que no ha sido derogada, modificada o adicionada y por lo tanto, actualmente está vigente; sin embargo, fue desconocida con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Decreto 1033 de 2011.

Indica que el actuar del ejecutivo se debe enmarcar dentro de los parámetros dados por el legislador al proferir la Ley 4ª de 1992; además, si bien la Ley 5ª de 1992 modificó la Ley 52 de 1978, en su artículo 386 consagró que los empleados vinculados y que ingresaran a la nueva planta de personal seguirían gozando de las prestaciones en los términos y condiciones establecidos antes de su expedición.

Considera que la condición más beneficiosa para el trabajador está garantizada en la aplicación del principio de favorabilidad y siendo ello así, cuando existe conflicto entre dos normas o cuando una de ellas admite varias interpretaciones, la que se escoja debe aplicarse en su integridad; bajo ese entendido, la favorabilidad pretendida se materializa en la aplicación simultánea de la Ley 4ª de 1992 y la Ley 52 de 1978 a todos los trabajadores vinculados a la planta de personal creada mediante la Ley 5ª de 1992.

Puntualiza que el ejecutivo no hace distinción entre los dos regímenes, ella solo se hace en los artículos 9 y 10 del Decreto 1033 de 2011 al aplicar condiciones diferentes respecto de los vinculados en virtud de la planta de personal creada por la Ley 52 de 1978 y la prevista en la Ley 5ª de 1992, por lo que solicita hacer un pronunciamiento en relación con una y otra plantas aún vigentes en la entidad y las garantías y prestaciones establecidas para una y otra.

El Departamento Administrativo de la Función Pública reiteró en forma sucinta los argumentos de oposición dados en la contestación de la demanda, relacionados con la existencia de regímenes especiales y diferenciados en las distintas ramas e instituciones, lo que no conlleva vulneración del derecho a la igualdad.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación rindió concepto en el que solicitó negar las súplicas de la demanda[1]. Dijo, en síntesis, lo siguiente:

La fijación del régimen salarial y prestacional es de competencia del Gobierno Nacional, de conformidad con la Constitución y la ley, razón por la cual cada año el Presidente con el Ministro de Hacienda y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública expiden el decreto en el que estipulan la remuneración mensual y primas a que tienen derecho los funcionarios.

La Ley 5ª de 1992 estableció un sistema de transición administrativa entre la planta de personal creada por la Ley 52 de 1987 y la que en ella se consagraba y se produjo una derogatoria de la anterior, que no implica desmejoramiento en los salarios y prestaciones que con anterioridad venían disfrutando quienes hacían parte de ella.

La Ley 4ª de 1992 habilita al Gobierno Nacional para modificar normas de rango legal en materia de régimen salarial y prestacional aplicable a los empleados públicos del Estado teniendo en cuenta un nuevo orden que incluya la política macroeconómica y fiscal del gobierno, la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad.

Entonces, los artículos 9 y 10 del Decreto 1033 acusados no violan las disposiciones aludidas por el actor, sino que fueron concebidos con el objeto de garantizar la dignidad, el trabajo y los derechos adquiridos de quienes hicieron parte de una planta de personal que fue unificada con empleados que pertenecen a un régimen diferente.

Previos los anteriores antecedentes, y como no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema jurídico del que se ocupará esta Sala, consiste en establecer si le asiste la razón al demandante al pedir la nulidad de los artículos 9 y 10 del Decreto 1033 de abril 4 de 2001 “por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.

Para tal fin se abordarán los siguientes aspectos: 1. Marco normativo y jurisprudencial que sirvió de sustento para la expedición de la norma acusada, 2. Texto de los artículos demandados, 3. Si los artículos 9º y 10º del Decreto 1033 de abril 4 de 2001, infringieron las normas que se denuncian como trasgredidas.

  1. Marco Normativo

Constitución Política

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública;

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.” (Se subraya).

Ley 4ª de 1992. Señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

(…)

b) Los empleados del Congreso Nacional,…

c) Los miembros del Congreso Nacional,…”

Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

(…)

h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;

i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;…” (se resalta)

Artículo 4o.Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2o. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.

Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.” (la expresión tachada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-710 de 1999, en la que también se declaró condicionalmente exequible el artículo).

Artículo 10.Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.”(se resalta)

“Artículo 18. El Gobierno Nacional establecerá por una sola vez el plan de retiro compensado de los empleados del Congreso Nacional, el cual debe comprender, indemnizaciones por concepto de pago de salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones sociales y/o pensiones de jubilación.”

Ley 5ª de 1992. Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.

Artículo 369. PLANTA DE PERSONAL. La planta de personal será la siguiente: (se hace el listado de la planta de personal de que estará conformado el Senado).”

Artículo 382. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN BÁSICA. La estructura y organización básica estará conformada: (se hace el listado de la planta de personal de que estará conformada la Cámara de Representantes).”

Artículo 386. PERSONAL ACTUAL. Los empleados que a la expedición de la presente Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley.” (se resalta)

Artículo 392. Transitorio.Los cargos de las nuevas plantas de personal del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, creados por la presente Ley, se irán proveyendo en la medida que sean indemnizados o pensionados los funcionarios de la planta creada por la Ley 52 de 1978,la cual seguirá existiendo hasta finalizar el proceso de retiro de que trata el artículo 18 de la Ley 4a de 1992 y normas que lo desarrollen.” (Se resalta).

2.- El acto demandado

La parte actora solicita declarar la nulidad de los artículos 9º y 10º del Decreto No. 1033 de abril 4 de 2011 “por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, que son del siguiente tenor literal:

Artículo 9°. Los empleados que pertenecían a la planta de personal de las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983 y pasaron a ocupar cargos en la planta de personal fijada por la Ley 5ª de 1992 continuarán devengando las primas y prestaciones sociales que venían disfrutando.”

Artículo 10°. El derecho al pago de la prima semestral de que trata el parágrafo del artículo 2° de la Ley 55 de 1987 sólo se aplicará a los empleados de que trata el artículo 9° del presente Decreto.”

3. Si los artículos 9º y 10º del Decreto 1033 de abril 4 de 2011, infringieron las normas que se denuncian como trasgredidas.

El cargo de inconstitucionalidad formulado se fundamenta en la vulneración del principio de igualdad en cuanto en la disposición acusada se da un trato diferente en materia de reconocimiento de prima semestral a aquellos empleados vinculados en la planta de personal existente con anterioridad a la Ley 5ª de 1992 y los que se vincularon con posterioridad a esta; así mismo, la vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo por no respetar los derechos adquiridos consagrados en una norma especial de rango superior, como es la Ley 55 de 1987, razón que igualmente justifica el cargo por violación del principio de jerarquía normativa.

En primer lugar, la Sala se ocupará del cargo de violación del principio de jerarquía normativa aludido, precisando que los artículos 9 y 10 del Decreto 1033 de abril 4 de 2011, en momento alguno derogan lo previsto en la Ley 52 de 1978 en materia de prestaciones a favor de los empleados del Congreso de la República cobijados por esta.

El Decreto 1033 de abril 4 de 2011 fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria, de acuerdo con la competencia compartida a que alude el artículo 150 numeral 19 literales e) y f), según los cuales el legislador debe proferir una ley marco a la cual se debe sujetar el ejecutivo para efecto de la fijación de los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, entre ellos los del Congreso de la República; en ejercicio de tal atribución, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 que sirvió de fundamento al mencionado decreto.

Dentro de los criterios y objetivos señalados en la Ley 4ª de 1992 a los cuales debía sujetarse el Gobierno para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos se consagró la protección de los derechos adquiridos tanto de los empleados cobijados por el régimen general como por los regímenes especiales, garantizando no desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; sin embargo, para ese mismo efecto debía sujetarse al marco general de la política macroeconómica y fiscal y a la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad y las limitaciones presupuestales de cada organismo o entidad.

El Congreso de la República expidió la Ley 5ª de 1992 y en ella consagró la nueva planta de personal tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes[2]; sin embargo, como con antelación a esa ley estaba vigente la planta de personal consagrada en las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983, estableció en su artículo 386 que quienes venían ya vinculados y fueran incorporados a la nueva planta de personal, se les continuaría garantizando el reconocimiento de las prestaciones que venían percibiendo, disposición que se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 2º literal a) de la Ley 4ª de 1992, es decir, el respeto a los derechos adquiridos.

Al hacer tal precisión respecto de los empleados de la planta antigua y no hacer estipulación alguna en relación con los que se vincularían a la recién creada planta, es evidente que estos últimos se regirían por las previsiones que en materia salarial y prestacional consagrara el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, pues al ser un nuevo personal, no podía pretender alegar derechos adquiridos respecto de prestaciones que nunca habían percibido.

Bajo el anterior entendimiento, es claro para la Sala que en momento alguno se vulneró el principio de jerarquía normativa con el contenido de los artículos demandados, toda vez que el Congreso de la República mediante la Ley 4ª de 1992 facultó al ejecutivo para dictar las normas que fijaran los salarios y prestaciones de los empleados del Congreso, entre otros y, al ser una nueva planta de personal la que se conformó a través de la Ley 5ª de 1992, ésta debía sujetarse a las previsiones que el Gobierno Nacional expidiera en desarrollo de la mencionada Ley 4ª, con base en la cual se han fijado los salarios y prestaciones a partir del año 1992.

Ahora bien, es evidente que la estipulación relacionada con la continuidad en el pago de la prima especial y la protección de derechos prestacionales a los empleados que hacían parte de la planta antigua y que continuarían desempeñándose en la nueva, en garantía de su estabilidad laboral, tiene la única finalidad de salvaguardar los derechos adquiridos que éstos tenían desde su antigua vinculación con el Congreso, sin que ello implique desconocimiento del derecho a la igualdad de los empleados que pertenecen a la nueva planta, pues estos desde su vinculación estaban sometidos a las previsiones que en materia salarial y prestacional expidiera cada año el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.

La Sala debe resaltar que la estipulación en tal sentido, con miras al respeto de los derechos adquiridos de quienes estando en la planta de personal antigua fueron incorporados en la nueva, se ha mantenido en el tiempo, en los decretos que a partir de la Ley 4ª de 1992 ha expedido el Gobierno Nacional para fijar el salario de los empleados del Congreso[3] por tal razón nunca ha constituido derechos adquiridos en favor de los empleados que se vincularon al Congreso con posterioridad a la Ley 5ª de 1992, en la planta de personal allí creada.

En las anteriores condiciones, al no haberse demostrado que los artículos acusados se encuentran viciados por la inconstitucionalidad alegada, deberán despacharse desfavorables las pretensiones de la demanda y mantenerse incólume el texto de las normas cuestionadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada, ARHIÍVESE el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


GERARDO ARENAS MONSALVE GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN
BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ ALFONSO VARGAS RINCÓN
Ausente con excusa
LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO



[1] El concepto obra de folios 965 a 979.

[2] Artículos 369 y 382.

[3] Entre ellos los Decretos 802 de 1992, 13 de 1993, 58 de 1994, 63 de 1995, 27 de 1996, 58 y 2510 de 1997, 72 de 1998, 64 de 1999, 2748 de 2000, 1421 y 2733 de 2001, 668 de 2002, 3597 de 2003, 4178 de 2004, 915 de 2005, 374 de 2006, 602 y 2638 de 2007, 645 y 1319 de 2008, 710 y 2733 de 2009 y 1376 de 2010.