100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030582SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2008-00219-00201318/04/2013SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2008-00219-00__2013_18/04/2013300305802013REQUISITOS Y COMPETENCIAS PARA ACCEDER A EMPLEOS PUBLICOS - Experiencia profesional Así pues, encuentra la Sala que los actos administrativos impugnados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, pues son el desarrollo de una atribución de reglamentación, ejercida dentro de los parámetros autorizados para ese efecto, esto es, la determinación de requisitos y competencias para acceder a los empleos públicos. Así las cosas, debe entenderse que las disposiciones contenidas en las normas enjuiciadas señalan los requisitos generales que se deben tener en cuenta para tener por acreditada la experiencia profesional para acceder a empleos públicos, siempre que no exista una disposición legal o constitucional que establezca unos requerimientos específicos para el ejercicio de determinado cargo. Siendo ello así, el Gobierno Nacional en manera alguna ha invadido competencias propias del legislador, al punto de que no desconoció el mandato previsto en las leyes generales adoptadas para regular el ejercicio de las profesiones de arquitectura e ingeniería, y por ello, no desbordó en ningún momento su potestad reglamentaria FUENTE FORMAL : LEY 909 DE 2004 / LEY 842 DE 2003 / LEY 435 DE 1998 / DECRETO LEY 770 DE 2005 NORMA DEMANDADA: DECRETO 2272 DE 2005 (10 de agosto) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – ARTICULO 14 (No anulado) / DECRETO 4476 DE 2007 (21 de noviembre) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – ARTICULO 1 (No anulado). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00219-00 Actor: PEDRO JOSE BAUTISTA MOLLER Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Pedro José Bautista Moller, contra el artículo 14 del Decreto 2272 del 10 de agosto de 2005 “ por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones” y contra el artículo 1º del Decreto 4476 del 21 de noviembre de 2007 “ por el cual se modifica el Decreto 2272 de 2005” proferidos por el Gobierno Nacional – Departamento Administrativo de la Función Pública.
Sentencias de NulidadGuillermo Vargas AyalaDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICAPEDRO JOSE BAUTISTA MOLLERDECRETO 2272 DE 2005 Identificadores10030112556true1204181original30111008Identificadores

Fecha Providencia

18/04/2013

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Guillermo Vargas Ayala

Norma demandada:  DECRETO 2272 DE 2005

Demandante:  PEDRO JOSE BAUTISTA MOLLER

Demandado:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA


REQUISITOS Y COMPETENCIAS PARA ACCEDER A EMPLEOS PUBLICOS - Experiencia profesional

Así pues, encuentra la Sala que los actos administrativos impugnados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, pues son el desarrollo de una atribución de reglamentación, ejercida dentro de los parámetros autorizados para ese efecto, esto es, la determinación de requisitos y competencias para acceder a los empleos públicos. Así las cosas, debe entenderse que las disposiciones contenidas en las normas enjuiciadas señalan los requisitos generales que se deben tener en cuenta para tener por acreditada la experiencia profesional para acceder a empleos públicos, siempre que no exista una disposición legal o constitucional que establezca unos requerimientos específicos para el ejercicio de determinado cargo. Siendo ello así, el Gobierno Nacional en manera alguna ha invadido competencias propias del legislador, al punto de que no desconoció el mandato previsto en las leyes generales adoptadas para regular el ejercicio de las profesiones de arquitectura e ingeniería, y por ello, no desbordó en ningún momento su potestad reglamentaria

FUENTE FORMAL: LEY 909 DE 2004 / LEY 842 DE 2003 / LEY 435 DE 1998 / DECRETO LEY 770 DE 2005

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2272 DE 2005 (10 de agosto) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – ARTICULO 14 (No anulado) / DECRETO 4476 DE 2007 (21 de noviembre) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA – ARTICULO 1 (No anulado).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00219-00

Actor: PEDRO JOSE BAUTISTA MOLLER

Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Pedro José Bautista Moller, contra el artículo 14 del Decreto 2272 del 10 de agosto de 2005 “por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones” y contra el artículo 1º del Decreto 4476 del 21 de noviembre de 2007 “por el cual se modifica el Decreto 2272 de 2005” proferidos por el Gobierno Nacional – Departamento Administrativo de la Función Pública.

I.- LA DEMANDA

En ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., el señor Pedro José Bautista Moller considera que las normas acusadas exceden la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y que desconocen las disposiciones contenidas en las Leyes 435 de 1998 y 842 de 2003 al prever un contenido diferente en relación con la acreditación de la experiencia profesional en áreas como la arquitectura y la ingeniería.

1.1. Pretensiones:

El demandante solicita anular:

“1. El artículo 1º del Decreto 4476 de Noviembre 21 de 2007, expedido por el Presidente de la República, pero solamente en lo que concierne con la definición de experiencia profesional, cuyo texto se transcribe a continuación:

Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

2. El Decreto 2272 de Agosto 10 de 2005, artículo 14, pero solamente en lo atinente a la definición de experiencia profesional, que es del siguiente tenor literal:

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo”[1]

1.2.- Normas violadas y concepto de la violación

El actor señala como violado el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política; artículo 12 de la Ley 842 de 2003; y artículo 3º de la Ley 435 de 1998.

Al explicar el concepto de la violación de las normas que se acaban de enunciar, el demandante concreta sus objeciones en los siguientes términos:

a.- Primer Cargo: Violación del artículo 12 de la Ley 842 de 2003.

La citada norma es del siguiente tenor:

Experiencia Profesional. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente.”

Sostiene que de la lectura de la anterior norma se desprendía que las labores vinculadas con la profesión de ingeniero y afines, desempeñadas antes de obtenerse la matrícula o el certificado de inscripción, no pueden tenerse en cuenta como experiencia profesional.

En tal escenario, cuando el Decreto establece que la experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de las materias que forman el pensum académico, contraría la norma legal anotada que se dice violada.

b.- Segundo cargo: Violación del artículo 3 de la Ley 435 de 1998.

El artículo 3º dispone lo siguiente:

ARTICULO 3o. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares.

Para ejercer cualesquiera de las profesiones auxiliares de arquitectura, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del respectivo título como técnico profesional o de formación tecnológica conforme a la ley y obtener el certificado de inscripción profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares.” (Subrayado fuera de texto).

El actor señala que los actos impugnados desconocen la anterior norma pues determinan que la experiencia profesional comienza a contabilizarse a partir de la terminación o aprobación de todas las materias que forman el pensum profesional, cuando la norma legal transcrita define como requisitos para el ejercicio de la profesión de Arquitectura y afines, además del título la obtención de la tarjeta de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares.

Tercer Cargo: Exceso en la Potestad Reglamentaria.

Señaló que el Ejecutivo so pretexto de reglamentar la ley no podía entrar a definir algo que ya había hecho el legislador, como quiera que la ley no puede ser derogada, reformada o interpretada por un Decreto Reglamentario, sino por otra norma de la misma jerarquía, es decir, por una norma con rango legal.

Para el efecto, trajo a colación una sentencia de febrero de 2008 proferida por la Sección Tercera dentro del proceso 2001-00062 en el que se precisó el alcance de la potestad reglamentaria.

Cuarto Cargo: Ausencia de facultades del Ejecutivo.

De conformidad con el artículo 121 de la Carta Política, ninguna autoridad podrá ejercer funciones distintas de las que le asigna la Constitución o la Ley, de modo que la asignación de tales atribuciones debe ser expresa.

Así, como no existe norma que faculte al Ejecutivo para definir los alcances del tema de la experiencia profesional, las decisiones administrativas que se censuran deben ser declaradas nulas.

Adujo que pese a que el artículo 5º del Decreto Extraordinario 770 de 2005 dispuso que “el Gobierno Nacional determinará las competencias y requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos, así…”, nada dijo sobre la definición de la experiencia profesional.

Quinto Cargo: Competencia del Legislador.

El hecho de que el tema de la conceptualización de la experiencia profesional hubiese sido abordado por el legislador al expedir las Leyes 435 de 1998 y 842 de 2003, hace que se concluya que se trata de un tema de reserva legal.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda asegurando que el actor funda el concepto de violación en un indebido entendimiento de las normas que acusa, pues las entiende como reglamentarias de las Leyes 435 de 1998 y 842 de 2003, cuando en realidad los Decretos 2772 de 2005 y 4476 de 2007 lo que reglamentan es el artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005.

Siendo ello así, y encontrando que las citadas leyes tienen como únicos destinatarios de sus disposiciones a los arquitectos e ingenieros, mal podría afirmarse que los decretos que se impugnan vulneren tales leyes.

Además, el Decreto 2272 de 2005, prevé de manera expresa la inaplicación de las disposiciones en él contenidas, en los eventos en que se esté frente a disposiciones especiales contenidos en la ley o en la Constitución:

Artículo 25: Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución política o en la Ley, se acreditarán los allí señalados”.

Bajo tal orden, como quiera que las normas impugnadas consagran una regulación general aplicable en los términos del artículo 3º del Decreto Ley 770 de 2005, impone que se declare su validez.

A la misma conclusión debe llegarse, a juicio del demandado, si se lee el inciso tercero del artículo 1º del citado Decreto Ley:

ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto establece el sistema de funciones y de requisitos generales que regirá para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional.

Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables, igualmente, a las entidades que teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un sistema específico de carrera.

El presente decreto no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley.”[2]

La exclusión a la que hace referencia el aparte subrayado apunta de manera específica a los empleos que encuentren una regulación especial en la Constitución y en la Ley, como por ejemplo los que se regulan con las leyes que el demandante ha invocado como violadas.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El demandante y el Departamento Administrativo de la Función Pública allegaron escritos de alegaciones reiterando lo expuesto en el escrito de demanda y en el de contestación, respectivamente.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público que actúa como delegado ante esta Corporación, después de hacer un juicioso análisis de los cargos planteados en la demanda, solicitó negar de las pretensiones.

Se refirió al cargo de violación del artículo 12 de la Ley 842 de 2003 y el artículo 3º de la Ley 435 de 1998, y después de hacer un recuento de los antecedentes normativos, estimó que para el caso de las profesiones de arquitectura e ingenierías no aplicaban las disposiciones contenidas en los Decretos 2272 de 2005 y 4476 de 2007, sino las previstas en las citadas leyes.

En lo que hace al cargo de exceso en la potestad reglamentaria, adujo que el ejecutivo se limitó a reglamentar las competencias y requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos en cumplimiento de lo previsto en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución política y en el artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005, y que al existir las pluricitadas leyes 842 y 835 los actos acusados no tienen aplicación en las carreras de arquitectura e ingeniería.

V.- DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

VI.- CONSIDERACIONES

Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si el Presidente de la República excedió su potestad reglamentaria al expedir los artículos 14 del Decreto 2272 de 2005 y 1º del Decreto 4476 de 2007.

A efectos de aclarar si el cargo expuesto por el demandante encuentra asidero, es menester transcribir el texto de las disposiciones acusadas:


DECRETO 2272 DE 2005

(Agosto 10)

por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5° del Decreto 770 de 2005,

DECRETA:

Artículo 14. Experiencia. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4476 de 2007. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

(…)”

DECRETO 4476 DE 2007

(Noviembre 21)

por el cual se modifica el Decreto 2272 de 2005.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5° del Decreto 770 de 2005,

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2272 de 2005, en relación con la definición de experiencia profesional y experiencia relacionada, la cual quedará así:

Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

(…)


6.1. Desconocimiento de las Leyes 842 de 2003 y 435 de 1998

Las citadas normas fueron expedidas por el Congreso de la República en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 26 de la Carta Suprema[3], con el fin de regular el ejercicio de profesiones específicas, esto es, la Arquitectura, Ingenierías y carreras afines[4], definiendo lo que debía entenderse por ejercicio profesional de arquitectura[5] (Ley 435 de 1998) y de ingeniería[6] (Ley 842 de 2003).

El Legislador también definió los requisitos que debían obtenerse para ejercer tales profesiones, o lo que es lo mismo, determinó a partir de qué momento se entiende que el ejercicio de una actividad de las relacionadas con anterioridad se considera experiencia profesional:

Ley 435 de 1998

ARTICULO 3o. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares.

Para ejercer cualesquiera de las profesiones auxiliares de arquitectura, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del respectivo título como técnico profesional o de formación tecnológica conforme a la ley y obtener el certificado de inscripción profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares.”

Ley 842 de 2003

ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.”

Bajo tales premisas, es claro que se trata de una regulación general sobre el ejercicio profesional de las dos carreras que sólo puede ser modificada por otra del mismo rango, lo cual es visiblemente reafirmado, si se observa que el Congreso de la República mediante la elaboración de la nueva Ley 1325 del 13 de julio de 2009[7] volvió a regular lo relacionado con el ejercicio de la ingeniería; o si por ejemplo se tiene en cuenta lo previsto en la Ley 43 de 1990 que prevé un régimen especial para los Contadores Públicos.

Debe la Sala entonces precisar que en este caso no es procedente invocar como violadas por los actos acusados, las leyes 435 de 1998 y 842 de 2003, sobre ejercicio profesional de la arquitectura y las ingenierías respectivamente, puesto que éstas en nada son desarrolladas por los decretos demandados. Estos reglamentan, como expresamente se señala, en su encabezamiento “el Decreto Ley 770 de 2005” sobre función pública.

Tan claro es lo anterior, que el mismo Decreto 2272 de 2005 (acusado) en el Capítulo Cuarto cuando se refiere a los requisitos generales para el ejercicio del empleo previó que cuando la Constitución o la Ley dispongan otra clase de requisitos para el ejercicio de empleos se aplicará la disposición “especial”, entendiendo que si dentro del ordenamiento jurídico existe norma que regule de manera concreta una profesión se aplicará lo dispuesto en esa norma:

Artículo 25. Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados.” (Resaltado fuera de texto).

Despejado así el primero de los cargos del demandante, debe la Sala referirse a los referidos al exceso en la potestad reglamentaria.

6.2. Exceso en la Potestad Reglamentaria

El Decreto 2272 de 2005 fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en las facultades otorgadas por el artículo 5º del Decreto Ley 770 de 2005.

A su vez, este Decreto Ley fue proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el numeral 3º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, y estableció “…el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004”. Su artículo 5º dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS.El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos, así:

(…)

5.2.1 Nivel Directivo.

(…)

5.2.2 Nivel Asesor

(…)

5.2.3 Nivel Profesional

(…)

5.2.4 Nivel Técnico

(…)

5.2.5 Nivel Asistencial

(…).

PARÁGRAFO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca.”

En tal orden, como el Decreto 770 de 2005 que tiene fuerza de Ley, le atribuyó la facultad al Ejecutivo de determinar los requisitos y competencias para acceder a los empleos, y en cumplimiento de ello se profirió el Decreto 2272 demandado, el exceso de la potestad reglamentaria que invoca el actor debe circunscribirse a la norma transcrita.

En efecto, el Capítulo III del Decreto 2272 regula el tema de los “Factores y estudios para determinar los requisitos” para acceder a los empleos públicos, entre los que se cuenta la educación formal, no formal, y el que importa para el caso bajo examen, la experiencia. En el artículo 14 se desarrolla este último ítem, conceptualizando lo que debe entenderse por experiencia profesional.

A su vez, el artículo 1º del Decreto 4476 del 21 de noviembre de 2007 (también censurado en esta sede) que modificó el 14 del Decreto 2272 de 2005, modificó la definición de tal concepto, dentro de la órbita de competencia que precisamente le confirió el Decreto 770 de 2005.

Así pues, encuentra la Sala que los actos administrativos impugnados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, pues son el desarrollo de una atribución de reglamentación, ejercida dentro de los parámetros autorizados para ese efecto, esto es, la determinación de requisitos y competencias para acceder a los empleos públicos.

6.3. Conclusión

Así las cosas, debe entenderse que las disposiciones contenidas en las normas enjuiciadas señalan los requisitos generales que se deben tener en cuenta para tener por acreditada la experiencia profesional para acceder a empleos públicos, siempre que no exista una disposición legal o constitucional que establezca unos requerimientos específicos para el ejercicio de determinado cargo.

Siendo ello así, el Gobierno Nacional en manera alguna ha invadido competencias propias del legislador, al punto de que no desconoció el mandato previsto en las leyes generales adoptadas para regular el ejercicio de las profesiones de arquitectura e ingeniería, y por ello, no desbordó en ningún momento su potestad reglamentaria.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Se reconoce personería al abogado Manuel Alejandro Cruz Hernández como apoderado de la entidad demandada de conformidad con el poder que obra a folio 130 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 18 de abril de 2013.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA
Ausente en comisión



[1] Folio 30 de este Cuaderno.

[2] Folio 75 ibídem.

[3] ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.”

[4] El objeto de la Ley 435 de 1998 es el de “…reglamentar el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones”.

Así mismo, la Ley 842 de 2003 determina “…la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.

[5] Ley 435 de 1998: ARTICULO 1o. DEFINICIONES. Para todos los efectos legales, entiéndase por arquitectura, la profesión a nivel universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos que regulan dicho arte.

El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los arquitectos en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional incluye la planificación estratégica y del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano. En desarrollo de las anteriores actividades, el arquitecto puede realizar estudios preliminares, diseños, modelos, dibujos, especificaciones y documentación técnica, coordinación de documentación técnica y actividades de otros profesionales especializados, planificación, economía, coordinación, administración y vigilancia del proyecto y de la construcción.

Son profesiones auxiliares de la arquitectura, aquéllas amparadas por el título académico de formación técnica profesional, tecnológica, conferido por instituciones de Educación Superior, legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución o el desarrollo de las tareas, obras o actividades de la arquitectura en cualesquiera de sus ramas.

ARTICULO 2o. CONCEPTO - EJERCICIO DE LA PROFESION DE ARQUITECTURA. Para efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio de la profesión de arquitectura, la actividad desarrollada por los Arquitectos en materia de:

a) Diseño arquitectónico y urbanístico, estudios preliminares, maquetas, dibujos, documentación técnica y especificación, elaboración de planos de esquemas básicos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos;

b) Realización de presupuesto de construcción, control de costos, administración de contratos y gestión de proyectos;

c) Construcción, ampliación, restauración y preservación de obras de arquitectura y urbanismo, que comprenden entre otras la ejecución de programas y el control de las mismas, cualesquiera sea la modalidad contractual utilizada, siempre y cuando se circunscriban dentro de su campo de acción;

d) Interventoría de proyectos y construcciones;

e) Gerencia de obras de arquitectura y urbanismo;

f) Estudios, asesorías y consultas sobre planes de desarrollo urbano, regional y ordenamiento territorial;

g) Estudios, trámites y expedición de licencias de urbanismo y construcción;

h) Elaboración de avalúos y peritazgos en materias de arquitectura a edificaciones;

i) Docencia de la arquitectura;

j) Las demás que se ejerzan dentro del campo de la profesión de la arquitectura.”

[6] Ley 842 de 2003: “ARTÍCULO 1o. CONCEPTO DE INGENIERÍA. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.

ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:

a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas ob ras de infraestructura para el servicio de la comunidad;

b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos;

c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere. También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.

PARÁGRAFO. La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes que aspiren a uno de los títulos profesionales, afines o auxiliares de la Ingeniería, en las materias o asignaturas que impliquen el conocimiento de la profesión, como máxima actividad del ejercicio profesional, solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares, según el caso, debidamente matriculados.”

[7] Diario Oficial No. 47.409 de 13 de julio de 2009