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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030573SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2007-00074-00201313/03/2013SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2007-00074-00__2013_13/03/2013300305712013REQUISITOS PARA USUARIOS Y COMPRADORES DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y AUTOMOTORES BLINDADOS - Utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada Lo primero que observa la Sala es que la norma acusada desarrolla el artículo 80 del Decreto Ley 356 de 1994 conforme al cual corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar la utilización de elementos o instalaciones blindadas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. En consecuencia, el Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, definió los requisitos que deben cumplirse para que la citada Superintendencia cumpla el mandato legal de autorizar la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, exigiendo entre ellos el de “Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993”, contenido en el literal a) del artículo 40 demandado en el sub-lite. FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 2 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / LEY 61 DE 1993 - ARTICULO 1 / DECRETO 2535 DE 1993 / DECRETO 356 DE 1994 NORMA DEMANDADA: DECRETO 2187 DE 2001 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - ARTICULO 40 LITERAL A (No anulada). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00074-00 Actor: HECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Referencia: ACCION DE NULIDAD
Sentencias de NulidadMarco Antonio Velilla MorenoSUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADAHECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGODECRETO 2187 DE 2001 Identificadores10030112349true1203861original30110809Identificadores

Fecha Providencia

13/03/2013

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Marco Antonio Velilla Moreno

Norma demandada:  DECRETO 2187 DE 2001

Demandante:  HECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGO

Demandado:  SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA


REQUISITOS PARA USUARIOS Y COMPRADORES DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y AUTOMOTORES BLINDADOS - Utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada

Lo primero que observa la Sala es que la norma acusada desarrolla el artículo 80 del Decreto Ley 356 de 1994 conforme al cual corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar la utilización de elementos o instalaciones blindadas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. En consecuencia, el Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, definió los requisitos que deben cumplirse para que la citada Superintendencia cumpla el mandato legal de autorizar la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, exigiendo entre ellos el de “Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993”, contenido en el literal a) del artículo 40 demandado en el sub-lite.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 2 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / LEY 61 DE 1993 - ARTICULO 1 / DECRETO 2535 DE 1993 / DECRETO 356 DE 1994

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2187 DE 2001 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA - ARTICULO 40 LITERAL A (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00074-00

Actor: HECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano HECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGO actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad del literal a) del artículo 40 del Decreto Reglamentario No. 2187 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto- Ley 356 de 11 de febrero de 1994”.

I.FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.1. El demandante considera quebrantados el artículo 2° de la Constitución Nacional, el artículo 1° de la Ley 61 de 1993, al igual que el artículo 9° del Decreto Ley 2535 de 1993, y los literales a) y b) del artículo 34, ibídem.

I.2. El concepto de la violación fue expuesto por el accionante en los términos que se resumen a continuación:

I.2.1.Falsa Motivación

Señala el actor que incurre en falsa motivación el decreto reglamentario 2187 de 2001, cuando en primer lugar menciona que la actividad de blindaje se trata de una actividad de vigilancia sin armas, y con posterioridad se establece, sin embargo, que para que un usuario pueda adquirir el blindaje debe acreditar los requisitos del artículo 34 literal c) del decreto ley 2535 de 1993, que se refiere al porte de armas.

En esta ocasión cuando se cataloga la adquisición del blindaje dentro de la modalidad de “protección no armada”, de que trata la ley 61 de 1993 y por otro lado se reclama el cumplimiento de las normas sobre armas de uso restringido, se está faltando a la lógica.

Para dimensionar la vulneración del ordenamiento jurídico toma la definición de blindaje que trata la circular externa No. 003 de 2002, proferida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, de donde concluye que mientras el arma está concebida para producir amenaza, lesión o muerte, en el caso del blindaje el mismo se instituye para garantizar la máxima protección y seguridad de los ocupantes o bienes transportados. Por ende, no existe una correcta motivación al sujetarse la adquisición de un blindaje a los requisitos reclamados para aquellas armas que son de uso restringido pero cuya tenencia se permite a los particulares excepcionalmente.

I.2.2. Proporcionalidad y razonabilidad

No hay proporcionalidad ni razonabilidad entre la norma, sus fines y los efectos generados. ¿Qué razón le asiste al Gobierno Nacional para impedir que los colombianos que puedan acceder a un sistema de blindaje lo hagan, en virtud de la necesidad de demostrar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño personal por las especiales circunstancias que lo rodean

Esta medida resulta totalmente entendible para la expedición del permiso de porte sobre armas que por su contundencia y peligrosidad son de exclusivo uso de las fuerzas armadas, salvo los casos excepcionales. Pero para el blindaje cuya finalidad no es otra que la de garantizar la protección, cómo se exige este mismo requisito

La carga impuesta a la persona interesada en proteger su vida resulta excesiva y desproporcionada en razón al bien jurídico tutelado- la vida- y no tiene ningún tipo de justificación al pretender exigir o imponer condicionamientos para el acceso a este servicio.

Adicionalmente, en la solicitud de suspensión provisional argumentó que la norma acusada presenta una manifiesta infracción de los artículos 1° de la Ley 61 de 1993; 9° del Decreto Ley 2535 de 1993, que define el concepto de armas de uso restringido, y los literales a) y b) del artículo 34, ibídem, por cuanto establece un requisito que corresponde al porte de armas de uso restringido, que, a su juicio, resulta desproporcionado frente al servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

La apoderada de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contestó la demanda defendiendo la legalidad de la norma reprochada con los argumentos que se resumen a continuación:

Considera que el demandante no hace expresa alusión a la norma que, según su criterio, configura el elemento distorsivo ocasionante de la demanda.

El Decreto 2187 de 2001, establece unos requisitos que deben cumplir los administrados y la administración, para acceder a una autorización del Estado.

Con la norma demandada, el Gobierno Nacional determinó los requisitos que han de observar administrados y administración, para conceder o no una autorización de un servicio puesto bajo su vigilancia y control. No existe extralimitación alguna, como lo pretende aducir el demandante, respecto del hecho de que exista un requisito previo, legal, y lícito, que le permita a la administración tomar una mejor decisión respecto de uno de los servicios puestos en su jurisdicción para vigilancia y control.

Pensar en admitir las pretensiones del demandante, sería generar un campo propicio para que cualquier persona, con el uso de un vehículo blindado pueda delinquir creando un ambiente anárquico sin control y dejando en situación de peligro a las personas de bien.

La exigencia de verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el literal c) del artículo 34 del decreto 2535 de 1993, la cual se encuentran sometidos los usuarios y compradores de equipos y elementos automotores blindados, así como la administración, con el fin de que quienes utilicen dichos elementos lo requieren para su propia protección, direccionada a actividades y fines legales, verificando de esta manera que no será utilizado de manera ilegal propiciando un campo fértil para la delincuencia.

Por otra parte, y respecto del hecho que la Actividad de Blindaje se trata como una actividad de violencia sin armas según el accionante por encontrarse dentro del Capítulo IV del Título III, del Decreto 2187 de 2001, se permite llamar la atención al Honorable despacho, en el sentido que esta argumentación no tiene ningún asidero puesto que tal y como lo señala el artículo 80 del decreto –Ley 356 de 1994 el Blindaje es un elemento de seguridad y no un servicio de vigilancia sin armas que genera peligro a la sociedad cuando es utilizado por personas indebidas.

Propone finalmente como excepciones la inexistencia de toda vulneración o quebrantamiento de disposición de orden constitucional o legal, indicando que no proceden las causales de nulidad aducidas por la parte actora por que no se tienen en cuenta los elementos consagrados en le artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Así mismo, pide la declaratoria de “la innominada”, entendida como aquella excepción que el fallador encuentre probada.

III- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo estima que no habiéndose desvirtuado por el actor la presunción de legalidad de la norma enjuiciada, deberá despacharse en forma desfavorable la solicitud de nulidad de la norma demandada por las razones que se resumen a continuación:

Considerando la imposibilidad operativa del Estado de atender la totalidad de los requerimientos de los miembros de la sociedad en materia de vigilancia y seguridad, se ha promovido la participación de los particulares en la prestación de los servicios de vigilancia, lo cual no significa que el Estado haya renunciado al monopolio de la coerción, ni la sustitución de la fuerza pública en su obligación constitucional de mantener el orden público interno y proteger los derechos de los ciudadanos.

El artículo 2° del Decreto Ley 356 de 1994, ha señalado lo que debe entenderse por vigilancia y seguridad, incluyendo en dicho concepto la utilización de blindajes y transportes con este fin, y en el artículo 4 de la misma normativa se señala, entre las actividades de los servicios de vigilancia y seguridad, la utilización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada (numeral 8), cuya prestación está sujeta a la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Realizadas las anotaciones anteriores, esa Agencia del Ministerio Público no encuentra la contradicción que formula el demandante en su cargo, lo anterior, por cuanto la actividad de vigilancia, atendiendo: (i) la naturaleza del servicio; (ii) los derechos que son materia de protección; (iii) los principios del Estado que se encuentran involucrados; (iv) los medios que son utilizados en el cumplimiento del control social, involucra un riesgo social que exige del Gobierno nacional un control especial y restrictivo, pues no sólo está en juego la vida y la integridad del particular interesado en la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, sino la de los miembros de la comunidad, lo que justifica la imposición de controles a esta actividad.

Ahora bien, la remisión al literal c del artículo 34 del Decreto 2535 DE 1993, que impone la justificación de los motivos que acrediten una condición especial que amerite la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes, no se encuentran en contradicción con el artículo 1° de la ley 61 de 1993 y, en consecuencia, tampoco con el artículo 2° de la Constitución Nacional, pues si bien la utilización de blindaje ha sido catalogada por le Decreto 2187 de 2001 como una actividad de vigilancia y seguridad privada sin armas, el Decreto- Ley reglamentado, esto es del Decreto Ley 356 de 1994, no desarrolló los requisitos para los usuarios, luego el Gobierno nacional haciendo uso de su potestad reglamentaria está facultado para establecer tales exigencias en al forma que más convenga al cumplimiento de la obligación constitucional de mantener el orden público interno y proteger los derechos, incluyendo en esta potestad la facultad de hacer coincidir requisitos con aquellos consagrados para el uso de armas por parte de personas particulares.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

1.- Las excepciones propuestas por la parte demandada.

La Sala se pronunciará previamente sobre las excepciones interpuestas por la parte demandada, en el sentido de que la alegada como “inexistencia de toda vulneración o quebrantamiento de disposición de orden constitucional o legal”, no constituye técnicamente una excepción, pues no enerva la acción sino que debe precisarse que ese argumento no constituye excepción alguna, por cuanto es la base de la defensa, y para llegar a determinar la legalidad o ilegalidad de las disposiciones demandadas, es preciso efectuar un análisis de fondo que es propio de la sentencia.

En cuanto a la invocación que se hace de la “innominada”, no encuentra que del expediente aparezca una situación que pueda dar lugar a la declaratoria oficiosa de excepción alguna.

2. La norma demandada

La demanda se presentó contra el literal a) del artículo 40 del Decreto Reglamentario No. 2187 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto- Ley 356 de 11 de febrero de 1994”, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 40. REQUISITOS PARA USUARIOS Y COMPRADORES DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y AUTOMOTORES BLINDADOS.

En desarrollo del artículo 80 del Decreto-Ley 356 de 1994, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado interesadas en la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, elevarán una solicitud previa de autorización, adjuntando la siguiente información y documentos:

a) Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993…”.

3. El análisis de los cargos

3.1. Violación del artículo 1 de la Ley 61 de 1993.

El actor menciona como demandado el artículo 1 de la Ley 61 de 1993, sin exponer claramente el concepto de la violación.

Al respecto observa la Sala que el artículo 1° de la Ley 61 de 12 de agosto de 1993, "Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas", que se invoca como quebrantado prevé:

ARTICULO 1o. De conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes efectos:

a) Dictar normas sobre definición, clasificación y uso de armas y municiones.

b) Establecer el régimen de propiedad, porte, tenencia de las armas, y la devolución voluntaria de las mismas al Estado.

c) Regular la importación, exportación y comercialización de armas, municiones, explosivos, y maquinaria para su fabricación.

d) Señalar las normas sobre clasificación, expedición y revalidación de salvoconductos, para porte y tenencia de armas de fuego.

e) Reglamentar lo relativo al funcionamiento y control de asociaciones de coleccionistas de armas, clubes de tiro y caza, industrias y talleres de armería.

f) Regular la propiedad y tenencia de armas de fuego de las compañías de vigilancia y los departamentos de seguridad de las personas jurídicas ;

g) Establecer el régimen de contravenciones y medidas correctivas para la posesión y porte irregular de armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas, maquinaria y artefactos para su fabricación.

h) Incautación, multa convertible en decomiso y decomiso de armas, municiones y explosivos, material decomisado ;

i) Venta y asignación de armas decomisadas y material en desuso ;

j) Expedir el estatuto de vigilancia y seguridad privada, concretamente sobre los siguientes aspectos : principios generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de empresas de vigilancia privada y departamentos de seguridad, régimen laboral; régimen del servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresa; seguros, garantías del servicio de la vigilancia privada; reglamentación sobre adquisición y empleo de armamento; reglamento de uniformes; regulación sobre equipos electrónicos para vigilancia y seguridad privada y equipos de comunicaciones y transporte; mecanismos de inspección y control a la industria de la vigilancia privada; protección, seguridad y vigilancia no armada, asesorías, consultorías en seguridad privada e investigación privada; colaboración de la vigilancia y seguridad privada con las autoridades; régimen de sanciones, regulación de establecimientos de capacitación y entrenamiento en técnicas de seguridad de vigilancia privada. (Negrilla fuera del texto)

En desarrollo de los primeros literales del artículo transcrito, el Presidente de la República expidió el Decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” y en ejercicio del literal j) del Decreto 356 de 1994 “por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”.

Se tiene entonces que si los Decretos 2535 de 17 de diciembre de 1993 y 356 de 1994, fueron expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias señaladas en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política y que ésta disposición contempla la posibilidad de que el Congreso autorice al Ejecutivo para que ejerza en forma precisa y pro tempore la función legislativa, aquella normatividad se constituye en Decretos con fuerza de ley.

Ahora bien, el Decreto Reglamentario No. 2187 de 2001, cuyo artículo 40 literal a), se demanda, no fue expedido con base en el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política, sino en el artículo 189, numeral 11, por lo cual debe entenderse que no se trata de un decreto ley, sino de una normativa que se expidió con el propósito de reglamentar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto ley 356 del 11 de febrero de 1994.

El artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, con fundamento en el cual se dictó la disposición demandada, establece como atribución del Presidente de la República la potestad reglamentaria, orientada a expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, sin exceder los límites de las mismas.

3.2. Vulneración del artículo 9° del Decreto-Ley 2535 de 17 de diciembre de 1993 y los literales b) y c) del artículo 34, ibídem.

Considera el demandante que la norma reprochada desconoce el artículo 9° del Decreto Ley 2535 de 1993, que define el concepto de armas de uso restringido, y los literales b) y c) del artículo 34, ibídem, por cuanto establece un requisito que corresponde al porte de armas de uso restringido, que, a su juicio, resulta desproporcionado frente al servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas.

El artículo 9° del Decreto-Ley 2535 de 17 de diciembre de 1993, indicado como vulnerado, establece:

Artículo 9º. Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional, pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad competente, para defensa personal especial, tales como: (Nota: Las expresiones resaltadas en este inciso, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-296 de 1995.).

a) Los revólveres y pistolas de calibre 9.652mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este Decreto;

b) Las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras.

Parágfrafo 1º. Aquellas personas que a la fecha de expedición de este Decreto, tengan armas de este tipo con su respectivo permiso o salvoconducto vigente, deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para porte, en los términos señalados en los artículos 22 y 23 del presente Decreto.

Parágrafo 2º. El Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso restringido, a las empresas transportadoras de valores, departamentos de seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad, previo concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional reglamentará el número máximo de armas de este tipo que en cada caso puedan portar los particulares.

A su turno, el artículo 34, ibídem, señala:

Artículo 34. Requisitos para solicitud de permiso para porte. Para el estudio de las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los siguientes requisitos:

1. Para personas naturales:

a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;

b) Si se solicita permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este Decreto, aportando para ello todos los elementos probatorios de que dispone;

c) Si se solicita permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá justificar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño personal por especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo cual podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

2. Para servicios de vigilancia y seguridad privada:

a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.

Lo primero que observa la Sala es que la norma acusada desarrolla el artículo 80 del Decreto Ley 356 de 1994 conforme al cual corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar la utilización de elementos o instalaciones blindadas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

En consecuencia, el Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, definió los requisitos que deben cumplirse para que la citada Superintendencia cumpla el mandato legal de autorizar la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, exigiendo entre ellos el de “Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993”, contenido en el literal a) del artículo 40 demandado en el sub-lite.

Para la sala el hecho de que el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993, se refiera a una exigencia establecida por el legislador extraordinario para solicitar permiso para porte de armas y que la misma exigencia se haga por el Ejecutivo para la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, no evidencia que se desconozca aquella norma ni que en desarrollo de la potestad reglamentaria no hubiese podido establecerse un requisito semejante.

La sola comparación que hace el actor entre las definiciones que sobre armas de uso restringido trae el Decreto Ley 2535 de 1993 y la de vehículo automotor blindado contenida en la Circular Externa 003 de 2002, proferida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de la norma demandada.

En ese contexto, las afirmaciones del actor, en el sentido de sostener que no hay razonabilidad ni proporcionalidad en la medida que se acusa, pues, a su juicio, no hay una razón para que el Gobierno nacional decida impedir que los colombianos que puedan acceder a un sistema de blindaje lo hagan, en virtud de la necesidad de demostrar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño personal por las especiales circunstancias que lo rodean, no dejan de constituir una simple apreciación subjetiva de éste, a partir de los efectos negativos que le atribuye a la norma, lo cual impide a la Sala hacer un pronunciamiento al respecto, ya que la mera inconformidad del demandante con una disposición no estructura un cargo capaz de desquiciar la armonía entre la norma atacada y el Decreto Ley que mediante ella se reglamenta.

3.3. Violación del artículo 2 de la Constitución Política.

El actor no precisó las razones por las cuales la norma demandada quebranta el artículo 2 de la Carta Política, cuyo tenor es el siguiente:

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el artículo 2º de la Carta determina expresa y claramente que las autoridades colombianas han sido instituidas para proteger a los residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, razón por la cual la seguridad constituye uno de los fines esenciales del Estado[1].

De igual manera, señala la misma Corporación, como actividad inherente a una función esencial del Estado, la seguridad es servicio público primario (art. 365 CP) cuyos objetivos deben cumplirse dentro de los limites fijados por la propia Carta y por la ley, y bajo la vigilancia, supervisión y control estatales, máxime considerando que “la vigilancia y seguridad privada es una actividad que por su naturaleza involucra elevadas dosis de riesgo social”[2].

Así las cosas, la remisión que hace la norma demandada al literal c) del artículo 34 del decreto 2535 de 1993, que impone la justificación de los motivos que acrediten una condición especial que amerite los blindajes, simplemente forma parte del deber del Estado de controlar y vigilar las actividades relacionadas con la seguridad y en ningún momento contraría el artículo 2 de la Constitución Política.

Corolario de lo expuesto es que el actor no logró demostrar que el literal a) del artículo 40 del Decreto Reglamentario No. 2187 de 2001, infringió las disposiciones constitucionales y legales citadas en la demanda, lo cual constituye razón suficiente para denegar las pretensiones de la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA



[1] Ver al respecto, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional C-199 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-995 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[2] C-123 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.