SENTENCIA 11001-03-15-000-2011-00629-00(CA) de 2013

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030545SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-15-000-2011-00629-00(CA)201305/02/2013SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-15-000-2011-00629-00(CA)__2013_05/02/2013300305432013CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Decreto 1490 de 2011 / DECRETO 1490 DE 2011 - Declarase ajustado a derecho mientras surti� efectos excepto lo dispuesto en art�culo 14 en la parte final del Inciso Segundo / SUELO URBANIZABLE - Para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional Conforme a lo anotado y lo conceptuado por la Procuradur�a General de la Naci�n, se concluye que el Decreto 1490 de 9 de mayo de 2011, se encuentra ajustado a la Constituci�n y la Ley, salvo lo dispuesto en el art�culo 14 en la parte final del inciso segundo, seg�n el cual, �El resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital�, que como qued� anotado es contrario a lo establecido en el Decreto Legislativo 4821 de 2010, art�culo 3, 3.1.2 inciso tercero y 3.2.2 inciso segundo, toda vez que la concertaci�n no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con el Convenio que contenga los puntos sobre los cuales se lleg� a un acuerdo. NORMA DEMANDADA: DECRETO 1490 DE 2011 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejera ponente: BERTHA LUC�A RAM�REZ DE P�EZ Bogot� D.C., cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013) Radicaci�n n�mero: 11001-03-15-000-2011-00629-00(CA) Actor: PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL [1] Ley 137 de 1994, en el art�culo 20, dispone: �CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de car�cter general que sean dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepci�n, tendr�n un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviar�n los actos administrativos a la jurisdicci�n contencioso administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedici�n.� [2] �Por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica.� [3] �Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.� [4] La Corte realiz� el control de constitucionalidad sobre la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci�n mediante la Sentencia C-179/94 M.P. Carlos Gaviria D�az, sobre el particular dijo: �Pues bien, en los incisos primero y segundo del art�culo que se revisa, se consagra el control autom�tico de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos dictados por el Presidente de la Rep�blica durante los estados de excepci�n, el cual ser� ejercido por la jurisdicci�n contencioso administrativa, de acuerdo con la competencia que all� se fija. Estas disposiciones no atentan contra la Ley Suprema y, por el contrario, encajan dentro de lo contemplado en el art�culo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las dem�s funciones que le asigne la ley. Dicho control constituye una limitaci�n al poder de las autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicaci�n de normas ilegales. No ocurre lo mismo con el inciso 3o., el cual debe juzgarse junto con el inciso 2o. del art�culo 56 de la misma ley que, dispone �As� mismo, y mientras se adopta la decisi�n definitiva, podr� la Corte Constitucional en pleno y dentro de los diez d�as siguientes a la fecha en que avoc� su conocimiento, suspender, a�n de oficio, los efectos de un decreto expedido durante los estados de excepci�n, siempre que contenga una manifiesta violaci�n de la Constituci�n.� Tanto el inciso 3o. del art�culo 20 como el inciso 2o. del art�culo 56 del proyecto de ley estatutaria que se estudia, resultan inexequibles por los mismos motivos que se expusieron al estudiar el art�culo 19 del presente proyecto de ley, que consagra la figura de la suspensi�n provisional de los decretos legislativos. Por tanto, no hay lugar a rebatir el argumento de los intervinientes, pues de todas formas el inciso 3o. ser� retirado del ordenamiento jur�dico. As� las cosas, el art�culo 20 del proyecto de ley que se revisa, es exequible salvo el inciso tercero, el cual ser� declarado inexequible.� [5] Sentencia C-299 de 27 de abril de 2011, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio, declar� exequible el art�culo 1� del Decreto 4821 de 2010, en el entendido que los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUs s�lo podr�n adoptarse hasta el a�o 2014. [6] Anexo H del cuaderno principal del expediente 4580 de 2010 �por el cual fue declarada la emergencia econ�mica, social y ecol�gica-, esto es, al Oficio DG-20111000002521 de 6 de enero de 2011 del Departamento Nacional de Planeaci�n. [7] Ley 388 de 18 de julio de 1997, por la cual se modific� la Ley 9� de 1989, y la Ley 2� de 1991, dispuso: � Art�culo 61�.- Modificaciones al procedimiento de enajenaci�n voluntaria . Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenaci�n voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989: El precio de adquisici�n ser� igual al valor comercial determinado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre aval�os expida el gobierno. El valor comercial se determinar� teniendo en cuenta la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci�n con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinaci�n econ�mica. La forma de pago del precio de adquisici�n podr� ser en dinero o en especie, en t�tulos valores, derechos de construcci�n y desarrollo, derechos de participaci�n en el proyecto a desarrollar o permuta. Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley se acepte la concurrencia de terceros en la ejecuci�n de proyectos, los recursos para el pago del precio podr�n provenir de su participaci�n. La comunicaci�n del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se har� con sujeci�n a las reglas del C�digo Contencioso Administrativo y no dar� lugar a recursos en v�a gubernativa. Ser� obligatorio iniciar el proceso de expropiaci�n si transcurridos treinta (30) d�as h�biles despu�s de la comunicaci�n de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci�n voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa. No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiaci�n y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, ser� posible que el propietario y la administraci�n lleguen a un acuerdo para la enajenaci�n voluntaria, caso en el cual se pondr� fin al proceso. Los inmuebles adquiridos podr�n ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilizaci�n de los inmuebles para el prop�sito que fueron adquiridos. Par�grafo 1�.- Al valor comercial al que se refiere el presente art�culo, se le descontar� el monto correspondiente a la plusval�a o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad p�blica para la adquisici�n, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participaci�n en plusval�a o la contribuci�n de valorizaci�n; seg�n sea del caso. Par�grafo 2�.- Para todos los efectos de que trata la presente Ley el Gobierno Nacional expedir� un reglamento donde se precisar�n los par�metros y criterios que deber�n observarse para la determinaci�n de los valores comerciales bas�ndose en factores tales como la destinaci�n econ�mica de los inmuebles en la zona geoecon�mica homog�nea, localizaci�n, caracter�sticas y usos del inmueble, factibilidad de prestaci�n de servicios p�blicos, vialidad y transporte.� [8] Ley 388 de 18 de julio de 1997, por la cual se modific� la Ley 9� de 1989, y la Ley 2� de 1991, dispuso: � Art�culo 22�.- De la participaci�n comunal en el ordenamiento del territorio. Para efectos de organizar la participaci�n comunal en la definici�n del contenido urbano del plan de ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podr�n delimitar en el �rea comprendida dentro del per�metro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localizaci�n en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un �mbito local o vecinal. Lo pertinente regir� para la participaci�n comunitaria en la definici�n del contenido rural, caso en el cual la divisi�n territorial se referir� a veredas o agrupaciones de veredas. En el curso de la formulaci�n y concertaci�n de los planes de ordenamiento territorial, las organizaciones c�vicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a trav�s de mecanismos democr�ticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podr�n designar representantes para que transmitan y pongan a consideraci�n sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan. Una vez surtido el proceso de adopci�n o revisi�n del plan, estas mismas organizaciones c�vicas mantendr�n su participaci�n en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos: 1. Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urban�sticas generales, la asignaci�n espec�fica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contrar�en las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podr�n referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tr�nsito vehicular y dem�s previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio p�blico, de acuerdo con las normas generales. 2. Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urban�sticas dentro de su �rea, de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan. 3. Para ejercer acciones de veedur�a ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violaci�n de las normas establecidas, a trav�s de procedimientos acordes con las pol�ticas locales de descentralizaci�n.� [9] Estaban previstos en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, Por la cual se expidi� el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Esta norma fue declarada inexequible mediante la sentencia C-149 del 4 de marzo de 2010, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio. [10] Cfr. Fundamento 4 de la presente providencia.

Norma demandada: �DECRETO 1490 DE 2011 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Decreto 1490 de 2011 / DECRETO 1490 DE 2011 - Declarase ajustado a derecho mientras surti� efectos excepto lo dispuesto en art�culo 14 en la parte final del Inciso Segundo / SUELO URBANIZABLE - Para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional

Conforme a lo anotado y lo conceptuado por la Procuradur�a General de la Naci�n, se concluye que el Decreto 1490 de 9 de mayo de 2011, se encuentra ajustado a la Constituci�n y la Ley, salvo lo dispuesto en el art�culo 14 en la parte final del inciso segundo, seg�n el cual, �El resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital�, que como qued� anotado es contrario a lo establecido en el Decreto Legislativo 4821 de 2010, art�culo 3, 3.1.2 inciso tercero y 3.2.2 inciso segundo, toda vez que la concertaci�n no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con el Convenio que contenga los puntos sobre los cuales se lleg� a un acuerdo.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 1490 DE 2011 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

La Sala procede a ejercer el Control Inmediato de Legalidad previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994,[1] respecto del Decreto No. 1490 de 9 de mayo de 2011, "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 4821 de 2010."

El Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las atribuciones del Estado de Excepci�n declarado mediante Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010,[2] expidi� el Decreto Legislativo 4821 de 2010,[3] cuyo texto es el siguiente:

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica, la Ley 137 de 1994 yen desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, y

Que en los t�rminos del art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, el Presidente de la Rep�blica con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los art�culos 212 y 213 de la Constituci�n Pol�tica, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ�mico, social y ecol�gico del pa�s, o que constituyan grave calamidad p�blica, podr� declarar el estado de emergencia.

Que seg�n la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podr� dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos.

Que el Decreto 4580 de 2010, declar� el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave situaci�n de calamidad p�blica ocurrida en el pa�s por la ola invernal e impedir la extensi�n de sus efectos.

Que a ra�z de la situaci�n de desastre nacional, los habitantes del territorio se han visto obligados a desplazarse a otros lugares, en condiciones que afectan gravemente sus derechos fundamentales; as� mismo la infraestructura vial y urbana ha resultado gravemente deteriorada, dificultando la atenci�n de las necesidades b�sicas de los habitantes, raz�n por la cual resulta necesario expedir disposiciones encaminadas a conjurar la crisis e impedir la extensi�n de sus efectos.

Que la situaci�n presentada a causa del fen�meno de La Ni�a en el pa�s, ha provocado graves inundaciones, derrumbes, da�os de v�as, p�rdidas de zonas agr�colas, de vivienda y centros educativos, acueductos, hospitales y da�os en la infraestructura de servicios p�blicos.

Que seg�n los reportes de la Direcci�n de Gesti�n de Riesgo del Ministerio de Interior y Justicia, por fen�menos de inundaci�n y deslizamiento se han visto destruidas m�s de tres mil viviendas y averiadas m�s de trescientas mil. Como consecuencia de lo anterior, actualmente en Colombia existen alrededor de dos millones de personas afectadas en seiscientos ochenta y ocho municipios y en veintiocho departamentos.

Que teniendo en cuenta la recurrencia de eventos registrada para las zonas afectadas por la situaci�n de desastre nacional, se hace inminente la necesidad de crear mecanismos para la habilitaci�n expedita y efectiva de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos afectados, as� como de aquellos que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable.

Que para llevar a cabo los proyectos de reubicaci�n y reasentamiento, adem�s de garantizar su localizaci�n en zonas seguras que no presenten riesgos para las personas, se hace necesario adelantar operaciones urbanas integrales, donde se asegure el cumplimiento de est�ndares de calidad ambiental y urban�stica con las infraestructuras viales y de servicios p�blicos, y la localizaci�n de equipamiento principalmente de educaci�n y salud.

Que para efectos de atender la situaci�n de emergencia econ�mica, social y ecol�gica declarada en todo el territorio nacional, las medidas que se deben agilizar la aprobaci�n de los instrumentos de planeaci�n y ordenamiento que garanticen la habilitaci�n de suelo con el fin de brindar soluciones r�pidas y efectivas, que busquen evitar mayor vulnerabilidad de las personas afectadas y prevenir la afectaci�n de nuevos hogares.

Que las operaciones urbanas integrales correspondientes a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) buscan garantizar de forma r�pida y efectiva la habilitaci�n de suelo para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos, para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.

Que se hace necesario que las operaciones urbanas integrales que se adelanten para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional, se hagan de forma coordinada entre el Gobierno Nacional y los municipios y/o distritos.

Art�culo 1.- Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU). El Gobierno Nacional podr� promover, ejecutar y financiar Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) en los que se definan, de com�n acuerdo con las autoridades de planeaci�n de los municipios y distritos en el �mbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urban�sticas necesarias para la ejecuci�n de operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitaci�n de suelo para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4580 de 2010.

En los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se definir�n las condiciones para la construcci�n y reubicaci�n de viviendas, el desarrollo de otros usos, la extensi�n o ampliaci�n de la infraestructura para el sistema vial, y de servicios p�blicos domiciliarios, y la ejecuci�n de espacios p�blicos y equipamientos colectivos, ya sea que se trate de predios urbanos, rurales o de expansi�n urbana.

Par�grafo.- Cuando los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se localicen en suelos rurales deber�n apoyar el desarrollo compacto de la ciudad.

Art�culo 2.- Categor�as. Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) ser�n adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se clasificar�n, de la siguiente forma:

En estos casos, la adopci�n del PIDU implicar� la ratificaci�n previa del concejo municipal o distrital de la modificaci�n de dichas normas, sobre la base del convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Alcalde del respectivo municipio o distrito.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANUNCIO, LA FORMULACI�N Y CONCERTACI�N, LA APROBACI�N Y LA ADOPCI�N DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO URBANO

Art�culo 3.- Procedimiento de anuncio, formulaci�n y concertaci�n, aprobaci�n y adopci�n. El anuncio, formulaci�n, aprobaci�n y adopci�n de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se regir� por las siguientes reglas:

3.1 Para los PIDU Categor�a 1, a que se refiere el numeral 1 del art�culo anterior:

3.1.1 Anuncio. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial anunciar� los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano mediante acto administrativo contra el cual no procede recurso alguno.

Para efectos de adelantar el anuncio se deber� contar con la viabilidad de servicios p�blicos domiciliarios y los planos necesarios para definir la localizaci�n y delimitaci�n del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano, las �reas de conservaci�n y protecci�n ambiental, las zonas de riesgo y la relaci�n e identificaci�n de los predios y sus propietarios, en los t�rminos que se establezca en el reglamento. Dichos documentos har�n parte integral del acto administrativo por medio del cual se anuncia el respectivo Proyecto Integral de Desarrollo Urbano.

Para efectos de lo establecido en el par�grafo 1 del art�culo 61 de la Ley 388 de 1997, el acto administrativo que constituye el anuncio del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano incluir� la orden de solicitar la pr�ctica de aval�os de referencia para determinar el precio del suelo antes del anuncio del respectivo PIDU. Dichos aval�os deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente antes del anuncio y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano.

Este anuncio no generar� obligaci�n de formular o adoptar el respectivo Proyecto Integral de Desarrollo Urbano ni obligar� a la administraci�n a presentar oferta de compra sobre los bienes objeto del mismo.

3.1.2 Formulaci�n y concertaci�n. Una vez el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano haya sido anunciado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formular� el proyecto de PIDU con el documento t�cnico de soporte que contenga el desarrollo, la descripci�n y la aplicaci�n de los distintos procesos t�cnicos empleados para la formulaci�n del mismo, los cuales se someter�n a tr�mite de concertaci�n con el alcalde municipal o distrital.

Para la concertaci�n del proyecto se dispondr� de quince (15) d�as h�biles prorrogables hasta por un t�rmino adicional de quince (15) d�as h�biles cuando la etapa de concertaci�n no haya concluido en el t�rmino inicial.

Como resultado de la concertaci�n, el alcalde municipal o distrital y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribir�n un convenio en el cual dejar�n consagrados los acuerdos sobre todos los aspectos contenidos en el proyecto de PIDU, as� como los compromisos que asumir� cada una de las entidades en desarrollo de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.

Adicionalmente, el convenio definir� las condiciones de cooperaci�n y los compromisos asumidos entre el alcalde, como m�ximo orientador de la planeaci�n en el respectivo municipio o distrito, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el objeto de hacer m�s �gil y eficaz el desarrollo de las etapas de aprobaci�n, adopci�n y ejecuci�n de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano.

En caso de que no se llegare a ning�n acuerdo, despu�s de transcurrido los plazos establecidos en el presente numeral, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� someter nuevamente y por una sola vez el proyecto de PIDU a consideraci�n del respectivo alcalde municipal o distrital, despu�s de incluir los ajustes que se consideren pertinentes.

3.1.3 Adopci�n. Una vez suscrito el convenio de que trata el numeral anterior, dentro de los diez (10) d�as h�biles siguientes prorrogables hasta por un t�rmino adicional de diez (10) d�as h�biles, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� adoptar, mediante resoluci�n y con car�cter definitivo, el PIDU con el documento t�cnico de soporte, consolidado con las observaciones que hubiesen resultado pertinentes durante la etapa de concertaci�n.

La expedici�n de licencias urban�sticas y la ejecuci�n de las actuaciones previstas en el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano se sujetar�n a lo previsto en la resoluci�n de adopci�n.

3.2 Para los PIDU Categor�a 2, a que se refiere el numeral 2 del art�culo anterior:

3.2.1 Anuncio. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial anunciar� los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano mediante acto administrativo contra la cual no procede recurso alguno.

3.2.2 Formulaci�n y concertaci�n. Una vez el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano haya sido anunciado, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formular� el proyecto de PIDU con el documento t�cnico de soporte que contenga el desarrollo, la descripci�n y la aplicaci�n de los distintos procesos t�cnicos empleados para la formulaci�n del mismo, los cuales se someter�n a tr�mite de concertaci�n con el alcalde municipal o distrital.

Para la concertaci�n del proyecto se dispondr� de quince (15) d�as h�biles prorrogables hasta por un t�rmino adicional de quince (15) d�as h�biles, cuando la etapa de concertaci�n no haya concluido en el t�rmino inicial. Como resultado de la concertaci�n, el alcalde municipal o distrital y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribir�n un convenio en el cual dejar�n consagrados los acuerdos sobre todos los aspectos contenidos en el proyecto de PIDU, as� como los compromisos que asumir�n cada una de las entidades en desarrollo de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.

En caso de que no se llegare a ning�n acuerdo, despu�s de transcurrido �l t�rmino se�alado anteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� someter nuevamente y por una sola vez el proyecto de PIDU a consideraci�n del respectivo alcalde municipal o distrital despu�s de incluir los ajustes que se consideren pertinentes.

3.2.3 Concertaci�n Ambiental. Una vez suscrito el convenio de que trata el numeral anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ajustar� en diez (10) d�as h�biles el proyecto de Proyecto Integral de Desarrollo Urbano y el documento t�cnico de soporte, atendiendo los acuerdos que resultaren del proceso de concertaci�n, el cual se someter� al siguiente procedimiento:

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial someter� el documento t�cnico a concertaci�n con la autoridad ambiental correspondiente, cuando considere que sea necesario definir la delimitaci�n y reglamentaci�n de las �reas de reserva y protecci�n ambiental y dem�s condiciones para la protecci�n y conservaci�n de los recursos naturales y paisaj�sticos, para lo cual la autoridad ambiental correspondiente dispondr� de un t�rmino de ocho (8) d�as h�biles, prorrogables por cuatro (4) d�as h�biles.

Si la autoridad ambiental no se hubiere pronunciado definitivamente, mediante acto administrativo, dentro de este t�rmino o si habi�ndose pronunciado no se lograra la concertaci�n, le corresponder� al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir dichos asuntos ambientales, para lo que dispondr� de un t�rmino improrrogable de quince (15) d�as h�biles contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente se�alado.

3.2.4 Aprobaci�n de los usos del suelo. Culminado el proceso de concertaci�n ambiental, cuando a ello hubiera lugar, dentro de los veinte (20) d�as h�biles siguientes al recibo de los documentos de formulaci�n consolidados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Alcalde someter� a consideraci�n del Concejo municipal o distrital un proyecto de acuerdo que contenga las modificaciones a las normas de uso y aprovechamiento del suelo del plan de ordenamiento territorial que se requieran para asegurar la viabilidad del respectivo PIDU.

En el evento que el concejo estuviere en receso, el alcalde deber� convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificaci�n que pretenda introducir el Concejo al proyecto de Acuerdo deber� demostrar las ventajas de la misma sobre la soluci�n de ordenamiento propuesta y contar con la aceptaci�n previa y por escrito del Alcalde.

Transcurridos veinte (20) d�as calendario desde la presentaci�n de la propuesta de modificaci�n a las normas del plan de ordenamiento sin que el Concejo Municipal o distrital apruebe las modificaciones al mismo, el Alcalde podr� adoptarlo mediante decreto.

3.2.5 Adopci�n. Cumplidos los tr�mites se�alados en los numerales precedentes, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, previa verificaci�n de la conveniencia de las eventuales modificaciones introducidas por el Concejo al proyecto de Acuerdo sobre usos y aprovechamientos del suelo, podr� adoptar, mediante resoluci�n y con car�cter definitivo, el PIDU con el documento t�cnico de soporte, consolidado con las modificaciones que hubiesen resultado pertinentes durante la etapa de aprobaci�n ante el respectivo Concejo municipal o distrital.

Par�grafo.- El Gobierno Nacional definir� el contenido y alcance de los documentos t�cnicos de soporte y de las cartograf�as necesarias, para la formulaci�n y adopci�n de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano.

Articulo 4.- Iniciativa. Adem�s del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las entidades territoriales podr�n elaborar el proyecto de PIDU con su documento t�cnico de soporte, el cual ser� sometido a consideraci�n del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a fin de identificar su car�cter, incidencia o inter�s social nacional y definir las condiciones para su anuncio, formulaci�n, aprobaci�n y adopci�n como Proyecto Integral de Desarrollo Urbano.

Art�culo 5.- Participaci�n de particulares. Los particulares podr�n presentar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la formulaci�n de un proyecto de PIDU en los t�rminos y condiciones se�alados en el presente decreto.

Adem�s de la documentaci�n requerida para el anuncio y la formulaci�n, la solicitud deber�:

5.1. Acreditar certificado de existencia y representaci�n legal cuya fecha de expedici�n no sea mayor a un (1) mes, cuando se trate de personas jur�dicas. Documento de identidad cuando se trate de personas naturales.

5.2. Acreditar poder debidamente otorgado por los propietarios de los bienes inmuebles cuando el PIDU no se desarrolle directamente por ellos.

5.3. Especificar la forma de participaci�n del respectivo particular en cada una de las etapas del PIDU.

Art�culo 6.- Efectos de la adopci�n. La adopci�n de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano producir�, de conformidad con su contenido, los siguientes efectos:

6.1. La prevalencia de sus normas que constituir�n determinantes de ordenamiento y ser�n, por tanto, de obligada observancia por parte de los municipios, distritos y autoridades ambientales en las posteriores revisiones y modificaciones de los planes de ordenamiento territorial.

6.2 La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todas las personas de derecho p�blico y privado. Para el efecto, las licencias de urbanizaci�n y construcci�n para el desarrollo de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se otorgar�n con sujeci�n a las normas adoptadas en los mismos.

6.3 La destinaci�n de los predios e inmuebles incluidos en su �mbito de planificaci�n y/o gesti�n a los usos urbanos y aprovechamientos que resulten aplicables en virtud de las disposiciones del PIDU.

Art�culo 7.- Recursos. El Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, podr� destinar sus recursos para financiar los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano de que trata el presente decreto, en los que desarrollen viviendas de inter�s social prioritario para la atenci�n de familias afectadas con el fen�meno de la Ni�a 2010- 2011.

Para efectos de lo anterior, podr� celebrar de contratos de fiducia mercantil con sujeci�n a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 o en las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Art�culo 8.- Utilidad P�blica. De conformidad con lo establecido en el Decreto 4628 de 2010, se declara de urgencia, utilidad p�blica e inter�s social la totalidad de los inmuebles ubicados en suelo urbano, rural o de expansi�n urbana delimitados por el respetivo Proyecto Integral de Desarrollo Urbano, para efectos de adelantar procesos de enajenaci�n voluntaria y expropiaci�n administrativa.

Se entender�n incluidos en esta declaratoria los terrenos necesarios para ejecutar las obras exteriores de conexi�n del PIDU con las redes principales de infraestructura vial y de servicios p�blicos.

OTRAS DISPOSICIONES PARA LA HABILITACI�N DE SUELO URBANIZABLE PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECON�MICA, SOCIAL Y ECOLOGICA NACIONAL

Art�culo 9.- Clasificaci�n del suelo. Los per�metros del suelo urbano y de expansi�n urbana a que se refieren los art�culos 31 y 32 de la Ley 388 de 1997 de los municipios y distritos afectados por el fen�meno de la Ni�a 2010-2011, podr�n ampliarse por las necesidades de expansi�n urbana sobre los suelos que seg�n clasificaci�n del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, siempre que no sea posible destinar al efecto, suelos de diferente calidad o condici�n.

Par�grafo.- Los suelos de expansi�n urbana clasificados y delimitados por los planes de ordenamiento territorial que se hayan adoptado por parte de los municipios y distritos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, sobre los suelos que seg�n clasificaci�n del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, se incorporar�n al desarrollo urbano, de conformidad con la normatividad vigente que sea aplicable a dicho efecto.

Art�culo 10.- Condiciones para adelantar actuaciones de urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana. Las actuaciones de urbanizaci�n en predios urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano o de expansi�n urbana para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4580 de 2010, se adelantar�n mediante la aprobaci�n de un solo proyecto urban�stico general o una sola licencia de urbanizaci�n sin tr�mite de plan parcial, siempre y cuando:

10.1. El predio o predios cuenten con disponibilidad inmediata de servicios p�blicos domiciliarios y garanticen las condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial existente en el municipio o distrito, y

10.2. El municipio o distrito haya definido en el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, la reglamentaci�n del tratamiento urban�stico de desarrollo y la delimitaci�n de las �reas que por sus valores ambientales, naturales o paisaj�sticos deban ser conservadas.

Par�grafo 1.- El Gobierno Nacional definir� los contenidos m�nimos de las normas que deben orientar el tratamiento urban�stico de desarrollo, as� como las condiciones de �rea de los predios localizados en suelo urbano o de expansi�n urbana para la construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional por grave calamidad p�blica, teniendo en cuenta las diferentes denominaciones de los planes de ordenamiento de que trata el art�culo 9 de la Ley 388 de 1997.

Par�grafo 2.- Los proyectos de planes parciales que se encuentren en tr�mite a la entrada en vigencia del presente decreto, podr�n acogerse a lo dispuesto en este art�culo, en cuyo caso y para efectos de la expedici�n de las respectivas licencias urban�sticas deber�n tenerse en cuenta las determinantes ambientales para la formulaci�n o los resultados de la concertaci�n ambiental, siempre que hubieren agotado dichas etapas en el proceso de formulaci�n del proyecto de plan parcial.

Art�culo 11.- T�rmino para el otorgamiento de licencias urban�sticas. Las entidades competentes y los curadores urbanos, seg�n sea del caso, tendr�n un t�rmino de treinta (30) d�as h�biles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencias, contados desde la fecha de la solicitud. El plazo podr� prorrogarse hasta en diez (10) d�as h�biles, mediante resoluci�n motivada, por una sola vez, cuando el tama�o o la complejidad del proyecto lo ameriten.

Vencidos los plazos sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencias se entender�n aprobadas en los t�rminos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios responsables a expedir oportunamente las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobaci�n del proyecto presentado mediante la aplicaci�n del silencio administrativo positivo. La invocaci�n del silencio administrativo positivo se someter� al procedimiento previsto en el C�digo Contencioso Administrativo.

Art�culo 12.- Modificaci�n de planes parciales. La modificaci�n de las disposiciones contenidas en los planes parciales que complementen y desarrollen el plan de ordenamiento territorial, se efectuar� teniendo en cuenta �nicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto de la modificaci�n necesaria para el desarrollo del respectivo plan.

Art�culo 13.- Macroproyectos de Inter�s Social Nacional. Los macroproyectos de Inter�s Social Nacional que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentren adoptados, podr�n ampliar su �rea de planificaci�n y/o gesti�n siempre y cuando esta modificaci�n est� dirigida a incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda localizados en el respectivo municipio o distrito con el fin de adelantar la construcci�n de viviendas y/o reubicar asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo afectados por la ola invernal.

Art�culo 14.- Vigencia. La presente Ley rige a partir de su publicaci�n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El precitado Decreto plantea la problem�tica en la gesti�n para la habilitaci�n del suelo, se�alando que el estado de emergencia fue declarado, entre varias razones, por el n�mero de viviendas averiadas y destruidas debido a los graves efectos del fen�meno de La Ni�a 2010-2011.

Para el 29 de diciembre de 2010, fecha de expedici�n del Decreto, la situaci�n era de m�s de 3.000 viviendas destruidas y m�s de 300.000 averiadas en 688 Municipios; tales afectaciones est�n relacionadas con la ubicaci�n en zonas de alto riesgo por inundaci�n o deslizamientos.

Estos hechos, hicieron necesario habilitar suelo para la construcci�n de viviendas, permitiendo reubicar a los hogares afectados que vivan en zonas de riesgo no mitigable, para evitar que la poblaci�n contin�e expuesta a la ocurrencia de eventos desastrosos.

A estos acontecimientos se agrega que de cumplirse estrictamente los procedimientos y acciones relacionadas con el tr�mite de adopci�n de un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para remediar los da�os, tomar�a un a�o y medio.

Con la expedici�n del Decreto 4821 de 2010 el Gobierno Nacional busc� hacer frente a la emergencia, en los siguientes t�rminos:

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4821 de 2010, y

Que mediante Decreto Legislativo 4821 del 29 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional con motivo de la emergencia econ�mica, social y ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica declarada mediante Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, adopt� medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.

Que dentro de las medidas adoptadas en el Decreto 4821 de 2010 para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos, se estableci� la creaci�n de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU); la ampliaci�n del �rea de planificaci�n y/o gesti�n de los macroproyectos de inter�s social nacional que se encuentren adoptados, para incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda para construcci�n y/o reubicaci�n de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable; las condiciones para adelantar actuaciones de urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana con licencia de urbanizaci�n y sin plan parcial, con el fin de habilitar suelo urbanizable; la posibilidad de ampliaci�n de los per�metros del suelo urbano y de expansi�n urbana por necesidades de expansi�n urbana sobre los suelos que seg�n clasificaci�n deI I.G.A.C., pertenezcan a las clases 1, " o 111; la reducci�n del t�rmino para el otorgamiento de licencias urban�sticas; y las condiciones para la modificaci�n de los planes parciales

Que los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) constituyen operaciones urban�sticas integrales coordinadas entre el Gobierno Nacional y los municipios y distritos afectados, por lo que se hace necesario establecer las condiciones generales en que se desarrollar�n, determinando los requisitos para cada una de las fases de prefactibilidad, formulaci�n y adopci�n, se�alando los documentos que se deben aportar para realizar el anuncio del PIDU as� como el contenido y alcance de los documentos t�cnicos de soporte y de la cartograf�a necesaria para la formulaci�n y adopci�n de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 4821 de 2010.

Que se hace necesario establecer los requisitos para adelantar la ampliaci�n de Macroproyectos de Inter�s Social Nacional adoptados, el contenido y alcance de los documentos y la informaci�n que se requiere en cada una de sus fases, con el fin de garantizar una atenci�n �gil y efectiva de las personas damnificadas y/o personas ubicadas en zonas de alto riesgo que deban ser reubicadas por el fen�meno de la ni�a 2010 -2011.

Art�culo 1. Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano. Constituyen el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urban�sticas, definidas de com�n acuerdo con las autoridades de planeaci�n de los municipios y distritos, necesarias para la ejecuci�n de operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitaci�n de suelo urbanizable para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.

En los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se definir�n las condiciones para la construcci�n y reubicaci�n de viviendas, especialmente viviendas de inter�s social (VIS) y viviendas de inter�s prioritario (VIP), el desarrollo de otros usos, la extensi�n o ampliaci�n de la infraestructura para el sistema vial, y de servicios p�blicos domiciliarios, y la ejecuci�n de espacios p�blicos y equipamientos colectivos, ya sea que se trate de predios urbanos, rurales o de expansi�n urbana.

Par�grafo. Cuando los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se localicen en suelos rurales deber�n apoyar el desarrollo compacto de la ciudad.

Art�culo 2. Objetivo. El principal objetivo de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano es garantizar la habilitaci�n de suelo urbanizable para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.

Los PIDU desarrollar�n asentamientos urbanos con altos par�metros de calidad urban�stica y ambiental y promover el ordenamiento territorial, el desarrollo y crecimiento equilibrado y equitativo de las ciudades y su articulaci�n con los sistemas estructur�ntes de infraestructura de movilidad y de servicios p�blicos.

Art�culo 3. �mbito de atenci�n territorial de los PIDU. Con el fin de garantizar una atenci�n �gil y efectiva de las personas damnificadas o ubicadas en zonas de alto riesgo que deban ser reubicadas por el fen�meno de La Ni�a 2010 -2011, los PIDU definir�n los objetivos y las directrices urban�sticas espec�ficas que orientar�n la urbanizaci�n del suelo necesario, para atender las necesidades de construcci�n de vivienda de las zonas que se identifiquen como objeto de su �mbito de atenci�n territorial.

Para ello, una vez definido el �mbito de atenci�n territorial del respectivo PIDU, se establecer�n los porcentajes de suelo �til que se destinar�n para atender las necesidades de vivienda identificadas en el mismo, para los hogares damnificados por la situaci�n de desastre, incluidos en los sistemas de informaci�n que para el efecto determine el Gobierno Nacional y de los hogares ubicados en zonas de riesgo no mitigable que deban ser reubicados, seg�n lo determine la oficina competente del respectivo municipio o distrito.

Con el fin de promover el uso racional del suelo, en armon�a con las necesidades de empleo, cohesi�n social, seguridad y protecci�n del medio ambiente, en cada PIDU se podr� destinar suelo para otros tipos de vivienda y para usos productivos que sean complementarios y compatibles con el uso residencial.

Par�grafo 1.- El �mbito de atenci�n territorial del PIDU hace referencia a la extensi�n espacial de las zonas afectadas por la situaci�n de desastre y/o de las zonas de riesgo no mitigable, en donde se localicen viviendas que deban ser objeto de reubicaci�n o reconstrucci�n, de conformidad con las necesidades de los hogares afectados.

No obstante, cualquier hogar afectado que se encuentre por fuera del �mbito de atenci�n territorial del PIDU podr� ser objeto de los programas de vivienda para la atenci�n de la emergencia que se adopten en el mismo, ya sea que se trate del mismo municipio o de otros municipios afectados.

Par�grafo 2. Cuando de conformidad con el art�culo 19 de la Ley 136 de 1994 se decida trasladar una cabecera municipal por afectaci�n del Fen�meno de La Ni�a 2010 -2011, la destinaci�n del suelo del nuevo centro urbano tendr� en cuenta los porcentajes de usos existentes en el asentamiento desalojado, seg�n lo establecido en la aprobaci�n de usos del suelo para la adopci�n del PIDU.

Art�culo 4. Categor�as. Los PIDU ser�n adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se diferenciar�n, seg�n tengan por objeto:

4.1 PIDU Categor�a 1. Los PIDU Categor�a 1 tienen por objeto la definici�n de los t�rminos y las condiciones de gesti�n y ejecuci�n de los contenidos, actuaciones o normas urban�sticas del plan de ordenamiento territorial vigente, sobre la base de un convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Alcalde del respectivo municipio o distrito. Con la adopci�n de estos PIDU, en ning�n caso, podr�n modificarse las disposiciones del respectivo plan de ordenamiento territorial.

4.2 PIDU Categor�a 2. Los PIDU Categor�a 2 tienen por objeto la definici�n, adem�s de lo previsto en el numeral anterior, de las posibles modificaciones de las normas urban�sticas que regulan el uso y aprovechamiento del suelo del plan de ordenamiento territorial vigente, cuando ello resulte necesario para asegurar la viabilidad de la operaci�n urbana que se adopta con el PIDU.

Art�culo 5. Fases de los PIDU. El procedimiento para el anuncio, la formulaci�n, la concertaci�n, la aprobaci�n y la adopci�n de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano comprenden las siguientes fases:

Par�grafo. Para efectos de la modificaci�n del PIDU �sta se deber� adelantar atendiendo el procedimiento establecido en la fase que corresponda a los asuntos objeto de la modificaci�n. Cuando la propuesta implique la modificaci�n de las normas contenidas en el plan de ordenamiento territorial, se seguir� el tr�mite previsto para los PIDU categor�a 2; de lo contrario, se tramitar� conforme a las reglas contempladas para los PIDU categor�a 1.

Art�culo 6. Titulares de la iniciativa. Adem�s del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la iniciativa para presentar un PIDU podr� ser de las entidades territoriales o de particulares, directamente o mediante mecanismos de asociaci�n p�blico privado.

En todo caso, el �rea de planificaci�n del respectivo PIDU deber� adelantarse en un s�lo municipio o distrito.

Art�culo 7. Documentaci�n requerida para adelantar la prefactibilidad de los PIDU. Para efectos de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pueda estudiar la prefactibilidad del proyecto de PIDU, el interesado deber� radicar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial un documento t�cnico de soporte de prefactibilidad, en medio magn�tico y f�sico, que incluya al menos la siguiente informaci�n:

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante resoluci�n podr� desarrollar los requisitos se�alados en el presente art�culo y se�alar documentos complementarios para adelantar el estudio de prefactibilidad t�cnica de los PIDU.

Art�culo 8. Documentos adicionales para la presentaci�n de los PIDU de Iniciativa de entidades territoriales y particulares. Las entidades territoriales y los particulares interesados en adelantar un PIDU deber�n incorporar en el documento t�cnico de soporte de prefactibilidad de que trata el art�culo 7 del presente decreto, lo siguiente:

Cuando la iniciativa del proyecto PIDU provenga de particulares, tambi�n se deber� presentar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial poder debidamente otorgado por el(los) propietario(s) de los bienes inmuebles, cuando el PIDU haya sido sugerido por personas diferentes a los propietarios de los inmuebles ubicados en el �rea de planificaci�n.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estudiar� la documentaci�n presentada para efectos de analizar la prefactibilidad de los PIDU, para lo cual contar� con un t�rmino de treinta (30) d�as h�biles contados a partir de su radicaci�n.

Cuando el Ministerio determine que el proyecto PIDU cuenta con la prefactibilidad, expedir� el acto administrativo a que hace referencia el art�culo 9 del presente decreto.

Par�grafo. Cuando la iniciativa del PIDU provenga de una entidad territorial o de particulares, los costos para elaborar el documento t�cnico de soporte de prefactibilidad ser�n asumidos por cuenta exclusiva de quienes presenten el respectivo PIDU. En ning�n evento el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asumir� los costos ni responder� por los gastos en que deba incurrir o haya incurrido quien presente la iniciativa de un PIDU.

Art�culo 9. Anuncio de los PIDU. El estudio de prefactibilidad del PIDU por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial culminar� con su anuncio mediante resoluci�n expedida por el Ministerio.

El acto administrativo que constituye el anuncio del PIDU tendr�, por lo menos, el siguiente contenido:

4.1 Documento T�cnico de Soporte de Prefactibilidad que de cuenta de lo previsto en los art�culos 7 y 8 del presente Decreto.

4.2 Plano que delimita mediante coordenadas geogr�ficas el �rea preliminar en la cual se formular� el PIDU, con el se�alamiento y localizaci�n de los suelos de identificaci�n y delimitaci�n de las �reas de conservaci�n y protecci�n ambiental, las zonas de riesgos.

4.3 Plano con la relaci�n e identificaci�n de los predios y sus propietarios.

Par�grafo 1. Contra el acto administrativo mediante el cual se anuncia el PIDU no procede recurso alguno.

Par�grafo 2. El anuncio de que trata este art�culo no generar� obligaci�n de formular o adoptar el PIDU ni obligar� al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a presentar oferta de compra sobre los bienes objeto del mismo.

Par�grafo 3. Los efectos del anuncio cesar�n cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial archive la solicitud de PIDU mediante acto administrativo por cualquiera de las causales previstas en este Decreto.

Par�grafo 4. Para efectos del anuncio se tendr� en cuenta lo establecido en el par�grafo 1 del art�culo 61 de la Ley 388 de 1997

Art�culo 10. Requisitos para practicar los aval�os. Los aval�os de referencia tienen por objeto determinar el precio del suelo antes del respectivo anuncio y deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente antes del anuncio y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar el PIDU.

Par�grafo. Al valor comercial al que se refiere el presente art�culo, se le descontar� el monto correspondiente a la plusval�a o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad p�blica para la adquisici�n, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participaci�n en plusval�a o la contribuci�n de valorizaci�n; seg�n sea del caso.

Art�culo 11. Formulaci�n de los PIDU. Una vez el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hubiese expedido el acto administrativo de que trata el art�culo 9 del presente decreto, se iniciar� la fase de formulaci�n el proyecto de PIDU con la elaboraci�n del documento t�cnico de soporte -DTS a que hace referencia el art�culo 12 con el fin de someterlo al correspondiente an�lisis de viabilidad.

Cuando la iniciativa del PIDU provenga de una entidad territorial o un particular, los interesados deber�n presentar dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicaci�n del acto administrativo mediante el cual se anuncia el respectivo PIDU, prorrogables a solicitud de parte, hasta por dos (2) meses, la formulaci�n del proyecto de PIDU con el documento t�cnico de soporte. La presentaci�n de esta iniciativa ante el Ministerio no generar� ning�n tipo de obligaci�n para su adopci�n.

Art�culo 12. Documento t�cnico de soporte -DTS para la formulaci�n de los PIDU. Con la solicitud de formulaci�n del proyecto de PIDU, el interesado deber� anexar un documento t�cnico de soporte que incluya:

Anexo al documento t�cnico de soporte de formulaci�n se deber�n entregar los siguientes estudios t�cnicos y planos:

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante resoluci�n desarrollar� los requisitos t�cnicos, financieros y jur�dicos establecidos en el presente art�culo y podr� se�alar requisitos complementarios para la elaboraci�n de los estudios de que trata este art�culo.

Art�culo 13. An�lisis de viabilidad t�cnica, financiera y jur�dica del proyecto de PIDU. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que �ste designe para el efecto, proceder� a efectuar la evaluaci�n t�cnica, financiera y jur�dica del proyecto de PIDU.

Una vez radicado el proyecto de PIDU as� como su Documento T�cnico de Soporte, previa verificaci�n del cumplimiento de todos los requisitos contenidos en los art�culos 11 y 12 del presente decreto, �ste se someter� al an�lisis de viabilidad ambiental, urban�stica, jur�dica y financiera para lo cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contar� con un t�rmino de cuarenta y cinco (45) d�as h�biles, contados a partir de su presentaci�n en legal y debida forma.

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� se�alar mediante resoluci�n los criterios para efectuar el estudio de viabilidad t�cnica, financiera y jur�dica, de la formulaci�n del proyecto de P/DU.

Art�culo 14. Concertaci�n con el municipio o distrito. Una vez el proyecto de PIDU cuente con viabilidad t�cnica, financiera y jur�dica y el documento t�cnico de soporte incluya las observaciones efectuadas si a ello hubiere lugar, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial iniciar� el proceso de concertaci�n con el alcalde municipal o distrital.

Para la concertaci�n del proyecto se dispondr� de un t�rmino de quince (15) d�as h�biles contados a partir de la radicaci�n de la solicitud ante el respectivo alcalde, prorrogables hasta por un t�rmino adicional de quince (15) d�as h�biles cuando la fase de concertaci�n no haya concluido en el t�rmino inicial. El resultado de la concertaci�n constar� en acto administrativo expedido por el alcalde municipal o distrital. (Se destaca)

En caso de que no se llegare a ning�n acuerdo, despu�s de transcurridos los plazos establecidos en el presente art�culo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podr� someter nuevamente y por una sola vez el proyecto de PIDU a concertaci�n con el respectivo alcalde municipal o distrital, despu�s de incluir los ajustes que considere pertinentes. Si en esta segunda oportunidad, no hubiere concertaci�n dentro de los cinco (5) d�as h�biles siguientes a la radicaci�n de la solicitud, se entender� negada y, por consiguiente, el Ministerio proceder� a su archivo y los documentos ser�n devueltos al interesado.

Art�culo 15. Convenio entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito. En caso� de concertaci�n entre el alcalde y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, esta fase culminar� con la suscripci�n de un convenio que contendr� al menos los siguientes aspectos:

Par�grafo. Para los PIDU Categor�a 1, una vez suscrito el respectivo Convenio entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito, se adelantar� el tr�mite de adopci�n, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, del art�culo 19 del presente Decreto. '

Art�culo 16. Participaci�n democr�tica. La participaci�n democr�tica en los PIDU busca que las personas interesadas en la respectiva operaci�n urbana integral, puedan presentar observaciones y recomendaciones al proyecto de PIDU.

Para los PIDU categor�a 1, la participaci�n democr�tica se garantizar� de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley 388 de 1997 y dem�s normatividad vigente sobre la materia para el instrumento con el que se deba adoptar la respectiva operaci�n urbana seg�n el plan de ordenamiento territorial.

Para los PIDU Categor�a 2, el proyecto de PIDU estar� disponible durante todo el tr�mite de formulaci�n en las instalaciones de la alcald�a del respectivo municipio o distrito. Una vez suscrito el Convenio entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito, el Alcalde convocar�, dentro de los dos (2) d�as siguientes a la suscripci�n del convenio, a una audiencia p�blica con el objeto de que los interesados presenten y expongan sus observaciones y recomendaciones.

La respuesta a las recomendaciones y observaciones presentadas por los interesados se resolver� concertadamente entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio previa la adopci�n del respectivo proyecto.

Art�culo 17. Concertaci�n con la autoridad ambiental. Para los PIDU Categor�a 2, una vez suscrito el Convenio de que trata el presente art�culo y surtida la etapa de participaci�n democr�tica prevista en el art�culo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o el interesado en el PIDU, contar� con diez (10) d�as h�biles para ajustar el Proyecto de PIDU y su correspondiente documento t�cnico de soporte, de conformidad con los acuerdos que resultaren del proceso de concertaci�n con el alcalde del municipio o distrito. Una vez ajustado el proyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lo someter� al proceso de concertaci�n con la autoridad ambiental correspondiente, cuando considere que sea necesario definir la delimitaci�n y reglamentaci�n de las �reas de reserva y protecci�n ambiental y dem�s condiciones para la protecci�n y conservaci�n de los recursos naturales y paisaj�sticos.

Una vez el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial radique el proyecto de PIDU y su documento t�cnico de soporte ante la autoridad ambiental correspondiente, �sta dispondr� de un t�rmino de ocho (8) d�as h�biles, prorrogables por cuatro (4) d�as h�biles, para adelantar la concertaci�n ambiental.

Si la autoridad ambiental no se hubiere pronunciado definitivamente, mediante acto administrativo dentro de este t�rmino o si habi�ndose pronunciado no se lograra la concertaci�n, le corresponder� al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir dichos asuntos ambientales, para lo que dispondr� de un t�rmino improrrogable de quince (15) d�as h�biles contados a partir del vencimiento del plazo anteriormente se�alado.

Art�culo 18. Aprobaci�n de los usos del suelo. Culminado el proceso de concertaci�n ambiental, cuando a ello hubiera lugar, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial radicar� el proyecto de PIDU definitivo con el correspondiente documento t�cnico de soporte ante el alcalde del municipio o distrito.

El alcalde someter� a consideraci�n del concejo municipal o distrital, dentro de los veinte (20) d�as h�biles siguientes al recibo de los documentos de formulaci�n consolidados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un proyecto de acuerdo que contenga las modificaciones a las normas de uso y aprovechamiento del suelo del plan de ordenamiento territorial que se requieran para asegurar la viabilidad del respectivo PIDU.

En el evento en que el concejo estuviere en receso, el alcalde deber� convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificaci�n que pretenda introducir el Concejo al proyecto de Acuerdo deber� demostrar las ventajas de la misma sobre la soluci�n de ordenamiento propuesta y contar con la aceptaci�n previa y por escrito del Alcalde.

Par�grafo. En concordancia con lo dispuesto en el art�culo 9 del Decreto Legislativo 4821 de 2010, la formulaci�n del PIDU podr� incluir suelos que seg�n clasificaci�n del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, con el fin de incorporarlos al desarrollo urbano, siempre que no sea posible destinar al efecto, suelos de diferente calidad o condici�n.

Art�culo 19. Adopci�n del PIDU. Cumplidos los tr�mites se�alados en las fases precedentes, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptar� mediante resoluci�n el respectivo PIDU, as�:

Art�culo 20. Acto Administrativo mediante el cual se adopta el PIDU. La formulaci�n del PIDU por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial culminar� con su adopci�n mediante resoluci�n expedida por el Ministerio. El acto administrativo que adopta el PIDU tendr�, por lo menos, el siguiente contenido:

Plano que delimita mediante coordenadas geogr�ficas el �rea de planificaci�n del PIDU y dem�s cartograf�a anexa al documento t�cnico de soporte.

Documento T�cnico de Soporte de Formulaci�n que d� cuenta de lo previsto en el art�culo 12 del presente Decreto.

Par�grafo. Una vez publicado en el Diario Oficial el acto administrativo por el cual se adopte un PIDU se enviar� copia del mismo a los municipios, distritos y autoridades ambientales con jurisdicci�n en su �rea de ejecuci�n as� como a FONVIVIENDA.

Art�culo 21. Efectos de la adopci�n. De conformidad con lo previsto en el art�culo 6 del Decreto 4821 de 2010 la adopci�n de los PIDU producir�, los siguientes efectos:

Par�grafo 1. Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los PIDU ser�n los beneficiarios de la plusval�a que se pueda generar por la adopci�n de los mismos, la cual deber� destinarse al desarrollo del PIDU para los fines descritos en el art�culo 85 de la Ley 388 de 1997.

Par�grafo 2. Las �reas incluidas en un PIDU que no se encuentren en suelo urbano se considerar�n incorporadas a esta clase de suelo cuando se acredite la calidad de �reas urbanizadas. Se entender� que se encuentran urbanizadas las �reas cuyos predios cuenten con (i) la culminaci�n de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesi�n obligatoria contempladas en la respectiva licencia, de conformidad con las normas urban�sticas del respectivo PIDU; y, (ji) la entrega a satisfacci�n a los municipios y distritos y/o las empresas de servicios p�blicos domiciliarios correspondientes, de dichas obras y dotaciones, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

Art�culo 22. Licencias urban�sticas para la ejecuci�n de PIDU. Corresponder� a la autoridad municipal o distrital o a los curadores urbanos, seg�n el caso, estudiar, tramitar y expedir la licencia de urbanizaci�n en aplicaci�n y cumplimiento de las normas adoptadas en los PIDU.

Art�culo 23. Requisitos para la ampliaci�n de Macroproyectos de Inter�s Social Nacional adoptados. Los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional (MISN) que se encuentran adoptados a la entrada en vigencia del Decreto 4821 de 2010. en concordancia con lo previsto en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007 as� como el Decreto 4260 de 2007, modificado por el Decreto 3671 de 2009, podr�n ampliar su �rea de intervenci�n siempre y cuando esta modificaci�n est� dirigida a incorporar nuevos suelos urbanizables o proyectos de vivienda, y el 100% del �rea residencial se destine para: (i) Personas damnificadas por la situaci�n de desastre, incluidas en los sistemas de informaci�n que para el efecto determine el Gobierno Nacional; o (ii) Personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas, seg�n lo determine la oficina competente del respetivo municipio o distrito. En este caso, s�lo se permitir� el desarrollo de usos complementarios y compatibles a la actividad residencial.

El �rea de ampliaci�n del respectivo MISN deber� estar ubicada en el mismo municipio o distrito donde se encuentra el MISN adoptado.

Art�culo 24. Titulares de la Iniciativa. Adem�s del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr�n solicitar la ampliaci�n de MISN la entidad territorial y/o el particular que hubieran sugerido el Macroproyecto que se encuentre adoptado.

Art�culo 25. Fases de la ampliaci�n de MISN. Para efectos de ampliar el �rea de los MISN que se encuentren adoptados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4260 de 2007, modificado por el Decreto 3671 de 2009, los interesados deber�n adelantar las siguientes fases:

Par�grafo. La ampliaci�n del �rea del MISN para atender a personas damnificadas y/o personas ubicadas en zonas de alto riesgo que deban ser reubicadas por el fen�meno de la ni�a 2010-2011 la situaci�n de desastre y/o personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas, se regir� exclusivamente por lo dispuesto en el presente Decreto.

Art�culo 26. Identificaci�n y determinaci�n. Para identificar y determinar la ampliaci�n del �rea de un MISN el interesado deber� presentar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial toda la documentaci�n e informaci�n contenida en el art�culo 7 del presente Decreto referida �nicamente al �rea del MISN que se pretende ampliar.

Cuando la iniciativa provenga del municipio, distrito o promotor del macroproyecto adoptado, el interesado deber� adicionalmente adjuntar a su solicitud la informaci�n y documentaci�n relacionada en el art�culo 8 del presente decreto.

Una vez verificada la existencia de todos los documentos y requisitos requeridos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que se designe para el efecto, evaluar� la prefactibilidad de la solicitud de ampliaci�n del �rea del MISN, para lo cual contar� con un t�rmino de quince (15) d�as h�biles contados a partir de su radicaci�n.

Cuando el Ministerio determine que la solicitud de ampliaci�n del �rea del MISN cuenta con prefactibilidad expedir� el acto administrativo de anuncio en los t�rminos y las consecuencias previstas en el art�culo 9 del presente Decreto.

Par�grafo 1. En los Macroproyectos adoptados que existieran �reas anunciadas pero no incluidas en la formulaci�n ni en la adopci�n del mismo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o el titular de la iniciativa, elaborar�n el proyecto de ampliaci�n del �rea del MISN y el documento de soporte t�cnico sobre el �rea anunciada, con el fin de someterlo al tr�mite de viabilidad, de conformidad con lo se�alado en el art�culo siguiente del presente Decreto. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda o Desarrollo Territorial o el titular de la iniciativa pretendan ampliar el respectivo Macroproyecto que se encuentre adoptado en un �rea superior a la que fue anunciada, deber�n iniciar el tr�mite para la ampliaci�n del �rea de MISN desde la fase de identificaci�n y determinaci�n, tal como se prev� en el presente art�culo.

Par�grafo 2. Los aval�os de referencia tienen por objeto determinar el precio del suelo antes del respectivo anuncio y deber�n tener en cuenta la reglamentaci�n urban�stica vigente antes del anuncio y en ning�n caso incorporar�n las expectativas que pueda generar la ampliaci�n del MISN.

El Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, descontar�n del valor comercial de los inmuebles individuales, que se requieran para el desarrollo de la ampliaci�n del MISN, el monto correspondiente al mayor valor generado por el anuncio del mismo.

Art�culo 27. Formulaci�n. Una vez expedido el acto administrativo de anuncio y cuando la iniciativa de ampliaci�n sea del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, �ste elaborar� el proyecto de ampliaci�n del �rea del MISN y el documento t�cnico de soporte en los t�rminos previstos en el art�culo 13 del presente Decreto, con el fin de someterlo al correspondiente an�lisis de viabilidad t�cnico, financiero y jur�dico.

Cuando la iniciativa de ampliaci�n del MISN provenga de una entidad territorial o de un promotor, �stos dispondr�n de un t�rmino m�ximo de cuatro (4) meses contados a partir de la publicaci�n del acto administrativo mediante el cual se anuncia el proyecto de ampliaci�n de MISN, para presentar la documentaci�n correspondiente. En todo caso, la solicitud de formulaci�n y la presentaci�n de la documentaci�n del proyecto de ampliaci�n del �rea del MISN no generan ning�n tipo de obligaci�n para su adopci�n.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que �ste designe para el efecto, proceder� a efectuar la evaluaci�n t�cnica (ambiental y urban�stica), financiera y jur�dica del proyecto de ampliaci�n del �rea del MISN, para lo cual contar� con un plazo m�ximo de treinta (30) d�as h�biles, contados a partir de la radicaci�n de la solicitud que cumpla con todos los requisitos y documentos previstos en el art�culo 12 del presente Decreto.

Art�culo 28. Aviso a los municipios y distritos. Formulado el proyecto de ampliaci�n de MISN, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dar� aviso mediante comunicaci�n escrita al representante legal del municipio y/o distrito en cuya jurisdicci�n se ejecutar� el Macroproyecto, con el prop�sito de que las acciones urban�sticas que pretendan desarrollar estas entidades territoriales en las �reas que hagan parte del Macroproyecto sean concertadas con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los Alcaldes de los distritos en los cuales se vaya a ejecutar la ampliaci�n del respectivo MISN contar�n con un t�rmino m�ximo de quince (15) d�as h�biles, contados a partir de la fecha de recibo del aviso para que presenten propuestas u observaciones.

Si dentro del plazo establecido, el Ministerio no hubiere recibido propuestas u observaciones, podr� adoptar la ampliaci�n del MISN. Las observaciones que presenten los municipios y distritos se resolver�n en el acto administrativo de adopci�n.

Art�culo 29. Adopci�n. Cumplidas las fases precedentes, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podr� adoptar mediante resoluci�n la respectiva ampliaci�n de MISN, a la cual se anexar� el documento t�cnico soporte consolidado con las observaciones que hubiesen resultado pertinentes durante las fases precedentes.

La adopci�n de la ampliaci�n del �rea del MISN, producir� los siguientes efectos:

Par�grafo 1. Una vez entre en vigencia el acto administrativo por el cual se adopte la ampliaci�n del �rea del MISN se enviar� copia del mismo a los municipios, distritos y autoridades ambientales con jurisdicci�n en su �rea de ejecuci�n as� como a FONVIVIENDA.

Par�grafo 2. Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los MISN ser�n los beneficiarios de la plusval�a que se genere por la adopci�n de los mismos, la cual deber� destinarse al desarrollo del respectivo MISN para los fines descritos en el art�culo 85 de la Ley 388 de 1997.

Art�culo 30. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicaci�n.

Declarado el estado de emergencia, el Presidente de la Rep�blica con la firma de todos sus Ministros qued� facultado para proferir los Decretos con fuerza de Ley destinados a conjurar la crisis; de suerte, que con el fin de crear mecanismos para la habilitaci�n expedita y efectiva de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos afectados, as� como de aquellos que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, expidi� el Decreto 4821 de 29 de diciembre de 2010.

Dentro de las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo 4821 de 2010, se estableci� la creaci�n de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, con el fin de garantizar la habilitaci�n del suelo para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional. (Art�culo 1�)

La adopci�n de los PIDU representa una de las medidas excepcionales, mediante las cuales se aprueban de manera expedita y para los damnificados con la ola invernal, la habilitaci�n del suelo con el objeto de desarrollar proyectos de vivienda, asegurando el cumplimiento de est�ndares de calidad ambiental y urban�stica con las infraestructuras viales y de servicios p�blicos, en sitios seguros y salubres que les brinde estabilidad y bienestar, sin el riesgo de ser v�ctimas de fen�menos ambientales.

Dentro de las medidas adoptadas, se estableci� adem�s de la creaci�n de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, aspectos como:

La Presidencia de la Rep�blica de folios 55 a 64 a trav�s de la Secretar�a Jur�dica, propuso la legalidad del Decreto 1490 de 2011, con la siguiente argumentaci�n:

El Decreto cuyo control de legalidad se estudio, se expidi� en desarrollo del Decreto Legislativo 4821 de 2010 y contiene las condiciones generales en que se desarrollar�n los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), determinando los requisitos para cada una de las fases de prefactibilidad, formulaci�n y adopci�n, se�alando los documentos que se deben aportar para realizar el anuncio del PIDU as� como el contenido y alcance de los documentos t�cnicos de soporte y de la cartograf�a necesaria para la formulaci�n y adopci�n de los mismos.

As� mismo, el Decreto 1490 de 2011 se�ala los requisitos para adelantar la ampliaci�n de Macroproyectos de Inter�s Social adoptados, as� como el contenido y alcance de los documentos y la informaci�n que se requiere en cada una de sus fases.

En efecto, el Decreto 1490 de 2011 precisa las condiciones del procedimiento aplicable para el desarrollo del PIDU y la ampliaci�n del �rea de Macroproyectos de Inter�s Nacional ya adoptados, lo mismo que permite la habilitaci�n de suelo para el desarrollo de vivienda de inter�s social con el fin de garantizar una atenci�n �gil y efectiva de las personas damnificadas por la situaci�n de desastre y aquellas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas.

El Decreto Reglamentario busca asegurar que el instrumento consagrado en el Decreto 4821 de 2010 cumpla con los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad y, por consiguiente, constituye un instrumento efectivo para suministrar una soluci�n integral en materia de vivienda digna para las personas damnificadas por la situaci�n de desastre y personas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas, as� como las condiciones b�sicas para su estabilizaci�n socioecon�mica.

Indic� que el Cap�tulo primero del T�tulo I del Decreto objeto de estudio, desarrolla y guarda conexidad con el Decreto 4821 de 2010, en la medida en que sus disposiciones generales complementan y desarrollan la definici�n de PIDU, reitera qui�nes son los titulares de la iniciativa para adelantar dichos proyectos, y las fases y categor�a de PIDU establecidas en los art�culos 2� a 5� del Decreto 4821.

Los PIDU buscan garantizar la atenci�n de damnificados seg�n el �mbito de atenci�n Territorial (art�culo 3�), que hace referencia a las zonas donde se encuentran ubicadas las viviendas que deban ser objeto de reubicaci�n o reconstrucci�n de conformidad con las necesidades de los hogares afectados, y por tanto se constituyen como las �reas receptoras que deben ser atendidas en el PIDU. No obstante, cualquier hogar afectado que se encuentre por fuera del �mbito de atenci�n Territorial del PIDU podr� ser objeto de los programas de vivienda para la atenci�n de la emergencia que se adopten en el mismo, ya sea que se trate del mismo Municipio o de otros Municipios afectados.

La definici�n del �mbito de atenci�n Territorial permite que los PIDU sean consecuentes con las realidades sociales, econ�micas y culturales de la poblaci�n que deba ser reubicada, y facilita la identificaci�n de las personas damnificadas o ubicadas en zonas de alto riego que deban ser reubicadas en los Municipios y Distritos afectados por el fen�meno de �La Ni�a� 2010-2011. La determinaci�n del �mbito de atenci�n Territorial garantizar� adicionalmente que los objetivos y las directrices urban�sticas espec�ficas que orientan la urbanizaci�n se formulen en directa relaci�n con las necesidades urban�sticas y habitacionales de la poblaci�n damnificada.

De otra parte, los cap�tulos II, III, IV y V del T�tulo I del Decreto 1490 de 2011, desarrollan el tr�mite y regulan el procedimiento que se debe adelantar en cada una de las fases del PIDU, prefactibilidad, formulaci�n y adaptaci�n respectivamente, incluyendo para cada caso los documentos b�sicos que se deber�n requerir a quienes adelanten la iniciativa del proyecto, de acuerdo con la facultad expresa contenida en el art�culo 3� del Decreto 4821 de 2010 y determinando los criterios generales para efectuar el an�lisis de viabilidad para su formulaci�n.

El art�culo 14 del Decreto 1490 de 2011 hace referencia al proceso de concertaci�n con el Municipio o Distrito de que trata el numeral 3.2.2 del art�culo 3� del Decreto 4821 de 2010 y el art�culo 15 desarrolla los aspectos m�nimos que se deber�n tener en cuenta en el Convenio a suscribir entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Alcalde del Municipio o Distrito como resultado de dicha concertaci�n.

Por su parte, el art�culo 16 del Decreto 1490 de 2011 desarrolla el art�culo 2� de la Constituci�n Pol�tica sobre la participaci�n de la comunidad en las decisiones que los afectan, se�alando los t�rminos en que se debe efectuar la participaci�n democr�tica en las fases de los PIDU Categor�as 1 y 2 con el fin de que las personas interesadas en la operaci�n urbana puedan presentar observaciones y recomendaciones al mismo.

Finalmente, en relaci�n con los Proyectos Integrales de Desarrollo Urabano - PIDUs, los art�culos 17 sobre la concertaci�n con la autoridad ambiental, 18 sobre la aprobaci�n de los usos del suelo por parte del Concejo y, 21 que determina los efectos de la adopci�n, refrendan lo establecido en el Decreto 4821 sobre la materia.

En lo que hace referencia a los Macroproyectos de Inter�s Social que se encuentren ya adoptados, el Decreto 1490 de 2011 desarrolla el art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010, estableciendo los requisitos que se requieren para cada una de las fases, definiendo los titulares de la iniciativa y aclarando que la modificaci�n de los mismos, se debe regir exclusivamente por lo dispuesto en dicho art�culo. En relaci�n con los documentos que se requieren para la identificaci�n y determinaci�n y la formulaci�n se remite a las disposiciones aplicables para los PIDU.

Resalta que el Decreto 1490 de 2011 con el fin de adecuarse a los fines y motivos previstos en el Decreto 4821 de 2010, exige para la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos que el 100% del �rea residencial se destine para personas damnificadas por la situaci�n de desastre o para personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deben ser reubicadas.

En esas condiciones, la propuesta normativa pretende maximizar la eficiencia de la pol�tica de desarrollo Territorial, toda vez que al constituir operaciones urbanas integrales de gran escala que permiten la mezcla de usos complementarios o compatibles con los usos residenciales, se garantiza que la atenci�n de las personas afectadas por el desastre ocasionado por la ola invernal cuente con la infraestructura, los servicios y los equipamientos colectivos adecuados para la articulaci�n con la estructura urbana, se maximicen los esfuerzos de las Entidades Territoriales y cuenten con los recursos para la financiaci�n de la infraestructura necesaria.

En este sentido, y con el fin de adoptar pol�ticas nacionales eficientes, los PIDU y la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos adoptados, constituir�n operaciones urbanas integrales para la construcci�n de viviendas dignas que por su dimensi�n podr�n incluir otro tipo de usos que servir�n de soporte paras la atenci�n de este grupo poblacional.

De acuerdo con lo anterior, la expedici�n del Decreto 1490 de 2011 se hizo necesaria para aplicar los instrumentos contenidos en el Decreto 4821 de 2010, ya que estableci� el tr�mite y las condiciones en las que se deber�n adelantar los proyectos del PIDU y la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos y result� proporcional respecto de las medidas de excepci�n puesto que se limit� a materializar los instrumentos contenidos en el Decreto Legislativo.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de folios 24 a 28 a trav�s de apoderado, propuso la legalidad del Decreto 1490 de 2011, con la siguiente argumentaci�n:

El Decreto cuyo control de legalidad se estudia se expidi� en desarrollo del Decreto Legislativo 4821 de 2010 y contiene las condiciones generales en que se desarrollar�n los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano - PIDU, determinando los requisitos para cada una de las fases de prefactibilidad, formulaci�n y adopci�n, se�alando los documentos que se deben aportar para realizar el anuncio del PIDU as� como el contenido y alcance de los documentos t�cnicos de soporte y de la cartograf�a necesaria para la formulaci�n y adopci�n de los mismos.

As� mismo el Decreto 1490 de 2011 se�ala los requisitos para adelantar la ampliaci�n de Macroproyectos de Inter�s Social Nacional - MISN, el contenido y alcance de los documentos y la informaci�n que se requiere en cada una de sus fases.

Adem�s precisa las condiciones para el procedimiento aplicable para el desarrollo del PIDU y los MISN que se encuentren adoptados, que permiten la habilitaci�n de suelo para el desarrollo de vivienda de inter�s social, con el fin de garantizar una atenci�n �gil y efectiva de las personas damnificadas por la situaci�n de desastre y aquellas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas.

El Decreto Reglamentario busca asegurar que el instrumento consagrado en el Decreto 4821 de 2010 cumpla con los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad y, por consiguiente, constituye un instrumento efectivo para suministrar una soluci�n integral a la materia de vivienda digna para personas damnificadas por la situaci�n de desastre y personas ubicadas en zonas de riegos no mitigable y que deban ser reubicadas, as� como las condiciones b�sicas para su estabilizaci�n socio-econ�mica.

El Cap�tulo Primero del T�tulo I del Decreto objeto de estudio, desarrolla y guarda conexidad con el Decreto 4821 de 2010, en la medida en que en sus disposiciones generales complementan y desarrollan la definici�n y el objetivo contenido en el Decreto Legislativo, igualmente define el alcance de la figura del PIDU, reitera qui�nes son los titulares de la iniciativa para adelantar dichos proyectos, y las fases y categor�as de PIDU establecidas en los art�culos 2� a 5� del Decreto 4821.

Los PIDU buscan garantizar la atenci�n de damnificados seg�n el �mbito de atenci�n Territorial (art�culo 3�), que hace referencia a las zonas donde se encuentran ubicadas las viviendas que deban ser objeto de reubicaci�n o reconstrucci�n, de conformidad con las necesidades de los hogares afectados, y por tanto se constituyen como las �reas receptoras que deben ser atendidas. No obstante, cualquier hogar afectado que se encuentre por fuera del �mbito de atenci�n territorial del PIDU podr� beneficiarse de los programas de vivienda para la atenci�n de la emergencia, ya sea que se trate del mismo Municipio o de otros Municipios afectados.

De otra parte, los cap�tulos II, III, IV Y V del T�tulo I del Decreto 1490 de 2011 desarrollan, el tr�mite y regulan el procedimiento que se debe adelantar en cada una de las fases del PIDU, prefactibilidad, anuncio, formulaci�n y adopci�n respectivamente, incluyendo para cada caso los documentos b�sicos que se deber�n requerir a quienes adelanten la iniciativa del proyecto, de acuerdo con la facultad expresa contenida en el art�culo 3� del Decreto 4821 de 2010 y determinando los criterios generales para efectuar el an�lisis de viabilidad para su formulaci�n,

El art�culo 14 del Decreto 1490 de 2011 hace referencia al proceso de concertaci�n con el Municipio o Distrito de que trata el numeral 3.2.2., del art�culo 3� del Decreto 4821 y el 15 desarrolla los aspectos m�nimos que se deber�n tener en cuenta en el Convenio a suscribir entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el alcalde del municipio o distrito como resultado de dicha concertaci�n.

Por su parte, el art�culo 16 del Decreto 1490 desarrolla el art�culo 2� de la Constituci�n Pol�tica sobre la participaci�n de la comunidad en las decisiones que los afectan, se�alando los t�rminos en que se debe efectuar la participaci�n democr�tica en las fases de los PIDU Categor�a 1� y 2� con el fin de que las personas interesadas en la operaci�n urbana puedan presentar observaciones y recomendaciones al mismo.

Finalmente, en relaci�n con los PIDU, el art�culo 17 se refieren a la concertaci�n con la autoridad ambiental, y el 18 sobre la aprobaci�n de los usos del suelo por parte del Concejo determina los efectos de la adopci�n (art�culo 21 ib�dem), limit�ndose a reiterar lo establecido en el Decreto 4821 sobre la materia.

Con relaci�n al �rea de Macroproyectos de Inter�s Social que se encuentren adoptados, el Decreto 1490 de 2011 desarrolla el art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010, estableciendo los requisitos que para cada una de las fases, definiendo los titulares de la iniciativa y aclarando que su modificaci�n en estos casos se debe regir exclusivamente por lo dispuesto en dicho art�culo, En relaci�n con los documentos que se requieren para la identificaci�n y determinaci�n y la formulaci�n se remite a las disposiciones aplicables para los PIDU.

El art�culo 28 del Decreto incluye el procedimiento previsto en el art�culo 11 del Decreto 4260 de 2007 para el aviso al Representante Legal del Municipio o Distrito con el fin de que presenten sus propuestas y observaciones.

En el Decreto 1490 con el fin de adecuarse a los fines y motivos previstos en el Decreto 4821 de 2010 se exige para la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos que el 100% del �rea residencial se destine para personas damnificadas por la situaci�n de desastre o para personas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas.

La propuesta normativa pretende maximizar la eficiencia de la pol�tica de desarrollo Territorial, toda vez que al constituir operaciones urbanas integrales de gran escala que permiten la mezcla de usos complementarios o compatibles con los usos residenciales, se garantiza que la atenci�n de las personas afectadas por el desastre ocasionado por la ola invernal cuente con la infraestructura, los servicios y los equipamientos colectivos adecuados para la articulaci�n con la estructura urbana, se maximicen los esfuerzos de las Entidades Territoriales y cuenten con los recursos para la financiaci�n de la infraestructura necesaria.

Con el fin de adoptar pol�ticas Nacionales eficientes, los PIDU y la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos adoptados que se desarrollen por parte de la Naci�n y las Entidades Territoriales de forma mancomunada constituir�n operaciones urbanas integrales para la construcci�n de viviendas dignas que por su dimensi�n podr�n incluir otro tipo de usos que servir�n de soporte para la atenci�n de este grupo poblacional. De acuerdo con lo anterior, la expedici�n del Decreto 1490 de 2011 se hace necesaria para aplicar los instrumentos contenidos en el Decreto 4821, ya que establece el tr�mite y las condiciones en las que se deber�n adelantar los proyectos PIDU y la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos y resulta proporcional respecto de las medidas de excepci�n puesto que se limit� a materializar los instrumentos contenidos en el Decreto Legislativo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto Reglamentario busca asegurar que el instrumento consagrado en el Decreto 4821 cumpla con los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad, estableciendo unos m�nimos que permitir�n que efectivamente los PIDU y la ampliaci�n del �rea de los Macroproyectos adoptados suministren una soluci�n integral en materia de vivienda digna para las personas damnificadas por la situaci�n de desastre y personas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable y que deban ser reubicadas, as� como las condiciones b�sicas para su estabilizaci�n socio- econ�mica.

Por otra parte, en lo atinente a la observancia de las disposiciones de la Ley 137 de 1994 que se�ala los par�metros y los l�mites a los cuales deben ce�irse las decisiones adoptadas al amparo del Estado de Excepci�n, es posible concluir de acuerdo con el contenido del Decreto 1490 de 2011 que no se compromete la vigencia del Estado de Derecho o el n�cleo esencial de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni se desconocen las disposiciones contenidas en los Tratados o Convenios Internacionales sobre derechos humanos ratificados, por Colombia, el derecho internacional humanitario y los dem�s derechos inherentes a la persona humana, y su contenido guarda relaci�n directa con las finalidades perseguidas por el Decreto 4821 declarado exequible por la Corte Constitucional y constituye una medida necesaria y proporcional para alcanzar los referidos prop�sitos. Adicionalmente, a trav�s del Decreto 1490 no se introduce discriminaci�n alguna ni se trasgreden las prohibiciones mencionadas en el art�culo 15 de la citada Ley.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, en Concepto No. 006/111 visible de folios 35 a 51, solicit� declarar ajustado a la Constituci�n y la Ley el Decreto 1490 de 2011 con excepci�n de lo dispuesto en el art�culo 14 en la parte final del inciso segundo, seg�n el cual �El resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital�, por resultar contrario al Decreto Legislativo 4120 de 2010, art�culo 3, 3.1.2, inciso tercero, y 3.2.2., inciso segundo, toda vez que la concertaci�n no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con el Convenio que contenga los puntos sobre los cuales se lleg� a acuerdo, con la siguiente argumentaci�n:

El Decreto 1490 de 2011 no suspende o afecta derechos fundamentales y en particular de los trabajadores (Ley 137 de 1994).

El Decreto tiene 30 art�culos y se dividen en dos t�tulos, el primero de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, y el segundo de los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional - MISN que se encuentran adoptados.

Indic� que el art�culo 14 en la parte final del Inciso Segundo se�ala que el resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital, enunciado que no resulta acorde con el Decreto Legislativo que reglamenta, ni con el sentido de la �concertaci�n�, en tanto que �sta no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con un documento que contenga los puntos sobre los cuales concertaron las partes; tal como lo se�ala el art�culo 15 siguiente, que en caso de concertaci�n la fase culmina con el Convenio entre el Ministerio y el Alcalde, cuyo contenido m�nimo all� se se�ala.

De suerte que si no hay acuerdo, el Ministerio puede someter nuevamente ante el Alcalde a concertaci�n el PIDU con los ajustes pertinentes; si en cinco (5) d�as no hay acuerdo se entiende negada y se archiva. Trat�ndose de categor�a 1, suscrito el Convenio se adelanta la adopci�n.

Si bien en el Decreto 4821 de 2010 no se previ� la participaci�n de los ciudadanos en el tr�mite de los PIDU, en el Decreto 1490 de 2011 que se revisa si se consagr� la participaci�n democr�tica de las personas interesadas y dispuso que la respuesta a las recomendaciones presentadas por aquellas se resolver�an concertadamente entre el Municipio y el Alcalde.

Tambi�n dispuso que los Macroproyectos de Inter�s Social que a la fecha de vigencia se encontraran adoptados pudieran ampliar su �rea de planificaci�n y/o gesti�n.

Para tal fin, trae a colaci�n el Concepto No. 5128, proferido en el tr�mite de la Revisi�n Constitucional del Decreto Legislativo No. 4821 de 29 de diciembre de 2010, en el que sostuvo, el Procurador General:

�(�) Si bien es clara la necesidad de las familias afectadas por la emergencia de ser reubicadas y, por ello, es razonable habilitar de manera expedita y efectiva suelo urbanizable, tanto para reconstruir viviendas da�adas que se encuentran en zonas seguras como para reubicar asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, por lo cual no merece reparo alguno lo dispuesto en los art�culos 11 y 12 ib�dem, es necesario se�alar que las medidas extraordinarias que el Decreto contempla deben circunscribirse a las zonas afectadas y que, por lo tanto, no se pueden confundir con los proyectos de inter�s social nacional previstos en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007. Estos proyectos, pensados para dar soluci�n al problema de vivienda en todo el territorio nacional, no tienen, como es obvio, el prop�sito de afrontar la emergencia o evitar la extensi�n de sus efectos. Por ello, lo previsto en el articulo 13 ib�d., sobre dichos proyectos, debe entenderse en cuanto corresponda y sea compatible con la reconstrucci�n de viviendas que se encuentren en zonas seguras y a la reubicaci�n de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, en aquellos territorios afectados por la emergencia.

La anterior precisi�n es relevante, por cuanto el referido art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, fue declarado inexequible por la Corte en Sentencia C-149 de 2010, al considerar que excluir a los Concejo Municipales y Distritales del proceso de adopci�n de los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional, en la medida que �stos se entienden incorporados a los Planes de Ordenamiento Territorial POT, desconoce la competencia que el art�culo 313.7 Superior les atribuye a estas Corporaciones para regular los usos del suelo.. (�)�

Finalmente aduce que la Corte Constitucional en el Comunicado de Prensa, fundamento de la exequibilidad del art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010, en sentencia C-299 de 2011, indic�:

�(�) Por �ltimo, la Corte encontr� que el art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010 resultaba ajustado a la Constituci�n no obstante que las normas del Plan Nacional de Desarrollo 20006-2010 que establec�a los denominados Megaproyectos a cardo del Gobierno Nacional a los cuales hace referencia, fueron declarados exequibles (sic) mediante sentencia C-149/10, por violar la autonom�a Territorial. En efecto, la norma de emergencia no est� autorizando la adopci�n de nuevos Megaproyectos sino permitiendo que los que ya se encontraren adoptados con anterioridad al 4 de marzo de 2010 � fecha de la sentencia C-419/10 puedan ampliar su �rea de planificaci�n y/o gesti�n siempre que cuando esta modificaci�n est� dirigida a incorporar nuevos sueldos o proyectos de vivienda localizados en el respectivo Municipio. La sentencia de la Corte no dispuso un efecto retroactivo, raz�n por la cual, subsisten los Megaproyectos adoptados anteriormente. Por esta raz�n, el art�culo 13 fue declarado exequible. (�)�

Por tanto, en atenci�n a la decisi�n de la Corte Constitucional, los �nicos MISN que pueden ser objeto de ampliaci�n son aquellos adoptados antes de 4 de marzo de 2010, sin que pueda incluirse alguno adoptado entre esa fecha y la entrada en vigencia del Decreto 4821 de 29 de diciembre de 2010.

De conformidad con lo previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994,[4] �Por la cual se regulan los estados de excepci�n en Colombia�, compete al Consejo de Estado realizar el Control Inmediato de Legalidad respecto de las medidas de car�cter general dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos proferidos durante los estados de excepci�n.

Sobre el particular la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en sentencia de 16 de junio de 2009, expediente 11001-03-15-000-2009-00305-00, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, estableci� las caracter�sticas del Control de Legalidad, lo cuales fueron reiterados mediante providencia de 5 de marzo de 2012, expediente 11001-03-15-000-2010-00200-00, M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, as�:

En el presente caso el texto del Decreto 1490 de 11 de mayo de 2011 fue remitido por la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica, mediante Oficio No. OFI11-00045885/JMSC 33020 para efectos del Control Inmediato de Legalidad. (Fls. 1)

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo observa que el Decreto objeto de estudio es un Acto Administrativo de car�cter general, reglamentario del Decreto Legislativo 4821 de 2010, proferido en ejercicio de las facultades del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica por grave calamidad p�blica, declarado mediante el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010.

B. De la Declaraci�n del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica por Raz�n de Grave Calamidad P�blica.

El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de lo previsto en la Ley 137 de 1994, el 7 de diciembre de 2010 expidi� el Decreto 4580 mediante el cual declar� el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica, en todo el Territorio Nacional por el t�rmino de treinta (30) d�as contados a partir de la vigencia de dicho Decreto.

Fundament� la declaratoria del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica, que se vive en muchas Regiones del Pa�s, como consecuencia de las intensas e inusuales lluvias causadas por el fen�meno clim�tico conocido en los medios cient�ficos como �La Ni�a�, percibido como un evento de fuerza mayor de car�cter incontrolable e irresistible y que empezaron a manifestarse de manera notoria en todo el Territorio Nacional en el mes de noviembre de 2010.

Entre lo acaecido, puede destacarse la destrucci�n total y parcial de varias v�as, en especial en el Departamento de Santander; el hundimiento del casco urbano de Municipios enteros, como el caso de Gramalote en el Departamento de Norte de Santander; el deslizamiento de tierras que afect� y sigue afectando a m�s de 575 Municipios, como ocurri� en Bello, Departamento de Antioquia, con un saldo de 25 personas muertas y m�s de 100 personas desaparecidas.

El desbordamiento de los r�os, en especial Atrato, del Cauca y del Magdalena y sus afluentes, cuyo caudal desbord� sus cauces, rompi� el canal del Dique, e inund� 50.000 hect�reas de tierras en varios Municipios del Sur del Departamento del Atl�ntico y buena parte de los Departamentos de Choc�, Cauca, Valle del Cauca, Bol�var, Magdalena y C�rdoba.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-156 de 9 de marzo de 2011, M.P. Dr. Mauricio Gonz�lez Cuervo, declar� exequible el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, con la siguiente fundamentaci�n:

�(�) 11.1. Considera esta Corte que los sucesos acaecidos a ra�z del fen�meno de la Ni�a 2010, agudizados a partir del mes de noviembre del mismo a�o y con consecuencias desastrosas a nivel social, econ�mico y ecol�gico -como se ha demostrado probatoriamente en esta providencia- son hecho notorio, conocido por todo el pa�s a trav�s de las diferentes formas sociales de comunicaci�n. Con base en los sucesos clim�ticos vividos en Colombia desde mediados del a�o 2010 y recrudecidos desde noviembre del mismo a�o, no cabe duda de que son constitutivos de grave calamidad p�blica con inmenso impacto en el orden econ�mico, social y ecol�gico; hechos desde luego imprevisibles y sobrevivientes acorde con lo ya expuesto.

11.2. El Gobierno Nacional utiliz� (i) los recursos de que dispon�a para conjurar la crisis producida, (ii) decret� en un primer momento la situaci�n de calamidad p�blica, posteriormente y ante la agudizaci�n del fen�meno Ni�a 2010 se (iii) declar� la situaci�n de desastre, las dos anteriores contenidas en el decreto 919 de 1989. As� las cosas, el volumen de las precipitaciones, la exacerbaci�n s�bita del fen�meno y las dimensiones inconmensurables de las secuelas sufridas a causa de este, hicieron que las mencionadas medidas -todas de car�cter ordinario- resultaran abiertamente insuficientes y exiguas ante la crisis presentada.

11.3. Adicionalmente, el informe del IDEAM se�ala que el fen�meno de la Ni�a 2010 puede extender sus efectos hasta junio del presente a�o, superponi�ndose con la segunda temporada de lluvias de 2011. As�, el fen�meno tantas veces mencionado adquiri� dos caracter�sticas que activan la declaratoria de la emergencia: (i) perturb� el orden social, econ�mico y ecol�gico; y (ii) y amenaza continuar perturb�ndolo en el primer semestre de 2011. Por tanto, las medidas ordinarias que quedaron insuficientes para conjurar la perturbaci�n ya producida en diciembre de 2010, pueden resultar poco id�neas para superar la amenaza, a�n hoy latente, de que los efectos del fen�meno de la Ni�a 2010 se extiendan hasta junio del presente a�o.

11.4. La dimensi�n de la perturbaci�n del orden econ�mico, social y ecol�gico constitutivos de grave calamidad p�blica y la amenaza de una nueva agudizaci�n de la crisis con grave afectaci�n de los derechos fundamentales, socioecon�micos y ambientales de la poblaci�n, rebasaron los instrumentos ordinarios existentes -presupuestales, institucionales y normativos- los cuales resultan insuficientes para subsanar de manera inmediata y oportuna las consecuencias de la crisis, prevenir su repetici�n e impedir la extensi�n de sus efectos.

11.5. En consecuencia, habiendo superado los an�lisis de esta Corte, respecto del prepuesto f�ctico, el presupuesto valorativo y la calificaci�n sobre la suficiencia de los medios ordinarios, concluye esta Corte que el Decreto 4580 de 2010 �Por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica� est� ajustado tanto a los requisitos formales como a los requisitos materiales se�alados en la Constituci�n, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci�n y en los tratados internacionales de derechos humanos, raz�n por la cual se declarar� exequible. (�)�

El Gobierno Nacional con fundamento en el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, expidi� el Decreto 4821 del d�a 29 del mismo mes y a�o, �Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.�

Previa constataci�n de que el Decreto Legislativo 4821 de 2010 cumpl�a con los requisitos formales establecidos por el art�culo 215 de la Constituci�n Pol�tica y la Ley 137 de 1998, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-299 de 27 de abril de 2011, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio, lo declar� exequible, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos, con relaci�n al contenido y alcance:

�(�) Mediante el Decreto Legislativo 4821 de 2010 se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para la construcci�n de vivienda y reubicaci�n de personas afectadas por la ola invernal, medidas que giran en torno de cinco �reas, a saber: la creaci�n de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUs; la ampliaci�n de per�metros del suelo urbano y de expansi�n urbana; la generaci�n de condiciones para adelantar actuaciones de urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana sin plan parcial; la reducci�n de tiempos para el otorgamiento de licencias urban�sticas; y la ampliaci�n del �rea de planificaci�n y/o gesti�n de los macroproyectos de inter�s social nacional (MISN) que se encuentren adoptados, para incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda para construcci�n y/o reubicaci�n de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo afectados por la ola invernal. (�)�

El Decreto Legislativo 4821 de 2010, desarroll� el Estado de Emergencia y cre� los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, y la Corte al examinarlo respecto a su forma, indic�: �(�) Cumple a cabalidad las prescripciones del estatuto Fundamental y de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci�n, toda vez que: (i) fue firmado por el Presidente de la Rep�blica y todos sus ministros; (ii) se dict� dentro del l�mite temporal de los treinta (30) d�as establecido en el art�culo 1� del Decreto 4580 de 2010; (iii) en el texto aparecen expl�citos los motivos que condujeron al Gobierno a adoptar las medidas a examinar, que para la Corte resultan suficientes; y (iv) fue recibido en esta Corporaci�n para su revisi�n constitucional el d�a 11 de enero de 2011. (�)�

El Decreto Legislativo al desarrollar el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica, tom� medidas relacionadas con el suelo urbanizable para proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos afectados por la ola invernal que guardan relaci�n de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad con el Estado de Excepci�n. La Corte Constitucional, sobre el particular expres�:

�(�) Mediante el an�lisis de conexidad se determina la relaci�n que debe existir ente los hechos que motivaron la declaratoria del estado de emergencia y las medidas que en su desarrollo se adoptan por el Gobierno; por el de finalidad que las medidas legislativas est�n directa y espec�ficamente orientadas a conjurar la crisis e impedir la extensi�n de sus efectos; por el de necesidad la relaci�n entre el fin buscado y el medio empleado; y por el de proporcionalidad que las medidas guarden proporci�n con la gravedad de los hechos que buscan conjurar.

En el caso concreto del Decreto Legislativo 4821 de 2010 cuyo prop�sito es dotar al Gobierno Nacional de instrumentos para atender las necesidades de suelo urbanizable para construir viviendas y reubicar a las personas afectadas por hechos derivados del fen�meno de �La Ni�a�, encuentra la Sala que existe conexidad entre los motivos que llevaron al Gobierno a declarar el Estado de emergencia y las medidas adoptadas, al igual que relaci�n directa y espec�fica entre las medidas adoptadas y las consideraciones invocadas en el Decreto. Respecto del an�lisis de finalidad, considera la Sala que las medidas adoptadas est�n directa y espec�ficamente orientadas a conjurar la crisis causada por el fen�meno de La Ni�a y a impedir la extensi�n de sus efectos, en cuanto tiene que ver con la necesidad de generar suelo urbanizable para proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos con el fin de atender la situaci�n de desastre, revel�ndose de la misma manera las medidas adoptadas necesarias, adecuadas e indispensables para lograr los fines de la declaratoria de emergencia, habida cuenta de la insuficiencia de los instrumentos jur�dicos ordinarios para hacer frente a los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia. En lo que respecta al an�lisis de proporcionalidad, las modificaciones introducidas al ordenamiento jur�dico mediante el Decreto que se examina no resultan irrazonables, ni excesivas, si se tienen en cuenta los efectos econ�micos y sociales vinculados con la ola invernal y la necesidad de atender en forma pronta y eficaz a las personas que perdieron sus viviendas o que deben repararlas para desarrollar sus proyectos de vida en condiciones dignas. (�)�

Con relaci�n a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, indic� el Alto Tribunal Constitucional, que su creaci�n responde a un fin constitucionalmente leg�timo, pues lo defini�, estableci� las clases, los requisitos de tr�mite para su adopci�n, beneficiarios, iniciativa y su financiaci�n. Sobre el particular, indic�:

�(�) Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUs son un conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urban�sticas para la ejecuci�n de operaciones urbanas integrales que procuran garantizar la gesti�n y provisi�n de suelo para la ejecuci�n de proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos. Los PIDUs se clasifican en dos categor�as: en la primera no se requiere de la modificaci�n del Plan de Ordenamiento Territorial POT, en tanto que en la segunda se presenta modificaci�n de normas del POT, requiri�ndose de un tr�mite adicional de concertaci�n con la autoridad ambiental, m�s la ratificaci�n previa de las modificaciones por parte del Concejo Municipal. Con la creaci�n de los PIDUs el Gobierno Nacional persigue un fin constitucionalmente leg�timo, como es el dotar en el menor tiempo posible a las personas afectadas por la ola invernal, de medios para atender los requerimientos relacionados con habilitaci�n de predios para construcci�n de vivienda, buscando satisfacer los dictados del art�culo 51 superior en cuanto a vivienda digna, como tambi�n atender a las personas en situaci�n de vulnerabilidad. (�)�

Respecto a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU y la autonom�a dada a las Entidades Territoriales en Estado de Excepci�n, indic� son medidas de naturaleza temporal, as�:

�(�) La Corte ya ha precisado que el estado de emergencia no puede ser usado como instrumento para proponer pol�ticas p�blicas de largo plazo a modo de plan de desarrollo alterno del Gobierno Nacional, por cuanto en el largo plazo es posible asegurar una adecuada planeaci�n tanto a nivel nacional como territorial, empleando para ello los medios ordinarios y dando aplicaci�n a los principios de coordinaci�n, concurrencia y subsidiariedad, y como lo reiter� en sentencia C-149 de 2010, el deber de la Corte de proteger la intangibilidad de los principios de descentralizaci�n y autonom�a territorial que resultar�an conculcados si se permitiera que los PIDUs pudiesen ser adoptados con car�cter permanente. De ah� que la Sala considere que autorizar al Gobierno Nacional en forma permanente para adoptar PIDUs resulta desproporcionado, siendo por ello racional limitar en el tiempo tal atribuci�n y se entienda que s�lo podr�n adoptarse proyectos integrales de desarrollo urbano PIDUs hasta el a�o 2014. Adicionalmente, las medidas sobre clasificaci�n del suelo y condiciones para urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana previstas en el Decreto no pueden ser entendidas como una modificaci�n permanente al uso del suelo, por cuanto la Corte ha establecido que los PIDUs �nicamente podr�n ser ejecutados hasta el a�o 2014, quedando a salvo el principios de autonom�a de las entidades territoriales y el respeto por el fuero de sus autoridades, al establecer la Corte las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales podr�n ser ejecutados los PIDUs, es decir, con la participaci�n activa y decisoria de los alcaldes, como tambi�n con la posibilidad de que los concejos municipales, dentro de las limitaciones propias del estado de excepci�n, puedan ejercer sus competencias. (�)�

Se puede concluir que dentro de las medidas adoptadas por el Decreto Legislativo para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos, se estableci�:

2�.) Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), s�lo podr�n adoptarse hasta el a�o 2014;

3�.) La ampliaci�n del �rea de planificaci�n y/o gesti�n de los Macroproyectos de inter�s social nacional que se encuentren adoptados;

4�.) Las condiciones para adelantar actuaciones de urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana con licencia de urbanizaci�n y sin plan parcial;

5�.) La posibilidad de ampliar los per�metros del suelo urbano y de expansi�n urbana sobre los suelos que seg�n clasificaci�n del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi - I.G.A.C. pertenezcan a las clases I, II o III;

6�.) La reducci�n del t�rmino para el otorgamiento de licencias urban�sticas;

Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano - PIDUs constituyen una medida para habilitar suelo urbanizable de manera expedita y efectiva para facilitar el desarrollo de proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos afectados y aquellos que por su localizaci�n actual en zonas de alto riesgo no mitigable podr�an verse afectadas por futuros deslizamientos e inundaciones.

Por su parte, la ampliaci�n del �rea de planificaci�n y/o gesti�n de los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional � MISN, que se encuentren adoptados permite incorporar nuevos suelos para el desarrollo de proyectos de vivienda, asegurando que los afectados por la emergencia invernal, no solamente tengan acceso a una vivienda digna de forma r�pida sino adicionalmente que hagan parte de proyectos de vivienda que respondan a planes de desarrollo urbano adecuados que aseguren que la vivienda se encuentra en un lugar donde exista acceso a elementos centrales para la vida digna de la persona como acceso a trabajo, salud, educaci�n y un ambiente sano.

Esta medida, en armon�a con la necesidad de gestionar suelo tambi�n satisfecha con la aplicaci�n de los PIDUs, no s�lo beneficiar� a las personas afectadas por el desastre que perdieron sus viviendas, sino que tambi�n evitar� eventuales y futuras emergencias para quienes ser�n reubicados por haber quedado en zonas de alto riesgo no mitigable.

En esas condiciones la Corte Constitucional declar� la exequibilidad condicionada a la limitaci�n de aplicaci�n temporal de la facultad para la adopci�n y financiamiento de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDUs.

La Sala asumir� el examen del Decreto Reglamentario 1490 de 9 de mayo de 2011, de la siguiente manera:

El Decreto 1490 de 2011, fue expedido por el Presidente de la Rep�blica, �en ejercicio de las facultades Constitucionales y Legales, previstas especialmente en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4821 de 2010.�

De conformidad con las previsiones del art�culo 189-11 de la Constituci�n Pol�tica, le corresponde al Presidente de la Rep�blica en ejercicio de sus atribuciones como suprema autoridad administrativa, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los Decretos, Resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las Leyes.

En el sub-lite, el Decreto Reglamentario 1490 de 2011 desarrolla y guarda conexidad con el Decreto Legislativo 4821 de 2010, en raz�n a que adopta medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional, declarada previamente mediante el Decreto 4580 de 2010.

Adem�s es preciso tener en cuenta que la potestad de reglamentar las Leyes es atribuci�n del Presidente de la Rep�blica que ejerce con el Ministro del Ramo o Director de Departamento Administrativo (seg�n la materia que corresponda), tal y como lo dispone el art�culo 115 de la Carta Pol�tica; en el sub judice el Decreto Reglamentario 1490 de 2010 fue expedido por el Presidente de la Rep�blica y la firma de la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien es la competente para los efectos, seg�n la materia que desarroll� el reglamento porque se refiere a las medidas adoptadas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos con el fin de atender la situaci�n de desastre Nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica.

En esas condiciones el Presidente de la Rep�blica y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Ministra del ramo), al expedir el Decreto 1490 de 2011 Reglamentario del Decreto Legislativo 4821 de 2010, reunieron los requisitos para la expedici�n, toda vez que cumple con todas y cada una de las formalidades establecidas en la Constituci�n Pol�tica y la Ley.

b.) De la Confrontaci�n del Decreto 1490 con el Decreto Legislativo 4821 de 2010

Como lo plantea el Agente Fiscal, el Decreto 1490 de 9 de mayo de 2011, est� compuesto por treinta (30) art�culos, que se distribuyen en dos partes; la primera (art�culo 1� a 22), hacen referencia a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDUs, mientras que la segunda (art�culos 23-29) trata de los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional � MISN, que se encuentran adoptados.

Con relaci�n a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDUs, en los art�culos 1� a 3�, se prev� su contenido, indicando que definir�n las condiciones de construcci�n y reubicaci�n de vivienda especial, las Viviendas de Inter�s Social � VIS y las Viviendas de Inter�s Prioritario � VIP, es decir, que se dar� prioridad a �ste tipo de vivienda, pero no lo limita o restringe a ellas, por lo que es acorde con el Decreto 4821.

Adem�s indica las calidades que deber�n tener los asentamientos urbanos y el �mbito de atenci�n Territorial, para lo cual se establecer� un porcentaje de suelo �til tomando la informaci�n que determine el Gobierno Nacional y la Oficina competente del Municipio o Distrito respectivamente de los hogares damnificados por la situaci�n de desastre y los hogares en zona de riesgo no mitigable que deber�n reubicarse.

Precisa que el �mbito de atenci�n es el de las zonas afectadas o en riesgo no mitigable, aunque hogares afectados que est�n por fuera de �ste pueden ser objeto de los programas. Adem�s tiene en cuenta que, si se traslada una cabecera Municipal por el fen�meno de �La Ni�a 2010-2011�, la destinaci�n del suelo del nuevo centro urbano tendr� en cuenta el porcentaje de uso que exist�a en el despojado.

Merece especial atenci�n que el art�culo 3� del Decreto Reglamentario en el inciso 3�, indica que: �(�) Con el fin de promover el uso racional del suelo, en armon�a con las necesidades de empleo, cohesi�n social, seguridad y protecci�n del medio ambiente, en cada PIDU se podr� destinar suelo para otros tipos de vivienda y para usos productivos que sean complementarios y compatibles con el uso residencial�, mientras que el Decreto Legislativo 4821 de 29 de diciembre de 2010, trata de �reubicaci�n de asentamientos humanos�, lo cual a primera vista podr�a pensar que existe una incompatibilidad entre uno y otro concepto, sin embargo no es as�, por las siguientes razones:

El inciso 3� del art�culo 3� del Decreto Reglamentario 1490 de 2011, encuentra su sustento normativo en el art�culo 1� del Decreto Legislativo 4821 de 2010, cuyo contenido es el siguiente:

�Art�culo 1.- Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU). El Gobierno Nacional podr� promover, ejecutar y financiar Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) en los que se definan, de com�n acuerdo con las autoridades de planeaci�n de los municipios y distritos en el �mbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urban�sticas necesarias para la ejecuci�n de operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitaci�n de suelo para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4580 de 2010.

Par�grafo.- Cuando los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano se localicen en suelos rurales deber�n apoyar el desarrollo compacto de la ciudad.� (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-299 de 27 de abril de 2011, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio, dijo lo siguiente:

�(�) 8.1. Con el art�culo 1� del Decreto 4821 de 2010 se adopta la medida axial del dise�o establecido por el Gobierno Nacional para atender a las personas afectadas con el fen�meno de La Ni�a, en cuanto a la necesidad de proveer en el menor tiempo posible las condiciones para habilitaci�n de suelo urbanizable, construcci�n de viviendas en predios habilitados y reubicaci�n de asentamientos humanos, con arreglo a las disposiciones que garantizan la autonom�a de los municipios y distritos afectados.

Con esta disposici�n se crean los PIDUs, o Planes Integrales de Desarrollo Urbano, entendidos como el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urban�sticas necesarias para la ejecuci�n de los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos, planes que est�n circunscritos al beneficio de las personas afectadas con la emergencia econ�mica, social y ecol�gica declarada por el Decreto 4580 de 2010.

8.1.1. Los PIDUs constituyen un mecanismo adecuado para reducir el periodo que usualmente se requiere para habilitar suelo y obtener las licencias respectivas. Adem�s de las modificaciones al r�gimen jur�dico aplicable al tr�mite previo a la autorizaci�n correspondiente, la Sala encuentra que las reformas al sistema normativo en esta materia no son irrazonables ni excesivas, si se tiene en cuenta los efectos econ�micos y sociales ocasionados por la ola invernal y la necesidad de atender en forma pronta y eficaz a las personas que perdieron sus viviendas o que deben repararlas para desarrollar sus proyectos de vida en condiciones dignas. (�)�

Es decir, que el Decreto procura incrementar la oferta de suelo urbanizable dentro del per�metro urbano y en suelo de expansi�n urbano para la ejecuci�n de proyectos de vivienda de inter�s social, cuando se trate de �reas urbanas de los Municipios y Distritos que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de servicios p�blicos. Esta medida comprende acciones para adecuar un predio o un conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la infraestructura de servicios p�blicos domiciliarios, v�as locales, equipamientos y espacios p�blicos propios de la urbanizaci�n, aptos para procesos de construcci�n.

Adem�s el Supremo Tribunal Constitucional, en la sentencia que se analiza precis� que: �ante las diferentes vicisitudes que la naturaleza o los fen�menos econ�micos y sociales puedan traer, los deberes del Estado aumentan en cantidad y en la manera de afrontarlas para solucionar las crisis e impedir la expansi�n de los nocivos efectos que �stas puedan traer.� Cuando los hechos insuperables e imprevistos causan alteraciones sustanciales para la vida de las personas dej�ndolas sin lugar de habitaci�n o generando aver�as severas en sus lugares de residencia, es menester reiterar la importancia que el derecho a la vivienda en condiciones dignas tiene dentro del sistema constitucional colombiano.

Por tanto insiste en que se trata del derecho consagrado en el art�culo 51 de la Ley Fundamental, que impone al Estado la carga de organizar, seg�n sus posibilidades fiscales y de gesti�n, sistemas y procedimientos que permitan atender satisfactoriamente las necesidades de vivienda de la poblaci�n, obligaci�n que se incrementa cuando sobrevienen acontecimientos derivados de fen�menos naturales y alteraciones ambientales o climatol�gicas generadoras de desastres econ�micos y sociales que acarrean el despojo de viviendas, terrenos productivos, inversiones en semovientes y, en general, proyectos de desarrollo locales y regionales.

En esas condiciones, no existe contradicci�n alguna entre el Decreto Legislativo 4821 de 2010 y el Decreto Reglamentario 1490 de 2011 objeto del Control de Legalidad.

La Sala advierte respecto a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU y la autonom�a dada a las Entidades Territoriales en Estado de Excepci�n, se trata de medidas de naturaleza temporal vigentes �nicamente hasta el 2014. Al respecto dijo la Corte Constitucional: [5]

�(�) La Sala considera, como lo hizo en la Sentencia C-244 de 2011, que autorizar al Gobierno Nacional en forma permanente para adoptar PIDUs resulta desproporcionado, siendo racional limitar en el tiempo tal atribuci�n, m�s a�n si se tiene en cuenta que seg�n el Departamento Nacional de Planeaci�n, �Se ha estimado en forma preliminar que para atender los da�os de la ola invernal, se requieren recursos cercanos a los $30,1 billones. Tal monto se distribuye en tres fases de la siguiente forma: De tal monto, el 9% ($2,7 billones) se destinar� a la fase 1 �Atenci�n Humanitaria de Emergencia� a ser ejecutado en el 2011, el 20% ($6 billones) a la fase 2 �Rehabilitaci�n� a ser ejecutado entre el 2011 y el 2014 y el 71% ($21,4 billones) a la fase 3 �Reconstrucci�n y Mitigaci�n de Riesgos�, a ser ejecutado en el largo plazo con la posibilidad de extenderse hasta el 2018.�[6]

�En este documento se indica que la intervenci�n en materia de vivienda se encuentra prevista para las fases de Rehabilitaci�n y Reconstrucci�n, de esta manera �se estima que cerca de 64.345 viviendas urbanas deben ser reubicadas, y el restante 75% (244.034) se pueden reparar en sitio. De las 64.345 viviendas urbanas a reconstruir o reubicar, el 50%, es decir 32.172, se realizar�n en la fase II y el resto en la fase III. Esto considerando la capacidad de ejecuci�n que tiene el sector, as� como las condiciones de oferta del suelo entre otras�.�

Con fundamento en estas razones, la Corte resolvi� declarar exequibles los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art�culo 1� del Decreto 4832 de 2010, bajo el entendido que las funciones asignadas a Fonvivienda s�lo se mantendr�n vigentes hasta el a�o 2014, por considerarlo un t�rmino razonable para adoptar medidas prontas que den curso a las fases de rehabilitaci�n y reconstrucci�n.�

Se reitera que los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUs, s�lo podr�n adoptarse hasta el a�o 2014; adicionalmente, las medidas sobre clasificaci�n del suelo y condiciones para urbanizaci�n en suelo urbano y de expansi�n urbana previstas en el Decreto no pueden ser entendidas como una modificaci�n permanente al uso del suelo, por cuanto la Corte ha establecido que: �Los PIDUs �nicamente podr�n ser ejecutados hasta el a�o 2014, quedando a salvo el principios de autonom�a de las entidades territoriales y el respeto por el fuero de sus autoridades, al establecer la Corte las circunstancias de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales podr�n ser ejecutados los PIDUs, es decir, con la participaci�n activa y decisoria de los alcaldes, como tambi�n con la posibilidad de que los concejos municipales, dentro de las limitaciones propias del estado de excepci�n, puedan ejercer sus competencias. (�)�

Prev� en el art�culo 4�, que existen dos categor�as de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, texto que es casi id�ntico al art�culo 2� del Decreto Legislativo 4821 de 2010. En los art�culos 5� a 22 del Decreto objeto de examen, se reglamentan las fases para desarrollar el procedimiento de los PIDU, desde el anuncio hasta la adopci�n seg�n la categor�a.

En el Decreto 4821 de 2010, se indic� que para la Categor�a 1�, se debe agotar el siguiente tr�mite: Anuncio, formulaci�n, concertaci�n y adopci�n. Mientras que para la Categor�a 2�: las anteriores etapas, y adicionalmente concertaci�n ambiental (para algunos eventos), y aprobaci�n de usos de suelo, antes de la adopci�n.

Con relaci�n a la iniciativa, indica que a m�s del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la tienen las Entidades Territoriales o los particulares directamente o en asociaci�n. Y que el �rea de planificaci�n del respectivo PIDU deber� adelantarse en un solo Municipio o Distrito, lo que resulta acorde con los art�culos 4� a 5� del Decreto 4821 de 2010 y con las normas que hablan del procedimiento en tanto que se refieren en singular al �Alcalde�, lo que significa que es cada PIDU solo interviene el Ente Territorial.

El Decreto 1490 de 2011, establece como fases, las siguientes: prefactibilidad, formulaci�n y adopci�n.

En la prefactibilidad establece el contenido del documento t�cnico de soporte que se debe allegar por el interesado para el estudio previo del Ministerio y agrega que �ste podr� por Resoluci�n desarrollar tales requisitos y se�alar documentos complementarios para los mismos efectos del estudio de prefactibilidad. Como lo expres� el Agente del Ministerio P�blico, esta disposici�n es legal dentro del marco que reglamenta y conforme con el principio de planeaci�n necesario para el adelantamiento de proyectos de obra p�blica, los cuales permitir�n que solo se aborde el estudio de aquellas iniciativas completas que cuenten con elementos ciertos; en cuanto a los requisitos para cuando la iniciativa tiene origen en los particulares corresponde a los se�alados en el Decreto que se reglamenta (art�culo 5�), adem�s del que acredite la asociaci�n si act�a con el Ente Territorial.

Si bien se indic� un t�rmino de treinta (30) d�as h�biles para la fase de prefactibilidad que no previ� expresamente el Decreto 4821 de 2010, pues en �ste se hace alusi�n a que previamente al anuncio se debe contar con la viabilidad de servicios p�blicos domiciliarios, planos para definir la localizaci�n y delimitaci�n del PIDU, relaci�n de predios y propietarios, etc., lo que resulta equivalente a la ahora denominada fase de prefactibilidad con el elemento temporal, que evita la dilaci�n en el desarrollo del proyecto.

En esas condiciones, superada de manera favorable la etapa anterior se expide el acto administrativo de anuncio, que deber� delimitar el �rea de planificaci�n preliminar, solicitar aval�os para determinar, cu�l era el precio antes, eso si no se hab�an realizado ya; y la orden de publicar el anuncio en el medio oficial o de amplia circulaci�n; e indica qu� documentos har�n parte de la Resoluci�n de anuncio.

Se dispone igualmente que el anuncio no obliga al Ministerio a adoptar el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano � PIDU, ni a presentar oferta de compra de bienes, y contra el acto no cabe recurso, debi�ndose tener en cuenta el art�culo 61 de la Ley 388 de 1997[7] y que los efectos cesan con el archivo de la solicitud. Estos contenidos normativos, as� como el que prev� descontar la plusval�a o el mayor valor generado por el anuncio del proyecto son concordantes con lo dispuesto en el art�culo 3�, 3.2.1 del Decreto 4821 de 2010.

Prev� igualmente, que la formulaci�n del proyecto se inicia con la elaboraci�n del Documento T�cnico de Soporte � DTS que el interesado debe anexar y contener la documentaci�n y estudios se�alados en el art�culo 12. Precept�a que por Resoluci�n el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial desarrollar� los requisitos establecidos, y podr� se�alar otros complementarios. Si la iniciativa es del Ente Territorial o particulares, dispone que la formulaci�n se har� dentro de los seis (6) mese siguientes al anuncio, prorrogables por dos (2) m�s y se anexar� el DTS. �ste t�rmino no se previ� en el Decreto Legislativo, pero no resulta contrario al mismo, por cuanto aqu�l dispone (art�culo 3�, 3.1.2) que el Ministerio lo formula con el documento pero no se�ala plazo para ello, pudiendo entonces el reglamento precisar ese aspecto.

El Ministerio o la Entidad que designe, eval�a en forma t�cnica, financiera y jur�dicamente el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano � PIDU; si cumple los requisitos de plazo y contenido del DTS se somete a an�lisis de viabilidad ambiental, jur�dica y financiera para lo cual el Ministerio cuenta con un t�rmino de cuarenta y cinco (45) d�as h�biles a partir de la presentaci�n legal y debida forma. �ste t�rmino igualmente resulta razonable con el estudio que debe efectuarse.

En la etapa subsiguiente, la concertaci�n con el Municipio o Distrito, se surte en un t�rmino de quince (15) d�as h�biles, prorrogables por otros quinde (15); precisa que el t�rmino se empieza a contar desde la radicaci�n de la solicitud ante el Alcalde.

El art�culo 14 se�ala en la parte final del inciso segundo que: el resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital, enunciado que no es acorde con el Decreto Legislativo que reglamenta, ni con el sentido de la concertaci�n� como lo indic� el Agente Fiscal, en tanto que �sta no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con un documento que contenga los puntos sobre los cuales concertaron las partes, tal como lo dispone el art�culo 15 siguiente, seg�n el cual, en caso de concertaci�n la fase culmina con el Convenio entre el Ministerio y el Alcalde, cuyo contenido m�nimo all� se prev�.

Si no hay acuerdo, el Ministerio puede someter nuevamente a concertaci�n ante el Alcalde el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano � PIDU con los ajustes pertinentes, si en cinco (5) d�as no hay acuerdo, se entiende negada y se archiva. Trat�ndose de la Categor�a 1�, suscrito el Convenio se adelanta la adopci�n.

Consagra igualmente la participaci�n democr�tica en el tr�mite de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, sean de Categor�a 1� conforme al art�culo 22 de la Ley 388 de 1997[8] (como en la etapa de concertaci�n y consulta de la adopci�n del POT � Art. 24 ib.) o Categor�a 2�, disponible durante toda la formulaci�n y una audiencia despu�s de suscrito el convenio para que expongan recomendaciones que se resuelven concertadamente entre el Ministerio y el Alcalde. Adem�s de la iniciativa en los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU la participaci�n en la etapa de formulaci�n y concertaci�n es una herramienta de control y fiscalizaci�n de las decisiones que se adopten, todo lo cual encuentra respaldo en la Carta Pol�tica.

Al respecto el Agente de la Procuradur�a anot� que, si bien en el Decreto 4821 de 2010 no se previ� la participaci�n de los ciudadanos en el tr�mite de los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU, en el Decreto 1490 de 2011 (objeto de control) s� se consagr� la participaci�n democr�tica de las personas interesadas y se dispuso que la respuesta a las recomendaciones y observaciones presentadas por aquellas se resolver�an concertadamente entre el Ministerio y el Alcalde.

Como tr�mites adicionales de la Categor�a 2� prev� la concertaci�n ambiental (en ciertos eventos), y la aprobaci�n del uso del suelo, donde el Alcalde somete a consideraci�n del Concejo Municipal o Distrital un proyecto de acuerdo de modificaci�n a las normas sobre aprovechamiento y uso del suelo, disposiciones que se encuentran en conformidad con los numerales 3.23 y 3.2.4., del art�culo 3� del Decreto 4821 de 2011, y con la Constituci�n Pol�tica, toda vez que son estas las autoridades competentes para reglamentar el uso del suelo, seg�n da cuenta el art�culo 313 numeral 7�.

La �ltima fase com�n corresponde a la adopci�n, la cual se surte por Resoluci�n Ministerial. En los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU de Categor�a 1�, el plazo es de diez (10) d�as h�biles despu�s del Convenio y en los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano � PIDU de Categor�a 2�, se establece un t�rmino de treinta (30) d�as para verificar la conveniencia a las modificaciones introducidas por el Concejo al proyecto del acuerdo, cumplido lo cual, se adopta por Resoluci�n con las modificaciones efectuadas en la fase de formulaci�n. Se�ala el contenido m�nimo del acto administrativo de adopci�n y dispone su publicaci�n y env�o al Municipio o Distrito, autoridades ambientales y a FONVIVIENDA, lo cual, est� en armon�a con el art�culo 7� del Decreto 4821 de 2010 y los efectos del PIDU.

En esas condiciones, lo dispuesto en art�culo 14 en la parte final del inciso segundo, seg�n el cual, �El resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital�, como qued� anotado es contrario a lo establecido en el Decreto Legislativo 4821 de 2010, art�culo 3�, 3.1.2 inciso tercero y 3.2.2 inciso segundo, toda vez que la concertaci�n no puede concluir con un acto administrativo unilateral, sino con el Convenio que contenga los puntos sobre los cuales se lleg� a un acuerdo. Por las razones que anteceden se declarar� su nulidad, como lo indic� el Agente Fiscal.

Los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional - MISN, se encuentran regulados en los art�culos 23 a 29 del Decreto 1490 de 9 de mayo de 2011, objeto de Control Autom�tico de Legalidad.

En el Decreto que se reglamenta (4821 de 2010) se dispuso que los Macroproyectos de Inter�s Social Nacional � MISN que a la fecha de vigencia se encontraren adoptados pod�an ampliar su �rea de planificaci�n y gesti�n.

Adem�s consagra los requisitos para la ampliaci�n de los proyectos adoptados a la entrada en vigencia del Decreto 4821 de 2010; dispone que la iniciativa para solicitar esa ampliaci�n la tiene el Ministerio, la Entidad Territorial o el particular, igualmente prev� las etapas de ampliaci�n, como son: identificaci�n y determinaci�n, formulaci�n y adopci�n.

Observa la Sala que tal como advirti� el Agente Fiscal, las medidas extraordinarias que el Decreto contempla deben circunscribirse a las zonas afectadas y, por lo tanto, no se pueden confundir con los proyectos de Inter�s Social Nacional previstos en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, m�xime cuando dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-149 de 2010, con el siguiente contenido literal:

�(�) 6.4. La lectura de la norma atacada demuestra que los MISN tienen por objeto ejecutar operaciones de gran escala que contribuyan al desarrollo de determinados municipios, distritos o regiones del pa�s y han sido proyectados para generar gran impacto en el desarrollo urbano, afectando las competencias de los entes territoriales en materia de formulaci�n y ejecuci�n de esta clase de programas, como tambi�n sometiendo a los municipios y distritos a varias obligaciones, entre ellas las de concertar con el gobierno nacional las acciones urban�sticas que tengan incidencia en los MISN, quedando estos entes territoriales a expensas de las determinaciones que en estas materias adopten las autoridades nacionales.

Como lo demuestra la exposici�n sobre el alcance de la norma demandada,[10] los MISN desplazan las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales o distritales en materia de adopci�n, elaboraci�n, revisi�n y ejecuci�n de los POTs, en asuntos de alto impacto para el desarrollo de los municipios o distritos. Para la Sala, desplazar las competencias de los concejos en el proceso de adopci�n de los POTs dando prioridad a lo establecido en los MISN, significa desconocer las competencias que el constituyente asign� a las mencionadas corporaciones administrativas mediante el art�culo 313, numerales 1 y 7 de la Carta Pol�tica.

Por lo anterior, la Corte considera que la disposici�n atacada implica un vaciamiento de las competencias asignadas por el constituyente a los concejos, en la medida que estos no podr�n participar en las etapas de formulaci�n y adopci�n de los macroproyectos, quedando a expensas de las decisiones que el gobierno nacional incorpore en los MISN y a las cuales quedar�n subordinados los POTs.

(�) La sentencia tiene efectos hacia el futuro, es decir, a partir del d�a cinco (5) de marzo de 2010, con lo cual no se produce traumatismo alguno. Las consecuencias de la inexequibilidad se aplicar�n para nuevos megaproyectos y no para los que se encuentran en curso. Se entender� como megaproyectos en curso aquellos que se encontraban en alguna de las etapas de identificaci�n y determinaci�n; formulaci�n; adopci�n o ejecuci�n; seg�n lo dispuesto en el art�culo 4� del Decreto 4260 de 2007, por el cual se reglamentan los art�culos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007.�

Y advierte que debe entenderse en cuanto corresponda y sea compatible con la reconstrucci�n de viviendas que se encuentren en zonas seguras y a la reubicaci�n de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, en aquellos territorios afectados por la emergencia.

Por su parte la Corte Constitucional declar� exequible el art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010, mediante sentencia C-299 de 2011 teniendo en cuenta que la norma de emergencia no est� autorizando la adopci�n de nuevos Megaproyectos, sino permitiendo que los que ya se encontraren adoptados con anterioridad al 4 de marzo de 2010 (fecha de la sentencia C-149/10) puedan ampliar su �rea de planificaci�n o gesti�n siempre y cuando esa modificaci�n est� dirigida a incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda localizados en el respectivo Municipio.

�(�) 8.13.1. De su parte, el art�culo 13 del Decreto que se examina autoriza la ampliaci�n de las �reas de planificaci�n y/o gesti�n de macroproyectos de inter�s social nacional que se encontraban adoptados hasta el d�a 4 de marzo de 2010, para incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda localizados en el respectivo municipio o distrito para adelantar la construcci�n de viviendas y/o reubicar asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo afectados por la ola invernal.

Al no conferir efectos retroactivos a la presente decisi�n, ha de entenderse que subsisten los megaproyectos adoptados antes del cuatro (4) de marzo de 2010, fecha en la cual fue proferida la sentencia C-149. No siendo contrario a las disposiciones de la Carta Pol�tica, el art�culo 13 del Decreto 4821 de 2010 ser� declarado exequible. (�)�

En esas condiciones, los �nicos Macroproyectos de Inter�s Social Nacional � MISN que pueden ser objeto de ampliaci�n, son aquellos aprobados antes de 4 de marzo de 2010, fecha de la sentencia C-149 de 2010 que declar� inexequible el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, tal como lo indic� la Corte Constitucional en la sentencia C-299 de 2011, que decidi� sobre la constitucionalidad del Decreto 4821 de 2010.

En m�rito a lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

1�. DECL�RASE, la nulidad de lo dispuesto en art�culo 14 en la parte final del Inciso Segundo, seg�n el cual, �El resultado de la concertaci�n constar� en un acto administrativo expedido por el Alcalde Municipal o Distrital�, mientras surti� efectos del Decreto 1490 de 9 de mayo de 2010, expedido por el Gobierno Nacional, �Por el cual reglamenta parcialmente el Decreto 4821 de 2010.�

2�. En todo lo dem�s DECLARASE ajustado a derecho mientras surti� efectos el Decreto 1490 de 9 de mayo de 2010, expedido por el Gobierno Nacional, �Por el cual reglamenta parcialmente el Decreto 4821 de 2010�, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3�. COMUN�QUESE lo decidido a la Presidencia de la Rep�blica y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, anexando copia de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en su sesi�n de la fecha.

[1] Ley 137 de 1994, en el art�culo 20, dispone: �CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de car�cter general que sean dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepci�n, tendr�n un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

Las autoridades competentes que los expidan enviar�n los actos administrativos a la jurisdicci�n contencioso administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedici�n.�

[2] �Por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica, social y ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica.�

[3] �Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcci�n de vivienda y reubicaci�n de asentamientos humanos para atender la situaci�n de desastre nacional y de emergencia econ�mica, social y ecol�gica nacional.�

[4] La Corte realiz� el control de constitucionalidad sobre la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci�n mediante la Sentencia C-179/94 M.P. Carlos Gaviria D�az, sobre el particular dijo:

�Pues bien, en los incisos primero y segundo del art�culo que se revisa, se consagra el control autom�tico de legalidad de los actos administrativos que se expidan como desarrollo de los decretos legislativos dictados por el Presidente de la Rep�blica durante los estados de excepci�n, el cual ser� ejercido por la jurisdicci�n contencioso administrativa, de acuerdo con la competencia que all� se fija. Estas disposiciones no atentan contra la Ley Suprema y, por el contrario, encajan dentro de lo contemplado en el art�culo 237 de la Carta, que le atribuye al Consejo de Estado las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, y el conocimiento de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, al igual que el cumplimiento de las dem�s funciones que le asigne la ley.

Dicho control constituye una limitaci�n al poder de las autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicaci�n de normas ilegales.

No ocurre lo mismo con el inciso 3o., el cual debe juzgarse junto con el inciso 2o. del art�culo 56 de la misma ley que, dispone �As� mismo, y mientras se adopta la decisi�n definitiva, podr� la Corte Constitucional en pleno y dentro de los diez d�as siguientes a la fecha en que avoc� su conocimiento, suspender, a�n de oficio, los efectos de un decreto expedido durante los estados de excepci�n, siempre que contenga una manifiesta violaci�n de la Constituci�n.�

Tanto el inciso 3o. del art�culo 20 como el inciso 2o. del art�culo 56 del proyecto de ley estatutaria que se estudia, resultan inexequibles por los mismos motivos que se expusieron al estudiar el art�culo 19 del presente proyecto de ley, que consagra la figura de la suspensi�n provisional de los decretos legislativos. Por tanto, no hay lugar a rebatir el argumento de los intervinientes, pues de todas formas el inciso 3o. ser� retirado del ordenamiento jur�dico.

As� las cosas, el art�culo 20 del proyecto de ley que se revisa, es exequible salvo el inciso tercero, el cual ser� declarado inexequible.�

[5] Sentencia C-299 de 27 de abril de 2011, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio, declar� exequible el art�culo 1� del Decreto 4821 de 2010, en el entendido que los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUs s�lo podr�n adoptarse hasta el a�o 2014.

[6] Anexo H del cuaderno principal del expediente 4580 de 2010 �por el cual fue declarada la emergencia econ�mica, social y ecol�gica-, esto es, al Oficio DG-20111000002521 de 6 de enero de 2011 del Departamento Nacional de Planeaci�n.

[7] Ley 388 de 18 de julio de 1997, por la cual se modific� la Ley 9� de 1989, y la Ley 2� de 1991, dispuso:

�Art�culo 61�.-Modificaciones al procedimiento de enajenaci�n voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenaci�n voluntaria regulado por la Ley 9 de 1989:

El precio de adquisici�n ser� igual al valor comercial determinado por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, seg�n lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre aval�os expida el gobierno. El valor comercial se determinar� teniendo en cuenta la reglamentaci�n urban�stica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci�n con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinaci�n econ�mica.

La forma de pago del precio de adquisici�n podr� ser en dinero o en especie, en t�tulos valores, derechos de construcci�n y desarrollo, derechos de participaci�n en el proyecto a desarrollar o permuta.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley se acepte la concurrencia de terceros en la ejecuci�n de proyectos, los recursos para el pago del precio podr�n provenir de su participaci�n.

La comunicaci�n del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se har� con sujeci�n a las reglas del C�digo Contencioso Administrativo y no dar� lugar a recursos en v�a gubernativa.

Ser� obligatorio iniciar el proceso de expropiaci�n si transcurridos treinta (30) d�as h�biles despu�s de la comunicaci�n de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci�n voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa.

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiaci�n y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, ser� posible que el propietario y la administraci�n lleguen a un acuerdo para la enajenaci�n voluntaria, caso en el cual se pondr� fin al proceso.

Los inmuebles adquiridos podr�n ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilizaci�n de los inmuebles para el prop�sito que fueron adquiridos.

Par�grafo 1�.- Al valor comercial al que se refiere el presente art�culo, se le descontar� el monto correspondiente a la plusval�a o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad p�blica para la adquisici�n, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participaci�n en plusval�a o la contribuci�n de valorizaci�n; seg�n sea del caso.

Par�grafo 2�.- Para todos los efectos de que trata la presente Ley el Gobierno Nacional expedir� un reglamento donde se precisar�n los par�metros y criterios que deber�n observarse para la determinaci�n de los valores comerciales bas�ndose en factores tales como la destinaci�n econ�mica de los inmuebles en la zona geoecon�mica homog�nea, localizaci�n, caracter�sticas y usos del inmueble, factibilidad de prestaci�n de servicios p�blicos, vialidad y transporte.�

[8] Ley 388 de 18 de julio de 1997, por la cual se modific� la Ley 9� de 1989, y la Ley 2� de 1991, dispuso:

�Art�culo 22�.-De la participaci�n comunal en el ordenamiento del territorio. Para efectos de organizar la participaci�n comunal en la definici�n del contenido urbano del plan de ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podr�n delimitar en el �rea comprendida dentro del per�metro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localizaci�n en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un �mbito local o vecinal. Lo pertinente regir� para la participaci�n comunitaria en la definici�n del contenido rural, caso en el cual la divisi�n territorial se referir� a veredas o agrupaciones de veredas.

En el curso de la formulaci�n y concertaci�n de los planes de ordenamiento territorial, las organizaciones c�vicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a trav�s de mecanismos democr�ticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podr�n designar representantes para que transmitan y pongan a consideraci�n sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan.

Una vez surtido el proceso de adopci�n o revisi�n del plan, estas mismas organizaciones c�vicas mantendr�n su participaci�n en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos:

1. Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urban�sticas generales, la asignaci�n espec�fica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contrar�en las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podr�n referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tr�nsito vehicular y dem�s previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio p�blico, de acuerdo con las normas generales.

2. Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urban�sticas dentro de su �rea, de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan.

3. Para ejercer acciones de veedur�a ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violaci�n de las normas establecidas, a trav�s de procedimientos acordes con las pol�ticas locales de descentralizaci�n.�

[9] Estaban previstos en el art�culo 79 de la Ley 1151 de 2007, Por la cual se expidi� el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Esta norma fue declarada inexequible mediante la sentencia C-149 del 4 de marzo de 2010, M.P. Dr. Jorge Iv�n Palacio Palacio.