SENTENCIA 11001-03-27-000-2011-00008-00 de 2016

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Sentencias de NulidadMINISTERIOS DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y DE MINAS Y ENERGIAALFREDO LEWIN FIGUEROA19/12/2016EDICTODecreto Reglamentario 1697 de 2007Identificadores10030101156true1187893original30101073Identificadores

Demandado: �MINISTERIOS DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y DE MINAS Y ENERGIA

Demandado: MINISTERIOS DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO Y DE MINAS Y ENERGIA

La Sala decide, en �nica instancia, la demanda interpuesta por el ciudadano Alfredo Lewin Figueroa para que se declare la nulidad del art�culo 5� del Decreto Reglamentario 1697 de 2007, conforme fue modificado por el Decreto 1282 de 2008, expedido por el Presidente de la Republica y los Ministros de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Minas y Energ�a, que reglament� el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006.

�Que previo el procedimiento ordinario, se declare la nulidad del art�culo 5�. del Decreto Reglamentario 1697 de 2007, modificado por el Decreto Reglamentario 1282 de 2008, del gobierno nacional (Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Minas y Energ�a), cuyo texto se transcribe a continuaci�n:

Por el cual se reglamenta el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 y se establecen otras disposiciones�

Art�culo 5�. (Modificado por el art�culo 1 del Decreto 1282 de 22 de abril de 2008).- Para los exportadores a quienes conforme el art�culo 1� les sea aplicable este Decreto, que est�n sometidos al r�gimen de precios de transferencia, sus ingresos por ventas de minerales a vinculados econ�micos o partes relacionadas residentes o domiciliados en el exterior y/o en para�sos fiscales ser�n como m�nimo los que resulten de la aplicaci�n del precio fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a de conformidad con lo dispuesto en este decreto y sin perjuicio de la obligaci�n de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores y los ingresos obtenidos por otros conceptos tales como: transporte, seguros, manejo, cargue, descargue y almacenamiento, aunque se facturen o convengan por separado.�

La parte actora explic� que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 asigna al Ministro de Minas y Energ�a la competencia para fijar el precio de venta de las exportaciones de minerales, de cierto monto. Que el decreto reglamentario demandado, sin fundamento, fij� un precio m�nimo y, por lo tanto, desatendi� el sentido de la norma que reglament�, porque agreg� aspectos que generan efectos tributarios no previstos en la Ley.

Afirm� que de la confrontaci�n de la ley y el reglamento se ve con claridad que, mientras la ley dispone que el Ministro de Minas y Energ�a fija el precio de venta de las exportaciones, el reglamento fij� un precio �m�nimo�.

Que esta situaci�n conduce a resultados y bases diferentes. As�, dijo que por ejemplo, si el precio fijado por el Ministro de Minas para un exportador fuera de US$100 la tonelada de mineral, de acuerdo con la ley, el exportador tendr�a que declarar ingresos por venta de mineral por ese valor, multiplicado por el n�mero total de toneladas exportadas en el periodo respectivo. En cambio, si se aplica el reglamento, el contribuyente se ver�a enfrentado a que las autoridades sostengan, como ha ocurrido, que algunas toneladas se valoren por el precio fijado por el reglamento, y otras, por el precio de venta.

Siguiendo el ejemplo, precis� que si por raz�n de los constantes cambios en los precios internacionales, durante el a�o se vendieron toneladas de mineral, unas a US$ 110 y otras a US$80, seg�n la ley, el contribuyente tendr�a que declarar todas las ventas a US$110 y seg�n el decreto, debe declarar las primeras a US$110 y las segundas a US$100, lo que dar�a una base diferente a la prevista en la ley.

Adujo que seg�n la ley, el precio �nico que se debe tener en cuenta para la determinaci�n de los ingresos por el total de las toneladas exportadas es de US$100.000. porque el Ministerio de Minas debe fijar un solo precio por exportador y solo ese se puede aplicar para la determinaci�n de los ingresos.

Advirti� que si respecto de un exportador no se aplicara al total de toneladas exportadas, sino a algunas, el precio fijado por el Ministerio de Minas, y a otras un precio diferente, la base gravable no ser�a la fijada por el Congreso mediante la Ley 1111 de 2006, sino alterada por unos ajustes no previstos en la norma, derivados de la aplicaci�n del decreto reglamentario. Que, en consecuencia, se viola el art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica en cuanto dispone que solo al Congreso le corresponde fijar indirectamente la base gravable. Que, en este caso, es el decreto el que fija la base gravable al disponer que el precio fijado por el Ministerio a veces se aplique y a veces no.

El demandante manifest� que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 no expresa nada respecto de la aplicaci�n de los precios de transferencia a los contribuyentes que exportan m�s de US$ 100.000.000, ni consagr� un r�gimen diferente para los que est�n sometidos a los precios de transferencia. Que la ley 1111 de 2006 simplemente estableci� que, para todos, el Ministerio de Minas fijar�a el precio de venta, as� que, por pretender aplicar dos reg�menes, el reglamento viol� el art�culo 260-2 del Estatuto Tributario.

Explic� que el art�culo 260-2 del Estatuto Tributario establece seis m�todos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados econ�micos, que se basan en: a) considerar el precio que se hubiera pactado entre partes independientes en operaciones comparables o b) calcular, de diversas maneras, la utilidad obtenida entre partes independientes en operaciones comparables.

Adujo que cada m�todo responde a un sistema t�cnico y se encuentra regulado en la ley. Que cualquiera de estos m�todos arroja un resultado, no un precio fijo, sino un rango de precios aceptables, dentro del cual se puede ubicar el contribuyente.

Manifest� que el reglamento no puede crear una especie de �s�ptimo m�todo� ni sustituir el rango de precios por un precio m�nimo, pues al hacerlo, viola el r�gimen de precios de transferencia.

Como consecuencia de las violaciones denunciadas, aleg� que el reglamento acusado tambi�n viola el art�culo 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica porque el Gobierno Nacional excedi� la potestad reglamentaria.

Finalmente, advirti� que en la jurisprudencia se encuentra un caso similar donde el Consejo de Estado declar� nulo el Decreto 1421 de 1993 que pretendi� imponer a los contribuyentes del impuesto predial, como valor m�nimo del autoaval�o, el 50% del valor comercial del predio.

Afirm� que el art�culo 5 del Decreto 1697, tal como fue modificado por el art�culo 1 del Decreto 1282 de 2008, viola los art�culos 189-11 y 209 de la Constituci�n Pol�tica por las siguientes razones:

Que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 encarga al Ministro de Minas para fijar el precio de las exportaciones de minerales. Que, sin embargo, el art�culo 5� acusado permite que el Ministro evada ese deber, para que en ciertas circunstancias sean otras personas, esto es, los exportadores, los que fijen el precio, es decir, el reglamento no se dirige al cumplimiento de la ley sino a su incumplimiento.

Que, asimismo, la ley faculta al Ministro para acceder a documentos privados, como solicitar a las empresas y a los exportadores facturas de venta y certificaciones de auditores fiscales, con el fin de producir un resultado, fijar el precio, y la ley no permite que esa facultad se traslade al exportador.

Que, el art�culo 5 acusado prev� que el Ministro no usar� en forma eficaz sus facultades, para que sea el exportador quien complete la tarea que el Ministro no ha hecho, y de informes adicionales sobre el monto real de sus ingresos de exportaci�n, con lo cual viola el art�culo 209 de la Constituci�n Pol�tica, en la medida que crea condiciones para restar eficacia al art�culo 16 de la Ley 1111, pues el Ministro no podr� fijar el precio de exportaci�n sino apenas un precio m�nimo.

Aleg� que el articulo 5 acusado cambia las reglas de la Ley 1111 sobre la determinaci�n de la base gravable e impone a los exportadores una obligaci�n tributaria nueva, asuntos sobre los que existe reserva de ley, que limita la facultad reglamentaria, viol�ndose as� los art�culos 114 y 150 numerales 1 y 2 de la Constituci�n Pol�tica.

Que, el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 es claro en cuanto a qui�n fija el precio de las exportaciones de minerales, qu� factores debi� tener en cuenta y de qu� facultades dispon�a el Ministro de Minas para ello, de d�nde surg�a una regla inequ�voca acerca de la base gravable de las exportaciones de minerales.

Dijo que la facultad reglamentaria a que se refer�a la ley era para fijar procedimientos que llevaran a una determinaci�n alternativa de la base gravable, pero que el decreto no pod�a tener alcance distinto al de facilitar al Ministro, el uso de los factores y las facultades que le otorg� la ley.

Que la Ley no permit�a al reglamento crear un procedimiento supletivo para determinar la base gravable, ni crear obligaciones sustantivas o procesales nuevas. Seg�n el reglamento acusado, la base gravable ya no ser�a la que fijara la DIAN, sino, en forma alternativa, la que fijara el Ministro y, en ciertos casos, la que fijaran los exportadores.

Que el reglamento acusado crea una obligaci�n nueva para el exportador, en el sentido de permitirle alternar, eventualmente, la base gravable del tributo. Que esto implica cargas procesales y riesgos para el exportador, pues lo somete a posibles controversias administrativas con la DIAN.

Que el art�culo 16 de la ley simplificaba esos riesgos y cargas, pues faculta al Ministro establecer el precio de las exportaciones para fijar sus ingresos. Por estas razones, dijo, el art�culo acusado viola los art�culos 189-11, 114, 150-1-2 y 338 de la C.P.

Precis� que la norma acusada viola los principios de justicia y equidad del art�culo 95-9 de la C.P. en cuanto toma una presunci�n legal establecida por el legislador para favorecer a la autoridad tributaria y la altera sin autorizaci�n legal, en contra del exportador.

Que, en efecto, uno de los aspectos de la facultad otorgada al Ministro de Minas por la Ley 1111 era la de establecer una presunci�n de ingresos y el exportador estaba obligado a tributar sobre la base fijada por el Ministro, fuera real o no, y el reglamento destruye esa presunci�n, pero solo para el evento en que los ingresos del exportador sean mayores.

Se�al� que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 se limita a adoptar tres medidas, a saber: i) otorga al Ministro de Minas la facultad de fijar el precio de venta de las exportaciones de minerales de hasta cierto monto; ii) autoriza al Ministro a solicitar informaci�n, facturas y certificaciones fiscales; y iii) se�ala que el Gobierno reglamentar� el procedimiento de aplicaci�n de la norma.

Que ninguna de estas medidas establece la obligaci�n de declarar los ingresos por exportaciones con base en el precio fijado por el Ministro. Tampoco existe ley tributaria que establezca dicha obligaci�n y los art�culos 260-1 a 260-11 del Estatuto Tributario en ninguna de sus disposiciones sustituyen los m�todos all� establecidos, por el precio fijado por el Ministro de Minas, ni exoneran al contribuyente de la obligaci�n de someterse a los precios de transferencia.

Adujo que el articulo 5 demandado crea, sin respaldo legal, una obligaci�n para el exportador de declarar sus ingresos por ventas a vinculados econ�micos por el precio fijado por el Ministro y los excluye del precio que arroja el r�gimen de precios de transferencia, al derogar en forma impl�cita, para un grupo de exportadores, dicho r�gimen.

Que, en lugar de tomar el precio fijado por el Ministro como par�metro o valor de referencia, el reglamento acusado, crea una duplicidad de sistemas: el sistema general del Estatuto Tributario aplicable a todos los exportadores, que deben declarar sus ingresos realizados (art. 26 E.T.), siempre y cuando los precios pactados entre partes vinculadas se encuentren dentro del rango de precios que tendr�an partes independientes (arts. 260-1 y ss E.T.); y el sistema excepcional del reglamento, aplicable a los exportadores de minerales cuyo valor sea superior a cien millones de d�lares (US$100.000.000), que deben declarar sus ingresos por el precio fijado por el Ministro.

Aleg� que la Corte Constitucional analiz� el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006, frente al cargo de violaci�n del principio de unidad de materia y concluy� que la norma guardaba correspondencia con el tema de la ley y lo declaro exequible mediante sentencia C-809 de 2007, pero, que tener relaci�n con la materia tributaria no significa que tenga efectos tributarios directos para determinar el impuesto de renta, porque, para ese fin, la ley debe ser expresa.

Que los antecedentes legislativos de la Ley 1111 demuestran que el reglamento pretende complementar lo que la ley suprimi�, pues en la redacci�n inicial se adicionaba al art�culo 260-1 del E.T. y se daba al precio fijado por el Ministro efectos fiscales al incluir la expresi�n �para efectos fiscales�, alocuci�n que fue eliminada en el texto final.

Se�al� que el reglamento acusado suprime una herramienta de fiscalizaci�n internacional, al crear lo que se podr�a denominar �r�gimen de precios del Ministro de Minas�, que gener� descontento al interior de la DIAN, como se observa en el concepto 052022 de 23 de junio de 2010, que se expidi� por petici�n del Subdirector de Fiscalizaci�n Internacional, que pidi� reconsiderar el concepto 067261 de 2009, que interpret� que �los exportadores de minerales no est�n obligados a preparar y presentar la documentaci�n comprobatoria de que trata el art�culo 260-4 del Estatuto Tributario.�

El demandante solicit� la suspensi�n provisional de la norma reglamentaria demandada, solicitud que fue negada mediante auto del 2 de noviembre de 2012[4].

El coadyuvante Hugo Palacios Mej�a igualmente solicit� la suspensi�n provisional de la disposici�n reglamentaria demandada, solicitud que fue negada mediante auto de 9 de marzo de 2012[5].

El Ministerio de Minas y Energ�a se opuso a las pretensiones de la demanda[6].

Se�al� que en la legislaci�n tributaria existen los exportadores que est�n sometidos al r�gimen de precios de transferencia y aquellos que no lo est�n, estableciendo que ser�n sometidas a dicho r�gimen las transferencias entre vinculados econ�micos y partes relacionadas en los t�rminos de los art�culos 260, 261, 263 y 264 del C�digo de Comercio y los que cumplan los supuestos previstos en los art�culos 450 y 452 del Estatuto Tributario. Que los contribuyentes sometidos al r�gimen de precios de transferencia deben cumplir las obligaciones previstas en los art�culos 260-8 y 260-4 del E.T.

Que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 no modifica el r�gimen de precios de transferencia. Que este es un precepto general sobre el cual hay que tener en cuenta el citado r�gimen como excepci�n, tomando las dem�s normas del Estatuto Tributario. Entonces, a su juicio, el art�culo 5 del Decreto 1697 de 2007 es congruente, dado que establece la reglamentaci�n del r�gimen de precios de transferencia, acorde con las normas del citado estatuto, por lo que, si se anula, no permitir�a la aplicaci�n de dicho r�gimen.

Precis� que, de acuerdo con los antecedentes del art�culo 16 de la Ley 1111, consignados en el pliego de modificaciones de la ponencia para al primer debate, y los considerandos del Decreto 1697, el precio de venta fijado por el Ministerio de Minas tiene efecto en la determinaci�n del impuesto de renta para los contribuyentes sometidos al r�gimen de precios de transferencia que hayan exportado minerales por m�s de US$100.000.000 al a�o (Oficio No.098673 de 30 de noviembre de 2007). Efectos que tambi�n se infieren de lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-809 de 2007, que analiz� el cargo de inconstitucionalidad por violaci�n al principio de unidad de materia.

Aleg� que debe tenerse en cuenta que el art�culo 260-1 del Estatuto Tributario establece como obligatoria la aplicaci�n del r�gimen de precios de transferencia, cuando se den los supuestos que se�ala la norma que, en esencia, consisten en la realizaci�n de operaciones con vinculados econ�micos o partes relacionadas del exterior. Que, en este contexto, si tales operaciones no corresponden a exportaci�n de minerales, no se aplica el art�culo 16 de la Ley 1111, sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero del par�grafo del art�culo 7 del decreto reglamentario 4349 de 2004. Que, en consecuencia, no es v�lida la interpretaci�n del demandante, que no analiz� el art�culo acusado en su integridad con el Estatuto Tributario.

Finalmente, advirti� que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 solo surti� efectos durante su vigencia, pues fue derogado por el art�culo 67 de la Ley 1430 de 2010, derogatoria que surte efectos hacia el futuro.

Solicit� negar las pretensiones de la demanda. Manifest� que comparte las razones de oposici�n expuestas por el Ministerio de Minas y Energ�a, que reiter� en el escrito de contestaci�n a la demanda.

Advirti� que de la simple lectura del art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 se observa que esta norma no introduce modificaciones en torno a los destinatarios del r�gimen de precios de transferencia. Que solo constituye un precepto general, que es congruente con el art�culo 5 del Decreto 1697 de 2007, que establece una reglamentaci�n acorde con el Estatuto Tributario.

Con fundamento en lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-032 de 2005 y C-690 de 2003, concluy� que son leg�timas aquellas remisiones a autoridades administrativas, contenidas en la ley, orientadas a la concreci�n de variables t�cnicas o econ�micas, que por razones de la misma �ndole no son susceptibles de fijar en tales disposiciones y, por la misma raz�n, mientras las normas legales se encuentren investidas de constitucionalidad, las disposiciones reglamentarias que las desarrollan tambi�n lo est�n, siempre que cumplan los l�mites impuestos en la ley, que es precisamente lo que sucede con la norma reglamentaria acusada.

El demandante[8] insisti� en que la disposici�n acusada se aparta de la norma reglamentada, porque la Ley 1111 no se refiere a un precio m�nimo ni a uno m�ximo, solo establece un precio �nico que fija el Ministro de Minas, mientras que el reglamento agrega efectos tributarios que implica que los ingresos gravables sean unos si se aplica la ley y otros si se aplica el reglamento, contraviniendo el principio de legalidad de los tributos.

Consider� equivocado afirmar que la Ley 1111 de 2006 es parte integral del sistema de precios de transferencia establecido en el Estatuto Tributario, porque la ley no expresa tal cosa y la referencia que conten�a el proyecto de ley al art�culo 260-1 fue suprimida del texto durante el debate legislativo; porque el Estatuto Tributario en ninguna parte se refiere al precio fijo de los minerales exportados y el r�gimen de precios de transferencia es completamente diferente al sistema que crea el reglamento.

Advirti� que si se afirma que la norma acusada reglamenta el r�gimen de precios de transferencia, se confirma el exceso de la potestad reglamentaria, porque el reglamento no solo se aparta de dicho r�gimen, sino que lo deroga para los exportadores de minerales.

Cuestion� la posici�n del Ministerio de Hacienda en cuanto a que la jurisprudencia constitucional acepta que las variables econ�micas que inciden en los elementos del tributo son susceptibles de precisi�n por la administraci�n, porque es el reglamento y no la ley, el que obliga a declarar ingresos constitutivos de renta seg�n un precio �o variable�, sin que exista ley que as� lo diga.

Advirti� que si se obliga a declarar los ingresos por el precio que fija el Ministro, como lo hace la norma acusada, se debe hacer en todas las operaciones que est�n por encima o por debajo de �l, como lo se�alaba el art�culo 5 del Decreto 1697 de 2007, antes de ser modificado por el Decreto 1282 de 2008.

El coadyuvante Hugo Palacios Mej�a[9]reiter� los fundamentos expuestos en el escrito inicial. Adicionalmente, controvirti� los argumentos del Ministerio de Minas precisando que: el r�gimen de precios de transferencia no descansa sobre la base de que una autoridad fije los precios de venta, sino sobre estudios y verificaciones acerca de si los precios entre vinculados econ�micos son comparables a los que habr�an utilizado partes independientes.

Que fue la ley 1111 la que incluy� una regla que se aparta de la estructura del r�gimen de precios de transferencia, por lo que la anulaci�n del reglamento acusado producir�a la aplicaci�n de la ley, sin afectar el Estatuto Tributario. Que trat�ndose de exportaci�n de minerales deb�a aplicarse el art�culo 16 de la Ley 1111 que dispon�a, sin distinciones, que el precio de venta es el fijado por el Ministerio de Minas.

Que el hecho de que en el Congreso se haya discutido si la norma deb�a o no tener efectos en el impuesto de renta para los contribuyentes sometidos al r�gimen de precios de transferencia no implica que esa haya sido la voluntad de legislador, porque tal regla no qued� en el texto definitivo de la ley.

Sobre los argumentos del Ministerio de Hacienda aleg� que se basan en premisas equivocadas porque el art�culo 16 de la Ley 1111 no otorg� al Gobierno competencia para fijar nada distinto a establecer un �procedimiento� y un �t�rmino de transici�n� y no le dio competencias para establecer distinciones entre c�mo fijar el precio, con base en presunciones en un caso y con precios reales en otro, ni para distinguir entre sujetos que deban atender el precio del Ministerio y otros no; y porque la base gravable que se�ala la ley 1111 tiene como uno de sus elementos el precio fijado por el Ministerio y el reglamento acusado se�ala que hay contribuyentes que no deben utilizar esa base gravable y que hay eventos en que ese elemento de la base gravable tampoco se aplica a personas que utilizan el sistema de precios de transferencia.

La coadyuvante Mar�a del Pilar Abella Mancera[10]insisti� en que no existe ninguna norma que obligue a los contribuyentes a declarar sus ingresos por el precio fijado por el Ministerio de Minas, porque el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 se limita a facultar al Ministro para fijar el precio de venta FOB en puerto colombiano y el Estatuto Tributario consagra el sistema de precios de transferencia bajo reglas espec�ficas y completamente diferentes, mientras que el reglamento acusado obliga a los exportadores de minerales a declarar sus ingresos por ventas a vinculados econ�micos, por el precio fijado por el Ministerio de Minas.

Advirti� que los efectos tributarios de los precios oficiales deben ser expresos como ocurre con el valor de los semovientes que fija el Ministerio de Agricultura a los que el art�culo 94 del Estatuto Tributario le atribuye efectos tributarios. Insisti� en que el reglamento acusado excede la potestad reglamentaria, porque la determinaci�n de los ingresos que integran la base gravable del impuesto de renta as� como la regulaci�n del sistema de precios de transferencia son materias reservadas al legislador.

El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico[11] reiter� los fundamentos expuestos en la contestaci�n de la demanda, y agreg� que existe total correspondencia entre la ley y el reglamento acusado, dado que la accionante interpreta fuera de contexto el art�culo 5 del Decreto 1697 de 2007.

Dijo que el art�culo 5� hace parte integral de un sistema regulado por el Estatuto Tributario, que estableci�, con anterioridad el r�gimen de precios de transferencia, para los exportadores de minerales bajo ciertas condiciones legales.

El Ministerio P�blico[13]conceptu� y solicit� negar las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones.

El inciso tercero del art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 faculta al Gobierno para dar aplicaci�n al mismo art�culo, actividad para la cual es necesario considerar la forma en que este se relaciona con otros aspectos como el r�gimen tributario, y que es as� como el reglamento indic� que los precios fijados por el Ministro de Minas ser�n el m�nimo para efectos de los contribuyentes obligados al r�gimen de precios de transferencia, actuaci�n de la que no se puede predicar violaci�n de la norma, dado que �nicamente realiz� la vinculaci�n de los precios frente a un r�gimen que se ve afectado por la determinaci�n de precios, en particular, en lo relacionado con los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos.

Destac� que la ley facult� al Ministerio de Minas y Energ�a para determinar el precio de venta de exportaciones de minerales cuando estas superen los cien millones de d�lares (US$100.000.000), mandato legal que no ha sido cuestionado y que corresponde al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico considerar para efectos de la aplicaci�n del r�gimen de precios de transferencia. Que, para el efecto, el art�culo 260-1 del Estatuto Tributario ya hab�a dispuesto que la administraci�n puede determinar los ingresos relacionados con el impuesto de renta con vinculados econ�micos o partes relacionadas, mediante la determinaci�n del precio o margen de utilidad a partir de m�rgenes de utilidad comparables en Colombia o en el exterior.

Que para el caso de exportadores de minerales, la ley fue clara al se�alar el competente para fijar el precio de exportaci�n y que no corresponde a la administraci�n tributaria desconocer tal mandato, de lo cual deviene que para efectos de aplicar los precios de transferencia, debe considerarse tal precio.

Que la utilizaci�n de este precio como m�nimo, para efectos de declarar ingresos, no vulnera el r�gimen de precios de transferencia, dado que la administraci�n puede determinar los ingresos a partir de la distinci�n de precios en operaciones comparables y, en el caso de los exportadores, tomar como m�nimo el precio fijado por el Ministerio de Minas a partir de un procedimiento t�cnico y regulado.

Precis� que es necesario entender que �fijar� y �determinar� tienen distinto significado, para verificar que la norma demandada solo est� precisando algunas circunstancias relacionadas con la informaci�n que deben declarar los sujetos al r�gimen de transferencias, habida cuenta de que esta es una facultad que tiene la administraci�n para adelantar su labor.

Que se pueden determinar los ingresos, respetando las normas que tienen incidencia para dichos resultados, como son los precios de minerales para exportaci�n fijados por el Ministerio de Minas, porque dichos precios son considerados como m�nimos para los ingresos que deben declarar los sujetos al r�gimen de precios de transferencia, sin que dicha actuaci�n constituya violaci�n a las normas de las que se desprende la reglamentaci�n.

Afirm� que igual ocurre con la obligaci�n de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores, habida cuenta de que este deber es derivado del r�gimen de precios de transferencia, que ha dispuesto como responsabilidad de los contribuyentes, determinar, para efectos del impuesto de renta, los ingresos y costos, considerando para esas operaciones los precios y m�rgenes de utilidad que se hubieren utilizado en operaciones comparables.

Adujo que revisadas las normas que contextualizan la tem�tica, se encuentra que apuntan a la regulaci�n de un aspecto un poco complejo con efectos en la determinaci�n del impuesto de renta, por lo que el an�lisis no puede ser aislado de los componentes del sistema y de los diferentes conceptos, de modo, que la reglamentaci�n no ha desbordado los elementos fijados en las normas de car�cter superior.

Le corresponde a la Sala decidir si es nulo el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, conforme fue modificado por el art�culo 1� del Decreto 1282 de 2008, por la presunta violaci�n de los art�culos 189-11 y 338 de la Carta Pol�tica, 16 de la Ley 1111 de 2006 y las normas que regulan los precios de transferencia.

Sea lo primero precisar que el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006, norma reglamentada por el decreto cuya nulidad se demanda, fue derogado expresamente por el art�culo 67 de la Ley 1430 de 2010[14]. En esas condiciones, el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, tal como fue modificado por el art�culo 1� del Decreto 1282 de 2008, perdi� fuerza ejecutoria.

La Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado[15] considera que, independientemente de la p�rdida de la fuerza ejecutoria de actos como el demandado, debe asumir la competencia y analizar de fondo la demanda presentada en su contra, por los efectos que pudo tener mientras estuvo vigente.

En acatamiento de esa posici�n mayoritaria, se procede a analizar el decreto demandado.

El demandante y coadyuvantes alegan que el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, con la modificaci�n introducida por el art�culo 1� del Decreto 1282 de 2008, es nulo por violaci�n de los art�culos 189-11 y 338 de la Carta Pol�tica, por exceso de facultad reglamentaria y por violaci�n del principio de legalidad.

Esto por cuanto el Decreto demandado no se limit� a fijar un precio de venta, sino que estableci� dos tipos de ingresos para efectos de tributar por el impuesto de renta: (i) los ingresos derivados del precio de venta que fije el Ministerio de Minas y (ii) �los [ingresos] efectivamente realizados� en las operaciones de exportaci�n.

El decreto, en s�ntesis, estar�a fijando la base gravable del impuesto de renta para los exportadores de minerales, hecho que viola los art�culos 189-11 y 338 de la Carta Pol�tica.

De otra parte, el coadyuvante Hugo Palacios Mej�a, aleg� que se violan las mismas normas y, adem�s, los art�culos 95-9, 114 y 150 [numerales 1 y 2] y 209 de la Carta Pol�tica porque, a su juicio, el Decreto demandando permite que sean los exportadores de minerales, a su discreci�n, los que determinen la base gravable del impuesto sobre la renta, pues el Ministro de Minas y Energ�a se le limit� la facultad dada en la misma ley 1111 de 2006 para fijar un precio m�nimo cuando, en realidad, ten�a la facultad de fijar el precio de venta de los minerales, esto es, de establecer una regla inequ�voca acerca de la base gravable de las exportaciones de minerales.

Por las mismas razones, para el coadyuvante, la norma acusada viola los principios de justicia y equidad del art�culo 95-9 de la C.P. porque desconoce que la ley facult� al Ministro de Minas y Energ�a a establecer un precio que constituye una presunci�n de ingresos que, finalmente, solo se aplica cuando el precio fijado por el Ministro sea mayor al efectivamente realizado.

La Sala considera que no se configura la causal de nulidad, por las siguientes razones:

La Sala parte de reiterar que la facultad reglamentaria, que la Constituci�n le reconoce al poder ejecutivo, es una facultad gobernada por el principio de necesidad, que se materializa en que en un momento dado existe la justificaci�n de detallar el cumplimiento de una ley que se limit� a definir de forma general y abstracta determinada situaci�n jur�dica.

Entre m�s general y amplia haya sido la regulaci�n por parte de la ley, m�s necesidad hay de la reglamentaci�n en cuanto a que este mecanismo facilitar� la aplicaci�n de la ley al caso concreto. A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos necesarios para aplicar esa situaci�n al caso particular no hay necesidad de reglamento.

Es evidente que el control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la funci�n reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede ni desfigurar la situaci�n regulada por la ley ni hacerla nugatoria ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempl�. Si el reglamento preserva la naturaleza y los elementos fundamentales de la situaci�n jur�dica creada por la ley, bien puede este instrumento propio del ejecutivo detallar la aplicaci�n de la ley al caso mediante la estipulaci�n de todo lo concerniente a c�mo los sujetos destinatarios de la ley la deben cumplir.

En ese contexto, se procede a analizar la ley reglamentada y el reglamento propiamente dicho:

El art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 �por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales�, dispone lo siguiente:

�Articulo 16.- El Ministro de Minas y Energ�a fijar� el precio de venta de las exportaciones de minerales, cuando se trate de exportaciones que superen los cien millones de d�lares (US$100.000.000) al a�o, teniendo en cuenta los precios en t�rminos FOB en puerto colombiano que paguen los consumidores finales de estos minerales.

Para tal efecto, el Ministro de Minas y Energ�a podr� solicitar a las empresas mineras, al exportador o a sus vinculados, las facturas de venta al consumidor final o una certificaci�n de los auditores fiscales en las que consten los valores de estas transacciones. Se entiende por consumidor final, el comprador que no sea vinculado econ�mico o aquel comprador que adquiera embarques de minerales para ser reprocesados o fragmentados para su posterior venta a peque�os consumidores.

El Gobierno reglamentar� el procedimiento mediante el cual se dar� aplicaci�n a lo dispuesto en este par�grafo y fijar� un t�rmino de transici�n para que el mismo entre en vigencia". (Se resalta)

Esta norma fue demandada en acci�n de inconstitucionalidad, y fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-809 de 2007.

La demanda se fundament� en la violaci�n del principio de unidad de materia consagrado en el art�culo 158 de la Constituci�n Pol�tica, que se estim� no violado, porque, en s�ntesis, para la Corte Constitucional, la norma demandada s� ten�a incidencia en el impuesto sobre la renta, y por lo tanto, s� hab�a unidad de materia con los temas que fueron objeto de regulaci�n en la Ley 1111 de 2006. Dijo la Corte:

Si bien este art�culo est� ubicado en el cap�tulo referido al impuesto sobre la renta y complementarios (Cap�tulo I) y seg�n el actor, al parecer no se relaciona directamente con este tributo, lo cierto es que la determinaci�n del precio de venta de las exportaciones de minerales, permite a su vez fijar los ingresos que por este concepto perciben quienes se dedican a esta actividad econ�mica [30]. Ese elemento es uno de los factores de la base del impuesto sobre la renta [31], por lo que no resulta ajeno al r�gimen de este tributo [32], sino consustancial a �l.

No obstante, a�n si se considerara que la norma no pertenece al Cap�tulo enunciado, lo cierto es que la autorizaci�n en cabeza del Ministerio de Minas y Energ�a para la fijaci�n del precio de venta de minerales, guarda relaci�n con el contenido de la Ley 1111 de 2006, por cuanto el precio de venta es uno de los elementos centrales de la determinaci�n de los impuestos administrados por la DIAN.

En ese orden de ideas, recuerda la Corte, que el �concepto de unidad de materia a que se refiere el art�culo 158 de la Constituci�n no puede entenderse dentro de un sentido estrecho y r�gido al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el dise�o de la cuesti�n de fondo del proyecto legal�. [33]

De esta forma, as� se estime la norma acusada ajena al Cap�tulo en concreto en el que se encuentra ubicada, lo cierto es que el precepto guarda una conexidad objetiva, causal, teleol�gica y tem�tica con los fundamentos jur�dicos generales de la Ley 1111 de 2006, en la medida en que permite determinar los ingresos que con ocasi�n a la venta de las exportaciones de minerales, perciben quienes se dedican a esta actividad econ�mica.

De manera que, para la Corte Constitucional, el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 s� tiene incidencia en el impuesto de renta.

De otra parte, del contenido del art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006, se extraen las siguientes potestades que pod�a ejercer el gobierno:

La Sala considera que no prospera el cargo de nulidad por violaci�n del ejercicio de la facultad reglamentaria y por violaci�n del principio de reserva de ley del tributo, por las siguientes razones:

Tal como se precis� inicialmente, el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 facult� al Ministerio de Minas y Energ�a a fijar un precio de venta de las exportaciones de minerales, cuando estas superen los cien millones de d�lares al a�o. Y, para el efecto, precis� que el gobierno reglamentar�a el procedimiento mediante el cual se dar�a aplicaci�n a lo dispuesto en la ley.

En ejercicio de esa facultad, el Gobierno Nacional regul� el procedimiento para fijar el precio de venta, mediante el Decreto 1697 de 2007. Seg�n la lectura de todo el decreto, el precio de venta finalmente se fija mediante acto administrativo dirigido al respectivo exportador.

De manera que, el Decreto 1697 de 2007 no se encarg� de fijar el precio a que alude el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006. Se limit� a fijar un procedimiento y, en ese sentido, para la Sala, el decreto est� conforme con la ley.

En la demanda se interpreta que el Decreto fij� un precio m�nimo pues, el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, conforme fue modificado por el Decreto 1282 de 2008, estableci� que los exportadores deben escoger entre dos precios, el que sea mayor, esto es, el efectivamente realizado o el fijado por el Ministerio.

La Sala considera que el art�culo 5� del decreto demandado no est� fijando un precio m�nimo. Simplemente est� precisando que, ante la circunstancia de que el precio efectivamente realizado sea mayor al precio fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a, se deben tener como ingresos los efectivamente realizados. Esto quiere decir que si se exportan minerales a diferente precio, este se debe ajustar al precio m�nimo cuando el pactado es menor, pero si todo o parte del mineral tiene un precio mayor al fijado por el Ministerio, los ingresos ser�n los correspondientes al precio efectivamente realizado.

Esta precisi�n que hace el reglamento no trasgrede el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2016 puesto que, como se advirti�, esta ley pretende que el precio por la venta de las exportaciones de minerales, cuando estas superen los cien millones de d�lares al a�o, no est� influenciado por la vinculaci�n que puedan tener los exportadores con los consumidores finales del producto.

De manera que, en aquellos casos en que se advierta que el precio est� influenciado por la vinculaci�n, se debe aplicar el precio m�nimo fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a. Pero si el ingreso efectivamente realizado no est� influenciado por la vinculaci�n, es constitucional y legal que se entienda que los exportadores perciban esos ingresos. No hay raz�n que justifique interpretar que los ingresos de los exportadores, en el caso anotado, se reduzcan al precio fijado por el Ministerio. Esto ser�a desconocer el art�culo 26 del ET en cuanto dispone que constituye ingreso todo aquel que sea susceptible de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepci�n.

En ese contexto, el art�culo 5� del decreto demandado no viola el art�culo 338 de la Carta Pol�tica porque, finalmente, la norma demandada, de una parte, acoge el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 cuando hace prevalecer el precio fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a, cuando el ingreso efectivamente realizado es menor; y, de otra, acoge el art�culo 26 del ET, cuando hace prevalecer el ingreso efectivamente realizado, cuando este ingreso es mayor al que resulte de aplicar el precio fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a.

En esa din�mica, no es el exportador el que escoge a su arbitrio c�mo determinar la base gravable del impuesto de renta, como lo aleg� uno de los coadyuvantes, pues es la misma ley la que establece las reglas que deben seguir los contribuyentes, en condiciones de justicia y equidad.

De manera que, para la Sala, el decreto demandado no viola los art�culos 95-9, 189-11, 209, 114, 150 [numerales 1 y 2] y 338 de la Carta Pol�tica y 16 de la Ley 1111 de 2006. En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad.

La Sala considera que tampoco se configura la causal de nulidad por violaci�n de las normas que regulan los precios de transferencia, por las siguientes razones.

Mediante la Ley 788 de 2002 �Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones�, se introdujo en Colombia el r�gimen de precios de transferencia, como un mecanismo de control, particularmente de conductas evasivas y elusivas, en materia del impuesto sobre la renta[18].

El r�gimen de precios de transferencia, que se halla previsto en los art�culos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario, se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen operaciones con vinculados econ�micos o partes relacionadas del exterior.

Sobre el r�gimen en cuesti�n, la Sala ha dicho que los contribuyentes del impuesto sobre la renta sometidos al r�gimen de precios de transferencia est�n obligados a determinar los ingresos, los costos y las deducciones a partir de los precios y los m�rgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, con el fin de que prevalezcan los precios de mercado y no los que puedan haber sido fijados artificialmente por las partes en raz�n de la vinculaci�n que poseen, con el �nimo de reducir la carga tributaria[19]

Por su parte, la Corte Constitucional, en relaci�n con el r�gimen de precios de transferencia precis� lo siguiente:

En la actualidad, gran parte del comercio internacional es desarrollado entre empresas vinculadas, generalmente que realizan sus actividades en distintos pa�ses. Estas empresas pueden planificar sus operaciones a efectos de ubicar su fuente de utilidades o ganancias en jurisdicciones de menor presi�n tributaria, intentando evitar de esta forma que las utilidades se generen en aquellas jurisdicciones fiscales en donde exista una mayor tasa impositiva.

Es all� donde la administraci�n tributaria manifiesta su inter�s fiscal, pretendiendo entonces el control de aquellas operaciones entre vinculados econ�micos, que convierten tales operaciones en un instrumento o medio de reducci�n de sus cargas tributarias.

As�, el estudio de los precios de transferencia tiene que ver con la valoraci�n de car�cter econ�mico llevada a cabo sobre las transacciones comerciales sucedidas entre empresas vinculadas, lo que pone en juego las utilidades obtenidas por las diferentes empresas y genera la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra, a fin de maximizar el rendimiento de la inversi�n.

Para evitar conductas que tiendan a eludir un tributo, comprometiendo los ingresos que necesitan las sociedades para subsistir institucionalmente, en lo que tiene que ver con el impuesto de renta como base econ�mica de toda organizaci�n contributiva, se establecen los reg�menes de precios de transferencia, mecanismo de control del comportamiento tributario relacionado con el impuesto de renta, mediante el cual se busca que las operaciones que realicen los contribuyentes con vinculados econ�micos o partes relacionadas establecidas en el exterior se ajusten y sean declaradas de acuerdo con los precios del mercado y no mediante los asignados arbitrariamente.

Por tal raz�n, la esencia de un r�gimen de precios de transferencias (sic) de vinculados econ�micos internacionales, se cimienta en el comportamiento de los precios del mercado, al cual deben someterse las operaciones que efect�en las partes relacionadas, y es lo que debe estar observando y controlando constantemente la administraci�n tributaria[20].

En ese contexto, se procede a analizar si el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, conforme fue modificado por el Decreto 1282 de 2008, promueve la aplicaci�n de un r�gimen distinto al r�gimen de los precios de transferencia, o mejor, un m�todo distinto a los ya previstos en el r�gimen de precios de transferencia, como se alega en la demanda.

Sobre el particular, la Sala considera que, tal como se precis� anteriormente, el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, conforme fue modificado por el Decreto 1282 de 2008, parte de precisar que se aplica a los exportadores sometidos al r�gimen de precios de transferencia.

Esa sola menci�n al r�gimen que hace el decreto indica que la norma no pretende desconocer el r�gimen. Por el contrario, esa menci�n al r�gimen tiene por objeto advertir que los exportadores de minerales de cierta cuant�a determinada sometidos al r�gimen de precios de transferencia tambi�n tienen la obligaci�n de tener en cuenta el precio de venta de minerales que fije el Ministerio de Minas y Energ�a.

Eso tiene su raz�n de ser en el hecho que, como se precis�, puede ocurrir que, en aplicaci�n de los m�todos propios del r�gimen de precios de transferencia los exportadores determinen sus ingresos a un precio mayor al fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a. En tales casos, los exportadores deben reportar los ingresos efectivamente realizados. De manera que, el art�culo 5� del Decreto 1697 de 2007, conforme fue modificado por el Decreto 1282 de 2008, antes que ser incompatible con el r�gimen de precios de transferencia, se complementa con este.

No debe perderse de vista que las normas que regulan el r�gimen de precios de transferencia as� como el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006 confluyen en un mismo objetivo que consiste en que el precio por ciertas transacciones, en este caso, por la venta de minerales a consumidores finales que superen los US$100.000.000, no est� afectado por la vinculaci�n que pudiera existir entre las partes contratantes.

De manera que, la obligaci�n de declarar los ingresos efectivamente realizados en las condiciones normales del mercado, cuando resulten mayores a los que resultar�an de aplicar el precio de venta fijado por el Ministerio de Minas, se reitera, deviene del art�culo 26 del Estatuto Tributario y de las normas que regulan el r�gimen de precios de transferencia. Y la obligaci�n de declarar los ingresos por el precio de venta fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a cuando resulte mayor, tiene respaldo en el art�culo 16 de la Ley 1111 de 2006.

En ese contexto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad por violaci�n de las normas que regulan el r�gimen de precios de transferencia ni el art�culo 189 [numeral 11] de la Carta Pol�tica pues para la Sala, no se advierte que el gobierno haya excedido la facultad reglamentaria.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

DEN�EGASE la nulidad del art�culo 5� del Decreto Reglamentario No. 1697 de 2007, como fue modificado por el art�culo 1� del Decreto No. 1282 de 2008, expedido por el Gobierno Nacional.

[14] ART�CULO 67. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgaci�n.

Se derogan el numeral 5 del literal a) y el literal c) del art�culo 25 del Estatuto Tributario, as� como el numeral 5 del art�culo 266, el literal e) del art�culo 580 del Estatuto Tributario y el art�culo 16de la Ley 1111 de 2006

[15] Mediante sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 19 de julio de 2016 (expedientes 2015-1042, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra V�lez, y 2015-00021 M.P. Da. Lucy Jeannette Berm�dez Berm�dez), se tom� la decisi�n de declarar la sustracci�n de materia de las demandas interpuestas por el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad parcial de los Acuerdos 06 y 07 de 2015, que adoptaron el protocolo para el proceso de elecci�n de los magistrados de Tribunales y Jueces de la Rep�blica, y empleados de la Rama Judicial para integrar el Consejo de Gobierno judicial; y la Convocatoria P�blica 01 de 30 de septiembre de 2015, expedida por el extinto Consejo de Gobierno Judicial, con el prop�sito de elegir los 3 primeros miembros permanentes de dedicaci�n exclusiva de dicho �rgano.

En la sentencia proferida dentro del expediente 2015-00021 se precis� que era inane un pronunciamiento sobre los actos demandados �por cuanto el fundamento jur�dico constitucional de base que dio creaci�n al Primer Consejo de Gobierno Judicial desapareci� por la declaratoria de inexequibilidad, inexiste como entidad dentro de la arquitectura institucional y no est� produciendo efecto alguno�.

No obstante lo anterior, luego de hacer referencia a las sentencias que sostienen la tesis de que la sustracci�n de materia no inhibe al juez contencioso a pronunciarse de fondo sobre la nulidad de actos derogados [en el sentido amplio de la palabra], se precis� que el caso analizado era excepcional porque los actos demandados perdieron fuerza ejecutoria por la inexequibilidad de un acto legislativo, circunstancias que, para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, imbuyen la demanda [contra los acuerdos] en circunstancias y condiciones particularmente diferentes a las tratadas por la jurisprudencia del Consejo de estado en materia de sustracci�n de materia y que imponen un tratamiento especial. En este entendido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no modific� la jurisprudencia del Consejo de Estado que compele al juez de lo contencioso administrativo a conocer de demandas de actos generales derogados.

El ponente en la presente sentencia siempre ha sido de la tesis de que el juez contencioso administrativo debe inhibirse para decidir de fondo las demandas contra normas derogadas, fundamentalmente porque considera que los jueces no est�n sino para resolver aut�nticos problemas jur�dicos, lo que, desde luego, implica cierta actualidad o vigencia del problema, m�xime trat�ndose de las llamadas acciones p�blicas, como la acci�n de nulidad o la acci�n de nulidad por inconstitucionalidad. �la sustracci�n de materia, la carencia de objeto, la nulidad por consecuencia son soluciones posibles cuando el Consejo de Estado se apresta a examinar la legalidad o constitucionalidad del reglamento o del acto administrativo y advierta que desapareci� el fundamento jur�dico del acto demandado, bien sea porque fue derogado o revocado por la propia administraci�n o porque recay� alguna sentencia judicial que expuls� del ordenamiento jur�dico (mediante la nulidad o inexequibilidad) la norma que serv�a de sustento al acto demandado. [as� lo precis� en la aclaraci�n de voto a las sentencias del 19 de julio de 2016 de la Sala Plena]

En s�ntesis, siempre ha considerado que la p�rdida de la fuerza de ejecutoria del acto administrativo impide un pronunciamiento judicial del fondo, por sustracci�n de materia. A juicio del ponente, esa es la tesis que deber�a adoptarse. Esta vez, por efectos pr�cticos, la ponencia se elabor� con fundamento en la posici�n de la mayor�a.

[16] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCI�N CUARTA, sentencias de 16 de marzo de 2011 Exp.17066 y de 13 de junio de 2011, Exps. 16625 y 17542 acumulados, Consejero Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS B�RCENAS.

Precio Mercanc�a: Incluye Fletes, Seguros, Maniobras hasta cruzar la borda del buque y Despacho de Exportaci�n.

[18]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta. MP Carmen Teresa Ortiz se Rodriguez, sentencia del 26 de febrero de 2014. Radicacio�n: 25000232700020110008701(19418).

[19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta. MP Martha Teresa Bricen~o de Valencia. Sentencia de 9 de diciembre de 2013 Radicacio�n: 11001 03 27 000 2011 00007 00 (18682).

Fecha Providencia	07/12/2016
Fecha de notificaci�n	19/12/2016
Forma de notificaci�n	EDICTO