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DIARIO OFICIAL número fecha: 02/09/1993

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 6 DE 1993

(septiembre  script var date = new Date(02/09/1993); document.write(date.getDate()); script )

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PARA 

SEÑORES MINISTROS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, ADMINISTRATIVO, GOBERNADORES, ALCALDES, DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL. 

FECHA: 

SEPTIEMBRE 2 DE 1993. 

  

EL señor Procurador General de la Nación en comunicación de agosto 27 de 1993 que acompaño a la presente directiva, se refiere al inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, norma de cuyo cumplimiento son cada uno de ustedes responsables en la entidad a su cargo. La importancia de este precepto en la protección de los intereses patrimoniales de la Nación, determina su perentoria observación. 

  

Cabe destacar que este mandato constitucional en su esencia formó parte de¡ proyecto de acto reformatorio que el Gobierno Nacional presentó a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, como una de las herramientas fundamentales para la lucha contra la corrupción administrativa y para la Modernización del Estado que actualmente se adelanta. 

  

Atentamente, 

  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 


PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

  

Santa fe de Bogotá, D.C. 

27 de agosto de 1993 

  

Señor Doctor 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

Presidente de la República 

Ciudad 

  

Señor Presidente: 

  

Como usted bien sabe, es inmenso el esfuerzo que en los últimos años hemos adelantado las distancias instituciones públicas en la búsqueda de la eficacia administrativa, en el control de la ineficacia y particularmente en la prevención y sanción de la corrupción. 

  

Para lograr los objetivos planteados es importante el desarrollo de una mística administrativa y de servicio, y el fomento de una nueva cultura en la que el funcionario asuma con responsabilidad la función pública que le compete. Pero claramente en esta tarea, es también necesario perfeccionar los instrumentos legales de prevención y control. 

  

La nueva Constitución en su tarea de acercar el Estado al ciudadano diseñó un conjunto importante de alternativas de control de la gestión pública. Dentro de tales mecanismos es importante resaltar el contemplado en el segundo inciso del artículo 90, instrumento novedoso en el discurso constitucional, y que a pesar de su máxima importancia, es hoy quizás el menos utilizado de los existentes. 

  

La norma señalada permite que los servidores públicos respondan con su propio dinero por aquellas sumas que el Estado debe entregar a las víctimas de hechos o actos que son constitutivos de responsabilidad estatal, pero que se originan en culpa grave o en dolo del empleado estatal. 

  

Si bien esta posibilidad existe en las normas jurídicas, su aplicación práctica ha sido casi inexistente, perdiéndose así uno de los grandes instrumentos que el ordenamiento otorga a la lucha en favor de un Estado responsable y, lo que es más grave aún, impidiendo que el servidor público participe del costo que a la sociedad supone su actuación irresponsable. 

  

Así, la Procuraduría en cumplimiento de su función constitucional decidió promover la vinculación de aquellos funcionarios públicos sobre los cuales racionalmente se pueda pensar que han obrado con culpa grave a dolo, a las procesos en los que se demanda al Estado. Se trata de que en el proceso contencioso administrativo se puede proferir condena económica también en contra de las funcionarios que acorde a la norma constitucional citada se encuentren responsables. Al respecto, este despacha profirió la resolución 014 del 21 de julio de 1993, que lo anexo, para efectos de dar instrucciones precisas a los procuradores ante lo Contencioso Administrativo, en aras de cristalizar la utilización del instrumento que le comento. 

  

Esta vía jurídica utilizada o implementada por el Ministerio Pública ya ha empezado a dar frutos, gracias a la aceptación que ha tenido en el Consejo de Estado y en los Tribunales de su órbita. Es así como la pueda informar que, a julio 31este año, ya han sido vinculados a proceso, por los jueces y a participación nuestra, 102 servidores públicos de todas las jerarquías tanto a nivel nacional como departamental y municipal. Tales funcionarios ser verán entonces avocados, dentro de un proceso contencioso y con todas las garantías legales y constitucionales, a asumir su defensa para demostrar que en la conducta que se les imputa no hay dolo ni culpa grave. Si por el contrario, en el curso del proceso, se le demuestra la concurrencia de uno de tales elementos, los funcionarios habrán de ser condenados a pagar a la entidad pública los perjuicios que está ocasiono a la víctima. Si bien hasta la fecha se ha vinculado el número de funcionarios señalado, está por decidirse en los tribunales la vinculación de otras 150 personas que se encuentran en idénticas circunstancias. 

  

Teniendo en cuenta el avance de esta nueva política jurídica, varias entidades públicas, ya sea por solicitud de esta Procuraduría o por iniciativa propia, han empezado a vincular motu propio a sus servidores a procesos contenciosos, cuando consideran que se debe buscar la condena económica por la actuación a la omisión realizada. 

  

Esta política, que busca abrir un nuevo espacio de responsabilidad en la mentalidad del servicio público, así como recuperar parte de las sumas por las que el Estado es condenado regularmente, puede ser utilizada sistemáticamente por todas las entidades estatales, para que las causas que dan lugar a los procesos contenciosos administrativos, sean, patrimonio común no se destine al pago de los daños ocasionados con dolo o culpa grave de un funcionario. 

  

Es indudable que una parte importante de procesos contra el Estado, encuentran su origen en una grave actuación de quien en lugar de servirlo lo perjudican. Por ello es necesario aplicar con seriedad y responsabilidad el mecanismo de la acción de repetición, para que la sociedad no pague el efecto de una conducta dolosa, y para que la advertencia de una condena pecuniaria, incentive en el funcionario la responsabilidad y diligencia cuya omisión podría acarrear consecuencias económicas. 

  

Es así como me permito solicitarle comedidamente que dé instrucciones a los funcionarios de la administración para que cuando razonablemente pueda pensarse que la causa de un proceso contenciosos administrativo contra la Nación, es la actuación dolosa o con culpa grave de un funcionario público, tal funcionario sea vinculado al proceso respectivo. Esto con el objeto de establecer la responsabilidad del agente y de que, si es del caso, en el mismo proceso se produzca la condena pecuniaria respectiva, cumpliendo así con el mandato de la propia Constitución. 

  

Se bien que el compromiso de su gestión con la moralización administrativa y con el cumplimiento de los mecanismos legales y constitucionales de fiscalización y control, no lo hará dudar al impartir la instrucción que aquí se pide. 

  

Del señor Presidente, con un saludo de consideración y aprecio, 

  

Carlos Gustavo Arrieta Padilla 

Procurador General de la Nación