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300Corte SupremaCorte Suprema300300188612360199122/08/19912360__1991_22/08/199130018861SENTENCIA NUMERO 97 Corte Supremo de Justicia Sala Plena Referencia: Proceso No. 2360 (390-E). 1991
Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1676 de 1991 (Julio 3) "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico".Identificadores30030018862true93287Versión original30018862Identificadores

Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1676 de 1991 (Julio 3) "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico".


SENTENCIA NUMERO 97

Corte Supremo de Justicia

Sala Plena

Referencia: Proceso No. 2360 (390-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1676 de 1991 (Julio 3) "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico".

Tema: Inhibición de la Corte para conocer de la revisión constitucional de los decretos legislativos dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, por falta de competencia.

Aprobada por Acta número 33.

Santa fe de Bogota, D.C., agosto veintidós (22) de mil novecientos noventa y uno (1991).

I. ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional, por intermedio del Secretario General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, envió a esta Corporación el 4 de julio de 1991 copia autentica del Decreto Legislativo 1676 de 3 de julio de 1991 para fines de que se cumpla el control constitucional del mismo, en los términos del articulo 121 de la Constitución Política de 1886.

II. El. DECRETO EN REVISION

Su tenor literal es el siguiente:

«DECRETO NUMERO 1676 DE 1991

(julio 3)

Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público

El Presidente de la Republica de Colombia, en use de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas por el articulo 121 de la Constitución Política y,

Que mediante el Decreto 1038 de 1984 se declaro turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional;

Que aun cuando los factores de perturbación invocados en el mencionado Decreto aun persisten, los mismos se vienen reduciendo, entre otras razones, en virtud de las medidas de excepción que ha tornado el Gobierno Nacional;

Que se hace preciso afianzar este proceso, motivo por el cual es necesario garantizar el juzgamiento de ciudadanos colombianos por nacimiento qué hubieren cometido delitos en el exterior;

Que para lograr este propósito se deben establecer procedimientos que permitan el recaudo y traslado de las pruebas que pudieran o no determinar su responsabilidad por tales hechos;

Que acorde con lo anterior, es indispensable fortalecer los mecanismos jurídicos y operativos existentes, para robustecer la jurisdicción de orden público y propiciar el adecuado cumplimiento de las funciones que le corresponden;

DECRETA:

Articulo 1o. A partir de la vigencia de este decreto y mientras subsista turbado el orden publico, en los procedimientos de extradición qué actualmente cursen ante el Gobierno Nacional, contra colombianos por nacimiento, el Ministerio de Justicia dará por terminados los tramites respectivos, y tornara las siguientes medidas:

1a En los procesos en que se hubiere dictado resolución de extradición se revocara esta así esté ejecutoriada, salvo cuando las personas hubieren sido entregadas al país requirente.

En este evento pondrá en conocimiento de los jueces penales competentes los hechos a que se refiere el numeral 1° del artículo 15 del Código Penal, adjuntando copia autenticada de estos y de los apartes pertinentes de las pruebas relacionadas con ellos. Los delitos previstos en los estatutos sobre estupefacientes se entienden delitos contra la salud pública, para todos los efectos legales.

La certificación dada por el Ministerio de que por estos hechos fue formulada resolución acusatoria o su equivalente en el país requirente, y los documentos anexados, tendrán eficacia probatoria para todos los efectos legales, y servirán de base para dictar auto de detención en contra del sindicado por estos hechos, el cual revocara el dictado por el Ministerio para fines de extradición.

Si en el momento de entrar en vigencia el presente decreto la persona estuviere privada de la libertad únicamente por razón de la petición de extradición, solo podrá calificarse el merito del sumario transcurridos 270 días de iniciado este, a menos que las pruebas relacionadas con los delitos investigados sean aportadas validamente antes de dicho plazo y resultaren suficientes. Si al vencimiento de dicho término no hubiere merito para dictar resolución de acusación, se dispondrá la cesación del procedimiento y se pondrá en libertad incondicional al sindicado. Este auto no tendrá ejecutoria material, y la investigación podrá iniciarse nuevamente cuando hubiere pruebas para el efecto, conforme al trámite ordinario, y siempre que no hubiere prescrito la acción.

2a En los casos en que se haya formalizado la solicitud de extradición pero no se hubiere dictado resolución, se dará él mismo trámite señalado en el numeral anterior.

Si el expediente estuviere en la Corte Suprema de Justicia para concepto, se pedirá su devolución por razón de la terminación de la actuación.

3a Si la solicitud de extradición no estuviere formalizada, pero hubiere persona detenida, el Ministerio esperara al vencimiento del plazo señalado por la ley para dicha formalización. Si llegare la documentación dentro del término señalado, procederá de inmediato a dar cumplimiento al trámite dispuesto en el numeral 1° de este artículo. Si no llegare dentro de dicho término, pondrá en libertad incondicional al pedido en extradición, y procederá como se dispone en el inciso siguiente.

Si no hubiere persona detenida, el Ministerio hará conocer al país requirente la posibilidad de denunciar los hechos, para que se propicie su juzgamiento en el país, lo que deberá hacer en el termino de treinta (30) días contados a partir del recibo de la comunicación en la respectiva Embajada, completando la documentación pertinente.

En tal caso permanecerá vigente el auto de detención con fines de extradición por el término señalado en el inciso anterior. Recibida la documentación, se procederá conforme a lo dispuesto en el numeral 1° de este artículo. Si aquella no llegare, revocará el auto de detención.

4ª Si ninguno de los hechos por los cuales se pide la extradición correspondiere a los señalados en el numeral 1° del articulo 15 del Código Penal, se dejara en libertad incondicional a la persona pedida en extradición, o se cancelaran las Ordenes de captura que se hubieren expedido para dicho fin.

Parágrafo 1o. El procedimiento previsto en este artículo se aplicara, en lo pertinente, a los colombianos por nacimiento que habiendo cometido delitos en el exterior, no hubieren sido solicitados en extradición, o lo fueren en el futuro.

Cuando en este caso se dictare auto de cesación de procedimiento, en los términos del inciso 4° del numeral 1° del artículo 1° de este decreto, el mismo no tendrá ejecutoria material y la investigación podrá iniciarse nuevamente.

Parágrafo 2o. En los casos previstos en los numerales 1°, 2° y 3° del presente articulo, el juez observara además, con relación a las pruebas que puedan existir tanto en el exterior como en el país, el procedimiento contenido en el articulo a" del Decreto 3030 de 1990, subrogado por el articulo 3° del Decreto 303 de 1991, y por el Decreto 1303 del mismo año, en lo pertinente, y las pruebas que provengan del exterior solo tendrán validez si fueren tramitadas y allegadas al proceso únicamente de conformidad con lo previsto en este ultimo decreto, salvo las aportadas por el Ministerio.

Parágrafo 3o. Los documentos originales que obren en los expedientes, serán devueltos al país requirente por la vía diplomática, junto con la copia de la resolución respectiva.

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Articulo 2o. Adiciónase el siguiente parágrafo al articulo 5° del Decreto 2790 de 1990: "Parágrafo 2°: La Sala de Gobierno podrá asignar al Secretario del Tribunal la facultad para dictar algunos autos de sustanciación".

Articulo 3o. Modificanse los numerales 2° y 13 y el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2790 de 1990, modificado por el Decreto 99 de 1991, así:

Articulo 9°. A los Jueces de Orden Publico corresponde conocer en primera instancia:

2o. De los procesos por delito de extorsión en todas sus modalidades, así como el concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el articulo 7° del Decreto 2790 de 1990, cuando la cuantía sea o exceda de cinco millones de pesos, o cuando cualquiera de [as conductas anteriores busque facilitar actos terroristas, sin importar su cuantía.

13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35, 39, 43 y 44 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el articulo 1° del Decreto 1198 de 1987.

Parágrafo. La competencia de los Jueces de Orden Publico comprenderá adenias el conocimiento de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este articulo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos, y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de menores, así como de los casos de lucro constitucional. Igualmente conocerán de los delitos cometidos con antelación a la fecha en que fueron definidos los tipos penales que aparecen en este decreto y en las normas a que el se refiere, cuando se adecuen a ellos. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable.

Articulo 4o. El artículo 10 del Decreto 2790, quedara así:

Articulo 10. Además de los procesos que les atribuye la Ley, los Jueces Superiores de Distrito Judicial conocerán en primera instancia los procesos por hechos punibles contra la existencia y seguridad del Estado, descritos por el Titulo I del Libro Segundo del Código Penal, y los de porte de armas de fuego de defensa personal o sus municiones, estructurado por el articulo 1° del Decreto 3664 de 1986. Igualmente de los procesos por delitos de secuestro simple definidos por el artículo 269 del citado Estatuto cuando la calidad, cargo o profesión de la victima, o los fines, propósitos u objetivos sean diferentes de los enunciados en el articulo 6° de este Decreto. Además, de los procesos que se adelantan actualmente o se inicien por los delitos de amenazas personales y familiares tipificados por el articulo 26 del Decreto 180 de 1988, y de los delitos de extorsión, el concierto para cometerlo, su encubrimiento, la omisión de su denuncia o del informe de que trata el articulo 7° de este Decreto, que no sean de competencia de la jurisdicción de orden publico.

El procedimiento aplicable para los procesos señalados en el inciso anterior y cuya competencia se atribuye a los Juzgados Superiores será el ordinario, salvo cuando en los adelantados por amenazas se hubiere dictado acto de traslado al fiscal para concepto de fondo, caso en el cual se culminaran siguiendo el tramite del mencionado Decreto. En todo caso, la segunda instancia se surtirá ante la Sala Penal del Tribunal del Distrito correspondiente.

Articulo 5o. Corresponde a los Directores Seccionales de Orden Publico dar posesión a los funcionarios y empleados de la respectiva Dirección Seccional.

Corresponde al Jefe de la Sección Jurisdiccional de Orden Publico respectiva, hacer el reconocimiento del Defensor, y dar posesión a este y al Apoderado de la parte civil. El juramento en estos casos, se entenderá prestado con la firma del acta correspondiente.

Articulo 6o. El artículo 32 del Decreto 2790, quedará así:

Articulo 32. Si el Juez dicta auto cabeza de proceso, señalara día y hora para oír en indagatoria al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días siguientes al que le sea puesto a disposición.

Si son dos o mas capturados, el termino se ampliara a cinco (5) días; pero si los aprehendidos fueren mas de cinco se extenderá a diez (10) días. En uno y otro evento, el Director Seccional de Orden Publico podrá asignar varios Jueces para recibirlas, o demandar del Director Seccional de Instrucción Criminal, o del Nacional, la asignación de uno o varios Jueces de Instrucción Criminal para la recepción de las indagatorias.

Cuando un hecho punible de competencia de la jurisdicción de Orden Publico se suceda en lugar distinto de las cedes de las Direcciones Seccionales de Orden Publico, el Juez de Instrucción Criminal, Promiscuo o Penal del lugar al cual la unidad de investigación de orden publico le entregue las diligencias, deberá avocar el conocimiento e indagar a los sindicados, enviándolas inmediatamente a la Dirección Seccional de Orden Publico correspondiente.

La designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento penal, desde el momento de la indagatoria o declaratoria de reo ausente, y con el actuara hasta la terminación del proceso. Sin embargo, el procesado podrá cambiar de apoderado en cualquier momento. La incomunicación se levantara al culminar la indagatoria si no se hubiere levantado con antelación.

Articulo 7o. El artículo 33 del Decreto 2790 de 1990, subrogado por el Decreto 099 de 1991, quedara así:

Recibida la indagatoria, el Juez de Instrucción de Orden Publico definirá la situación jurídica dentro del termino de diez (10) días, el cual se ampliara a veinte (20) si fueren mas de cinco (5) los aprehendidos, o si aquella hubiere sido recibida por Juez de cede distinta de la de la Dirección Seccional, y en el mismo auto determinara las pruebas que se deban practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la Unidad investigativa de Orden Publico que considere pertinente, la que practicara las pruebas decretadas, así como las que estime conducentes, dentro del termino que se le señale, el cual podrá ser prorrogado por el Juez sin formalidades de ninguna índole.

En cumplimiento de su función de dirección, el Juez de instrucción de Orden Publico podrá solicitar informes en cualquier momento sobré el curso de la investigación, los cuales le serán suministrados de inmediato so pena de incurrir quien los omita en causal de mala conducta y, con base en ellos, tomará la medida que estime procedente.

El cuaderno original será conservado por la Dirección Seccional de Orden Publico y adicionado cada vez qué regrese de la Unidad Investigativa con las nuevas diligencias o actuaciones, a fin de entregarlo al Juez debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión.

Articulo 8o. Créanse veinte (20) cargos de Jueces Supernumerarios de Orden Publico, quienes cumplirán sus funciones como instructores o de conocimiento, según lo determine la Sala de Gobierno del Tribunal de Orden Publico a petición del Subdirector Nacional de Orden Publico, y prestaran sus servicios en la sede que este les asigne, durante el tiempo que sea necesario.

Los Directores Seccionales de Orden Publico podrán limitar el número de procesos asignados a algún Juez de Orden Publico, cuando las circunstancias lo aconsejen, o conformar equipos de investigadores, coordinados por alguno de los Jueces de la respectiva sede, cuando la complejidad de alguna investigación lo requiera.

Cuando un Magistrado o Juez de Orden Público sea designado de aquellos que prestan sus servicios en la jurisdicción ordinaria, dicha vinculación no afectara su situación de carrera y los derechos que de ella se deriven. Para tal efecto se le concederá comisión especial de servicio hasta por el resto del respectivo periodo susceptible de ser prorrogada en los periodos siguientes, si a ello hubiere lugar.

Parágrafo 1o. Quienes al momento de haber ingresado a la jurisdicción de orden publico tuvieren vigente su inscripción en carrera, continuaran vinculados a ella sin solución de continuidad, en el escalafón correspondiente a los literales a) y b) del articulo 42 del Decreto 052 de 1987, respectivamente.

Parágrafo 2o. Los cargos desempeñados en la Jurisdicción de Orden Publico habilitan para cumplir los requisitos exigidos para desempeñar cargos en la Jurisdicción Ordinaria.

Parágrafo 3o. El Gobierno queda facultado para hacer los traslados presupuéstales necesarios para el cumplimiento de esta norma y autorizar el nombramiento de los jueces creados por la misma.

Articulo 9o. Las Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial también podrán adelantar indagaciones preliminares cuando así lo disponga el Director Seccional de Orden Publico en los eventos de los delitos de competencia de dicha jurisdicción.

Articulo 10. Para efectos de las diligencias que tuvieren que practicar los Jueces y las Unidades Investigativas de Orden Publico, aun aquellas en que lucre necesario el concurso de los procesados, podrán utilizarse los mecanismos tecnológicos que se estimen necesarios para garantizar la protección y reserva de la identidad de los intervinientes, de tal manera que se haga visible el ejercicio del derecho a la defensa.

En estos casos el juez o jefe de unidad identificara los técnicos y funcionarios que deban intervenir elaborando un documento que conservara el respectivo Director Seccional de Orden Publico, y todos ellos estarán obligados a guardar la reserva de lo que conocieren por razón de su oficio.

Articulo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,

Dado en Bogota a los 3 días de julio de 1991.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno, Humberto De la Calle Lombana; el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo Correa; el Ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel; el Ministro de Hacienda y Crédito Publico, Rudolf Hommes Rodríguez; el Ministro de Defensa Nacional, GeneralOscar Botero Restrepo; la Ministra de Agricultura, Maria del Rosario Sintes Ulloa; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Posada De la Peña; el Ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano; el Ministro de Minas y Energía, Luis Fernando VergaraMunárriz; el Ministro de Educación Nacional, Alfonso Valdivieso Sarmiento; el Ministro de Salud, Camilo Gonzalez Posso; el Ministro de Comunicaciones, Alberto Casas Santamaría; el Ministro de Obras Publicas y Transporte, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez.

III. INTERVENClÓN CIUDADANA

Los ciudadanos Guillermo León Londoño Cárdenas, Carlos Gerardo Mejía Gutiérrez, Bernardo Gonzalez Gomez y Jaime Vélez Jiménez acudieron al proceso en su calidad de intervinientes para impugnar el Decreto acusado.

No se desarrollan sus apreciaciones jurídicas en vista de la decisión sobre incompetencia de esta Corporación que se profiere en este fallo.

IV. CONCEPTO DEl. MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador General de la Nación rindió su vista fiscal el 31 de julio de 1991 y en ella solicita a la Corporación que se abstenga de conocer de la revisión constitucional del Decreto Legislativo 1676 de 1991, por carecer de competencia para ello.

Para sustentar tal petición expone el siguiente razonamiento:

1o. El Decreto Legislativo 1676 de 1991 se expidió con fundamento en el articulo 121 de la Constitución de 1886 y en desarrollo de las facultades conferidas en el Decreto 1038 de 1984 "por el cual fue declarado turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional"

Empezó a regir la nueva Constitución el 7 de julio de 1991. Por el Decreto 1686 de 4 de julio de 1991 se levantó el estado de sitio que se había declarado por Decreto 1038 de 1984.

2o. La nueva Constitución en su articulo 8° transitorio dispuso que los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio con anterioridad a su promulgación, continuaran rigiendo por un plazo máximo de 90 días pudiendo convertirse en legislación permanente si no los imprueba la Comisión Especial. Entre estos Decretos esta el 1676 objeto de la presente revisión.

El articulo 24 transitorio ibidem prescribió que la honorable Corte Suprema de Justicia continuaría conociendo de las acciones publicas de inconstitucionalidad iniciadas antes del 1" de junio de 1991, debiendo evacuarse dentro de los plazos señalados en el Decreto 432 de 1969.

El articulo transitorio 59 ibidem previo que "la Constitución y los demás actos promulgados por la Asamblea Constituyente no estaban sujetos a control constitucional alguno".

3o. Sentadas las premisas anteriores, la inhibición que se plantea a la Corte se presente por las siguientes razones:

De acuerdo con el articulo 8° transitorio, el Decreto Legislativo 1676 de 1991 no esta sujeto al control de la Corte Suprema de Justicia, sino al de la Corte Constitucional "si el Gobierno Nacional lo convierte en legislación permanente", con arreglo al articulo 10 transitorio. Mientras tanto seguirán rigiendo por voluntad del Constituyente dentro de los noventa días siguientes al 7 de julio de 1991.

Si se asumiera que la voluntad del Constituyente fue la de determinar que decretos como el 1676 siguieran rigiendo únicamente si se avenían a la Constitución y que el articulo 8° transitorio se interpretara sin perjuicio del control automático de constitucionalidad, y que el mismo se declarara inexequible, ello no podría ser así, porque en tal supuesto el Gobierno Nacional no podría convertirlo en Legislación Permanente dentro del periodo de los noventa días del articulo 8° transitorio que tiene para someterlo a la Comisión Especial para su aprobación o improbación. Es decir quedaría sin sentido dicho artículo 8".

Con lo anterior no se significa que la Asamblea hubiera tenido la voluntad de poner en vigencia actos inconstitucionales, sino que sencillamente quiso se rigieran por un plazo máximo de noventa días.

No estando entonces sometidos a control los decretos legislativos expedidos antes del 7 de julio del presente año y si tampoco a esta fecha "la Corte no tiene ningún proyecto de ley sobre el cual pueda ejercer el control por vía de objeción al que se refería la Corte en el numeral 1 del articulo 214, ni la competencia del derogado 215 sobre normas como el 1676", ha de concluirse lógicamente que solo es competente por sustracción de materia para ejercer el control por vía de acción. De aquí resulta que armonizando el artículo 8° transitorio y el artículo 24 ibidem, la Corte Suprema de Justicia solamente conocerá de "las acciones públicas de inconstitucionalidad" instauradas antes del 1° de junio de 1991.

Tampoco puede inferirse competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de la revisión automática de los decretos legislativos por la remisión que el artículo 24 transitorio hace al Decreto 432 de 1969 y ello por ser de naturaleza superior el canon 24.

Además, la nueva Carta tiene carácter retrospectivo y al haberse levantado el estado de sitio mediante el Decreto 1686 de 1991, la razón de ser del Decreto 167 6 no se encuentra en su conexidad con el Decreto 1038 de 1984, como lo exigía el derogado articulo 121 ni en su ajuste a la Constitución anterior, sino en una decisión política constitucional como es la contenida en el articulo 8° transitorio que no tiene control alguno, de conformidad con el articulo 59 transitorio.

Cuestionar la vigencia del Decreto 1676 equivale a objetar el mandato de los artículos 8° y 24 transitorios y desconocer el carácter de Cuerpo Constituyente de la Asamblea y su competencia para reformar sin limitaciones de fondo la Constitución de 1886.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Competencia

Ya la Corte se pronuncio sobre su incompetencia para conocer de la revisión automática de decretos de estado de sitio emitidos por el Presidente de la República con posterioridad al 1° de junio de 1991, cual sucede con el presente Decreto No. 1676 de 3 de Julio de 1991. En efecto, en sentencia No. 89 de 1° de agosto de 1991, dentro del proceso No. 2347 (388-E), sostuvo lo siguiente:

"La Constitución de 1886 establecía en el parágrafo de su articulo 121, un mecanismo automático de control de la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos en desarrollo de las facultades extraordinarias originadas en el Estado de Sitio, en términos restringidos para el tramite del procedimiento correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia. La reducción de los términos a una tercera parte muestra que el constituyente de ese entonces tuvo especial interés en organizar un control de constitucionalidad especial de dichos decretos, a fin de evitar que la legislación del Gobierno en situaciones de alteración del orden público pudiera atentar contra el ordenamiento superior en todas sus dimensiones y en especial en el ámbito de los Derechos Fundamentales y así fue ejercido por esta Corporación hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política.

"Ahora Bien, la nueva Carta Política de 1991 prevé un sistema similar en lo que se refiere al control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos al amparo de lo dispuesto por los artículos 212, 213, 214 y 215 para los estados de excepción y encargo de modo permanente de dicha función a la Corte Constitucional.

"Con idénticos fines aparece claro que la voluntad del constituyente colombiano es reiterada en el sentido de asegurar, inclusive en situaciones de perturbación del orden público, un control de constitucionalidad para garantizar la supremacía de la Carta sobre todo el ordenamiento jurídico.

"En la Carta Política anterior, dicho control se hallaba radicado, como se vio, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia en los términos señalados por el articulo 121 que se cita en concordancia con el numeral 2° del articulo 214 de aquella; ahora, bajo el imperio de la nueva Norma Superior y con miras a establecer un sistema permanente igualmente automático, el articulo 241 No. 7° otorga dicha competencia a la Corte Constitucional, igualmente en términos más breves que los ordinarios.

"Además, en lo que se refiere en modo general a la competencia sobre el control de constitucionalidad en nuestro régimen jurídico y al amparo de la nueva Carta Fundamental, las funciones de guarda de la Constitución no están ya atribuidas a esta Corporación en los términos del articulo 214 citado, como quiera que este perdió su vigencia de modo expreso al ser promulgada la Constitución Política de 1991.

"Empero, dentro de las normal transitorias igualmente promulgadas el constituyente de 1991, aparece el articulo 24 que, de modo excepcional y especial, y atención al transito de la normatividad constitucional, prevé una forma de competencia en materia de control de constitucionalidad, limitada en razón del tipo de control, del objeto del mismo y del tiempo en el que se haya iniciado la actuación. En efecto, el articulo 24 transitorio de la Carta Fundamental contrae la competencia de la Corte Suprema de Justicia a la tramitación y el fallo de las 'acciones publicas de inconstitucionalidad instauradas antes del primero de junio de 1991', luego de lo cual, la Sala Constitucional de esta Corporación deberá cesar en sus funciones; también se prevé en el articulo 24 transitorio que las acciones presentadas desde esa fecha, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.

"En este sentido observa la Corte que la competencia de que se hallaba investida en materia de control automático de los decretos de Estado de Sitio, ya no le corresponde y que no puede ejercerla sobre la norma de la referencia, mucho mas si se tiene en cuenta que el ejercicio de toda función publica, en especial la jurisdiccional, supone la atribución expresa de la misma. Es decir que la competencia, como institución de Derecho Publico, requiere norma expresa que la confiera, pues es un derecho estricto que se recoge en el conocido aforismo de que mientras los particulares pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, los funcionarios y organismos públicos solamente pueden y deben hacer aquello que les esta expresamente autorizado o permitido.

"Lo que registra la Corte es que no obstante la atribución contenida en el articulo 24 transitorio, éste no comprende ni se extiende a la función que venia ejerciendo sobre los decretos de estado de sitio, ni a ninguna otra de las competencias que le entregaba el anterior articulo 214, distintas de las acciones publicas de inexequibilidad instauradas antes de la fecha señalada.

"Como es claro, en presencia de disposiciones especiales excepcionales y temporalmente restringidas, no cabe practicar interpretaciones extensivas ni analógicas para procurar la determinación de una competencia no atribuida expresamente. Así las cosas, como la nueva Carta no previó la continuidad ni siquiera limitada en el tiempo del control automático de los decretos legislativos de estado de sitio en cabeza de esta Corte, como si lo hizo para las acciones publicas, se concluye en que esta desapareció ipso jure, y que la Corte debe inhibirse de pronunciarse en casos como el presente.

"Aquí se tiene en cuenta que la interpretación de las normas que establecen excepciones a una disposición jurídica general, esta sometida a una regla universal de carácter lógico, que ordena no aplicarlas a otros casos no considerados por ellas; esto quiere decir que no es admitida la analogía en caso de interpretación de normas especiales y excepcionales, y que, por lo mismo, no se admite la aplicación extensiva de dichas normas excepcionales, lucra de los casos expresamente previstos en ellas.

"También tiene en consideración la Corte que las disposiciones constitucionales transitorias tienen carácter especial y su aplicación es eminentemente preferencial como ocurre con lo dispuesto por el articulo 8° transitorio de la nueva Carta y que establece una modalidad de control jurídico-político para todos los decretos de estado de sitio a que allí se hace referencia. Dicho sistema se complementa con lo previsto por el igualmente transitorio artículo 10.

"Pero además fundamenta esta consideración de la Corte, la regulación constitucional que de modo expreso hace el constituyente de 1991 en el articulo 8° transitorio en cuanto a la vigencia de los decretos legislativos expedidos en ejercicio de las facultades de estado de sitio hasta la fecha de promulgación de la nueva Carta, pues en dicha norma, y atendiendo a especiales razones de orden político se ordena que aquellos decretos, dentro de los cuales se encuentra el 1303 de 1991, 'por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico', 'continuarán rigiendo por un plazo máximo de 90 días'.

"Queda así claro que es la intención del constituyente permitir que dichos decretos expedidos en ejercicio de las facultades del estado de sitio prolonguen temporalmente su vigencia, dentro de la nueva normatividad superior, y que dicha voluntad ampara incluso a aquellos sobre los cuales no haya recaído pronunciamiento de la Corte como es el caso del Decreto 1303 de 1991, cuyo control de constitucionalidad se había iniciado con el expediente de la referencia.

"De otra parte, el constituyente previo en el mismo articulo 8° una modalidad especial de control político-jurídico sobre dichos decretos, que debe verificar la denominada 'Comisión Especial'. Esta podrá improbar los decretos puestos a su consideración por el Gobierno para convertir aquellos en legislación permanente. Si no los imprueba, quedan en la categoría de decretos que tendrán fuerza de ley.

"También se encuentra que en el caso de que dichos decretos-ley sean expedidos como legislación permanente, serán objeto de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional en los términos y por las vías previstos en la nueva Carta al tenor de lo dispuesto por el articulo 10 transitorio.

"En este sentido se otorga dicha Corporación una competencia expresa que salvaguarda la integridad del orden superior permanente y que garantiza el control constitucional como principio insustituible del concepto de Estado de Derecho consagrado en preceptos básicos y fundamentales de la Carta de 1991 (arts. 4° y 241, entre otros)."

VI. DECISIÓN

En merito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

SE INHIBE para conocer sobre la revisión automática del Decreto, legislativo No. 1676 de 3 de julio de 1991 "por medio del cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico" por carecer de competencia.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo Julio Cáceres Corrales, Simón Rodríguez Rodríguez (con salvamento de voto); Rafael Baquero Herrera, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Díaz Álvarez (con salvamento de voto); Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusta Escobar Trujillo (con salvamento de voto; Gustavo Gomez Velásquez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jiménez Díaz, Pedro Lafont Pianetta, Héctor Marín Naranjo, Rafael Méndez Arango (con salvamento de voto); Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Didimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanin Greiffenstein, Hugo Suescún Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martinez, Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión de mayoría que optó por la tesis segué la cual desde que entro a regir la Carta Política de 1991 la Corte carece de competencia para examinar oficiosamente la constitucionalidad de los decretos legislativos de estado de sitio expedidos por el Ejecutivo con fundamento en el articulo 121 de la expirada Constitución de 1886.

Las razones de nuestra opinión disidente, que en seguida se reproducen, son en esencia las que consignamos en el salvamento de voto a la Sentencia No. 89 de agosto 1° de 1991 (proceso 2347) (388-E) con la cual culmino la revisión constitucional del Decreto Legislativo No. 1303 de 1991.

A. La competencia de la Corte

Realmente el cambio del orden fundamental produce una serie de perplejidades tanto en la situación del derecho como en la estructura, organización y funcionamiento del aparato estatal y en la operatividad y competencia de los controles sobre la conducta de los funcionarios y sobre las normas expedidas o que se profieran por las instancias estatales. Será necesario, pues, para definir los términos de los problemas que semejante situación provoca, precisar la filosofía política y los criterios jurídicos básicos que vertebran la nueva formación jurídica suprema.

Resalta en el texto constitucional de 1991 el criterio de mantener frente a la conducta de quien ejerce el poder publico y ante la normatividad derivada o subalterna, un sistema de controles bastante complejo y multifacético que va desde la consagración de mecanismos de ejercicio individual con fines particulares como el denominado derecho de tutela y medios de intermediación ante el Estado como el Defensor del Pueblo, hasta los tradicionales controles jurisdiccionales de la legalidad y la constitucionalidad (Cfr. Títulos VIII y X, cap. 2, arts. 281 y 282). Existe, por lo tanto, y en cuanto hace a su estructura y objetivos, el propósito de mantener las bases del Estado de derecho, vale decir, el sometimiento de la gestión pública y de las decisiones de los gobernantes a la ley del Congreso y el ejercicio de la potestad legislativa a la norma fundamental. Por supuesto que, en cada caso, la operatividad del control tiene algunas especificidades marcadas por la manera como se designan sus funcionarios y magistrados, pero, en todo caso, y en lo atinente a los controles pertenecientes a la justicia, manifiesta el articulo 228 que sus decisiones serán independientes.

En tales condiciones no aparece un cambio o diferencia sustancial con el orden anterior porque se conserva la preeminencia de la Constitución y, más aún se hace expreso este carácter en el artículo 4° cuando dice que "la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales". Este principio ratificado particularmente después en el artículo 230 para la administración de justicia, obliga a los intérpretes de la ley fundamental a aceptar su plena vigencia para saber el significado de la dogmática del derecho y de las mismas decisiones superiores cuya coherencia es de imperiosa comprensión en el desarrollo constitucional.

De tal manera, toda interpretación de las disposiciones constitucionales debe conducir a sostener que ellas ratifican el criterio básico del Estado de derecho consistente en que no puede existir en el mundo jurídico una decisión, un convenio, una manifestación de voluntad, un acto o un negocio jurídico, en fin, una gestión publica o privada, que no este sujeta a la normativa superior de la cual deriva su validez y que, por ello, tiene la virtud de poner en funcionamiento el poder estatal para que se le respete y sea ejecutoria y eficaz. Repugna a este principio, inscrito ya en la reciente Carta Política, la decisión arbitraria, absoluta e incontrolada que pueda mantenerse intangible en contra del dictamen normativo superior y es abiertamente inconstitucional toda interpretación que de alguna manera quiera preservar ciertas normas al margen de la constitución y, por ello, protegidas de todo control.

Varias consideraciones son pertinentes gracias a la vigencia del Estado de Derecho y a la consagración de los controles en el orden superior inaugurado en 1991:

1a Cuando el transitorio articulo 8° indica que los "decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente, continuaran rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Especial no los imprueba", la Asamblea Constitucional no les cambio la naturaleza a tales normas porque ellas mantienen su esencia y forma de "decretos legislativos", cuya vigencia dependía del mantenimiento del estado de excepción del antiguo articulo 121 superior. Era obvio que si esa previsión no se hubiera hecho, los decretos de estado de sitio, cuya importancia en el orden jurídico colombiano son de indudable valor, habrían desaparecido, no solo porque la emergencia se levanto mediante el Decreto 1686 dcl4 de Julio de 1991, sino porque la nueva Carta al contener un régimen de excepción distinto (Cfr. arts. 212 a 214) del antiguo articulo 121 de la Constitución de 1886, causaba la derogatoria del estado de sitio y se hubiera extinguido esa normatividad que por definición era temporal.

La determinación del articulo 8° va mas allá de sostener por noventa días la vigencia y naturaleza de esos decretos, porque allí mismo se faculta al Gobierno para que, mediante decreto, es decir, de manera expresa, les confiera fuerza legal permanente, sujeta esta atribución a una especie de veto por parte de la Comisión Especial que podría improbar tal decisión del Ejecutivo. Los decretos-ley así expedidos tendrán el control de la Corte Constitucional (Cfr. art. trans. 10) para lo cual no serán aplicables los criterios que la Corte Suprema ha desarrollado para ejercer el control de los decretos de estado de sitio con apoyo en la Constitución de 1886, porque, por ejemplo, no se acudirá al examen de su conexidad sino que el análisis, formal y de contenido, será frente a la Constitución de 1991, sin considerar las condiciones teleológicas de las normas sub examine. Pero es evidente que unos son los decretos expedidos bajo el imperio del estado de excepción cuya temporal naturaleza ha sido prorrogada por la Asamblea y otros los decretos-ley que el Gobierno puede expedir. Al ejercer esta función el Gobierno tiene la potestad de seleccionar aquellas normas de emergencia que han de persistir en el orden colombiano. Pero ya no serán de emergencia porque las normas de excepción desaparecerán en ese momento y serán reemplazadas, dentro de la vida institucional normal, por otras de vacación permanente. Dos tipos de control le ha dispuesto a la referida función del Ejecutivo la Constitución de 1991: el de la Comisión Especial que puede improbarlos y el de la Corte Constitucional, Corporación que examinara su conformidad con la norma fundamental.

2a En estos casos el control de la Corte Suprema de Justicia tiene otro origen, diferente contenido y sus fines no son del todo idénticos a los previstos para el que ejercerá la Corte Constitucional. La Corte Suprema encuentra sus atribuciones tanto en el orden anterior como en el nuevo de la Carta Política de 1991.

En la Constitución de 1886 aparece establecido el control, como bien se sabe, en los artículos 121 y 214 y en el texto del Decreto 432 de 1969 (arts. 13, 14 y 15). Varias razones explican por que este mecanismo de defensa del orden jurídico fundamental se mantiene frente a decretos como el 1303 de 1991:

a. El Estado de derecho. Ya se explicó que la Constitución de 1991 continúa con el principio de la supremacía de la norma fundamental y dispone varios métodos de control para que semejante principio democrático sea respetado. De ahí que resulte manifiestamente contrario a ella, tanto a la anterior como a la actual Constitución, el sostener que esos decretos de emergencia carecen de control alguno y que de manera absoluta, aun quebrantando las normas superiores, deben mantenerse;

b. La especialidad del control. El control automático decretado en la Constitución anterior sobre el ejercicio de las facultades del estado de sitio y de la emergencia económica (arts. 121 y 122 de la Constitución de 1886), es un sistema vinculado estrechamente al orden publico, cuya actuación no puede soslayarse y en este caso se desencadeno con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991. La orden al Presidente de enviar los decretos a la Corte Suprema, la reducción de los términos para fallar, las causales de mala conducta imputables a los magistrados en caso de un desconocimiento de los perentorios plazos y las demás reglas que definen la responsabilidad de los gobernantes en el ejercicio de tan importantes y delicadas facultades, son elementos del derecho constitucional que llaman la atención a cualquiera sobre la importancia de someter esos decretos al examen, y, por supuesto, subrayan el principio de que no están ellos por fuera del orden jurídico fundamental.

Más aun, es tan inevitable el control que ha sostenido insistentemente y con sobrada razón la Corte que, aun en el caso de la derogatoria de un decreto legislativo, será necesario proferir la respectiva sentencia. Es decir, su derogatoria no ocasiona, como en otras hipótesis, la ausencia de materia y la inhibición de la Corte, sino que se impone el fallo de merito;

c. La responsabilidad de los gobernantes. En ese mismo sentido, la definición de la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio esta vinculada a la responsabilidad del Presidente, los ministros y los demás funcionarios, puesto que todo abuso en el ejercicio de las funciones excepcionales dará lugar a las investigaciones, responsabilidades y sanciones que la Constitución (1886) (art. 121 inciso final) y la ley prescriben. Tan importante aspecto seria inocuo si por cualquier circunstancia la Corte evitara conocer de este control.

Ahora bien, dado el nuevo orden fundamental, el examen de la constitucionalidad de estos decretos se torna mas complejo, porque además del estudio de las condiciones formales de su expedición y de su conexidad, es decir, de la congruencia teleológica de las medidas con las causas que determinaron la declaratoria del estado de sitio, será imprescindible la confrontación sustancial con el nuevo orden fundamental para conocer si se ha producido su derogatoria;

d. Las disposiciones de la Constitución de1991. Es de anotar que la nueva Carta Política no derogo este control y habría de hacerlo expresamente si la Asamblea hubiera querido sustraer estos decretos a los controles previstos. Pero es la misma Constitución de 1991 que determine en su transitorio articulo 24 que la Corte Suprema de Justicia continuaría ejerciendo en control jurisdiccional para las acciones instauradas antes del 1° de junio de 1991 (inciso 1°) dentro de los plazos señalados en el Decreto 432 de 1969 y en su inciso final dispuso que "una vez sean fallados todoslos procesos por la Corte Suprema de Justicia conforme al inciso primero del presente articulo, su Sala Constitucional cesara en el ejercicio de sus funciones". No parece que esa norma hubiera sustraído de la responsabilidad de la Corte Suprema el ejercicio del control sobre los decretos de estado de sitio que a la fecha de la nueva constitución se encontraban bajo su conocimiento. Antes bien, el inciso primero se refiere a las acciones para indicar que su competencia se contrae a las instauradas hasta el último día de mayo, y el inciso final considera la totalidad de los procesos sin excluir alguno de ellos la suposición de la Procuraduría acerca de que en este momento no tiene la Corte tramites de objeciones, ni otros semejantes es evidentemente insustancial para sostener que por ese motivo fáctico la Asamblea excluyo de su conocimiento esta clase de decretos.

Es igualmente equivocada la apreciación del Procurador cuando dice que los decretos de estado de sitio como el 1303 están fuera del control de la Corte porque el articulo transitorio 59 dice que "la presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno". El error consiste en no comprender que la prorroga de los decretos de estado de sitio para evitar su desaparición por virtud del nuevo régimen, no significa que la Asamblea estuviera expidiéndolos y que por ello se colocaran al margen de cualquier control jurisdiccional. Esta confusión parece conducir al Procurador a la conclusión de que los decretos fueron elevados a una categoría y naturaleza distinta de la legislativa a que pertenecen. Esto no es así, la prorroga se justifica para que, estando vigentes, pueda el Presidente darles vida jurídica permanente porque el Ejecutivo carece de una facultad distinta de esa extraordinaria que le confine la Asamblea como seria la propia del estado de sitio que fue subrogado por las figuras de los artículos 212 a 214 de la Constitución de 1991. No se trata entonces de la expedición por la Asamblea de decretos distintos, sino de los mismos decretos con la naturaleza y características que les imprimió la Constitución de 1886 que continúa aplicándose en este punto concreto.

Finalmente, la competencia de la Corte Constitucional no se extiende al conocimiento de estos procesos sino que su atribución versa sobre los decretos-ley o extraordinarios que dictara el Gobierno para incorporar a la legislación permanente, la normativa del antiguo estado de sitio. Allí la Corte Constitucional no entrara a estudiar la conexidad ni la pertinencia de los decretos frente a los motivos de la turbación del orden publico, sino que analizara sus condiciones formales, si el Presidente incorpore a la legislación ordinaria aquellas normas (Inc estaban vigentes, bien por no haber sido derogadas o porque la Corte las declare exequibles en su oportunidad, si resultan compatibles con el orden constitucional vigente y, en fin, si se han expedido dentro del plazo que la misma norma fundamental determine y si no fueron objeto del veto de la Comisión Especial. En tal sentido es obvio que si la Corte Suprema decidiera declarar inexequibles algunas normas de excepción, estos no podrían ser objeto de los decretos extraordinarios del Presidente y, si así lo hiciera, la Corte Constitucional se vería en la necesidad de declararlos inexequibles. En este punto la Asamblea no pretendía purgar los vicios de inconstitucionalidad que tuvieran los decretos de estado de sitio ni menos aun, el de crear excepciones a la Constitución de 1991, puesto que ella bien pudo haber derogado normas adoptadas dentro del marco del anterior articulo 121. Esto se conocerá al examinar la totalidad de ellas a la luz de la Carta Política del presente año.

Si tal hubiera sido su intención lo debería haber manifestado en norma expresa, como cuando, por ejemplo, en el articulo transitorio 40 dispuso que todas las creaciones de municipios hechas por las Asambleas Departamentales antes del 31 de diciembre de 1990 eran validas, perdonando con tal declaración toda ilegalidad que hubiere concurrido en la creación de esos municipios y suprimiendo todo control jurisdiccional sobre las ordenanzas respectivas.

B. La critica de la sentencia inhibitoria de la Corte

Como queda visto, la Constitución de 1991 en su articulo 8° transitorio no cambie la naturaleza de los decretos de estado de sitio; la vigencia de estos fue prorrogada transitoriamente durante un termino máximo de 90 días, justamente para no causar traumatismos impredecibles en el orden publico, o sea que deben seguir siendo considerados en esta perspectiva, es decir, como medidas tendientes al restablecimiento de dicho orden, exclusivamente. Algunos de esos decretos probablemente habrán de convertirse en legislación permanente, inclusive modificados por la Comisión Especial, otros no y teóricamente es posible que ninguno llege a ostentar tal calidad, mientras tanto, todos conservan, no solo vigencia, sino plena aplicabilidad como lo que todavía son, es decir, medidas excepcionales de orden publico, o sea que deben cumplirse en su integridad, sin que por lo pronto esta efectividad practica dependa para nada del escrutinio que de ellos haga eventualmente la Comisión Especial.

De otro lado, es indubitable desde hace muchos anos que los decretos dictados por el Presidente de la Republica en ejercicio de sus poderes de excepción, no escapan a la subordinación constitucional que es uno de los aspectos esenciales al Estado de Derecho, claramente reiterado en la Carta de 1991; alas aun, que con el fin de evitar abusos del Ejecutivo el Constituyente ha querido diseñar un sistema especial de control jurisdiccional que se desata en forma automática e inmediata y que debe resolverse en forma mas rápida que de ordinario; así se preveía en la Constitución anterior para los decretos de estado de sitio y así se contempla en la Constitución actual para los de los estados de excepción entre los que se incluye el estado de conmoción interior, sustituto del estado de sitio.

Ninguna razón valedera podría esgrimirse, pues, para sostener la tesis de que algunos Decretos han de quedar sustraídos de ese control. Ni siquiera cabria aducir el peregrino argumento de que el Constituyente les dio una especie de bendición, produciendo un juicio de constitucionalidad apriorístico e implícito, quizá teniendo en cuenta que ellos vertebran una política gubernamental sobre puntos o aspectos de primordial importancia para la sociedad. Esto no es cierto: primeramente, porque si así fuera, ningún sentido o justificación tendría el que la Comisión Especial pueda vetar la transformación de legislación permanente de algún decreto o disposición de un decreto, por razones puramente jurídicas (lo cual puede hacer y en el hecho lo esta haciendo), ni tampoco el sometimiento, consagrado en la misma Constitución (articulo 10 transitorio), al control de la Corte Constitucional una vez obtenida su transmutación en legislación permanente; en segundo termino, los decretos legislativos que hasta el presente no han sido objeto de revisión constitucional (entre ellos el 1303 de 1991), no estructuran en su con junto una política determinada, como que ellos versan sobre temas muy diversos, que van desde normas relativas al levantamiento de la reserva en las providencias adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, a la practica de pruebas en el exterior con respecto a los procesos de competencia de la jurisdicción de orden publico y a reformas en el procedimiento y aumento de plazas en esta misma jurisdicción, pasando por adiciones presupuéstales en razón de impuestos extraordinarios; en otras palabras, se trata de unos cuantos decretos que solo tienen de común entre si el haber sido dictados con base en las facultades del articulo 121 de la Constitución derogada y que casualmente, por obra de distintas circunstancias (impedimentos de Magistrados, impedimentos del Procurador y de la Viceprocuradora General de la Nación, o el hecho de que fueron expedidos apenas pocas horas antes del levantamiento del estado de sitio y de la clausura de la Asamblea Nacional Constitucional), no habían recibido dictamen definitivo de constitucionalidad; sobra decir que, por lo mismo, no es serio aseverar que la Asamblea hizo sobre ellos un previo juicio de constitucionalidad.

Ahora bien, rasgo común a todas las opiniones que en la Sala Plena sustentaron la tesis de que tales Decretos estaban exentos del control por esta Corporación, fue el de la supuesta falta de competencia de la misma, porque las competencias deben ser expresamente atribuidas y no deducidas por analogía y el articulo 24 transitorio de la Carta de 1991 solamente habla de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre las acciones publicas instauradas antes del 10 de junio del año en curso y no de procesos originados en revisiones oficiosas. Para quienes participan de esta opinión, la Constitución vigente asigno la función de salvaguardarla a la Corte Constitucional que ella misma crea, a la vez que derogo la Constitución de 1886 que en su articulo 214, en concordancia con el parágrafo del articulo 121, se la daba a la Corte Suprema de Justicia; únicamente en forma restringida le mantuvo cierta competencia en los términos del citado articulo 24 transitorio, que en ningún modo puede extenderse mas allá de lo que su claro tenor literal dice.

Pero el anterior razonamiento envuelve un sofisma, pues que partiendo de una premisa cierta, cual es la de que las competencias deben estar otorgadas explícitamente, extrae de allí conclusiones erróneas en la practica. En efecto, la lectura del articulo 241 de la Constitución de 1991 no deja lugar a dudas sobre la incompetencia de la Corte Constitucional para conocer de estos decretos, pues solo se alude en el numeral 7° a los decretos dictados en virtud de los artículos 212, 213 y 215 del mismo Estatuto Político; el articulo 212 se refiere al estado de guerra exterior, el 213 al estado de conmoción interior y el 215 al estado de emergencia por perturbación económica, social e ecológica. Según se vio, el estado de conmoción interior es en el nuevo orden constitucional, el equivalente al estado de sitio por conmoción interna que contemplaba el antiguo; pero son dos figuras meridianamente diferenciadas, no solo en las formalidades requeridas para implantar una y otra sino en su modus operandiy en el contenido o alcance de las disposiciones emitidas al amparo de cada una; es mas, el estado de conmoción interior no puede declararse mientras no se haya promulgado la ley estatutaria reguladora de los estados de excepción (articulo 152 C. N.). Así que no son enteramente asimilables el estado de sitio de la Constitución de 1886 y el de conmoción interior de la de 1991 y es con relación a éste nada mas que la Corte Constitucional puede ejercer su función tutelar, máxime que el primer inciso del articulo 241 puntualiza categóricamente que esa función se deberá ejercer "en los estrictos y precisos términos de este articulo". Siendo, pues, el asunto de la competencia de derecho estricto, la consecuencia inexorable es la de que la Corte Constitucional carece por completo de ella para conocer y decidir sobre la exequibilidad de los decretos dictados con fundamento en el estado de sitio a que se refería la Constitución expirada, mientras mantengan esa virtualidad es decir, mientras no se integren en el contexto de la legislación ordinaria permanente.

En cambio, la competencia de la Corte Suprema de Justicia para el mismo propósito tiene claro soporte jurídico.

En efecto, no es que la Corte la fuera a asumir por analogía, o para llenar presuntos vacíos, sino que se radico legítimamente en la Corporación desde el momento en que el Gobierno le envió cada uno de los decretos en mención, o inclusive tal vez desde el instante mismo de la formación del decreto si nos atenemos a las votes del citado articulo 121 (parágrafo) de la Constitución de entonces. Y la competencia, de acuerdo con principios generales acatados por la jurisprudencia de la Corte, se determina por la norma vigente al tiempo de su ejercicio aunque después sea variada perpetuatio iurisdictionis, a menos que la ley expresamente disponga otra cosa, lo que, como vimos, no aconteció en la Constitución de 1991 con relación a decretos legislativos.

Y es que, de la misma manera, vale afirmar que en la Corte se radico legítimamente la competencia para conocer y decidir en procesos originados en demandas ciudadanas, desde el momento de la admisión de cada demanda; y que, de no mediar disposición constitucional en contrario, es decir, aplicando tan solo las reglas generales, esta competencia ha debido mantenerse para todas las demandas presentadas hasta el (ha en que la nueva Constitución entro a regir, pues solo a partir de ese momento comenzaban a operar las nuevas competencias en ella fijadas, esto es, "profuturo" y no retroactivamente; tanto, que el multicitado articulo 241 constitucional utiliza la forma verbal subjuntiva para estos efectos en los numerales correspondientes, que son el 1, el 4 y el 5 (las demandas "que presenten los ciudadanos", esto es, las que se presenten de aquí en adelante, no comprendió las que se hubiesen presentado). Para que las cocas no sucedieran de este modo, se necesito el referido articulo 24 transitorio que, en cuanto a demandas ciudadanas, si distribuyo la competencia por el factor temporal entre las dos Cortes, señalando para ello, arbitrariamente, la fecha lo de junio de 1991; de no ser por esta norma expresa, se repite, la Corte Constitucional no hubiera podido despojar a la Corte Suprema de Justicia de una competencia validamente adquirida. Tal es el único alcance o entendimiento que, ciñéndose a la lógica jurídica, puede dársele al precepto contenido en dicho artículo 24 transitorio. Lejos, pues, de interpretarlo como una norma general sobre la nueva competencia de la Corte Suprema de Justicia en su carácter de juez constitucional, se lo debe tener como una regla especial que la priva parcialmente de la competencia que de suyo le correspondía y por ende es de interpretación y aplicación restringida a los casos o supuestos que explícitamente encajan en su texto y no a los demás, regidos por las reglas o principios generales.

Luego no siendo admisible, como quedo demostrado, que en el estado jurídico concebido por el Constituyente quedaran actos por fuera de toda posibilidad de control constitucional y no pudiendo este asignarse por analogía a la Corte Constitucional (pues ninguna norma se lo confió para los decretos de que se trata) y si siendo mas claro el fundamento para mantener esa competencia en la Corte Suprema de Justicia, así ha debido resolverse.

Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de la Corte, creemos que su decisión fue profundamente equivocada y es de lamentar que, para aumentar la perplejidad inherente a esta época de transición institucional, con ella se haya abierto una brecha en su gloriosa historia centenaria como juez constitucional, ya en las postrimerías de la misma, permitiendo que unos cuantos decretos legislativos sigan girando como cuerpos desorbitados y extraños en el universo de lo que debería ser un verdadero ordenamiento jurídico, que evoca la idea de un conjunto armonioso y hermético.

Fecha ut supra.

Pedro Escobar Trujillo, Rafael Méndez Arango, Simón Rodríguez Rodríguez, Ramón Zúñiga Valverde, Manuel Enrique Daza Álvarez, Jorge Enrique Valencia M., Pablo J. Cáceres Corrales.